América Latina y el Caribe: resistencias y resiliencias en tensión

Data de publicació:
06/2020
Autor:
Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB
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Durante el año 2019, América Latina y el Caribe fue foco de atención por el estallido de conflictos sociales que han inundado calles y carreteras de varios países. Las razones fueron diversas y los detonantes variados, pero esas reacciones tienen que ver con la fatiga y el desencanto de la población con la clase política y el descrédito de las instituciones, que han sufrido el desgaste por las consecuencias de la crisis económica iniciada en 2008, los escándalos de corrupción y el incremento de la inseguridad. Todo ello ha provocado el auge de discursos populistas y el cuestionamiento de los valores democráticos. La población protesta como respuesta a lo que considera atropellos que desbordan el vaso de agua, pero ese clamor es también una forma de resistencia de los ciudadanos frente al secuestro de las instituciones por parte de unas élites que tratan de perpetuarse en el poder. Hay razones que están vinculadas a una coyuntura adversa, pero la mayoría están enraizadas en problemas estructurales que la región no logra superar; como matrices de producción obsoletas y dependientes, desigualdades sociales crónicas e instituciones débiles en diversa medida según el país. América Latina aún recuerda los efectos de los ajustes recetados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) siguiendo el consenso de Washington en los años ochenta, una época que aún se conoce como la “década perdida” por los costes en términos de pobreza y de desigualdad. La sociedad latinoamericana ya no es la misma y los ciudadanos se han lanzado a las calles para exigir que no se vuelva a hacer recaer el peso de los ajustes en las clases medias y bajas. En estas circunstancias la llegada de la crisis de la covid-19 ha tenido un efecto disruptivo y amenaza con acentuar los desequilibrios y debilidades estructurales en la región.

La economía no despega

Según datos de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), el período comprendido entre el 2014 y el 2019 fue el de menor crecimiento en cuatro décadas y parecía que el 2020 no iba a traer ningún cambio significativo, pese a que había tímidas muestras de recuperación en alguno de los grandes países. Brasil había superado la recesión, pero en el 2019 no llegó a superar un crecimiento del 0,8% del PIB y las previsiones para el 2020 estaban por debajo del 2%. La segunda economía de la región, México, también crecía muy moderadamente, con un incremento previsto del 1,3% para el 2020. Perú, Colombia, Bolivia y Chile presentaban algo más de dinamismo, creciendo entre el 2,5 y el 3,5%. Sin embargo, de entre las grandes economías de la región, la “gran enferma” era y sigue siendo Argentina, aquejada por una recesión a la que se suma una crisis de deuda externa insostenible, de casi 150.000 millones de dólares, que está en trámite de renegociación con el respaldo del FMI. La CEPAL preveía que, en conjunto, la región no crecería más del 1,3% en el 2020. El pronóstico del FMI era más optimista, ya que cifraba el crecimiento en un 1,8%, lo cual seguía siendo una tasa muy baja para países de renta media como lo son la mayoría de América Latina. El entorno exterior no ayudaba, ya que a la caída de los precios y la demanda de materias primas se unía la incertidumbre de las negociaciones comerciales y las turbulencias de los mercados, ya incluso antes del impacto económico de la covid-19. La irrupción del coronavirus ha llevado ya a la CEPAL a corregir sus previsiones y afirma que la región entrará en una recesión como mínimo del 1,8% en el 2020, y no descarta que llegue a superar el 3%. Asimismo se prevé que este año los ingresos por exportaciones caigan más del 10% en el 2020 a causa de la caída de los precios y la contracción de la demanda causada por una recesión global.

Como ha ocurrido otras veces en el pasado, la caída de la demanda de las materias primas pone de manifiesto la dependencia y la vulnerabilidad de la región frente a factores externos como la volatilidad de los precios internacionales por una matriz productiva muy primaria. La mayoría de las economías de la región siguen siendo mayoritariamente rentistas y extractivistas, con patrones de producción que apenas han evolucionado y generan un reparto de la riqueza desigual. Tras la década de oro de las materias primas, al inicio del siglo XXI, que permitió financiar políticas públicas de transferencia de rentas a los sectores más desprotegidos, la crisis ha vuelto a dejar a las familias en situación de riesgo. Las instituciones han sido incapaces de ofrecer redes de protección a los ciudadanos y eso pasa, no solo con los sectores más débiles, sino también con las clases medias que aspiran a tener una estabilidad y un progreso sostenido y sustentable.

Las políticas de ajuste que los gobiernos se vieron obligados a aplicar para contener el endeudamiento provocaron el aumento del paro por encima del 8% ya antes de la crisis de la covid-19, empezada en la zona en el segundo trimestre de 2020. También aumentó la precariedad del empleo, que ya era elevada si atendemos al dato de que según el Banco Mundial, 6 de cada 10 latinoamericanos trabajan en la economía informal. Por su parte, el informe Panorama Laboral de América Latina elaborado por la OIT en el 2019 también corroboraba la precarización y el aumento de la economía informal, lo cual es problemático ya que, no solo deja a amplias capas de la población desprotegidas, sino que también reduce la capacidad recaudatoria del estado para poder sostener políticas redistributivas. La informalidad, además, tiene como consecuencia una bajada de la productividad y reduce la capacidad de ahorro de las familias, exponiéndolas al riesgo de caer en la pobreza. El empleo informal también tiene consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, que no pueden garantizar una retribución mínima digna para los mayores y cuya reforma está siendo motivo de controversia en la región. La crisis del coronavirus ha golpeado más fuertemente a este sector de la población que, al decretarse medidas de confinamiento quedan desamparados y sin recursos de subsistema básicos. La CEPAL advierte que el desempleo puede incrementarse en hasta 19 puntos y dejar en la pobreza a 35 millones de latinoamericanos.

La región sigue atrapada en la llamada “trampa de los países de renta media” que supone la imposibilidad de mantener una elevada tasa de crecimiento a partir de la acumulación de factores de producción, basados preferentemente en recursos naturales y trabajo poco cualificado. Para salir de esta situación sería necesario un pacto social a medio y largo plazo, un pacto que no llega y que se ve dificultado por la polarización política. Las consecuencias de la gran recesión pondrán en tensión aun más el sistema y, sin duda, el modo en que las afronten los diferentes países traerá consigo consecuencias políticas y sociales.

Protestas y reacciones

Los movimientos de protestas masivas en muchos países de América Latina y Caribe han sido el elemento más destacado de la realidad política del año 2019. Aunque es posible que haya habido un cierto factor de emulación, los motivos responden a un malestar transversal de la sociedad frente a los gobiernos y el conjunto de la clase política. Los detonantes de las protestas han sido diversos; desde las subidas de los carburantes en Ecuador y en Haití, de los precios del transporte público en Chile; pasando por las reformas tributarias y de pensiones en Colombia o las acusaciones de fraude electoral en Bolivia y, ya entrado el 2020, en la República Dominicana. Si bien estos fueron los motivos iniciales que activaron las protestas, pronto y una vez ya en la calle, ampliaron las reivindicaciones hasta desembocar en crisis políticas que pusieron en jaque la estabilidad de los gobiernos.

Tan relevantes como las protestas fueron las respuestas de los gobiernos y el papel de las fuerzas de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas. Según Amnistía Internacional la represión de las protestas en América Latina en el 2019 dejó al menos 210 muertos. La contundencia de la respuesta en Chile, con más de 30 muertos, desencadenó una revuelta y obligó al presidente Sebastián Piñera a abrir un proceso de reforma constitucional que marcará, sin duda, el resto de su mandato, marcado por una importante pérdida de credibilidad. En Ecuador las movilizaciones, a pesar de haberse declarado el Estado de excepción, obligaron al presidente Lenin Moreno a ceder en sus intentos de reformas económicas que incluían un acuerdo con el FMI, entre ellas la retirada del subsidio a la gasolina. Este hecho también lo ha debilitado y su popularidad está por los suelos. Evo Morales, acusado de fraude electoral, presentó su renuncia y huyó del país con destino México al comprobar que el ejército le “invitaba” a dimitir, lo cual ha desatado una crisis institucional y política que solo podrá resolverse con unas nuevas elecciones previstas entre junio y septiembre del 2020.

En Nicaragua, la oleada de protestas venía ya desde abril del 2018, pero no hizo mella en la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ocupan el gobierno desde que en el 2007 el antiguo comandante sandinista ascendió al poder por medio de las urnas. Tras un año y medio de protestas, según Amnistía Internacional se cuentan más de 325 víctimas mortales, sin que las vías de negociación intentadas hasta ahora hayan conseguido acercar posiciones. La oposición trata de reagruparse para ir unida a las elecciones de noviembre del 2021, unos comicios que podrían peligrar a causa de la crisis del coronavirus. Sin embargo, Nicaragua es uno de los pocos países que en el momento de escribir estas líneas no había tomado medidas extraordinarias frente a una pandemia que Ortega ha decidido ignorar. Paradójicamente, es la misma postura que ha tomado el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que supuestamente está en las antípodas del espectro ideológico.

En Haití, el país más pobre de la región, la población también lleva más de un año de protestas contra el presidente Jovenel Moïse, a quien acusa de estar implicado en una trama corrupta que se apropiaba de las ayudas llegadas al país para la reconstrucción después del terremoto del 2010. Según Amnistía Internacional, a lo largo del 2019 murieron más de 100 manifestantes atacados con gases y munición real por parte de la policía. En la vecina República Dominicana, tradicionalmente más tranquila, también estallaron las protestas a partir del 16 de febrero del 2020 debido a la cancelación de las elecciones municipales, que llegaron a realizarse pero que antes del recuento y alegando un problema técnico, fueron suspendidas por el gobierno. Tras 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Nacional, la población dominicana, liderada por los más jóvenes, reclama un relevo que evite la perpetuación en el poder y es probable que en las presidenciales, inicialmente previstas para mayo del 2020 y retrasadas a julio por la crisis sanitaria, tenga lugar un voto de castigo.

En este contexto de protestas de resistencia, el 2019 vio reforzarse el movimiento de las marchas de resiliencia feministas. El 25 de noviembre, día elegido por Naciones Unidas para denunciar la violencia de género, la unidad de los colectivos feministas se extendió por varias ciudades de América Latina y Caribe y de allí se proyectó hacia el mundo, con la puesta en escena de la coreografía “un violador en tu camino” ideada por el colectivo de Valparaíso llamado “Las tesis”. Los colectivos de mujeres ya llevan años denunciando los feminicidios y los abusos contra las mujeres, pero en el 2019 su protesta ha trascendido las fronteras para convertirse en un movimiento transnacional, ya que la violencia machista es una preocupación de primer orden en la región. Estas marchas son también una reacción a las campañas contra la mal llamada “ideología de género” que sectores ultraderechistas y de las iglesias más reaccionarias utilizan para intentar desandar los avances en materia de igualdad y libertad de las mujeres que arduamente se consiguieron durante el siglo XX.

Las medidas de distancia y el temor al contagio del coronavirus han tenido un efecto generalizado de desmovilización temporal, pero las causas de las protestas permanecen, y se visibilizarán aún más por el diferente impacto que la epidemia tendrá en la población, tanto en el terreno médico como en el económico. En América Latina el acceso a una sanidad de calidad es muy desigual debido a las carencias de los servicios públicos y la carestía de un sector privado, que resulta inaccesible para gran parte de la población. Según la Organización Panamericana de Salud (OPS), el gasto sanitario medio en la región está en el 3,7% del PIB aunque debería ser como mínimo del 6%, por lo que un 30% de la población no tiene un acceso adecuado a asistencia médica. Por ello, la capacidad de los gobiernos para responder a la emergencia es limitada, una vez más, por los desequilibrios del modelo económico y social.

Violencias fuera de control

América Latina no consigue reducir las tasas de violencia. Según el estudio “Los costes del crimen y de la violencia” publicado por el Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) en el 2017, las cifras de homicidios de la región cuadruplican la media mundial. La violencia estructural se ha convertido en un problema humanitario en varios países, hasta el punto de obligar a personas a abandonar sus casas para estar a salvo. En algunos lugares el estado ha perdido la capacidad de respuesta y las bandas criminales controlan el territorio. Eso ocurre sobre todo en zonas del llamado triángulo norte de Centroamérica, pero también en puntos específicos de países con una institucionalidad más fuerte como Brasil o México, así como en países con alta presencia de grupos armados, como Colombia y Venezuela. América Latina y Caribe concentra el 40% de los homicidios del mundo y 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en la región. Según la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito (UNODC) mientras la tasa media de homicidios en el mundo es de 6,1 por 100.000 habitantes, en Centroamérica llega a 25,9 y en Sudamérica a 24,2. Un caso destacado es Venezuela, donde la tasa de homicidios pasó de 13 a 57 por 100.000 habitantes entre el 2012 y el 2017.

Además del drama humano que eso conlleva, la violencia tiene un coste en términos de desarrollo económico y social. Según el BID, la lucha contra el crimen en los países de ALC cuesta en promedio un 3% del producto interno bruto (PIB) –con un límite inferior del 2,41% y un límite superior del 3,55%, aunque la situación puede variar notablemente entre territorios de un mismo estado. En algunos países, los costes del crimen duplican el promedio regional (especialmente en Centroamérica) y en otras alcanzan a menos de la mitad. Esto representa, para toda la región, un importe de hasta 236.000 millones de dólares de media, el equivalente a unos 300 dólares por habitante. En conjunto, la cifra destinada en ALC a seguridad supera lo que se invierte en promedio en infraestructuras, que está en torno al 2%. Sin embargo, el incremento de gasto en armas para las fuerzas de seguridad no parece estar dando resultados y ha provocado que los criminales se armen aún más.

Las causas de la violencia son muchas, pero la profusa presencia de armas de fuego, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, es una de ellas. Según la revista británica The Economist, el 70% de los crímenes que ocurren en México involucran armas que fueron producidas en EEUU. El crimen transnacional es el medio por el que penetran las armas y forma parte de un comercio ilícito de ida y vuelta que mueve billones de dólares entre drogas y armas, a las que se suman el tráfico de personas y de especies animales protegidas. Este tráfico encuentra su campo abonado en la debilidad de las instituciones y en la lacra de la corrupción.

Como consecuencia del mal funcionamiento de la justicia y la compra de voluntades, las tasas de impunidad del crimen en ALC son espeluznantes. Latinoamérica en su conjunto tiene las más altas tasas de impunidad frente al crimen del mundo. Según el Índice Global de Impunidad del 2017, nueve de los trece países peor posicionados en el ámbito de transparencia y justicia están en América Latina. Según este índice mundial, México es el país latinoamericano con mayor impunidad –en cuarto puesto– seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y Nicaragua. Según la UNODC como media sólo el 43% de los homicidios cometidos en América Latina fueron resueltos. Es la tasa más baja del mundo y casi la mitad de la Europa. En algunos países el indicador de ausencia de condena para los crímenes se eleva hasta el 80%. La debilidad institucional y la falta de oportunidades hacen que la violencia sea un problema difícil que amenaza con penetrar en países con mejor desempeño, como los del cono sur o Costa Rica.

El Amazonas en llamas y el debate sobre el cambio climático

En agosto del 2019 los incendios que asolaron miles de hectáreas de la selva amazónica, sobre todo en Brasil, pero también en Bolivia y Perú, coparon las portadas de todo el mundo y abrieron un debate sobre las causas del incremento de las quemas y la responsabilidad y las políticas públicas para evitarlas. A pesar de que Brasil no es miembro del G7, el presidente francés Emmanuel Macron trató de llevar la crisis forestal a las discusiones del grupo y convocar la ayuda internacional a los países afectados. La reacción del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue tildarle de injerencia y de intromisión en sus asuntos internos, a lo que Macron respondió acusándole de mentir respecto a sus compromisos en la lucha contra el cambio climático y amenazó con no ratificar el recién firmado Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur. Finalmente, para poner fin a la crisis, Bolsonaro envió al ejército a sofocar las llamas. Pero un mes más tarde, en septiembre del 2019, aprovechó el altavoz que le proporcionaba su participación en la apertura de la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York para afirmar que era una falacia que la Amazonía fuera el pulmón del mundo y un patrimonio de la Humanidad, y que Brasil era el único legítimo responsable de gestionar sus propios recursos naturales.

Bolsonaro se unía así al grupúsculo de líderes internacionales negacionistas del cambio climático, con Donald Trump a la cabeza desde que anunciara la salida de su país del Acuerdo de París del 2015. El presidente brasileño amenazó también con abandonar el acuerdo, sin embargo, finalmente esto no se ha llevado a cabo ya que posiblemente, podría perjudicar las exportaciones agropecuarias, que son de vital importancia para un sector que le brinda apoyo en el Congreso. La posición de Bolsonaro chocaba frontalmente con la política ambientalista que los sucesivos gobiernos de Brasil han tenido desde que en 1992 se celebró la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y que se confirmó en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD) de junio del 2012, conocida como Río+20. Brasil fue líder del desarrollo sostenible en una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. La comunidad científica ha alertado de que un incremento de la temperatura en 4 oC –que precisamente se busca evitar mediante el Acuerdo de París– tendría un impacto devastador en los diversos ecosistemas de la región; la cuenca del Amazonas y otras zonas muy pobladas soportarían sequías extremas; los glaciares andinos desaparecerían, las inundaciones se multiplicarían y los huracanes de categoría 4 o 5 serían más frecuentes y devastadores. A ello cabría añadir el impacto sobre las zonas costeras de un incremento del nivel del mar, que haría peligrar ciudades enteras, con consecuencias especialmente graves en el Caribe. Incluso si el aumento de temperatura es tan solo de la mitad, por debajo de 2 oC, se tendrán que tomar medidas de resiliencia ante los cambios climáticos que exigirán importantes inversiones. Se estima que los gobiernos de la región deberían gastar más de 70.000 millones de dólares en los próximos diez años para afrontar un cambio climático moderado.

Algunos de los efectos ya se están sintiendo, y la población de ALC empieza ser consciente de los peligros. Los datos del Latinobarómetro del 2017 mostraban que un 62% de la población está en contra de la negación del cambio climático y el 82% creen que los humanos son responsables del mismo. Pero además un 69% piensa que es un problema urgente. Es por ello que los jóvenes latinoamericanos se sumaron también a las protestas contra el cambio climático y la inacción de los gobiernos que han recorrido el mundo. Sin embargo, las posiciones de los ambientalistas encuentran una dura oposición de los sectores vinculados a las industrias extractivas mineras, el petróleo o la agricultura intensiva, lo que genera tensiones entre los diversos sectores. En diciembre del 2019, Chile debía acoger la cumbre anual del de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la COP25, una cita que finalmente tuvo que realizarse en Madrid a raíz de las masivas protestas ciudadanas, si bien Chile mantuvo la presidencia de la cita. Los resultados de la cumbre fueron criticados por insuficientes y la actitud de Brasil fue considerada obstruccionista, lo que no impidió que se alcanzara un consenso y se aprobara el documento final suscrito por todos los países de la región. Además, se presentó la Plataforma de Acción Climática en Agricultura (PLACA) creada por un conjunto de países de América Latina y el Caribe para coordinar acciones agropecuarias que contribuyan a identificar acciones para la adaptación frente al cambio climático. También, se presentó el informe “Carbono Cero América Latina y el Caribe 2019: la oportunidad, el costo y los beneficios de la descarbonización combinada de los sectores de la energía y el transporte en América Latina y el Caribe”. Todo ello muestra que este será un tema estratégico para el futuro de la región y también puede ser un catalizador de la cooperación entre la UE y América Latina.

Gobernanza regional sin líderes

El anuncio de la salida de Brasil de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en enero del 2020 supone un nuevo episodio de la crisis que atraviesa el regionalismo en América Latina y el Caribe. En el momento de su creación, en el 2010, la CELAC fue vista como la culminación de un proceso de institucionalización de un foro destinado a la concertación regional y que, además pretendía constituirse en interlocutor con otras regiones del mundo. En primer lugar, con la UE, con la que se inauguraron las Cumbres UE-CELAC que tuvieron una primera edición en el 2013 en Santiago de Chile, y una segunda en Bruselas en el 2015. En julio del 2014 se realizó también una Cumbre de líderes CELAC-China que también tuvo continuidad. Más tarde, la CELAC también inicio una interlocución con Rusia a nivel ministerial en el 2016 igualmente sucedida por encuentros de diversos niveles. Ese mismo año se formalizó un Mecanismo Permanente de Diálogo Político y Cooperación entre la CELAC e India.

Sin embargo, la CELAC ha sido una víctima más de la fragmentación y la polarización de la región, que hace dos años ya acabó con la UNASUR y que dificulta también el funcionamiento de otros organismos de integración regional, como la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericano y el Mercosur. La asunción de la secretaria pro tempore de CELAC por parte de México durante la cumbre que acogió en enero del 2020 generó ciertas expectativas, pero también mostró las debilidades de una institución que busca precisamente alcanzar unos consensos que hoy parecen esquivos. Este organismo, heredero del Grupo de Río, nació fundamentalmente para resolver sus conflictos al margen de la intromisión del “Gran hermano” del norte (EEUU) a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, a día de hoy ha renunciado a tener un papel en la resolución de crisis como la de Venezuela o Nicaragua, dos países que transitan hacia regímenes cada vez más autoritarios. La Cumbre de México, que ni siquiera fue tal porque no acudieron los presidentes sino ministros y viceministros, evitó los temas polémicos y se limitó a adoptar un Plan de Acción de marcado perfil técnico, del cual se desconoce cuáles son las instituciones que los van a coordinar, cuáles serán los recursos destinados.

Es difícil que un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que no ha viajado al exterior tras más de un año de mandato, consiga revitalizar una institución que evita dar respuesta a las crisis más candentes de la región. López Obrador se escuda en el principio de no injerencia para renunciar a un liderazgo del que la región se siente huérfana tras el alineamiento de Brasil con Donald Trump. Las dos potencias regionales han dimitido de un liderazgo regional por el que tradicionalmente rivalizaban. América Latina es una región cada vez más fragmentada en foros como Prosur, el Grupo de Lima o el Grupo de Puebla, que se definen más por oposición
a otros que por su capacidad de acción o propuestas. El nuevo presidente argentino Alberto Fernández ha dado muestras de una mayor iniciativa, pero la situación económica del país le va a exigir una atención que no podrá dedicar a la región.

En el contexto de debilidad de la integración latinoamericana, la OEA ha sido incapaz de adoptar un papel de árbitro debido a las tensiones entre bloques enfrentados y al liderazgo controvertido del actual secretario general, Luis Almagro, lo que no fue obstáculo para que éste renovase un nuevo mandato de 5 años en marzo del 2020. Este panorama de la cooperación e integración regional vuelve a poner en cuestión la fragilidad de las instituciones regionales y la debilidad de las coaliciones basadas en posicionamientos ideológicos que dividen y ocultan los intereses comunes. Podríamos decir que en la región ha habido demasiados regionalismos y una insuficiente regionalización. La crisis de la covid-19 ha vuelto a poner en evidencia la ausencia de mecanismos de coordinación regional, pero también han sido muchas las voces que reclaman la necesidad de buscar una respuesta conjunta a las dificultades que enfrenta toda la región.