Venezuela en el ojo del huracán Trump
Venezuela vuelve a estar en el punto de mira de la administración Trump. El despliegue de una flota de Estados Unidos en el Caribe, el abatimiento de lanchas de supuestos narcotraficantes venezolanos, la ruptura del diálogo entre los dos países y la autorización de operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela han activado las especulaciones sobre hasta donde está dispuesta a llegar la Casa Blanca para poner contra las cuerdas al régimen de Maduro.
El hundimiento de varias embarcaciones procedentes de Venezuela en aguas internacionales por parte del ejército, ordenadas por Donald Trump, y su confirmación de la autorización de acciones de la CIA en el país latinoamericano, han escalado el enfrentamiento entre ambos gobiernos. Para justificar los ataques, que ya han causado más de 27 víctimas mortales, la Casa Blanca alega que eran narcotraficantes enviando drogas a los Estados Unidos con efectos devastadores para su población. A este Donald Trump 2.0, más populista, autoritario y antiliberal, no le interesa tanto promover la democracia en Venezuela como proteger la seguridad de Estados Unidos amenazada, a su criterio, por la entrada de drogas y de inmigrantes ilegales. Acusa a Maduro y su gobierno de ser cabecillas del Cartel de los Soles, una organización narcotraficante, y ha incrementado el precio hasta 50 millones US$ por la información para arrestar a Maduro. Venezuela vuelve a estar en el ojo de huracán de Trump.
El presidente dicta la política hacia Venezuela a su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, que fue uno de los principales impulsores del frustrado intento de cambio de régimen de 2019. A diferencia de la operación Juan Guaidó que el líder republicano patrocinó en su primer mandato para derrocar a Nicolás Maduro sin conseguirlo, en esta ocasión su estrategia está enfocada a la seguridad. Tras el periodo de distensión durante la administración Biden, que llevó a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el fraude electoral dinamitó la esperanza de una transición democrática, el gobierno de Trump ha inaugurado una nueva fase en el conflicto bilateral.
En medio de la tensión entre los dos países, el premio Nobel de Paz 2025 para la opositora María Corina Machado aumenta la presión internacional para un cambio democrático en Venezuela. Sin embargo, la respuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro fue cerrar su embajada en Noruega, país que desde 2017 lideró la mediación entre gobierno y oposición para lograr una transición pacífica a la democracia.
¿Cambio de régimen o amenaza a la seguridad?
En 2014, la Casa Blanca, con Barack Obama al frente, calificó al régimen de Maduro como «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional» y, desde entonces, Estados Unidos aplica sanciones económicas y financieras. Pero ahora, además, Washington le acusa de promover «grupos terroristas» como el Tren de Aragua, las migraciones irregulares, y el narcotráfico. La situación crítica del país, con salarios que no cubren las necesidades primarias, frecuentes y duraderos apagones, y falta de suministros básicos, sumados a la represión de cualquier oposición, han llevado, según datos de Naciones Unidas, a la salida de unos 7,9 millones de venezolanos, principalmente hacia países limítrofes como Colombia, pero también a Estados Unidos.
Pero el retorno de Trump al poder cambió radicalmente la política migratoria de Estados Unidos hacia Venezuela. Durante años, 600.000 venezolanos recibieron el estatus de protección temporal del que fueron despojados por la administración Trump, a pesar de una sentencia judicial en contra. Desde entonces se han producido cientos de arrestos y deportaciones sin tutela judicial. A diferencia de otros dirigentes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, Maduro no se negó a recibir a los deportados, sino que llegó a un acuerdo para que fueran repatriados en una línea aérea estatal. Al llegar a Venezuela, todos son sometidos a una revisión de sus antecedentes penales. Además de retornar a personas cuyas vidas pueden estar en peligro, algunos de los deportados fueron enviados desde Estados Unidos a las cárceles de El Salvador, y después fueron usados como moneda de cambio para liberar a diez estadounidenses detenidos en Venezuela y, supuestamente, para la excarcelación de presos políticos de la oposición venezolana. Sin embargo, éstos últimos no han dejado de aumentar, y se calcula que son ya más de 800, muchos de ellos capturados tras las fraudulentas elecciones de 2024.
Si bien una parte de la comunidad latina de Florida que votó a Trump quedó desconcertada con esta política de deportaciones, la nueva operación de acoso al régimen venezolano puede ser un revulsivo para recuperar su confianza antes de las elecciones parlamentarias a mitad de su mandato. Marco Rubio y otros colaboradores presionan para expulsar a Maduro del poder y dan a entender que todas las opciones están abiertas. Es difícil concebir un ataque militar terrestre en un país complejo como Venezuela con una multitud de grupos armados en regiones inhóspitas, y es contradictorio con la promesa de Trump de no iniciar nuevas operaciones en el exterior. Además, la opinión pública lo rechaza. Desde el departamento de Defensa -rebautizado como departamento de Guerra- solo hablan de una operación contra los Carteles del narcotráfico, organizaciones que Trump asimila con el propio gobierno venezolano. Pero no son descartables operaciones quirúrgicas como la del rescate de los opositores venezolanos atrapados en la embajada argentina en Caracas en mayo 2025 ahora que se ha desvelado la autorización presidencial a la CIA.
Sanciones, transacciones y reacciones
El endurecimiento de las sanciones contra Venezuela obligó al régimen de Maduro a buscar alternativas en China y Rusia, pero también en otros países del Sur Global, aunque con costes adicionales. Sin embargo, durante el gobierno demócrata de Joe Biden hubo una apertura parcial del comercio para paliar el incremento de los precios del crudo debido a la guerra de Ucrania. Estados Unidos volvió a ser en 2024 el primer socio comercial de Venezuela, con un total del 26,4% en su comercio total, seguido de China que representó un 19,7%. Sin embargo, con Donald Trump volvieron las sanciones. En febrero de 2025 anunció que la petrolera americana Chevron debía terminar sus actividades antes del 23 de abril, aunque la compañía consiguió extenderlas y finalmente en agosto se anunció una modesta concesión para continuar el envío de crudo. En marzo de 2025, Trump anunció aranceles del 25% a todos los países que importen petróleo de Venezuela, cargando en terceros el coste de las sanciones.
Tras las operaciones de la armada norteamericana contra las lanchas procedentes de Venezuela en alta mar, la primera posición de Maduro fue afirmar que eran imágenes de inteligencia artificial. Pero, con la repetición de los ataques, la reacción ha sido emitir un decreto de «conmoción externa» que implica la restricción de garantías y derechos ciudadanos y amplia las facultades presidenciales para proteger la integridad territorial. Eso permite a Maduro a tomar el control militar del país y llamar al alistamiento obligatorio. De momento solo ha movilizado a las milicias voluntarias y les están dando adiestramiento militar.
Frente a la amenaza externa, Maduro llama al cierre de filas y a envolverse en la bandera, acusando a la oposición de traidores. La resistencia frente al intervencionismo imperialista es un discurso potente y ha vuelto a generar divisiones en la oposición entre los favorables a la presión norteamericana, como María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, que está siendo amenazada, y los que rechazan la injerencia extranjera, como el más moderado Henrique Capriles. En la región, la mayoría de los países también se oponen a las amenazas y el uso de la fuerza, incluso aquellos que criticaron las elecciones de 2024 como Brasil o Colombia. Aunque no hay una posición unitaria, los ataques a embarcaciones venezolanas desde Estados Unidos pueden tener el efecto de dar un respiro al aislamiento regional de Venezuela. Maduro se ha apresurado a recordar la injerencia de la CIA en golpes de Estados en América latina en el pasado, y el ministerio de Exteriores anunció que interpondrá una queja ante el Consejo de Seguridad.
La nueva política de Donald Trump hacia Venezuela muestra que las consideraciones normativas o ideacionales como la promoción de la democracia o de los derechos humanos son secundarias. La prioridad es la seguridad nacional supuestamente amenazada por grupos criminales y los migrantes ilegales. Es un discurso coherente con su visión MAGA de América primero, pero de clara hostilidad hacia los vecinos de su frontera sur. Si el premio Nobel para la opositora venezolana representa un respaldo internacional para la democracia, los ataques del gobierno de Trump justifican el discurso antiimperialista de Maduro, que sigue teniendo eco en América Latina.
Palabras clave: Venezuela, Trump, Maduro, Estados Unidos, política exterior, narcotráfico, deportaciones, CIA, María Corina Machado, sanciones, democracia
Todas las publicaciones expresan las opiniones de sus autores/as y no reflejan necesariamente los puntos de vista de CIDOB o sus financiadores
Imagen: © Wikimedia, 2019
E-ISSN 2014-0843