AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2015: CAMBIOS Y AÚN MÁS EXPECTATIVAS

Data de publicació:
06/2016
Autor:
Anna Ayuso y Santiago Villar
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Las sombras de la crisis y la polarización

El cambio de ciclo económico que ya se avistaba en América Latina durante el año 2014 se confirmó en 2015. Durante ese año las previsiones de crecimiento fueron rebajándose en toda la región hasta situarse en torno al 0,5% en 2015, según la CEPAL. Durante la primera fase de la crisis financiera internacional iniciada en 2008, que se cebó en el hemisferio norte, los actores de América Latina que más sufrieron fueron los más ligados al mercado de Estados Unidos (Centroamérica y México) mientras que América del Sur, enfocada cada vez más hacia el emergente mercado asiático, parecía surfear plácidamente en las aguas del Pacífico. Sin embargo, con el reciente enfriamiento de la economía China ha llegado el revolcón para aquellas economías más estrechamente ligadas al gigante asiático, como por ejemplo, la brasileña y la argentina, provocando una ola expansiva en toda la región.
La continuada baja del precio del petróleo y la lenta o nula recuperación de los precios de las materias primas han puesto punto y final a la bonanza experimentada en la región durante la pasada década. Ello ha obligado a poner en marcha difíciles ajustes económicos para paliar déficits primarios, que impactan en la sostenibilidad de las políticas públicas con las que se había incrementado el gasto social en la región y que hacen peligrar los buenos resultados en el descenso de los niveles de pobreza alcanzados recientemente. Los recortes en los servicios, prestaciones y transferencia de ingresos, así como la disminución de las oportunidades de empleo se ceban en las capas de población más vulnerable y amenazan con un retroceso de los importantes logros sociales. La frustración de las expectativas de mejora de la población ha repercutido en la caída fulminante del apoyo y la popularidad de varios líderes de la región y ha propiciado cambios de gobierno.
A todo este panorama agitado se une la pérdida de confianza en las instituciones, con escándalos de corrupción en altas esferas, hecho que ha coincidido con cambios de ciclos políticos en algunos países tras décadas de gobiernos monocromático que se perpetuaron en el poder, monopolizando e instrumentalizando de forma partidista las instituciones públicas. Como consecuencia de ello las protestas y movilizaciones se extienden y confrontan a diferentes sectores de la sociedad, polarizándola entre aquellos que quieren mantenerse en el poder invocando logros del pasado y los que pugnan por el cambio y acusan de fracaso a modelos de crecimiento fallidos y políticas insostenibles. Venezuela y las convulsiones del chavismo han sido un caso paradigmático de esta confrontación, pero no el único. Las tensiones nacionales además se reflejan en cambios en los equilibrios regionales que impactan en los organismos que han reconfigurado el regionalismo latinoamericano en la última década.

Límites y expectativas en la proyección regional e interregional

Durante la última década se fueron consolidando en América Latina una gran variedad de proyectos regionales que comparten escenarios y compiten en iniciativas de carácter político y económico, proyectos que se superponen con otras iniciativas del pasado. Todo ello se traduce en una fragmentación de recursos e intereses y, a menudo, en políticas divergentes vinculadas a ideologías dispares que dificultan la coordinación regional. Estas diferencias se acrecentaron con liderazgos en pugna y alianzas diversas de geometría variable según los intereses en juego. En el plano económico el contraste se ha producido entre, por una parte, la Alianza del Pacífico compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, (países que apostaron por la liberalización y apertura exterior consiguiendo entre 2014 y 2015 tasas de crecimiento mayores que otros países de la región); y, por otra parte, el Mercosur, con políticas más proteccionistas, que se ha visto abocado a una desaceleración creciente en Brasil, Argentina y por último en Uruguay, que ha llegado incluso a la recesión económica. Paraguay ha sido la excepción del grupo.

En el ámbito político, la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) ha experimentado dos tendencias que modifican el equilibrio de fuerzas intrarregional. Por una parte, se redujo el liderazgo de Brasil que, ante las dificultades internas del gobierno de Rousseff, ha preferido mantener un perfil más bajo. Ello no obsta que la diplomacia brasileña y su presidenta hayan buscado jugar un papel de garante estabilizador en situaciones de crisis internas mediante una labor discreta en las instituciones regionales. Así, en la preparación de la misión de acompañamiento en las difíciles elecciones parlamentarias venezolanas del 6 de diciembre de 2015, Brasil contribuyó a trazar una línea roja sobre qué era aceptable o no como prácticas democráticas. A su vez, se ha hecho patente una pérdida de liderazgo de Venezuela que, con la disminución de recursos y las turbulencias políticas internas, se ha convertido en un mero observador de la región. Asimismo, UNASUR sigue tratando de perfilarse como el organismo de respuesta a las crisis políticas regionales en competencia con la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este contexto, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, que asumió el cargo en mayo de 2015, se ha propuesto reivindicar el papel de esta organización hemisférica en materia de derechos humanos y democracia, y no se ha andado con paños calientes criticando la situación de los presos políticos en Venezuela. Ello ocurrió tras la VII Cumbre de las Américas celebrada el 10 y 11 de abril de 2015 en Panamá, en la que los 35 mandatarios del continente saludaron la incorporación de Cuba de resultas del deshielo de las relaciones con los Estados Unidos, hecho histórico anunciado simultáneamente por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama el 27 de diciembre de 2014. Esta etapa abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales tras más de 50 años de embargo y confrontación. Sin embargo, el pleno restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana está aún obstaculizado en Estados Unidos: por un lado, por un Congreso de mayoría republicana, y por otro, por el despegue de la carrera electoral presidencial, que no invita a aventuras. Pero la opinión pública de Estados Unidos es hoy mayoritariamente favorable al levantamiento del embargo, y la sociedad cubana, en proceso de lenta pero progresiva transformación de sus estructuras, ha recibido la noticia con alegría y esperanza, por lo que será difícil dar marcha atrás. La incorporación plena de Cuba a las instituciones regionales debería ser el camino hacia la normalización de su estatus, aún excepcional, y hacia la convergencia de los valores de la democracia y la justicia social en la región.
Algo similar está ocurriendo también en otra organización política emergente en la región como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Esta institución se va consolidando como espacio de concertación tanto entre sus miembros –todos los países del continente excepto los Estados Unidos y Canadá–, como con otros sujetos de la arena internacional. Aunque la III Cumbre CELAC celebrada en Costa Rica el 28 y 29 de noviembre de 2015 puso de manifiesto las dificultades para conciliar diferentes versiones de lo que la propia institución representa y cuál debe ser su papel en la región, la cita logró adoptar la Declaración política de Belén de 94 puntos y un Plan de acción en el que se enumeran las agendas de cooperación intra y extrarregionales en 27 apartados. Pero además la CELAC se ha convertido en un válido interlocutor político en diálogos con potencias tradicionales y emergentes, rol que se ha reforzado durante 2015 con la Reunión en Beijing del Foro China–CELAC en enero, en la II Cumbre entre la CELAC y la UE celebrada en de junio de 2015 en Bruselas, y en la reunión CELAC–Rusia realizada en Nueva York en septiembre, en el marco de la inauguración de la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas.

De esta manera la Asociación estratégica de la UE con América Latina y el Caribe, iniciada en 1999, compite hoy con otros modelos alternativos que vienen del Este y el Oeste. Más allá de la retórica de valores compartidos, en la cumbre de Bruselas UE-CELAC se constató la necesidad de adaptar las relaciones a los nuevos retos globales, aunque de momento la Declaración de Bruselas y el Plan de Acción conjunto son más bien continuistas. En el plano político, cuatro temas dominaron la agenda del encuentro. El primero, recibido positivamente, fue el progreso en el proceso de Paz en Colombia, para el cual la UE ofreció respaldo y la creación de un fondo específico para apoyar la puesta en práctica de las agendas. Otro de los aspectos positivos de la cita fue la reapertura de negociaciones para el acuerdo entre la UE y Cuba, que sigue avanzando y se espera concluir en 2016. En sentido contrario, se constataron las dificultades para profundizar en el acuerdo de libre comercio en negociación con Mercosur que, tras reabrir las negociaciones en 2010, está aún pendiente de un intercambio de ofertas, reiteradamente aplazado. Un factor de disenso en la Cumbre fue la valoración de la situación en Venezuela, ya que los países de la UE se resistieron a condenar las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos a altos cargos de la administración venezolana, mientras que los países de la CELAC se negaron a mencionar a los presos políticos encarcelados. Estos claroscuros no empañan el hecho de que la relación entre ambas regiones es la más madura que la CELAC tiene con actores extracontinentales, que incluye una amplia red de relaciones gubernamentales y no gubernamentales. Con todo ello, al mismo tiempo se hace necesaria una nueva proyección que tenga en cuenta que ALC es una región plural, globalizada, con múltiples intereses y aliados entre los que la UE es uno más.

Crisis, reformas y cambios alteran el panorama político regional

Las crisis económica y política que recorren América Latina y el Caribe y la necesidad de reformas de calado largamente aplazadas tanto en el ámbito económico como en el jurídico e institucional, han marcado la situación de la región durante el 2015. La crisis económica es un reto que afecta toda la zona que a día de hoy, además, paga las consecuencias de unas reformas largamente aplazadas durante la época de bonanza. Unas mejoras que se requerían para modernizar las economías y ahora se hacen inevitables en un contexto menos favorable. Por otra parte, los escándalos de corrupción han sido protagonistas en la región, haciendo estragos de forma más o menos directa en líderes como Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Ollanta Humala en Perú, Enrique Peña Nieto en México o Juan Manuel Santos en Colombia. Entre estos casos destaca por flagrante el del presidente guatemalteco Otto Pérez, obligado a dimitir y procesado junto a su vicepresidenta. Crisis económica y política, así como las dificultades de los gobiernos para garantizar la seguridad ciudadana y contener el crimen organizado, son tres de los ingredientes que dificultan la gobernabilidad en la región. Los casos de México, Argentina y Venezuela que se explican a continuación ejemplifican tal situación.
México; violencia y crisis política estancan las reformas anunciadas
Al iniciarse el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012 los retos que debía afrontar su ejecutivo estaban bien identificados. Desde el punto de vista económico, se trataba de revertir el lento crecimiento de la economía que, con altibajos, venía situándose por debajo de los requerimientos del país en materia de creación de empleo, construcción de infraestructuras y satisfacción de necesidades básicas de la población. Desde el punto de vista político, el país se encontraba en una de las peores crisis de seguridad; la lucha contra el crimen organizado emprendida en la legislatura anterior por el presidente Calderón desencadenó un enfrentamiento entre cárteles de la droga, con un balance de alrededor de 122.000 muertos entre 2007 y 2012. Al iniciar su presidencia Peña Nieto pactó con los tres partidos políticos más representativos de México, a saber, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de Acción Nacional (PAN) en una entente que se llamó el Pacto por México, cuyo objetivo era fortalecer la gobernabilidad democrática en tres ejes principales: el fortalecimiento del Estado, la democratización de la economía y la política, y la participación de los ciudadanos en las políticas públicas. El documento incluía cinco acuerdos con la hoja de ruta de las reformas legislativas y normativas en el ámbito político, económico y social.
Tras dos años de administración de Peña Nieto se concretaron seis reformas estructurales en materia económica y de productividad; tres sobre derechos sociales y legalidad y dos relativas a la institucionalidad democrática, que implicaron hasta 58 modificaciones a la Constitución. Sin embargo, la dinámica de la política en México y el contexto económico internacional plantean serias dudas sobre la efectividad de tales reformas. En el ámbito económico, la emblemática reforma del sector de la energía y del petróleo se vio empañada por la escasísima concurrencia a la licitación de la primera subasta petrolera celebrada en julio de 2015, que tenía que iniciar el proceso de desmantelamiento del monopolio estatal con la entrada de capital privado. Por otro lado, la reforma financiera presenta incertidumbres en cuanto a la instrumentación y sus impactos, y deja fuera los incentivos al ahorro, así como aspectos importantes de los mercados de valores y derivados. Estas dificultades se reflejan en un moderado crecimiento del PIB que en 2015 ronda el 2,3%, por debajo del esperado, aunque mayor que otras economías de la región.

Elecciones y cambio de rumbo en Argentina

Durante la segunda parte del año Latinoamérica ha mirado con especial atención al desarrollo de las elecciones en Argentina, ya que estaba en juego el gobierno de una gran pieza en la estructura de poder del continente. Internamente, el país se encontraba ante el inevitable fin de la era kirchnerista, iniciada con la victoria de Néstor Kirchner en 2003 y las de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y 2011. La elección del nuevo presidente necesitó por primera vez en la historia de una segunda ronda, en la cual el candidato opositor, Mauricio Macri, se impuso al oficialista, Daniel Scioli, por una diferencia cercana a los tres puntos. Este resultado ha reflejado que la mayoría ciudadanía argentina necesitaba un cambio, y fue la coalición opositora –significativamente denominada Cambiemos– quien mejor supo entender y dar respuestas a esa necesidad. Se hizo fuerte hincapié en la necesidad de volver a unir a la sociedad, tras más de una década en la que la diferencia entre ser oficialista u opositor al Gobierno se trasladó desde el ámbito político y económico al día a día del ciudadano. Sin duda, la profunda polarización social es algo que la nueva administración intentará y deberá gestionar con habilidad.

En cuanto a su proyección internacional, Argentina impulsó fuertemente la agenda latinoamericana a la vez que intensificaba las relaciones con China. La pelea con los denominados “fondos buitre”, para poder renegociar un mínimo remanente de la deuda que entró en default en 2001, ha influido en las relaciones de Argentina con los Estados Unidos, a lo cual se suma una diferente visión y toma de posición ante los problemas globales. El nuevo Gobierno de Mauricio Macri intentará modificar esa estructura de relaciones exteriores. Con un hondo arraigo en el mundo empresarial y jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos ocho años, el líder de Cambiemos no parece tan proclive a la continuidad del modelo de relacionamiento exterior de la era kirchnerista, más bien lo contrario. Tanto en campaña como una vez electo Macri ha declarado su intención de mejorar sensiblemente las relaciones con los Estados Unidos y con la Unión Europea, con quien desea finalmente concluir las negociaciones tendientes a un acuerdo de libre comercio Mercosur-UE. Asimismo, subrayó que su prioridad será dinamizar el bloque regional del sur a través de una relación más fluida con Brasil como principal socio comercial de Argentina. Por otro lado, el nuevo líder argentino ha recibido mensajes de apoyo y confianza de los principales líderes europeos, como Angela Merkel (quien lo invitó a Alemania en 2016) y François Hollande, quien prometió visitar Argentina en febrero próximo. Mauricio Macri ha declarado también que revisará una serie de convenios firmados por el Gobierno de Cristina Fernández con China y con la Federación Rusa, aunque ello no significaría necesariamente un enfriamiento de las relaciones con estos dos actores de relevancia mundial. En clave regional también se ha mostrado proclive a explorar las posibilidades de una relación más estrecha con la Alianza del Pacífico, a fin de maximizar el acceso a los mercados asiáticos.

Todo parece indicar que el cambio propuesto por Mauricio Macri se reflejará no solo a nivel interno sino también a nivel externo, así como en las relaciones regionales e internacionales de Argentina. Los cruces de declaraciones que ya ha tenido con el Gobierno venezolano auguran una relación que puede dejar de ser de íntima amistad para convertirse en un foco de controversia. Habrá que evaluar y analizar cuáles son los primeros pasos del nuevo gobierno en materia de política exterior, fundamentalmente en el marco regional, para determinar si efectivamente hay un cambio en la tendencia predominante en la región de cara a los próximos años.

Venezuela ante un fin de ciclo

Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela abrieron una nueva etapa política con un vuelco del voto que supuso un revés al gobierno liderado por Nicolás Maduro. La magnitud de la derrota, que dejó al Congreso en manos de la oposición agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática con mayoría de 2/3 (112 diputados) no deja lugar a dudas del voto de castigo a una deriva autoritaria de la revolución chavista, y al intento de trasladar toda la responsabilidad de la quiebra económica del país hacia la denominada "guerra económica" de los opositores, sin asumir las equivocaciones propias. Son muchas las incógnitas del nuevo periodo que se abre en unas condiciones económicas muy precarias, con una inflación récord y un empobrecimiento de la población. La mejora de las condiciones de vida, que había sido el principal argumento de legitimación del gobierno revolucionario desde su llegada al poder en 1999, se le volvió en contra al ejecutivo. Después de 17 años en el poder, el cambio de ciclo económico, con la bajada de los precios del petróleo, puso a Venezuela al borde del colapso económico y el desabastecimiento ha precarizado la vida de las familias. Todo ello ha puesto de manifiesto un modelo económico insostenible e incapaz de sobrevivir a los impactos externos.
El presidente Nicolás Maduro quedó muy debilitado por unos resultados mucho peores de los que se preveían y eso cuestiona su liderazgo de la revolución desde que el comandante Chavez lo designó sucesor en enero de 2013. Después de perder el apoyo de la mayoría popular de forma abrumadora, se impone una nueva etapa en que la polarización no asegura réditos electorales y obliga a chavismo y oposición a revisar sus estrategias. El reconocimiento inmediato de la derrota por parte del jefe de estado y las autoridades electorales fue un buen punto de partida; pero las declaraciones posteriores de Maduro, la destitución del ministro de Defensa Vladimir Padrino, que mantuvo el apoyo a la Constitución por encima de las llamadas a primar la revolución por parte del Jefe del Estado, y el nombramiento de altos cargos entre afines para monopolizar el poder judicial no auguran buenos presagios.
Por su parte, la oposición se enfrenta a la gestión de una victoria en las urnas que deberá convivir, al menos en el corto plazo con un presidente que mantiene sus poderes ejecutivos, mientras que los poderes regionales y locales aún están mayoritariamente en maños del chavismo. Las llamadas al diálogo y la reconciliación de parte de la oposición ganadora serán clave para que se reconduzca la vida política y se eviten tentaciones frentistas. El éxito electoral fortaleció el liderazgo de Enrique Capriles y su apuesta por una oposición leal con las instituciones y que lucha por el cambio mediante instrumentos democráticos frente a un sector rupturista que entronca con las nefastas estrategias golpistas del pasado que deslegitimaron a la oposición y propiciaron la concentración de poder en manos de Chávez. Los ciudadanos de Venezuela se expresaron de forma pacífica en favor de una alternancia y de devolver la praxis política al servicio de los ciudadanos. De la actitud del chavismo y la oposición dependerá que se dé una transición pacífica o traumática.

Nubes económicas, tormentas políticas y previsiones variables

Los acontecimientos políticos de 2015 generan interrogantes sobre el futuro próximo de América Latina. El peso que tiene Brasil en la región hace que sea un factor de estabilidad fundamental. La presión que ha afrontado la presidenta Rousseff durante el primer año de legislatura la han debilitado, y hace tambalear la coalición gubernamental, con un PMDB que ya piensa en la posibilidad de un relevo en el liderazgo en el que puedan asumir un papel protagonista. Se repiten los episodios de protestas populares contra Rousseff, mientras la presidenta afronta un juicio político de consecuencias imprevisibles que puede acabar con el escaso crédito popular que le queda. Los escándalos de corrupción han mermado la confianza en las instituciones y la clase política. Solo el poder judicial parece contar con cierta credibilidad debido a sus actuaciones frente a las élites corruptas.

Para salir de la actual situación recesiva el gobierno brasileño necesita un nuevo motor de crecimiento. Con China en transición como modelo en ese aspecto, parece que Brasil puede volver a mirar hacia Europa y los Estados Unidos como socios atractivos y propiciar acuerdos más ambiciosos. El cambio de la presidencia argentina, con un gobierno abiertamente favorable a incrementar la apertura y la inserción internacional, jugará también a favor. Este escenario puede hacer cambiar el rumbo de Mercosur y dinamizar unas posibles convergencias con la Alianza del Pacífico que también es vista favorablemente por socios como Uruguay y Paraguay. Los cambios políticos recientes en diversos países de la región y el persistente estancamiento económico pueden ser incentivos para políticas más proclives a incentivar el comercio intra y extraregional que puedan destrabar obstáculos y buscar convergencia entre los diferentes proyectos.
Las dificultades políticas en Brasil, junto a las de Rafael Correa en Ecuador, con cuestionamientos a la derecha y a la izquierda alimentados por el deterioro económico, y la caída de la popularidad de la presidenta chilena Michelle Bachelet, se unen al derrumbe electoral del chavismo en las elecciones parlamentarias en Venezuela y parecen presagiar un cambio de época. Estos vaivenes han afectado también al régimen cubano, que después de la caída de la Unión Soviética sigue en su ya larga lucha por sobrevivir al declive del que era su más fiel aliado, con actitudes más pragmáticas y un acercamiento a los que fueron los eternos enemigos declarados de la revolución (los Estados Unidos) y las negociaciones con la UE y el Club de París. En Mesoamérica, la evolución de la economía mexicana será también determinante para el inicio de una recuperación económica que se resiste a arrancar.

En el ámbito político otro tema a seguir que de momento evoluciona favorablemente, como se ha apuntado anteriormente, es el proceso de paz en Colombia, que si avanza como se espera cerrará un capítulo negro de la región y tendrá un efecto positivo en la seguridad y la calidad de vida de millones de personas. La seguridad, vinculada frecuentemente a crímenes y asesinatos impunes, sigue siendo el gran reto transversal de alcance regional y una amenaza a la institucionalidad para el cual se harán necesarios una mayor coordinación regional en pos de la democracia y la prosperidad.