Daniel Ortega Saavedra

© Presidencia de la República del Ecuador

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Actualización: 23 noviembre 2016

Nicaragua

Coordinador de la Junta de Gobierno (1981-1985) y presidente de la República (1985-1990, 2007-)

  • José Daniel Ortega Saavedra
  • Mandato: 10 enero 2007 - En ejercicio
  • Nacimiento: La Libertad, departamento de Chontales, 11 noviembre 1945
  • Partido político: Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
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Presentación

Con su reelección con un aplastante 72,4% de los votos en las elecciones formalmente democráticas celebradas el 6 de noviembre de 2016 en Nicaragua, Daniel Ortega ha obtenido mandato para prolongar hasta 2022 un ejercicio presidencial que desde su arranque hace nueve años se ha caracterizado por el paulatino sometimiento de las instituciones y normas del Estado a los designios personalistas del ya septuagenario líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A la oposición, fragmentada, desarbolada y sumida en la impotencia, solo le queda deslegitimar la "farsa electoral" y acusar a Ortega de ser un "caudillo populista" consagrado a la tarea de instaurar en esta parte de América Central una "dinastía familiar" similar a la de los Somoza, la dictadura que fusil al hombro combatió.

El antiguo comandante de la Revolución de 1979 y luego durante una década coordinador de la Junta de Gobierno y presidente de la República triunfó en 2006 en las elecciones que, después de tres derrotas sucesivas frente a los dirigentes del centro-derecha liberal Violeta Chamorro (1990), Arnoldo Alemán (1996) y Enrique Bolaños (2001), le devolvieron al poder en enero de 2007. Protagonista de un polémico pacto de intereses con Alemán, su antípoda ideológico condenado por corrupción, e hilvanando un discurso heterogéneo donde los postulados izquierdistas tradicionales del sandinismo iban de la mano de unos mensajes de reconciliación y armonía, y de un neoconservadurismo moral grato a la Iglesia Católica, Ortega regresó a la Presidencia prometiendo poner fin a la pobreza endémica que castigaba a la mitad de la población y garantizando las buenas relaciones con Estados Unidos, pero al tiempo que suscribía una alianza estratégica con la Cuba castrista y la Venezuela chavista, en adelante socios de Nicaragua en el seno del ALBA.

Muy pronto, Ortega, diestro urdidor de componendas pragmáticas o inescrupulosas tras una proyección física poco carismática y la crudeza de su retórica en la "batalla de las ideas", afrontó desde la oposición, que incluía a un sandinismo disidente profundamente decepcionado, una cascada de denuncias de radicalismo, incapacidad de diálogo, nepotismo, patrimonialización de los recursos públicos y adulteración de la democracia representativa mediante fórmulas populares de "democracia directa" y clientelismo proselitista. La cooptación por el orteguismo de dos organismos clave del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, más la conquista por el FSLN de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2011 permitieron al dirigente sentar las bases de una presidencia con aparente vocación de vitalicia en virtud de, primero, la "inaplicabilidad" (2009) y, segundo, la enmienda (2013) de aquellos puntos de la Constitución que bloqueaban las sumas de un segundo y un tercer mandatos consecutivos al primero de cinco años ganado en 2006.

El establecimiento del presidencialismo fuerte sin restricciones constitucionales a su duración indefinida, el control, haciendo del principio de la separación de poderes papel mojado, de virtualmente todos los resortes institucionales de la República amén de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales, y la neutralización arbitraria vía judicial de una oposición liberal (despojamientos de Eduardo Montealegre y Luis Callejas) ya minada por sus crónicas peleas internas e incapaz de ofrecer a los electores un proyecto de país coherente y alternativo al del sandinismo conforman tres grandes maniobras del oficialismo para asegurar el éxito apabullante en las elecciones de 2016 de Ortega, al que pasa a flanquear como nueva vicepresidenta de la República su esposa Rosario Murillo, en todo este tiempo una primera dama tan conspicua e influyente que es retratada como una especie de cogobernante o "primera ministra" de facto de Nicaragua.

Ahora bien, el resultado de estas votaciones, aun viciado por la secuencia de abusos antidemocráticos, testimonia también el grado de respaldo del que El Comandante goza entre la juventud, los trabajadores urbanos, el campesinado y las clases humildes. A estos colectivos van destinados los programas asistenciales que el Ejecutivo sufraga gracias a la asistencia venezolana, crucial sustituta de la menguante cooperación internacional al desarrollo procedente de los países occidentales, los cuales expresan de esta manera su malestar por la deriva autoritaria del Gobierno de Managua. Además, en Nicaragua, pese a la precariedad congénita derivada de los vaivenes del comercio internacional de mercancías agropecuarias y los desastres naturales, se han consolidado el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza, logros que reconocen entre otros el FMI y el BID.

Un rasgo ciertamente peculiar del régimen, rico en contradicciones, de Daniel Ortega es, pese a las diatribas contra el "capitalismo mundial", su estrecha complicidad con el alto empresariado nacional y las élites económicas tradicionales, que gozan de excelentes condiciones para desarrollar sus negocios en un marco desregulado típicamente neoliberal, con mínimos niveles de protección de los trabajadores, explotación laboral severa y salarios irrisorios. Y es que ser miembro del ALBA, despotricar regularmente contra el "imperialismo" y la "oligarquía", enarbolar la bandera del socorro a los desfavorecidos y codearse con Irán o Rusia no han empujado a Ortega a imponer un modelo económico estatista; al contrario, es respetuoso con la libre empresa y el sector privado, ámbitos en los que su familia opera extensamente con una obvia ventaja de partida, al igual que ha mantenido intacta la relación comercial privilegiada con Estados Unidos, socio en el tratado CAFTA-RD. La consigna de Nicaragua como paraíso de inversores foráneos quedó bien patente en el incierto proyecto del Gran Canal Interoceánico, obra de ingeniería colosal, con un coste estimado de 50.000 millones de dólares, adjudicada en 2013 a una compañía china y que se mantiene en el dique seco.


(Texto actualizado hasta noviembre 2016)

Biografía

1. Comandante de la Revolución Nicaragüense de 1979 y jefe histórico del sandinismo
2. Miembro de la dirección colegiada de la Junta de Gobierno
3. Endurecimiento del régimen sandinista y frentes de oposición
4. Elevación a la Presidencia de la República en 1984 con controversia electoral
5. La guerra civil con la Contra; Nicaragua, línea del frente de la pugna global entre Estados Unidos y la URSS
6. Negociaciones de paz y derrota en las urnas frente a la oposición liberal en 1990
7. Las fluctuantes relaciones con los gobiernos de Chamorro y Alemán; El Pacto y el caso de Zoilamérica Narváez
8. Postura en torno a la reconversión ideológica del FSLN
9. Tercera apuesta presidencial fallida en 2001
10. Maquinador protagonista de la crisis política nacional durante la Administración Bolaños
11. Triunfo en las votaciones presidenciales de 2006 y retorno al Ejecutivo
12. Socio centroamericano del ALBA, roces con Colombia y primeras maniobras para acaparar el poder
13. Relectura constitucional ad hominem, tensiones políticas y reelección con polémica en 2011
14. El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua: un proyecto colosal rodeado de incertidumbre
15. El apuntalamiento del orteguismo: reforma de la Carta Magna, golpe al PLI y búsqueda del tercer mandato presidencial sucesivo en 2016



1. Comandante de la Revolución Nicaragüense de 1979 y jefe histórico del sandinismo

Nacido en 1945 en un hogar humilde del departamento meridional de Chontales, las privaciones sanitarias de la familia causaron la muerte prematura de dos hermanos menores, siendo él el primogénito de los cinco vástagos que salieron adelante. En la década anterior a su nacimiento, varios parientes habían luchado en la guerrilla revolucionaria comandada por Augusto César Sandino contra las tropas estadounidenses de ocupación. Los padres, Daniel Ortega, quien se ganaba la vida como contable, y Lidia Saavedra, eran activos opositores a la dictadura dinástica instaurada por el general Anastasio Somoza García, comandante en jefe de la Guardia Nacional, y continuada por sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, lo que les acarreó a ambos sendas experiencias carcelarias en el primer período presidencial del fundador de esta autocracia patrimonialista.

En enero de 1960, con 14 años, el joven Ortega se inició en el activismo político en el seno de la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), un movimiento civil de oposición al somocismo que adoptó el ideario de Sandino. La represión del Gobierno no tardó en abatirse sobre la JPN. En el caso de Ortega, el castigo de las autoridades consistió en la expulsión de la escuela a la que asistía en su población natal, La Libertad, viéndose obligado a marchar a Managua. En la capital del país consiguió reanudar los estudios en el Instituto Pedagógico, regido por los Hermanos de La Salle, y en el colegio público Maestro Gabriel.

En 1962 Ortega inició la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, pero al cabo de unos meses, en 1963, abandonó las aulas para dedicarse de lleno a la resistencia política. Así, ingresó en el clandestino Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización político-militar fundada en Honduras en julio 1961 por Tomás Borge Martínez, Silvio Mayorga Delgado y Carlos Fonseca Amador, entre otros. El FSLN, de una manera más explícita que sus directos predecesores, la JPN y el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) de Fonseca, recuperaba la bandera revolucionaria del líder asesinado en 1934 y apostaba por la subversión armada para el derrocamiento del somocismo y la conquista del poder. La primera actuación destacada de Ortega en el FSLN fue la puesta en circulación del periódico El Estudiante, órgano de prensa del Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

Convertido en estrecho colaborador de Fonseca, principal líder del FSLN en aquella etapa inicial, Ortega recibió la misión de organizar unos Comités Cívicos Populares de resistencia a la dictadura, así como una red de comandos armados para realizar acciones de guerrilla urbana, como sabotajes y robos de bancos para incautarse de fondos. En 1965, con apenas 20 años, fue ascendido a comandante y a miembro de la Dirección Nacional del FSLN, donde a partir del año siguiente adquirió el mando sobre el denominado Frente Interno.

En 1967, el año en que ascendió a la Presidencia de la República Anastasio Somoza Debayle, alias Tachito, Ortega fue capturado por la Guardia Nacional durante el asalto a un banco -según algunas fuentes, una delación posibilitó su detención- y enviado a presidio. Su estancia en la cárcel se prolongó durante siete años, tiempo en el cual, de acuerdo con su testimonio, padeció hambre, torturas y todo tipo de vejaciones, así como largos períodos de incomunicación en celdas de castigo. Una penosa experiencia que se habría prolongado por tiempo indefinido de no haber sido incluido en el grupo de prisioneros sandinistas canjeados por los rehenes, colaboradores directos de Somoza, capturados el 27 de diciembre de 1974 en la casa del ministro José María Chema Castillo por el comando Juan José Quezada del FSLN, el cual se dio a conocer al público internacional con esta audaz acción.

Ortega y los camaradas que le liberaron viajaron a Cuba para acogerse a la protección del régimen comunista de Fidel Castro, pero al cabo de unas semanas él se infiltró de nuevo en Nicaragua para reintegrarse en la Dirección Nacional, donde encontró un movimiento dividido en tres facciones: Guerra Popular Prolongada (GPP), encabezada por Tomás Borge y el comandante Henry Ruiz, alias Modesto, que era de inspiración maoísta-guevarista y alentaba una contienda de liberación popular basada en el campesinado; la tendencia Proletaria, preconizada por Fonseca, el cual iba a caer en combate en noviembre de 1976, y Jaime Wheelock Román, que se identificaba mejor con la ortodoxia marxista-leninista y sostenía la necesidad de mantener un partido obrero en la retaguardia; y la tendencia Tercerista o Insurreccional, que animaban izquierdistas no marxistas y marxistas heterodoxos, muchos de ellos estudiantes e intelectuales.

Los terceristas daban prioridad a las acciones de guerrilla urbana y al reclutamiento social para lanzar una insurrección general contra la dictadura de la que pudieran tomar parte la ciudadanía urbana y los políticos socialdemócratas, enriqueciendo de paso el substrato ideológico del FSLN. Esta corriente, en la que militaban importantes comandantes como el luego famoso Edén Pastora Gómez, era la mayoritaria y en ella se integraron Ortega y su hermano dos años menor, Humberto. El trabajo de los hermanos Ortega en los terrenos tanto militar (Humberto se destacó como principal estratega de operaciones mientras que Daniel llevó el mando táctico de los frentes internos Norte y Sur) como político resultó determinante para la recomposición de la unidad interna del FSLN, sin la cual difícilmente podría triunfar la proyectada ofensiva final contra Somoza.

El desenlace de la derrota de la Guardia Nacional y la toma del poder por la guerrilla dejó de parecer quimérico desde que en octubre de 1977, tras unos años de repliegue defensivo ante la durísima persecución militar a campo abierto unida a una no menos cruda represión política en las ciudades, el FSLN Tercerista se lanzara al hostigamiento sistemático de las fuerzas gubernamentales. En una de estas acciones, la dirigida en el barrio de Morimbó de la ciudad de Masaya para organizar una insurrección popular que había estallado espontáneamente, pereció otro de los hermanos menores de Ortega, Camilo. El trágico suceso se produjo en febrero de 1978, por la época en que Daniel inició una relación sentimental estable con la poetisa sandinista Rosario Murillo Zambrano, con la que iba a tener seis hijos (él ya tenía un hijo de una relación previa y ella por su parte otros dos) viviendo en común como pareja de hecho, si bien ante la Iglesia serían marido y mujer en virtud del casamiento clandestino que les impartió un sacerdote sandinista a finales de aquel año.

El 8 de marzo de 1979 las tres facciones sandinistas, con la mediación del Gobierno cubano, reconstituyeron la Dirección Nacional conjunta en un contexto de reorganización del conjunto de la oposición a través de coaliciones, como el Frente Amplio Opositor (FAO), que incluía a la Unión Democrática de Liberación (UDEL), liderada hasta su asesinato en enero de 1978 por el propietario periodístico y dirigente de la burguesía conservadora Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), del también empresario antisomocista Luis Alfonso Robelo Callejas. El propio FSLN se unió a otras organizaciones de diverso signo, como el Grupo de los Doce, el Movimiento Pueblo Unido (MPU), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), para formar, el 1 de febrero de 1979, el Frente Patriótico Nacional (FPN).

La combinación de resistencia civil de unos espectros social e ideológico cada vez más amplios, desde las masas populares hasta la burguesía terrateniente, y, sobre todo, de lucha armada por parte del FSLN, acorraló a la tiranía de Somoza, cuyas prácticas depredadoras de los bienes económicos y de gangsterismo político le granjearon el aborrecimiento general de la población. El 29 de mayo de 1979 Ortega y los demás comandantes activaron el empuje bélico final y el 18 de junio todo el arco de la oposición acordó en Puntarenas, Costa Rica, constituir una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) de cinco miembros, con Ortega representando al FSLN. En Puntarenas se definieron las líneas de actuación de la JGRN tras la toma del poder, que serían el pluralismo político, el modelo de economía mixta para corregir las flagrantes desigualdades sociales y la no alineación en política exterior.


2. Miembro de la dirección colegiada de la Junta de Gobierno

El 17 de julio de 1979 Somoza, abandonado por Estados Unidos, huyó de país y dos días después la guerra civil tocó a su fin con la entrada triunfal de las columnas sandinistas en Managua. La Junta de Gobierno llegó desde Costa Rica a la ciudad de León el 18 y asumió efectivamente el poder con su instalación en la capital el día 20. La administración fantasma del presidente en funciones que intentaba cubrir el vacío de poder dejado por Somoza, Francisco Urcuyo Maliaños, se desvaneció en menos de un día al quedar claro que no ejercía control alguno y que los gobiernos latinoamericanos le negaban cualquier legitimidad. Una de las primeras decisiones de la Junta de Gobierno fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba.

En la Junta, a Ortega le flanqueaban las siguientes personalidades: el intelectual socialdemócrata Sergio Ramírez Mercado, por el Grupo de los Doce; el ingeniero Moisés Hassán Morales, por el MPU; Alfonso Robelo por el MDN; y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, por la UDEL. De los cuatro junteros no miembros del FSLN, dos, Ramírez y Morales, eran de partidos prosandinistas y los otros dos, Robelo y Chamorro, de partidos del centroderecha liberal agrupado en el FAO. La organización de Ortega, pese a la ventaja abrumadora que conferían la posesión de capacidad militar de carácter exclusivo y de auténtica legitimación popular por haber llevado el peso de la sangrienta contienda para expulsar a Somoza, no se lanzó por el momento a la toma exclusiva del poder y accedió a compartir este con las demás fuerzas que habían participado en el derrocamiento de la dictadura.

La composición plural de la Junta se extendió al Gabinete de ministros y al Consejo de Estado, órgano de 33 miembros designados por organizaciones políticas, socioeconómicas y sindicales, y creado el 20 de julio con funciones de asesoría y deliberación con respecto a las disposiciones de la Junta. Ahora bien, el Consejo de Estado se dotó de una Junta Directiva más restringida cuya presidencia se la reservó el FSLN en la persona del comandante Carlos Núñez Téllez. Por otro lado, aunque el Pacto de Puntarenas preveía el reemplazo de la Guardia Nacional, ahora desintegrada, por un Ejército nacional suprapartidista, el caso fue que el Ejército Popular Sandinista (EPS), comandado por Humberto Ortega, concurrentemente ministro de Defensa, hizo esa función de manera oficial a partir del 22 de agosto. En cuanto al Ministerio del Interior, fue asumido por Tomás Borge.

El comandante de la Revolución Daniel Ortega, con 33 años, se aseguró un puesto de relevancia en la jefatura colectiva del país como miembro tanto de la Junta de Gobierno como de la Dirección Nacional sandinista denominada histórica y reducida a nueve miembros: todos los demás habían perecido en la lucha antisomocista a lo largo de la década que acababa. En la primera reunión importante de los cuadros dirigentes del FSLN, la denominada Asamblea de las 72 horas, realizada del 21 al 23 de septiembre de 1979, se esbozó una estrategia de consolidación y conservación del poder que despertó grandes suspicacias en los demás partidos. Alegando que el imperialismo estadounidense y la alta burguesía nacional estaban organizando una reacción contrarrevolucionaria, y que las prioridades del momento eran la reconstrucción del país devastado y la transformación de las estructuras socioeconómicas en un sentido más igualitario, Ortega y sus camaradas plantearon la postergación de cualquier proceso electoral democrático para más adelante.

El panorama que tenían ante sí los nuevos gobernantes de Nicaragua era desolador: el país, que en tiempos de paz ya sería uno de los más atrasados del continente, estaba exangüe por las prácticas de guerra quemada aplicadas por la Guardia Nacional para aplastar a los subversivos, por el coste de sus cuantiosos pertrechos militares facturados en Estados Unidos y tras muchos años de saqueo de los magros recursos nacionales por la familia Somoza y sus asociados, que habían (mal) administrado un territorio de 130.000 km² como si fuera su hacienda particular. Las cosechas estaban perdidas, muchas industrias devastadas o paralizadas, y las reservas de divisas, agotadas. El PIB nicaragüense se redujo más de un 25% solo en 1979, un desplome catastrófico. El balance humano de la guerra civil era estremecedor: unos 50.000 muertos, 120.000 refugiados o exiliados en el extranjero, y 600.000 personas sin hogar, todo en un país de poco más de tres millones de habitantes.

Entre las medidas iniciales decretadas por la Junta figuraron la confiscación de las extensas propiedades de los Somoza y la nacionalización del comercio exterior, la minería, la banca y los seguros. Para integrar el equipo económico se nombraron a representantes del sector privado con las misiones de renegociar con los acreedores foráneos el pago de la deuda y captar nuevas y urgentes ayudas canalizadas a través del Fondo Internacional de Reconstrucción (FIR), controlado por el Estado. Las simpatías internacionales por la revolución nicaragüense, que contaba con muchos amigos en los sectores progresistas de América y Europa, posibilitaron el acceso a facilidades financieras y a una importante ayuda humanitaria que palió las carencias más acuciantes. En Estados Unidos, la Administración demócrata de Jimmy Carter no eludió el reconocimiento de la Junta ni el socorro de sus necesidades más urgentes. A principios de septiembre de 1979 Ortega y sus compañeros fueron recibidos en la Casa Blanca por Carter, quien les concedió un paquete de ayudas por valor de 118 millones de dólares.


3. Endurecimiento del régimen sandinista y frentes de oposición

Sin embargo, tras desaparecer el único motivo, la eliminación de la dictadura, que podía aglutinar a una pléyade de fuerzas de ideologías muy divergentes, la alianza entre el FSLN y los partidos no afines (conservadores, liberales y centroizquierdistas, pero también algunos de la extrema izquierda independiente) empezó a resquebrajarse por las mutuas desconfianzas y por las acusaciones de pretender instaurar un régimen autoritario de tipo socialista, los unos, y de conspirar contra la Revolución apoyándose en elementos reaccionarios ávidos de revancha, los otros.

El 16 de abril de 1980 la Junta de Gobierno decretó una reorganización del Consejo de Estado por la que se aumentó el número de sus miembros y perdieron representación en su seno varias formaciones. El MPU y el Grupo de los Doce decidieron autodisolverse y varios de sus miembros, como Ramírez, se pasaron al FSLN. La mudanza desencadenó una crisis en el seno de la Junta. El 19 de abril Chamorro dimitió en desacuerdo con la orientación izquierdista que Ortega deseaba imponer y alegando que los sandinistas habían incumplido las promesas de democracia. Toda vez que Robelo hizo lo mismo tres días después, el órgano ejecutivo quedó bajo el pleno control del FSLN.

En la segunda Junta de Gobierno, constituida el 19 de mayo de 1980, continuaron Morales y Ramírez, mientras que las bajas de Chamorro y Robelo fueron suplidas por los antisomocistas moderados Rafael Ángel Córdova Rivas, de la UDEL, y Arturo José Cruz Porras, sin filiación partidista. En agosto siguiente los sandinistas comunicaron su intención de permanecer indefinidamente en el poder y su concepto de "democracia participativa", que no pasaba por la mera celebración de elecciones sino por la implicación del pueblo en los asuntos de toda índole a través de organizaciones de masas y asambleas populares. Así, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) lanzados por Castro en Cuba inspiraron los Comités de Defensa del Sandinismo (CDS), células a nivel de barriada que implicaron al pueblo llano en la exaltación propagandística de la Revolución y en la ejecución de tareas auxiliares del Estado tales como la supervisión del racionamiento alimentario, el control de los precios al por menor, la lucha contra la corrupción y las campañas sanitarias y culturales, siendo una de las más destacadas la Cruzada Nacional de Alfabetización, que consiguió reducir el analfabetismo del 60% al 12%.

El anuncio por Ortega de que no habría elecciones hasta 1985 motivó el 12 de noviembre de 1980 la retirada del Consejo de Estado de una decena de agrupaciones representativas de la burguesía nacional, entre ellas el MDN, por considerar que el Gobierno se había apartado de lo dispuesto en el Estatuto Fundamental promulgado el 20 de julio de 1979 como reemplazo, junto con los Estatutos sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses del 21 de agosto del mismo año, de la derogada Constitución somocista de 1974. En un clima de rampante crispación, el FSLN acusó a estos partidos de sabotear las instituciones revolucionarias y el programa de unidad nacional.

El 4 de marzo de 1981 Ortega fue investido en el puesto de "coordinador", esto es, un virtual primer ministro, de la tercera Junta de Gobierno, que de paso quedó reducida a un triunvirato que completaban Sergio Ramírez y Rafael Córdova. La definición del hombre fuerte de la Revolución nicaragüense (en la terminología del FSLN, Revolución Popular Sandinista) dejó a las claras la situación prácticamente hegemónica de que gozaba el FSLN, que controlaba gran parte del aparato del Estado y el conjunto de las fuerzas de seguridad y defensa. El Frente funcionaba en la práctica como un partido político de vocación estatal, pero evitaba definirse como tal, abonando la confusión sobre la naturaleza jurídico-institucional del régimen. La Junta gobernaba por decreto, y de hecho las decisiones políticas, por lo general, emanaban de la Dirección Nacional del FSLN, que transmitía sus propuestas al citado órgano estatal para su discusión y eventual ejecución.

La promoción de Ortega vino a coincidir con un drástico cambio de actitud de Estados Unidos hacia la Nicaragua postsomocista; si la Administración Carter había intentado un acomodo entre sus intereses y las políticas de la Junta de Managua, la nueva Administración republicana de Ronald Reagan expresó su voluntad de impedir a toda costa que en el país arraigara un régimen procubano, hasta el punto de tachar a la Junta de plataforma para la penetración del comunismo soviético y de activo "exportador" de revoluciones marxistas a toda Centroamérica. El 23 de enero de 1981, tras acusar a Managua de suministrar armas a la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de entrar en tratos militares con la URSS y Cuba, la Casa Blanca comenzó el aislamiento de Nicaragua con la suspensión de la ayuda financiera. A finales de aquel año, la CIA empezó a instruir y a suministrar armas a ex guardias somocistas con el objeto de convertirles, desde bases apostadas en territorio hondureño muy cerca de la frontera, en una fuerza combativa de oposición antisandinista.

Desde principios de 1982, no más de 3.000 ex guardias somocistas y mercenarios reclutados en poblaciones campesinas desafectas emprendieron incursiones militares en misiones de hostigamiento a destacamentos del EPS y de sabotaje económico. Estos efectivos adoptaron el nombre de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), pero su denominación popular dentro y fuera de Nicaragua (y por ellos mismos asumida) fue la de contras, como expresión truncada de contrarrevolucionarios, o, de un modo genérico, la Contra.

La FDN aunó efectivos y consolidó posiciones en el extremo norte del extenso departamento fronterizo de Zelaya, coordinándose con indígenas misquitos, sumos y ramas alzados en armas contra Managua por la política de asimilación forzosa de sus comunidades, que estaba dando lugar a un reguero de denuncias de abusos y asesinatos. Desde el sur, en los límites con Costa Rica, pasó a operar la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) bajo los liderazgos político de Alfonso Robelo y militar de Edén Pastora, el carismático Comandante Cero. Desilusionado por el curso antidemocrático que estaba tomando la Revolución, en julio de 1981 Pastora había desertado del sandinismo, cesado como viceministro de Defensa y huido a Panamá, donde se puso bajo la protección, en vísperas de perecer este en un accidente de aviación, del dictador Omar Torrijos, precisamente uno de los mayores patrocinadores que había tenido el FSLN.

Ante el incremento de las acometidas rebeldes, el 15 de marzo de 1982 la Junta proclamó el estado de sitio, que supuso la suspensión de algunas garantías constitucionales, viéndose afectados los derechos de reunión, sindicación y expresión. Bien por una voluntad de radicalizar la Revolución hacia la izquierda, bien por una necesidad perentoria ante la sensación de cerco económico y militar estadounidense, o por ambos motivos a la vez, el caso fue que el Gobierno de Ortega intensificó los lazos de cooperación con los países comunistas, con Cuba y la URSS a la cabeza. El Gobierno de Fidel Castro, el cual asistió como invitado en Managua a los actos del primer aniversario del triunfo de la Revolución, envió numerosos consejeros militares y técnicos civiles como parte de la cooperación cubano-nicaragüense. Ortega, por su parte, viajó a la capital soviética en febrero de 1984 para asistir a los funerales de Yuri Andropov y de paso para solicitar más asistencia energética y militar, que le fue concedida prácticamente a fondo perdido.

Estas filiaciones ostentosas con el bloque soviético fueron publicitadas por Washington como pruebas irrefutables de la naturaleza filomarxista del régimen sandinista. A pesar de todas las ambigüedades del discurso político y de los indicios de que el proyecto del sandinismo contemplaba el establecimiento de un Estado totalitario de tipo socialista, lo cierto era que el sistema de partidos estaba jurídicamente reconocido, los medios de comunicación críticos con el régimen, pese a las sanciones y los cierres periódicos (siendo el caso más emblemático el del diario La Prensa que dirigía Chamorro) no fueron erradicados y el propio FSLN distaba mucho de ser un partido monolítico a la soviética.

Ortega mismo no se trataba de un comunista confeso, aunque otros dirigentes sandinistas si profesaban esa ideología, y públicamente siguió declarando su fe en el pluralismo político, la no alineación exterior y el modelo de economía mixta. También es cierto que al menos hasta 1981 la URSS, con sorprendente miopía, apostó por que el diminuto pero ortodoxo Partido Comunista local, que ubicado en la oposición terminó teniendo con los sandinistas unas relaciones francamente desapacibles, reemplazara al FSLN como fuerza dominante a largo plazo.

A lo largo de 1983, el acoso de Estados Unidos al régimen sandinista reforzó sus dos vertientes, militar y económica. Los contras, elevados a la condición de freedom fighters por Reagan, vieron aumentada su dotación financiera y armamentística, al tiempo que al Gobierno de Managua se le vetaba para la obtención de créditos de los organismos multilaterales y se le boicoteaban las importaciones azucareras.

El 19 de julio de 1983 Ortega presentó una oferta de paz de seis puntos dentro de las gestiones conducidas por el Grupo de Contadora (foro informal de concertación política formado el 5 de enero anterior por México, Colombia, Venezuela y Panamá para ofrecer fórmulas de distensión y negociación en los conflictos centroamericanos), consistente en un tratado de no agresión con Honduras, el cese de las injerencias extranjeras en la región en las formas de la asistencia a oposiciones armadas, la instalación de bases militares y la participación de tropas en maniobras conjuntas, así como el cese de las agresiones y las discriminaciones económicas a cualquier gobierno. Washington replicó con su propia oferta de paz, que ponía el acento en la democratización de la región a través de elecciones libres, la supresión de la asistencia al FMLN y la retirada de los soldados y asesores extranjeros de Nicaragua.


4. Elevación a la Presidencia de la República en 1984 con controversia electoral

Conforme a lo anunciado y en un clima político muy tensionado, el 4 de noviembre de 1984 tuvieron lugar por fin las primeras elecciones generales desde el triunfo de la Revolución, de las que se marginaron los partidos encuadrados en la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) que animaba el ex juntero Arturo Cruz, los cuales acusaron a los sandinistas de manipular en su favor el proceso electoral. Sí resolvieron concurrir tres partidos de la oposición centroderechista, el PPSC, el PLI (si bien solo en las legislativas, pues de las presidenciales apartó la candidatura su jefe de filas, Virgilio Godoy Reyes) y el Partido Conservador Democrático de Nicaragua (PCDN), más otros tres de la izquierda, el Socialista, el Comunista y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista.

Los comicios pusieron de relieve la capacidad de movilización y la legitimidad popular de que gozaba el FSLN: con una participación del 75%, Ortega venció en las presidenciales con el 66,9% de los votos, en tanto que el adversario mejor situado, Clemente Guido Martínez, del PCDN, obtuvo solo el 14%; en la votación para la Asamblea Legislativa y Constituyente, el Frente se hizo con 61 de los 96 escaños, uno de los cuales lo ganó Rosario Murillo, que venía fungiendo al frente de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC) y que en 1989 iba a convertirse en directora general del nuevo Instituto Nicaragüense de la Cultura (INC). Los observadores internacionales estimaron que los comicios discurrieron con limpieza, pero los partidos opositores denunciaron la instrumentación por el FSLN de los órganos del Estado y los medios de comunicación adictos, y la actitud intimidatoria de las organizaciones de masas sandinistas, todo lo cual había distorsionado seriamente la libertad de voto y las reglas del juego democrático.

El 10 de enero de 1985, en el séptimo aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, una coincidencia de fechas que no fue casual y que correspondió a un gesto sandinista de distensión con la oposición liberal-conservadora menos beligerante, Ortega tomó posesión de la Presidencia con un mandato de seis años, hasta 1991, en una ceremonia a la que asistieron dignatarios de 69 delegaciones extranjeras, entre ellos Castro, el presidente yugoslavo Veselin Djuranovic, el presidente de Surinam Lachmipersad Ramdat Misier, el vicepresidente argentino Víctor Martínez y los cuatro cancilleres del Grupo de Contadora. Estados Unidos y los cuatro vecinos centroamericanos, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, boicotearon el acto. Ramírez juró asimismo como vicepresidente.

El inicio del mandato constitucional de Ortega estuvo acompañado de la intensificación de los ataques de la Contra y de un acelerado deterioro de la economía a causa del creciente gasto militar, el implacable cerco comercial de Estados Unidos y la mala gestión de los oficiales del Gobierno. Al mes escaso de la toma de posesión, Ortega cogió por sorpresa a no pocos observadores con el anuncio de una drástica revisión de la política económica, que vino a subrayar los aspectos liberales del modelo mixto en vigor.

Entre otras medidas, se decidió levantar parcialmente los controles sobre el mercado de divisas, lo que se tradujo en una devaluación del córdoba con respecto al dólar, y suprimir varias subvenciones a productos de consumo básicos. También, se contemplaron recortes en las plantillas de funcionarios para aliviar las cargas del Estado. El Gobierno no cuestionó la planificación de determinadas actividades económicas, pero aclaró que los programas de nacionalización de empresas y de expropiación de tierras ociosas o deficientemente explotadas, es decir, el eje de la reforma agraria puesta en marcha en 1981, pasaban a mejor vida. Esto significaba que la mitad de las fincas agrícolas del país iban a continuar en manos privadas.


5. La guerra civil con la Contra; Nicaragua, línea del frente de la pugna global entre Estados Unidos y la URSS

Ahora bien, la dinámica implacable de la guerra civil arruinó las expectativas del crecimiento y el desarrollo. En 1984 comenzó una etapa de contracción productiva de la que el país ya no iba a salir hasta bien entrada la década siguiente. El Gobierno destinó de manera preferente al esfuerzo bélico los pocos fondos de que disponía, y las asechanzas destructivas de Estados Unidos, la reluctancia del capital extranjero a invertir en un país sin perspectivas halagüeñas y los desastres naturales fueron otros tantos factores que coadyuvaron a este estado de calamidad.

Ortega, cuya imagen austera y reservada, de hombre taciturno e incluso tímido, asomada tras sus gruesas gafas de miope, no obstante su porte uniformado y militarista, contrastaba con el perfil enérgico que cabría esperar de él en tan difíciles momentos, hizo lo posible por que el país no cayera en el regazo soviético y adquiriera el grado de dependencia externa que por ejemplo caracterizaba a Cuba, en lo que mostró no poco pragmatismo diplomático. Invocando el principio de la no alineación, la solidaridad internacional con Nicaragua y la diversificación comercial, se embarcó en un periplo exterior a la búsqueda de cuanta asistencia financiera pudiera reunir, ya procediera de la URSS, China Popular o Europa Occidental. Ni siquiera Estados Unidos, donde vivían y trabajaban muchos miles de compatriotas y con el que fin de cuentas había afinidades culturales, se descartaba como origen potencial de ayudas.

Las giras de recaudación de Ortega por Europa Occidental se saldaron con resultados decepcionantes, en buena parte debido a la merma de las simpatías iniciales de los gobiernos y los partidos de tendencia socialdemócrata por la constatación de que el régimen sandinista incurría en el autoritarismo, menospreciaba a la oposición legal respetuosa con las reglas de juego parlamentarias y ejercía una represión que se caracterizada, si no por las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales (tan caras al somocismo), sí por un elenco de prácticas insidiosas y conculcadoras de los Derechos Humanos, como los arrestos arbitrarios, los escarnios públicos, las deportaciones, las confiscaciones, las restricciones a las actividades sindicales y religiosas, la censura informativa y las limitaciones de las libertades de expresión y manifestación.

Ortega siempre justificó las cortapisas al Estado de derecho por la situación de excepcionalidad causada por la guerra, pero este argumento no convenció ni a la oposición de Managua ni la Administración Reagan, obsesionada con acabar con el régimen sandinista sin reparar en los estragos económicos y sociales que su estrategia ocasionaba. En 1985, el nuevo viaje realizado por Ortega a Moscú el 28 de abril, dentro de una gira que le condujo a varios países de la Europa del Este, sirvió de pretexto a Washington, que venía denunciando la supuesta adquisición por Managua de cazabombarderos Mig soviéticos, para decretar el embargo comercial total a partir del 1 de mayo. Esta visita a Mijaíl Gorbachov, calificada de grave error táctico de Ortega por observadores del conflicto centroamericano, provocó también que el Congreso estadounidense relegara las reservas que mantenía al respecto y concediera una ayuda para la Contra de 27 millones de dólares de naturaleza "humanitaria", ya que desde el año anterior los legisladores no autorizaban más asistencia militar directa a los rebeldes.

Otra vuelta de tuerca fue el minado de los puertos, que Nicaragua denunció ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La declaración por esta corte el 27 de junio de 1986 de que Estados Unidos era responsable de una agresión y de la destrucción de vidas y bienes de Nicaragua, y la subsiguiente condena a indemnizar al país con 1.000 millones de dólares, solo supusieron una victoria moral del Gobierno de Ortega. La ola de antiamericanismo y de solidaridad prosandinista desatada en América Latina tuvo el efecto de eclipsar la mala gestión económica y los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por el régimen.

En 1985 resultó evidente la paradoja de que si bien el EPS, convertido en una de las fuerzas de combate más potentes de América Latina gracias a las ayudas soviética y cubana, estaba ganando la partida militar a una Contra que nunca excedió los 15.000 efectivos (a raíz de la fusión en agosto de 1984 de la FDN y la ARDE, luego de expulsar Robelo a Pastora del mando, en una única fuerza antisandinista que posteriormente vino a llamarse la Resistencia Nicaragüense, RN), Nicaragua vería fatalmente hipotecado su futuro si se prolongaba el enfrentamiento con la superpotencia americana. Los contras podían ser repelidos en el cambo de batalla, pero este esfuerzo de guerra absorbía el dinero que podría haber ido a paliar situaciones de pobreza y subdesarrollo agudos en la retaguardia.

De entrada, el Gobierno, en un intento de corregir sus desesperantes problemas de iliquidez, optó por imprimir grandes cantidades de papel moneda, lo que ineluctablemente iba a provocar una espiral inflacionaria. En esta tesitura, Ortega, que en la reorganización de la Dirección Nacional acometida en agosto de aquel año crítico reforzó su jefatura del FSLN como cabeza de la nueva Comisión Ejecutiva de cinco miembros (en reemplazo de la Comisión Política), empezó a hacer gestos de apaciguamiento y a sondear una salida negociada. Primero pidió a Cuba la evacuación discreta de sus asesores y luego prestó oídos a las propuestas de paz del presidente socialdemócrata de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, quien continuó por la senda abierta por el Grupo de Contadora y no se mordió la lengua a la hora de criticar a los sandinistas por su escasa disposición democrática.


6. Negociaciones de paz y derrota en las urnas frente a la oposición liberal en 1990

Mientras el Congreso de Estados Unidos seguía aprobando ayudas millonarias para la Contra, aun en la convicción, cada vez más arraigada, de que esta fuerza no tenía ninguna posibilidad de tomar el poder y ni siquiera de infligir un quebranto serio al EPS, Ortega participó en una serie de cumbres con los presidentes centroamericanos, como él, dispuestos, de mayor o menor grado, a emprender un diálogo nacional con sus respectivas oposiciones armadas y a avanzar en la construcción democrática de sus estados. El desenlace negociado le fue recomendado a Ortega por el propio Gorbachov, que declaró no estar dispuesto a perjudicar sus propias ofertas de desarme y distensión al bloque occidental para enterrar la Guerra Fría con intromisiones en la que consideraba la esfera de influencia estadounidense por antonomasia. De hecho, desde 1986, la cooperación de la URSS, que en su mejor momento había llegado a subvenir el 90% de las necesidades petroleras de Nicaragua, venía reduciéndose.

En el plano político interno, el 9 de enero de 1987 fue promulgada la Constitución que la Asamblea había terminado de redactar el 20 de noviembre de 1986. El texto, considerado una pieza clave de la apertura política, consagraba los derechos y libertades fundamentales, la separación de poderes y la democracia representativa, a través de un sistema presidencial y un Legislativo unicameral. Sin embargo, otras disposiciones apuntaban a la institucionalización del Gobierno sandinista, tales como la concesión de amplias prerrogativas al Ejecutivo y la confirmación de la identidad sandinista del Ejército. La oposición legal encontró un mayor motivo de decepción cuando apenas unas horas después de proclamar la Carta Magna, Ortega decretó la suspensión por un nuevo período de las garantías individuales contenidas en aquella.

El 7 de agosto de 1987 Ortega, el guatemalteco Vinicio Cerezo, el salvadoreño Napoleón Duarte, el hondureño José Azcona y el costarricense Arias se reunieron en Guatemala y adoptaron la denominada Declaración de Esquipulas II sobre el Proyecto para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, el cual había sido diseñado por Arias y contaba con el aval del Grupo de Contadora. El plan contemplaba la desmovilización de las distintas guerrillas operativas, su acogida a sendas leyes de amnistía, la suspensión de toda ayuda exterior tanto a aquellas como a los gobiernos que las combatían, y el inicio de rondas de diálogo nacional en cada Estado.

De regreso a Managua, Ortega comenzó a aplicar lo que le tocaba de Esquipulas II: convocó una Comisión Nacional de Reconciliación abierta a todos los partidos legales y cuya presidencia recayó en el cardenal y arzobispo managüense Miguel Obando y Bravo (quien como máximo representante de la Iglesia Católica nicaragüense, de firme obediencia romana, venía sosteniendo un duro pulso con los sandinistas y los sacerdotes adscritos a la denominada Iglesia Popular, de fuerte contenido social y reacia a someterse a las jerarquías clericales, y a la Teología de la Liberación), levantó el estado de sitio (el 22 de agosto) y canceló las sanciones a los medios de comunicación independientes, lo que permitió a La Prensa reaparecer en los quioscos el 20 de septiembre.

El 5 de octubre de 1987 el Gobierno comenzó el diálogo con once partidos de la oposición y dos días después ordenó un alto el fuego unilateral en algunos sectores del frente de guerra, si bien la Contra replicó que no se sentía obligada a hacer lo mismo mientras Ortega no entrara en negociaciones particulares con ellos. El presidente perseguía desvincular a los partidos integrantes de la Unión Nacional Opositora (UNO, formada en 1986 como una versión más plural de la CDN) de la RN, pero aquellos le advirtieron que el diálogo nacional estaba condenado al fracaso si la Contra no era incluida en el mismo. A comienzos de noviembre y en vísperas de expirar el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones de Esquipulas II, Ortega se entrevistó en Washington con miembros del Congreso estadounidense y aceptó iniciar negociaciones directas con la RN. Para crear un clima de confianza, el 15 de ese mes anunció el levantamiento del estado de emergencia y una ley de amnistía para algunos ex guardias somocistas, medidas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional cuatro días después.

La primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la Contra tuvo lugar en la capital de la República Dominicana y con los auspicios del cardenal Obando el 3 de diciembre de 1987, pero no arrojó ningún resultado. Las siguientes rondas tropezaron con la intransigencia de ambas partes, pero para comienzos de 1988 la balanza se inclinó del lado gubernamental a medida que la Contra se desmoronaba por los escándalos de corrupción y narcotráfico aflorados en su organización, que provocaron las dimisiones de sus dirigentes Alfonso Robelo y el muy derechista Adolfo Calero Portocarrero, el fracaso total de sus operaciones militares y las vacilaciones de la Administración Reagan, tocada por el descomunal escándalo Irangate, que por sus ramificaciones centroamericanas (el destino de los ingresos obtenidos de la venta clandestina de armas a Irán a la financiación de los contrasandinistas, en particular los hombres de Calero) se denominó también Iran-Contra.

El 23 de marzo de 1988 los jefes del régimen sandinista, con los hermanos Ortega a la cabeza, y de la RN se reunieron en la localidad de Sapoá, en el departamento de Rivas, en la frontera con Costa Rica, a orillas del Lago de Nicaragua, y acordaron un alto el fuego de 60 días en vigor desde el 1 de abril. Aunque esta tregua expiró sin un acuerdo de renovación, Ortega la mantuvo indefinidamente de manera unilateral, a pesar de los ocasionales rebrotes de actividad militar por parte de la guerrilla.

La reunión de presidentes centroamericanos en Tela, Honduras, el 7 de agosto de 1989 imprimió un avance decisivo al proceso de paz con la decisión de activar una Comisión Internacional de Apoyo y Verificación que supervisara el desarme y el desmantelamiento de la Contra a lo largo de 90 días a partir del 8 de septiembre. Tres días antes del encuentro de Tela, Ortega y los partidos de la UNO firmaron un acuerdo que entre otros puntos establecía la celebración de elecciones generales anticipadas antes de un año, para el 25 de febrero de 1990, que se desarrollarían con las debidas garantías de transparencia y equidad. El 24 de septiembre el FSLN designó a Ortega candidato a la reelección presidencial.

El delicado proceso de paz y normalización democrática sufrió un grave sobresalto el 1 de noviembre de 1989 cuando Ortega anunció la suspensión del alto el fuego unilateral del Gobierno con el argumento de la pertinaz hostilidad de la Contra. No obstante, la situación quedó encauzada en virtud de la reanudación de las negociaciones Gobierno-Contra el 9 de noviembre en la sede de la ONU en Nueva York. El clima de distensión y posibilismo fue abriéndose camino. El 7 de febrero de 1990 la Asamblea aprobó una amnistía para un millar largo de contras y 39 ex guardias somocistas, medida de gracia que empujó a Ortega a asegurar que en el país ya no quedaba presos políticos.

Todos los sondeos preelectorales otorgaban la victoria a los sandinistas por un amplio margen, pero en la jornada del 25 de febrero de 1990 la UNO ganó las votaciones con autoridad. En las presidenciales, Ortega fue derrotado con el 40,8% de los votos frente al 54,7% sacado por Violeta Chamorro, y en las legislativas el FSLN quedó también por detrás de la coalición opositora al conseguir solo 39 de los 92 curules en disputa, si bien en el cómputo pormenorizado preservó la condición de principal partido del país.

En los análisis del vuelco político producido en Nicaragua la explicación más habitual fue la que sostenía que una parte sustancial de los electores seducidos por la UNO eran simpatizantes pragmáticos del sandinismo que habían llegado a la conclusión de que solo el paso del FSLN a la oposición permitiría al país recuperar la confianza de los proveedores internacionales de fondos y remover la animosidad de Estados Unidos. La inmensa mayoría de los nicaragüenses veía positivamente la Revolución de 1979, pero muchos de ellos no creían que los sandinistas, por falta de cualificación o por sectarismo ideológico, estuvieran capacitados para poner en pie un país destrozado y generar riqueza. También se señaló como motivo importante de la sangría de votos del sandinismo la implantación el servicio militar obligatorio, que había supuesto la movilización forzosa para el combate de miles de jóvenes.


7. Las fluctuantes relaciones con los gobiernos de Chamorro y Alemán; El Pacto y el caso de Zoilamérica Narváez

El inesperado fracaso en las urnas fue una amarga experiencia para Ortega, pero el fair play prevaleció en la etapa de paz y democracia que ahora comenzaba. El líder sandinista, conforme a la garantía expresada previamente de pasar disciplinadamente a la oposición si así lo decidían las urnas, reconoció sin rechistar la victoria de Chamorro. El FSLN se apresuró a subrayar lo excepcional de su caso, el de un partido que habiendo accedido al poder a través de la lucha armada revolucionaria y apoyado en un gran respaldo popular, transfería pacíficamente ese mismo poder por mandato de un electorado que voceaba un cambio en la voluntad popular. La histórica mudanza de Gobierno tuvo lugar el 25 de abril de 1990.

Un mes antes de entregarle la banda presidencial, el 27 de marzo, pendiente aún el inicio de la desmovilización de la Contra, Ortega suscribió con Chamorro un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE) que contenía el respeto de la Constitución, las instituciones y las conquistas sociales del período de Gobierno 1979-1990, así como el desarme de la Contra. Humberto Ortega permanecía como comandante en jefe del EPS, pero a cambio de su baja de la Dirección Nacional del FSLN, con el objeto de dotar de un mínimo de apoliticismo formal a la institución castrense, y de trabajar con un ministro de Defensa designado por la UNO, que no fue otro que la propia Chamorro. El 3 de abril el mandatario saliente asistió a su última cumbre de presidentes centroamericanos, la VII ordinaria, de la que fue, a la sazón, anfitrión, en la localidad de Montelimar, en el departamento de Managua.

En su debut como jefe de la oposición, Ortega solicitó a la desconcertada militancia sandinista que se movilizara en la defensa de las conquistas revolucionarias tan pronto como el Gobierno de Chamorro, cuyo sostén parlamentario incluía a los sectores más derechistas de la UNO, intentara revertirlas. Dichos logros incluían la reforma agraria y la nacionalización parcial de las empresas industriales, materializaciones que, empero, estuvieron lejos de realizar el sueño igualitario proclamado en 1979: la redistribución equitativa de la renta nacional. La realidad de 1990 era que, a excepción del salto educativo, el país presentaba unos índices de desarrollo humano deplorables, entre los más bajos del hemisferio occidental.

Las prontas invalidaciones por el Gobierno de Chamorro de las leyes del servicio civil -que garantizaba la estabilidad del empleo público- y de la reforma agraria radicalizaron una campaña de huelgas laborales iniciadas en demanda de alzas salariales. Con sus llamamientos a la desobediencia civil y al boicot de los trabajadores, el partido de Ortega, que controlaba los sindicatos y conservaba una gran capacidad de movilización popular, puso contra las cuerdas a una presidenta que tampoco podía confiar mucho en su propio campo, los partidos de la UNO, donde las disputas y la división fueron la tónica.

El programa de ajuste estructural lanzado en 1991 con el concurso financiero del FMI como condición para la reestructuración de los 11.000 millones de dólares de deuda externa, un monto astronómico para un país tan pequeño como Nicaragua y que multiplicaba por diez todo su PIB, afrontó otra ola de protestas tan severa que en enero de 1993 Chamorro hubo de pactar con Ortega la salvaguardia de la legislación socializante de la propiedad de la tierra y la vivienda; a cambio, la bancada parlamentaria del FSLN apoyaría medidas liberales tales como la reprivatización de una serie de empresas, aunque en ningún caso se entregaría a los herederos de Anastasio Somoza los bienes confiscados en 1979.

Personas ligadas al sandinismo recibieron puestos en el Ejecutivo, y no por casualidad el socialdemócrata Gustavo Tablada Zelaya, del Partido Socialista Nicaragüense, integrante de la UNO, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. El propio Ortega se integró en la delegación gubernamental que asistió a la conferencia de donantes auspiciada por el FMI y el Banco Mundial en Washington, mientras que su hermano presionó con éxito para mantenerse al frente del EPS hasta 1995. Esta estrategia dual de adquirir responsabilidades en la estabilidad nacional a través de un diálogo con el núcleo de partidarios de Chamorro, encabezados por su ministro de la Presidencia y yerno, Antonio Lacayo Oyanguren, sin dejar de apoyar las movilizaciones populares de protesta contra las medidas económicas de ajuste, puso de relieve las ambigüedades y contradicciones del FSLN.

La cúpula sandinista empezó a ser acusada de jugar al maquiavelismo político, pero a Chamorro el pacto con Ortega le atrajo las iras de los partidos de la UNO más conservadores, hasta el punto de exigirle la dimisión el vicepresidente de la República, Virgilio Godoy Reyes, cabeza del PLI, y de iniciar la coalición un proceso de desintegración. Hasta el final de su mandato, Chamorro se sostuvo precariamente gracias a los diputados sandinistas y los del grupo de Lacayo.

En la arena internacional, Ortega se unió a otros líderes regionales, con Castro a la cabeza, para la puesta en marcha del Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe, más conocido como el Foro de São Paulo por haberse celebrado en esta ciudad brasileña su primera edición, en julio de 1990. Esta suerte de transnacional latinoamericana de la izquierda más o menos radical se dotó de un "estado mayor civil" y de un "estado mayor militar", entre cuyos miembros figuró Ortega. Durante la crisis prebélica del Golfo entre 1990 y 1991, el ex presidente tomó parte también en los intentos de mediación ante el Gobierno irakí impulsados por varios antiguos estadistas de todo el mundo.

Ortega volvió a ser batido en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 1996, esta vez por el derechista Arnoldo Alemán Lacayo, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal (AL), fuerzas pioneras en las censuras a Chamorro dentro de la extinta UNO y por ende muy hostiles al sandinismo. Alemán se adjudicó el 51% de los votos frente al 37,7% de Ortega, haciendo innecesaria la segunda vuelta. A diferencia de lo ocurrido en 1990, el jefe sandinista, que durante la campaña fue calificado de "gallo ennavajado" por los liberales, cuestionó el resultado alegando la comisión de irregularidades, pero el 23 de noviembre el Consejo Supremo Electoral (CSE) certificó la victoria de Alemán, que pudo asumir su mandato quinquenal el 10 de enero de 1997. Por lo que respectó a las elecciones legislativas, el FSLN se reafirmó como la segunda fuerza parlamentaria con 37 escaños, cinco menos que la AL.

Ortega, confirmado en su curul de diputado propietario en la Asamblea en tanto que candidato presidencial y a continuación designado jefe de la bancada sandinista, adoptó una posición muy beligerante frente al nuevo gobernante, que pretendía sacar adelante un ambicioso programa de reformas estructurales financiado por el FMI. La insuficiencia de los apoyos parlamentarios a su Gobierno aconsejó a Alemán ofertar a Ortega un diálogo nacional "sin agenda ni condiciones", y en particular una cooperación para resolver de una vez por todas el espinoso asunto de las propiedades expropiadas desde 1979, polémica que reactivó el aluvión de reclamaciones interpuestas por los antiguos propietarios en los tribunales de justicia.

Ahora bien, el antagonismo ideológico hizo muy difíciles estas relaciones. Los sandinistas acusaron al Alemán de fomentar la reaparición de las "dos Nicaraguas" con su determinación revisionista y de pretender destruir las conquistas sociales de la Revolución. Luego de organizar una importante movilización social y de enzarzarse con los alemanistas en mutuas acusaciones de armar y entrenar a fuerzas paramilitares, el partido de Ortega consiguió a lo largo de 1997 parar buena parte de los proyectos de restitución de latifundios. Pese a las negociaciones entabladas, las partes no fueron capaces de llegar a un entendimiento y las relaciones entre Ortega y Alemán continuaron siendo tensas.

Sin embargo, en enero de 2000, inopinadamente, los dos dirigentes suscribieron un acuerdo político en aras de sendas reformas consensuadas de la Constitución y la Ley Electoral. Así, el FSLN y el PLC decidieron que el presidente saliente de la República, lo cual en un par de años iba a ser Alemán, adquiriese la condición de diputado por la legislatura entrante y que para proclamarse presidente en primera ronda electoral al candidato cabecero le bastase el 40% de los votos, frente al 45% requerido hasta ahora, o bien el 35% más una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado. La reforma constitucional fue aprobada por la Asamblea en un tiempo récord, el 18 de enero, entrando en vigor al día siguiente.

Multitud de comentaristas hablaron con tono de denuncia de un pacto bipartidista excluyente destinado, fundamentalmente, a preservar y reforzar las respectivas parcelas de poder en las instituciones del Estado y a satisfacer las ambiciones políticas de los cabezas de facción: las de Ortega, con la reforma electoral, y las de Alemán, con la modificación en la composición de la Asamblea. En efecto, al poco tiempo comenzaron unas renovaciones de personal en los organigramas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República que muy difícilmente podían dejar de ser calificadas de repartos de puestos para satisfacer los intereses corporativos de uno y otro colores políticos. La componenda entre el presidente y el líder de la oposición parecía tener una naturaleza eminentemente práctica e interesada, haciendo a un lado cualquier escrúpulo ideológico.

Este controvertido alarde de realpolitik, que consagró a Ortega como un político maniobrero y habilidoso perfectamente integrado en el sistema, no canceló, empero las zancadillas y las destemplanzas verbales. En realidad, no podía haber ninguna química personal entre los dos políticos más importantes del país. En noviembre de 2000 los dirigentes se enzarzaron en una guerra de insultos, con Ortega llamando a Alemán "bujoncito de barrio" y "chanchito con semilla", y este a aquel "gallo desplumado". En abril de 2001 el FSLN demandó a Alemán ante un juzgado managüense por injurias y calumnias en relación con unas declaraciones en las que el mandatario había relacionado a los sandinistas con los recientes asesinatos ocurridos en el norte del país por una misteriosa organización político-delictiva. En esta ocasión, el presidente invitó a Ortega a que se fuera de Nicaragua "porque está ocasionando mucho daño". El anterior titular del poder ejecutivo replicó a Alemán poniéndole de "deslenguado", "bárbaro" e "irresponsable", que "fomenta un clima de confrontación y violencia" y "ahuyenta las inversiones", añadió.

En un terreno más personal, a principios de marzo de 1998 a Ortega le estalló un desagradable escándalo cuando su hijastra Zoilamérica Narváez, una socióloga de 30 años y militante del FSLN que ejercía como directora del Centro de Estudios Internacionales de Managua (CEI), le acusó en una carta reproducida por los medios de comunicación de haberle infligido abusos sexuales y diversas agresiones físicas y psicológicas desde los once años de edad hasta fechas recientes, vejaciones que describía con toda crudeza. El 5 de junio, Narváez presentó una denuncia formal contra su padre adoptivo ante el Juzgado I del Distrito del Crimen de Managua por los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. Días después, la querellante solicitó a la Asamblea Nacional que desaforara a Ortega como diputado.

En los primeros momentos del escabroso asunto, la defensa de la honorabilidad del ex presidente ante una estupefacta opinión pública fue asumida por su anciana madre, Lidia Saavedra (que iba a fallecer a la avanzada edad de 98 años en mayo de 2005), y por su compañera sentimental, Rosario Murillo, la madre biológica de la joven, que la había procreado con su anterior pareja, Jorge Narváez Parajón, ya fallecido, y con la que en septiembre de 2005 Ortega iba a contraer unas nupcias de renovación religiosa, en una ceremonia privada que ofició el mismísimo cardenal Obando y en la que registraron su unión civil. En 1998 las dos mujeres más allegadas a Ortega aseguraron que Narváez, que no rompió su filiación sandinista, estaba siendo manipulada por el escritor y disidente del FSLN Henry Petrie Bejarano con el único objeto de manchar el nombre de su antiguo superior político.

Ortega aceptó colaborar con las diligencias judiciales para negar las imputaciones de su hijastra e invocar su inmunidad parlamentaria. En poco tiempo, la querella se empantanó al estimar la magistrada que llevaba el caso que los hechos denunciados habían sido presuntamente cometidos solo entre 1978 y 1982, con lo que los delitos, de haberlos, habrían prescrito. En los meses siguientes, las cosas fueron aparejándose a favor de Ortega al abstenerse la Asamblea de debatir el levantamiento de su inmunidad y no llegar a mejor puerto la denuncia interpuesta por Narváez, en octubre de 1999, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se hizo notar el desinterés del PLC y Alemán, pese a sus reproches iniciales, en rentabilizar políticamente el turbio asunto. Pero el caso Narváez estaba lejos de quedar zanjado.


8. Postura en torno a la reconversión ideológica del FSLN

La derrota electoral encajada en 1990 más los drásticos cambios acaecidos en la escena internacional dieron alas a los militantes sandinistas, minoritarios no obstante, que demandaban la revisión del ideario del partido y una mayor democracia interna. Al cuestionamiento doctrinal se le unieron el malestar y la dispersión de parte de la militancia por la pérdida de puestos laborales en la función pública, ya que en la década de Gobierno los cuadros orgánicos partidarios se habían solapado a la estructura administrativa del Estado. Las líneas de autoridad, hasta entonces muy verticales, se vieron menoscabadas desde las bases.

El I Congreso Nacional del FSLN, celebrado del 19 al 21 de julio de 1991, sirvió para poner orden en unas filas amenazadas de desperdigamiento, pero no introdujo medidas de democracia interna: a los 581 delegados presentes solo les cupo ratificar la línea oficial del partido y la composición de la cúpula dirigente. Así, Ortega fue elegido casi por aclamación para el nuevo cargo de secretario general, mientras que en la nueva Dirección Nacional de nueve miembros revalidaron sus puestos otros seis ex comandantes y adquirieron membresía Sergio Ramírez y René Núñez Téllez para cubrir las bajas de Humberto Ortega y Carlos Núñez Téllez, fallecido en octubre de 1990 y hermano de René, quien fuera ministro de la Presidencia en 1985-1990. Los congresistas hicieron una cierta autocrítica del anterior período de Gobierno y aprobaron las tesis de Ortega de perfilar el ideario socialista del Frente, que en 1992 fue admitido en la Internacional Socialista en buena medida gracias a las relaciones personales que Ortega y Ramírez mantenían con líderes de la socialdemocracia europea.

Precisamente, en torno a Ramírez se aglutinó el sector renovador del partido y para finales de 1993 el FSLN volvía a presentar un cuadro de corrientes de opinión enfrentadas. Por un lado, se articuló una facción en torno a la plataforma Izquierda Democrática Sandinista, impulsada por sindicalistas y militantes históricos resueltos a no transigir con la disposición del Gobierno de la UNO de someterse a los dictados fondomonetaristas, y que en apariencia contaba con el respaldo de los hermanos Ortega y del ex ministro del Interior Tomás Borge.

Por otro lado, emergió la plataforma Por un Sandinismo que vuelva a las Mayorías, que defendían Ramírez y Luis Carrión Cruz. Ampliamente divulgada por el diario Barricada, esta corriente postulaba la apertura ideológica hacia el centro del espectro político y una estrategia de concertación con el Ejecutivo que facilitaran un amplio consenso nacional en torno a los grandes problemas del país, donde la pobreza, la desnutrición infantil, la incidencia de enfermedades infecciosas y el subdesarrollo en su más amplia acepción seguían estando omnipresentes. Un número significativo de diputados sandinistas respaldó la propuesta renovadora, que en general caló entre intelectuales, empresarios, profesionales autónomos y otros exponentes de la clase media que se habían adherido al FSLN en 1979. En opinión de algunos observadores, una tercera facción cobró forma en torno al ex ministro de Defensa Humberto Ortega, quien recalcó la necesidad de aliarse con los elementos progresistas del Gobierno de Chamorro.

La pugna entre renovadores y puristas se dirimió en el II Congreso Extraordinario, del 20 al 23 de mayo de 1994, en favor de los segundos. Ortega fue ratificado en su puesto y la Dirección Nacional fue ampliada a los 15 miembros, por primera vez con el voto directo y secreto de los congresistas, pero Ramírez fue excluido de la misma. La ortodoxia quedó preservada con la negativa a conferir rango orgánico a las distintas corrientes de opinión internas, aceptadas solo como tendencias de opinión. Como consecuencia, el 10 de enero de 1995 Ramírez se dio de baja del partido y en mayo siguiente fundó su propia agrupación política, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), de explícito ideario socialdemócrata. La crisis interna se ahondó en octubre de 1994 cuando el célebre Ernesto Cardenal Martínez, ex ministro de Cultura y sacerdote jesuita suspendido a divinis por el Vaticano por su defensa de la Teología de la Liberación, anunció su marcha también en protesta por el "caudillismo y la "corrupción" imperantes en el Frente.

La segunda derrota electoral y el escándalo desatado por su hija adoptada no dañaron el liderazgo de Ortega en el FSLN, que le reeligió como su secretario general en el II Congreso Nacional celebrado del 22 al 24 de mayo de 1998 con los votos de 418 de los 429 delegados participantes. Nadie salió a retarle, pese a que el partido continuaba afectado por profundas divisiones internas y a que los sectores renovadores exigían un cambio de trayectoria para no perder por tercera vez consecutiva unas votaciones generales. Ortega aseguró entonces que el Frente iba a buscar una "transformación" precisamente de cara a los comicios de noviembre de 2001, pero manteniendo el carácter socialista y antiimperialista de la agrupación. En la Comisión Ejecutiva fue renovado también como vicesecretario general el otro superviviente histórico, Borge, considerado un aliado de Ortega en la preservación de las esencias del sandinismo.


9. Tercera apuesta presidencial fallida en 2001

A tenor de las encuestas de popularidad, Ortega solo se benefició parcialmente del profundo descontento popular con las políticas económicas liberales del presidente Arnoldo Alemán, el cual cristalizó en 1999 con una ola de protestas sindicales y disturbios callejeros. Pero el FSLN vislumbraba el regreso al poder, pudo desprenderse de los resultados de las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2000, que otorgaron a la formación izquierdista las alcaldías de Managua, Granada, León y otras ciudades importantes, y que fueron el desencadenante del cruce de imprecaciones entre Ortega y Alemán antes comentado.

El 21 de enero de 2001 Ortega arrasó con el 71,8% de los votos en la consulta popular organizada por el partido para elegir sus candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, y el 24 y 25 de febrero el III Congreso Extraordinario le nominó por cuarta vez aspirante a aquella magistratura. A partir de ese momento, Ortega abandonó una década de inmovilismo ideológico y protagonizó un giro a la moderación en todos los sentidos, sabedor de que el empate técnico con el postulante del PLC, el empresario Enrique Bolaños Geyer, que avanzaban los sondeos podría decantarse en favor de este a poco que se manifestara el voto del miedo en el segmento de electores del centro y la derecha por el recuerdo del intervencionismo económico y las levas militares de los años ochenta.

Por primera vez, el ex presidente desplazó de sus discursos la retórica revolucionaria (en los actos conmemorativos del vigésimo segundo aniversario de la Revolución rehusó presentarse a las concurrencias como el Comandante Daniel), trató de remover los temores de empresarios e inversionistas a una contracción de los flujos comerciales y financieros con Estados Unidos (cuya bandera llegó a ondear durante un mitin como gesto de reconciliación) o a un cuestionamiento de la propiedad privada bajo un Gobierno del Frente, reconoció que entre 1979 y 1990 se había reprimido la libertad de expresión, y hasta escenificó su conversión religiosa en un templo evangélico con un ejercicio de "ayuno y oración".

La prensa nicaragüense comentó sorprendida la "mutación" de Daniel Ortega, pero Humberto Ortega terció con unas duras declaraciones en las que recriminaba a su hermano su desapego del ideario sandinista por razones de oportunismo electoral, llegando a vaticinar inestabilidad política y económica para el país si ganaba los comicios. El secretario general del FSLN salió al paso de estas acusaciones y reprochó al antiguo comandante en jefe del Ejército que se guiara desde 1990 "por unos intereses distintos de los del partido" y que renegara de los principios que habían motivado la lucha contra el somocismo.

Durante la campaña electoral, un Ortega muy dulcificado escamoteó el rojo y el negro, los colores del sandinismo, por un rosa de regusto socialdemócrata que pretendía simbolizar el comedimiento, la honestidad y la fraternidad de todos los nicaragüenses. La propia sigla del FSLN perdió protagonismo en beneficio de la Convergencia Nacional, marca electoral concebida por Ortega para sumar adeptos a su plataforma pragmática y desideologizada. Su fichaje más sonado fue el de Antonio Lacayo, el hijo político y ex ministro de Violeta Chamorro, si bien la Convergencia no se constituyó como sujeto electoral, ya que las listas siguieron a nombre del FSLN. Haciendo hincapié en que un futuro mejor para todos los nicaragüenses aguardaba a la vuelta de la esquina, Ortega prometió crear 950.000 puestos de trabajo en los cinco años de ejercicio presidencial. Asimismo, ofreció un Gobierno de unidad nacional con una importante representación del sector privado.

Justo al contrario, Bolaños, que como vicepresidente de la República con Alemán se había desenvuelto por unos cauces sosegados y de baja temperatura política, adoptó un tono beligerante que incidía en los desmanes cometidos por el régimen gobernante en el período 1979-1990, y en los ataques personales a Ortega, al que pintó como un falso converso ideológico y pidió explicaciones por sus devaneos con dirigentes foráneos como el cubano Fidel Castro, el venezolano Hugo Chávez, el irakí Saddam Hussein (al que Ortega había visitado en Bagdad dos veces luego de abandonar la Presidencia, en 1990 y 1993), el libio Muammar al-Gaddafi y el comandante Tirofijo de las FARC colombianas.

Ortega, sin entrar en este juego, se defendió pidiendo el voto en aras de la superación de un pasado de enfrentamientos ideológicos y apelando al respeto que merecían otros sistemas de gobierno a pesar de no alinearse con las tendencias internacionales mayoritarias. Los dos aspirantes llegaron al final de la campaña codo con codo en los sondeos, pero el 4 de noviembre Ortega, con el 42,3% de los sufragios, cayó derrotado ante Bolaños por nada menos que 14 puntos de diferencia. La elevadísima participación, que alcanzó el 90% del censo, sin duda determinó este corrimiento de votos que las encuestas habían sido incapaces de detectar.

El ex presidente, contrariamente a su reacción de 1996, fue rápido en reconocer los resultados y en felicitar afectuosamente al vencedor. Claro que a Bolaños, que no representaba exactamente la continuidad del oficialismo saliente, no le aguardaba un cómodo ejercicio presidencial: los jefes de los dos grandes bloques parlamentarios, Alemán y Ortega, que merced a la reforma constitucional de 2000 tenían asegurado el escaño (el primero por ser el presidente saliente y el segundo por ser el segundo candidato presidencial más votado) se aseguraron la llave que iba a permitir aprobar los presupuestos y sacar adelante las reprivatizaciones. El FSLN había elevado su representación a los 38 escaños, pero su capacidad de influir en los trabajos legislativos se antojaba más mermada porque el PLC había alcanzado una mayoría absoluta de 53 curules.

Ortega aseguró que el FSLN iba a colaborar desde la responsabilidad para la gobernabilidad del país, sumido en una pobreza cada vez más extendida y estructural, y expresó en amargos términos su convencimiento de que el sombrío panorama internacional generado por la catástrofe terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos había jugado en su contra, ya que el "efecto bin Laden" (cuyas imágenes, al igual que las de Saddam Hussein, fueron maliciosamente mezcladas con las de Ortega en la propaganda del PLC) había levantado una ola de rechazo al terrorismo y el extremismo políticos que Bolaños, con sus hábiles insinuaciones e imputaciones, había dirigido letalmente contra él.

Además, la Administración estadounidense del republicano George Bush y los agentes económicos internacionales aventaron sin ningún disimulo su antipatía por Ortega no obstante los guiños conciliadores del opositor, hasta el punto de que el equipo sandinista habló de "campaña sucia" y de "injerencia". Tremendismos interesados contra Ortega aparte, un análisis compartido por muchos observadores fue que el sandinismo seguía sin sacudirse de los lastres del pasado, aún vivos en la memoria de muchos nicaragüenses que no guardaban buen recuerdo de su etapa en el poder.


10. Maquinador protagonista de la crisis política nacional durante la Administración Bolaños

Por el momento, el tercer fracaso presidencial consecutivo hizo mella en el FSLN, donde empezó a cuestionarse la idoneidad electoral de su líder histórico y a barruntarse una crisis de liderazgo. Otro motivo de intranquilidad para Ortega se planteó en el ámbito privado, ya que días antes de los comicios, el 15 de octubre, la CIDH había decidido admitir a trámite la denuncia presentada por Zoilamérica Narváez contra el Estado nicaragüense por violación de su derecho como víctima a ser oída por un tribunal competente y a reclamar un juicio justo desde el momento en que el poder legislativo se había abstenido de tramitar su solicitud del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del denunciado.

El 12 de diciembre de 2001 Ortega dio el paso de renunciar voluntariamente a su condición de aforado para poder defender su inocencia ante la juez titular del Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, e insistió en que tras las alegaciones de Narváez había una operación para destruir su carrera política. Rosario Murillo se deshizo en denuestos a su hija, a la que llamó "mitómana enamorada del poder". Rápidamente, el 18 de diciembre, la magistrada ordenó la retirada de los cargos de violación por considerarlos prescritos.

El sobreseimiento del caso fue valorado en términos muy negativos por los adversarios políticos de Ortega, que acusaron a Juana Méndez de parcialidad. La decisión judicial fue señalada también como una consecuencia del polémico pacto Ortega-Alemán del año 2000, cuyo principal objetivo no habría sido otro, aseguraban estos críticos, que garantizar la impunidad de los dos dirigentes: en el caso del sandinista, frente a la acusación de delincuente sexual; en el caso del liberal, quien ahora ostentaba la presidencia de la Asamblea Nacional, frente al tropel de denuncias de enriquecimiento ilícito lanzadas contra su entorno de allegados y contra él mismo, corruptelas que habrían alcanzado unas dimensiones gigantescas, de verdadero atraco a los caudales públicos. También manifestaron su repulsa al carpetazo judicial organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia de género.

El desenlace favorable del caso Narváez (ella iba a mantener su denuncia ante la CIDH hasta octubre de 2008, cuando se resignó a retirarla) marcó el inicio de una especie de renacimiento de Ortega en todos los ámbitos. El 17 de marzo de 2002 el III Congreso Nacional sandinista fue clausurado con la reelección por unanimidad del veterano dirigente como secretario general por otros cuatro años. El segundo de a bordo, Borge, también fue ratificado, y con él otras figuras históricas como René Núñez y el ex ministro de Exteriores y antiguo sacerdote Miguel D’Escoto Brockmann. El Congreso tuvo una lectura de continuidad, y su única novedad destacada consistió en la transformación orgánica de la ejecutiva con la sustitución de la Dirección Nacional por un Consejo Sandinista Nacional (CSN) aumentado a los 37 miembros: los 15 titulares elegidos por el Congreso (de los cuales cuatro eran debutantes), los 19 secretarios políticos departamentales y los coordinadores de la Juventud Sandinista, la bancada en la Asamblea Nacional y la bancada en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Ortega instó a sus camaradas a reconciliarse con los disidentes que habían ido abandonado el barco en la última década y se felicitó por la aprobación de un Programa y una Estrategia que incidían en la "lucha social" y en la lucha también contra la corrupción, lo cual acercaba a los sandinistas "a las demandas diarias del pueblo". Un clamor y una furia populares que alimentaban el goteo de revelaciones sobre el volumen de dinero presuntamente robado a las cajas del Estado por Alemán, sus familiares y sus colaboradores en el quinquenio de 1997-2002. En agosto de 2002 el ex presidente fue formalmente acusado por el procurador penal nacional de lavado de dinero en perjuicio del Estado, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y proposición para cometer delito.

Mientras que el sector mayoritario del PLC se hacía una especie de haraquiri preelectoral con su defensa a capa y espada de la inmunidad parlamentaria de Alemán, quien por su parte adoptó una actitud muy agresiva y desafiante a pesar del peso abrumador de las pruebas en su contra, Ortega, tras algunas vacilaciones, optó por apoyar a la minoría liberal del oficialismo leal a Bolaños, que exigía el desafuero de su predecesor, y así desbloquear el sometimiento del imputado ante los tribunales de justicia. En septiembre de 2002 el grupo parlamentario sandinista votó a favor de la destitución de Alemán como presidente de la Asamblea, acto que sugería el finiquito definitivo del pacto personal de 2000.

En octubre siguiente, el FSLN se convirtió en el gestor de la crisis política al recaer sobre Bolaños mismo, a la par que su vicepresidente, José Rizo Castellón, acusaciones de la Fiscalía General, en su caso por violación de la ley electoral en un supuesto de ocultación de fondos para financiar la campaña del PLC en los pasados comicios generales. Ortega respaldó la iniciativa de la Fiscalía y manifestó: "La lucha contra la corrupción debe continuar de forma profunda, y, por lo tanto, sin excepciones ni negociaciones". El desbarajuste político nicaragüense se agravó en el otoño de 2004, con Ortega encaramado a una posición más descollante que nunca, siendo ora elogiado por permitir un mínimo de gobernabilidad, ora criticado por contribuir a la parálisis del Ejecutivo. Una disparidad de valoraciones que ilustraba lo caótico de la situación, donde no se sabía muy bien quién pactaba con quién, sobre qué y por cuánto tiempo, con una nebulosa de chantajes, componendas y cambios oportunistas de postura envolviendo a todos.

En octubre de 2004 la Contraloría General solicitó a la Asamblea la destitución de Bolaños por negarse a facilitar información sobre el origen de unos cuantos millones de dólares gastados en su campaña electoral de 2001. El presidente acusó al PLC, que ya se había declarado en oposición al Gobierno, y a Ortega, que a últimos de 2003 había reactivado su extraña alianza táctica con Alemán –no sin confesar sus dudas sobre la oportunidad de este nuevo "acuerdo nacional" bipartito, ya que el ex presidente le parecía un "tramposo" y un "marrullero"-, de hacer una pinza para obstaculizar la aprobación de los proyectos de ley del Ejecutivo y, en última instancia, para defenestrarlo a él. Ahora bien, el líder sandinista dio largas a la formación de una Comisión Especial parlamentaria para examinar la petición del contralor y dejó claro que su grupo no contemplaba la destitución.

A continuación, en noviembre, la conchabanza fáctica entre el FSLN y el PLC, que desde diciembre de 2003 tenía a su líder sirviendo una condena de 20 años de prisión como reo de corrupción, se manifestó sin opacidades al aprobar la Asamblea por 74 votos contra siete un paquete de enmiendas constitucionales que obligaba al presidente de la República a someter al Legislativo los nombramientos de los miembros del Gabinete y otras altas personalidades del Estado: en lo sucesivo, tales oficiales debían ser ratificados o podían ser vetados con una mayoría parlamentaria equivalente al 60% de los escaños.

La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua fue ratificada en enero de 2005 y poco después vieron la luz sendas leyes para la creación de una Superintendencia de los Servicios Públicos (SISEP) y un Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), dos organismos supeditado al Parlamento. No solo Bolaños, quien denunció ser víctima de un "golpe de Estado técnico", y sus escasos fieles pusieron el grito en el cielo. Por ejemplo, Sergio Ramírez, retirado de toda actividad política y dedicado a escribir libros, realizó cáusticos análisis de las tácticas políticas de Ortega y Alemán, a los que se refirió como "dos caudillos que manipulan las instituciones al propio gusto y según las necesidades de ambos".

El FSLN fue el gran triunfador en las elecciones locales del 7 de noviembre de 2004 al conquistar el 43,8% de los votos en todo el país y 83 de los 152 gobiernos municipales, entre ellos los de 13 de las 17 capitales departamentales. En Managua se impuso sin dificultad el candidato oficialista, Dionisio Marenco Gutiérrez, que se benefició de la gestión positiva de su conmilitón y alcalde saliente, Herty Lewites Rodríguez, un sandinista apartado del danielismo y con una destacada trayectoria de disidente que en 2000 había ganado el cargo de edil capitalino con el respaldo del MRS de Ramírez.

A comienzos de 2005, ante la creciente popularidad de Lewites, muy hostil a todo caso de corrupción sin importarle el partido al que perteneciera el corrupto de turno, y su demanda de celebrar unas elecciones primarias en el FSLN para la definición del postulante presidencial en 2006, la dirección del FSLN, férreamente controlada por el líder histórico, actuó de manera expeditiva: primero, el 26 de febrero, expulsó sin miramientos a Lewites del partido; y luego, el 5 de marzo, celebró una sesión correspondiente al III Congreso Nacional en la que 800 delegados proclamaron por unanimidad la quinta postulación presidencial de Ortega. Próximo a cumplir los 60 años, el antiguo comandante revolucionario reclamó la validez del ideario "antiimperialista, anticapitalista y antioligárquico" del partido, y con tono porfiado aseguró: "aquellos que pensaban que el FSLN había perdido su esencia ideológica, sus principios, pueden estar totalmente convencidos que el FSLN está más unido, fuerte y consciente que nunca en la historia como fuerza revolucionaria".

La reacción de Lewites fue, secundado por viejos militantes sandinistas y por tres miembros de la dirección histórica del FSLN, Henry Ruiz, Luis Carrión y Víctor Tirado, poner en marcha el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS, más conocido simplemente como El Rescate). A su vez, el MRS rompió su alianza de un lustro de duración con el FSLN y endosó a Lewites como su candidato presidencial. El siguiente paso fue la creación por el MRS y el MPRS de la coalición Alianza Herty 2006.

El enfrentamiento entre Ortega y Bolaños continuó a lo largo de 2005, al ritmo que marcaban los intentos de los bloques sandinista y alemanista de desaforar al presidente y a otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, y el viceministro de Agricultura, Mario Salvo Horvilleür, quienes efectivamente se vieron despojados de la inmunidad el 22 de septiembre por la presunta comisión de delitos electorales durante la campaña electoral de 2001. Estos desafueros fueron posibles desde el momento en que el FSLN, en la persona de René Núñez, elegido para el puesto en enero, poseía de nuevo la presidencia de la Asamblea Nacional. La gravedad de la situación requirió la implicación de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero Ortega acusó a la misión mediadora de parcialidad progubernamental.

El 14 de octubre de 2005, sin embargo, el jefe sandinista anunció la ruptura del Pacto con Alemán -quien desde agosto gozaba de un régimen de libertad condicional y limitada al departamento de Managua tras conseguir zafarse de la cárcel e incluso del confinamiento domiciliario- porque el mismo "ya no tenía razón de existir". En concreto, el PLC exigía la aprobación por la Asamblea de una amnistía total para su líder a cambio de su apoyo en una serie de acuerdos legislativos. En una reunión sostenida con Bolaños, Ortega aceptó posponer hasta el 20 de enero de 2007, es decir, hasta después de terminar la actual Administración, la aplicación de las enmiendas constitucionales dirigidas a recortar los poderes del presidente, que ya no podría emitir decretos ejecutivos en materia administrativa y que tendría que obtener la luz verde del Legislativo para sus nombramientos de altos cargos, así como de las leyes sobre el SISEP y el INPRUR. La denominada Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, aprobada por la Asamblea el 19 de octubre, fijó en norma el nuevo pacto Ortega-Bolaños. La concesiones de Ortega al oficialismo permitieron rebajar la tensión política con las elecciones generales a un año vista.


11. Triunfo en las votaciones presidenciales de 2006 y retorno al Ejecutivo

Para las elecciones del 5 de noviembre de 2006, Ortega, cuya candidatura los congresistas del partido ratificaron el 28 de mayo, adoptó una estrategia imaginativa que evocó las formas moderadas empleadas en la edición de 2001. Pero la plataforma proselitista de ahora, que tuvo a Rosario Murillo como principal diseñadora, mostró una mayor riqueza de matices, incorporando con pretensiones de armonía una serie de posicionamientos harto dispares.

Según un documento interno del partido sobre la estrategia de comunicación de la campaña que fue divulgado por la prensa nicaragüense, la oferta programática del Frente debía articularse como un "proyecto económico social más que político", en sintonía con "las necesidades apremiantes de la población". Al discurso y a la imaginería de la campaña, continuaba proponiendo el documento, les convenía ajustarse a una estrategia de "desandinización y desorteguización", recomendación que venía a reconocer el carácter polarizador de la figura de Ortega: aunque el FSLN podía beneficiarse del descrédito del liberalismo arnoldista, había un arco de electores muy amplio que jamás votaría al ex comandante y presidente.

Así las cosas, el ex presidente enarboló de nuevo las banderas del pacifismo, el diálogo, la reconciliación y la concordia, volvió a esconder los colores y las divisas beligerantes del sandinismo, y atiborró sus discursos de referencias a Dios, prolongando la línea de connivencia espiritual con la Iglesia Católica que en el último bienio habían trazado su matrimonio religioso con Rosario Murillo y la petición de perdón del FSLN por el mal trato dado a algunos obispos durante la Revolución.

Además, el 26 de octubre, en plena campaña electoral, los diputados del Frente, en una nueva convergencia con los sectores clericales y conservadores, hicieron posible la aprobación por la Asamblea de una reforma del Código Penal que tipificaba de nuevo como delito, derogando una ley permisiva vigente desde 1891, la práctica del aborto en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación, riesgo para la vida de la madre y malformación del feto. El ardiente planteamiento pro vida de Ortega y sus correligionarios más leales suponía un giro de 180 grados con respecto a su anterior postura. De hecho, esta connivencia contra natura con la derecha y bendecida por la jerarquía de la Iglesia levantó ampollas en sectores izquierdistas y en las organizaciones feministas.

Para subrayar su mensaje no dogmático, Ortega escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a Jaime Morales Carazo, ex banquero prosomocista y portavoz de la Contra, ministro con Alemán, liberal a carta cabal y antigua víctima de las expropiaciones sandinistas; a mayor abundamiento, la vivienda de la familia Ortega en Managua no era sino una de las propiedades confiscadas a Morales, quien durante años había litigado infructuosamente para recuperarla. El fichaje de Morales no podía resultar más chocante.

Los mantras de la fraternidad y la reconciliación de los nicaragüenses los hilvanó Ortega con los mensajes propios de un partido de izquierdas. Así, expresó su preferencia por una economía mixta que otorgara plenas garantías jurídicas a la propiedad y la empresa privadas, pero que a la vez potenciara la "coinversión" productiva del Estado junto con el capital privado, nacional y foráneo, participación pública que se manifestaría sobre todo en servicios clave para la población, como la energía y las comunicaciones. La defensa de este modelo iba acompañada de una recia crítica a las privatizaciones acometidas por los gobiernos del liberalismo, que en opinión del Frente habían magnificado la corrupción y defraudado ingentes ingresos al erario público.

El programa del denominado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) apostaba por "revisar las políticas de ajuste estructural", ya que estas, si bien habían "impulsado el crecimiento económico", al mismo tiempo habían generado "grandes desajustes" en el terreno social; en otras palabras, el crecimiento desaforado de la pobreza (el 48% de la población, al vivir con una renta diaria inferior a un dólar, la padecía), el paro (el empleo y el subempleo daban una tasa conjunta del 46%) y la emigración (cerca de millón y medio de compatriotas residía en el extranjero, la mitad en Estados Unidos). Por lo demás, Nicaragua ostentaba la posición 120 en el Índice de Desarrollo Humano confeccionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, con una renta por habitante inferior a los 1.000 dólares, se trataba del país más pobre de América y de todo el hemisferio occidental a excepción de Haití. El reparto de sus flacos ingresos, procedentes sobre todo de las exportaciones agropecuarias, la cooperación internacional y las remesas de los emigrantes, era uno de los más desiguales del continente.

El GRUN, que encarnaba "una opción preferencial por los pobres", apostaba por pasar "de la dependencia externa a la soberanía nacional", y "del ajuste con pobreza al crecimiento con equidad", vislumbrando un escenario de desarrollo económico y humano que se fomentaría activamente mediante una "política masiva de créditos", capaz de aumentar la producción y de generar empleo. También, se conferiría un fuerte impulso al sistema público de salud, a la educación escolar y a las campañas de alfabetización. "Analfabetismo, cero; desempleo, cero; hambre, cero", proclamaba, optimista, el programa redactado por Ortega y sus camaradas.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-RD), cuya ratificación parlamentaria en octubre de 2005 el FSLN había intentado impedir a golpe de protesta callejera, era aceptado ahora en principio, pero tendría que ser renegociado para compensar a los productores locales perjudicados y en paralelo a la búsqueda de mercados alternativos en las áreas caribeña, sudamericana y asiática. Otros compromisos adquiridos por la formación opositora atañían a la seguridad ciudadana, la descentralización municipal, la sustanciación de las autonomías de las regiones de la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur, la adopción de fórmulas de "democracia directa", como unas Asambleas de Poder Ciudadano, la protección del medio ambiente y la ejecución del proyecto, exorbitantemente oneroso pero con una rentabilidad potencial enorme a largo plazo, de construcción de un canal interoceánico que funcionaría en paralelo al Canal de Panamá y que dinamizaría en grado superlativo la economía nacional.

El tercer elemento de la campaña de Ortega y el FSLN para las elecciones de 2006, presente de manera explícita en el programa y motivo de fuerte controversia dentro y fuera de Nicaragua, era la cooperación con los países artífices de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Venezuela y Cuba, con cuyos presidentes, Chávez y Castro, Ortega se codeó ostensiblemente este año electoral. El líder sandinista dio a entender que, de llegar a la Presidencia, metería a Nicaragua en ese marco de integración macrorregional de fuerte contenido político, social y solidario, concebido por Chávez para contrapesar y superar en alcance al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), patrocinado por Estados Unidos, y de paso oponerse al FMI, el neoliberalismo –tachado por Ortega de "genocidio económico y social" en una entrevista publicada por Granma en el mes de enero-, la globalización y la urdimbre de tratados de libre comercio bilaterales entre Estados Unidos y varios países de América Latina.

El candidato presidencial no se detuvo a explicar la aparente contradicción que encerraba amistar con el ALBA y el proyecto continental chavista-bolivariano al tiempo que se tendía la mano a Estados Unidos en pro de las más fructíferas relaciones comerciales y se aceptaba el CAFTA-RD. Claro que en el programa electoral se decía que el GRUN buscaría "promover y establecer las mejores y más respetuosas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo". Es decir, la política internacional estaría caracterizada por el pragmatismo y el utilitarismo.

De todas maneras, Ortega no disimulaba sus simpatías y preferencias. Invocando los aspectos prácticos, a Nicaragua le convenía aproximarse al ALBA, argüía, para diversificar sus transacciones exteriores, beneficiarse con acuerdos de comercio justo e importar bienes a precios preferenciales. Es más, el FSLN ligaba de manera prácticamente exclusiva la realización de los prometidos saltos sanitario y educativo a la solidaridad cubana y venezolana; el primer país proporcionaría cuantiosos medios humanos (médicos especialistas y técnicos formadores), mientras que el segundo financiaría indirectamente las inversiones para construir hospitales y ampliar la red de atención primaria de salud con sus ventas petroleras en condiciones de pago muy favorables. De hecho, Venezuela ya estaba empezando a suministrar combustible barato a decenas de alcaldías del FSLN. Del Gobierno de Caracas, además, se esperaba una ayuda fundamental para la puesta en marcha de un sistema de créditos blandos orientados a los pequeños y medianos productores.

Los lazos personales entre Ortega y Chávez eran de lo más conspicuos. En agosto de 2005 el nicaragüense participó como invitado en una edición especial del programa televisivo Aló presidente que fue retransmitida desde La Habana. Ahora, en 2006, Ortega volvió a salir en un Aló presidente, en abril y desde Venezuela, ocasión en que recibió los deseos de victoria de su anfitrión, y a finales de mayo regresó a la capital cubana para asistir a la III Cumbre del ALBA, en la que Castro, Chávez y el nuevo presidente de Bolivia, el indígena socialista Evo Morales, suscribieron el Acuerdo para la Aplicación del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). De nuevo, Chávez dio su espaldarazo personal a un complacido Ortega.

El líder sandinista, con su estilo habitual, más bien apagado, desprovisto de una oratoria energizante y sin particular carisma, libró una campaña relajada, confiado –pese a la tradición de falibilidad de las encuestas preelectorales en Nicaragua- en la ventaja que le adjudicaban todos los sondeos. Sus perspectivas en las urnas eran óptimas desde el momento en que el liberalismo llegaba a las mismas irreversiblemente dividido. Así, el economista Eduardo Montealegre Rivas, ex banquero y ministro destacado de los gobiernos de Alemán y Bolaños, se había declarado en rebeldía en el seno del PLC y había arrastrado en su disidencia a un grupo de militantes descontentos con el férreo control que Alemán, un reo y convicto de la justicia, seguía ejerciendo sobre el partido, y contrarios también al pactismo entre Alemán y Ortega.

En 2005 Montealegre, tras ser expulsado del PLC, lanzó su apuesta presidencial, que a lo largo de los meses fue ganando las adhesiones de un rosario de formaciones de los arcos centro-derechista y liberal: el Partido Conservador (PC), el PLI, el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN), el Movimiento de Salvación Liberal (MSL), la bolañista Alianza por la República (APRE), el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), el Partido Social Conservador (PSOC) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC). Todas estas agrupaciones articularon la lista electoral Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), a la que el FSLN opuso una alianza forjada con el movimiento indígena Yatama, el Movimiento de Unidad Cristiana (MUC) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC).

Montealegre contó con el apoyo explícito del Gobierno de Estados Unidos, cuya Embajada en Managua maniobró, infructuosamente, para que el liberalismo designara un candidato unitario y atizó sin pudor el sentimiento de miedo a la chavización de Nicaragua si Ortega se hacía con la Presidencia. En efecto, tanto en la Administración Bush como en la derecha nicaragüense cundía el temor a que el país centroamericano se convirtiera en otro eslabón del eje neosocialista y comunista Caracas-La Habana, que acababa de incorporar a Bolivia con la victoria electoral de Evo Morales y que en junio, en apariencia, estuvo a punto de hacer otro tanto con Perú, donde el candidato nacionalista Ollanta Humala no consiguió imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales al socialdemócrata Alan García. El secretario estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez, advirtió que un triunfo sandinista pondría en riesgo las relaciones bilaterales y ahuyentaría el comercio y la inversión.

En el campo de la izquierda, la súbita desaparición del popular Herty Lewites, muerto en julio, a cuatro meses de las elecciones, a causa de un infarto, dejó a Ortega sin un peligroso rival que durante meses le había superado en los sondeos y que a buen seguro habría capturado voto sandinista. Ortega necesitaba imponerse en la primera vuelta, en la que, de acuerdo con la reforma electoral urdida con Alemán hacía seis años, debía sacar el 40% de los votos o bien el 35% más una diferencia de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, ya que no parecía factible que pudiera arañar muchos más votos en una segunda vuelta ante el rechazo que concitaba fuera del electorado del Frente.

Sucedió el segundo de los tres posibles escenarios. El 5 de noviembre de 2006 Ortega ganó la Presidencia de la República para el período 2007-2012 con el 38,1% de los votos, derrotando a Montealegre (29%) por la ALN-PC, a José Rizo Castellón por el PLC (26,5%), a Edmundo Jarquín Calderón, reemplazo del malogrado Lewites, por el MRS (6,4%) y al mítico, pero políticamente acabado y en estas lides testimonial, Edén Pastora por Alternativa por el Cambio (0,3%). Paradójicamente, el sandinista triunfó con un porcentaje de votos sensiblemente inferior a los cosechados en 1990 y 2001 como candidato derrotado. Montealegre fue rápido en reconocer su fracaso y en felicitar a su oponente sandinista.

En los comicios a la Asamblea, el FSLN, con 38 diputados, los mismos que tenía hasta ahora, se convirtió en la primera fuerza parlamentaria, pero no por méritos propios –de hecho, perdió votos-, sino por la escisión del campo liberal-conservador en dos bloques casi iguales, la ALN y el PLC. El Gobierno estadounidense intentó emborronar el triunfo de Ortega denunciando "anomalías", pero el CSE y las misiones de observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter no detectaron irregularidades susceptibles de ensombrecer la certificación democrática.

Incluso antes de ser proclamado vencedor al cabo de un lento escrutinio, Ortega se apresuró a tranquilizar a los operadores económicos y al Gobierno de Estados Unidos, que recibieron los mensajes de la estabilidad macroeconómica y las garantías para las inversiones. Empresarios, financieros, fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad nicaragüense recibieron el llamado del presidente electo a "trabajar juntos para erradicar la pobreza", "darle seguridad al sector privado y a los inversionistas nacionales y extranjeros", y "desarrollar y mejorar las relaciones con toda la comunidad internacional".


12. Socio centroamericano del ALBA, roces con Colombia y primeras maniobras para acaparar el poder

El 10 de enero de 2007 una quincena de jefes de Estado y de Gobierno de América Central, el Caribe y América del Sur presenció la toma de posesión de Ortega, que a la edad de 61 recibió de manos de René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, la banda presidencial por segunda vez en su vida 17 años después de portarla por última vez. Contraviniendo el protocolo, el inaugurado compareció sin traje ni corbata, llevando por toda indumentaria sus habituales camisa blanca y pantalón negro. Con este hito, el nicaragüense seguía la estela de otros veteranos estadistas regionales que, como el peruano Alan García y el costarricense Óscar Arias, viejos colegas de mandato en los años ochenta del pasado siglo, acababan de regresar a las jefaturas de los ejecutivos de sus países.

Tras la ceremonia de investidura, realizada en la Plaza de los No Alineados Omar Torrijos, frente al edificio de la Asamblea Nacional, y en la que estuvo llamativamente presente Arnoldo Alemán -quien seguía gozando de su particular régimen de semirreclusión, o más bien pseudorreclusión, que le permitía circular libremente por la capital-, el flamante presidente y su esposa, la desde ahora primera dama Rosario Murillo, se desplazaron a la Plaza de la Fe Juan Pablo II. Allí, flanqueado por unos jubilosos Chávez y Morales, Ortega dirigió un acto que fue a la vez de celebración popular y de confraternización ideológica, con homenajes al ausente Castro y coros a favor del socialismo y en contra de imperialismo.

En su encendido discurso a los miles de simpatizantes congregados, Ortega cargó contra el neoliberalismo y el "capitalismo salvaje", se comprometió a darle batalla a la pobreza, denunció la privatización del sector eléctrico, que no había subsanado el grave problema de los cortes de energía y, lo más importante, anunció la incorporación de Nicaragua al ALBA-TCP, arranque de una nueva era de cooperación con Venezuela cuyos frutos llegaban ya mismo, con la inmediata entrega por el país sudamericano de las primeras plantas generadoras de electricidad en apoyo al plan de emergencia del GRUN para solucionar el déficit energético. La ayuda bolivariana abarcaba también la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil, el apoyo a la creación de cooperativas populares y la puesta en marcha de programas de desarrollo en las áreas de salud, educación e infraestructuras. Como guinda al desembarco de la ayuda venezolana, Chávez anunció la condonación de la deuda bilateral de Nicaragua, que ascendía a 33 millones de dólares.

En los días posteriores a su toma de posesión, Ortega notificó (el 11 de enero, en la que fue su primera acción de Gobierno) el ingreso oficial en el ALBA-TCP, del que Nicaragua pasaba a ser el cuarto Estado miembro y el primero centroamericano, así como el establecimiento con Cuba de "relaciones plenas" en los ámbitos "diplomático, comercial y político". De hecho, Ortega, Chávez, Morales y el vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura improvisaron una cumbre del ALBA-TCP, la cuarta ordinaria desde la creación del grupo en 2004, que tuvo como escenario el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua.

Asimismo, el nuevo mandatario recortó drásticamente su salario presidencial y los salarios de los miembros del Gabinete, dispuso la puesta en marcha de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC, concebidos a imagen y semejanza de los antiguos Comités de Defensa del Sandinismo y presentados por Ortega como la "máxima autoridad de Nicaragua", cuyas decisiones serían acatadas por el Gobierno), restableció, pese a la falta de recursos, la gratuidad de los servicios de salud y educación, y recibió (14 de enero) en visita oficial al polémico presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, con el que firmó varios acuerdos de cooperación e inversión.

Asimismo, la Asamblea decidió prorrogar hasta el 20 de enero de 2008 la vigencia de la Ley Marco de 2005, luego los poderes presidenciales de Ortega, a recortar por la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República, quedaban intactos por el momento. Por otro lado, Rosario Murillo, prefigurada como una primera dama de lo más influyente, fue nombrada coordinadora del nuevo Consejo de Comunicación y Ciudadanía (CCC), cargo al que pronto iba a sumarse la dirección del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), una entidad de rango ejecutivo adscrita al poder ejecutivo que asumió la supervisión de los Consejos y Gabinete del Poder Ciudadano.

En su primer año en el despacho presidencial instalado, para inquietud de sectores políticos y periodísticos que consideraban irrespetuosa con las instituciones y los símbolos de la República esta mudanza, en el inmueble de la Secretaría Nacional del FSLN (en lugar de la Casa Naranja o Casa Mamón, el palacio presidencial levantado en 1999 en el centro histórico de Managua con cargo a 10 millones de dólares donados por el Gobierno de Taiwán, desde la que habían gobernado Alemán y Bolaños, y que ahora recibía la consideración de Casa de los Pueblos), Ortega hizo gala de un estilo destemplado y personalista que decepcionó a quienes habían encontrado muy prometedoras sus sugerencias, durante la campaña electoral de 2006, de gobernar con un talante calmoso, conciliador y dialogante.

El regreso de la retórica pugnaz se advirtió claramente en las relaciones internacionales, un ámbito en el que Ortega parecía estimulado por el verbo incendiario de su aliado y protector, Chávez, el cual, en marzo de 2007, le garantizó el atraque en Nicaragua de 10.000 barriles diarios de petróleo crudo a precios subvencionados y que un futuro serían procesados por una refinería local construida a tal efecto. El líder venezolano era para Ortega un objeto de emulación sobre todo en el aspecto mediático. Así, Ortega se unió a la campaña de confrontación y denuncias orquestada por Chávez contra Estados Unidos por sus políticas "imperialistas" en América Latina y Oriente Medio, y por ser el principal sostenedor del sistema capitalista global, dedicado, aseguró el orador centroamericano en su intervención ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007, a "explotar, reprimir, empobrecer y esclavizar". En este período de sesiones de la Asamblea en Nueva York, Ortega se expresó solidario con los gobiernos de Irán y Corea del Norte en la disputa que estos países mantenían con la comunidad internacional a causa de sus programas nucleares.

Ortega copió también de Chávez su famoso programa televisivo y radial Aló Presidente, que en Nicaragua salió en antena con el nombre de El Pueblo Presidente, en lo sucesivo denominación de una plataforma oficialista que mezclaba los ingredientes estatal, gubernamental y partidario. Con un formato ciertamente errático, El Pueblo Presidente pasó a emitirse desde diferentes ubicaciones, habitualmente barriadas populares, y no dejó de contar con la cada vez más visible Rosario Murillo. Aunque los dos presidentes derrochaban muestras de camaradería bolivariana en sus numerosos encuentros bilaterales y con motivo de las cumbres del ALBA, Ortega, sin embargo, tras reiterar hasta la saciedad su compromiso con el marco garantista del capital privado, se resistía a imitar las medidas nacionalizadoras y estatalistas de la economía que caracterizaban el Socialismo del Siglo XXI chavista.

En junio de 2007 Ortega devolvió a Mahmoud Ahmadinejad, bestia negra de la Administración Bush, su visita realizada a Managua en el mes de enero. En Teherán, el huésped latinoamericano afirmó que la iraní y la nicaragüense era unas "revoluciones casi gemelas" desde el momento en que ambas compartían los propósitos de "la justicia, la libertad, la autodeterminación y la lucha contra el imperialismo". La " invencible" unión entre dos pueblos tan distantes geográfica y culturalmente empezó a sustanciarse en agosto con un acuerdo de intercambio de inversiones iraníes en la construcción de viviendas, fábricas e instalaciones portuarias por exportaciones agropecuarias nicaragüenses.

Luego, en octubre, el Ejecutivo presentó como un éxito la aprobación por el FMI de un nuevo Servicio para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (PRGF), programa de asistencia financiera que iba a permitir al Gobierno dedicar una importante partida fiscal a los programas públicos para el socorro social, la reducción de la pobreza y la corrección de las desigualdades. Aunque suscribir un Memorándum de Entendimiento con el FMI sobre un PRGF trienal de 111 millones de dólares no casaba precisamente con el discurso oficialista que fustigaba el sistema económico mundial, Ortega podía vender este compromiso ante el FMI de vincular la mejora del cuadro del desarrollo humano a los esfuerzos de consolidación fiscal y estabilidad financiera como una muestra de que Nicaragua seguía siendo un país de confianza para los inversores.

En el otoño de 2007 Ortega protagonizó una especie de ajuste de cuentas moral con el pasado colonial español y su presunto trasunto actual en la forma de inversiones empresariales privadas con supuestos asomos predatorios. Primero, en octubre, el Gobierno decidió eliminar el Día de la Hispanidad del calendario de feriados al tratarse, explicó Ortega, de "una fecha de duelo en América Latina porque hace 515 años comenzó el exterminio de los pueblos originarios"; en lugar del Día de la Hispanidad se instituía para este 12 de octubre el Día de la Resistencia Indígena, un cambio que "los hermanos españoles" tenían que entender. Semanas después, en noviembre, el líder nicaragüense volvió a referirse a este tema en Santiago de Chile en su alocución a los asistentes a la llamada Cumbre de los Pueblos, paralela a la XVII Cumbre Iberoamericana. Mano a mano con Chávez, Ortega extendió sus reproches a una Europa que era cómplice de Estados Unidos en la "dictadura global del capitalismo".

En la sala de conferencias santiaguina de la Cumbre Iberoamericana de presidentes, el representante de Nicaragua dedicó su turno de intervención a arremeter contra la compañía eléctrica privada española Unión Fenosa por operar en su país como un "equipo de mafiosos" con "prácticas gangsteriles", y a acusar a "embajadores españoles" de haber intentado interferir en las elecciones del año anterior para impedir la victoria del FSLN en conciliábulo con "las fuerzas de la derecha". Estas palabras generaron el malestar del rey Juan Carlos I, que abandonó temporalmente la sala como señal de protesta. Además, en la clausura de la cumbre, Ortega propuso dar portazo a la OEA y crear en su lugar una "Organización de Estados Iberoamericanos y del Caribe". Sin embargo, la perorata de Ortega quedó eclipsada por el famoso incidente, sucedido instantes antes, de la recriminación por el monarca a Chávez, al que conminó a callarse cuando mantenía un forcejeo verbal con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a raíz de llamar el venezolano "fascista" al ex presidente José María Aznar.

De regreso a Managua, Ortega se encontró con un aluvión de críticas a su propuesta de prescindir de la OEA, pero en cambio fue respaldado en su contundente toque de atención a Unión Fenosa, pues la empresa española, adjudicataria de la licitación abierta por la privatización en 2000, cuando el Gobierno de Alemán, de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), era blanco de las iras de la población por los continuos y prolongados cortes en el suministro de luz, si bien la compañía se quejaba a su vez de que las facturas que cobraba a sus abonados no reflejaban los costes reales de la generación y la distribución eléctricas, y de que el robo e impago de sus instalaciones y servicios eran generalizados. El problema energético estaba sobre la mesa, aunque Ortega siempre podía confiar en la asistencia de su buen amigo Chávez.

También en octubre de 2007, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en respuesta a la demanda presentada por Managua en 1999, estableció la línea divisoria de la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras en el mar Caribe, una zona rica en pesca y que podía atesorar reservas de gas y de petróleo. El fallo vinculante tenía naturaleza salomónica, pues no satisfacía plenamente las pretensiones de cada país. Entonces, Ortega y su par hondureño, José Manuel Zelaya, por cierto que en trance de seguir sus pasos e integrarse en el ALBA, manifestaron su acatamiento pleno y su deseo de trabajar conjuntamente por la explotación pacífica de los recursos de esta zona.

El 13 de diciembre siguiente el Tribunal Internacional de Justicia emitió otra sentencia tocante a Nicaragua. En esta ocasión afectaba a la añeja reclamación a Colombia de la soberanía de las islas caribeñas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, archipiélago que constituía un departamento del Estado colombiano no reconocido por Managua. El Tribunal de La Haya certificó que, de acuerdo con el Tratado de 1928 y el Protocolo de 1930, las islas pertenecían a Colombia, pero que la situación jurisdiccional permanecía sin resolver en el caso de los cayos Roncador, Serrana y Quitasueño. Además, la corte dejó sin delimitar la frontera marítima en el Caribe occidental, cuestión que era el objeto de una demanda específica presentada por Nicaragua contra Colombia en 2001.

Ortega dijo asumir el fallo, pero, en un acto castrense, hizo unos comentarios sobre la "ley del más fuerte, que en estos tiempos no tiene cabida", y sobre que "no quisiéramos que este Ejército se viera enfrentado a ninguna acción bélica", que molestaron enormemente al Gobierno liberal conservador colombiano de Álvaro Uribe, por cierto uno de los más duros detractores del chavismo en el subcontinente.

Ortega estaba de mal humor por este asunto y el 6 de marzo de 2008, a renglón seguido de la crisis desatada entre Colombia y el Gobierno ecuatoriano probolivariano -le quedaba algo más de un año para entrar en el ALBA- de Rafael Correa por la acción militar del Ejército colombiano que había acabado con la vida del comandante de la narcoguerrilla de las FARC Raúl Reyes en suelo de Ecuador, el presidente anunció que, "en solidaridad con el pueblo ecuatoriano" y "ante las reiteradas amenazas militares de parte del Gobierno colombiano", se procedía a la ruptura de relaciones diplomáticas con Bogotá. El líder sandinista añadió que este quiebre de ninguna manera era con el pueblo colombiano, "con el que tenemos relaciones históricas", sino "con la política terrorista que está practicando el Gobierno de Álvaro Uribe".

La cesura diplomática apenas duró unas horas, ya que al día siguiente, en el marco de la XX Reunión del Grupo de Río en Santo Domingo, los cuatro presidentes concernidos sellaron su reconciliación formal con unos cuantos abrazos y apretones de manos. Pero el desencuentro Ortega-Uribe no había concluido realmente. A finales de mayo, el nicaragüense volvió a irritar a su homólogo colombiano al transmitir desde Montevideo, donde asistía al XIV Foro de São Paulo, sus "condolencias" a la familia del veterano líder guerrillero de las FARC Manuel Marulanda, alias Tirofijo, fallecido hacía dos meses por causas naturales. Ortega ensalzó a Marulanda como "uno de los guerrilleros de luchas ininterrumpidas más largas en América Latina y el Caribe, lucha que tiene orígenes en las profundas desigualdades que vive el hermano pueblo colombiano", y dijo sentirse "honrado" de haberle entregado en su momento la Orden Sandino.

Más tarde, en julio de 2008, al poco de producirse la liberación de la senadora Íngrid Betancourt, Ortega provocó un nuevo incidente diplomático con Colombia al ofrecerse a entrar en contacto con los "hermanos" de las FARC, los cuales le habían propuesto como interlocutor, con el fin de "aportar a la paz" en el país andino. El Gobierno de Bogotá le notificó secamente a Ortega que no autorizaba ni avalaba gestión alguna suya ante "una organización terrorista como la guerrilla de las FARC", pues de lo contrario se estaría ante "una violación al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados".

Además, quedaba por resolver el litigio sobre las fronteras en el Caribe occidental y que se remontaba a 2001. El fallo del Tribunal de La Haya iba a llegar en noviembre de 2012, ya en el segundo mandato consecutivo de Ortega, y en un sentido que para Ortega debía verse como "una victoria nacional inapelable", pues si bien los jueces reafirmaron la soberanía colombiana sobre todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina amén de los cayos de Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo junto con sus aguas circundantes dentro de las 12 millas náuticas, por otra parte redibujaron drásticamente las aguas territoriales al adjudicar a Nicaragua una amplia extensión de mar. El Gobierno colombiano se negó a acatar la sentencia.

El maniobrerismo de Ortega, más allá de las proclamas ideológicas, volvió a aflorar nada más asumir la Presidencia por segunda vez. Oficialmente, no existía ningún tipo de arreglo con el ex presidente Alemán, aunque muchos creían lo contrario. Con el siempre influyente y muy conservador cardenal Obando, anterior presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a partir de 2005 arzobispo emérito de Managua y flamante titular de la Comisión de Verificación, Reconciliación, Paz y Justicia (CVRPJ) organizada por el nuevo Gobierno del FSLN, las relaciones cimentadas en 2006 cuando el respaldo a la penalización total del aborto se vieron cuestionadas ahora por la despenalización de la "sodomía" (es decir, la homosexualidad) en Nicaragua, reforma del Código Penal que entró en vigor en mayo de 2008 a la vez que la ratificación de la prohibición total del aborto.

Ortega no interpretó como un menoscabo a su capacidad de gobierno la decisión adoptada en enero de 2008 por los magistrados de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, el fruto del acuerdo con Bolaños en 2005, lo que suponía la inmediata entrada en vigor de la Ley de Reforma Parcial a la Constitución tras tres años de suspenso. En adelante, el mandatario no estaría facultado para emitir decretos de alcance administrativo y tendría que someter a ratificación parlamentaria sus nombramientos de altos cargos, incluidos ministros y embajadores. La Asamblea, además, podría forzar la remoción por el presidente de estos dignatarios retirando su confianza en ellos.

Ahora bien, Ortega sí consideró un atentado intolerable a sus facultades el intento de la oposición al completo de impedir la puesta en marcha de los CPC al considerarlos una estructura política del FSLN. Es más, hizo como que no iba con él la resolución adoptada por la Asamblea de derogar estos poderes paralelos al poder ejecutivo. La ley aprobada por los diputados con ese fin fue declarada inconstitucional por la CSJ en enero de 2008, a la vez que mandaba la Ley Marco a la papelera. En cuanto al GRUN promovido durante la campaña electoral, brillaba por su ausencia en el sentido de que Ortega ya dejaba claro que no estaba dispuesto a ceder espacios de poder a nadie que no fuera un sandinista leal a su persona.

Una actuación que causó viva alarma a los sectores habitualmente críticos con el danielismo u orteguismo fue, en junio de 2008, la suspensión por el CSE de las personerías jurídicas del MRS y el PC, con la explicación de que estos partidos no satisfacían los requisitos para participar en las próximas elecciones municipales. El sandinismo renovador, que tenía cinco diputados nacionales, llevaba meses reclamando en la Asamblea que se declarase incapaz a Ortega por su recurso sistemático a las "mentiras" y por estar conduciendo al país a un nivel de "confrontación" tal que había que considerarle "un loco que está perdiendo la razón".

Esta doble exclusión del proceso democrático marcó el inicio de la tensa cuenta atrás para las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, cinco meses en los que el sistema político y la sociedad nicaragüenses fueron caldeándose con grandes manifestaciones de repudio a la "dictadura" de Ortega, su "gestión ineficaz" y su "pacto sucio" con Alemán para "repartirse las instituciones del Estado como un botín", y con las recriminaciones encendidas del señalado, para quien toda esta movilización en su contra no era más que "oligarquía disfrazada de sociedad civil financiada por Estados Unidos". Además, los funcionarios de la Fiscalía General realizaron una serie de intervenciones contra ONG, círculos feministas y otros activistas de línea no progubernamental. Por primera vez desde 1990, el CSE no autorizó la presencia de observadores internacionales para monitorizar los comicios.

Una vez cerradas las urnas, la oposición denunció la comisión generalizada de irregularidades, como el cierre arbitrario de colegios, la expulsión de interventores de los mismos y actos de intimidación por grupos afines al Gobierno, así como incontables episodios de fraude directo, como la destrucción de papeletas marcadas para la oposición y la falsificación pura y simple de datos escrutados. Estallaron violentos altercados callejeros entre militantes del FSLN y de formaciones opositoras, que se saldaron con dos muertos y decenas de heridos.

El 21 de noviembre, en un mitin en Managua, Ortega anunció la promulgación por decreto de la validez de las elecciones. Se trataba de "reconocer la legitimidad" de las mismas, y de paso "rechazar de plano por ser notoriamente inconstitucional" la iniciativa de ley, suscrita por 41 diputados opositores, de declarar nulos los comicios por fraudulentos. La insólita medida presidencial fue calificada de "monstruosidad jurídica" desde el PLC. Los resultados oficiales publicados por el CSE, que nunca llegaron a ser definitivos al no dar parte dicho organismo de los sufragios totales registrados en todas las Juntas Receptivas de Voto, concedieron al FSLN una aplastante victoria con el 62,3% de los votos y la obtención de 105 de las 146 alcaldías en juego. En Managua, el campeón mundial de boxeo Alexis Argüello Bohórquez -quien, por cierto, a los pocos meses iba a fallecer en el ejercicio de sus funciones, se dijo que por suicidio a punta de pistola- batió a Montealegre.

Las alegaciones de pucherazo fueron consideradas fundamentadas por la Unión Europea y Estados Unidos, que entre los dos congelaron partidas de las cooperaciones al desarrollo por valor de 134 millones de dólares. Se trató de un desagradable contratiempo que forzó al Gobierno a abordar recortes presupuestarios y a echar mano de las reservas internacionales del Estado. La fórmula del gobierno por decreto volvió a emplearla Ortega en los meses siguientes para sacar adelante una serie de piezas legales, en su mayoría de contenido económico, sorteando así el obstáculo que suponía carecer de la mayoría absoluta en la Asamblea. Los sectores de la oposición liberal y del sandinismo disidente -estos últimos, incluso con más vehemencia- eran unánimes en denunciar la "deriva autoritaria" en que estaba metido Ortega.


13. Relectura constitucional ad hominem, tensiones políticas y reelección con polémica en 2011

En enero de 2009, coincidiendo con la acumulación de malas noticias en el terreno económico, agoreras de una caída en la recesión en el contexto de la gran crisis financiera global (en efecto, este año el PIB nicaragüense iba a retroceder un 1,7%) y que obligaron al Gobierno a elaborar un plan de emergencia así como a exprimir las posibilidades de la asistencia de Venezuela y el ALBA (Ortega reconoció que si no fuera por la munificencia de Chávez, la situación nacional sería "catastrófica"), el espectro del famoso Pacto sobrevoló la crispada política nacional al decidir la Corte Suprema, en una sentencia de lo más polémica, sobreseer la condena de 20 años de prisión que pesaba sobre Arnoldo Alemán, quien de todas maneras ya llevaba un tiempo circulando libremente dentro del país.

La plena absolución de Alemán fue aprobada con el voto de cuatro magistrados de la corte ligados al PLC, en tanto que dos designados por el FSLN votaron en contra. Pocos tuvieron dudas de que Ortega y Alemán, a través de intermediarios, habían vuelto a ponerse de acuerdo entre bambalinas, en esta ocasión para, a cambio del sobreseimiento penal del ex presidente, desbloquear los trabajos legislativos de la Asamblea Nacional bajo la dirección nuevamente de René Núñez y sacar adelante una reforma constitucional que permitiese al presidente en ejercicio presentarse a la reelección en 2011, posibilidad que ahora mismo vetaba el artículo 147 de la Carta Magna de 1987 en su versión enmendada de 1995. Ortega, inspirado en esto como en otras cosas por Chávez, venía siendo explícito en que deseaba instaurar la reelección presidencial indefinida. Pero una reforma ad hoc de la Constitución requería el voto de al menos 56 diputados, mayoría que el sandinismo no estaba en condiciones de reunir.

Los manejos conducentes a una fórmula jurídica que permitiera la ambición de Ortega se pusieron en marcha. Entre tanto, el líder sandinista volvió a salir en la prensa internacional con motivo de la V Cumbre de las Américas, en Trinidad y Tobago el mes de abril, cita en la que manifestó sentir "vergüenza" por no ver allí a delegaciones de Cuba y Puerto Rico, e intercambió unas palabras de cortesía con el nuevo presidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama. Después, en junio, Ortega adquirió más visibilidad mundial por la concesión del asilo al líder indígena peruano, Alberto Pizango, que había organizado unas violentas protestas en la Amazonía del país andino contra el Gobierno de Alan García, y por el cierre de filas con los demás cabezas del bloque bolivariano en apoyo a su colega hondureño Zelaya, depuesto en un golpe de Estado de signo derechista y cuya restitución fue exigida por los mandatarios asistentes a la VII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP, la II Reunión Extraordinaria del Grupo de Río y otra cumbre extraordinaria del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), las tres sesionada con carácter urgente en Managua.

La fecha del 19 de octubre de 2009 pasó a los anales de la historia contemporánea de Nicaragua porque aquel día los seis magistrados (todos sandinistas, pues el FSLN se apresuró a sustituir a los tres jueces liberales que habían anunciado su negativa a participar en la sesión) de la Sala Constitucional de la CSJ, en su Sentencia No. 504, declararon la "inaplicabilidad" de ciertas provisiones de los artículos 147 y 178 de la Ley Fundamental. De un plumazo, Ortega recibía vía libre para presentarse a la reelección en 2011. Alemán salió a condenar lo "ilegal" e "ilegítimo" de un fallo "inaudito", pero su denuncia no resultó muy convincente, a diferencia de las elevadas por su adversario interno del liberalismo, Montealegre, quien llamó "a la sociedad civil y a la comunidad internacional a rechazar este golpe de Estado", así como por muchas voces del arco político, las ONG, la Iglesia Católica y el conjunto de la sociedad civil. En cambio, la numerosa militancia sandinista y miles de estudiantes salieron a celebrar la noticia.

Para las elecciones generales aún restaban dos años, y en ese tiempo Nicaragua vivió nuevas y preocupantes convulsiones. 2010 comenzó con una serie de movimientos del poder ejecutivo para afianzar y extender el control que ejercía sobre los principales órganos judiciales y electorales del Estado, hallando en ello la resistencia resuelta de los partidos de la oposición. El 9 de enero Ortega emitió el Decreto Ejecutivo 03-2010, puesto en boca de todos como el Decretazo, por el que prorrogaba los mandatos de 22 altos funcionarios del Estado cuyos períodos habían vencido o estaban próximos a vencer, entre ellos magistrados de la CSJ (tres) y del CSE. Sin embargo, la misma Constitución establecía que esta decisión debía tomarse en la Asamblea Nacional con una mayoría cualificada del 60% de los votos. En abril de 2010 militantes del FSLN, espoleados sin disimulos por sus dirigentes, atacaron con piedras y bombas caseras las sedes de la Asamblea Nacional y el Movimiento Vamos con Eduardo (Montealegre) para impedir que los diputados opositores sesionaran y declararan nulo el Decretazo, que, en efecto, no pudo ser revertido.

Llegado el verano, Ortega realizó otra maniobra expeditiva con la destitución arbitraria, violando el principio de la autonomía de los entes subestatales, de numerosos alcaldes, vicealcaldes y concejales, incluidos miembros desafectos del FSLN, en varios departamentos del país. En agosto, el Ejecutivo se atrevió a dar el paso de desembarazarse de siete magistrados liberales de la CSJ tras la forma legalista de su destitución por sus colegas de filiación sandinista y su sustitución por otros tantos "conjueces" de línea progubernamental. El motivo, aducido por la presidenta temporal de la Corte, la sandinista Alba Luz Ramos: ausentarse de los plenos de manera reiterada e injustificada.

Con esta "purga judicial", denunció la oposición, el Gobierno pasó a ejercer un control casi absoluto sobre el máximo tribunal de la República, convirtiendo en papel mojado el principio de la separación de poderes. El resultado de esta drástica mudanza se vio a las claras el 30 de septiembre al emitir el nuevo Pleno de la CSJ una sentencia, la No. 06, que venía a ratificar la emitida en octubre del año anterior por la Sala Constitucional. El fallo de ahora ordenaba al CSE aceptar la inscripción de Ortega, puesto que tenía el amparo de la Corte, como candidato para las elecciones de 2011, si es que el presidente se decidía a dar ese paso. El interesado, que desistió de sus intentos de hacer más digerible por la comunidad internacional su propósito reeleccionista en virtud de una enmienda constitucional, demoró hacer el anuncio unos cuantos meses.

En el ínterin, en diciembre de 2010, Ortega hubo de lidiar con las revelaciones concernientes a Nicaragua de la gigantesca filtración a la organización Wikileaks de los documentos confidenciales del Departamento de Estado de Estados Unidos, el escandaloso Cablegate, que empezó siendo divulgado por un grupo de periódicos de Europa y Estados Unidos. Así, el público se enteró de que la diplomacia de la potencia norteamericana consideraba al Gobierno de Managua una especie de estructura criminal que recibía dinero de las redes del narcotráfico a cambio de favores como sentencias judiciales favorables a traficantes encarcelados en Nicaragua, dinero que se sumaba a las "maletas llenas de dinero" enviadas por Chávez desde Venezuela, fondos que por ejemplo servían para financiar los CPC y las campañas electorales del FSLN.

Los papeles también describían con lujo de detalles la supuesta protección que el entonces coordinador de la Junta Ortega había brindado en Nicaragua al capo de la droga colombiano Pablo Escobar en la década de los ochenta. Como no podía ser menos, el sandinismo salió a desmentir todas estas imputaciones con indignación y sorna, asegurando que no eran más que "chismes" y "mentiras" dirigidas a hacer daño.

El 26 de febrero de 2011, días después de desvelar que había telefoneado al libio Gaddafi para transmitirle la "solidaridad del pueblo nicaragüense" en mitad de las revueltas internas contra la dictadura en el país árabe, Ortega fue proclamado por el IV Congreso Nacional del FSLN como el candidato presidencial del partido para las elecciones generales del 6 de noviembre. El líder sandinista inscribió su postulación ante el CSE que presidía Roberto Rivas Reyes el 18 de marzo, llevando de compañero de plancha al general del Ejército, ya pasado a retiro, Moisés Omar Halleslevens, aspirante por tanto a suceder en la Vicepresidencia a Jaime Morales. El oficialismo ignoró olímpicamente las impugnaciones a la candidatura orteguista presentadas por el PLC y el MPRS. El 19 de julio, los actos de masas con motivo del 32º aniversario de la Revolución de 1979 pusieron altavoz a una campaña electoral en la que Ortega, contrariando las encuestas, se mostró seguro de obtener una victoria contundente y arrolladora.

Ortega atinó. En un contexto económico más clemente, con el país creciendo a un ritmo del 3% anual gracias a la bonanza de las exportaciones azucareras y cafetaleras, y sin olvidar las generosas dádivas venezolanas, que daban al Gobierno margen para desarrollar una política asistencial hacia los más pobres (la campaña de entrega gratuita de láminas de zinc para proteger los hogares precarios de las lluvias torrenciales, encuadrada en el Plan Techo, estaba teniendo una acogida entusiasta por sus beneficiarios) e invertir más en infraestructuras básicas, el indiscutible hombre fuerte de Nicaragua se metió en el bolsillo un mandato adicional hasta 2017 con un volumen de votos inédito desde la transición de 1990 y que no anduvo lejos de la marca anotada en 1984, cuando las condiciones eran distintas.

Esta vez, Ortega venció con el 62,5% de los votos a dos adversarios que no tenían ninguna oportunidad frente a él, el primero por ser un periodista muy escuchado pero un político de limitado tirón y el segundo porque era detestado por la inmensa mayoría de sus paisanos. Se trataban de Fabio Gadea Mantilla, empresario radiofónico y abanderado de la alianza Partido Liberal Independiente-Unidad Nicaragüense por la Esperanza (PLI-UNE, que entre otros integrantes incluía a la disidencia sandinista y que contaba con el apoyo de Eduardo Montealegre), el cual sacó el 31%, y el tenaz Arnoldo Alemán por su PLC, quien no llegó al 6%. En los comicios a la Asamblea, el FSLN consiguió con creces su objetivo de conquistar la mayoría absoluta: el partido del poder se aseguró 63 escaños, confortable dominio legislativo que prefiguraba una etapa de auténtica hegemonía sandinista sobre todas las instituciones del Estado y que muy probablemente, coincidían en señalar opositores y analistas, sería empleado por Ortega para reformar la Constitución a su gusto y consagrar la reelección indefinida.

Que el "caudillo autoritario" Ortega arrollara de esta manera, mejorando sensiblemente los sondeos de intención de voto más optimistas para su candidatura, pese a todos los abusos y atropellos perpetrados desde 2007, resultó difícil de digerir en las filas opositoras. Con las instituciones cerradas a sus impugnaciones, solo les quedaba vocear su denuncia de fraude e irregularidades (estas últimas constatadas por los monitores de la Misión de UE, que hablaron de "proceso carente de neutralidad y transparencia") ante los micrófonos y en las calles.

La oposición podía poner el grito en el cielo por el descarado control sandinista de la CSJ y el CSE, por la instrumentación proselitista de la red clientelar tejida por el FSLN en los barrios populares con el discurso del socorro social y por la línea progubernamental de la mayoría de los medios de comunicación, en particular los radiotelevisivos, que dejaba en precario el pluralismo informativo. También, por el beneplácito a Ortega desde unos sectores empresariales que, más allá de la retórica revolucionaria cara a la cúpula sandinista, gozaban de unas condiciones muy favorables, ultraliberales, para negocios prósperos tales como las maquiladoras textiles, donde lo habitual era la explotación laboral con jornadas intensivas de trabajo, la insalubridad de las instalaciones fabriles, los sueldos míseros y la desprotección jurídica más clamorosa. Pero también era cierto que la oposición se mostraba incapaz de superar su fragmentación y de seducir a la población con un proyecto alternativo consistente.

Como había sucedido tras las elecciones municipales de 2008, la divulgación de los primeros resultados por el CSE dio lugar a protestas violentas y a enfrentamientos entre simpatizantes de uno y otro bando. Esta vez hubo que lamentar la muerte de cuatro personas.

El 10 de enero de 2012, al poco de demandar Nicaragua a Costa Rica ante el Tribunal de La Haya por un supuesto de violación de su soberanía con daños medioambientales en la zona de litigio fronterizo del , Ortega prestó juramento como presidente de la República para un nuevo quinquenio. Entre los asistentes a la ceremonia desarrollada en la Plaza de la Revolución de Managua estuvieron Chávez, Ahmadinejad y varios mandatarios centroamericanos. En su discurso inaugural, aderezado como solía ser habitual con referencias religiosas, Ortega cargó contra el "capitalismo salvaje", origen de la crisis económica y culpable de que en la humanidad hubiera "tanta pobreza". Ese era un modelo para el que "ya no hay espacio en este planeta" y que debía ser reemplazado por otro "lleno de amor, justicia y solidaridad".


14. El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua: un proyecto colosal rodeado de incertidumbre

En marzo de 2012, Eduardo Montealegre, en una aparente muestra de realismo resignado que tomaba lectura de la situación de debilidad aguda en que se hallaba la oposición nicaragüense después de las elecciones generales de 2011, le planteó a Ortega la discusión de un "acuerdo de estabilidad" para operar un "cambio fundamental" en el rumbo del país. Se trataba, explicaba el ya dos veces despojado por el CSE de la representación legal de una agrupación (de la ALN en 2008 y del PLI en 2011) , de alcanzar un consenso básico en torno a una serie de reformas políticas.

El llamado a "platicar" de Montealegre, quien insistió en que en modo alguno pretendía "legitimar" a un presidente que había cometido "fraude" en los últimos procesos electorales, no tardó en diluirse por las dudas que despertaba esta oferta de diálogo, vista por algunos como un intento de remedo del infame Pacto movido por intereses particulares, y porque Ortega, que no necesitaba capotes de nadie, lo acogió con displicencia.

Al comenzar su segundo mandato consecutivo, el presidente sandinista tenía dos grandes proyectos en mente: por un lado, preparar el fundamento jurídico del que sería su permanencia en el poder más allá de 2017; por otro lado, hacer realidad un sueño nacional desde la independencia de España en 1821, cual era la apertura de costa a costa de un canal interoceánico, presumiblemente aprovechando el Lago de Nicaragua, el reservorio de agua dulce más vasto de América Central, y segmentando el istmo de Rivas en el tramo oriental recostado en el Pacífico. El faraónico proyecto, consistente en una vía navegable de casi 300 km de longitud, una anchura máxima de 500 m y una profundidad máxima de 30 m, luego capaz de permitir el paso de buques de un calado mayor que los que transitaban por el Canal de Panamá, había sido abordado por la Administración Bolaños, pero había quedado aparcado por su coste exorbitante, estimado entonces en unos 25.000 millones de dólares, y por su severo impacto medioambiental.

Ahora, Ortega decidió retomar el proyecto, cuyo coste, calculaba, en realidad no estaría por debajo de los 40.000 millones de dólares, cantidad que multiplicaba por 25 el humilde presupuesto anual de la República. Pero la mareante cifra no arredraba al Gobierno del FSLN, que encargó un estudio de prefactibilidad técnica, económica y financiera a un consorcio holandés. En julio de 2012, estando pendientes de realizar unos estudios de viabilidad integral e impacto medioambiental y social, y sin haber consultado el Ejecutivo a expertos independientes y a los diversos actores de la sociedad nicaragüense que tenían algo que decir sobre este importantísimo tema, la Asamblea aprobó el proyecto de ley sobre el Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, declarado de "prioridad e interés supremo nacional", y de creación de la Autoridad que se encargaría de gestionarlo.

El 7 de junio de 2013 el Gobierno adjudicó la construcción de la megaobra a una empresa china, el HKND Group. La firma asiática, con sede en Hong Kong, obtenía el derecho exclusivo para planificar, diseñar, construir, y posteriormente, operar y administrar el Gran Canal de Nicaragua y otros proyectos conexos por un período de 50 años, con una posible ampliación de 50 años más. Seis días después, 61 diputados aprobaron la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.

Previamente, a principios de mayo, Ortega había invitado a Obama, en su encuentro en el marco de la cumbre del SICA en Costa Rica, a que inversores privados de Estados Unidos se sumaran al proyecto. Más improbable se veía la participación del capital ruso, si bien Managua estaba afanándose en recuperar los viejos lazos con Moscú, que tan cruciales para el FSLN habían sido en la década de los ochenta. En septiembre de 2008 Ortega ya había reconocido las autoproclamadas independencias de las repúblicas secesionistas georgianas de Abjazia y Osetia del Sur, un paso, tachado de extravagante por sus detractores internos, con el que emuló a Rusia y que se anticipó en un año a Venezuela, tercer país del mundo en darlo. En julio de 2014 el presidente ruso Vladímir Putin incluyó a última hora a Nicaragua en su gira por América Latina.

El anuncio de la construcción del Gran Canal, con sus promesas de beneficios inmediatos para la población y las empresas locales en las formas de miles de puestos de trabajo y subcontratas de servicios, de un salto sin precedentes en el crecimiento del PIB y de un maná de ingresos para el desarrollo nacional a más largo plazo, despertó innegablemente ilusión y contento en una mayoría de nicaragüenses. Además, la contrata del HKND Group, aseguraba el Gobierno, no comprometía las -lucrativas- relaciones diplomáticas con Taiwán, restablecidas en 1990 e incompatibles con la presencia de una embajada en Managua de la República Popular China (Nicaragua seguía siendo uno de los 21 estados soberanos que reconocían al Gobierno de Taipei y no al de Beijing). Desde la oposición política, en cambio, se acusó a Ortega de "entregar la soberanía nacional a los chinos", que obtenían un contrato cuyo contenido y alcance resultaban opacos, y de "vender falsas esperanzas de prosperidad".

Por su parte, los colectivos conservacionistas y ecologistas lanzaron el mensaje de alarma de que la sostenibilidad ambiental de Nicaragua, ya precaria por las constantes agresiones a los ecosistemas, recibiría un golpe letal por una actuación humana sobre el medio natural de una envergadura pocas veces vista en el mundo; si talar incontables árboles, excavar millones de toneladas de tierra y roca, y dragar masivamente lechos fluviales y lacustres ya supondría un impacto muy considerable en el entorno natural de cualquier país, tanto más en la pequeña Nicaragua, argüían. Otros, simplemente eran escépticos y veían este proyecto gigantesco como una quimera irrealizable.

El 8 de julio de 2014 el presidente el HKND Group, Wang Jing, con quien Ortega ya se había dejado ver anteriormente, anunció a bombo y platillo la ruta definitiva del Gran Canal, escogida entre seis posibles. Se trataba de una vía de 278 km de longitud y 520 m de anchura en el tramo transversal más espacioso, abastecida con las aguas de un lago artificial de 400 km² y regulada por dos grandes juegos de esclusas. De acuerdo con los planes, que sonaban de lo más optimistas más que nada porque aún no estaban sobre la mesa los preceptivos estudios geológicos, de viabilidad y de incidencia ambiental, el canal empezaría a excavarse en diciembre de 2014 en el litoral del Pacífico a la altura del poblado pesquero de Brito, en el istmo de Rivas, luego alcanzaría el Lago de Nicaragua, cuyas aguas supondrían 105 km de la ruta, volvería a tomar tierra al sur de San Miguelito, en el departamento de Río San Juan, y desembocaría en el Caribe a la altura de Punta Águila, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, siguiendo el curso del río Punta Gorda. Si todo iba bien, el Canal estaría terminado en 2019.

El megaproyecto se organizaba en seis subproyectos, que implicaban la contratación de una serie de empresas y consultoras específicas. El primer subproyecto acometería la construcción de la vía húmeda en sí; el segundo se encargaría de construir sendos puertos de aguas profundas en Brito y Punta Gorda; el tercero pondría en marcha una zona de libre comercio con instalaciones mercantiles, oficinas financieras, plataformas logísticas y viviendas para 140.000 personas; el cuarto levantaría un complejo turístico; el quinto dotaría al Canal de un aeropuerto internacional; y el sexto tendería las carreteras y viaductos para comunicar todos los elementos de la magna obra.

Por cierto que el asunto del Gran Canal estaba multiplicando la exposición mediática del segundo de los hijos del matrimonio Ortega-Murillo, Laureano Facundo, un joven treintañero de presencia sofisticada que hacía sus pinitos en el mundo de la ópera como tenor y que como delegado presidencial, consejero y representante de la agencia pública de promoción de inversiones PRONicaragua venía coordinando las conversaciones entre el Estado nicaragüense y el HKND Group, así como todo lo relacionado con la colosal obra.

La presencia conspicua de Laureano Facundo, al que la oposición empezó a mirar con ojos desconfiados como una especie de "heredero al trono" de la "dinastía familiar" de los Ortega -a mayor abundamiento, guardaba un llamativo parecido físico con su padre, aunque no lucía bigote-, no resultaba demasiado chocante desde el momento en que, salvo la excluida Zoilamérica Narváez, todos sus hermanos, cuatro, y hermanastros, dos, ostentaban también puestos de relieve como administradores de entes públicos, asesores presidenciales y directores de canales privados de radio y televisión que, naturalmente, presentaban una línea progubernamental. Estos eran Rafael Antonio, Luciana Catalina, Camila Antonia, Maurice Facundo, Daniel Edmundo y Juan Carlos Ortega Murillo. La primera dama reconocía que sus siete vástagos cumplían "funciones operativas" en el Gobierno.

El Gobierno hizo suya la información facilitada por la adjudicataria china de que los trabajos del Canal iban a crear 200.000 empleos, además de aceptar sin rechistar el horizonte constructivo de tan solo cinco años, y vaticinó que hasta 400.000 personas tendrían la oportunidad de salir de la pobreza. Las autoridades no se cansaban de explicar que el Gran Canal nicaragüense no debía ser visto como rival del Canal de Panamá, que precisamente en estos momentos estaba siendo ampliado con la construcción del Tercer Juego de Esclusas, sino como una vía "complementaria", para satisfacer la demanda creciente del tráfico naviero mundial. El magnate Wang Jing valoraba ahora los gastos totales de "la construcción más grande de la humanidad, el canal madre de todo el pueblo" en unos 50.000 millones de dólares, pero no se molestó en precisar de dónde saldría semejante cantidad de dinero.

El 22 de diciembre de 2014 dos ceremonias oficiales, en Brito y en Managua, pusieron en marcha las obras canaleras con Ortega y Wang luciendo pose triunfal. Las excavadoras del HKND Group empezaron a remover tierra en Brito, pero este era tan solo el comienzo del despeje del terreno para la llegada de la maquinaria pesada. La obra principal fue demorándose y pronto quedó claro que el plazo ejecutor de los cinco años no iba ni de lejos a cumplirse. Los meses transcurrían y seguía sin conocerse qué inversores internacionales estaban dispuestos a apoyar el proyecto.

En noviembre de 2015 la empresa china anunció, por segunda vez y sin dar apenas explicaciones, el retraso del inicio de la obra, ahora hasta finales de 2016. Para entonces, contra el Gran Canal Interoceánico ya estaban movilizados y en pie de guerra la comunidad científica de Nicaragua, organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos, y miles de campesinos habitantes de las zonas afectadas, los cuales realizaron decenas de marchas en todo el país para protestar por los desplazamientos forzosos que les aguardaban, y por unas expropiaciones de tierras cuya tasación se haría con arreglo a los valores catastrales en vez de a los valores de mercado.


15. El apuntalamiento del orteguismo: reforma de la Carta Magna, golpe al PLI y búsqueda del tercer mandato presidencial sucesivo en 2016

La parálisis de las obras del Gran Canal en 2015 llegó cuando Ortega ya tenía despejado el horizonte legal para inscribir su séptima candidatura presidencial, que de salir victoriosa en las urnas extendería su ejercicio en el poder hasta 2022. El proceso, bastante ágil, para la autorización constitucional de la reelección continua e indefinida echó a andar el 1 de noviembre de 2013 con la presentación por el Gobierno del FSLN a la Asamblea Nacional, donde la minoritaria Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) de Eduardo Montealegre no estaba en situación de obstruir nada, de un paquete de reforma parcial a la Carta Magna.

Uno de los cambios facultaba al jefe del Estado para dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa, aunque la enmienda reina era la que afectaba al tan traído y llevado artículo 147, ya declarado inaplicable para el caso de Ortega por la CSJ en su controvertida sentencia de 2009. Del nuevo artículo 147, simplemente, se descolgaba la imposibilidad de ejercer la Presidencia del país por quienes ya lo hubieran hecho en dos ocasiones discontinuas o por el titular en ejercicio, quien hasta ahora por tanto había tenido vetada la reelección inmediata. La reelección sin límites y teóricamente a perpetuidad quedaba amparada por defecto, pues el nuevo 147 no decía nada sobre el número de mandatos de un mismo presidente. Además, dejaba de exigirse el 35%, el 40% o cualquier otro porcentaje de votos para ser electo a la primera; el mecanismo de la doble vuelta quedaba abolido. El texto de la nueva Ley Fundamental, denigrado como el Paquetazo por una impotente oposición, fue aprobado en primera lectura por la Asamblea con 64 votos a favor, todos los del sandinismo, 26 votos en contra y un quórum de 83 diputados presentes el 10 de diciembre de 2013.

El meollo de la reforma salía adelante, si bien el Gobierno aceptó descolgar de la misma la dotación de rango constitucional a los controvertidos Gabinetes de la Familia, Salud y Vida, unos vehículos de "democracia directa" paralelos a los mecanismos formales de la democracia representativa y colocados bajo el férreo control de la omnipresente Rosario Murillo, así como la imposición de ciertos controles públicos a Internet y las telecomunicaciones. En relación con estas últimas medidas, no obstante, el Gobierno iba a volver a la carga en 2015 presentando una norma ad hoc, la llamada Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, que encontró un rechazo bastante generalizado. Además, en la versión remozada de la reforma parcial se suavizaba el no menos polémico punto de la habilitación de los militares para ocupar cargos en las instituciones del Estado y la administración pública. La Ley Nº. 854 de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua fue aprobada por la Asamblea de manera definitiva el 29 de enero de 2014 y publicada por el Diario Oficial La Gaceta el 10 de febrero siguiente.

A partir de aquí, Ortega y su entorno, en teoría, ya solo tenían que esperar cómodamente hasta las votaciones generales de 2016. Sin embargo, no se estuvieron quietos, pues deseaban dejar bien atado el presumible veredicto de las urnas, la victoria arrasadora que auguraban los sondeos, dándole nuevos giros de tuerca a la formidable maquinaria político-jurídica levantada desde 2007. En diciembre de 2015 la Asamblea sacó adelante la Ley de Seguridad Soberana, que establecía como "amenazas a la seguridad soberana cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones". Esta definición fue interpretada por políticos, juristas, periodistas y activistas de la sociedad civil como una amenaza potencial para el régimen de libertades y garantías individuales desde el momento en que el Gobierno podía invocar tal norma para, a través de las fuerzas armadas y de seguridad a él subordinadas, actuar discrecionalmente contra cualquier forma de disidencia de tipo político que considerase peligrosa para sus intereses.

Aquel mismo mes, el Tribunal Internacional de Justicia falló a favor de Costa Rica en la disputa fronteriza por la soberanía del extremo norte de la isla Calero o Harbour Head, conocido como Isla Portillos, en la desembocadura pantanosa del río San Juan en la costa caribeña. Managua comunicó que acataba la sentencia, inclusive la obligación de indemnizar a la nación vecina por los daños que habían ocasionado unas labores de dragado del lecho fluvial y el despliegue de unidades militares en la zona.

A continuación, en febrero de 2016, el Gobierno de Ortega, a través de una carta dirigida a diferentes embajadas establecidas en Managua, acusó al PNUD de venir realizando una labor de "injerencia política" que incluía el "financiamiento a agrupaciones políticas" y la "tergiversación de información sobre los datos de desarrollo del país". Se trataba del último episodio de un rosario de enfrentamientos con agencias internacionales, y seguía a la expulsión de la representante de UNICEF, María Jesús Conde, en 2010 y a la marcha de la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas, Silvia Rucks, en octubre de 2015. El cese de Rucks se produjo de resultas del anuncio por el Gobierno de que suspendía siete proyectos del PNUD y asumía el control directo, "sin intermediarios", de la gestión e implementación de los programas financiados con la cooperación externa.

De esta serie de incidentes se libró el FMI, que, precisamente, estaba agradando a Ortega con sus últimos informes sobre una reducción más que notable de la pobreza en Nicaragua, en un contexto de crecimiento económico de en torno al 2,5% anual, moderación inflacionista, sostenibilidad fiscal y claros signos de consolidación financiera, con unos niveles de déficit y deuda públicos manejables. Así, si en 2009 el 42,5% de los hogares se encontraban en situación de pobreza, ahora ese estado de penuria afectaba a menos del 30%.

La vigencia del Estado de derecho en Nicaragua quedó seriamente en entredicho en los meses previos a las elecciones generales del 6 de noviembre de 2016 a fuer de una secuencia de golpes de mano del oficialismo. Primero, el 8 de junio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema arrebató a Eduardo Montealegre, adalid de la Coalición Nacional por la Democracia (CND), la representación legal del PLI y se la otorgó a su rival interno Pedro Reyes Vallejos, un político de segunda fila con un ascendiente escaso sobre la bancada opositora en la Asamblea. Esta evicción dejaba en el aire la recién proclamada fórmula presidencial del PLI/CND, que componían el diputado Luis Callejas Callejas como aspirante a presidente y la activista pro derechos civiles Violeta Granera Padilla para vicepresidenta.

El 16 de junio, ya proclamada la candidatura presidencial de Ortega por el VI Congreso Nacional del FSLN, cónclave partidario en el que el incombustible líder sandinista, a sus 70 años, la emprendió con los "embajadores intervencionistas" y sentenció que "aquí se acabó la observación", Montealegre y Callejas anunciaron que, en estas circunstancias de "golpe de Estado" y "farsa", la CND desistía de participar en las elecciones. Montealegre añadió que el PLI de Reyes no representaba "la verdadera oposición", sino que más bien debía vérsele como un "grupúsculo colaboracionista" con el Gobierno. Desde ahora, los partidos de la CND trascendían la lucha electoral y se ponían a librar una "lucha cívica por la transformación nacional". El mutis de Callejas dejaba a Ortega en una situación inmejorable para ganar las elecciones con un porcentaje de votos elevadísimo. En frente solo iba a tener un ramillete de contrincantes meramente testimoniales: José del Carmen Alvarado Ruiz por el PLI de Reyes, Maximino Rodríguez Martínez por el PLC de Alemán y Saturnino Mirando Cerrato Hogdson por la ALN.

La siguiente sacudida llegó el 29 de julio, cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, acordó retirar las credenciales a 28 diputados de la oposición, entre titulares del escaño (16) y suplentes (12), dando cumplimiento a una resolución del CSE, que a su vez se había pronunciado a demanda de Pedro Reyes. 24 de los removidos eran miembros del sector del PLI leal a Montealegre, quien encabezaba el grupo, del que también formaba parte Callejas, y los cuatro restantes del MRS. El 2 de agosto la oposición aún no se había repuesto de este choque cuando saltó la noticia de que la primera dama Rosario Murillo, a la que por su poder e influencia ya había que considerar la número dos de facto del régimen orteguista, se registraba ante el CSE como colega de plancha de su marido y candidata a la Vicepresidencia. Ortega habló de "dar cumplimiento a nuestra política de Estado de inscribir al 50% de candidatos varones y al 50% mujeres" al comentar esta promoción política de la "compañera Rosario", que suponía situarla a la cabeza de la línea constitucional de sucesión.

(Cobertura informativa hasta septiembre 2016)

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La Voz del Sandinismo (portal del Frente Sandinista de Liberación Nacional)