Revisar el acuerdo UE-Israel: salvar las apariencias sin cambiar de postura

La decisión de revisar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel ilustra un problema de fondo que Bruselas había relegado al silencio: la narrativa israelí sobre la guerra en Gaza ya no se sostiene. Sin embargo, no hay señales de que dicha revisión conlleve un cambio en la postura europea respecto a Israel. Para que este paso simbólico implique algo más que un intento de salvar la cara, la revisión debería acompañarse de medidas contundentes.

Por tímido que parezca, el anuncio de la nueva jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, de revisar el acuerdo de asociación UE-Israel constituye la acción más significativa adoptada por Bruselas en casi 20 meses de ofensiva israelí sobre Gaza, especialmente si se contrasta con la inacción previa. A primera vista, el detonante parece haber sido el endurecimiento, desde el 2 de marzo, del bloqueo israelí sobre Gaza, junto con la nueva ofensiva militar en la Franja. El anuncio de Bruselas se produce tras un creciente coro de críticas desde países europeos. En pocas semanas, Países Bajos solicitó formalmente a la UE dicha revisión; el Reino Unido suspendió las negociaciones comerciales con Israel; y Canadá, Francia y el propio Reino Unido amenazaron con tomar «medidas concretas» –sin especificar cuáles–  si Israel continúa con lo que denominaron «acciones escandalosas».

En este contexto, ¿cómo explicar que una medida solicitada por España e Irlanda hace más de un año, sin recibir respuesta, sea ahora activada? La razón principal es la ausencia de una posición común dentro de la UE sobre la guerra en Gaza. Desde los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel ha contado con el respaldo incondicional de estados europeos como Alemania, Austria, Italia, República Checa y Hungría, que han bloqueado cualquier intento de ejercer presión sobre el gobierno israelí. Así, la UE se ha limitado a una letanía de comunicados oficiales expresando su «inquietud» y «preocupación» frente a una guerra asimétrica, que opone a una superpotencia militar contra una población civil cercada, sin acompañar esas declaraciones de ninguna medida concreta.

Esta vez, sin embargo, 17 estados miembros han decidido respaldar la revisión del acuerdo sobre la base de su artículo 2 que condiciona la relación entre la UE e Israel al respeto de los derechos humanos. Este cambio de postura puede explicarse por la magnitud de la catástrofe humanitaria: el bloqueo impuesto por Israel desde el 2 de marzo ha puesto a medio millón de palestinos en condiciones de hambruna catastrófica, mientras que la intensificación de los bombardeos provoca decenas de muertos cada día. Ante las imágenes insoportables que circulan en los medios de comunicación y las redes sociales, incluso países tradicionalmente alineados con Israel como Austria, Eslovaquia o Polonia han optado por respaldar la propuesta, en nombre de las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario.

Pero hay otra explicación más profunda a este cambio de postura, que se vuelve cada vez más evidente y que la UE ya no puede ignorar: los crímenes cometidos por el ejército israelí en Gaza ya no pueden ampararse bajo el argumento del «derecho a la autodefensa». La narrativa del gobierno de Benjamin Netanyahu ha girado en torno a dos ejes: la erradicación de Hamás y la liberación de los rehenes israelíes capturados el 7 de octubre. Pero tras meses de ofensiva militar que se ha cobrado la vida de más de 53,000 palestinos –la mayoría civiles–, esta justificación ha perdido legitimidad. Por un lado, Hamás ha sido, en gran medida, neutralizado como amenaza militar directa, de la misma manera que se ha debilitado a Hezbollah y a diversas milicias en Siria e Irak. Por otro, la diplomacia ha demostrado ser la vía más efectiva para la liberación de rehenes, como lo evidencian los intercambios negociados con la mediación de Qatar y Egipto. Los hechos, por tanto, han revelado las contradicciones de la narrativa de la autodefensa: la campaña militar israelí, oficialmente destinada a restablecer la seguridad de Israel, se configura como un castigo colectivo, que ha derivado en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad e incitación al genocidio, según Amnistía Internacional. Todo ello al servicio de un objetivo más amplio y cada vez más explícito: la recolonización de Gaza.

En este sentido, este giro europeo también se explica por un factor cada vez más difícil de ignorar: el cambio radical en el discurso oficial israelí hace insostenible el silencio que ha mantenido Bruselas hasta ahora. A diferencia de las primeras fases de la guerra iniciada después del 7 de octubre, los miembros del gobierno israelí ya no ocultan su voluntad de expulsar a la población palestina y recolonizar el territorio, sino que la proclaman abiertamente. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha llegado a afirmar que matar de hambre a los gazatíes puede ser «justo y moral», y ha instado a mantener el bloqueo israelí sobre Gaza y a expulsar a sus residentes hacia otros países. Asimismo, el vicepresidente del Parlamento israelí ha llamado directamente a la eliminación de los adultos en la Franja. Estas declaraciones no son anecdóticas: constituyen admisiones de intenciones genocidas y de llevar a cabo una limpieza étnica. De hecho, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha acusado formalmente a Netanyahu y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A su vez, la ONU ha acusado a Israel de imponer condiciones de vida que podrían constituir genocidio. En otras palabras, ya no se trata simplemente de neutralizar a Hamás y repatriar a los rehenes israelíes. Lo que está en marcha, según estas declaraciones e informes, es una estrategia para vaciar Gaza de su población y anexionar el territorio.

Ante esta situación, el riesgo de que la UE y sus estados miembros sean considerados cómplices de crímenes de guerra, limpieza étnica e incluso genocidio es hoy más evidente que nunca. En el ámbito de la justicia, en febrero de 2024, un tribunal neerlandés prohibió la exportación de piezas para aviones F-35 utilizados por Israel. Solo dos meses más tarde, en abril del año pasado, Nicaragua denunció a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por violar la Convención sobre el Genocidio debido a su apoyo militar a Israel.

Ante la extrema gravedad de la situación, más que una respuesta contundente, la revisión del acuerdo de asociación UE-Israel parece un gesto modesto y simbólico, destinado a dar la impresión de que Bruselas se desvincula de las actuaciones del gobierno de Tel Aviv. Primero porque la UE sigue abordando este conflicto como si se tratara únicamente de una crisis humanitaria, eludiendo así el debate sobre su apoyo tácito a Israel. De momento, el próximo paso previsto es que la Comisión Europea averigüe si Israel viola los derechos humanos y los principios democráticos, algo que ya era evidente antes del 7 de octubre y que lo es aún más ahora. Se trata de un proceso que puede prolongarse semanas o meses, mientras las masacres continúan en la Franja. Segundo, porque el debate en Bruselas excluye por completo el uso de herramientas de presión verdaderamente eficaces, como un embargo de armas –que el respeto al derecho internacional exige– o el respaldo formal a la demanda de Sudáfrica contra Israel por «genocidio» en Gaza ante el Tribunal internacional de Justicia. 

En otras palabras, solo si esta revisión se acompaña de medidas equiparables a las adoptadas contra Rusia tras la invasión de Ucrania –sanciones económicas, ruptura de relaciones diplomáticas, apoyo a las iniciativas judiciales internacionales– podrá hablarse de un verdadero cambio de postura. De lo contrario, la UE continuará atrapada en su doble rasero, perpetuando la erosión de su ya mermado crédito moral.

Palabras clave: Israel, Gaza, UE, acuerdo de asociación, derechos humanos, hambruna, catástrofe humanitaria

_{^{Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores}}