Transiciones, elecciones y recuperación económica en América Latina y el Caribe

Data de publicació:
07/2018
Autor:
Anna Ayuso, investigadora sénior, CIDOB
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Un escenario de leve recuperación económica parece extenderse por América Latina y el Caribe (ALC), aliviando la presión social en un intenso periodo de elecciones muy relevantes que pueden determinar cambios importantes en los equilibrios políticos regionales. En algunos países, los resultados de los comicios pueden tener efectos muy dispares según quién acabe ganador, pero también según la fiabilidad y legitimidad de los procesos electorales. A pesar de los signos de mejora en el desempeño económico en países importantes para la región, como Brasil, muchos aun arrastran grandes desequilibrios y varios de ellos encuentran grandes dificultades para generar amplios consensos que permitan sacar adelante reformas estructurales necesarias para mejorar la economía y garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas sociales. Así, 2018 se presenta como un año determinante para evaluar hacia donde se dirige América Latina y el Caribe tras el impacto de la crisis económica de los últimos años.

Incógnitas del ciclo electoral

Entre finales de 2017 y durante 2018 la región afronta un súper-ciclo electoral que puede dar lugar a un reordenamiento de fuerzas según las urnas se decanten por la continuidad o la alternancia. En octubre de 2017 las elecciones legislativas en Argentina reforzaron al presidente Mauricio Macri con una victoria en la mayoría de provincias, incluido el gran Buenos Aires, bastión tradicional del peronismo en el que se presentaba como cabeza de lista Cristina Fernández de Kirchner. Eso no supone que vaya a ser una legislatura fácil, ya que su programa de reformas de corte liberal se enfrenta a la oposición de sectores claves, pero muestra que aún mantiene el apoyo de quienes le votaron, que se debe en parte a un voto de rechazo al regreso del kirchnerismo. Ello hace suponer que dentro del peronismo se producirán realineamientos de cara a las presidenciales de 2019. En Chile, las elecciones presidenciales de diciembre supusieron el retorno del presidente Sebastián Piñera en una contundente victoria de la derecha agrupada en el consorcio Chile Vamos frente al candidato oficialista Alejandro Guillier, de Nueva Mayoría, quien no logró atraer a los votantes más a la izquierda que habían apoyado en la primera vuelta a la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Ambas victorias, junto a la controvertida reelección del presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, apoyarían la tesis de que se refuerza el giro a la derecha en la región.

Sin embargo, dos de las grandes elecciones presidenciales de 2018, Brasil y México, no tienen un claro desenlace y pueden suponer un cambio de equilibrios regionales. En Brasil, tras el proceso de destitución de Dilma Rousseff, el gobierno del que fuera su vicepresidente, Michel Temer, afronta el último año de la legislatura con unos índices de popularidad muy bajos por debajo del 5%. El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en segunda instancia por un delito de corrupción, sigue siendo el favorito en las encuestas. Sin embargo, su candidatura está en jaque porque la ley de “Ficha Limpa” prohíbe la participación electoral a los condenados en segunda instancia y él lo fue el 24 de enero de 2018. Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal de aceptar el recurso de habeas corpus del expresidente este fue ingresado en prisión el 7 de abril lo cual dificultará su participación en la campaña. Ante la segura denegación de la candidatura presidencial de Lula por parte del Tribunal Superior Electoral y dado que la popularidad de Lula no trasciende a su formación, el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato alternativo Fernando Haddad no alcanza el 3% en las encuestas parece que esta formación va a apostar por una movilización y polarización de la campaña. La falta de alternativas claras a Lula afecta también al resto de fuerzas políticas. Sorpresivamente, el candidato situado en segundo lugar en las encuestas es el ultraderechista Jair Bolsonaro, con cerca del 17% de intención de voto. Este, sin embargo, despierta un rechazo muy importante que hace improbable un triunfo en segunda vuelta. De momento la tercera en liza es la veterana líder ecologista Marina Silva, que en la actualidad apenas llega al 10% de intención de voto, pero que podría llegar a concentrar un voto de centro izquierda si logra pasar a segunda vuelta. Resulta destacable la falta de un liderazgo fuerte en el PSDB, cuyo principal candidato Geraldo Alckim, gobernador de São Paulo, tiene una intención de voto muy baja. A falta de meses hasta las presidenciales de octubre, la batalla electoral sigue llena de incógnitas en el mapa político brasileño, muy fragmentado, desacreditado por los escándalos de corrupción y con una gran polarización.

En México, el final del mandato de Enrique Peña Nieto lo coloca también en un bajo índice de popularidad que condiciona las posibilidades del candidato oficialista José Antonio Meade por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El favorito indiscutible es el histórico dirigente Andrés María López Obrador (AMLO) al frente del partido que él mismo creó, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en coalición con otras fuerzas sociales. En liza está también la coalición de dos fuerzas antes antagónicas; el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) unida en la candidatura “Por México al frente”. Este escenario anticipa una elección polarizada sin un vencedor claro, aunque con gran ventaja del candidato de izquierda dado que en México no hay segunda vuelta. A su favor está el fracaso de las reformas de Peña Nieto, el descontento social por la corrupción y la indignación ciudadana ante la falta de respuesta de la clase política a los ataques del presidente estadounidense Donald Trump.

Costa Rica celebró la primera vuelta de sus comicios el 4 de enero de 2018 dejando como principal ganador al predicador evangélico conservador Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional, con casi el 25% de los votos. Alvarado, sin embargo perdió en segunda vuelta frente al candidato oficialista del Partido de Acción Ciudadana, con el mismo apellido, Carlos Alvarado, de posiciones progresistas, que obtuvo un 60% de los votos. Parece pues que el voto de rechazo al discurso populista y derechista determinó el sentido del voto a pesar del ambiente de descontento social debido al incremento de la inseguridad y a escándalos de corrupción que afectan a varios cargos de un amplio espectro de la clase política. El 22 de abril serán las presidenciales en Paraguay, a las que el actual presidente Horacio Cartes tuvo que renunciar a presentarse tras el fallido intento de reforma constitucional, que provocó grandes disturbios. Después vio cómo su candidato cayó derrotado en primarias por el senador Mario Abdo Benítez, de una facción del partido disidente y más dura. Este se medirá a la coalición Alianza Ganar encabezada por Efraín Alegre, del Partido Liberal. Ninguna de ambas opciones representa un giro a la izquierda.

Tampoco se esperan grandes cambios en el proceso de elección para suceder en la Jefatura del Estado a Raúl Castro en Cuba, prevista en abril de 2018. Todo apunta a que será el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel quien le sucederá al frente del ejecutivo, mientras Castro seguirá siendo primer secretario del Partido Comunista. Las reformas previstas no apuntan tampoco a cambios sustanciales en el régimen, sino a mecanismos de adaptación para garantizar la sostenibilidad del sistema de partido único en un contexto de dificultades económicas.

En Ecuador no fueron unas elecciones, sino un referéndum el que enfrentó al expresidente Rafael Correa con su sucesor, Lenín Moreno, del que fue mentor. Hoy Correa se proclama como principal opositor, hasta el punto de provocar una escisión en el partido gobernante Alianza País y crear uno propio, el Movimiento Revolución Ciudadana. La victoria clara del sí, defendido por el actual presidente se dio en todas las preguntas de la consulta; especialmente en la que prohíbe la reelección (64%) y en la que inhabilita de por vida a los funcionarios condenados por corrupción (73%) refuerza la figura de Moreno e impide el retorno de Correa a la presidencia. Pero eso no acaba con la pugna política y le será difícil al actual mandatario hacer aprobar las reformas necesarias para reflotar el país de la crisis financiera en que lo dejó Correa. No hay pues una tendencia única en las recientes y próximas elecciones y sí bastantes incógnitas, pero entre ellas hay dos que destacan por sus posibles consecuencias desestabilizadoras en la región: ¿qué pasará en Colombia y en Venezuela?.

Jaque al proceso de paz en Colombia

Colombia afronta una doble elección; en marzo se renuevan los miembros de las Cámaras del Congreso y Senado, y en mayo será la primera fase de las presidenciales. Son las primeras elecciones después de la entrada en vigor de los acuerdos del proceso de paz con las FARC, en las que miembros de estas participarán en la contienda política: tanto en las legislativas, donde los acuerdos de paz les garantizan una representación mínima de 5 diputados y 5 senadores, sea cual sea su resultado; como en las presidenciales, aunque en este caso sin opciones aparentes de éxito.

Estas legislativas previas se valoran como un test de lo que podría suceder en las presidenciales. Los sondeos otorgan al partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, una ventaja sobre el resto de las formaciones, seguido de la Coalición Colombia (compuesta por el Partido Verde y el Polo Democrático) y el Partido Radical, liderado por el también candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Pero, de momento ninguna de las formaciones supera el 16% y casi un 25% se decanta por el voto en blanco seguido de un 15% de indecisos. Todo ello presenta un panorama de un legislativo fragmentado y difícil de manejar, salga quien salga elegido posteriormente como presidente.

En cuanto a la elección presidencial, cambian los porcentajes de las preferencias; el candidato uribista, Iván Duque, aparece entre los presidenciables en tercer lugar de intención de voto. Es Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquía, quien encabeza la intención de voto en las presidenciales, seguido de Vargas Lleras y, a continuación, por Humberto de la Calle exnegociador gubernamental del proceso de paz en La Habana. Los escenarios son muy diversos según quién pase a segunda ronda. Lo que hace de estas elecciones especialmente dramáticas es el cuestionamiento al proceso de paz que se hace desde el sector uribista, que podría llevar al traste un proceso aún frágil que necesita de un amplio consenso no consolidado, como demostró el triunfo del “No” en el plebiscito realizado en octubre de 2016.

A las dificultades económicas para implementar el proceso de desmovilización se suman las críticas de algunos sectores, que impugnan el proceso por otorgar impunidad a los guerrilleros. El escenario se complica más con la falta de avances en el proceso de paz con el ELN, que ha vuelto a realizar atentados terroristas con víctimas mortales. Al incierto panorama en el interior de Colombia se suma la crisis migratoria en la frontera con Venezuela que, debido a la creciente inestabilidad y las carencias alimentarias en dicho país, ha obligado a Colombia a acoger a unas 600.000 personas, según estadísticas del Gobierno colombiano y de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Reversión democrática en Venezuela

Otro importante foco de tensión regional deriva de lo que pueda suceder en Venezuela. Durante el año 2017 el gobierno escaló en su estrategia de arrinconar a la oposición y de ocupar todos los espacios institucionales. Tras ignorar los poderes de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, utilizó el Tribunal Supremo, compuesto por magistrados nombrados a dedo, y después frenó mediante maniobras dilatorias de la Comisión Nacional Electoral (CNE) el referéndum revocatorio que impulsó la oposición con el respaldo de muchas más firmas de las necesarias en 2016. Después de esas maniobras, el presidente Nicolás Maduro convocó elecciones a la Asamblea Constituyente el 30 de julio. Dicha asamblea sería un organismo no contemplado en la Constitución y se dio con una convocatoria en la que no se permitían candidaturas de partidos políticos. A pesar de la llamada a la abstención de la oposición, según la CNE fue a votar un 41,53% de la población, 20 puntos por encima de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que abundaron las acusaciones de fraude.

Dado que no existían más candidatos que los suyos, el gobierno se aseguró el triunfo y procedió a constituir la Asamblea, otorgándole poderes por encima de cualquier otra institución y colocando al frente a la fiel excanciller Delcy Rodríguez. Estos comicios, que no han sido reconocidos por la mayoría de la comunidad internacional, incluidos la mayoría de países de la región, fueron el preludio para la convocatoria el 15 de octubre de elecciones a gobernadores y alcaldías, a las que la oposición acudió dividida entre los que se negaron a participar
en unos comicios sin garantías y los que optaron por presentarse confiando en la impopularidad del gobierno de Maduro. El resultado fue de nuevo una victoria para Maduro, que logró activar el voto chavista a pesar de las dificultades económicas, la hiperinflación y la crisis alimentaria del país. Además de las irregularidades en las votaciones, las claves del resultado parecen estar en la desunión de la oposición, en la desmovilización de la ciudadanía agotada por la violencia y en la salida de casi 2 millones de venezolanos del país en la última década.

Así las cosas, la Asamblea Constituyente decidió adelantar las elecciones presidenciales, previstas en la constitución para finales de año, a abril de 2018, al tiempo que la CNE impugnaba las candidaturas de los principales opositores. Esta oposición, desunida tras una fallido intento de negociaciones con el gobierno patrocinadas por la mediación internacional y celebradas en República Dominicana, parece impotente ante lo que parece un nuevo episodio de involución democrática hacia la implantación de una autocracia sin separación de poderes y controlada por el ejército. Estados Unidos y la Unión Europea ya han adoptado algunos paquetes de sanciones dirigidos a la cúpula chavista para tratar de aislar al régimen. Incluso en la región, normalmente reacia a posicionarse frente a las crisis internas, se ha extendido una reprobación ante las últimas maniobras del Gobierno chavista. El Grupo de Lima, compuesto por representantes diplomáticos de 14 países latinoamericanos, ha rechazado la legitimidad de la Asamblea Constituyente y el adelanto electoral sin garantías.

Frente a este creciente aislamiento internacional, Maduro parece decidido a continuar una huida hacia adelante con el apoyo económico de China y, en los últimos años, también de Rusia. Venezuela también cuenta aún con el respaldo de varios países de la región que se beneficiaron de la diplomacia petrolera en tiempos de vacas gordas, incluyendo Cuba. Parece que no será posible impedir a corto plazo una reedición de unas elecciones poco fiables y habrá que ver cuál será la actitud de la oposición. Si Maduro logra sortear con éxito los comicios, su figura se verá fortalecida entre las diferentes facciones que hoy conforman el chavismo y solo un agravamiento de la crisis económica y el desabastecimiento pueden dar lugar de nuevo a una implosión social de consecuencias impredecibles. La crisis humanitaria ya está afectando a los países de la región, pero además la crisis política puede tener efectos desestabilizadores en ella.

Una lenta pero continuada recuperación económica

Tanto la CEPAL como el Banco Mundial y el FMI pronostican que, tras la leve recuperación de la economía en 2017, en 2018 la región seguirá una senda de crecimiento aun moderado pero sostenido. El crecimiento de Brasil, que representa casi el 40% del PIB regional, es el causante de ese optimismo, ya que la mejora económica del gigante regional tiene efectos en muchos países del entorno. En el extremo opuesto está Venezuela, que sigue con su tendencia recesiva y reduce el desempeño global de la región. Gran parte de la mejora se debe a la ligera recuperación de los precios de las materias primas debido al incremento de la demanda china. La CEPAL calculaba un crecimiento de las exportaciones en torno al 8% y una ligera recuperación de las importaciones en la región, después de la drástica reducción durante la crisis. Esto es una consecuencia de la dependencia de la exportación de materias primas en la región.

La mejora del contexto económico internacional también hace previsible un incremento de las remesas del extranjero, que en algunos países suponen un aporte sustancial a los ingresos de la población. Sin embargo, parte del crecimiento también se debe a la recuperación de la confianza económica tanto entre productores como entre los consumidores, que son los que tiran de los mercados internos, especialmente en países tan poco internacionalizados como Brasil. La CEPAL calcula que, en promedio, el consumo interno se incrementó un 1% en toda la región.

Este mismo organismo señala que en 2017, los países que más crecieron de la región son de Centroamérica; Panamá fue el primero, con un 5,3% de incremento del PIB, Nicaragua con 4,9% y Honduras con 3,9%. Por su parte, Paraguay con 4% y República Dominicana con 4,9% están en la misma línea. Las perspectivas son que para el año 2018 la media de crecimiento regional será de alrededor del 3%, por lo que se espera que eso tendrá efectos positivos en el empleo y la disminución de la pobreza. Sin embargo, también se reconoce que los efectos de los pasados años de crisis y las medidas de austeridad y contracción tardarán en revertirse. Dado el importante nivel de endeudamiento de muchos países no es esperable que el gasto público se incremente de forma notoria, lo cual reduce la capacidad para incrementar políticas sociales redistributivas en el corto plazo.

Como de costumbre, los efectos de los ciclos económicos se transforman más rápidamente en consecuencias negativas para la sociedad en el periodo recesivo que en positivas cuando se inicia la recuperación. Para que haya realmente cambios estructurales que eviten la alta vulnerabilidad de la región a los efectos de las crisis serían necesarias reformas que conduzcan a una mejora de la competitividad, una diversificación de la economía y una red de protección social efectiva.

Dificultades de las reformas estructurales y la lacra de la corrupción

Los efectos desestabilizadores de la crisis económica han puesto de manifiesto desequilibrios socioeconómicos en la región que parecieron opacarse durante la década de crecimiento económico que se vivió la década anterior. Las políticas sociales de transferencia de recursos que contribuyeron a disminuir la pobreza sin necesidad de hacer reformas estructurales de calado, están hoy amenazadas por las dificultades económicas y los ajustes presupuestarios. Los gobiernos precedentes no construyeron durante la bonanza sistemas impositivos sólidos, con efectos redistributivos efectivos y sostenibles. Casi todos los países se enfrentan hoy a la necesidad de hacer reformas impopulares que tropiezan con la oposición de diversos sectores sociales. Así, en México, Peña Nieto llega al final de su legislatura sin culminar el paquete de 11 reformas estructurales prometidas en el llamado Pacto por México (2012), que incluían una reforma laboral, reforma energética, reforma fiscal y financiera, reforma educativa y reforma de las telecomunicaciones, entre las más importantes. Sí se han hecho algunos avances, sobre todo regulatorios, pero el próximo gobierno tendrá que dar respuesta aún a grandes desequilibrios. En Brasil, tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, el gobierno de Temer también inició un paquete de reformas que incluyó la reforma constitucional para establecer un techo de gasto, la reforma laboral para incrementar la flexibilidad de la contratación y el despido, y una reforma tributaria que trata de alargar los periodos de cotización y la vida laboral que ha suscitado la protesta de diversos sectores sociales. En Argentina el gobierno también enfrenta una gran oposición a sus reformas de liberalización y especialmente, al igual que en Brasil, la reforma previsional. En Chile el gobierno de Bachelet dejará el Palacio de la Moneda sin haber podido cumplir con buena parte de las promesas electorales de reforma, especialmente la educativa, que se quedó a mitad de camino. El duelo entre el expresidente Correa y el presidente Moreno en Ecuador estuvo también en parte motivado por la oposición del primero a las reformas que el actual mandatario trata de poner en marcha para sanear las cuentas de la Administración, que están en números rojos.

Muchas de las dificultades de las reformas vienen de la debilidad de los gobiernos, que les obliga a plegarse a las demandas de las élites más poderosas. También por la estructura clientelar del sistema político, que obliga a pactos de los políticos con los grupos de presión afines para mantener su adhesión. Pero, sin duda, una de las mayores lacras ha sido la persistente corrupción. El problema no es nuevo en América Latina, ni en el mundo, pero en los últimos años el descubrimiento de tramas de dimensión transpartidista y transnacional, como Odebrecht o Petrobras, que se ha extendido desde Brasil a prácticamente toda América Latina e incluso más allá, ha hecho tomar conciencia de la dimensión sistémica del problema. El informe “Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe” publicado por Transparencia Internacional en 2017 muestra que dos tercios de los encuestados piensan que la corrupción ha aumentado en el último año. Más del 50% piensa que el gobierno no actúa para remediarlo y casi un 50% piensa que la policía y los representantes políticos son casi todos corruptos. Dos presidentes han sido víctimas recientes de esa lacra: además del encarcelamiento del expresidente Lula da Silva en Brasil, en Perú el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a dimitir en medio de acusaciones de corrupción a solo 20 meses de su investidura.

Parece evidente que para conseguir las reformas económicas que necesita la región será necesaria también una reforma política que traiga una mayor transparencia y capacidad de renovación de las estructuras institucionales. Pero son los propios partidos que con sus intereses electoralistas impiden esas reformas. Sin embargo, el inmovilismo tendrá que enfrentar las demandas de unas clases medias cada día más exigentes que pueden hacer, quizás, cambiar el panorama político. El año 2018 y lo que depare el gran ciclo electoral que se dará en ese periodo puede darnos algunas claves al respecto.

Palabras clave: 2018; América Latina; elecciones; México; Movimientos sociales; populismo; Venezuela