CIDOB Report nº 7

Salud y movilidad: la COVID-19 es una poderosa razón (más) para reconsiderar un modelo migratorio roto

Data de publicació:
07/2021
Autor:
Gonzalo Fanjul, director de Análisis, ISGlobal
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Más allá de reducir los movimientos de personas a mínimos históricos, la crisis de la COVID-19 ha intensificado los vínculos entre migraciones y salud. Los migrantes y refugiados no solo han sido desproporcionadamente golpeados por la crisis sanitaria y económica, sino que han demostrado su papel insustituible en las estrategias de respuesta. El modelo migratorio prevalente ha magnificado los riesgos y minimizado las oportunidades.

El desplazamiento internacional de personas es incompatible con una respuesta a la COVID-19 basada en el confinamiento y el cierre de fronteras. Este es el impacto principal de la crisis, que durante estos meses ha visto desplomarse la movilidad internacional en todas sus categorías. Pero la pandemia ha actuado también como un cristal de aumento sobre las principales variables que vinculan los movimientos de personas con la salud global. Estas tienen que ver con la vulnerabilidad de las comunidades migrantes, con su papel en algunas de las capacidades laborales esenciales en nuestra sociedad y con la relevancia de las migraciones como palanca del desarrollo. Cada uno de estos factores ha recibido una sacudida durante los últimos meses, poniendo en evidencia la necesidad de una reforma. 

Escasos, vulnerables e imprescindibles: impacto de la COVID-19 en las migraciones 

A finales de marzo de 2020, las autoridades nacionales y subnacionales de todo el planeta habían impuesto un total de 43.000 medidas de restricción de los movimientos, según indica el informe sobre el estado de la movilidad global de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y del Migration Policy Institute. Los desplazamientos en avión durante los meses de abril y mayo de ese año habían caído un 92% con respecto al mismo período del año anterior, y las agencias de control de fronteras de todo el mundo reportaron mínimos sin precedentes en los intentos de acceso irregular transfronterizo. 

Con matices, esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los meses siguientes y hasta el día de hoy. Con la excepción de algunas rutas calientes como la de África Occidental-Canarias –más relevantes por su intensidad que sus magnitudes absolutas–, los datos de la OIM y de la OCDE para el primer semestre de 2020 sugieren una caída dramática en el número de permisos migratorios concedidos (una media del 45% en los países del G-20) y en las solicitudes de asilo (caída del 33% con respecto al mismo período del año anterior). También en los retornos de desplazados forzosos internos (-72%), refugiados (-22%) y otros migrantes, a pesar de que el número de personas varadas y las solicitudes de repatriación crecieron de forma exponencial. 

Para quienes ya vivían como migrantes económicos y refugiados en un país tercero, la pandemia ha hipertrofiado vulnerabilidades sanitarias y socioeconómicas preexistentes. Las comunidades migrantes destacan entre los grupos vulnerables que han encajado un golpe más duro durante estos meses. Las dificultades para establecer medidas de distanciamiento social, realizar su trabajo de forma remota o participar en actividades educativas a distancia han hecho mella sobre la salud, los ingresos y los derechos fundamentales de muchas familias. Una revisión de los primeros análisis de impacto realizada por la OCDE en octubre 2020 sugería que las tasas de contagio y mortalidad de las comunidades migrantes en los países ricos doblaban la media de la población autóctona. 

En el caso de las personas en situación administrativa irregular, la desprotección se ha acentuado por la imposibilidad de acceder a los recursos excepcionales de protección (por ejemplo, ERTE o Ingreso Mínimo Vital, en el caso de España) o las dificultades prácticas para disfrutar de los servicios sanitarios. El acceso a la vacuna contra la COVID-19 constituye un ejemplo ilustrativo de la insensatez de restringir el derecho universal a la salud. 

Aunque la mayor parte de los países han incluido a los migrantes sin papeles en las estrategias de inmunización, existe el riesgo de que este derecho acabe contaminado por las medidas de control migratorio. Esta es la conclusión a la que llega la OIM en 53 de los 160 países estudiados. En Alemania, por ejemplo, la Plataforma para la Cooperación Internacional de Migrantes Indocumentados (PICUM) ha denunciado la práctica de reportar a las autoridades policiales a los migrantes que acudían a ser vacunados. La consecuencia lógica de este acoso es que muchos de ellos prefieran asumir el riesgo de un contagio al de una deportación. Es fácil entender por qué esto supone un problema para todos. 

Pero los migrantes se han convertido en héroes de la pandemia, además de en sus víctimas. Desafiando todas las previsiones, el volumen de las remesas enviadas a sus países de origen se ha mantenido estable en medio de la tormenta económica global. El Banco Mundial estima en 540.000 millones de dólares los recursos remitidos por los trabajadores extranjeros a sus comunidades de origen, tan solo un 1,6% por debajo de año anterior. 

Esta contribución se extiende a los propios países de acogida. En todas las categorías de cualificación, con papeles y sin ellos, los trabajadores y trabajadoras extranjeros han jugado un papel insustituible en la respuesta a la COVID-19, tal como se indicaba en un informe del Overseas Development Institute publicado en marzo de 2021. Antes de la pandemia, la OMS estimaba en unos 3,7 millones de personas el número de trabajadores de la salud nacidos o formados en el exterior. Datos oficiales indican que los

profesionales migrantes suponen el 11% de la fuerza laboral sanitaria en la UE, el 12% en Estados Unidos y el 17% en el Reino Unido. Los porcentajes son incluso más altos en sectores esenciales durante estos meses, como la economía de los cuidados (tanto en domicilios como en residencias), la recogida de fruta y verdura, los servicios alimentarios, o el reparto a domicilio. Estos empleos de primera línea se han traducido en infecciones y muertes de los propios trabajadores, pero también en el cuidado y aprovisionamiento de sociedades enteras. 

Por gratitud o por interés propio, algunas sociedades de destino han fomentado la integración acelerada de los migrantes a través de procesos de regularización exprés. Este ha sido el caso de Portugal, Italia y Colombia, que pusieron en marcha procesos más o menos amplios a lo largo de 2020. Otros, como Canadá  y Estados Unidos, los están considerando. España, lamentablemente, no ha hecho ningún gesto en esta dirección, aunque eliminó algunas de las rigideces administrativas para los permisos laborales de trabajadores agrícolas y jóvenes que cumplen los 18 años tal como informaba El País. España acoge a una población sin papeles de entre 390.000 y 470.000 personas, de acuerdo con las estimaciones más recientes, un tercio de los cuales son menores de edad. 

Reconsiderar un modelo migratorio roto 

Ninguno de los retos migratorios ha desaparecido como consecuencia de la pandemia. Bien al contrario, muchos de ellos han cobrado aún más urgencia. Este es un resumen de los principales:  

Reactivación y racionalización de los movimientos: Los migrantes siguen necesitando empleo o protección. Los estados de acogida necesitan reactivar la recepción de trabajadores, mucho más en pleno proceso de recuperación económica. El retorno no solo debe considerar todas las precauciones de control epidemiológico –incluyendo los dilemas éticos y prácticos asociados a los pasaportes inmunitarios y las costosas pruebas–, sino corregir los errores del pasado. Europa y España necesitan

mecanismos más flexibles e inteligentes para adaptar los flujos migratorios a las necesidades y obligaciones de los estados. La reforma del modelo de migración y asilo de la UE constituye una oportunidad idónea para identificar estas necesidades, formar las capacidades que puedan atenderlas (en el sector salud, por ejemplo) y abrir oportunidades reales para una migración legal, ordenada y segura. Este ejercicio de innovación política puede inspirarse en las numerosas experiencias

exitosas que ya están desarrollando entidades nacionales y subnacionales dentro y fuera de la UE. El riesgo está en que las razones sanitarias se conviertan en una excusa añadida para limitar la movilidad de personas, utilizando de manera espuria herramientas como los pasaportes inmunitarios. 

Detener el deterioro del sistema internacional de protección: la propuesta del gobierno socialdemócrata danés de externalizar la acogida de refugiados es el penúltimo ejemplo del vaciamiento progresivo de las normas internacionales de protección. Este proceso incluye las devoluciones en

caliente, la falsa identificación de niños como adultos o las lamentables condiciones de detención y deportación. Europa necesita poner fin a una inercia que se aceleró de manera preocupante tras la crisis de acogida de 2014-2016 y que amenaza con desencadenar un efecto dominó en otras regiones del mundo. 

Desarrollar narrativas sustitutivas frente al discurso y las ideologías antiinmigración: Una de las encrucijadas más delicadas, que en absoluto está restringida a la cuestión migratoria, tiene que ver con un debate público y político cada vez más desinformado, mentiroso y presa del odio. Lo que es aún más importante, espoleado por un movimiento nacionalpopulista organizado que se extiende como una mancha de aceite por Europa y fuera de ella, como ha denunciado la historiadora Anne Applebaum.

Muchas de las características de este desafío son reconocibles en el debate sobre la COVID-19 y exigen respuestas similares a través de una firme posición de las instituciones públicas y los medios de comunicación frente al nacionalpopulismo y un pacto entre comunicadores y audiencia. Mucho más cuando la estigmatización de los recién llegados crecerá como consecuencia de una estrategia global de vacunación que castiga a sus países de origen. 

Conclusión 

El espíritu de los programas de transición hacia un mundo pospandemia enfatiza la necesidad de no volver simplemente al punto en el que estábamos antes de esta, sino de reconsiderar los principios que nos trajeron aquí. Es fácil entender esa lógica en ámbitos como el de la sostenibilidad ambiental, la gobernanza de las respuestas internacionales o la solidez de los sistemas de salud y preparación ante emergencias. Pero no son muchos los que aceptan la necesidad de no seguir cavando más hondo en un modelo de movilidad humana que multiplica los riesgos y jibariza las oportunidades para todas las partes involucradas. Es hora de que eso cambie.