El 15 de noviembre de 2020, por tercera vez en algo más de dos años, Perú ha visto caer un presidente en circunstancias turbulentas, ahondando una crisis política incesante que desde el arranque del siglo ha puesto en la picota del repudio popular y la justicia penal a siete de los ocho mandatarios que se han sucedido en estas dos décadas. El último en ser descabalgado es Manuel Merino de Lama, forzado a renunciar por los mismos congresistas que tan solo cinco días atrás lo invistieron para sustituir al destituido presidente Martín Vizcarra. La dimisión irrevocable del efímero gobernante, abandonado por los dirigentes del Congreso y por sus propios ministros, llega horas después de la violenta represión policial de la protesta de miles de ciudadanos en Lima, movilizados a raíz de la vacancia de Vizcarra por "permanente incapacidad moral". El balance provisional de los disturbios es de dos muertos, un centenar de heridos y más de 40 desaparecidos, trágico suceso que ha generado un escándalo nacional.
Manuel Merino es un productor agropecuario de la provincia de Tumbes que
desde 2001 ejerció tres mandatos legislativos no consecutivos en el Congreso de la República y en las listas del partido Acción Popular (AP). Tras un segundo período en blanco,
volvió a obtener el escaño en las elecciones parlamentarias extraordinarias del 26 de enero de 2020. Las mismas fueron convocadas por el presidente Vizcarra el 30 septiembre de 2019 al imponerse provisionalmente en su enfrentamiento con el Poder Legislativo a propósito de la reforma del método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional (en aquella ocasión, Vizcarra, en respuesta a la segunda denegación por el Congreso de un voto de confianza para el Consejo de Ministros e invocando el art. 134 de la Constitución, decretó la disolución de la Cámara y pudo neutralizar la declaración por la misma de su "incapacidad temporal" y suspensión en el cargo por 12 meses, gracias a que la vicepresidenta Mercedes Aráoz, proclamada por los congresistas para llevar las funciones presidenciales en el período interino, renunció al cargo; posteriormente, el 14 de enero de 2020, el decreto de disolución congresal de Vizcarra fue validado por el Tribunal Constitucional).
Dichos comicios convirtieron a AP, histórica formación de centro progresista que desde la época del presidente
Alberto Fujimori había visto menguar mucho su influencia política, en la primera fuerza parlamentaria con 25 diputados. Uno de ellos era el representante tumbesino,
investido presidente del Congreso Extraordinario el 16 de marzo. Merino, con 93 votos, derrotó a Rocío Silva-Santisteban, del izquierdista Frente Amplio (FA), y tomó el relevo a Pedro Olaechea, miembro del Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de
Pedro Pablo Kuczynski, a su vez el presidente dimitido en marzo de 2018 ante la inminencia de su destitución por presunta corrupción y acosado por el escándalo de la presunta compra de votos a un sector de la bancada fujimorista. Fue entonces cuando el vicepresidente Martín Vizcarra recibió la banda presidencial para terminar el mandato constitucional salido de las elecciones generales de 2016. Desde su nueva posición, Merino urgió al Congreso a "recuperar la confianza ciudadana", por lo que los legisladores debían "dar ejemplo y tener una actitud responsable, transparente y eficaz"."Nos espera una tarea titánica. No hay tiempo para ensayar, no hay tiempo para improvisar ni para fracasar, solo tenemos tiempo para actuar, concertar y trabajar", advirtió en su discurso inaugural. Una vez situado al frente del Congreso peruano, Merino fue
uno de los protagonistas de la cruda pelea institucional entablada por el Legislativo y el Ejecutivo en plena pandemia COVID-19.
El 11 de septiembre de 2020, cuando el país andino acababa de superar las marcas de los 30.000 fallecidos y los 700.000 contagios acumulados del coronavirus,
el Congreso, por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones,
dio pase a un pedido de vacancia presidencial contra Vizcarra por "permanente incapacidad moral". La acusación se sustentaba en unas grabaciones de audio que pretendidamente mostrarían el intento de Vizcarra, instruyendo a sus colaboradores para que mintieran en sus testimonios, de obstruir las investigaciones anticorrupción conducidas por el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso en el llamado
caso Richard Swing, el cual afectaba a varios ex altos funcionarios de la actual Administración. La difusión de los audios comprometedores fue autorizada por Merino y a continuación varios congresistas de AP, que como partido arrastraba serias divisiones internas, se sumaron a la moción de vacancia presidencial promovida desde las bancadas de la Alianza para el Progreso (APP, centroderecha liberal), Fuerza Popular (FP, fujimorismo), Unión por el Perú (UPP, nacionalismo etnocacerista), Podemos Perú (PP, derecha liberal) y Somos Perú (SP, democracia cristiana).
El 17 de septiembre el Tribunal Constitucional desestimó la medida cautelar planteada por el Gobierno para paralizar el juicio político, pero al día siguiente el Congreso, por 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones,
rechazó que Vizcarra fuera vacado.
La actuación de Merino en el primer y fallido movimiento de destitución de Vizcarra estuvo rodeada de polémica. Si bien el 18 de septiembre casi todos los representantes de AP acabaron votando en contra de la incapacitación moral del presidente (al igual que los de APP, FP y SP), ya en un primer momento trascendió que el responsable legislativo había intentado contactar con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para, al parecer, asegurarles a los militares que la situación estaba controlada y que no se crearía un peligroso vacío de poder si Vizcarra era removido. El presidente calificó la votación del 11 de septiembre de "patraña para desestabilizar la democracia" y arremetió personalmente contra Merino, acusándole de "conspirar con fuerzas oscuras" y de ser el principal instigador de un juicio político que de prosperar le convertiría a él en presidente de la República. El señalado reconoció haber telefoneado al alto mando castrense y pidió disculpas a las Fuerzas Armadas, pero rechazó que él o su partido estuvieran en un "complot" contra Vizcarra.
Sin embargo, el desenlace de la destitución de Vizcarra terminó imponiéndose al cabo de unas semanas.
El 20 de octubre, 27 congresistas volvieron a la carga con una segunda iniciativa de moción de censura. Esta vez, el cargo era unos presuntos actos de corrupción cometidos por el presidente en su etapa de gobernador regional de Moquegua y que la Fiscalía de la Nación ya estaba investigando. La moción de vacancia fue iniciada por la UPP y recabó las adhesiones de AP, FP y PP, y de algunos integrantes de SP y el FA, tal que
el 2 de noviembre fue admitida a debate con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Desde su tribuna, Merino, al parecer escarmentado por la polvareda que había levantado sus anómalas llamadas al Ejército y la Marina cuando el primer intento de vacancia, prefirió mantener un perfil bajo. El presidente acusado ejerció su derecho a la defensa en el pleno de la Cámara, pero su descargo de la imputación de la aceptación de sobornos a cambio de contratos de obras públicas en Moquegua no convenció a la mayoría.
Como resultado, el
9 de noviembre, el Congreso declaró la vacancia en la Presidencia de la República por la permanente incapacidad moral de Vizcarra por 105 votos -18 más de los necesarios- contra 19, más dos abstenciones y dos ausencias. El presidente estaba cesado. Votaron contra Vizcarra todos los diputados presentes de la UPP, FP y el Frente Popular Agrícola (FREPAP), así como la mayoría de los de AP, la APP, PP, SP, el FA y los no adscritos, mientras que el Partido Morado (PM) se pronunció en su favor. Las denuncias de la dudosa, cuando menos, legitimidad del procedimiento institucional no frenaron su compleción en
la jornada siguiente, 10 de noviembre, con la jura de Merino como presidente de la República.
El puesto le correspondía por ley al no haber vicepresidente de la República, oficina vacante desde la aceptación el 7 de mayo por el Congreso de la dimisión presentada por Mercedes Aráoz meses atrás. Para presidir Legislativo fue seleccionado Luis Valdez Farías, de la APP.
Investido para concluir el 28 de julio de 2021 el mandato electoral iniciado en 2016 por Pedro Pablo Kuczynski -actualmente bajo arresto domiciliario preventivo de 36 meses como imputado por corrupción-,
Merino, tercer presidente acciopopulista tras los registros de Fernando Belaúnde Terry (el líder fundador del partido) en 1963-1968 y 1980-1985
y de Valentín Paniagua en 2000-2001, subrayó su
compromiso con la celebración de las siguientes elecciones generales, cuya fecha inamovible era el 11 de abril. En su toma de posesión, Merino afirmó que, dadas las difíciles circunstancias nacionales, no había "nada que celebrar", prometió respetar el cronograma electoral y anunció un Gabinete de "consenso y unidad". El 11 de noviembre
recibió el puesto de primer ministro Ántero Flores-Aráoz, veterano dirigente popularcristiano y antiguo ministro de Defensa, quien presentó un Consejo "de transición" de marcada línea conservadora, con carteras para varios ex funcionarios de la última Administración aprista de
Alan García (2006-2011) y representantes de los gremios empresariales.
El llamado de Merino a la normalidad institucional, la tranquilidad social y la unidad nacional en apoyo a su Ejecutivo de "ancha base", más en momentos de crisis sanitaria sin precedentes y de zozobra económica,
fue inmediatamente contestado por amplios sectores de la población y por varias cabeceras de la prensa nacional, los cuales hablaron abiertamente de "golpe de Estado" en el Perú. La alerta prendió también en la OEA, que reclamó al Tribunal Constitucional de Lima un dictamen sobre la "legalidad y legitimidad" del mecanismo de vacancia activado por
un Congreso bajo sospecha, pues 68 de sus 130 integrantes tenían abiertos expedientes en el Ministerio Público, el cual les investigaba por los más diversos delitos. Por si fuera poco, los líderes de la UPP, Antauro Humala, y de PP, José Luna Gálvez, estaban encarcelado y detenido, respectivamente. Por cierto que a la cabeza en número de procesados estaba la APP de César Acuña, seguida de AP; Merino no tenía expediente abierto, pero sí 12 compañeros de bancada. La indignación bullía en las calles, no tanto por la convicción de la inocencia del presidente destituido como por la percepción de que el Congreso, al deshacerse de Vizcarra, buscaba entorpecer la investigación de los abundantísimos delitos perpetrados desde sus escaños y, de alguna manera, hacer triunfar la impunidad.
La protesta pacífica de la sociedad civil desembocó el 12 de noviembre en una
Gran Marcha Nacional en Lima donde miles de personas corearon los lemas de "Perú, te quiero, por eso te defiendo" y "Merino no me representas". Manifestaciones multitudinarias tuvieron lugar simultáneamente en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Cuzco y otras ciudades. La Policía Nacional hizo uso de sus efectivos antidisturbios.
El 14 de noviembre, una segunda Marcha Nacional, como la anterior convocada por la ciudadanía a través de las redes sociales y sin asomo de instrumentación partidista, volvió a congregar una enorme muchedumbre en la Plaza San Martín de la capital.
Las fuerzas policiales intervinieron con suma violencia y en la madrugada del día siguiente se supo que la represión desatada había costado la vida a dos jóvenes, uno de ellos alcanzado por disparos de perdigón.
Llegada a este punto la explosiva situación, Merino se encontró con que
13 de sus 18 ministros, entre ellos los titulares de Interior (Gastón Rodríguez), Defensa (Walter Chávez), Justicia (Delia Muñoz) y Economía y Finanzas (José Arista),
ponían sus renuncias sobre la mesa. El nuevo presidente del Congreso, Luis Valdez, instó a Merino a hacer lo mismo, so amenaza de estudiar la Junta de Portavoces de la Cámara su destitución. A las presiones a Merino se sumaron el alcalde limeño de mismo partido, Jorge Muñoz, y el líder de la APP, César Acuña. Fuera de las instituciones, las conminaciones a la renuncia eran un clamor general.
La continuidad del presidente, en el cargo desde hacía menos de una semana,
se tornaba insostenible y ese mismo día, 15 de noviembre, Merino comunicó su dimisión.
"En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, (...) presento mi denuncia irrevocable (...) e invoco a la paz y a la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de los esfuerzos para poder garantizar la sucesión del mando que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante (...) Todo el Perú está de luto. Quiero expresar mis sentidas condolencias a los familiares de las víctimas mortales. Nada justifica que una legítima propuesta deba desencadenar en muertes de peruanos. Estos sucesos deben ser investigados para determinar todas las responsabilidades", fueron las palabras leídas por el dimisionario, con tono firme, en su mensaje televisado. Pese a lo dicho por Merino, el vacío de poder se vio agravado porque dimitió también el sucesor alternativo fijado por el art. 115 de la Constitución en defecto del vicepresidente, el cabeza del Congreso Luis Valdez.
(Texto actualizado hasta 15 de noviembre de 2020)