Las mujeres de las derechas latinoamericanas del siglo XXI

Data de publicació:
12/2020
Autor:
Verónica Giordano, investigadora, Universidad de Buenos Aires y Gina Paola Rodríguez, investigadora, Universidad Nacional de La Pampa
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Fecha de recepción: 07.04.20

Fecha de aceptación: 14.09.20 

Verónica Giordano, Investigadora, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos Aires y CONICET, Argentina. veronicaxgiordano@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7299-6984

Gina Paola Rodríguez, Investigadora, Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. paolitarodriguez@yahoo.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1702-3386 

Cómo citar este artículo: Giordano, Verónica y Rodríguez, Gina Paola. «Las mujeres de las derechas latinoamericanas del siglo xxi». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 215-237. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.215 

Resumen: En América Latina, las primeras dos décadas del siglo xxi han sido un momento de crecimiento del liderazgo político de las mujeres. No obstante, ello no se ha visto reflejado en las investigaciones científicas recientes a nivel regional, que son relativamente escasas, ni aún menos en aquellas enfocadas en los partidos y movimientos de derecha. Basándose en la revisión de fuentes periodísticas y discursos de mujeres referentes de las derechas en la actualidad, este artículo busca llenar esta vacancia interrogándose sobre la trayectoria de estas mujeres y las visiones de género desplegadas en sus discursos y agendas políticas. Para ello, estudia un conjunto de mujeres de derechas latinoamericanas vinculadas o aspirantes a los más altos cargos del Poder Ejecutivo: Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fornet (Chile).

Palabras clave: América Latina, mujeres, derechas, perspectiva de género, política 

Introducción: contexto y metodología

El año 1989 marcó el inicio de la implementación de las políticas inscriptas en el Consenso de Washington en América Latina. En este contexto de aplicación del neoliberalismo, las derechas optaron por competir en elecciones apelando a la democracia en términos instrumentales (Hinkelammert, 1988), hasta la actualidad. Recientemente, estas fuerzas ganaron elecciones en Argentina con Mauricio Macri (2015-2019), en Perú con Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en Colombia con Iván Duque (2018), en Brasil con Jair Bolsonaro (2019) y en Uruguay con Luis Alberto Lacalle Pou (con mandato desde 2020). En paralelo, las dos primeras décadas del siglo xxi han sido en la región un momento de crecimiento del liderazgo político de las mujeres en todo el arco ideológico. El telón de fondo de esta mayor presencia femenina se vincula con una serie de reformas constitucionales y/o legislativas que han buscado superar las rémoras autoritarias y excluyentes de las décadas anteriores. En este sentido, en 17 países tuvieron lugar al menos 37 procesos de reforma legislativa, según sostienen Freidenberg y Lajas García (2017). Este proceso de democratización, que no es completo ni homogéneo en todos los países, está hoy en plena ebullición al generar debates profundos acerca del rol de las mujeres en la sociedad, de los derechos que las asisten y de la responsabilidad de los estados en el desmonte de todas las formas de opresión y discriminación por razón de género.

Si ponemos el foco en las presidencias del Poder Ejecutivo, vemos que hubo cinco países con mujeres en ese cargo: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Panamá. Este número se incrementa cuando, además de considerar aquellas mujeres que han vencido en las urnas, incluimos a las que han presentado candidaturas. Así, en el período 1989-2019, hubo países con más de 10 candidaturas femeninas (Argentina y Guatemala), entre 9 y 5 (Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador y México) y menos de 4 (Panamá, Nicaragua, Honduras, Uruguay, Paraguay, Bolivia y El Salvador). En esta misma línea, y como ya se ha analizado (Giordano, 2013), en 2010 la región tenía un promedio de representación parlamentaria de mujeres del 23%1. Al respecto, conviene enfatizar que, comparativamente, la presencia de mujeres en los espacios deliberativos (parlamentos, asambleas, consejos, etc.) es mucho mayor que en puestos de carácter ejecutivo que, hasta la fecha, continúan siendo un terreno casi exclusivo de los varones (IPU, 2020).

Este artículo se ocupa, en concreto, de estudiar el rol de las mujeres en las fuerzas políticas de las derechas, así como su participación en la contienda electoral por ocupar los máximos cargos ejecutivos. En trabajos anteriores (Giordano, 2020), se ha analizado el mapa de las derechas latinoamericanas del período neoliberal y se ha propuesto un criterio de clasificación referente a la vía de acceso al poder del Estado, es decir, por la vía golpista o electoral. En todos los casos de liderazgos de mujeres aquí analizados, se trata de liderazgos insertos en la competencia por el poder por la vía partidaria y electoral2.

Si bien las investigaciones dedicadas al liderazgo político femenino en América Latina se han incrementado (Fernández Poncella, 2008; Fernández Ramil y Oliva Espinosa, 2012; Fernández Matos, 2017; Freidenberg et al., 2018; Seisdedos y Grande, 2015), aquellas enfocadas en las mujeres pertenecientes a partidos y movimientos de derecha son aún muy escasas. Además, buena parte de los estudios se han ocupado de la cuantificación de la participación femenina en la política partidaria (IPU, 2020; CEPAL, 2011), el impacto de los sistemas de cuotas (Schwindt-Bayer, 2009; Archenti y Tula, 2007) o la representación en los sistemas subnacionales (Caminotti y Freidenberg, 2016; PNUD, 2013), pero poco se ha dicho acerca de los discursos e ideologías defendidos por las mujeres que alcanzan las más altas posiciones de liderazgo. En este sentido, este trabajo aspira a contribuir a llenar esta vacancia, asumiendo que, por una parte, no basta con ocupar estas posiciones para lograr cambios significativos en favor de las mujeres y, por la otra, que es necesario conocer qué y cómo hacen política las mujeres de la derecha. Así, nos ocupamos, en particular, de sus trayectorias, discursos y líneas de acción para observar en qué medida son subsidiarias de las visiones de género de los partidos que integran y representan.

Desde el punto de vista metodológico, la investigación es de carácter cualitativo, con un alcance crítico-hermenéutico. El objetivo es reconstruir y analizar las visiones y agendas políticas en materia de género de un conjunto de mujeres de derechas que han ocupado los más altos cargos del Poder Ejecutivo en seis países de América Latina, a partir del estudio de sus discursos vertidos en intervenciones públicas y en entrevistas en medios de comunicación. Para ello, se ha empleado el método de análisis temático del software Atlas Ti, buscando códigos y patrones en más de 50 documentos con base en la coincidencia entre los nombres de las mujeres en estudio y seis descriptores: mujer, género, aborto, matrimonio igualitario, familia y feminismo. En el caso de las fuentes periodísticas, se ha buscado que estas pertenezcan a medios de comunicación de todo el espectro ideológico, entendiendo que, leídas con sentido crítico, ofrecen un registro flexible de la historia que permite rastrear las diferentes ideologías y complementar los documentos oficiales (Hernández Ramos, 2017; Yanes, 1995).

En cuanto a la estructura, el artículo se compone de tres partes. En primer lugar, se analiza la trayectoria profesional y política de seis mujeres derechistas vinculadas o aspirantes a los más altos cargos del Poder Ejecutivo: dos presidentas en el siglo xxi, Mireya Moscoso (Panamá) y Laura Chinchilla (Costa Rica); dos vicepresidentas, Gabriela Michetti (Argentina) y Marta Lucía Ramírez (Colombia), y dos candidatas que encabezaron las listas por el segundo partido con mayor votación, Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fornet (Chile). En segundo lugar, se estudian las visiones de género en relación con tópicos como el feminismo, el aborto, la familia y los derechos de las disidencias sexo-genéricas, entre otros. Por último, en tercer lugar, se concluye con una visión de conjunto y de los principales hallazgos. 

Trayectorias de las mujeres de derechas

La trayectoria profesional y política de las derechistas latinoamericanas es, en general, extensa y nutrida, al combinar la gestión en diversos cargos del Poder Ejecutivo con la labor parlamentaria y, en algunos casos, el desempeño en el sector privado y en organismos internacionales. Este recorrido puede explicarse, en parte, por una condición inicial de privilegio asociada a sus redes de parentesco y clase, pero también cabe interrogarse acerca de cuáles han sido las credenciales que validaron su acceso a posiciones de poder. Asimismo, es posible observar sus vínculos con movimientos religiosos, especialmente en tiempos electorales, lo que da cuenta de la influencia creciente de los grupos católicos y evangélicos y su agenda provida en la región.

Mireya Moscoso tenía 53 años cuando accedió al cargo de presidenta de Panamá (1999-2004) por el Partido Arnulfista. Se había acercado a la política a partir de su cargo como secretaria en la Dirección General de la Caja de Seguro Social. En 1964 participó de la campaña de Arnulfo Arias, líder conservador y nacionalista que había ejercido la Presidencia en dos oportunidades previamente. Entre 1966 y 1968, Moscoso se desempeñó como gerente de ventas en una de las empresas del líder político. Arias no resultó electo en 1964 y se presentó nuevamente en 1968, y aunque resultó vencedor fue inmediatamente derrocado por el movimiento liderado por Omar Torrijos. Con más de 40 años de diferencia de edad, Arias y Moscoso contrajeron matrimonio en el exilio ese mismo año. En 1988, el político falleció y el Partido Panameñista que lideraba quedó desmembrado. Moscoso asumió la tarea de coordinadora de inscripción del partido, el cual fue rebautizado como Partido Arnulfista en 1990. Entre 1991 y 1996 fue su presidenta y representante legal, y con él fue candidata en las elecciones de 1994, que perdió por escaso margen, y de 1999, cuando finalmente accedió a la Presidencia. En cuanto a su educación formal, tenía un título de Decoradora de Interiores de una universidad de Miami (1974). En este caso, pesó mucho la trayectoria que se forjó junto a su esposo.

Laura Chinchilla, por su parte, fue la presidenta de Costa Rica entre 2010 y 2014 por el Partido Liberación Nacional. Como en el caso anterior, fue la primera mujer de su país elegida para este cargo desde que se aprobó el voto femenino en 1949. Resultó ganadora por un 47% de los votos contra el 24% del candidato de centro-izquierda. Fue investida presidenta a los 50 años, tras una larga carrera burocrática. Entre sus credenciales, Chinchilla cuenta con un título de grado de Ciencia Política en la Universidad de Costa Rica y un diploma de Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Dentro de su trayectoria se incluyen los cargos de vicepresidenta en el Gobierno del liberal Oscar Arias (2006-2008), diputada de la Asamblea Legislativa (2002-2006), ministra de Seguridad Pública (marzo-abril de 2008 y 1996-1998) y viceministra de Seguridad Pública (1994-1996).

Además de esta prominente carrera en la gestión y la administración pública, esta política ha tenido un vínculo sólido con organismos internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en calidad de consultora y funcionaria. A esta extensa red de cargos y relaciones con las instituciones hegemónicas hemisféricas, vale sumar su membresía en organizaciones de la sociedad civil ocupadas de expandir el ideario liberal, como el Club de Madrid y la Fundación Euroamérica, ambas con sede en la capital española. En el ámbito americano, Chinchilla se desempeña como presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis de políticas públicas, compuesto por exfuncionarios del Departamento de Estado norteamericano, la Casa Blanca y 121 personalidades de la derecha política del continente. La red de Chinchilla se completa con sus contactos en el mundo religioso, una relación que se hizo explícita en tiempos de su campaña presidencial, comprometida con los «valores de la familia y la vida». Más cercana a la Iglesia católica por su profesión de fe, se opuso a eliminar la palabra «Dios» de la Constitución costarricense e intentó captar el voto cristiano y evangélico sumándose a las consignas de los grupos «provida» (De Cárdenas, 2010).  

En Argentina, Gabriela Michetti fue vicepresidenta del país bajo el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Su trayectoria política empezó en 2001, y enseguida asumió el cargo de legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2007) por el partido Compromiso para el Cambio –que encabezaba Macri–, con el que ha hecho toda su carrera política. Ocupó los cargos de vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2009), diputada nacional (2009-2013) y senadora (2013-2015). En cuanto a su formación, en 1988 obtuvo el título de Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Su vínculo con la Iglesia católica databa de mucho antes. En su pueblo natal (Laprida, provincia de Buenos Aires), fue catequista, dirigente Scout y coordinadora de la Diócesis de Azul. También tuvo un brevísimo lapso en el que indagó su vocación de monja. Vinculada por línea materna con la familia política nacional (es sobrina nieta del presidente Arturo Illia, 1963-1966), no parece haber sido esta la variable más determinante de su opción por la carrera político-partidaria, en todo caso, pesó todo el conjunto de la trama familiar, cultural y social (Ventura, 2007). Tras graduarse en 1989, ingresó a la esfera del Estado como agente de gobierno, a partir de los vínculos de la universidad donde había estudiado con el Cuerpo de Administradores del Estado y, más tarde, como funcionaria del Ministerio de Economía. Realizó un curso de especialización en Solución de Diferencias en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra (2000) y una carrera de Especialización en Gestión Universitaria en la Universidad de Ottawa (2001).

Michetti accedió a la candidatura a la Vicepresidencia luego de haber perdido la interna partidaria para la Jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires frente a Horacio Rodríguez Larreta (actualmente en su segundo mandato en ese cargo). No fue aquella la primera vez que había quedado rezagada. Durante los últimos dos años de gobierno de Macri, Michetti fue desplazada del primer plano de la Casa de Gobierno por el Jefe de Gabinete Marcos Peña y, en la carrera electoral de 2019, por otro peso pesado de la política tradicional, Miguel Ángel Pichetto. En retrospectiva, el acceso de Michetti a la Vicepresidencia parece haber sido mucho más el resultado de una jugada política a manos de una fuerza de gesto patriarcal que de un paso de autonomía de la candidata en el tablero electoral. El corolario de los cuatro años de gestión, que de algún modo ilustra este desplazamiento y subordinación, puede apreciarse en el acto en el que Macri reconoció la derrota electoral en octubre de 2019. Para moverse libremente en el espacio, Macri apoyó el micrófono en el regazo de Michetti (que se desplaza en silla de ruedas), una escena rápidamente viralizada en las redes en las que se acusaba al presidente saliente de utilizar a la vice de «mesita».

Respecto a Marta Lucía Ramírez, esta es la actual vicepresidenta de Colombia (2018-2022), posición que alcanzó luego de perder en 2017 la interna de precandidatos del Partido Centro Democrático frente al actual presidente Iván Duque. Los orígenes partidarios de Ramírez, de 54 años, se hallan en el tradicional Partido Conservador que, a comienzos de los 2000, había sumado su apoyo a Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de la nación y líder histórico de la ultraderecha colombiana. Educada desde muy joven en el colegio benedictino, la política ha hecho explícita su relación con el mundo religioso. Sin embargo, no ha logrado capitalizar este vínculo en sus campañas a la Presidencia. Se formó como abogada en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y tiene tres posgrados en la Universidad de Harvard. Ha desarrollado una carrera en el campo del comercio y las finanzas internacionales, alternando el trabajo en el sector privado con la gestión pública. En su paso por el Estado, condujo el Instituto de Comercio Exterior (INCOMEX; en 1991-1992) y los ministerios de Comercio Exterior (1998-2002) y Defensa (2002-2003). También fue senadora por el Partido de la Unidad Nacional (2006-2009). En el sector privado, Ramírez se desempeñó como presidenta ejecutiva de Invercolsa (1997-1998) y gerente general de su propia consultora Ramírez & Orozco International Strategy Consultants (hasta 1998). Recientemente, se han hecho públicos sus vínculos estrechos con el sector financiero y en particular con el grupo AVAL presidido por Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los banqueros y constructores más ricos del país (Pulzo, 2019). En estos momentos se encuentra envuelta en un escándalo de corrupción por su supuesta intervención en negociaciones a favor del grupo AVAL y la empresa brasileña Odebrecht en el contrato de construcción de la ruta del sol (Semana, 2019), además de por los comprobados vínculos de su hermano y esposo con el narcotráfico.

En Perú, Keiko Fujimori es la lideresa del partido Fuerza Popular, por lo que ocupa un lugar central en la política peruana, aun cuando se encuentra en prisión por cargos de lavado de activos de la empresa Odebrecht en sus campañas presidenciales. Desde sus tiempos como primera dama (entre 1994 y 2000, en reemplazo de su madre, apartada de esta posición luego de un conflictivo y violento divorcio de Alberto Fujimori), Keiko ha dedicado sus esfuerzos a la vindicación heroica de la figura del exmandatario y a la articulación de una nueva generación del fujimorismo. Sus estudios en el exterior incluyen un grado en Administración de Negocios de la Universidad de Boston y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Columbia. Con el único antecedente político como congresista de la nación (2006-2011), Fujimori fue candidata a la Presidencia en las elecciones generales de 2011 y de 2016. En estas últimas quedó en segundo lugar por un estrecho margen frente al neoliberal Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio (PPK).

El perfil liberal-tecnocrático de mujeres como Chinchilla, Michetti y Ramírez contrasta con la figura de Keiko Fujimori, cuyo discurso populista y antielitista se dirige a las mujeres de clase obrera, cabezas de familia y víctimas de múltiples discriminaciones; en este sentido, se acerca más al tipo de liderazgo ejercido por Moscoso de estilo populista. En otros trabajos (Rodríguez, 2019) ya hemos distinguido diversos estilos políticos dentro del campo de las derechas: populista autoritario, liberal-tecnocrático y conservador, siendo Keiko Fujimori ejemplo de la primera categoría. En sus intervenciones públicas, la fujimorista apela al legítimo resentimiento de los sectores populares y trata de devolverles una imagen de dignidad tan atractiva y potente como ficticia. Para ello, acude a una receta ensayada por Fernando De Soto en los años noventa, consistente en la homologación de la economía informal con el gran empresariado nacional y transnacional bajo la figura del emprendedurismo.

En el Plan de Gobierno para las elecciones de 2016, Keiko buscó interpelar a los sectores campesinos e informales que no encontraban espacio para desarrollar sus proyectos (Fuerza Popular, 2014). Se trataba de una fórmula que perseguía un imposible equilibrio entre dos sectores tan distantes como incompatibles, pero que fue útil para reforzar el nexo de Keiko con las provincias a través de nuevos empresarios que representaban el ascenso económico de sectores antiguamente rezagados y veían en Fuerza Popular la oportunidad de ingresar en la arena política. Estos fueron grandes aportantes de su campaña y aún se debate la legalidad de su actividad económica. También es conocida la vinculación de Keiko y algunos congresistas de Fuerza Popular con los grupos «provida» en defensa de la familia tradicional, como se ampliará más adelante. Al igual que su padre –quien encontró en el cardenal del Opus Dei, Juan José Cipriani, un aliado de peso para la lucha contrainsurgente–, Keiko ha acogido en su partido a católicos y pastores evangélicos ávidos de llevar a la política su lucha contra «la ideología de género», un neologismo usado internacionalmente para denegar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres y el reconocimiento pleno de la ciudadanía a las poblaciones LGTBIQ (Rodríguez, 2019).

Desde Chile, Evelyn Matthei Fornet es, desde 2016, alcaldesa de la comuna de Providencia, una de las más ricas del país. Es licenciada en economía por la Universidad Católica de Chile, y fue diputada nacional entre 1990 y 1998 y senadora entre 1998 y 2011. De 2011 a 2013, se desempeñó como ministra de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Sebastián Piñera y, ese último año, se presentó a las elecciones para la Presidencia en las que resultó perdedora frente a la candidatura de Michelle Bachelet. Matthei fue la primera mujer de la derecha política en ser candidata presidencial, siendo si embargo Michelle Bachelet la primera en ser electa para este cargo en Chile. En 2015, Matthei anunció su regreso a la vida política y se transformó en una dura opositora a Bachelet. Era miembro del directorio del think tank Fundación Avanza Chile, desde donde anunció que se presentaría como candidata a la Alcaldía de Providencia en las elecciones de 2016. Cabe destacar que es hija de un alto funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet e inició su actividad en el Estado bajo ese Gobierno de facto. En 1988, se unió a Renovación Nacional (RN), partido del cual se alejó tras conocerse su participación en el «Piñeragate». Matthei y Piñera habían sido figuras prominentes de la denominada «patrulla juvenil» y, en la elección de 1993, los dos fueron precandidatos presidenciales de RN. Sin embargo, ambas aspiraciones se vieron truncadas el 23 de agosto de 1992, cuando el empresario Ricardo Claro difundió en televisión una escucha telefónica entre Piñera y Pedro Pablo Díaz, en donde ambos discutían las formas de desacreditar públicamente a Matthei. Los dichos de Piñera fueron los siguientes: «Pero la gracia es que trate elegantemente de dejarla [a Matthei] como una cabrita chica, cierto, despistada, que está dando palos de ciego [opiniones o iniciativas al azar], sin ninguna solidez, me entendís tú ¿o no?». Pocos meses después, luego de severas presiones, Matthei confesó haber instigado para que se difundiera esa pieza de audio; enseguida, renunció tanto a su precandidatura presidencial como al partido. En 1999, se incorporó en las filas de la Unión Democrática Independiente (UDI).

Este lamentable episodio muestra la feroz competencia intrapartidaria y el peso de los estereotipos de género dentro de estas estructuras de fuerte corte patriarcal. Cabe notar que entre las trayectorias aquí estudiadas Matthei no es el único caso de subordinación y discriminación de género. En Colombia, Marta Lucía Ramírez debió aceptar ser fórmula vicepresidencial de Iván Duque, un hombre joven e inexperto, que nadie conocía al momento de anunciar su candidatura, pero que contaba con el activo más importante para ser presidente de Colombia: el aval de Álvaro Uribe Vélez. Esta no fue la primera vez que Ramírez tuvo que afrontar la subordinación a las estructuras patriarcales de la política. En los años noventa, tras haber planificado la transformación del Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) en el Ministerio de Comercio Exterior, vio cómo la ilusión de ser su primera ministra se desvanecía mientras el entonces presidente César Gaviria le daba la cartera a Juan Manuel Santos (que pavimentaba así la carrera que lo condujo a presidente de la República dos décadas después). Un amigo de confianza le diría en aquel momento que, «pese a su buena preparación, ella no era nadie políticamente hablando» (Muñoz, 2018). Desde entonces, Ramírez ha cedido varias veces sus propias pretensiones para ser quien está «detrás de» un varón y nunca como figura principal.

En Perú, Keiko Fujimori es una figura que ha crecido a la sombra de la figura de su padre y a partir de la persecución a su madre, Susana Higuchi. Desde el año 2000, el fujimorismo se recompuso, disputando elecciones a otras fuerzas del arco de derecha, y Keiko se convirtió en su figura líder, allende la enconada competencia con su hermano Kenji. Sin alejarse de los modos patriarcales de la política, el liderazgo de Keiko ha jugado un papel activo en la rehabilitación del modelo autoritario construido por su padre. No olvidemos que a la admiración profunda por su progenitor le antecedieron su ejercicio como primera dama, cuando su madre fue recluida y torturada por denunciar malos manejos del dinero donado por entidades privadas del Japón.

Tiende a pensarse que, por el hecho de no portar ideas que puedan ser consideradas una amenaza real para el statu quo, para las mujeres derechistas, en general, suele ser más fácil el acceso a cargos de poder. Sin embargo, como se ha podido ver, esto no ha sido necesariamente así. En efecto, las carreras políticas de las mujeres de derechas no han estado exentas de obstáculos y dificultades por su condición de género. A pesar de su formación académica y posición socioeconómica, en algunos casos, estas mujeres han debido ceder ante las aspiraciones políticas de los varones de sus espacios políticos. Tampoco puede generalizarse la idea de que las mujeres de las derechas (y las de otros polos ideológicos también) son simples fórmulas de continuidad de varones poderosos, como podría sugerir el caso de Moscoso en Panamá o incluso Keiko en Perú. Sin duda, existen casos de esposas e hijas de varones prominentes, pero entre el privilegio y la meritocracia hay matices y, sobre todo, agencia. 

Las visiones de género en los discursos y líneas de acción de las mujeres de las derechas

La movilización y organización de la sociedad en torno a clivajes de género es un fenómeno reciente. El conjunto de trayectorias analizadas más arriba se despliega en un tramo temporal de dos décadas en las cuales los cambios en este plano han sido vertiginosos. Así, la experiencia de Moscoso en el Poder Ejecutivo dista de las más recientes de Ramírez o Michetti en relación con los tópicos de las agendas de derechos y de género.

Mireya Moscoso no tuvo una agenda feminista durante su Gobierno; no obstante, desde el ámbito de la Dirección Nacional de la Mujer del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, adoptó medidas encaminadas a atender la violencia contra las mujeres tales como el «Plan Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar y Políticas de Convivencia Ciudadana» (2000); la creación de una Comisión Multisectorial para reducir la violencia intrafamiliar (Decreto Ejecutivo n.º 99 de 20 de Noviembre de 2000) y el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Panamá (PIOM ii, 2002-2006), que contemplaba entre sus áreas de trabajo la «Violencia Intrafamiliar y Conflictos Armados». En el año 2000, declaró el mes de marzo como «Mes de la Mujer» y dispuso la realización de actividades en el marco del día Internacional de la Mujer. Sin embargo, esta batería de leyes y protocolos con perspectiva de género, que parecen obedecer más bien a cierto ordenamiento a nivel internacional, contrasta con el decidido apoyo de Moscoso a la realización del concurso de belleza Miss Universo en 2002. En su recepción a las 71 candidatas dijo: «Gracias por venir a mi país (…) La celebración del concurso Miss Universo es una gran oportunidad para mostrar al mundo nuestras bellezas» (My Plainview, 2013). Asimismo, justificó el certamen como parte de la estrategia para atraer turismo al país. Y, si bien utilizó palabras que parecen ir en un sentido contrario a la afirmación de los estereotipos tradicionales, lo cierto es que el certamen se hizo siguiendo el canon tradicional. Recordemos los dichos de la presidenta: «(...) el certamen constituye mucho más que la simple elección de una mujer bonita, se trata de hacer coincidir en un solo sitio a las más dignas representantes de esa mujer moderna, que ha dejado de ser solo un modelo de hermosura y glamour para ser, además, profesional, dirigente y líder en cada sociedad» (La prensa, 2002). Para beneplácito de la presidenta, la panameña Justine Pasek se hizo de la corona y su participación fue reconocida con la Orden Manuel Amador Guerrero, máxima distinción de este país.

En tiempos más recientes, con algunas variantes, las mujeres de los partidos de derecha coinciden en su rechazo al término «feminismo», además de atacarlo como teoría política y como movimiento social. Dentro de sus argumentos, lo acusan de tratar a las mujeres como víctimas y de promover una guerra contra los hombres para –así distorsionado– presentarlo como otro de los supuestos engaños del progresismo a las mujeres. En esta línea de pensamiento se ubica la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, enfática al desmarcarse del feminismo: «La lucha no pasa ya por el feminismo rabioso de los setenta. Ya no se trata de esa plataforma feminista que veía en el hombre la causa de todos los males. Mi historia ha estado basada en el acompañamiento de grandes hombres. No podría encarnar yo una posición de esa naturaleza» (Murillo, 2008). Pero su descalificación del feminismo no fue obstáculo para que promoviera la inclusión de propuestas orientadas a las mujeres dentro de su campaña y gestión. En efecto, el segundo capítulo del Plan de gobierno 2010-2014 planteaba el Programa Nacional de Cuido, para niños, niñas y personas adultas mayores (Florez-Estrada, 2010), el cual consideraba especialmente a las mujeres jefas de hogar, buscando que estas, aliviadas en el cuidado de sus hijos, pudieran «trabajar fuera del hogar y ganar los ingresos que necesitan para sacar adelante a sus familias» (Chinchilla, 2010: 5). Con el objetivo de lograr la incorporación de las mujeres al mercado extradoméstico, esta medida concebía las tareas del hogar como un trabajo no remunerable. Con ello, el territorio doméstico se mantuvo invisibilizado y siguió sin subvertirse la relación de desigualdad y dependencia económica respecto de los varones (Federici, 2013). En los hechos, el impacto de la Red de Cuido fue mínimo, como ha analizado Sagot (2017), y las declaraciones de Chinchilla, como sus políticas, han sido ampliamente criticadas por mujeres dentro y fuera del feminismo, tanto por su falta de compromiso con los derechos de las mujeres, como por su carácter conservador (Ameco Press, 2010; Salas Murillo, 2010).

Otro dato que habla de la visión de género de Chinchilla es su postura en relación con el aborto y las disidencias sexo-genéricas. Su presentación oficial como candidata coincidió con la «Marcha de la vida y de la familia», en noviembre de 2009, apoyada por la Iglesia católica, en la que 50.000 personas marcharon contra la legalización del aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo. A lo largo de su campaña, Chinchilla expresó su compromiso con la agenda de los grupos conservadores: oposición al aborto y la anticoncepción de emergencia, al matrimonio gay y a eliminar la palabra «Dios» de la Constitución (La Nación, 2010).Una vez llegada a la Presidencia, no obstante, el compromiso de Chinchilla con la agenda «provida» evolucionó hacia una postura de apoyo al aborto bajo las causales de violación y riesgo para la salud de la madre.También asumió una posición intermedia en relación con la unión de las parejas homosexuales. Aunque sin equipararla a la figura del matrimonio heterosexual, que según ella «solo puede ser la unión de un hombre y una mujer», la presidenta se mostró partidaria de dotar de un marco jurídico a las parejas del mismo sexo; sin embargo, durante su Gobierno no avaló ninguna medida en este sentido (de Cárdenas, 2010).

En otros casos, las mujeres de las derechas pasan del rechazo explícito al uso táctico del discurso feminista. Este es el caso de Evelyn Matthei y Marta Lucía Ramírez, quienes dicen compartir la agenda feminista. En el primer caso, sin embargo, las medidas de su partido mantienen incólumes las estructuras de la opresión. En el discurso de la vicepresidenta de Colombia, la posición de igualdad frente a los hombres es presentada como producto del arrojo personal, desligándose de la deuda histórica con el movimiento de mujeres (Alegre Barrientos, 2018). Por su parte, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei se autoproclama feminista y ha hecho diversas intervenciones en pro de una agenda chilena para la equidad de género. Desde su perspectiva, «el feminismo no es de derecha o de izquierda, es cultural» (Radio Duna, 2018). En 2018 presentó al presidente Piñera una agenda para la equidad tendiente a mejorar la situación laboral de las mujeres. Según ella, el problema es que «el hombre no es corresponsable en los cuidados del hogar»; pese a ello, la medida correctiva que propuso fue la apertura de salas cuna que descargaran parcialmente a las mujeres del cuidado de los hijos. Se trata de una iniciativa similar a la de Laura Chinchilla en Costa Rica, que delega en otras mujeres las tareas de cuidado para que las mujeres que «salían a trabajar» redujeran su desventaja frente a los varones. Según el diagnóstico elaborado por la alcaldesa, «las mujeres no se atreven a salir de la casa por miedo al robo y por el cuidado de una persona (niño o adulto) enfermo» (Radio Duna, 2018). Así, el segundo tema estaría «parcialmente cubierto» con la medida de las salas cuna (si omitimos que las tareas de cuidado no solo se dirigen a personas enfermas). En cuanto al primero, este abre la puerta para una agenda de seguridad de carácter policivo. Obsérvese que el acento está puesto en la violencia padecida fuera del ámbito doméstico y con ocasión de robo. En este contexto, sorprende su apoyo a la ola feminista surgida en 2018 en la que miles de estudiantes se tomaron las universidades y colegios en denuncia del acoso y abuso sexual ocurrido en los planteles: «Las cosas pasan cuando algo las gatilla. Tal vez antes hubo muchos motivos, pero quizás no estaba madura la sensación de rabia (…) a veces es necesario un grito fuerte, de rabia y, quizás, también de extremismo para correr la valla. Si no, no se escucha» (Reyes, 2018).

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se autopercibe como feminista, aunque ha elaborado su visión de género a partir de un discurso autorreferencial en el que destaca los progresos y luchas individuales antes que la lucha del colectivo de mujeres. La meritocracia y el autoesfuerzo concretan su visión derechista del empoderamiento femenino: «En todas partes he encontrado machismo, pero he resuelto que esto no me frene. Logré cumplir con mis tareas a punta de trabajo, auténtica vocación de servicio y de transformación de este país, a pesar de las dificultades. Como ministra de Comercio Exterior no lo sentí mucho porque fui yo quien lo creó, además. Sentí mucho machismo como ministra de Defensa, porque así es el ambiente militar. No obstante, me llena de orgullo saber que di la pelea para lograr que hubiera mujeres generales. Logré que no sacaran a las coroneles del servicio, sino que siguieran concursando para el siguiente rango. Y estoy segura de que algún día veremos a una general al mando de una tropa» (Tamayo, 2019). Esta política describe al movimiento feminista «como un espacio de defensa de los derechos de las mujeres (…) cómo ser mujer y no defender nuestros derechos» (ibídem). Pero deja en evidencia su lectura ingenua, por no decir confusa, del movimiento: «Lo femenino debe aportar a la sociedad colombiana: sensibilidad, cuidado, empatía. Colombia necesita mucho más ese sello de lo femenino en el ejercicio del poder y en el manejo del Estado» (Alegre Barrientos, 2018). No solo confunde el feminismo con lo femenino, sino que cae en el esencialismo de género que le costó décadas superar a la teoría feminista imputando valores, actitudes y comportamientos «naturales» a las mujeres. En una línea similar, Ramírez entiende al hombre y la mujer como complementos necesarios: «Lo que jamás voy a hacer es ir en contra de los hombres. Necesitamos una sociedad en la que las mujeres y los hombres seamos iguales, en la que vayamos hombro a hombro, avanzando, progresando, luchando juntos» (Tamayo, 2019). Con ello, no solo difumina la desigualdad de género, sino que refuerza una imagen clásica del heteropatriarcado.

En el caso de Ramírez, el uso retórico del discurso feminista se evidencia también en su crítica acérrima a «la ideología de género» presente, según su opinión, en los Acuerdos de Paz de la Habana. La ideología de género es un discurso de circulación internacional que confunde la perspectiva de género con una ideología totalitaria que atenta contra nuestro «ser biológico natural». En el caso colombiano, fue empleada para restar legitimidad a las negociaciones y al acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el cual fue sometido a plebiscito en 2016 y dio como resultado el triunfo del «No». Esta postura defensiva devela que el feminismo de Ramírez se halla siempre subordinado al enfoque guerrerista de su partido que, con o sin ideología de género, se ha resistido históricamente a reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia y a implementar acciones reparadoras para las víctimas y sobrevivientes. Pero donde dejó más clara Ramírez su visión de género fue en la propuesta de crear un Ministerio de la Mujer y la Familia. Al mantener unidos ambos conceptos mostró que, en su comprensión, el sujeto pasible de políticas públicas son la familia tradicional y la mujer en cuanto madre. Aunque esta es una postura asumida por buena parte de la sociedad colombiana, apegada a los valores tradicionales y católicos, la propuesta de cambiar el Departamento de Prosperidad Social por el Ministerio de la Mujer y la Familia tenía un alcance mayor: reducir toda la política social a los cánones de la familia tradicional. Esta visión cis se plasma también en la oposición de Ramírez y su partido a la adopción igualitaria, anclada en la idea de que solo el matrimonio heterosexual puede garantizar los derechos de las infancias (Revista Fucsia, 2020).  

La defensa de la familia tradicional es una bandera igualmente ondeada por Keiko Fujimori desde sus tiempos como primera dama. En 1994, asumió la Presidencia de la Fundación por los Niños del Perú, fundada en 1985 por el Gobierno de Alan García y presidida por la esposa de este. Además, acudió a las reuniones de la Cumbre de primeras damas de las Américas en las que las visiones acerca del rol de las mujeres abonaban ese terreno de ideas. Más recientemente, en el marco de la campaña presidencial de 2016, Keiko se reunió con cientos de representantes de las iglesias evangélicas, ante los que afirmó que estaba «a favor de la familia conformada por hombres y mujeres y no entre personas del mismo sexo», por lo que rechazaba la unión civil, el matrimonio homosexual y la adopción de niños por parte de las personas homosexuales. Como ya hemos analizado en otro trabajo (Rodríguez, 2019), este alineamiento con la agenda de la fe le sumó sendos apoyos electorales por parte de sectores conservadores.

Las posturas en relación con el aborto de las mujeres de las derechas analizadas van de parcial a totalmente restrictivas. Con relación a este tema, hemos visto cómo la postura de Chinchilla transitó del prohibicionismo a la legalización en algunas causales. Por su parte, la colombiana Ramírez se ha declarado a favor solo en los casos límite contemplados por la ley de este país. Para ella «la vida es un derecho de una criatura. Lo que es un derecho de la mujer es tener acceso a una educación sexual, a la prevención, a una mamá que la forme y le indique de qué manera puede evitar embarazos no deseados» (Alegre Barrientos, 2018). Así, aunque habla de preservar los casos de aborto no punible establecidos por la Corte Constitucional (malformación del feto, peligro para la salud de la madre o embarazo producto de una violación), desde su perspectiva, las tácticas para frenar el embarazo adolescente son la familia, el hogar y el cuidado de los padres. También Keiko Fujimori en Perú se ha expresado a favor del aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. Pero en el caso de violación se declaró en contra y recomendó a las mujeres «que se queden con sus bebés porque el concebido no tiene la culpa de lo ocurrido» (DW, 2018). Esta mirada restrictiva de la libertad de elección por parte de las mujeres se replica en su afán por justificar los casos de esterilización forzada de cientos de mujeres quechuahablantes durante el Gobierno de su padre, como parte de la Política Nacional de Población. Curiosamente, en ocasión de implementar esta medida, el exmandatario invocó el discurso de los derechos de las mujeres y la declaración de Beijing para justificar la infertilización de las mujeres más pobres (Miró Quesada, 2019).

En la lucha por la legalización del aborto despunta el caso de Argentina. Durante el Gobierno de Macri este tema alcanzó un punto álgido, llegándose a debatir un proyecto de ley en el Senado tras conseguir la primera sanción en la cámara baja. El proyecto finalmente no prosperó, pero la experiencia puso en evidencia los matices respecto de este fenómeno en el arco de las derechas. En este caso, la vicepresidenta Michetti sostuvo una posición taxativamente contraria a la legalización. Durante su gestión promovió una agenda antiderechos y fundamentalista en términos religiosos. Así, ha expresado en varias comparecencias su rechazo a esta práctica bajo cualquier circunstancia (Perfil, 2018). Católica ferviente y cercana a la militancia «provida», Michetti también se opuso a la homoparentalidad. Con afirmaciones altamente polémicas, refirió a la adopción de parte de parejas del mismo sexo con argumentos irritantes, sosteniendo algo así como que ella solo daría en adopción a una pareja gay a un/a niño/a que esté en condiciones de extremo abandono y cuando no quedara mejor alternativa (La Nación, 2012).

En la posición ultracatólica y conservadora también se sitúa Evelyn Matthei. Sin embargo, a diferencia de Michetti, la chilena se mostró favorable a la legalización en ciertas circunstancias. Siendo senadora, junto con su par socialista Fulvio Rossi, presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto en aquellos casos en los que la vida de la persona gestante estuviera en peligro o que el desarrollo del feto fuera inviable. Su posición no estuvo respaldada por la UDI y muchos referentes de las derechas repudiaron la propuesta. Finalmente, en 2012, el Senado rechazó este proyecto y otros dos que habían sido presentados sobre el mismo tópico (Torres, 2011). ​ Vale destacar que, a diferencia de las otras cinco políticas estudiadas, la chilena Evelyn Matthei cultivó la trilla de movilización de mujeres derechistas de su país (Power, 2002). En ocasión del arresto de Pinochet en Londres en 1998, ella junto a Pía Guzmán y Rosa González creó el Movimiento Femenino por la Dignidad Chilena. El objetivo inmediato fue protestar en las puertas de la embajada de España en Santiago de Chile por la actuación del juez Baltasar Garzón que derivó en la detención del exdictador.

La pregunta que surge tras el mentado «feminismo» de la líder pinochetista es: ¿qué ocurre cuando las derechas «se montan» sobre la ola feminista con una agenda de género? En los casos chileno y colombiano, hemos visto que se responde cosméticamente a algunas de las demandas de las mujeres, pero se mantienen intactas las estructuras de la desigualdad y la opresión. Por otra parte, esta captura de la agenda genera efectos desarticuladores en las luchas sociales y políticas que enfrentan al statu quo, al negar la legitimidad de sus demandas y responder a ellas con el aparato represivo. 

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha indagado acerca de las trayectorias profesionales y políticas, así como sus visiones de género, de mujeres pertenecientes a partidos políticos de derecha que han alcanzado posiciones de alta jerarquía en seis países de América Latina durante las dos primeras décadas del siglo xxi. En concreto, de Mireya Moscoso (Panamá), Laura Chinchilla (Costa Rica), Gabriela Michetti (Argentina), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Keiko Fujimori (Perú) y Evelyn Martínez Fornet (Chile).

Respecto de las trayectorias profesionales, cabe señalar que ellas no necesariamente constituyen liderazgos, sino más bien un posicionamiento estratégico (salvo por el caso de Keiko Fujimori). El liderazgo es un concepto relacional (con pares y seguidores) y, por ello, las trayectorias analizadas no conducen a la idea de que estamos frente a un nuevo modo de relación entre los géneros en la política partidaria en los espacios de las derechas latinoamericanas. En este artículo se ha prestado especial atención a los vínculos con sectores empresariales, organismos internacionales y grupos religiosos. También se ha subrayado la posición relativa de estas mujeres respecto a los varones de su misma colectividad. En general, se ha encontrado que las seis mujeres tienen una formación universitaria destacada, algunas con nivel de posgrado, y que desde muy jóvenes han ingresado al mundo de la política. En este último ámbito, hemos identificado su inscripción en dos tipos diferentes de estilo de ejercicio del poder: por un lado, se puede agrupar a Chinchilla, Michetti, Ramírez y Matthei, en un polo de corte liberal-tecnocrático; por el otro, a Moscoso y Keiko, quienes se inscriben más cómodamente en un polo de corte populista, y autoritario en el caso de la segunda. Esta diferencia de estilos, no obstante, no interfiere en sus preferencias religiosas. Excepto en el caso de Keiko, que en su programa político optó por un acercamiento a los grupos evangélicos, el resto de las mujeres profesa un vínculo estrecho con la Iglesia católica (más lábil en el caso de Moscoso).

En cuanto a las visiones de género, cabe señalar que la agenda de género ya es parte del campo de batalla cultural en el que disputan las derechas (valores posideológicos) y, en virtud de esto, ya hay casos en los que intentan asimilarla y apropiársela (esto es más claro en el ejemplo de Chile). En los tres tópicos analizados en este artículo (feminismo, aborto y disidencias sexuales), todas estas mujeres de derechas han manifestado y tomado una posición pública al respecto (aunque no necesariamente informada), con excepción de Moscoso –y quizás por desfase histórico con el actual auge del feminismo–. Dichas posturas guardan una marcada correspondencia con aquellas sostenidas por los movimientos conservadores y «provida», que han sido en ciertas coyunturas electorales aliados estratégicos de los partidos de derecha en los que estas mujeres militan. Todos los casos analizados coinciden en la defensa de la familia patriarcal, aun cuando puedan asumirse retóricamente afines al feminismo (como en el caso de Matthei y Ramírez), que es designado como una «ideología de género» o simplemente rechazado de plano.

En relación con el aborto, como se ha visto, hay matices que van desde la aceptación de una legalización limitada hasta una negativa total. En temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción en este marco de uniones, las posturas también son similares –están en contra–. En general, estas mujeres han reivindicado el matrimonio heterosexual, han negado la extensión de este derecho a parejas del mismo sexo y han manifestado su oposición a la adopción de niños por parte de este colectivo. En suma, las incursiones de las mujeres de la derecha en las agendas de género ni constituyen liderazgos alternativos (en tanto femeninos) ni cuestionan los modos de liderar de los varones. Los estilos políticos identificados más arriba no parecen influir en la forma de concebir dichas agendas. En general, bajo el pretendido feminismo liberal, empresarial y meritocrático suscrito por algunas de estas derechistas, persiste una defensa de la familia tradicional, heteronormativa y con fines reproductivos. Esta actitud las ha posicionado en tiempos electorales como una alternativa para muchos votantes que ven, en el recupero del «pilar elemental de la sociedad», un salvavidas ante la crisis política y moral actual.

Estas representantes de la derecha ponen en evidencia los modos de funcionamiento del neopatriarcado neoliberal y sus consecuencias para las políticas de igualdad. Aunque en general apoyan una versión de la igualdad de género estrecha y orientada al mercado, los partidos políticos que encarnan abonan el funcionamiento del neopatriarcado neoliberal y/o autoritario (como en el caso de Keiko Fujimori). Este es el nudo gordiano de los liderazgos femeninos de las derechas: ¿pueden cambiar la situación de desigualdad de las mujeres manteniendo sin modificar las estructuras sociales y simbólicas que la sustentan?¿En qué medida, en su condición de mujeres cisgénero, blancas, heterosexuales, ricas, católicas y con poder político, las mujeres de las derechas latinoamericanas terminan siendo un comodín del patriarcado?

Las grandes transformaciones en favor de las mujeres se hacen desafiando el statu quo y abogando por los derechos humanos. Empero, las agendas de las derechas son por esencia conservadoras del orden imperante, el cual es machista y heteropatriarcal. Diversas experiencias de gobiernos encabezados por mujeres de derecha alrededor del mundo demuestran que, una vez en el poder, sus administraciones terminan echando por tierra los logros alcanzados y frenando los reclamos enarbolados por los movimientos por la igualdad y la inclusión. Los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Kolinda Gravar en Croacia y la presidenta de Birmania Aung San Suu Kyi son solo algunos ejemplos. América Latina no ha sido ajena a esta tendencia. 

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Torres, Verónica. «Evelyn Matthei: Se han pasado a llevar los derechos de las mujeres de una manera brutal. Y no estoy dispuesta a que siga pasando». The Clinic.cl, (3 de enero de 2011) (en línea) [Fecha de consulta: 20.03.2020] https://www.theclinic.cl/2011/01/03/evelyn-matthei-se-han-pasado-a-llevar-los-derechos-de-las-mujeres-de-una-manera-brutal-y-no-estoy-dispuesta-a-que-siga-pasando/

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Yanes, José Antonio. «La prensa como sujeto y objeto de investigación histórica». En: Santacreu Soler, José Miguel (coord.). Historia contemporánea y nuevas fuentes. Alicante: Universidad de Alicante, 1995, p. 71-79.

Notas:

1- Según las mediciones del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, 2011.

2- La opción por la vía electoral de las derechas no ha sido la única. Recientemente, también hubo interrupciones golpistas de gobiernos elegidos democráticamente: en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia (además de otros intentos que no alcanzaron su objetivo). Por el momento, estas prácticas golpistas no han estado seguidas de la instauración de formatos dictatoriales. Para el tema que nos ocupa, cabe detenerse un instante en el caso de Bolivia, pues la Presidencia de facto de Jeanine Añez (2019-2020) introduce un matiz a la consideración de la participación política de las mujeres derechistas: el liderazgo femenino en las derechas golpistas. Al mismo tiempo, esto refuerza la importancia de abordar el peso específico de las mujeres en los máximos cargos ejecutivos.