Comunidades autónomas, Gobierno central y su acción exterior
La Fundación CIDOB y el OPEX organizaron un seminario en el que se propusieron fórmulas para mejorar la coordinación y cooperación entre comunidades autónomas y Gobierno Central.
La Fundación CIDOB y el Observatorio de Política Exterior Española (OPEX) de la Fundación Alternativas organizaron un seminario en el que propusieron fórmulas para mejorar la coordinación y cooperación entre comunidades Autónomas y Gobierno central.
A lo largo de los dos últimos años se han aprobado nuevos estatutos de autonomía (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón) que recogen en su articulado por primera vez la mención a la acción internacional de sus respectivas comunidades. A pesar de la novedad de la inclusión de esta actividad en textos legales, su nivel de actividad europea e internacional ha crecido exponencialmente desde los años ochenta. De esta manera, la proliferación de la acción exterior autonómica ha generado conflictos y dificultades de coordinación con la acción exterior del Estado. Durante el seminario, el profesor César Colino, investigador del OPEX, presentó su trabajo La acción internacional de las comunidades autónomas y su participación en la política exterior española, que sirvió como base para iniciar un debate que reunió a representantes de la administración central del estado, de comunidades autónomas y a expertos universitarios. En esta jornada de trabajo se propuso la incorporación de temarios y de mecanismos para garantizar que los diplomáticos españoles tengan un mejor conocimiento y una mayor sensibilidad hacia la realidad plural de España. Sirvió como ejemplo Canadá, país dónde, tras su selección, los nuevos diplomáticos viven seis meses en provincias distintas a la suya de origen, para familiarizarse con la diversidad del país. También se debatió la creación de una Conferencia de Acción Exterior con la participación de todas las comunidades autónomas.
En esta primera sesión se propusieron medidas destinadas sobre todo a incrementar la confianza y a regular procesos sometidos a incertidumbre o incluso a la arbitrariedad, con especial énfasis en la necesidad de reformar el servicio diplomático. También se analizó la cooperación y coordinación en el exterior, tanto en las representaciones permanentes (embajadas y delegaciones y oficinas autonómicas en el exterior) como en los casos de viajes y misiones oficiales. La creación de figuras como el consejero autonómico’, la posibilidad de contar con funcionarios o representaciones autonómicas en las embajadas o la participación en cumbres bilaterales y viajes de estado, surgieron en el debate. También se habló de reformar elementos legislativos que incluyan la creación de una nueva Ley de Tratados, además de prever mecanismos de participación, para aplicar la participación de las Comunidades Autónomas en la preparación y seguimiento de las negociaciones internacionales del estado. Los participantes coincidieron en que el modelo existente para política europea en la CARCE (Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas) presentaba limitaciones, y discutieron sobre fórmulas bilaterales que reconocen la diferencia entre competencias, pero que pueden generar agravios entre diferentes comunidades.
Además, se analizaron los acuerdos firmados por las comunidades autónomas, los mecanismos de información y la necesidad de aumentar su transparencia. Algunos de los expertos propusieron su publicación en el boletín oficial de la comunidad autónoma firmante, como medida para dar transparencia a un sector actualmente opaco. El seminario no sólo afrontó los problemas de coordinación, sino también las posibilidades que ofrece la colaboración, más allá de los ámbitos en los que se ha consolidado, como en el de la cooperación transfronteriza o en política europea. Se identificaron oportunidades como la capacidad de influencia de las comunidades autonómicas para España en el exterior; la política de cooperación al desarrollo en la que las comunidades autónomas aportan no sólo dinero, sino también una valiosa experiencia administrativa y capacidad para coordinar a los actores locales; la política de proyección hacia el Mediterráneo, dónde el esfuerzo de las comunidades mediterráneas ya ha dado importantes frutos; la presencia en organizaciones internacionales gubernamentales; además del apoyo a las comunidades de españoles en el extranjero, para las que algunas comunidades autónomas han creado valiosos mecanismos de apoyo social y cultural.
Todas estas recomendaciones quedarán recogidas en un documento conjunto de la Fundación CIDOB y la Fundación Alternativas, enviado posteriormente a responsables estatales y autonómicos, expertos y medios de comunicación. Esta jornada se convirtió en la primera de un ciclo de tres que durante un año analizará la relación entre administración central y ejecutivos autonómicos en política exterior. Las próximas sesiones estarán dedicadas a la política europea (Madrid, enero de 2008) y a la cooperación al desarrollo (Sevilla, junio de 2008).