La politización de la inmigración en el Reino Unido: políticas simbólicas, fracasos en la implementación y consenso bipartidista

Erica Consterdine, profesora titular de Políticas Públicas, University of Lancaster. e.consterdine@lancaster.ac.uk. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7661-762X 

La inmigración en el Reino Unido ha pasado de ser marginal a convertirse en un factor electoral decisivo. Aunque su relevancia ha ido fluctuando desde el Brexit, sigue siendo una cuestión política de primer orden. En las elecciones de 2024 ganaron los laboristas, pero también aumentó el apoyo al partido de extrema derecha Reform UK, poniendo de manifiesto el interés por las políticas antiinmigración. Sin embargo, la polarización política sobre este tema es menos clara. Este artículo sostiene que ha surgido un consenso bipartidista entre los partidos de centro y que laboristas y conservadores convergen en el objetivo de reducir la inmigración, diferenciándose más en la formulación del tema que en el fondo. Así, la generalización de la política antiinmigración no se debe tanto a la influencia de la derecha radical como a la competencia entre los partidos de centro sobre esta cuestión.  

En los últimos 25 años, la inmigración se ha convertido en un rasgo central del panorama político británico, al pasar de ser una cuestión marginal para el electorado a convertirse en un asunto definitorio de las elecciones. Por ello, a menudo se dice que la inmigración se ha politizado en el Reino Unido. La politización suele tratarse como sinónimo de relevancia, pero una cuestión también debe mostrar altos grados de polarización para que se pueda considerar politizada (Berkhout et al., 2015; De Wilde, 2011). 

Este artículo examina la evolución y las características clave de la politización de la inmigración en el Reino Unido y desarrolla dos argumentos. En primer lugar, aunque la inmigración ha cobrado una gran relevancia, resulta menos evidente hasta qué punto el Reino Unido es un ejemplo de polarización. Mientras que los principales partidos políticos han desplegado diversas formas de definir y enmarcar el fenómeno de la inmigración, ha habido y sigue habiendo una falta de polarización en cuanto a los objetivos políticos, ya que todos ellos están de acuerdo en reducir la inmigración. En este sentido, el artículo sostiene que la inmigración en la política del Reino Unido tiende hacia una cuestión de valencia, en la que la polarización entre los partidos políticos es más de puesta en escena que de posición o de identidad.

En segundo lugar, y en relación con lo anterior, el artículo sostiene que la creciente relevancia pública de la inmigración se debe a un «efecto trinquete» de movilización, a políticas simbólicas y a fracasos políticos. Contrariamente a muchos de los análisis existentes que subrayan el papel de la derecha radical en los procesos de politización de la inmigración, este artículo propone un argumento novedoso según el cual la causa de que este fenómeno siga teniendo tanta relevancia son los partidos mayoritarios y el ciclo de políticas simbólicas y fracasos de políticas que iniciaron. Al disolverse el consenso bipartidista de posguerra sobre la inmigración en la década de los 2000, el ascenso del partido de derecha radical Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP, por sus siglas en inglés) actuó como catalizador de la progresiva integración de la derecha radical en el espacio político, adoptando los partidos centristas cada vez más estrategias de acomodación a la nueva realidad. Ello ha ido creando un bucle de retroalimentación en el que las élites políticas movilizan la cuestión, aumentan la relevancia y proponen políticas restrictivas simbólicas que resultan ineficaces para reducir la migración neta debido a las exigencias económicas, los «derechos posnacionales» (Habermas, 2001)y las cuestiones geopolíticas. Los partidos de la oposición movilizan este fracaso político, lo que aumenta aún más la relevancia de la cuestión. Como respuesta, se proponen nuevas políticas simbólicas, a las que siguen otros fracasos de políticas que se movilizan e impugnan políticamente y dan como resultado, de nuevo, que la inmigración siga ocupando un lugar prioritario en la agenda. Sin embargo, la polarización de los partidos políticos es más por las causas del fracaso de las políticas que por el objetivo de estas.

El presente artículo se basa en una investigación que, metodológicamente, ha analizado literatura gris, incluidos documentos gubernamentales y registros Hansard_¹, así como discursos, declaraciones y manifiestos de los partidos políticos. Esta información se ha complementado con encuestas de opinión pública y estadísticas sobre migración, cuando se ha considerado pertinente. El artículo aporta dos contribuciones originales: primero, recentra las explicaciones sobre la politización de la inmigración, alejándolas del papel de los partidos de la derecha radical y centrándolas, en cambio, en las acciones de los partidos mayoritarios; segundo, cuestiona los supuestos de que los partidos están polarizados en materia de inmigración, al argumentar que la inmigración se ha convertido progresivamente en una cuestión de valencia. Ello indica que, para entender la politización de la inmigración, se necesitan definiciones más precisas sobre la polarización política y más investigación sobre la relación entre relevancia, competencia electoral y polarización. 

La politización de la inmigración

Históricamente, la politización ha servido como frase comodín para describir un proceso que convierte «todas las preguntas en preguntas políticas, todas las cuestiones en cuestiones políticas, todos los valores en valores políticos y todas las decisiones en decisiones políticas» (Hartwell, 1979: 7). Sin embargo, para que un asunto se politice tiene que ser muy relevante y estar muy polarizado (Berkhout et al., 2015), por lo que «la politización de asuntos específicos como la inmigración concebida en estos términos responde a la rivalidad nacional entre partidos» (Hutter y Kriesi, 2022: 343). Los partidos políticos enfatizan selectivamente los temas en los que consideran que tienen una buena reputación, mientras que desvían la atención de otras cuestiones. A su vez, cada partido tiene un conjunto de asuntos políticos que le pertenecen y en los que espera ganar electoralmente haciendo hincapié en el asunto e introduciéndolo en la agenda. De hecho, una cuestión solo se considera politizada si existe un alto grado de conflicto, ya sea respecto a la dirección de la política o sobre los medios e instrumentos para resolver el problema (Consterdine, 2018: 2). El elemento de polarización de la politización procede de la escuela de pensamiento de la política de partidos o competición electoral, cuyos teóricos destacan la importancia de la competencia posicional y hasta qué punto los diferentes partidos tienen posiciones polarizadoras sobre el asunto. Cuando los actores políticos tienen posiciones diferentes sobre una cuestión y están en conflicto, se dice que la cuestión está polarizada. Es posible que las posiciones opuestas siempre hayan existido, pero si la cuestión no está en la agenda política, el conflicto permanece latente (van der Brug et al., 2015: 5). 

Los procesos de politización pueden producirse en el ámbito público, a través de los medios de comunicación o a nivel político, pero la relación entre estos procesos no se comprende bien. Aunque los estudios sobre los factores clave que influyen en la opinión pública sobre la inmigración difieren, una constatación recurrente es que las élites políticas desempeñan un papel preponderante en la formación de opinión (Vrânceanu y Lachat, 2021). Por tanto, para entender la relevancia de la inmigración entre la opinión pública, es necesario comprender cómo se utiliza y cuestiona la inmigración entre las élites políticas. El motivo principal por el cual los partidos políticos activan el tema de la inmigración es la amenaza electoral de la derecha radical. Investigaciones recientes han demostrado que la creciente relevancia de la inmigración en Europa se ha debido en gran medida al auge de los partidos de derecha radical antiinmigración (Dennison y Geddes, 2019). Tradicionalmente, los partidos mayoritarios han tenido una serie de opciones electorales cuando se han visto desafiados por un partido de derecha radical, por ejemplo: mantener su posición, desactivar la cuestión desviándola –movilizando otras cuestiones y apartando este tema de la agenda–, o acomodarse adoptando la retórica y/o las políticas de la derecha radical (Bale et al., 2010). Frente al creciente apoyo que reciben los partidos de la derecha radical, en la última década los partidos mayoritarios han intentado ganar votantes con la promesa de endurecer los controles fronterizos y llevar a cabo políticas de inmigración cada vez más restrictivas. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que la creciente relevancia de la movilización de la inmigración por parte de los partidos mayoritarios para adaptarse a las ideas de la derecha radical sirve, por el contrario, para beneficiar sobre todo a la propia derecha radical (Arzheimer, 2018; Bale, 2003). Aunque algunos sostienen que la amenaza electoral de la extrema derecha ha llevado a los partidos mayoritarios a adoptar políticas restrictivas y virar más hacia la derecha, otros afirman que se ha sobreestimado el efecto contagio de la extrema derecha y que los partidos centristas aprovechan los sentimientos antiinmigración entre el electorado independientemente de la competencia de la extrema derecha (Alonso y Fonesca, 2012).

La politización de la inmigración en Reino Unido

La literatura existente sostiene que los partidos políticos del Reino Unido están polarizados en materia de inmigración (van der Brug et al., 2015); sin embargo, aunque este fenómeno es sin duda un tema que genera divisiones, tiene una gran relevancia y es instrumentalizado por las élites políticas, no está tan claro que los partidos estén polarizados al respecto. Desde el punto de vista ideológico, la inmigración es una cuestión controvertida para los partidos tradicionales de izquierda y derecha, ya que esta trasciende los frentes de batalla políticos habituales. Para el Partido Conservador británico, de centroderecha, la base de su ideología –el conservadurismo– es preservar y conservar; es decir, oponerse a cambios innecesarios y defender el statu quo socioeconómico y cultural que la inmigración desafía. A su vez, en consonancia con los partidos de centroderecha de toda Europa, se considera que el Partido Conservador se adueña de la inmigración como cuestión política, porque los partidos de este espectro ofrecen políticas restrictivas para minimizar tales amenazas. Sin embargo, el centroderecha es un sector amplio, y la inmigración provoca tensiones entre la «derecha identitaria», la «derecha paternalista» y la «derecha empresarial» (Bale, 2008). Estas tensiones son especialmente pertinentes en el caso británico, donde las divisiones entre los nacionalistas ingleses y los internacionalistas del libre comercio son profundas debido a que «el libre comercio conlleva lógicamente la libre circulación de trabajadores» (Smith, 2008: 420), un dilema conocido como la «paradoja liberal» (Hollifield, 2004). Ello se refleja en las principales facciones del Partido Conservador, en particular, el grupo One Nation, el neoliberal New Right y el ala dura del partido o los populistas nativistas, que se aglutinan en torno a varios colectivos que sus miembros describen como «las cinco familias» y cuya membresía se solapa.

Del mismo modo, la inmigración es problemática para el Partido Laborista, ya que pone de manifiesto las tensiones ideológicas que afectan al electorado transversal de los partidos de centroizquierda. Ideológicamente, el centroizquierda se encuentra atrapado entre el proteccionismo en materia del bienestar social y mercado laboral, por un lado, y la solidaridad internacional universalista, por el otro (Odmalm, 2011; Hinnfors et al., 2012). Además, los partidos de izquierda suelen depender del apoyo electoral de votantes de la clase trabajadora, cuyos miembros se sienten amenazados por la globalización y la competencia con los trabajadores inmigrantes mal remunerados. A su vez, el área proteccionista del Estado del bienestar, con raíces en el sindicalismo, ha favorecido tradicionalmente las políticas restrictivas. Al respecto, la extrema derecha plantea un problema para el centroizquierda, ya que los populistas de extrema derecha han activado la inmigración como problema y se han dirigido a su electorado tradicional de clase trabajadora, lo que ha dejado a estos partidos con la disyuntiva de si mantener su posición, adoptar una retórica más dura o desactivar la cuestión (Bale et al., 2010). Asimismo, otro sector importante del electorado para la izquierda son los votantes con altos niveles de educación e ingresos, que tienden a tener una visión del mundo más cosmopolita y reclaman un enfoque más solidario. Los partidos de centroizquierda corren el riesgo de alejar a estos votantes si adoptan una postura más definida sobre el control migratorio. Por eso, estratégicamente los laboristas han tendido a restar importancia a este asunto y a centrarse en otras cuestiones que unen a su electorado. Si bien los estudios comparativos han revelado que las posturas públicas del centroizquierda sobre el control de la inmigración están estrechamente alineadas con la ideología, el Partido Laborista británico constituye una excepción, ya que el dilema electoral domina su estrategia y, en consecuencia, su retórica (Carvalho y Ruedin, 2020).

La inmigración es hoy un tema central en el debate político y en la competencia entre partidos. Sin embargo, el hecho de que haya pasado de ser una cuestión marginal para ocupar un lugar central en el panorama político es un acontecimiento reciente, cuya relevancia comenzó a aumentar a partir del año 2000, convirtiéndose en uno de los principales motivos de preocupación entre la opinión pública británica entre finales de la década de 1990 y mediados de la década de 2000. A continuación, se analizarán los acontecimientos políticos que explican el aumento de la relevancia pública de este tema. 

Posguerra: consenso bipartidista de desactivación

La política de inmigración en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por un consenso bipartidista para mantener la inmigración fuera de la agenda. Tanto laboristas como conservadores coincidían en una postura política restrictiva en materia de inmigración. Durante las tres primeras décadas del período de posguerra, las encuestas mostraron una oposición sistemática de la opinión pública (Hansen, 2000: 4), y las élites políticas de todas las tendencias se mantenían en gran medida contrarias a la inmigración procedente de la New Commonwealth, es decir, la compuesta por personas no blancas (Spencer, 2002). Por tanto, la inmigración de posguerra en el Reino Unido fue principalmente espontánea y no deseada. Prueba de ello fueron las numerosas legislaciones draconianas e innegablemente racistas en materia de inmigración que se sucedieron en las décadas de 1960, 1970 y 1980, y que trataban explícitamente de limitar la inmigración no blanca. El consenso bipartidista se forjó concretamente en torno a la idea de que unas buenas «relaciones raciales» requerían controles estrictos de la inmigración. Cuando estallaron disturbios en ciertas áreas, se reconoció la necesidad de abordar el racismo generalizado. En consecuencia, junto con leyes restrictivas sobre inmigración, los gobiernos laboristas de las décadas de 1960 y 1970 aprobaron leyes contra la discriminación en forma de «leyes de relaciones raciales».    

La política antiinmigrante empezó a entrar en el espacio político en la década de 1960, cuando el diputado conservador Enoch Powell pronunció su tristemente célebre discurso de los «ríos de sangre» en 1968. Powell atacó el asentamiento en el Reino Unido de personas procedentes de la New Commonwealth y criticó la legislación antidiscriminatoria. Fue uno de los discursos políticos más controvertidos jamás pronunciados en la política británica, y aunque Powell fue destituido de inmediato del «gabinete en la sombra»_², el discurso sirvió para legitimar la movilización de la inmigración como un tema político, debilitando el consenso bipartidista de desactivación y, más importante aún, marcando la línea divisoria en el imaginario del electorado entre un Partido Conservador de tendencia restrictiva y un Partido Laborista de tendencia liberal. Para reforzar esta división, y en respuesta a la primera movilización a gran escala de la extrema derecha y a las campañas abiertamente racistas y violentas del Frente Nacional (National Front), la líder conservadora Margaret Thatcher hizo en 1979 su muy controvertida declaración sobre «la inundación», argumentando que «la gente tiene miedo de que este país se vea inundado de personas con una cultura diferente» y que el consenso bipartidista de mantener el tema fuera de la agenda alimentaba el extremismo: «existe la sensación de que los grandes partidos políticos no han hablado de ello (...) En mi opinión, eso es lo que está llevando a algunas personas al Frente Nacional. Aunque no estén de acuerdo con los objetivos del Frente Nacional, dicen que al menos estos están hablando de algunos de los problemas (...) Si no queremos que la gente se vaya a los extremos, y yo no lo quiero, debemos nosotros mismos hablar de este problema y demostrar que estamos dispuestos a afrontarlo» (Thatcher, 1978).

Esta declaración significaba que los conservadores ya no consideraban la raza como una cuestión intocable, y los reforzaba como el partido de la restricción. Por su parte, si bien el Partido Laborista era el principal defensor del marco de relaciones raciales y, en consecuencia, era visto como el partido natural para los inmigrantes, este no defendía abiertamente una política de inmigración más liberal; así que, si existía división entre los partidos en materia de inmigración, esta se refería más bien a las políticas antidiscriminatorias. Con todo, aunque la mayoría de los ciudadanos seguían teniendo preferencias restrictivas en materia de inmigración, la relevancia del tema seguía siendo escasa. 

1990-2010: aumento de la relevancia, entrada del UKIP y consenso emergente 

Tras la victoria aplastante del Partido Laborista en 1997, el Partido Conservador se volvió cada vez más euroescéptico y movilizó progresivamente el tema del asilo. Al politizar la «crisis del asilo» –es decir, el aumento del número de solicitudes, que provocaba una acumulación de casos–, los conservadores plantearon el asilo como un problema de «turismo del bienestar», haciendo distinciones entre solicitantes «auténticos» y «falsos», ejemplificadas por el ministro del Interior en la sombra, Michael Howard: «es un destino demasiado atractivo para los falsos solicitantes de asilo y otros inmigrantes ilegales. La razón es sencilla: es mucho más fácil acceder a empleos y prestaciones aquí que casi en cualquier otro lugar» (Hansard 20.11.1995: 338). Así, la oposición conservadora movilizó el asilo como una cuestión política a través de una estrategia de atribución de responsabilidades mediante una definición ambigua del problema, en la que el fracaso político oscilaba entre la responsabilidad administrativa por los retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo y la responsabilidad por el aumento del número de solicitantes en sí mismo (Consterdine, 2024: 417).

El Gobierno laborista también adoptó la distinción entre solicitantes de asilo «buenos» y «falsos» que se reflejaba en la política y la legislación propuestas en el Libro Blanco de 1998 Fairer, Faster, Firmer (Más justo, más rápido, más firme); así lo explicitaba el ministro del Interior, Jack Straw, en el preámbulo: «El Gobierno se compromete a proteger a los refugiados auténticos (...) Pero no hay duda de que un gran número de inmigrantes económicos están abusando del sistema al solicitar asilo» (Home Secretary, 1998). La respuesta del Gobierno laborista fue dar cabida a esta cuestión ya fuera en la retórica, al afirmar el ministro del Interior que algunos solicitantes de asilo «eran unos oportunistas que se hacían pasar por solicitantes de asilo auténticos» (Hansard 09.11.1999: 337, col. 984), o en la política recogida en la Ley de Inmigración y Asilo de 1999. Así, tanto el Gobierno laborista como la oposición conservadora estaban unidos en el objetivo político de reducir el asilo y enmarcar el «turismo del bienestar». La cuestión del asilo se polarizó políticamente solo en términos de quién tenía la responsabilidad y, por tanto, de actuar y de la competencia en la materia.

Mientras la crisis del asilo dominaba los titulares y los dos principales partidos mantenían posturas prácticamente idénticas al respecto, la relevancia pública de la cuestión aumentaba en 2000, convirtiéndose por primera vez en una de las tres cuestiones electorales más importantes (Richards et al., 2025). Los conservadores aprovecharon la creciente relevancia de este tema para intentar sacar provecho del hecho de que este les pertenecía y se dirigieron a las elecciones generales de 2001 movilizando una narrativa de acusación respecto a la actuación del Gobierno en materia de asilo. Sin embargo, dado que ambos partidos mantenían una postura y una retórica restrictivas sobre el asilo, no había muchas diferencias entre ellos. En este contexto, mientras la campaña de los conservadores no acababa de calar entre los votantes, la inmigración empezó a influir en las decisiones de los electores: los partidos antiinmigración entraron en el espacio político y tuvieron cierto éxito en algunas elecciones de segundo orden. El candidato de extrema derecha del Partido Nacional Británico, Nick Griffin, quedó tercero en las elecciones generales de 2001, su mejor resultado en unas elecciones generales, obteniendo un 16% de los votos en la ciudad de Oldham, tras los disturbios raciales ocurridos en esa ciudad ese mismo año. 

Paralelamente, mientras los laboristas propugnaban públicamente una retórica dura y una política regresiva en materia de asilo, el Gobierno perseguía una política económica expansiva en materia de inmigración. El nuevo laborismo de Tony Blair abrazó el thatcherismo y unió la doctrina económica a la política de la «tercera vía», deshaciéndose de gran parte de su sindicalismo en el proceso. La adopción del neoliberalismo por parte del nuevo laborismo encontró afinidad con un programa de inmigración económica expansiva porque la inmigración se veía como una herramienta para ampliar los mercados laborales flexibles y mantener baja la inflación. En sintonía con el programa de globalización neoliberal del partido, un régimen de inmigración expansiva coincidía perfectamente con la inclinación multicultural más inclusiva de los laboristas (Consterdine, 2018). Ello transformó el sistema de inmigración británico de un régimen altamente restrictivo a uno de los más expansivos de Europa. En este marco se incluyó la decisión A8 en 2004, que permitía a los ciudadanos de ocho estados de Europa Central y del Este_³ acceder al mercado laboral británico, una decisión política clave que cambió la población en términos sociodemográficos –con 129.000 ciudadanos de la Unión Europea (UE) llegados al Reino Unido entre 2004 y 2005– y la política de inmigración.  

De esta forma, el Gobierno laborista propugnó una retórica de mano dura en materia de asilo, al tiempo que liberalizaba la inmigración económica. Como consecuencia, mientras la migración neta iba aumentando, crecía la desconfianza pública en el Gobierno sobre su competencia en la materia. En 2004, el 26% de la población consideraba que el número de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegaban al país era la tercera cuestión electoral más importante (Ford, 2024; YouGov, 2004). A medida que se acercaban las elecciones europeas de 2004, el partido marginal UKIP situó la inmigración en el centro de su programa, llevando a cabo una campaña de vallas publicitarias de gran visibilidad con el mensaje simple de «decir no» al euro, a la UE y al asilo ilegal. La estrategia del UKIP de vincular la pertenencia a la UE con la inmigración –dos cuestiones en otro tiempo dispares– fue exitosa, logrando el 16,1% de los votos a escala nacional. 

Aprovechando la creciente relevancia de la inmigración y la posible amenaza electoral del UKIP, el Partido Conservador movilizó el tema dedicando un capítulo entero a la inmigración en su programa electoral. El líder de los conservadores, Michael Howard, y el ministro de Inmigración en la sombra, David Davis, afirmaron en entrevistas y en un anuncio de página entera en el Sunday Telegraph, que la inmigración era «ilimitada» con los laboristas, que permitían que cada año se estableciera en el Reino Unido «una ciudad del tamaño de Peterborough» (Consterdine, 2018: 149). El partido desplegó una campaña de silbatos para perros_⁴ resumida en el título de su manifiesto de 2005: «¿Estás pensando lo mismo que nosotros?», en el que Howard condenaba el sistema de inmigración «fuera de control» y proponía por primera vez límites anuales (Partido Conservador, 2005). Sin embargo, el tono negativo de la campaña y el énfasis en los topes y cuotas de inmigración resultaron contraproducentes. Así, si bien la inmigración era un tema muy destacado antes de la campaña, para el 5 de mayo había retrocedido y estaban surgiendo divisiones dentro del partido sobre cómo movilizar esta cuestión. El diputado conservador de la facción One Nation, Ken Clarke, declaró que «el público ya estaba cansado de la inmigración», y que los conservadores corrían el peligro de convertirse en un partido monotemático (Seldon y Snowdon, 2005). En cambio, el Partido Laborista adoptó en su manifiesto un enfoque económico utilitarista, destacando los beneficios económicos de la inmigración, demostrando capacidad de gestión en la reducción del retraso en los casos de asilo, al tiempo que seguía utilizando un enfoque de inmigrantes «buenos» y «malos» y proponía un sistema basado en puntos para lograr este filtrado. Aunque la disputa por demostrar la eficacia en la gestión siguió siendo el principal campo de batalla político, en las elecciones de 2005 se produjo una marcada polarización en las posturas en materia de inmigración entre los dos principales partidos: los conservadores intentaron superar al UKIP movilizando un planteamiento de mano dura, mientras que los laboristas desactivaron y desviaron la atención respecto a la inmigración a la vez que se mantenían firmes en materia de asilo. 

En este contexto, si bien la campaña del silbatos para perros de los conservadores no consiguió el apoyo de la opinión pública, sí que sirvió para que la inmigración adquiriera aún más importancia en los programas electorales, convirtiéndose en el principal tema de preocupación para los votantes en 2006 (Richards et al., 2025). Como respuesta, los laboristas dieron marcha atrás en su programa de inmigración expansiva, que abarcaba la imposición de controles transitorios a los nuevos estados de la UE, y adoptaron una retórica dura, sobre todo cuando el primer ministro Gordon Brown prometió crear «empleos británicos para trabajadores británicos», lo cual produjo un «efecto trinquete» que aumentó la relevancia, la atención y las declaraciones cada vez más negativas sobre la inmigración. La crisis financiera de 2008 y la política de austeridad asociada impulsaron esta postura de endurecimiento. Mientras, la migración neta seguía aumentando, con un saldo de 273.000 personas a finales de 2007, en gran medida debido a las decisiones políticas adoptadas a principios de la década de los 2000, incluida la decisión A8 en 2004 (Sumption et al., 2024), convirtiéndose en el principal motivo de preocupación entre la ciudadanía (Richards et al., 2025). Acosado por su historial en materia de inmigración, el Partido Laborista se presentó a las elecciones de 2010 con un descenso de la confianza pública respecto a esta cuestión y un manifiesto proteccionista. En su programa se securitizaba la inmigración con un capítulo sobre «delincuencia e inmigración», donde se prometía «controlar la inmigración» para garantizar que el aumento del crecimiento no se tradujera en un aumento de la inmigración y que los recién llegados debían conseguir la ciudadanía (Partido Laborista, 2010); en paralelo, se rechazaba el instrumento político de un tope propuesto por la oposición del Partido Conservador. Así, la principal distinción entre ambos partidos era más el instrumento político utilizado que el objetivo político.  

En 2010, la migración neta ascendió a 252.000 personas, la cifra más alta registrada en un año natural, y la inmigración pasó a ser el segundo asunto más importante para la ciudadanía, justo detrás de la economía. Aprovechando la percibida debilidad de los laboristas en materia de inmigración, los conservadores reivindicaron su papel de partido favorable a su restricción y, en las elecciones generales de 2010, hicieron campaña con la promesa de reducir la migración neta de cientos de miles a decenas de miles de personas, una promesa que ha perseguido al partido desde entonces y que sigue marcando la política de inmigración en la actualidad. Aunque el objetivo se consideró arbitrario e inalcanzable debido a las exigencias económicas, los «derechos posnacionales», las cuestiones geopolíticas y la libertad de circulación en la UE, la política simbólica de esta promesa resultó ganadora en las elecciones.

Un elemento permanente: el ciclo del fracaso de las políticas

Aunque el compromiso de los conservadores en materia de inmigración les proporcionó un beneficio electoral, estos no lograron una mayoría en las elecciones de 2010 y tuvieron que formar un Gobierno de coalición con el tercer partido más grande, el Partido Liberal Demócrata. En materia de inmigración, el programa estuvo dominado en gran medida por los conservadores, cuyo Gobierno llevó a cabo reformas muy restrictivas en todos los tipos de inmigración: limitación de los visados de nivel 2 (la principal vía de acceso al trabajo), restricción de los visados familiares y supresión de los visados de nivel 1 para trabajadores altamente cualificados, así como los de trabajo tras la finalización de los estudios. Sin embargo, para apaciguar el ala más liberal, el Gobierno también hizo concesiones en determinados tipos de migración por motivos de trabajo, como los traslados dentro de la misma empresa, legitimando esta flexibilización con la tradicional distinción entre migrantes «buenos» y «malos». Con todo, debido tanto a las obligaciones legales como a las demandas económicas en sectores clave, los conservadores fracasaron en su promesa de reducir la migración neta que, por el contrario, fue en 2015 la más alta registrada, alcanzando las 331.000 personas. Al centrar la política de inmigración en la cifra de migración neta, el Partido Conservador no pudo evitar el escrutinio mediático y público de un fracaso político evidente. 

Mientras tanto, el UKIP, liderado por Nigel Farage, había alcanzado el éxito en las elecciones europeas de 2009 y en las locales de 2013. El partido que el primer ministro David Cameron había tachado «de locos» y «racistas encubiertos» se estaba convirtiendo en un elemento habitual del espectro político. En el contexto de la crisis de refugiados de 2015 en la UE, Farage aprovechó la oportunidad para reforzar el vínculo entre la UE y la inmigración, y llevó a cabo una campaña para las elecciones europeas de 2014 centrada casi exclusivamente en este fenómeno, que se saldó con una aplastante victoria con el 27% de los votos. Como consecuencia, los principales partidos centristas adoptaron una estrategia de acomodación y endurecieron las posiciones políticas restrictivas en materia de inmigración, asumiendo aún más las ideas de la derecha radical. Por su parte, acosados por su historial en materia de inmigración, particularmente por la decisión sobre el Grupo A8 de 2004, los laboristas en la oposición redoblaron su retórica de mano dura y afirmaron que habían «cometido errores». En las elecciones generales de 2015, el líder laborista Ed Miliband presentó una campaña firme en materia de inmigración, disculpándose por los «errores» cometidos y difundiendo las tristemente célebres tazas de propaganda que llevaban impresas el lema «control de la inmigración». Se movilizó una retórica basada en escuchar las «preocupaciones legítimas» sobre la inmigración, y el manifiesto enmarcó el enfoque del partido en torno al proteccionismo del mercado laboral y el turismo del bienestar, con la promesa de «ilegalizar la subcotización salarial» y garantizar que la ciudadanía de la UE no pudiera solicitar prestaciones durante al menos dos años (Labour Party, 2015). 

El incumplimiento del objetivo de migración neta, sumado a la intensa atención que los conservadores habían puesto en esta cuestión, amenazaban el control del discurso sobre inmigración. Con disidencias en el seno del partido, con el objetivo de recuperar el control y hacer frente a la amenaza electoral del UKIP, David Cameron se comprometió a celebrar un referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE. Aparte de la promesa referente a la migración neta –que se mantuvo, pero se diluyó hasta convertirse en una «ambición»–, las políticas sobre inmigración de conservadores y laboristas en las elecciones generales de 2015 eran casi indistinguibles. Finalmente, la promesa de los conservadores de celebrar un referéndum sobre la pertenencia de el Reino Unido a la UE se impuso y el partido logró alcanzar la mayoría. Tanto las antiguas divisiones de los conservadores en torno a Europa, como la movilización de la inmigración y la forma en que se utilizó esta última como arma en la campaña a favor de la salida de la UE ya han sido ampliamente documentadas (véase Bale, 2022). Es innegable que la movilización de la inmigración en la campaña a favor de la salida de la UE aumentó su relevancia, instigó más divisiones dentro de los partidos mayoritarios y consolidó la inmigración como un elemento fijo en el campo de batalla político. Durante la campaña del referéndum de 2016, David Cameron hizo campaña a favor de permanecer en la UE, pero tras fracasar, dimitió inmediatamente. 

Su sucesora, Theresa May, que había sido ministra del Interior durante seis años, llegó al cargo con ideas concretas y una trayectoria en materia de inmigración que debía conservar. Estas ideas marcaron el rumbo de la política y, posiblemente, el tipo de Brexit que perseguía el Reino Unido. Ahora que la UE y la inmigración se consideraban inseparables, May diagnosticó que la causa del resultado del referéndum era la preocupación pública por la inmigración procedente de la UE. Así, anunció que el Reino Unido abandonaría el mercado único y pondría fin a la libre circulación, haciendo distinciones entre los ciudadanos de «algún lugar» y los ciudadanos de «ningún lugar», trazando líneas divisorias populistas entre los «metropolitanos» y la gente «común». Tras años de luchas internas en el seno del partido en torno al Brexit, y tras el decepcionante resultado de las elecciones generales de 2017, May acabó dimitiendo en 2019 siendo sucedida por Boris Johnson.

Por el lado laborista, con Jeremy Corbyn como sorprendente vencedor en la batalla por el liderazgo en 2015, el partido se reorientó hacia una línea más socialista. Mientras pasaba página, el enfoque del Brexit, tanto en la campaña como tras la votación, fue sintomático de la tensión entre los liberales en el ámbito económico y los socialistas euroescépticos. Corbyn hizo campaña formalmente por la permanencia, pero la opinión generalizada era que se trataba de una decisión a regañadientes por conveniencia política. Su ambigüedad sobre el Brexit y la vinculación entre la UE y la inmigración en el imaginario colectivo llevaron a los laboristas a eludir su posición al respecto. El enfoque de Corbyn en esta materia se sustentaba en el proteccionismo, marcado por un llamamiento a reformar la economía política del país, alejándose del mercado liberal y acercándose a uno más intervencionista. De este modo, el líder laborista defendía retóricamente una política multicultural e integradora, pero su euroescepticismo siempre estuvo alimentado por el rechazo a los mercados neoliberales a los que, en su opinión, contribuía la movilidad de la UE. Ello quedó reafirmado durante su intervención en el programa de Andrew Marr de la BBC en 2017, en la que se posicionó en contra de la «importación masiva de trabajadores mal pagados de Europa Central y del Este con el fin de destrozar las condiciones laborales en el sector de la construcción». Las luchas internas dentro del partido por el Brexit y las consiguientes divisiones sobre la política de libre circulación dominaron hasta las elecciones de 2019, cuando la estrategia laborista fue desactivar la cuestión de la inmigración e intentar apartarla de la agenda.

Consenso bipartidista: la inmigración como cuestión de valencia

La relevancia de la inmigración ha sido volátil desde el Brexit. El público británico ha sido, en general, más positivo respecto a la inmigración (Ford y Morris, 2022) y la cuestión ha perdido relevancia, ya que la proporción de votantes que nombran este asunto como una de sus principales preocupaciones cayó del 45% en 2016 a alrededor del 10% en 2020 (Richards et al., 2023; Ford y Morris, 2022). Las elecciones generales de 2019 cambiaron el mapa político del país; los conservadores ganaron los escaños del Muro Rojo con la campaña «Get Brexit Done». Los nuevos votantes conservadores eran personas de más edad, con un menor nivel educativo, de clase trabajadora y originarios de los antiguos núcleos industriales de las regiones de West Midlands y el noreste de Inglaterra, tradicionalmente votantes laboristas, muchos de los cuales votaron por salir la UE en el referéndum. Johnson utilizó el nacionalismo inglés y el euroescepticismo para atraer a la circunscripción del Muro Rojo, logrando una victoria aplastante y ampliando la base regional del partido. En materia de inmigración, esto se tradujo en poner fin a la libre circulación y (re)introducir un «sistema basado en puntos al estilo australiano para controlar la inmigración», una referencia que pretendía señalar duras medidas fronterizas y de asilo y exclusión por motivos raciales. Al enmarcar las exigencias de reforma desde un prisma nacionalista, la necesidad de un nuevo sistema de inmigración se legitimó mediante la afirmación de que el voto a favor de abandonar la UE era, entre otras cuestiones, un voto para recuperar el control de las propias fronteras.  

En términos retóricos, la facción populista nativista del Partido Conservador dominó la política de inmigración en la última Administración conservadora (2022-2024), en la que el asilo y las travesías en «pequeñas embarcaciones» a través del Canal de la Mancha se convirtieron en un punto central de la actividad gubernamental para aumentar la relevancia de la cuestión, como puso de manifiesto la promesa «stop the boats» del primer ministro Rishi Sunak. Este enfoque de mano dura se materializó en el nombramiento de las ministras de Interior Priti Patel, primero, y Suella Braverman, más tarde, quienes introdujeron de forma conjunta una política de asilo regresiva que incluía la Ley de Nacionalidad y las subsiguientes órdenes de 2022, sustituida por la Ley de Inmigración Ilegal de 2023 y el polémico Acuerdo con Rwanda. La Ley de 2023, ampliamente condenada, proponía en la práctica acabar con el derecho de la mayoría a solicitar asilo, prohibiendo solicitar asilo en el Reino Unido a quienes entraran de forma irregular, lo que probablemente habría dado lugar a la detención de miles de personas que habrían quedado en un limbo legal, en clara violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El Acuerdo con Rwanda también fue muy polémico: firmado en 2022, permitía al Gobierno británico enviar a ese país a demandantes de asilo que, de otro modo, solicitarían asilo en el Reino Unido. Tanto la Ley como el Acuerdo con Rwanda se consideraron inviables y potencialmente ilegales, por lo que se trató en gran medida de políticas simbólicas en el ámbito del control fronterizo.  

A pesar de que los conservadores adoptaron una postura retórica dura respecto a la inmigración, también llevaron a cabo una liberalización significativa del sistema de inmigración, reflejando así la división entre su ala identitaria y su ala empresarial. Durante su última legislatura, introdujeron nuevos visados personalizados para los servicios públicos, ampliaron la lista de ocupaciones con escasez de personal cualificado, crearon visados para empresas emergentes, redujeron el umbral salarial para facilitar la entrada de trabajadores cualificados, implementaron un nuevo visado para asistencia sanitaria y social y, posteriormente, (re)introdujeron el visado para trabajadores temporeros. Todo ello, combinado con planes humanitarios a medida para ciudadanos de Hong Kong y ucranianos, junto con una demanda continua de mano de obra inmigrante y migración estudiantil, propició que los conservadores dejaran el Gobierno en 2024 con unos niveles récord de migración neta de 728.000 personas (Sumption et al., 2024). Esto equivale a un saldo neto más de dos veces y media superior a la cifra de 2010, cuando los conservadores llegaron al Gobierno con la promesa de reducir la inmigración. Tras casi una década de objetivos migratorios fallidos, la opinión pública ha acabado desconfiando de un tema que tradicionalmente ha pertenecido a los conservadores. 

Para la oposición laborista, la derrota electoral de 2019 supuso un realineamiento del partido hacia el centro. La pérdida de los escaños cruciales del Muro Rojo, que contaba con una población ligeramente más preocupada por la inmigración que otros votantes (English, 2023), sirvió como un nuevo despertar para el partido, resuelto a recuperar este electorado de la clase trabajadora. Esta necesidad había perseguido a los laboristas desde que dejaron el poder en 2010. Anteriormente, dicho electorado se enmarcó en los «rezagados» o la «clase trabajadora blanca», partiendo de la idea de que, con la llegada de la desindustrialización y la globalización neoliberal, se había dado prioridad a las minorías étnicas a través de políticas multiculturales, quedando la «clase trabajadora blanca» alienada y más pobre, o «rezagada», en una distribución de recursos basada en el principio de suma cero. Esta construcción ha permitido el desarrollo de una narrativa populista que proclama representar a la «gente común», compuesta casi exclusivamente por personas blancas con «preocupaciones legítimas». Una narrativa que ha validado las inquietudes principales de la extrema derecha, transformándolas en demandas democráticas populares (Mondon y Winter, 2020: 112), y que ha dominado el debate político desde los disturbios raciales del verano de 2024. 

A medida que se acercaban las elecciones generales de 2024 y los conservadores y el UKIP hacían campaña con una política antiinmigración, la relevancia de la inmigración iba en aumento. La respuesta de los laboristas al dilema electoral al que seguían enfrentándose consistió en enmarcar la inmigración en la política de seguridad, lo que le permitió usar una retórica dura sobre los controles fronterizos, obviando abordar la dirección general a seguir en materia de inmigración. Mientras, se iba desplomando la confianza de la ciudadanía en los conservadores. El Partido Laborista prometía «aplastar a las bandas criminales», equiparaba el tráfico de personas al terrorismo y utilizaba órdenes de prevención de delitos graves para congelar los activos de los traficantes y establecer una nueva unidad transfronteriza para detenerlos. Sin embargo, en la campaña electoral en general, la inmigración no ocupó un lugar destacado, ya que solo se consideró el cuarto asunto más importante (YouGov, 2024). El electorado conservador, en cambio, dio mucha más prioridad a la inmigración y al asilo, al considerarlo el tema más importante (ibídem); de esta forma, previendo una dura derrota electoral, el Partido Conservador se centró en gran medida en el asilo para conservar su base de votantes. 

Los laboristas ganaron abrumadoramente las elecciones, mientras que Reform UK –que reemplazó de facto al UKIP– consiguió el 14% de los votos y se ubicó en segundo lugar en más de 100 distritos, siendo el tercer partido más votado. La formación consiguió un resultado histórico, al obtener cinco escaños en el Parlamento; además, tras siete intentos anteriores, Nigel Farage, principal figura de los debates sobre el Brexit y líder de Reform UK, entró por primera vez en Westminster. Su campaña se centró en la política antiinmigración, con dos de sus cinco puntos programáticos sobre estas cuestiones: «congelar» la inmigración no esencial mediante reformas draconianas y prometer «cero inmigrantes ilegales» en el Reino Unido, afirmando que «recogería a los inmigrantes ilegales de los barcos y los llevaría de vuelta a Francia» (Kovacevic, 2024). 

Mientras que los villanos en la narrativa de los laboristas son «pandillas criminales y contrabandistas» en lugar de solicitantes de asilo, la retórica de mano dura sobre la seguridad fronteriza es coincidente entre todos los partidos. Tras la victoria laborista, estos se han aprovechado de la política de asilo de los conservadores, pero ciñéndose a sus inclinaciones más progresistas: descartando los planes más inhumanos, como el plan de deportación a Rwanda, introduciendo disposiciones en la Ley 2024 para tramitar las solicitudes de asilo y poniendo fin al uso de barcazas para alojar a los solicitantes de asilo. Sin embargo, ello ha sido por puro pragmatismo, ya que los laboristas se han opuesto al proyecto de ley relativo a Rwanda alegando que era inviable y costoso, y el primer ministro, Keir Starmer, sugirió que se mantuvieran sobre la mesa todas las opciones políticas, incluida la tramitación de las solicitudes de asilo en el extranjero. Así, aunque el marco y la narrativa pueden diferir ligeramente de los conservadores, el objetivo político de reducir la inmigración es compartido.

Conclusión

El análisis de la evolución de la política de inmigración en el Reino Unido muestra cómo la competencia entre partidos ha situado esta cuestión en el centro del escenario político, normalizando la política antiinmigración en el proceso.  Ello nos revela varios aspectos de los procesos de politización de la inmigración. Como han demostrado varios estudios, la mayor incidencia de la derecha radical supone un impacto indirecto en el posicionamiento de los partidos mayoritarios. El consenso bipartidista de desactivación de la inmigración mantuvo el tema fuera de la agenda en el período de posguerra. Sin embargo, la competencia entre los dos partidos principales y la derecha radical llevó a que ambos adoptaran una postura que creó un «efecto trinquete» (ratchet effect). Esto aumentó las reivindicaciones por parte de las élites políticas, manteniendo la cuestión muy visible y destacada en la agenda, lo que le confirió una gran relevancia. No obstante, la investigación sobre la politización de la inmigración puede resaltar en exceso el papel de la derecha radical y subestimar la acción política y la responsabilidad de los partidos centristas. 

Este artículo ha demostrado que, contrariamente a otros estudios que atribuyen un papel destacado a la derecha radical en los procesos de politización de la inmigración, en el caso del Reino Unido son los principales partidos centristas los que han movilizado el tema, al generalizar la política antiinmigración, crear el ciclo de políticas simbólicas y experimentar fracasos de las políticas que han mantenido la cuestión en lo más alto de la agenda. Así, el artículo cuestiona los supuestos sobre polarización política, exponiendo la necesidad de un desarrollo conceptual más claro sobre lo que se entiende por polarización política; es decir, averiguar si los partidos están realmente polarizados en materia de inmigración o simplemente solo lo están en cuanto a los medios para lograr el control migratorio. Mientras que la literatura existente sugiere que los partidos están polarizados en este tema, aquí se demuestra que la inmigración no es un tema polarizado entre los principales partidos del Reino Unido y que, por el contrario, se ha convertido en una cuestión de valencia. Aunque estos se enfrentan a divisiones transversales y tensiones ideológicas divergentes, y la competencia entre partidos ha sido intensa en esta cuestión, tanto los conservadores como los laboristas han adoptado sistemáticamente una posición restrictiva, al menos en términos retóricos, apoyando durante mucho tiempo el objetivo político de reducir la inmigración, aunque por razones diversas. 

Mientras que para el Partido Laborista la definición problemática de la inmigración radica en sus raíces proteccionistas sindicales, para los conservadores las raíces son la preservación y el nacionalismo inglés, que han llevado a un partido que ya se sentía cómodo en los terrenos de las posturas restrictivas de la inmigración a inclinarse más hacia la derecha y abrazar el populismo nativista. El conflicto político, la competencia y la polarización se han centrado en los métodos para lograr el objetivo del control de la inmigración, y en cómo se enmarca la culpa – qué o quién es el responsable–, pero no en el objetivo político en sí.  

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 Notas:

1-N.d.E.: los registros Hansard son transcripciones oficiales completas de los debates que tienen lugar en el Parlamento del Reino Unido.

2- N.d.E.: El gabinete en la sombra (shadow cabinet) es un reflejo del Gobierno en funciones y está compuesto por miembros destacados del principal partido de la oposición. Ser destituido de este gabinete implica una sanción política interna por parte del liderazgo del partido, aunque no conlleva la pérdida del escaño parlamentario.

3- República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

4- N.d.T.: Uso de lenguaje codificado o sugerente en mensajes políticos para obtener el apoyo de un grupo en particular sin provocar oposición. 

Palabras clave:  política migratoria, Reino Unido, politización de la inmigración, consenso bipartidista, derecha radical, políticas simbólicas, gobernanza migratoria

Cómo citar este artículo: Consterdine, Erica. «La politización de la inmigración en el Reino Unido: políticas simbólicas, fracasos en la implementación y consenso bipartidista». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 140 (septiembre de 2025), p. 17-36. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.17

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 140, p.17-36
Cuatrimestral (mayo-septiembre 2025)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2025.140.2.17

Fecha de recepción:   15.01.25 ;  Fecha de aceptación:   08.04.25