Las élites en Honduras no tienen propuestas, sólo miedo

A un año del derrocamiento del ex presidente hondureño Manuel Zelaya, la institucionalidad del Estado continúa resentida y la convivencia social padece los embates de la división política expresada en violencia cotidiana. Aunque los focos de la prensa internacional ya no apuntan a Tegucigalpa, la conflictividad es latente y los actores políticos reinterpretan y ensayan cada día nuevas alternativas para garantizar la gobernabilidad del país centroamericano. Las raíces y perspectivas de la crisis hondureña ocuparon la reflexión del jurista y politólogo Ernesto Paz Aguilar, durante la conferencia “Honduras, un año después”, que se celebró en las instalaciones del CIDOB el 15 de diciembre 2010. El ponente advirtió que el modelo político de gestión pública se ha agotado. “Las élites no tienen propuestas, sólo miedo”, afirmó. Ex ministro de Relaciones Exteriores de Honduras (1994-1995) y antiguo asesor de política energética de Zelaya, Paz Aguilar abundó en las consecuencias que el golpe de Estado de junio 2009 acarreó para los poderes públicos. 

Una polarización creciente; la emergencia de nuevos actores políticos; el aumento de la desconfianza ciudadana en las instituciones; la remilitarización del Estado; el retroceso en materia de derechos humanos; y la bancarrota económica y fiscal encabezan la lista de problemáticas activadas por la salida abrupta de Zelaya. “Honduras vive hoy una profunda división, que si bien tiene raíces fundamentales en las desigualdades sociales, ahora se expresa en el terreno político. La institucionalidad formal está profundamente resquebrajada y aunque el gobierno de Porfirio Lobo ha optado por mantenerse en el centro, es hostigado por los extremos del espectro político, por un sector de su propio partido, por el estamento militar y la clase empresarial”, explicó. El especialista en Derecho Internacional analizó tanto las causas inmediatas de la crisis de ingobernabilidad de 2009, como lo que considera que son las raíces estructurales de la caída de Zelaya. 

En primer lugar, aseguró que se cometieron algunos errores en la ejecución de la Consulta Ciudadana, organizada con base a la Ley de Participación Ciudadana, que fue sancionada en 2006 para promover que la ciudadanía convocara consultas populares. “Este proceso no se condujo correctamente porque se delegó su gestión a los ministros en lugar de dejárselo a la población, y además se involucró a los militares como garantes de la consulta”.

En segundo lugar, Paz Aguilar atribuyó a las costumbres autoritarias heredadas de las dictaduras el fracaso del proceso de reforma política-electoral iniciado en el 2001, con la aprobación de una nueva ley electoral pactada por los partidos políticos, y que pretendía mejorar el funcionamiento de la democracia electoral en Honduras. “Las reformas entraron en un mar de contradicciones e incoherencias.

El Parlamento modificó de manera precipitada e irresponsable varios artículos de la Constitución que eran irreformables (pétreos) y luego revirtieron esos cambios. Para 2009, la crisis había alcanzado su punto más alto y se volvió insostenible”.Reconoció que el presidente venezolano, Hugo Chávez, actuó como un catalizador que atizó la conflictividad dentro de Honduras, y apuntó que el retroceso en la consolidación del poder civil sobre el militar es responsabilidad del poder político civil. “Honduras reclama el debate sobre cuál debe ser el rol de los militares en una democracia y en la gestión del Estado, pero hace falta voluntad política para enfrentar ese desafío. Además, mientras Honduras no cuente con expertos civiles en temas de seguridad y defensa será muy difícil reemplazar a los militares en esas áreas”.Apuntó que la institucionalidad democrática en Honduras sólo será viable cuando se resuelva el dilema entre inclusión política y exclusión social, es decir, que todos no sólo tenga derecho a votar sino también acceso efectivo a oportunidades de crecimiento y bienestar. “Superar la crisis estructural de las instituciones estatales implica suscribir un nuevo pacto social”, concluyó.

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