Protestas en la periferia. Contestación y desequilibrios en el Magreb
* Este artículo forma parte de los resultados del proyecto I+D “Crisis y procesos de cambio regional en el norte de África. sus implicaciones para España” (CSO2017-84949-C3-3-P) financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El recurso a la protesta como forma de canalizar demandas económicas, sociales y políticas es un fenómeno cada vez más visible durante los últimos años en las regiones periféricas de unos estados magrebíes, caracterizados por su centralismo. Este artículo intenta explicar las causas que impulsan esas protestas, las respuestas de los diferentes estados, así como la posibilidad de que se perpetúen si las cuestiones de fondo que están detrás de su proliferación no son abordadas.
La falta de desarrollo económico, el aumento de las desigualdades y la escasez de oportunidades fueron algunos de los factores que impulsaron las protestas antiautoritarias que atravesaron el norte de África en 2011 con una agenda reivindicativa en la que, junto a la caída o reforma de los regímenes, se reclamaba dignidad y justicia social.
La respuesta de los diferentes regímenes magrebíes ante unas protestas que contenían reivindicaciones sociales, económicas y políticas no fue uniforme. En Túnez, la caída del dictador Ben Ali dio paso a un proceso de transición política en el que las cuestiones sociales y económicas quedaron relegadas en una agenda de cambio que ha priorizado las reformas políticas (celebración de elecciones, aprobación de la Constitución de 2014, etc.). En Marruecos, la reforma de la Constitución impulsada por el soberano como respuesta a las protestas del Movimiento 20 de Febrero no ha supuesto una ruptura con las formas de gobernar en un sentido amplio ni ha ido acompañada de los cambios necesarios para acabar con las desigualdades estructurales que lastran el desarrollo de amplias zonas del país. En Argelia, los recursos procedentes de la renta energética permitieron al régimen comprar la paz social a través de una batería de medidas económicas. El inmovilismo político ha multiplicado el número de las protestas, transformándolas en un instrumento informal de participación política. Es en las wilayas del sur del país donde las protestas han destacado más por su capacidad de movilización y resistencia sostenida durante meses contra las políticas económicas y medioambientales del Gobierno argelino (1).
Siete años después de lo que fue conocido como “primavera árabe” la fractura entre una gran parte de la población y las elites pervive impulsando periódicamente movilizaciones de protesta, no encuadradas por los actores políticos y sindicales tradicionales, y nuevas formas de contestación social como el boicot de consumo contra el elevado precio de algunas marcas de leche, agua embotellada y combustible, lanzado de forma anónima a través de las redes sociales en Marruecos en la primavera de 2018.
La falta de respuestas a las expectativas de transformaciones sociales y económicas ha alimentado en algunas regiones la percepción de ser víctimas de un orden económico injusto. El mantenimiento de esta percepción explica la continuidad y la expansión de las protestas en los márgenes periféricos de estados con una fuerte tradición centralista heredada del periodo colonial. En las regiones ricas en recursos naturales, pero tradicionalmente marginadas, este sentimiento de injusticia impulsa las reivindicaciones que reclaman que una parte de esa riqueza sea destinada al desarrollo local. En otras regiones, este sentimiento de exclusión y marginación económica se ha visto reforzado como consecuencia del aumento de los controles de seguridad en las fronteras meridionales a causa del conflicto en Libia y de la creciente inestabilidad en el Sahel. En el marco de la lucha contra el terrorismo, esta “virtualización de fronteras”, tradicionalmente caracterizadas por su porosidad, ha tenido un impacto sobre la movilidad y la economía de la población local. El tratamiento securitario del contrabando, asociado cada vez más al terrorismo, ha sido utilizado para deslegitimar las reivindicaciones sociales de las poblaciones de las regiones fronterizas.
Las regiones periféricas (o algunas de ellas como las islas Kerkennah en Túnez o Tamanrasset en Argelia) se han convertido también en nuevos destinos de los migrantes en situación de tránsito hacia Europa durante periodos más o menos prolongados. Su llegada, favorecida por la debilidad de las estructuras del Estado, contribuye al aumento de las tensiones sociales y al reforzamiento de las redes informales y tráficos ilícitos.
La multiplicación de estas protestas indica, por un lado, que las expectativas socio-económicas de una parte de la población siguen sin ser atendidas. En un contexto político regional marcado por el peso creciente de las cuestiones de seguridad y el retorno a las viejas recetas autoritarias, la respuesta de los gobiernos, aunque con algunos matices, se inclina más hacia la represión que a la conciliación lo que no puede sino reforzar aún más a medio y largo plazo el impulso contestatario que conllevan estas protestas.
Desequilibrios regionales y protestas en Túnez
Uno de los (re)descubrimientos más importantes de la revolución tunecina fue el de la marginación y exclusión de las regiones del sur y del interior, ocultado por el discurso del milagro económico tunecino utilizado como carta de presentación por Ben Ali en sus relaciones con la Unión Europea (2). Las disparidades regionales eran, sin embargo, especialmente flagrantes en términos de pobreza y acceso a los servicios públicos. Por ejemplo, en la región del centro-oeste (Kasserine, Kairouan y Sidi Bouzid), la tasa de pobreza (32%) era en 2010 más de tres veces superior a la de la capital. Esa desigualdad existía también en la dotación en infraestructuras y en el acceso a servicios públicos como la salud y la educación con unas tasas de analfabetismo que duplicaban a las del litoral. En el último presupuesto aprobado antes de la caída de Ben Ali, el 82% de los fondos del Estado eran destinados a las regiones de la costa en las que se concentra la riqueza del país. El énfasis puesto en la lectura de indicadores macroeconómicos, aislados de su contexto social, contribuyó a minusvalorar de forma mayoritaria el alcance de las protestas iniciadas en 2008 en la cuenca minera de Gafsa. También llevó a minimizar al principio el alcance de las protestas iniciadas en diciembre de 2010 en Sidi Bouzid tras el suicidio a lo bonzo de Muhammad Bouazizi que sirvió de mecha a la revolución que derrocó a Ben Ali.
A partir de 2011, la necesidad de corregir estos desequilibrios regionales a través de mecanismos de discriminación positiva ha sido un tema de consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Aunque fue recogido en la Constitución de 2014, la Ley Orgánica de Colectividades Locales encargada de desarrollar el proceso de descentralización no ha sido aprobada hasta abril de 2018, reflejando las resistencias y temores que suscita en algunos sectores la transformación de la estructura administrativa del Estado como instrumento para corregir unas desigualdades agravadas por las políticas liberales impulsadas desde el periodo de Ben Ali. En los últimos siete años, la prioridad acordada al reequilibrio regional no ha ido acompañada, sin embargo, de un aumento de las inversiones ni de la mejora de su situación económica.
La incapacidad de los sucesivos gobiernos postrevolucionarios para diseñar una estrategia de desarrollo capaz de crear empleos en zonas cuya tasa de paro duplica la del resto del país y de desenclavar regiones que, estando situadas tan sólo a 300 kilómetros del litoral, carecen de infraestructuras y servicios básicos de salud y educación ha alimentado en el interior del país los sentimientos de abandono, exclusión, así como de rechazo hacia las elites de la zona costera que desde la independencia han monopolizado los procesos de toma de decisión.
Hasta 2014 el clima de polarización sobre la identidad religiosa o secular del país eclipsó la atención hacia los movimientos sociales que de forma periódica reclamaban justicia social y la superación de la marginación económica de las regiones del sur y el centro-oeste del país. En diciembre de 2012 estallaron protestas contra el Gobierno de la troika, presidido por Hamadi Jebali, en Siliana, pequeña localidad agrícola del centro del país, repetidas en 2013. En enero de 2016 fue en Kasserine, la capital de la provincia menos desarrollada del país, donde pocas semanas después de que la transición tunecina recibiera el reconocimiento de premio Nobel de la Paz se inició una nueva oleada de protestas que se extendió por Kairouan, Jendouba, Sidi Bouzid, Gafsa, Béja, y Médenine. Impulsadas por la Unión de Diplomados en Paro, con el apoyo de la sección regional de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), rechazaban la corrupción reclamando soluciones a la cuestión del empleo precario al Gobierno presidido por el tecnócrata Habib Essid.
Aunque comparten el rechazo ante un orden económico injusto que perpetúa la pervivencia de las desigualdades y la dificultad de acceso al empleo, estas “protestas periféricas” tienen una agenda reivindicativa que se adapta al entorno local en el que se desarrollan. La dependencia económica del contrabando con Argelia y Libia hace que las reivindicaciones a favor de un mayor desarrollo local en localidades fronterizas como Ben Guerdane estén acompañadas periódicamente de movilizaciones contra el cierre de la frontera de Ras Jedir. Estas protestas son apoyadas por una nueva clase de actores económicos que utilizaría su respaldo a las movilizaciones como palanca de negociación con las autoridades para que estas no persigan sus actividades de economía informal.
La existencia de yacimientos de fosfato, petróleo y gas en las regiones del sur ha impulsado de forma recurrente movilizaciones exigiendo un retorno de los beneficios obtenidos por su explotación, así como una política de reclutamiento laboral que priorice a los habitantes de la región y que garantice la sostenibilidad medioambiental del territorio. Los sit-in, protestas y huelgas han sido recurrentes afectando tanto a empresas estatales como la Compañía de Fosfatos de Gafsa, y a corporaciones privadas con intereses en el sector del gas y el petróleo. En 2015 la cuestión de la gestión de los recursos naturales entró en el debate público a través de la campaña Winou el Pétrole? (Dónde está el petróleo?) que alrededor de la pregunta ¿dónde está el petróleo? reclamaba una mayor transparencia en la política energética y en los contratos firmados por el Estado para su explotación. Lanzada de forma anónima en Facebook, este movimiento defendía la existencia en el país de recursos naturales más importantes que los declarados oficialmente, exigiendo que una parte de los beneficios de su explotación fueran destinados al desarrollo económico de las regiones en las que eran extraídos. En abril de 2016, un movimiento de protesta en las islas Kerkennah bloqueó la producción gas de la compañía británica Petrofac, obligando al Gobierno a aumentar sus importaciones de Argelia. En la primavera de 2017 fue en la provincia de Kebili y en el campo de Al Kamour, al sur de Tataouine, donde la producción de gas y petróleo quedó interrumpida por nuevos movimientos de protesta.
El número de protestas no ha dejado de incrementarse en los últimos años. Según los datos del Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux en 2015 hubo 4.416, en 2016, 8.713 y en 2017, 10.452. El malestar social acumulado cristalizó en enero de 2018 en un movimiento de protesta a escala nacional como rechazo a la aprobación de la Ley de Finanzas y las medidas de austeridad que esta incorporaba (aumento de impuestos y recorte de gastos del Estado) en un contexto marcado por la bajada del poder adquisitivo y la degradación de las condiciones de vida de gran parte de los tunecinos. Las protestas promovidas por la campaña ciudadana Fech Nestannew (¿Qué esperamos?) alcanzó tanto provincias desfavorecidas del interior como algunas ciudades del litoral y los barrios periféricos de la capital.
La respuesta a estas movilizaciones ha combinado la represión con la adopción de decisiones como el establecimiento del toque de queda o el envío del Ejército para proteger las instalaciones energéticas con el anuncio de medidas populistas, destinadas a comprar la paz social en el corto plazo. La reconducción de ayudas puntuales y el lanzamiento de programas de reclutamiento de trabajadores en la Administración y en las empresas públicas o la promesa de mayores inversiones no han ido, sin embargo, acompañados de una reflexión en profundidad sobre cómo superar un modelo de desarrollo que perpetúa las desigualdades regionales. La capacidad de los gobiernos para dar respuesta a las demandas de justicia social se ve obstaculizada por los imperativos de una agenda económica dictada por las exigencias del Fondo Monetario Internacional que pone el foco en la austeridad.
Argelia: desplazamiento del epicentro de las protestas hacia el sur
En Argelia, las manifestaciones de descontento social bajo forma de protestas y micro revueltas, localizadas y guiadas por reivindicaciones económicas muy concretas, han sido un fenómeno recurrente, anterior al 2011 que continúa activo siete años después. En la Cabilia, por ejemplo, estallaron nuevas protestas a principios de enero de 2017 tras la adopción de medidas de austeridad por el Gobierno en respuesta a la caída de los precios de los hidrocarburos.
Por su carácter fragmentado y encapsulado, estas protestas no han llegado a cuajar en un movimiento más articulado y, por lo general, han estado también desvinculadas de las reivindicaciones más políticas de otros actores como los partidos políticos, los sindicatos o los actores de la sociedad civil. Aunque en mayor o menor medida todas las regiones de Argelia se han visto afectadas, es en el sur, en las regiones más ricas del país y en las que se encuentran localizados los principales campos petrolíferos y yacimientos de gas donde estas protestas han llegado a tener un mayor calado.
Fue en el año 2000 cuando surgió el Mouvement des enfants du Sud pour la justice (MSJ) en Ouargla, animado por algunos jóvenes diplomados en paro y activistas que empezaron a movilizarse. Tras ser reprimidos, una parte de sus militantes pasó a la lucha armada mientras que otro núcleo optó por la vía pacífica y se organizó en 2011 en torno al Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados (CNDDC por sus siglas en francés). Fue a partir de la manifestación de los 8.000, conocida como la marcha del millón, en protesta contra el desempleo, la hogra o sentimiento de humillación y la orientación neoliberal de la economía cuando el movimiento empezó a adquirir mayor protagonismo con la cuestión del desempleo como leitmotiv de sus diferentes actos de protesta. En el año 2012 el movimiento de desempleados inició una serie de acciones en Ouargla (como una concentración en la “plaza 1 de mayo”) para reivindicar un acceso al trabajo digno y denunciar los incumplimientos de las leyes en materia de contratación por parte de las multinacionales vinculadas al sector energético.
Otro movimiento de protesta emblemático en el Sur del país ha sido el surgido contra la explotación de los yacimientos de gas de esquisto en In Salah en 2015. Durante dos meses las protestas, animadas por asociaciones locales, tuvieron en vilo a las autoridades. Esta gran movilización en la que se reunieron profesionales, jóvenes en paro y mujeres, tuvo un eco mediático importante tanto por su carácter pacífico y duración en el tiempo como por el hecho de ir dirigidas contra el sector de los hidrocarburos y cuestionar la gestión del Estado de la principal fuente de riqueza del país.
Los movimientos que animaron estas protestas tienen algunos rasgos distintivos compartidos por movimientos similares en regiones periféricas de Marruecos o Túnez. Están localizados en regiones donde las desigualdades económicas y sociales resultan tanto más indignantes cuanto que albergan los principales yacimientos de gas y de petróleo, principal renta de la economía argelina. Sus habitantes son testigos directos de la desvinculación entre la bonanza económica procedente principalmente de los yacimientos situados en las regiones donde viven y de la redistribución insatisfactoria de sus dividendos entre la población. Las protestas están además desvinculadas o se mantienen a cierta distancia de los actores políticos, sindicales y de la sociedad civil y son lideradas por sus propios portavoces. Sus reivindicaciones son principalmente económicas con aspiraciones a una mayor justicia social. La falta de desarrollo, el desempleo y la carencia de infraestructuras son percibidas como una injusticia mayor teniendo en cuenta que la mayor parte de la riqueza del país procede de esta región.
Los intentos por desactivarlas han ido acompañados de la adopción de medidas destinadas a la juventud, como la concesión de créditos bancarios sin intereses a los jóvenes desempleados o la imposición de la preferencia local para la contratación en las empresas públicas, así como promesas para ejercer presiones ante las empresas de subcontratación para priorizar la contratación de candidatos locales. Paralelamente a estas medidas destinadas a apaciguar temporalmente las frustraciones de la población y responder a ciertas demandas, el Gobierno ha recurrido también a la represión y a la fuerza para neutralizar a los líderes de las protestas.
Estas medidas, sin embargo, no han conseguido desactivar las protestas. Además, el hecho de que las tensiones persistan pone de manifiesto que no se trata de reivindicaciones que se puedan reducir a demandas de empleo, sino que existe una cuestión más de fondo relacionada con la redistribución de la riqueza, la justicia social y la gobernanza. Las mismas disfuncionalidades que originaron las protestas de Ouargla siguen sin solucionarse: la corrupción, el favoritismo, el deterioro de las infraestructuras y de los servicios de salud y de educación, la falta de espacios culturales o la marginación de las autoridades locales.
Más allá de las reivindicaciones concretas, las demandas expresadas a través del movimiento de los desempleados o las protestas contra la explotación de los yacimientos de esquisto vienen a cuestionar el sistema de gobernanza del Estado, la corrupción y el contrato social post-colonial que consistía en que el pueblo renunciara a parte de las libertades políticas ciudadanas a cambio de derechos sociales(3). El deterioro de las infraestructuras, de los servicios básicos como la educación y la sanidad, la escasez de empleo y la degradación general del mercado laboral son percibidas como la manifestación clara de una marginación de las wilayas del Sur por parte de las autoridades centrales.
Con las primeras medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno en respuesta a la reducción de los ingresos procedentes de los hidrocarburos, las manifestaciones y las protestas se han incrementado. A finales de verano de 2016 el sur del país volvió a protagonizar una serie de protestas en respuesta a la subida del precio de la factura de electricidad. Las protestas más recientes y que muestran cómo la capacidad de movilización sigue viva en el sur de Argelia, las han protagonizado diversos colectivos a través del boicot de un concierto programado por las autoridades locales en Ouargla en julio de 2018. Indignados por la asignación de recursos públicos para actividades culturales en un momento en el que la ciudad estaba sufriendo una ola de calor sin precedentes, acompañada de cortes en el suministro eléctrico y el colapso de los sistemas de alcantarillado, los promotores de la protesta impidieron la celebración del concierto, organizando una concentración seguida de una oración colectiva en la que exigían la reasignación de esos recursos al desarrollo de la región. Este episodio localizado pone de manifiesto el fracaso de las autoridades en su intento de impulsar verdaderos planes de desarrollo sostenible para las regiones meridionales del país. Hasta el momento sólo ha sido desembolsado un 3% del presupuesto total previsto en el plan para el desarrollo del Sur (2015-2019).
Aunque los movimientos sociales tratan de estructurarse, la debilidad del movimiento asociativo y de los partidos políticos como consecuencia de la neutralización por el sistema político argelino de cualquier atisbo de oposición y alternativa política sigue siendo un elemento inhibidor de las protestas. Por esta razón, la revuelta social espontánea sigue siendo el medio de protesta más frecuente con el que cuenta la población para expresar su descontento y demandas sociales.
Marruecos: protestas en los márgenes
En Marruecos, el centro de gravedad de las protestas también se ha desplazado desde las grandes ciudades a espacios periféricos con un nivel de desarrollo inferior al del eje atlántico en el que se concentra la riqueza y el desarrollo del país. Esta tendencia, iniciada durante la década del 2000, con movimientos sociales vinculados a la degradación de las condiciones socioeconómicas, al deterioro de los servicios públicos y a la falta de inversiones y empleo en ciudades como Bouarfa, en la frontera con Argelia, o Sidi Ifni, en la frontera con el Sáhara Occidental, se ha intensificado en los últimos años (4).
De forma intermitente han continuado surgiendo movimientos de protesta con reivindicaciones vinculadas al acceso de servicios públicos como el agua ante la sobreexplotación de este recurso para la explotación minera (Imider) o agrícola (Zagora), o ante la desposesión de las tierras y dificultades para acceder a ellas por parte de las mujeres en el entorno rural (Soulaliyates) sin llegar a cristalizar en movimientos de alcance nacional.
En Jerada, localidad situada en la región Oriental, la muerte accidental en diciembre de 2017 de dos hermanos que trabajaban en una mina clandestina de carbón ha desencadenado un movimiento de protesta, reclamando alternativas para una ciudad golpeada por el paro tras el cierre de las minas de carbón a finales de los años noventa. Al igual que las protestas que se produjeron en 2011 en Khouribga, la ciudad donde se concentra la industria de fosfatos, se enmarca en la continuidad de movimientos de protesta impulsados por la ruptura del pacto social causado por la aplicación de políticas neoliberales.
Una de las regiones donde las protestas han alcanzado mayor intensidad y duración ha sido la provincia de Alhucemas en el Rif central, con una larga tradición de enfrentamiento con las autoridades centrales del Estado y con una economía sustentada en las remesas de los emigrantes asentados en Europa, el contrabando con Ceuta y Melilla y el cultivo y comercialización del hachís. Iniciada en octubre de 2016 como una protesta para reclamar una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Mohsen Fikri, aplastado en un camión de basura cuando intentaba recuperar el pescado que le había sido requisado por las autoridades, evolucionó hasta convertirse en un movimiento social conocido como al-Hirak Achaabi que consiguió convocar una manifestación de apoyo en Rabat en junio de 2017 en la que se reclamó la libertad de los dirigentes del movimiento detenidos (5). Su agenda reivindicativa incluye, junto a demandas culturales vinculadas a la memoria y la identidad rifeña, la superación del bloqueo y la marginación socioeconómica en una provincia que sólo cuenta con una industria y en la que el paro juvenil alcanza el 40%; la creación de una universidad y un hospital dotado de un servicio de oncología en una de las zonas de Marruecos con un elevado número de enfermos de cáncer; la lucha contra la corrupción, especialmente en el sector de la pesca y la desmilitarización del Rif.
La duración e intensidad del ciclo de protesta, debilitado tras el inicio de la represión del movimiento en mayo de 2017, confirma los límites de la política de reconciliación con la región llevada a cabo por Mohamed VI tras su llegada al trono en 1999. También muestra los límites de las iniciativas lanzadas para impulsar el desarrollo a través de grandes proyectos de infraestructuras (nueva carretera entre Tánger y la frontera argelina, mejora de las conexiones ferroviarias, construcción de megapuertos como Tanger Med o la creación de zonas industriales) que han beneficiado sobre todo al eje Tánger-Tetuán y a la ciudad de Nador, limitando las inversiones en Alhucemas a proyectos turísticos que han acumulado importantes retrasos en su ejecución.
La respuesta ante estas protestas pacíficas ha combinado la realización de concesiones puntuales con el recurso a la represión, especialmente intensa en el caso del Rif contra los miembros del Hirak. La combinación del palo y la zanahoria como modo de gestión de la contestación social no puede ocultar el fracaso de un modelo de desarrollo incapaz de contrarrestar la persistencia de la pobreza y las desigualdades. Aunque la responsabilidad de este fracaso es atribuida por Mohamed VI al Gobierno y a la clase política, el soberano reconoció en el discurso que pronunció en octubre de 2017 con motivo de la apertura del año legislativo “la necesidad de ajustar las políticas públicas a las preocupaciones de los ciudadanos en función de las necesidades y especificidades de cada región”, a partir de un “desarrollo equilibrado y equitativo que garantice la dignidad de todos y que sea generador de rentas y empleos especialmente en beneficio de los más jóvenes”.
Las protestas periféricas en los tres países del Magreb analizados aquí comparten algunos rasgos. En los tres casos son una consecuencia de políticas que han impulsado un desarrollo desequilibrado y desigual que ha dejado de lado gran parte de sus regiones periféricas a pesar de que, en algunos casos, se trata de áreas ricas en recursos naturales cuya explotación y beneficios no ha revertido, sin embargo, en el desarrollo y en la mejora de las condiciones de vida de la población local. La ausencia de mejoras en los indicadores socioeconómicos y el déficit de infraestructuras y servicios seguirán alimentando previsiblemente en el corto y medio plazo unas protestas que, aunque comparten el rechazo a un orden económico percibido como injusto, tienen una agenda reivindicativa que se adapta al entorno local lo que dificulta la posibilidad de que cristalicen en protestas transversales de alcance nacional. La opción por la respuesta represiva ante estos movimientos sociales tal como se ha visto en Marruecos con la severa condena contra los militantes del Hirak no puede sino alimentar el malestar e indignación popular.
Referencias bibliográficas:
(1) Mañé Estrada, Aurelia, Thieux, Laurence y Hernando de Larramendi, Miguel. Argelia en la encrucijada: condicionantes, tendencias y escenarios. Fundación Alternativas; Ministerio de Defensa, Secretaría General de Política de Defensa. 2016. http://www.fundacionalternativas.org/observatorio-de-politica-exterior-opex/documentos/documentos-de-trabajo/argelia-en-la-encrucijada-condicionantes-tendencias-y-escenarios
(2) Hibou, Béatrice. “La formation asymétrique de l’État en Tunisie. Les territoires de l’injustice”, en Irene Bono, Béatrice Hibou, Hamza Meddeb et Mohamed Tozy, L’État d’injustice au Maghreb. Maroc et Tunisie. Paris: Karthala, pp. 99-150. 2015.
(3) Belakhdar, Naoual. «’L’éveil du Sud’ ou quand la contestation vient de la marge». Politique africaine, (1), 27-48. 2015. https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2015-1-page-27.html
(4) Bennafla, Karine y Emperador Badimón, Montserrat. “Movilizaciones periféricas en Marruecos: los casos de las ciudades de Sidi Ifni y Buarfa”, en Thierry Desrues y Miguel Hernando de Larramendi (eds), Mohamed VI. Política y cambio social en Marruecos. Córdoba: Almuzara, pp. 237-273. 2011. Véase también Bogaert, Koenraad. “The revolt of small towns: the meaning of Morocco’s history and the geography of social protests”, Review of African Political Economy, 43: 143, pp. 124-140. 2015.
(5) Suárez-Collado, Ángela (2017): “’Le temps des cerises’ en el Rif: análisis de un año de protestas en el norte de Marruecos”, Notes internacionals CIDOB,nº 184 (Noviembre 2017), https://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_184/le_temps_des_cerises_en_el_rif_analisis_de_un_ano_de_protestas_en_el_norte_de_marruecos
Palabras clave: Magreb, Argelia, Marruecos, Túnez, desigualdad económica, protestas, desarrollo regional.
E-ISSN: 2013-4428
D.L.: B-8439-2012