Martín Vizcarra Cornejo

(Nota: esta biografía fue publicada el 12/5/2018. Véase al final del documento una síntesis de actualización hasta el 11/12/2025).

Desde el 23 de marzo de 2018 Martín Vizcarra es el presidente constitucional del Perú para el resto del mandato, hasta 2021, para el que en 2016 fue elegido como primer vicepresidente en la fórmula de Pedro Pablo Kuczynski . La dimisión forzada de PPK cuando el Congreso, en un segundo intento de vacancia por "permanente incapacidad moral", se disponía a destituirle en los contextos de las revelaciones de la trama corrupta Odebrecht, el polémico indulto a Alberto Fujimori, la fractura e intrigas del partido fujimorista y el escándalo de los Kenjivideos, elevó a la jefatura del Estado a este ingeniero de presencia seria y verbo categórico que en 2017 hubo de renunciar al Ministerio de Transportes por la controversia sobre el contrato del aeropuerto cuzqueño de Chinchero.

Vinculado a un partido liberal-conservador, Peruanos Por el Kambio (PPK), con solo un puñado de congresistas y carente de aliados que garanticen un mínimo soporte parlamentario, Vizcarra ha constituido un Gabinete de ministros enteramente renovado, compuesto casi en su totalidad por independientes y cuya jefatura ha confiado a César Villanueva, miembro de una formación, la Alianza por el Progreso, que hasta ahora se situaba en la oposición. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, goza de mayoría absoluta en el Congreso.

El nuevo presidente peruano hereda las riendas de un país con una coyuntura hasta cierto punto paradójica: su clase política y la institución presidencial pasan por una crisis de credibilidad muy severa, mientras que su situación económica y monetaria, con las exportaciones cupríferas boyantes y el sol cotizando fuerte, goza de un buen momento (no así la financiera, por el elevado déficit fiscal). En su primer discurso a la nación, Vizcarra ha aunado compromisos de cambio y de continuidad en la enumeración de cuatro prioridades de gobierno: articular un "pacto social contra la corrupción", pasar a una "nueva etapa de refundación institucional" que deje atrás la "política de odio y confrontación", mantener la estabilidad económica e impulsar el "desarrollo equitativo e integrador".

(Texto actualizado hasta 12 mayo 2018).

BIOGRAFÍA

Recorrido en los sectores privado y público

Aunque nacido en Lima, su familia estaba afincada en Moquegua, capital del departamento homónimo en el extremo sur del país. Su padre, César Vizcarra Vargas, fue alcalde de la ciudad y miembro de la Asamblea Constituyente de 1978, donde representó al partido APRA, mientras que su madre, Doris Cornejo, era maestra de escuela infantil. La etapa escolar del joven transcurrió en la Institución Educativa Primaria (IEP) Juan XXIII y en la Gran Unidad Escolar (GUE) Simón Bolívar. Tras concluir el bachillerato marchó de Moquegua a Lima para incorporarse a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), por la que obtuvo el título de ingeniero civil en 1984. Años después iba a añadir a su currículum una diplomatura en Administración Gerencial por la limeña, hoy Universidad, Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN).

Entre 1988 y 1992 Vizcarra llevó la dirección ejecutiva del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG), un proyecto creado en 1987 por el Ministerio de la Presidencia del Perú, entonces ocupada por el aprista Alan García Pérez, para el abastecimiento de agua en el Departamento de Moquegua. En 1992 se pasó al sector privado con la puesta en marcha de su propia empresa de ingeniería basada en Moquegua, C y M Vizcarra S.A.C., una contratista especializada en la construcción de carreteras, presas y otras infraestructuras, tanto del sector público como del privado, en particular las compañías mineras que operaban en la región.

Elegido miembro del directorio de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) en 2007 y decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua en 2008, este último año Vizcarra se destacó en el desarrollo de la protesta conocida como el Moquegüazo, un movimiento popular en demanda de que el departamento ingresara mayores regalías de la empresa Southern Peru, la corporación minera que explotaba los yacimientos de cobre en la zona y que, precisamente, figuraba entre los clientes de C y M Vizcarra S.A.C. 

El ingeniero se erigió en portavoz de la demanda de sus paisanos, que expuso personalmente en Lima a Jorge del Castillo, el primer ministro en aquel entonces, durante la segunda Administración de Alan García. Sus argumentos ante el Gobierno y el Congreso ayudaron a que se alcanzara un acuerdo que puso término al conflicto sobre la base de un aumento de la asignación presupuestaria del Gobierno central a Moquegua y el compromiso por el Ejecutivo nacional de modificar la legislación sobre el cálculo de los cánones y las regalías mineras.

La experiencia del Moquegüazo animó a Vizcarra, convertido en una celebridad regional, a entrar en política. En 2010 se apartó de la gerencia de operaciones de su empresa de ingeniería y presentó su candidatura a gobernador del departamento, cargo que en estos momentos ocupaba Jaime Rodríguez Villanueva, para lo que se apoyó en el movimiento independiente Integración Regional por Ti. El 3 de diciembre el neófito en estas lides resultó elegido con el 38,5% de los votos para el período que empezaba el 1 de enero de 2011 y concluía el 31 de diciembre de 2014. El rival derrotado, Zenón Cuevas, se postulaba por el Frente de Integración Regional Moquegua Emprendedora Firme.

El cuatrienio presidencial regional de Vizcarra, que coincidió con el quinquenio presidencial republicano de Ollanta Humala Tasso, presentó un balance de resultados positivo por ejemplo en el terreno educativo, con unos excelentes rendimientos de los escolares del departamento, punteros a nivel nacional, por los que en 2015 él sería distinguido por el Estado con la Orden de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta, y también en el capítulo de los ingresos mineros, al conseguir que las compañías accedieran a pagar más en concepto de regalías destinadas a financiar equipamientos educativos y otros servicios públicos. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), Vizcarra logró que Moquegua fuera la segunda región más competitiva por detrás de Lima y que se consolidara como una de las economías territoriales más dinámicas de Perú.

Su eficiente gestión como presidente regional recibía muchos elogios, pero Vizcarra, para sorpresa general, descartó presentarse en 2014 a una reelección que muy probablemente habría ganado. En enero de 2015, tras ceder el Gobierno Regional a su mismo predecesor, Rodríguez Villanueva, el ingeniero reanudó el trabajo de toda su vida en la empresa que había fundado, C y M Vizcarra S.A.C. Al poco tiempo, a últimos de marzo, el ex gobernador recibió del presidente Humala la oferta de ser el primer ministro del Perú en sustitución de Ana Jara Velásquez, quien acababa de ser censurada y despedida por el Congreso. 

Vizcarra declinó la invitación, pero el caso era que ya estaba en contactos con el economista, empresario y político opositor Pedro Pablo Kuczynski Godard, anterior primer ministro y ministro de Economía y Finanzas con el presidente (2001-2006) Alejandro Toledo Manrique, así como cabeza del partido de centro-derecha liberal Peruanos Por el Kambio (PPK) y candidato presidencial en las elecciones de 2011.

Al principio, Kuczynski se fijó en él para que le asistiera como asesor en un área que el ingeniero conocía muy bien y por la que gozaba de excelente reputación, la educación escolar. Pero meses después, Vizcarra se encontró con que Kuczynski le pedía conformar su fórmula presidencial para las elecciones de 2016, acompañándole en su segundo envite en las urnas como candidato a primer vicepresidente, mientras que Mercedes Aráoz Fernández se postularía a segunda vicepresidenta. En diciembre de 2015 Vizcarra aceptó el reto y de paso, posteriormente, en febrero de 2016, faltando dos meses para las votaciones, le fue confiada la dirección de la campaña proselitista de PPK, quien exponía a los peruanos un plantel de propuestas centradas en la dinamización económica y la triple lucha contra las desigualdades sociales, la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Vicepresidente con PPK, la "crisis presidencial" y sustitución en la jefatura del Estado

En la segunda vuelta electoral del 5 de junio de 2016, por tan solo 42.000 votos de diferencia, un cuarto de punto porcentual más, la plancha Kuczynski-Vizcarra-Aráoz se impuso a la encabezada por Keiko Fujimori Higuchi, jefa del partido Fuerza Popular e hija del ex presidente Alberto Fujimori.

El 26 de mayo, en plena campaña previa al balotaje, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, dijo a los medios que Vizcarra contaba con 34 denuncias ante la Fiscalía Corrupción Penal de Moquegua, denuncias que no habían sido hechas "por militantes de partidos políticos o de manera anónima", sino por la misma Procuraduría del Gobierno Regional, y que se referían a irregularidades y actos de corrupción presuntamente cometidos en su etapa de regidor del departamento.

De inmediato, Vizcarra salió al paso de la alegación asegurando que existía una "alianza política" entre Keiko Fujimori y el gobernador de Moquegua, Jaime Rodríguez, para endosarle a él un total de "50 denuncias"; hasta la fecha, añadía Vizcarra con cierta sorna, las denuncias interpuestas en su contra en el Ministerio Público eran en realidad 48 y no 34 como había comentado Chlimper. Y, por el momento, ninguna de ellas habían llegado a la instancia judicial. "Es una campaña no de propuestas, sino de intención de desprestigiar honra bien ganada", aseguró Vizcarra, si bien el 28 de mayo la Procuraduría moqueguana aclaró que una de las denuncias sí estaba judicializada.

El caso era que el tema de las denuncias contra Vizcarra y funcionarios de su equipo en el Gobierno Regional ya venía coleando desde hacía un tiempo y era de conocimiento público. En julio de 2015, cuando todavía no era candidato a vicepresidente con el PPK, el ex gobernador y varios miembros del personal técnico a sus órdenes habían recibido de golpe 18 denuncias puestas ante el Ministerio Público por la Procuraduría del Gobierno Regional. Por ejemplo, a Vizcarra se le atribuía una responsabilidad en varios casos de sobrecostes y pagos excesivos en contratos de obras públicas. Entonces, el político había indicado que estas denuncias carecían de sustento y acabarían siendo archivadas.

El 28 de julio, con la inauguración del Ejecutivo, que nacía con la debilidad congénita de su acusada minoría legislativa, Vizcarra se convirtió en primer vicepresidente de la República y de paso en titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones en el Consejo de Ministros encabezado por Fernando Zavala Lombardi. En febrero de 2017 su labor ministerial se vio envuelta en polémica a raíz de firmar un anexo al contrato original suscrito en 2014 por el Gobierno Humala con el consorcio de empresas Kuntur Wasi para la construcción y posterior gestión del Aeropuerto Internacional Chinchero, en Cuzco, cuyas obras iban retrasadas. El Gobierno adujo que los nuevos términos del contrato de adjudicación respondían a una demanda popular y además permitiría ahorrar al Estado casi 600 millones de dólares.

En el Congreso, sin embargo, sectores de la oposición aseguraron lo contrario, que la adenda al contrato de Chinchero solo beneficiaba al consorcio concesionario y lesionaba los intereses del Estado, mientras que la Contraloría General de la República ya estaba estudiando los aspectos financieros de la operación. Las presiones sobre Vizcarra arreciaron al publicar la prensa una foto, fechada en junio de 2016, donde aparecía reunido con el presidente de Kuntur Wasi y otros donantes de fondos para la campaña electoral del PPK. Para el partido Acción Popular (AP), este testimonio gráfico sugería la existencia de un grave caso de colusión con prevaricación del que Vizcarra tenía que rendir cuentas en el Congreso. El 18 de mayo el ministro, efectivamente, hubo de someterse a una dura sesión de interpelación parlamentaria.

Cuatro días después, acuciado por el inminente voto de censura de los legisladores y por la denuncia de la Procuraduría Anticorrupción para que fuera investigado por un supuesto de colusión, Vizcarra transmitió su baja como ministro con efecto inmediato, no sin anunciar en la víspera la suspensión del contrato para la construcción del aeropuerto cuzqueño así como su adenda. Al poco, la Contraloría recomendó iniciar acciones legales por este caso contra una decena de funcionarios, seis de los cuales ejercían en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Vizcarra ya no era miembro del Gobierno, pero seguía siendo el primer vicepresidente de la República, posición institucional que no conllevaba una agenda de trabajo propia y que solo se activaba cuando el jefe del Estado se encontraba ausente de su puesto en Lima, típicamente por viajes al extranjero. El 28 de septiembre de 2017 Kuczynski nombró a su colaborador embajador del Perú en Canadá, misión diplomática que Vizcarra inició el 23 de octubre con carácter extraordinario y plenipotenciario, ya que no formaba parte del cuerpo diplomático. Según él, su representación del Estado peruano en Canadá era perfectamente compatible con la titularidad de la Vicepresidencia de la República.

Al poco de debutar Vizcarra como embajador en Ottawa, en diciembre de 2017, a su jefe institucional y partidario, Kuczynski, le estalló su propia y mucho más grave bomba política. Ya puesto en serio aprietos por la primera bancada del Congreso, la de la Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la situación de Kuczynski se tornó francamente delicada luego de que una de sus empresas apareciera entre las firmas implicadas en la trama internacional de sobornos pagados por la compañía brasileña Odebrecht. 

El mandatario fue conminado desde la oposición (Fuerza Popular, Frente Amplio, APRA) a renunciar por las buenas, so pena de destitución por "permanente incapacidad moral". Kuczynski se mantuvo firme en su negativa a dimitir y el 21 de diciembre se salvó por poco del despido congresual al no alcanzar la petición de vacancia la preceptiva mayoría de dos tercios: se necesitaba el respaldo de 87 diputados y votaron a favor 79. En el resultado de la votación resultó decisiva la postura contraria del grupo disidente del fujimorismo encabezado por Kenji Fujimori, hermano de Keiko.

Vizcarra se presentó en Lima en la víspera de la sesión exprés del Congreso por si se daba el caso de que, con arreglo a la Constitución, tuviera que tomarle el relevo a un Kuczynski fulminantemente destituido. No fue así, de manera que cogió el vuelo de regreso a Ottawa, donde reanudó su agenda diplomática. Sin embargo, la llamada "crisis presidencial" no había concluido, ni mucho menos. Apenas tres días después de salvar su cargo en el Congreso, el 24 de diciembre, Kuczynski anunciaba al país que, en respuesta a la solicitud hecha por el interesado y por su hijo Kenji, procedía a conceder el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori, reo con una sentencia de 25 años de prisión por crímenes contra los Derechos Humanos y al que los médicos le habían diagnosticado una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable".

La impactante decisión de Kuczynski, quien desde antes de su elección en 2016 había asegurado en muchas ocasiones que no amnistiaría a Fujimori, provocó un formidable escándalo político y social que abrió grietas en el propio Gobierno, donde comenzó un goteo de dimisiones, y reactivó las maniobras opositoras para desalojarle del poder mediante un segundo proceso de vacancia. La suerte del dirigente quedó echada el 20 de marzo de 2018, día en que Fuerza Popular difundió unas secuencias de video que mostraban a Kenji Fujimori y dos congresistas afines negociar con el congresista Moisés Mamani, como si hablaran en nombre del oficialismo, ciertos privilegios dinerarios del Gobierno central para obras en su departamento, Puno, a cambio de votar en contra del segundo pedido de vacancia, programado para el día 22.

En apariencia, se trataba de un flagrante intento de compra de votos en favor de Kuczynski, el cual, no sin un intento postrero de resistencia y sin dejar de defender su honestidad, acabó mandando la carta de renuncia al Congreso en la jornada posterior a la aparición de los Kenjivideos, el 21 de marzo. Llamaba la atención la actitud esquiva de Vizcarra, que, al igual que cuando el primer intento de destitución en diciembre, no había salido a manifestar su respaldo a PPK. Dos días después, el 23 de marzo, el Congreso aceptó la dimisión de Kuczynski y sin más dilación tomó juramento a Vizcarra, que pocas horas antes aún estaba en Canadá, para completar el mandato presidencial de cinco años que expiraba el 28 de julio de 2021.

En su primer mensaje a la nación desde el Palacio Legislativo, Vizcarra empleó palabras tajantes y tiró de retórica patriótica. Aseguró que, tras los "graves acontecimientos conocidos en los últimos tiempos", ante los cuales la justicia tendría que "actuar con independencia, responsabilidad y celeridad", había llegado el momento de "decir basta", de articular un "pacto social contra la corrupción" y de impulsar "el desarrollo equitativo, democrático e integrador". “Lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación, que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país. (…) Tenemos la obligación de dar respuestas a las muchas necesidades, demandas y aspiraciones de cada uno de los peruanos, y no enredarnos en peleas encarnizadas que terminan haciendo un enorme daño al Perú. Este punto final es el punto de partida de una nueva etapa de refundación institucional del país en la que la democracia y el respeto por el prójimo sean banderas, dejando de lado los intereses y apetitos personales y priorizando el bienestar de todos", manifestó el nuevo presidente.

El 28 de marzo Vizcarra nombró para dirigir el Consejo de Ministros a César Villanueva Arévalo, congresista de la Alianza para el Progreso (APP), partido que hasta hora se ubicaba en la oposición; es más, Villanueva había sido uno de lo promotores de la moción para descabalgar a Kuczynski. Mercedes Aráoz, primera ministra en lugar de Fernando Zavala desde septiembre y oficial muy próxima a Kuczynski, asumía la Primera Vicepresidencia que Vizcarra desocupaba. El 2 de abril tomó posesión el nuevo Gabinete, un equipo de gobierno enteramente renovado e integrado casi exclusivamente por independientes, como los responsables de Exteriores, Néstor Popolizio Bardales, Defensa, José Modesto Huerta Torres, Interior, Mauro Medina Guimaraes, y Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas.

El 13 y el 14 de abril Vizcarra encabezó en Lima su primer evento internacional, la VIII Cumbre de las Américas, cita que estuvo deslucida por las ausencias de los presidentes Donald Trump de Estados Unidos, Raúl Castro de Cuba y Lenín Moreno de Ecuador (el de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba virtualmente vetado por la "persistente situación de quiebre del orden constitucional” en el país sudamericano). El eje temático principal de la cumbre, sobre el que versó el discurso inaugural del mandatario anfitrión, fue la Gobernabilidad democrática frente a la corrupción.

Martín Vizcarra está casado con Maribel Díaz Cabello, paisana moqueguana y maestra de profesión. El matrimonio ha tenido cuatro hijos, de los que tres son mujeres.

(Cobertura informativa hasta 12/5/2018).

Resumen de actualización hasta 12/12/2025:

El 28/7/2018, luego de asumir la Presidencia de Perú, Martín Vizcarra propuso un referéndum sobre la reforma constitucional del sistema político y de paso propuso adelantar a 2020 las elecciones generales que tocaban en 2021. El Congreso denegó este último pedido, pero, en un segundo intento, autorizó la celebración del referéndum. Este tuvo lugar el 9/12/2018 y el resultado afirmativo se impuso en tres preguntas (sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, sobre el financiamiento de organizaciones políticas y sobre la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios), pero no así en la cuarta cuestión (sobre el establecimiento del Congreso bicameral). 

En este momento, Vizcarra contaba con el apoyo parlamentario, aunque fluctuante, de las bancadas de PPK/Contigo, APP, APRA, FA, NP, AP, PM y PP, mientras que la oposición la ejercía principalmente FP, que perdió la mayoría absoluta de que gozaba al inicio de la legislatura debido a la crisis en su liderazgo y a un reguero de deserciones. Sin embargo, el partido de Keiko Fujimori conservó una mayoría suficiente para obstruir decisivamente la implementación de las reformas constitucionales aprobadas en el referéndum. 

Este bloqueo legislativo, junto con otros conflictos y polémicas políticos, empujó a Vizcarra a decretar el 30/9/2019 la disolución del Congreso, medida constitucional que adoptó en respuesta automática a la negativa por la Cámara a votar una cuestión de confianza en el Consejo de Ministros. Ello dio lugar a la convocatoria de elecciones parlamentarias extraordinarias para el 26/1/2020 en virtud de una sentencia favorable, emitida 12 días antes de las votaciones, del Tribunal Constitucional, el cual declaró infundada la demanda del Congreso, a instancias de la oposición fujimorista, de declarar a Vizcarra temporalmente incapacitado y suspendido por abuso competencial. El resultado de los comicios fue el hundimiento de FP y una mayor fragmentación del Congreso.

En la nueva legislatura, Vizcarra empezó contando con apoyos tácticos de AP, APP, PP, PM, SP y FA. El 10/9/2020, en plena pandemia del COVID-19, UPP, Frepap y algunos diputados de otras bancadas iniciaron contra el presidente un proceso de vacancia por "permanente incapacidad moral" en el contexto de los audios del llamado "Caso Richard Swing", el cual fue votado ocho días después con resultado infructuoso. Tras salir airoso de este embate, Vizcarra enfrentó un segundo proceso de vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral", esta vez en relación con unos actos de corrupción presuntamente cometidos en su etapa de gobernador departamental de Moquegua.

El proceso de vacancia se admitió a debate el 20/10/2020 y culminó el 9/11/2020 con la aprobación de la destitución de Vizcarra por 105 votos, emitidos por diputados de todas las bancada parlamentarias salvo el PM; ninguno de los congresistas de APP, FP, Frepap y UPP votó en contra. Al ser vacado Vizcarra, la Presidencia de la República fue asumida, el 10/11, por el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, de AP, pero este se vio obligado a renunciar al cabo de cinco días por la violenta represión policial de las manifestaciones contra su Gobierno. A Merino le tomó el relevo, el 17/11, Francisco Sagasti Hochhausler, congresista del PM y recién elegido al frente del Congreso, cuyo mandato como jefe del Estado era completar el ejercicio constitucional que vencía el 28/7/2021.

En sus más de dos años de ejercicio, Vizcarra nombró cinco presidentes del Consejo de Ministros, sucesivamente: César Villanueva (APP) el 28/3/2018, Salvador del Solar (sin filiación) el 11/3/2019, Vicente Zeballos (sin filiación) el 30/9/2019, Pedro Cateriano (TPP) el 15/7/2020 y Walter Martos (sin filiación) el 6/8/2020.

Tras dejar la Presidencia peruana, Martín Vizcarra ingresó en el partido Somos Perú (SP) con la pretensión de hacerse con un escaño de congresista en las elecciones parlamentarias del 11/4/2021. El ex presidente resultó efectivamente elegido, convirtiéndose en el candidato más votado a escala nacional, pero el 16/4/2021 el Congreso le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 10 años por presunta infracción ética en su vacunación irregular contra el coronavirus en 10/2020 ("Vacunagate"). Meses después, el 8/11/2021, Vizcarra anunció la creación de su propio movimiento político, Perú Primero, autodefinido como socioliberal.

El escándalo "Vacunagate" sirvió como catalizador de una serie de denuncias por infracciones constitucionales y delitos de corrupción contra Vizcarra, quien los habría cometido presuntamente en sus etapas de presidente de la República, ministro de Transportes y gobernador de Moquegua. 

Las investigaciones de la justicia penal se centraron principalmente en el "Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua", con presunto incurrimiento en cohecho pasivo propio en el cobro de 2,3 millones de soles en coimas a las constructoras Obrainsa e ICCGSA, lo cual derivó en su imputación formal, procesamiento y juicio. Otras investigaciones y acusaciones se refirieron al "Caso Richard Swing", el "Caso Club de la Construcción" y el "Caso Los Intocables de la Corrupción". El juicio oral por el "Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua" comenzó en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada el 28/10/2024.

El Congreso, por su parte, impuso a Vizcarra el 14/5/2022 una segunda inhabilitación, de 5 años, por conflicto de intereses en su participación continuada en la empresa C y M Vizcarra S.A.C., y el 11/6/2025 una tercera inhabilitación, de 10 años, por su orden de disolver el Congreso en 2019, considerada abuso de poder. Vizcarra intentó revertir sus inhabilitaciones políticas ante el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero sin éxito.

El 13/8/2025 el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en respuesta al pedido de la fiscalía, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el acusado a la espera de juicio por el "Caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua". El 4/9 siguiente Vizcarra fue liberado por orden de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Finalmente, el 26/11/2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional emitió una sentencia de culpabilidad por cohecho pasivo propio y una condena a 14 años de prisión efectiva contra Vizcarra, quien empezó a cumplir su pena en Barbadillo (donde también se encontraban los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo), con su apelación pendiente de resolver. Además, el Cuarto Juzgado le impuso 9 años de inhabilitación. El reo calificó su sentencia de "venganza política" por su confrontación con el "pacto mafioso" del Congreso y delegó la conducción de su partido, Perú Primero, en su hermano Mario Vizcarra. 

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