Tras el Brexit: ¿La adopción de un acuerdo de libre movilidad de personas entre España y Reino Unido como modo de gestión de las migraciones?

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El presente estudio ha sido posible gracias a una financiación del Quality Related Strategic Priorities Fund del departamento Research and Innovation del Reino Unido (UKRI). 

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la libre circulación de personas ha llegado a su fin entre ambos bloques. Esto ha supuesto un enorme deterioro de los derechos de los ciudadanos británicos en la Unión y de los europeos en el Reino Unido. Dada la importancia de los flujos migratorios en ambas direcciones, este artículo investiga la posibilidad de adoptar acuerdos bilaterales de libre movilidad de personas. Dichos acuerdos son muy comunes en perspectiva comparada a nivel mundial y europeo. Teniendo en cuenta que los británicos representan el tercer grupo más numeroso de no nacionales en España, así como el importante número de ciudadanos españoles en el Reino Unido, el estudio explora las posibilidades legales y políticas de que el primer acuerdo de dicho tipo fuese firmado entre ambos países, así como el contenido que podría incluir.

I - Introducción

El 31 de diciembre de 2020 concluyó el periodo de transición que se había iniciado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de enero de 2020, marcando así el fin de la libre circulación de personas. Las consecuencias negativas de este proceso pueden ya verse en el súbito recorte de derechos que han sufrido tanto los británicos como los ciudadanos de la Unión. Por ejemplo, varios estados miembros de la UE, tales como Alemania, España o Países Bajos, han denegado la entrada a nacionales británicos debido a que el Reino Unido ya no está exento de las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19 (The Guardian, 2021a). Del mismo modo, las llamadas golondrinas –nacionales del Reino Unido que pasan el invierno en España y regresan al Reino Unido en verano– no han podido desplazarse a sus segundas residencias en muchos casos (BBC News, 2021). Las industrias musicales y artísticas del Reino Unido también se han visto fuertemente afectadas por el nuevo régimen, según el cual los artistas británicos tendrán que obtener permisos de trabajo y realizar largos trámites para actuar y hacer giras en los estados miembros de la UE, lo que hará que muchas de estas giras ya no sean «económicamente viables» (Dray, 2021). Por su parte, ciudadanos europeos, incluidos los españoles, que se habían desplazado a Reino Unido para atender entrevistas de trabajo, han visto denegada su entrada y, en algunos casos, han sido detenidos antes de ser expulsados (The Guardian, 2021b).

Poner fin a la libre circulación fue uno de los elementos centrales de la campaña y el debate del Brexit, que presentó la inmigración al país como «fuera de control» e impulsó así la retórica de que era necesario que el Reino Unido «recuperara el control de sus fronteras» (HM Government, 2018; Goodman, 2017:15). En 2020, el Centro Nacional de Investigación Social del Reino Unido (National Centre for Social Research [NCSR]) constató que el 62% de las personas británicas encuestadas creían que los nacionales de la UE deberían tener que solicitar venir al país en lugar de disfrutar de la libre circulación (NCSR, 2020). Por tanto, es dudoso que se negocie en un futuro próximo un acuerdo de libre circulación entre el Reino Unido y la UE en su conjunto. Esto es aún más claro después de que el líder laborista, Keir Starmer, haya dado un giro de 180 grados en su posición, afirmando que no buscará restablecer los derechos de libre circulación si gana las próximas elecciones, contradiciendo así una promesa en sentido contrario que había realizado en 2019 (The Guardian, 2021c).

Sin embargo, el Centro Nacional de Investigación Social del Reino Unido ha argumentado que «aunque la mayoría de los votantes desean ver el fin de la libertad de circulación, [...] las propuestas de inmigración del Gobierno parecen ser bastante más restrictivas de lo que muchos votantes desearían» (NCSR, 2020). En una encuesta realizada en 2019 por la Comisión Europea, el 55% de las personas encuestadas del Reino Unido declararon que se habían beneficiado de la ausencia o reducción de los controles fronterizos al viajar al extranjero (Comisión Europea, 2019). De hecho, el referéndum sobre el Brexit no implicaba que se tuviera que poner fin a la libre circulación de personas. En efecto, hubo propuestas para adoptar un modelo noruego (como el vigente bajo el Espacio Económico Europeo (EEE)) o suizo (acuerdo bilateral), que incluyesen dicha libre movilidad (Van Randwyck, 2011; The Times, 2017). La libre circulación tampoco ha terminado por completo como opción política o legal para el Reino Unido dado que, como bien se verá en la siguiente sección, se ha mantenido el acuerdo ya existente con Irlanda. 

A pesar de ello, el Gobierno del Reino Unido ha decidido adoptar un nuevo sistema de inmigración por puntos, que da prioridad a quienes «vienen a Gran Bretaña en función de las competencias que ofrecen y no del pasaporte que poseen» (United Kingdom Home Office, 2020). En este contexto, el Reino Unido se enfrenta a un complejo dilema. Por un lado, la libre circulación no parece ser una opción aceptable ni para el Partido Conservador ni para el Laborista; al tratarse de un sistema político bipartidista, el hecho de que otros grandes partidos políticos apoyen la libre circulación –incluidos los demócratas liberales (Inews, 2021), el Partido Nacionalista Escocés (Hargrave y Fragomen LLP, 2020) o el Partido Verde (The Independent, 2020)– no tiene un impacto tan fuerte. Por el otro, los ciudadanos británicos han visto limitadas drásticamente sus opciones de trabajo, estudio y vida, lo que ha disminuido de un modo significativo el valor de su pasaporte a la hora de viajar y residir en otros países (Kochenov, 2020:221).

Por lo tanto, el momento es oportuno para debatir opciones para regular la movilidad entre ambos bloques. Una posibilidad sería adoptar acuerdos bilaterales de libre circulación entre el Reino Unido y alguno de los estados miembros de la UE. Este artículo analizará diversos ejemplos de acuerdos ya existentes, tanto en Europa como en el resto del mundo, para demostrar que su uso no es solo legal, sino también habitual. Este análisis pondrá de manifiesto la flexibilidad que ofrecen dichos tratados, la variedad en cuanto a los motivos por los cuales se firman, y las diferentes opciones que toman con respecto a derechos de entrada, residencia y trabajo, así como otros elementos importantes tales como la reagrupación familiar, los derechos de seguridad social e incluso, en algunos casos, los derechos políticos.

En este artículo se considera que el primer acuerdo bilateral de estas características podría ser celebrado entre el Reino Unido y España, ya que ésta es el primer destino de la emigración británica en Europa, y el cuarto a nivel mundial (Sturge, 2021: 28-30). Según datos de diciembre de 2020, residían en España 381.448 inmigrantes británicos, constituyendo así la tercera población extranjera más numerosa después de los nacionales de Rumanía y Marruecos (Observatorio Permanente de la Inmigración, 2021). Por su parte, el Reino Unido ha sido, de lejos, el principal destino a nivel global de la emigración española durante el presente siglo (Instituto Nacional de Estadística, 2020a): se estima que 185.000 españoles vivían en el Reino Unido en 2020, lo que la convierte en la quinta población extranjera proveniente de la UE (Office for National Statistics, 2021)_¹. Además de estas cifras, hay muchas otras personas que han estado viviendo entre ambos países, por ejemplo, las ya mencionadas golondrinas del Reino Unido, y que ahora se enfrentan a numerosas dificultades (Lee, 2021). Según algunas estimaciones, si a la cifra de residentes británicos se suman aquellos que pasaban parte del año en España, el número total podría ser de alrededor de un millón de personas (O’Reilly, 2020: 13). Además, los británicos en suelo español no solo son pensionistas, sino que tienen una variedad enorme de trayectorias migratorias (ibidem). En el caso de los españoles, hay un número importante de personas, principalmente jóvenes, que antes del Brexit pasaban meses trabajando o estudiando en ciudades como Londres. Esta población ha sido denominada como transmigrantes dado que tenían un pie en cada país gracias a la facilidad en las comunicaciones y a los derechos de trabajo y residencia (Rubio Ros y Bellet Sanfeliu, 2018; Cortés et al., 2015).

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la sección II se investigan una serie de acuerdos bilaterales, tanto de dentro de Europa como de fuera, para mostrar su diversidad en cuanto a características, así como su normalidad. La sección III evalúa el sistema de inmigración del Reino Unido posterior al Brexit y los próximos pasos que tomará el régimen migratorio del país. Esta sección examina la legalidad de celebrar acuerdos similares entre los estados miembros de la UE y terceros países. La sección IV investiga más de cerca la posibilidad de que España y el Reino Unido elaboren un acuerdo bilateral de libre circulación, basándose principalmente en los actuales flujos migratorios entre ambos estados. Para resaltar la importancia de celebrar un acuerdo de este tipo, se examinan las repercusiones del Brexit en el estatuto jurídico de los nacionales británicos en España —e igualmente de los españoles y los comunitarios en el Reino Unido—. El artículo concluye ofreciendo algunas reflexiones finales sobre la viabilidad política y jurídica de tales acuerdos en el futuro. 

II - Acuerdos bilaterales a nivel europeo y global

Los acuerdos bilaterales sobre libre movilidad de personas son comunes a nivel global e incluyen a numerosos estados. En el caso europeo, tanto la UE, como el Reino Unido y España han ratificado este tipo de acuerdos. A nivel global, el presente estudio ha seleccionado dos ejemplos que muestran las diversas opciones que pueden tomar los estados que ratifican un tratado de estas características. 

a) República de Irlanda y el Reino Unido – El Área Común de Viaje 

El Área Común de Viaje (ACV), o Common Travel Area, es una zona especial de circulación de personas entre la República de Irlanda (Irlanda) y el Reino Unido, la Isla de Man y las Islas del Canal (Reino Unido), que se remonta a la creación del Estado Libre Irlandés en 1922. Su adopción fue consecuencia de lo inconveniente que hubiera resultado establecer un sistema de pasaportes entre Irlanda y el Reino Unido, y de la preferencia que el Ministerio del Interior británico manifestó por mantener el statu quo entre dos territorios que anteriormente formaban parte de la misma entidad jurídica y cuyos residentes gozaban de libre circulación (Ryan, 2010:856). Un sistema de pasaportes habría requerido el patrullaje de una frontera terrestre porosa de 500 kilómetros de longitud con 400 puntos de cruce formales e informales (Meehan, 2000:12). La propuesta fue recibida positivamente por los funcionarios irlandeses, ya que consideraban que la cooperación era la forma más eficaz de controlar la entrada de extranjeros en su territorio (Ryan, 2010:856). Desde entonces, el ACV ha permanecido en vigor, excepto entre 1939 y 1952. Durante dicho periodo, se restablecieron los controles migratorios como consecuencia de la neutralidad de Irlanda en la Segunda Guerra Mundial, posición que hizo temer el espionaje, por parte del Reino Unido, y la afluencia de refugiados británicos, por parte de Irlanda (Ryan, 2010:857; Meehan, 2000:24).

Aunque resulte llamativo, el ACV se estableció de manera informal a través de un intercambio de cartas entre el Departamento de Justicia irlandés y el Ministerio del Interior del Reino Unido (Butler y Barret, 2018:260). Posteriormente, los nacionales de Irlanda y del Reino Unido vieron consagrados sus privilegios en las legislaciones respectivas de cada país, las cuales les otorgaban un estatus especial (Reino Unido, The Immigration Act, 1971; Reino Unido, The Immigration Order, 1972; Irlanda, Section 1(1), Immigration Act, 2004). Irlanda no se considera un país extranjero (Ryan, 2010:860) a los efectos de las leyes migratorias del Reino Unido, y las personas irlandesas no son consideradas extranjeras (Reino Unido, Section 2, Ireland Act, 1949; Reino Unido, Section 50(1), Bristish Nationality Act, 1981). Del mismo modo, los nacionales del Reino Unido en Irlanda, aunque reciben un trato diferente al de los nacionales, están explícitamente exentos de las restricciones de entrada y residencia, y de la posibilidad de ser deportados, salvo en algunos casos limitados (Irlanda, Aliens (Amendment) (No. 2) Order, 1999; Irlanda, Aliens (Exemption) Order 1999; Ryan, 2010:862)_².

Ante la inminencia del Brexit, ambos países firmaron un Memorando de Entendimiento en 2019. En dicho documento se reafirma el estatus del que gozan sus respectivos nacionales y se garantiza que no habrá cambios en estos derechos como consecuencia del Brexit. Aunque este Memorando «no pretende crear obligaciones jurídicamente vinculantes», el mismo refleja el apoyo mutuo y el compromiso de ambos estados con este acuerdo.

Los sucesivos gobiernos, tanto de Irlanda como del Reino Unido, han apoyado el ACV por varias razones. En primer lugar, porque «no es práctico que la frontera irlandesa sea una frontera de inmigración» dada la dificultad de vigilarla (Ryan, 2016: 2). En segundo lugar, por las conexiones sociales y económicas entre ambos países, incluido el uso compartido de la lengua inglesa por la mayoría de ambas poblaciones, así como un alto nivel de vínculos comerciales, culturales, personales y políticos mutuos (Butler y Barret, 2018:257). En tercer lugar, la libre circulación de la mano de obra ha sido apoyada sistemáticamente por ambos estados y ha beneficiado a los trabajadores que se desplazan en las dos direcciones (Ryan, 2016; de Mars et al., 2018). Según estadísticas oficiales, hay aproximadamente 364.000 personas irlandesas viviendo en el Reino Unido (Office for National Satistics, 2021), mientras que 103.100 británicos residen en Irlanda (Central Statistics Office, 2016).

En virtud del ACV, las personas irlandesas y británicas no son sometidas a controles de pasaporte cuando se desplazan entre ambos países, aunque los pasaportes pueden seguir presentándose para establecer la respectiva nacionalidad en las fronteras aéreas o marítimas (Citizens Information, 2021). La frontera irlandesa se denomina a menudo como de carácter blando, ya que no hay controles de inmigración consistentes (Wilkins et al., 2019:7). Aunque ambos estados mantienen sus propias políticas de visado e inmigración, existe «un grado significativo de cooperación práctica y coordinación política para garantizar la seguridad del ACV» (ibidem, 3).

Tanto irlandeses como británicos son libres de entrar y permanecer en cualquiera de los dos países sin ningún tipo de visado, permiso de residencia o de trabajo. Esto solo excluye a las personas irlandesas que estén sujetas a una orden de deportación, una decisión de exclusión o una prohibición internacional de viajar, que deben solicitar permiso para trasladarse al Reino Unido (Cabinet Office, 2020). Las personas de ambas nacionalidades pueden trabajar en cualquiera de los dos países, incluso por cuenta propia, sin necesidad de ningún permiso, y ambos estados se han comprometido a garantizar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en toda el ACV (Cabinet Office, 2019). Las personas nacionales de los dos países tienen derecho a acceder a todos los niveles de enseñanza en cualquiera de ellos, así como a obtener préstamos estudiantiles para cursar estudios superiores (ibidem). Además, pueden acceder a las prestaciones y los derechos de la seguridad social (ibidem), incluidas las pensiones (Cabinet Office, 2019b), así como a la asistencia sanitaria (Cabinet Office, 2019), la vivienda social y la ayuda a las personas sin hogar en cualquiera de los dos estados (ibidem). Las personas irlandesas, en su calidad de nacionales de la Commonwealth, pueden votar en las elecciones parlamentarias locales y nacionales, así como en los referendos, en el Reino Unido (ibidem). Asimismo, las personas británicas residentes en Irlanda también pueden votar en las elecciones locales y generales de ese país (Irlanda, Section 8(2)(ii), Electoral Act, 1992), pero no en las relativas al Parlamento Europeo (ibidem, Section 9.b) ni en los referendos (Citizens Information, 2020).

b) La Unión Europea y Suiza

La Confederación Suiza (Suiza) no es, ni ha sido nunca, miembro de la UE. Suiza tampoco es miembro del EEE, que permite la extensión del mercado único de la UE a los estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), de la que Suiza es miembro fundador. La AELC se creó para promover el libre comercio y la integración económica entre sus miembros, que son, además de Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Asimismo, Suiza forma parte de la cooperación de Schengen, que suprime los controles de pasaporte en los puntos fronterizos interiores.

El 20 de mayo de 1992, Suiza solicitó la adhesión a la UE (Goulard, 2016). Ese mismo año, sin embargo, los ciudadanos suizos rechazaron en referéndum la opción de unirse al EEE, lo que imposibilitó también la adhesión a la UE (European Parliament, 2020). En ese momento, se hizo evidente la urgente necesidad de adoptar acuerdos bilaterales entre la Unión y Suiza. De hecho, la UE hizo un llamamiento específico para garantizar los derechos del gran número de nacionales de la Unión que vivían en Suiza, así como de los que se desplazaban allí a diario por motivos de trabajo desde los estados miembros de la UE vecinos (Maresceau, 2011:733).

Las negociaciones que siguieron dieron lugar a la adopción de siete acuerdos bilaterales, uno de los cuales fue el Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 21 de junio de 1999, y que entró en vigor el 1 de junio de 2002. Las negociaciones para la celebración del Acuerdo se llevaron a cabo entre la UE y Suiza como dos socios iguales (en lugar de entre varios estados miembros de la UE, por un lado, y Suiza, por otro). Cada vez que la UE se amplía, el Acuerdo se extiende para incluir al nuevo miembro mediante un protocolo adicional, aunque pueden aplicarse medidas transitorias especiales para los nuevos estados miembros. Por su parte, con la salida del Reino Unido de la UE, el Acuerdo ha dejado de aplicarse a dicho país, y sitúa a los nacionales suizos en una situación similar, aunque no igual, a la de los ciudadanos de la UE en cuanto a derechos de entrada, trabajo, residencia (también para los económicamente inactivos), reunificación familiar, reconocimiento mutuo de cualificaciones y protección contra la expulsión se refiere (Peers, 2000; Breitenmoser, 2003). 

c) Andorra y España y Francia; Andorra y Portugal

Otros acuerdos bilaterales involucran a microestados con estados miembros de la UE, habitualmente vecinos geográficos. El Principado de Andorra representa un caso de estudio interesante de un microestado que ha celebrado tratados bilaterales con tres estados miembros de la UE: España, Francia y Portugal. Mónaco y San Marino, a su vez, han ratificado tratados con Francia e Italia, respectivamente_³.

El Convenio entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra se celebró en el año 2000. A pesar de su título, no es un tratado multilateral sino un acuerdo bilateral con el mismo texto entre Andorra, por una parte, y Francia o España por otra. Como bien se menciona en su preámbulo, el Convenio se basa en la particular situación geográfica de Andorra, los vínculos históricos entre estos tres estados y sus relaciones de buena vecindad. Estos fuertes lazos se evidencian con las cifras de inmigración. Según datos oficiales, de las 78.015 personas que residían en Andorra en 2020, 19.211 eran españolas, y 3.423, francesas. Por su parte, el Convenio con Portugal, adoptado en 2007, menciona en su preámbulo «la voluntad de mantener la calidad de las relaciones existentes, favorables a sus respectivos nacionales». Los portugueses representan, con 9.083 personas, la segunda comunidad de inmigrantes en Andorra.

Los dos convenios son prácticamente idénticos. Ambos tienen el objetivo de facilitar tanto la circulación como el establecimiento de [sus respectivos] nacionales. El derecho de entrada y estancia por períodos no superiores a 90 días se concede previa presentación de un documento de identidad válido. Más allá de ese periodo, cualquier persona necesita obtener un permiso de residencia de acuerdo con la legislación nacional, y aquellas que deseen establecer su residencia sin ejercer actividades lucrativas deben demostrar que disponen de medios económicos suficientes, así como de un seguro de enfermedad, maternidad y accidentes. En términos de derechos, los andorranos gozan de un trato muy similar al de los ciudadanos de la UE en Francia, España y Portugal; mientras que a los franceses, españoles y portugueses se les ofrece un estatus privilegiado en Andorra. Además, ambos acuerdos consagran algunas disposiciones sobre derechos laborales, además de incorporar el derecho a la reagrupación familiar_⁴. Por último, los convenios establecen una protección especial contra la expulsión, que solo es posible por motivos de orden público, seguridad o salud pública. 

d) Australia y Nueva Zelanda – El Acuerdo de Viaje Trans-Tasmania

Desde el asentamiento inicial de los británicos a finales del siglo xviii, ha existido un flujo de movimiento de personas entre Australia y Nueva Zelanda con pocas restricciones dado que quienes eran de origen europeo podían circular entre los distintos dominios del Imperio Británico (Lockhart y Money, 2011:51). Esto, junto con el acceso a pasajes baratos para cruzar el mar de Tasmania, permitió que miles de personas australianas viajaran a Nueva Zelanda en busca de prosperidad económica, estimulada por el descubrimiento de oro (Harper y Constantine, 2010:86-90). En 1971, el Reino Unido adoptó una nueva ley que restringía la inmigración desde los países de la Commonwealth (Reino Unido, Immigration Act, 1971). Como respuesta a esto, Australia y Nueva Zelanda actuaron de manera recíproca y, además, reforzaron el régimen de libre circulación entre sus respectivos territorios (Lockhart y Money, 2011:54-55). En 1973, la libertad de circulación entre los dos estados se codificó en el Acuerdo de Viaje Trans-Tasmania o The Trans-Tasman Travel Arrangement (AVTT), que permite a los nacionales de ambos estados entrar en el territorio del otro para vivir y trabajar indefinidamente sin autorización previa (ibidem, 45). Así, hay aproximadamente 570.000 neozelandeses en Australia (Australian Bureau of Statistics, 2020), y 75.200 australianos en Nueva Zelanda (New Zealand Government Statistics, 2019).

Como explican Lockhart y Money, el acuerdo puede considerarse como «un simple reconocimiento de una realidad existente», ya que los nacionales habían viajado libremente entre los dos estados durante décadas (Lockhart y Money, 2011:51). En un principio, el AVTT concedía a los australianos y neozelandeses el acceso a las prestaciones sociales, las pensiones y la sanidad en igualdad de condiciones que los nacionales. Sin embargo, en 2001, Australia modificó las normas introduciendo el requisito de que los neozelandeses tuvieran que pasar por el mismo proceso que otros no nacionales para obtener la residencia permanente. Australia argumentó que dicha modificación tenía que ver con los «cambios drásticos en el patrón de los flujos migratorios causados por las disparidades salariales y de riqueza» entre ambos países (ibidem, 52). Esta disparidad provocó una aceleración de los flujos migratorios con dirección a Australia en la década de los noventa del s. xx, durante la cual el número de neozelandeses que pretendía establecerse de forma permanente casi se cuadruplicó (ibidem, 55).

Los ciudadanos neozelandeses que viajan a Australia deben obtener una categoría especial de visado (CSV) que se expide previa presentación de un pasaporte neozelandés válido al arribo. Este visado está sujeto a requisitos de entrada que tienen en cuenta los antecedentes penales y de deportación de la persona, así como si representa un riesgo para la salud (Parliament of Australia, 2020). Se calcula que en diciembre de 2020 había en Australia unas 368.000 personas neozelandesas bajo el régimen de CSV del total de 570.000 que residían en el país (Australian Department of Home Affairs, 2021). Aunque el CSV permite a los ciudadanos neozelandeses permanecer en Australia indefinidamente, este visado está clasificado como un permiso temporal y, por tanto, no confiere los mismos derechos que se conceden a los ciudadanos australianos o a los residentes permanentes. Aquellos neozelandeses que quieran obtener la residencia permanente deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier otro inmigrante. Si no los cumplen, pueden seguir viviendo y trabajando en Australia indefinidamente como residentes temporales, pero no pueden acceder a los pagos de la seguridad social, obtener la ciudadanía o patrocinar a sus familiares para la residencia permanente. Sin embargo, las personas neozelandesas que llegaron después de 2001 y son titulares de un CSV tienen derecho a algunos pagos limitados de la seguridad social y a acceder al sistema público de salud Medicare, siempre que paguen una tasa y un recargo (Australian Government, 2020), y a la gratuidad de la enseñanza pública, incluida la terciaria (New Zealand Government, 2020). 

En cambio, las personas australianas siguen disfrutando de todas las ventajas en Nueva Zelanda. Se les concede un visado de residente australiano a su llegada, sujeto a comprobaciones de carácter y otras condiciones de entrada._⁵ Dicho visado es permanente y permite una estancia indefinida con derechos de trabajo y estudio, así como acceso a la seguridad social, y expira si el titular abandona Nueva Zelanda (Nueva Zelanda, Immigration Act, 2009). Los australianos que se encuentran temporalmente en Nueva Zelanda tienen derecho a acceder a tratamientos hospitalarios públicos, productos farmacéuticos y servicios de maternidad. Por último, los estudiantes de nacionalidad australiana en Nueva Zelanda están clasificados como estudiantes nacionales, pero necesitan residir durante tres años para poder acceder a los préstamos y a las ayudas estudiantiles.

El AVTT no garantiza la protección contra la expulsión de aquellos nacionales neozelandeses que se encuentren en Australia y sean condenados a más de 12 meses de prisión (Australian Migration Amendment (Character and General Visa Cancellation) Act, No. 129, 2014). Esto es así incluso si han pasado toda su vida en Australia o si dicha expulsión llevase a la separación de sus familiares. Por el contrario, si un ciudadano australiano es condenado por un delito en Nueva Zelanda, pero ha vivido allí durante «más de 10 años, no será deportado, independientemente de su delito» (New Zealand High Commission, 2018)._⁶

e) Argentina y Brasil

Durante las dos últimas décadas, América del Sur ha creado un régimen regional de libre circulación de personas en el que los acuerdos bilaterales desempeñan un papel relevante (Acosta, 2018). Sin embargo, el instrumento más importante es el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, una organización regional cuya membresía incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay._⁷ El acuerdo fue firmado inicialmente el 6 de diciembre de 2002 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia y Chile. Posteriormente, también fue ratificado por Colombia (2011), Ecuador (2011) y Perú (2012). El Tratado pretende evitar que los sudamericanos se encuentren con un estatus migratorio irregular dentro de la región. Sin embargo, el acuerdo no entró en vigor sino siete años después, el 28 de julio de 2009, dada la reticencia de Paraguay a ratificarlo. 

En noviembre de 2005, y en el marco de la celebración del 20º aniversario de la Declaración de Foz de Iguazú,_⁸ Argentina y Brasil firmaron una serie de acuerdos bilaterales en materia de movilidad humana. En concreto, se adoptó el Acuerdo operativo para la aplicación de manera bilateral del Acuerdo de Residencia MERCOSUR. En vigor desde el 3 de abril de 2006, el acuerdo garantizaba a los nacionales de Argentina y Brasil el derecho a regularizar su situación en el estado de acogida si ya residían en él o, alternativamente, a solicitar un permiso de residencia en el consulado del estado al que quisieran trasladarse (artículo 4). Los nacionales de ambos estados podían obtener un permiso de residencia temporal de dos años si cumplían ciertos requisitos, principalmente demostrar su nacionalidad y no tener antecedentes penales (artículo 6). Pasados dos años, podían solicitar la residencia permanente demostrando su autosuficiencia económica. Además, la residencia para los nacionales de ambos estados y los miembros de su familia llevaba aparejada el goce «de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicos en el país de recepción», incluido el derecho al trabajo (artículo 11). Sin embargo, el acuerdo no garantizaba ningún tipo de protección adicional contra la expulsión. 

Con la entrada en vigor del Acuerdo de Residencia del MERCOSUR en 2009, este tratado bilateral ha perdido importancia. Sin embargo, existen otros acuerdos bilaterales importantes sobre la libre circulación de personas en Sudamérica. Un ejemplo es el Acuerdo bilateral entre Brasil y Uruguay que ofrece directamente a sus respectivos nacionales la residencia permanente en el territorio del otro, en lugar de un estatus temporal. Asimismo, Ecuador y Venezuela adoptaron en 2010 un Estatuto Migratorio. Este Acuerdo consagra el derecho de entrada y residencia temporal, transformable a residencia permanente después de dos años, así como la igualdad de trato entre sus nacionales. Cabe destacar que en el momento de su adopción se esperaba que beneficiara principalmente a los nacionales ecuatorianos en Venezuela (Ramírez, 2020:6). Sin embargo, más de 13.000 venezolanos que habían emigrado a Ecuador fueron los que se beneficiaron del mismo entre 2013 y 2016 (ibidem, 7).

III - ¿Cuál es el futuro de la legislación migratoria del Reino Unido?

a) El nuevo sistema de inmigración pos-Brexit

La libre circulación de personas con los estados miembros de la UE, excepto Irlanda, finalizó para el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 con la expiración del período de transición posterior al Brexit. A partir de entonces, el país tiene un nuevo régimen basado en puntos para todos los inmigrantes, incluidos los nacionales de la UE. Para obtener un visado de «trabajador cualificado», el solicitante debe tener una oferta de trabajo de un empleador patrocinador aprobado; ser capaz de hablar inglés, y recibir una oferta de salario anual de al menos 25.600 libras esterlinas (United Kingdom Government, 2020a). Al solicitante se le puede ofrecer un salario menor (pero no inferior a 20.480 libras esterlinas al año) si, por ejemplo, tiene una oferta de trabajo dentro de un sector catalogado como «de ocupación escasa», o si ha realizado un doctorado relevante para el puesto (United Kingdom Government, 2021a). El programa Global Talent permite a los solicitantes que tienen «un talento excepcional» o son «una promesa excepcional» en el campo de la ciencia, la ingeniería, las humanidades, la medicina, la tecnología digital o las artes y la cultura desplazarse al Reino Unido sin una oferta de trabajo si reciben el respaldo de una organización aprobada por el Ministerio del Interior (United Kingdom Government, 2021b). El visado de estudiante permite al solicitante estudiar en el Reino Unido si ya se le ha ofrecido una plaza en un curso, domina el inglés y es económicamente autosuficiente (United Kingdom Government, 2021c). Además, la nueva ruta de inmigración de graduados, que se abre el 1 de julio de 2021, permitirá a los estudiantes internacionales que hayan completado un título en el Reino Unido trabajar o buscar trabajo una vez hayan terminado sus estudios, en cualquier nivel de calificación, durante un máximo de dos años, o tres en el caso de los que hayan completado un doctorado (United Kingdom Government, 2021d). 

Por primera vez en décadas, los nacionales de la UE reciben el mismo trato que cualquier otro inmigrante al llegar al Reino Unido. El impacto de este nuevo sistema basado en puntos es aún incierto, ya que hasta ahora la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto sin precedentes en los patrones de inmigración. Sin embargo, el Instituto de Investigación de Políticas Públicas (Institute for Public Policy Research)sostiene que «es probable que haya menores niveles de inmigración desde los países de la UE bajo el nuevo sistema de inmigración», ya que «alrededor del 63% de los trabajadores nacidos en la UE que actualmente viven en el Reino Unido (excluyendo a los autónomos) no podrían optar a la ruta de trabajadores cualificados» (Morris, 2020:19). Esto se debe a que las ocupaciones que ofrece la vía del «trabajador cualificado» no suelen coincidir con el tipo de ocupaciones que los nacionales de la UE ocupan actualmente en el Reino Unido (Morris et al., 2020). Es probable que esta circunstancia presione a los sectores que dependen en gran medida de los trabajadores de la UE, lo que provocará un aumento del empleo informal (Morris, 2020b). 

b) Posibles acuerdos bilaterales con otros estados

Como ya se ha analizado, el Reino Unido mantiene un régimen de libre movilidad de personas con Irlanda. La muy reciente ruptura del proceso de salida de Gran Bretaña de la UE tal vez puede explicar que todavía no se hayan propuesto alternativas bilaterales para regular la migración futura. Tanto el Reino Unido como los distintos estados miembros de la UE, así como cualquier otro estado europeo no perteneciente a la UE, pueden, tanto jurídica como políticamente, celebrar acuerdos bilaterales de libre circulación entre sí. Si bien la UE tiene competencia exclusiva sobre los acuerdos de libre comercio según el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, la inmigración es un ámbito de competencia compartida con los estados miembros, según el artículo 4, y, por tanto, los mismos conservan la facultad de legislar en esta materia siempre que no provoquen un conflicto con las normas ya adoptadas por la UE (Peers et al., 2012: 13-22).  

Por consiguiente, es improbable que los acuerdos bilaterales de libre circulación entre un estado miembro de la UE y un estado tercero entren en conflicto con las normas de inmigración de la Unión, siempre que solo vinculen a las dos partes implicadas y no contengan cláusulas menos favorables que la legislación europea existente en dicha materia (Alemanno y Kochenov, 2021)._⁹ Así, cualquier estado miembro de la UE puede celebrar un acuerdo bilateral con un tercer país, incluido el Reino Unido. Dicho acuerdo puede ser similar a los ya analizados anteriormente. Este informe aboga por que el punto de partida en cualquier negociación bilateral sea el statu quo anterior a la finalización del periodo transitorio tras el Brexit, dado que esto permitiría una transición más fácil y el restablecimiento de los derechos anteriores para los nacionales de los países involucrados.

IV - Caso de estudio sobre España y el Reino Unido

Este artículo abre el debate sobre un posible acuerdo bilateral relativo a la libre circulación de personas entre España y el Reino Unido. Dicho acuerdo también podría reproducirse entre el Reino Unido y otros estados europeos, miembros de la UE, o no. Antes de entrar en los detalles de lo que podría suponer dicho acuerdo, esta sección presenta brevemente algunos de los principales elementos de la actual situación jurídica de españoles y británicos.

a) Estatuto jurídico de los nacionales del Reino Unido en España

El título II del Acuerdo de Retirada UE – Reino Unido establece el estatuto jurídico de los nacionales británicos y de sus familiares que residían en otro estado de la UE hasta el final del período transitorio, es decir, el 31 de diciembre de 2020. Como ya se ha mencionado, los británicos constituyen, con 381.448 personas, el tercer grupo de población extranjera más numeroso, después de los nacionales de Marruecos y Rumanía (Observatorio Permanente de la Inmigración, 2021). El Acuerdo de Retirada es, por tanto, aplicable a los británicos que residían en España antes de que finalizara el período transitorio, a los que tenían un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión en España,_¹¹ y a los miembros de la familia con quienes existía un vínculo antes del 1 de enero de 2021, ya sean nacionales del Reino Unido o de terceros países (incluidos los futuros hijos) (Gobierno de España, 2020). El Acuerdo de Retirada señala que los derechos de residencia, trabajo, estudios y servicios de seguridad social se mantienen más allá del periodo transitorio según la aplicación de la legislación de la UE.[11] Por lo tanto, dichos ciudadanos británicos no necesitan solicitar un nuevo permiso como condición para seguir residiendo legalmente si ya estaban registrados como ciudadanos europeos en España. Sin embargo, tienen derecho a pedir la expedición de un nuevo documento de residencia denominado «Tarjeta de Identidad de Extranjero» (TIE). Dicha tarjeta fue introducida el 6 de julio de 2020 e identifica de manera expresa a los nacionales del Reino Unido, así como a sus familiares que residen en España, como beneficiarios del Acuerdo de Retirada. El procedimiento para obtener el TIE es gratuito. Aquellos británicos que hayan residido en España por menos de cinco años, obtendrán un TIE temporal también válido por cinco años. Los que hayan residido en España por más de cinco años obtendrán un TIE permanente válido por diez años. El TIE temporal puede transformarse en uno permanente tras cinco años de residencia.

Las personas nacionales del Reino Unido y los miembros de su familia (ya sean nacionales del Reino Unido o de terceros países) que lleguen a España a partir del 1 de enero de 2021 no quedan protegidos por el Acuerdo de Retirada. En su lugar, están sujetos a las normas de inmigración aplicables a cualquier nacional de un tercer país establecidas principalmente en la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000. Los británicos no requieren un visado para estancias cortas, de hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días, pero deben obtenerlo para todos los demás fines. Además, los británicos no cuentan con ningún privilegio y deben seguir los mismos trámites que cualquier otro nacional de un tercer país. Esto quiere decir, en términos generales, que la obtención de un permiso de trabajo en España solo es posible para aquellas profesiones que están en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, o en aquellos trabajos para los cuales no haya ningún ciudadano de la UE, EEE, Suiza, o de un tercer país con permiso de residencia con el perfil adecuado (Ley 4/2000, arts. 36, 38 y 40). Por su parte, quienes deseen residir en España sin ejercer ninguna actividad económica tienen, en general, dos vías disponibles: o bien acreditar unos ingresos mensuales superiores a 2.250 euros (Ley Orgánica 4/2000, arts. 30 bis y 31), o bien invertir 500.000 euros en la compra de una propiedad (artículo 63, Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización). En ambos casos hay otros requisitos, tales como tener un seguro médico, y los miembros de la familia deben cumplir otros trámites adicionales.

Por tanto, si bien los británicos pueden visitar España por períodos inferiores a 90 días, ya no tienen derecho a residir de manera permanente, trabajar, jubilarse, estudiar ni solicitar la reunificación familiar en condiciones favorables. Según datos de 2020, el 22% de los británicos que viven en España están trabajando, mientras que el 48% están jubilados y el 11% están desempleados. El resto se compone de menores, estudiantes y personas económicamente inactivas (Instituto Nacional de Estadística, 2020b).

b) Estatuto jurídico de los nacionales españoles y resto de ciudadanos europeos en el Reino Unido

Se estima que 3,45 millones de nacionales de la UE vivían en el Reino Unido a junio de 2020 (Office for National Statistics, 2021)._¹² Su estatus legal depende ahora de si cumplen los nuevos criterios del Programa de Asentamiento de la UE, contenidos en el «Apéndice UE» de las Normas de Inmigración del Reino Unido (United Kingdom Home Office, 2021).

Los nacionales de los 27 estados miembros de la UE, del EEE —es decir, Noruega, Islandia y Liechtenstein— y de Suiza que ya estuvieran en el Reino Unido el 31 de diciembre de 2020 o antes de esa fecha pueden solicitar el «estatuto de preasentado» —pre-settled status— o el «estatuto de asentado» —settled status—. Esta solicitud debía realizarse, de manera gratuita, antes del 30 de junio de 2021. Este estatus otorga el derecho a permanecer en el Reino Unido, trabajar, estudiar, utilizar el Servicio Nacional de Salud (National Health Service [NHS]), solicitar prestaciones (incluida la pensión estatal) y alquilar una vivienda.

Pueden obtener el estatus de preasentados aquellos nacionales de la UE, del EEE y de Suiza que hayan vivido en el Reino Unido durante menos de cinco años. Para ello, deben haber entrado en este país en cualquier momento antes del 31 de diciembre de 2020, y haber vivido en él durante al menos un día en los seis meses anteriores a su solicitud (United Kingdom Government, 2021f). El estatuto de preasentado otorga a una persona el derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido durante un máximo de cinco años. Las personas con este estatuto pueden pasar hasta dos años fuera del Reino Unido sin perderlo. A 28 de febrero de 2021, habían obtenido este permiso 2.099.200 solicitantes (United Kingdom Government, 2021g).

Pueden obtener el estatuto de asentado los ciudadanos de la UE que hayan vivido en el Reino Unido durante cinco años seguidos y puedan demostrar que han pasado al menos 6 meses de cada uno de esos años viviendo en el país. Los cinco años consecutivos de residencia pueden ser históricos, siempre y cuando no hayan estado fuera del territorio durante más de cinco años desde el final del periodo de cinco años que se considera apto. El estatus de asentado otorga a la persona todos los derechos del estatus de preasentado, pero además le permite vivir y trabajar en el Reino Unido indefinidamente; traer a ciertos familiares a vivir si la relación familiar comenzó antes del 31 de diciembre de 2020 (United Kingdom Government, 2021h),_¹³ y vivir fuera del país hasta cinco años seguidos sin perder la residencia. Las personas que se han jubilado anticipadamente, que han dejado de trabajar de forma permanente por accidente o enfermedad, o que han dejado de trabajar al alcanzar la edad de la pensión estatal, también pueden solicitar el estatuto de asentado, aunque lleven menos de cinco años en el país. A 28 de febrero de 2021, lo habían obtenido 2.553.900 personas (United Kingdom Government, 2021g).

Por su parte, los nacionales de la UE, el EEE y Suiza llegados al Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021 tendrán que cumplir las normas de inmigración normales aplicables a cualquier otro nacional de un tercer estado. Podrán entrar al país sin necesidad de visado y permanecer durante un máximo de seis meses, pero sin derecho a trabajar (United Kingdom Government, 2020b). Aquellos que deseen hacerlo tendrán que obtener, por lo general, un visado de trabajador cualificado para el que tendrán que contar con una oferta de trabajo de un empleador patrocinador autorizado (United Kingdom Government, 2020c). Los que tengan una Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) válida podrán recibir los tratamientos necesarios durante su estancia en el Reino Unido; sin embargo, a los que no tengan una TSE se les cobrará el tratamiento al 150% de la tarifa nacional del servicio nacional de salud (United Kingdom Government, 2020d). Quienes deseen estudiar también necesitarán un visado y, para los cursos que comiencen a partir del 1 de agosto de 2021, los ciudadanos de la UE deberán pagar las tasas internacionales y no podrán obtener préstamos gubernamentales para sus estudios (United Kingdom Government, 2020e).

Por último, los nacionales de la UE, del EEE y de Suiza que anteriormente vivían entre el Reino Unido y otro estado, solo tienen la opción de solicitar el estatuto de preasentado o de asentado al que nos hemos referido anteriormente. Se puede presentar una solicitud desde fuera del Reino Unido siempre que el solicitante cumpla el requisito de haber residido un día en el Reino Unido antes de la fecha límite del 31 de diciembre de 2020 y dentro de los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud (Citizens Advice Bureau, 2020). Así, por ejemplo, un ciudadano de la UE que haya regresado a su país de origen, por ejemplo, España, pero que haya estado en el Reino Unido durante al menos un día, podría solicitar el estatuto de preasentado desde España, o el de asentado en caso de cumplir los requisitos. Quienes no cumplan los criterios, hayan o no trabajado y vivido previamente en el Reino Unido, no podrán solicitar el estatuto de preasentado o asentado, por lo que deberán obtener un visado en igualdad de condiciones que cualquier otro nacional de un tercer país. 

c) Propuesta de acuerdo

Tras el Brexit, españoles y británicos han visto recortados sus derechos respecto a la estancia y el trabajo en el territorio del otro. La adopción de un acuerdo bilateral podría mantener el statu quo anterior al Brexit y permitir así a los nacionales de cada estado trasladarse al territorio del otro para residir, trabajar o estudiar. La flexibilidad que ofrece un acuerdo bilateral permitiría a ambos estados, por ejemplo, reconocer el elevado número de jubilados británicos que se encuentran en España, eliminando el requisito de que los nacionales británicos tengan que invertir la cantidad de medio millón de euros para obtener derechos de residencia. Del mismo modo, el Reino Unido podría reconocer el importante número de ciudadanos españoles, especialmente jóvenes, que se trasladan al Reino Unido para trabajar, eliminando el requisito de patrocinio laboral y el umbral salarial general.

Un acuerdo entre ambos estados debería, como mínimo, incluir el derecho de entrada, residencia y trabajo en igualdad de condiciones con los nacionales. En línea con lo dispuesto por el derecho europeo, ambos países podrían establecer catálogos de profesiones en las que solo pudiesen trabajar los nacionales o en las que los mismos tuviesen preferencia. Se podrían también incluir determinados requisitos adicionales, tales como un seguro médico, para aquellos que quisieran asentarse sin realizar actividad económica alguna. Los estudiantes deberían poder tener el mismo trato que los nacionales en cada estado. También tendría que incluirse la regulación de la reunificación familiar que, sobre todo en el caso británico, se ha vuelto mucho más compleja tras el Brexit. Por último, los derechos políticos ya están asegurados entre los dos países. De hecho, España y el Reino Unido firmaron en 2019 un acuerdo recíproco para garantizar el derecho de voto activo y pasivo en las elecciones locales. El Gobierno del Reino Unido ha destacado la importancia de este acuerdo como un paso positivo en su relación bilateral con España; asimismo, se han celebrado acuerdos similares de voto recíproco con Portugal (United Kingdom Parliament, 2019), Luxemburgo (ibidem) y Polonia (United Kingdom Parliament, 2020).

V - Conclusiones

La salida del Reino Unido de la UE ha generado una enorme pérdida de derechos para millones de ciudadanos europeos y británicos. Si bien podría ser deseable alcanzar un acuerdo sobre libre movilidad entre el conjunto de los estados miembros de la Unión y el Reino Unido, dicha opción parece poco realista, al menos en la coyuntura actual. 

Una opción alternativa, y que ha sido usada de manera habitual a nivel internacional, sería la adopción de tratados bilaterales sobre libre movilidad de personas. El presente trabajo demuestra que dichos acuerdos tienen orígenes diversos, así como elementos distintos dependiendo de los intereses de los países firmantes. Dichos acuerdos no son solo comunes a nivel global, sino que también son perfectamente compatibles con el derecho europeo de inmigración. 

El primer acuerdo que podría ser ratificado sería entre Reino Unido y España. Esto tendría en cuenta el importante flujo migratorio entre ambos países, siendo el Reino Unido el principal destino de los emigrantes españoles en el siglo xxi, y España el cuarto, a nivel mundial, de los emigrantes británicos. Dicho acuerdo podría contener cláusulas similares a las ya existentes en los diferentes tratados que han sido analizados o adoptar elementos novedosos. La firma de un acuerdo sobre derechos políticos en 2019 demuestra la voluntad de ambos países de mantener algunos de los derechos que sus ciudadanos poseían antes del Brexit. Desde el punto de vista jurídico, no existe ningún impedimento para avanzar en esta dirección. Queda por ver si se genera la voluntad política necesaria para regular las migraciones, en ambas direcciones, de manera que los intereses y derechos del individuo que se desplaza sean prioritarios, y que posición adoptarían tanto el resto de estados de la UE que no firmasen un acuerdo bilateral de dichas características, como las instituciones de la propia UE.

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Notas: 

1-  Esto excluye a los nacionales de la República de Irlanda, los cuales se benefician del Área Común de Viaje.

2-  Del mismo modo, el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a no deportar a los ciudadanos irlandeses a menos que la deportación sea necesaria por razones de «interés público» (Baroness Williams of Trafford, 2019). 

3- Convention Franco-Monegasque de Voisinage, París, 18 de mayo de 1963; Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra la Repubblica di San Marino e il Regno d’Italia, Roma, 31 de marzo de 1939.

4- Los artículos 7 y 8 de ambos convenios se refieren a los derechos laborales, mientras que el artículo 9 se centra en el derecho a la reagrupación familiar. Los miembros de la familia que pueden ser reagrupados son el cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o dependientes, y los ascendientes a cargo, si se acreditan los medios suficientes y la cobertura social. Los estudiantes solo pueden reagrupar a su cónyuge o descendientes.

5- En ellas se evalúa el riesgo de una persona para la seguridad pública, el orden público y el interés público de Nueva Zelanda; la probabilidad de que una persona cometa un delito que dé lugar a una condena de prisión, y las deportaciones, exclusiones o expulsiones anteriores. Ver: (New Zealand Immigration, 2021).

6- La política de deportación de Australia ha sido criticada por ser injusta y tener un impacto discriminatorio; una solicitud de información del New York Times destacó que, entre enero de 2015 y abril de 2018, al menos el 60% de los deportados a Nueva Zelanda eran de ascendencia maorí o de las islas del Pacífico. Ver: (The New York Times, 2018).

7- Bolivia está en proceso de adhesión y Venezuela está actualmente suspendida en su condición de estado parte del MERCOSUR. El resto de los países de América del Sur son estados asociados.

8- La Declaración de Foz de Iguazú fue un acuerdo de integración firmado el 30 de noviembre de 1985 en el que los presidentes de Argentina y Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, sentarían las bases para el nacimiento, seis años después, del Mercosur (Parlamento del Mercosur, 2016). 

9- La legislación de la UE en este ámbito permite la coexistencia con acuerdos bilaterales con cláusulas más favorables. Ver, por ejemplo: artículo 4, Directiva 2014/66, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales; artículo 13, Directiva 2011/98, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un estado miembro; artículo 4, Directiva 2016/801, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair; o artículo 4,  Directiva 2009/50/CE, sobre la tarjeta azul, que regula las condiciones de entrada y residencia de los nacionales de terceros países altamente cualificados.

10- El Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión es un documento que se entrega a los ciudadanos de la UE que quieran residir o permanecer en España —o en cualquier otro país de la UE o del EEE— más de tres meses. También se denomina «tarjeta verde» y debe exigirse en el Registro Central de Extranjeros español. Garantiza el derecho a vivir en el país. Ver: (Your Europe, 2021) 

11- El Acuerdo de Retirada reconoce el derecho a residir en el país de acogida, es decir, España. Sin embargo, si el ciudadano británico o un miembro de su familia que reside en España desea trasladarse a otro país de la UE dentro del espacio Schengen, se aplica la norma de estancia inferior a 90 días en un período de 180. Para estancias superiores a tres meses, se aplicará la legislación migratoria de cada país.

12- Sin embargo, el Migration Observatory de la Universidad de Oxford sugiere que el número de solicitudes al Programa de Asentamiento de la UE pone en duda la exactitud de esta estimación, ya que se han presentado más de 5,18 millones de solicitudes y 4,81 millones ya han sido otorgadas a 28 de febrero de 2021. Ver: (The Migration Observatory at the University of Oxford, 2020; United Kingdom Government, 2021g).

13- Según el Apéndice de Normas de Inmigración de la UE, los miembros de la familia elegibles son: el cónyuge o la pareja de hecho (si han convivido en una relación similar a la del matrimonio o la pareja de hecho durante al menos dos años), el hijo o el nieto menor de 21 años, el hijo o el nieto a cargo de cualquier edad, y el padre o el abuelo a cargo, siempre que se demuestre que la relación familiar comenzó antes del 31 de diciembre de 2020. 

Palabras clave: Brexit, Reino Unido, Unión Europea, España, migración, movilidad, bilateralismo

DOI:  https://doi.org/10.24241/docCIDOB.2021.12 

E-ISSN: 2339-9570

D.L.: B 11.000-2014