La nueva presidencia de México: entre la incertidumbre y la esperanza

La nueva presidencia de México: entre la incertidumbre y la esperanza

Publication date:
01/2019
Author:
Jordi Bacaria Colom, profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador sénior asociado de CIDOB
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El 1 de diciembre de 2018, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inició su mandato con una mezcla de esperanza e incertidumbre. La amplia mayoría que López Obrador consiguió en las elecciones presidenciales del 1 de julio, con el 53,19% de los votos en favor de la alianza «Juntos haremos historia»  que su partido, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), capitaneaba, así como las mayorías obtenidas en el Congreso (308 escaños de 500) y el Senado (69 escaños de los 128 posibles), le otorgan un margen de maniobra muy importante para impulsar su programa de gobierno. Sin embargo, este éxito se ve teñido de incertidumbre porque las decisiones que hasta ahora ha tomado la mayoría legislativa, o el posicionamiento del mismo presidente en diversos asuntos cruciales para el futuro del país, han provocado turbulencias en los mercados de capitales, pérdida de confianza de los inversores y deterioro del tipo de cambio. Junto a la gran esperanza de reformas que transformen el país, como confía un gran número de votantes, también existen dudas sobre posibles modificaciones constitucionales que puedan, por ejemplo, cambiar el criterio de no reelección presidencial o la introducción de un cierto nacionalismo económico.  

López Obrador ha conseguido la presidencia en su tercer intento, después de haber rozado la victoria en dos anteriores ocasiones. Su triunfo viene acompañado de la gran derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que ostentó la presidencia en el último sexenio. La candidatura priista, con José Antonio Meade al frente de la alianza «Todos por México», obtuvo un 16,41 % de los votos, quedando en tercer lugar. En segunda posición quedó el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, con la alianza «Por México al Frente», con un 22,7 % de los votos.  

Los principales factores que explican este revés de los partidos políticos que han gobernado México desde la transición son la corrupción del último sexenio, la creciente violencia criminal y, sobre todo, una fuerte desigualdad social. Para hacer frente a estos retos, López Obrador articuló su programa en torno a la llamada cuarta transformación: la renovación pendiente —según él— después del logro de la independencia, las reformas de Benito Juárez y la revolución. La figura del nuevo presidente y su movimiento continúan despertando lecturas contradictorias. Para unos, representan una «izquierda nacionalista»; para otros, como Roger Bartra, exponente del intelectualismo de izquierdas en México, el líder de MORENA «representa la regeneración del viejo autoritarismo priista». Asimismo, según Bartra,  «el programa de MORENA es regresar a las tesis del PRI de la época de López Portillo, de Luis Echeverría y de aún antes. El problema es que eso va de la mano con el autoritarismo. Es un intento de regresar al antiguo régimen».

La nueva presidencia no supone un cambio hacia la democracia como sucedió en el año 2000 con Vicente Fox y el PAN, ni una alternancia como sucedió en 2012 con el regreso del PRI a la presidencia. Ni siquiera es una alternativa socialdemócrata como en algún momento representó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), perteneciente a la Internacional Socialista, que fundó y presidió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1989-1993) junto a López Obrador. El actual presidente incluso presidió el partido (1996-1999) hasta el momento en que creó su propio movimiento, MORENA, para concurrir a las elecciones presidenciales de 2012. El éxito de López Obrador es haber conseguido unir en un mismo frente tanto a los que esperan una verdadera reforma social como a los que, fruto del hartazgo, se han movilizado contra los partidos corruptos y la impunidad criminal que afecta a amplios grupos de la sociedad y del país. Todo esto unido a la confusión que generaron unas alianzas electorales en las que predominó un espíritu de todos contra López Obrador, sin que ello diera los resultados deseados, y generara, en cambio, extraños compañeros de viaje, como la asociación del núcleo duro del PRD con el partido conservador PAN; o combinaciones singulares como la alianza de MORENA con el Partido Encuentro Social (PES), ultraconservador y de orientación cristiana evangélica, que, a pesar de ayudar al triunfo electoral de López Obrador, ha perdido el registro de partido político por no superar el umbral mínimo del 3% de los votos válidos en ninguna de las votaciones federales.  

Un líder y un movimiento  

Finalmente, López Obrador ha conseguido afianzarse como líder de un amplio movimiento. Ha sido un largo recorrido que tiene sus inicios en el liderazgo de  movilizaciones reivindicativas en el Estado de Tabasco y, desde allí, buscando su legitimidad a través de la permanente denuncia de fraudes electorales, fue ganando notoriedad y peso político hasta construir la plataforma partidista adecuada que le ha permitido alcanzar una amplia mayoría electoral en 2018, gracias a la incorporación de grupos importantes de clases medias urbanas que ven en López Obrador y en MORENA la única alternativa para hacer frente a la corrupción y la violencia.  

López Obrador era el hombre de Cuauhtémoc Cárdenas en Tabasco. Después de que Cárdenas se viera despojado del triunfo legítimo en las elecciones presidenciales de 1988, optó por fundar el PRD y contó con López Obrador para poner en marcha el partido en Tabasco. A raíz de las elecciones intermedias de 1991, López Obrador se puso al frente de la protesta contra el fraude liderando la marcha «éxodo por la democracia» hacia la Ciudad de México, y se apuntó la victoria de recuperar tres municipios para el PRD y conseguir la renuncia del gobernador. Como explica Enrique Krauze en el artículo El Mesías Tropical, el ahora ya presidente extrajo una experiencia clave de aquella protesta, que le confió a un amigo: «Diálogo verdaderamente sustantivo para el avance de la democracia es el que se acompaña de la movilización ciudadana.»  

En 1992, López Obrador lidera el movimiento contra los trabajadores despedidos por la petrolera paraestatal PEMEX en Tabasco, convirtiéndose en un líder petrolero al extenderse la reivindicación por todo el país. Y en 1994 se postula para la gubernatura del Estado de Tabasco, que no alcanza por poco. Aquella derrota por la mínima le sirve para iniciar un segundo «éxodo por la democracia» hacia la Ciudad de México que coincide con la toma de posesión del presidente Ernesto Zedillo. López Obrador pide la anulación de las elecciones locales de 20 de noviembre y acompaña la demanda con la toma de instalaciones petroleras en Tabasco, acciones de desobediencia civil y el establecimiento de un gobierno paralelo en el Estado.  

Son momentos convulsos para México. El 1 de enero de 1994 se produce en Chiapas el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), conflicto que coincide, además, con el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cerrando el año con el llamado error de diciembre, en plena transición de la presidencia de Carlos Salinas a la de Ernesto Zedillo. El hundimiento de la divisa mexicana y sus repercusiones financieras internacionales (el llamado efecto Tequila) fueron la consecuencia de un error atribuido a la política económica del ministro de Hacienda, Jaime Serra Puche, pero la situación de inestabilidad política y económica perdurará todo el sexenio (1994-2000) y será uno de los factores que impulsará la transición con la llegada de Vicente Fox a la presidencia (2000-2006) como candidato del PAN.  

De nuevo en 1995, López Obrador vuelve a utilizar el recurso de la marcha. México vive momentos convulsos que, en parte, opacan el movimiento tabasqueño. El alzamiento zapatista está en plena ebullición y se vive un clima de guerra por la política de mano dura del presidente Zedillo. En mayo de aquel año, «una especie de insurgencia civil» (en palabras de la periodista Ivonne Gutiérrez Carlín) «venía caminando desde Tabasco, el éxodo por la dignidad, encabezado por Manuel López Obrador, como protesta de las elecciones que los perredistas consideraron fraudulentas y poco equitativas». Apunta Gutiérrez Carlín que, curiosamente, pocos días después del 2 de junio, cuando cuatro mil tabasqueños arribaron al Zócalo del Distrito Federal, unos desconocidos les hicieron llegar una serie de cajas con los documentos que demostraban el excesivo gasto en la campaña para gobernador del priista Roberto Madrazo Pintado. Este hecho puede considerarse un punto de inflexión en la construcción del liderazgo de López Obrador y en la importancia de la política local en el sistema mexicano, ya que, con las pruebas manifiestas del fraude electoral, llega también una primera derrota sonada del PRI en Tabasco. Derrota que, en todo caso, y a pesar de la intervención del presidente de México, el priista Ernesto Zedillo, no consigue cambiar la gubernatura de Madrazo.

Sin embargo, el fraude electoral en Tabasco dará la «legitimidad» a López Obrador para competir y ganar las elecciones al Gobierno de la capital de México con el PRD, con lo cual obtendrá una plataforma excepcional para su primer intento de aspirar a la presidencia del país.  

Andrés Manuel López Obrador asumió la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) el 5 de diciembre de 2000. Fue elegido para un periodo de seis años, con proyectos siempre ampliamente avalados con plebiscitos, y no exento de controversias hasta el final del mandato, que acabó con un proceso de desafuero por desacato a una orden judicial por la expropiación del predio del Encino,lo que causó un enfrentamiento entre Vicente Fox, presidente de Gobierno de la República, y López Obrador. AMLO denunció entonces un supuesto complot para impedir su candidatura a las elecciones de 2006. Obrador contó, además, con el apoyo popular. Una encuesta realizada en Ciudad de México en 2004 confirmaba que el 65% de la población estaba en contra del desafuero. Cuando la Cámara de Diputados del Congreso aprobó la medida, López Obrador convocó una manifestación en el Zócalo, en abril de 2005, e inició una campaña de «resistencia civil». Después de varias maniobras judiciales y políticas por parte del PAN que amenazaron con llevar a AMLO a prisión, el mismo partido decidió, finalmente, intentar evitar el encarcelamiento de un López Obrador victimizado, que se negaba a pagar una fianza de 2 000 pesos (unos 100 euros). Fue el PAN quien acabó pagando la finanza de López Obrador para intentar desactivar una campaña política que acabaría llegando de todos modos. Después de toda la polémica, López Obrador decidió renunciar antes de final del mandato con el fin de presentarse como candidato a la presidencia de la República.  

En las elecciones de 1 de julio de 2006, AMLO alcanzaría, con el PRD —en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia—, el segundo puesto, por detrás del candidato del PAN, Felipe Calderón. Sin embargo, la reducida diferencia en votos entre el primer y el segundo puesto, 35,91 % (Calderón) frente a 35,29 %, dio lugar a una denuncia de fraude por parte de López Obrador que se autoproclamó presidente legítimo con gran apoyo popular, iniciando así la campaña para la siguiente elección presidencial.  

En 2011 nace MORENA como una asociación civil que concurriría a las elecciones presidenciales con la coalición Movimiento Progresista y que, en 2014, obtendría el registro de partido político. El resultado de las elecciones de 2012 otorga la victoria a Enrique Peña Nieto (PRI), con el 38,20 % de los votos, frente al 31,57 % obtenido por López Obrador que, a pesar de la diferencia, volvería a esgrimir acusaciones de fraude. No sería hasta las elecciones federales de 2015 que MORENA obtendría más del 8 % de los votos y se convertiría en la cuarta fuerza política nacional, y la primera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Ciudad de México). Las elecciones de 2018 culminan este largo proceso de consolidación con la victoria de la candidata de MORENA, Claudia Sheinbaum.  

Con esta posición consolidada, el sexenio 2012-2018 de Peña Nieto ofrece una buena plataforma electoral a un López Obrador aferrado a sus recurrentes y obsesivos ejes programáticos, como su oposición a la reforma petrolera, a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM), a la subida del precio de la gasolina (gasolinazo) y en favor de un ambiguo programa de regeneración política y nacionalismo económico. El final del sexenio, con el absoluto desprestigio del Gobierno de Peña Nieto y la elección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos, permiten a López Obrador emerger de nuevo como un candidato consistente, con su movimiento apoyándolo y con sus recursos comunicativos dirigidos contra la corrupción y a favor de la regeneración.  

La cuarta transformación y el nacionalismo económico 

Un tema recurrente en el discurso electoral del presidente de México ha sido la llamada cuarta transformación. López Obrador quiere situar su sexenio al mismo nivel que otros tres momentos clave de la historia de México. La primera transformación fue la Independencia,  el movimiento armado para liberarse del dominio español que había durado 300 años y que se llevó a cabo de 1810 a 1821. La segunda transformación fue la Reforma que conllevó la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861. Tras ese conflicto surgieron las «Leyes de Reforma», entre las que destaca la separación de la Iglesia y el Estado. Benito Juárez, el personaje que más admira López Obrador, fue el protagonista central de este momento. La tercera transformación fue la Revolución, el conflicto armado contra la dictadura de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917. Al final de la Revolución se promulgó la Constitución que rige actualmente en México.  

La cuarta transformación se ha ido desgranando a lo largo de la campaña en mítines y debates, enunciando, en lo general, algunos de sus rasgos. Se trata, según las palabras de López Obrador, «de un cambio profundo, pacífico y radical, que arrancará de raíz el régimen corrupto, de injusticia y privilegios; una metamorfosis del cuerpo político en el que la soberanía volverá a radicar en el pueblo». Al igual que los  eventos históricos precedentes, López Obrador quiere que su presidencia conlleve un cambio profundo para el país.  «Con base a lo logrado buscaremos emprender una transformación pacífica y ordenada, sí, pero no por ello menos profunda que la Independencia, la Reforma y la Revolución; no hemos hecho todo este esfuerzo para meros cambios cosméticos, por encimita, y mucho menos para quedarnos con más de lo mismo», promete el nuevo presidente.  

Algunos de estos cambios ya han sido aprobados por el Congreso, como por ejemplo la supresión o limitación de las pensiones de los anteriores presidentes. A principios de octubre, López Obrador apuntó también la fórmula general que seguirá para reducir el salario de altos funcionarios del gobierno federal y aumentar el de aquellos que reciben menos ingresos. «El que gane en el gobierno federal menos de 20.000 pesos va a tener aumento de sueldo; el que gane más de 100.000, ¡para abajo!» A finales de ese mismo mes, el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, ordenó publicar el decreto dela Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta ley señala que ningún funcionario público ganará más que el presidente de la República, en este caso 108.000 pesos mensuales (unos 4.880 euros).  

En el ámbito económico, el tema más importante para México es el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que obliga a una renegociación. El nuevo tratado T-MEC (USMCA por sus siglas en inglés), pendiente de ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, ha sido negociado por el anterior gobierno aunque contó con la intervención efectiva de Jesús Seade, nombrado expresamente por López Obrador para que participase en la negociación, y que ahora es subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte. El nuevo presidente ha apostado por la continuidad de la relación con Estados Unidos y, lo que al principio parecía que sería un choque con el presidente Trump, ha derivado en una colaboración. Se ha impuesto un cierto pragmatismo. A pesar de los temores ante un posible nacionalismo económico de «corte bolivariano», por el momento, el manejo de la economía está en manos de un equipo económico ideológicamente de «izquierdas», formado en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, y de consultores en organismos internacionales y, por lo tanto, proclives a una cierta ortodoxia monetaria y fiscal. Un equipo económico encabezado por Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, hombre de total confianza de López Obrador; Graciela Márquez (doctorada en Harvard), secretaria de Economía, y Gerardo Esquivel (educado también en Harvard y esposo de Graciela Márquez), propuesto para subgobernador del Banco Central de México (Banxico). Las tensiones económicas y de los mercados de valores de las semanas previas a la toma de posesión parecen haber provocado alguna tirantez dentro del mismo equipo económico y con el propio López Obrador. Sin embargo, parece que el equipo, hoy por hoy, se consolida y sale al paso para frenar determinadas propuestas lanzadas por socios de la alianza como la idea del PT de hacer desaparecer las Afores (instituciones financieras privadas que administran fondos de pensiones), lo que provocó el pánico entre los trabajadores que tienen allí depositadas las aportaciones de su vida laboral para su pensión. También ha provocado inestabilidad el proyecto de ley de los senadores de MORENA para eliminar las comisiones bancarias,  lo que ocasionó un derrumbe de la bolsa de valores del 5,8 % a principios de noviembre, y la caída de las acciones de los principales bancos como BBVA, Banorte, Santander y Banamex, filial del Citybank.  

Pero estas iniciativas que afectan al mundo financiero no han sido las únicas que han generado inestabilidad en los mercados. La confirmación de que López Obrador abandonará el plan de construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la Ciudad de México, que ya ha sido ejecutado en un 32%, restó valor a las constructoras y a otras grandes empresas e hizo perder la confianza de la inversión extranjera, con una salida de 2.500 millones de euros del mercado de deuda mexicano.  

Una consulta popular, organizada entre el 25 y 28 de octubre de 2018, se saldó con el rechazo mayoritario de los votantes al nuevo aeropuerto. La solución propuesta por López Obrador ha sido mantener el actual y ampliar la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, para uso aéreo civil. Como manifestó el Secretario General de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, terminar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)en Texcoco cuesta 100.000 millones de pesos, cantidad similar a lo que implicaría cancelarlo, además de tener que pagar la deuda. También el BBVA advirtió del pago por adelantado de la deuda actual relacionada con el proyecto (bonos, un crédito bancario y una multa de cancelación del 30 %). Según esta entidad financiera, el gobierno tendría que pagar 10.480 millones de dólares, que equivalen al 0,88 % del PIB del país. A pesar de los costes y de la ausencia de estudios técnicos sobre la propuesta de Santa Lucía, la decisión ya ha sido tomada por consulta popular.  

Otro giro, el freno a la liberalización y privatización del sector energético y el anunciado compromiso con la autosuficiencia energética, ha intensificado el rechazo bursátil. Las declaraciones hasta el momento han sido erráticas e inconsistentes desde el punto de vista de las finanzas públicas. A mediados de octubre, López Obrador afirmó que el país  extraerá únicamente el petróleo que requiera para satisfacer el consumo interno y que se va a dejar de exportar este recurso al extranjero.  

La esperanza del equipo económico está en que puedan cuadrar el difícil círculo de aumentar el gasto y aumentar el ingreso para no incurrir en déficit fiscal, manteniendo la estabilidad de precios bajo control, y asegurar un crecimiento a medio plazo que les permita avanzar en las reformas sociales propuestas. La incertidumbre es que tal vez no lo consigan debido a las presiones de las posiciones más radicales del gobierno o del mismo López Obrador. En ese caso, la precaria confianza de los inversores se podría venir rápidamente abajo, llevando la economía hacia los temidos derroteros bolivarianos. El gran reto es encapsular el nacionalismo económico en términos domésticos (salarios, agricultura, diversificación industrial, petróleo y energía), sin que afecte al ámbito internacional (comercio exterior y balanza por cuenta corriente, inversiones extranjeras). Por el momento, hasta The Economist se ha sorprendido por la sobriedad y el conservadurismo del presupuesto de López Obrador para 2019, y el mismo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, que ha presentado a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2019, lo define como austero y eficiente, siguiendo criterios de disciplina fiscal, y prudente, teniendo en cuenta las expectativas actuales de mercado. De todos modos, el debate público y la controversia surgen entre grupos que se sienten perdedores o ganadores por los rubros que disminuyen, como los dedicados a agricultura, ciencia y tecnología, protección ambiental o relaciones exteriores, y los que aumentan, más orientados a la protección social y laboral, bienestar, educación y defensa. 

Enrique Krauze terminaba su artículo de 2006 sobre López Obrador, afirmando que México no es Venezuela y, para argumentarlo, apuntaba a mecanismos como la división de poderes, la independencia del poder judicial, la libertad de opinión en los medios de comunicación, el Banco de México, el IFE (actualmente, Instituto Nacional Electoral), además de la alta descentralización política y la diversificación económica, así como a protagonistas históricos como la Iglesia y el Ejército. 

A pesar de esta perspectiva relativamente optimista sobre los poderes compensadores en México que impedirían un retroceso democrático, el temor a un posible cambio constitucional para extender el mandato presidencial a más de seis años está presente en la actualidad. El banco suizo UBS advirtió a finales de octubre que, tal y como ocurre con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, existe el riesgo de que, a través de consultas públicas, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretenda extender su mandato presidencial. La entidad expresó también sus temores sobre la pérdida de autonomía del Banco Central y el uso discrecional de las reservas internacionales. 

Cuanto antes se despeje la incógnita bolivariana sobre el devenir de México, más posibilidades tendrá el equipo económico de recuperar la confianza de la inversión tanto nacional como extranjera. Este es el gran reto de los primeros meses del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Palabras clave: México, López Obrador, AMLO, MORENA, cuarta transformación

E-ISSN: 2013-4428
D.L.: B-8439-2012

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