Revista CIDOB d'Afers Internacionals nº 130

No todo lo que brilla es oro ni trae desarrollo

Fecha de publicación:
04/2022
Autor:
Fabián Alejandro Acuña Villarraga, investigador predoctoral en Ciencias Sociales, FLACSO-México; investigador, Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (IIJ-UNAM/OEA)
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Reseña de libro:

Merlinsky, Gabriela. Toda ecología es política: las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundosSiglo Veintiuno Editores, 2021; 200 págs.

Ante la indiferencia y el autismo estatal y/o del capital inversionista, diferentes comunidades en América Latina han apelado a una serie de mecanismos para hacer escuchar su voz de inconformidad ante la implantación de proyectos extractivos en sus territorios. Movilizaciones, protestas, mecanismos de democracia directa o acudir a tribunales nacionales e internacionales son algunos de los repertorios que las comunidades y movimientos de justicia ambiental han usado, en defensa de sus territorios, ante la amenaza de proyectos minero-energéticos, de infraestructura, o agroindustriales.

Las dinámicas de movilización y resistencia en las últimas décadas han obligado a las instituciones de diversas escalas de actuación a desarrollar mecanismos que antes no existían para el control y sostenibilidad ambiental, la protección de derechos humanos y la implementación de procesos de participación a fin de habilitar proyectos y licencias en los territorios. A pesar de lo anterior, gobiernos y empresas aún emprenden iniciativas extractivas según sus priorizaciones, sin tener en cuenta las afectaciones ambientales ni la opinión de las poblaciones de las localidades de instalación de los proyectos, lo que obliga a una respuesta de las comunidades, que mantienen una posición activa y exigen consulta, participación e información certera de los proyectos que se pretende implementar en sus territorios. Ello ha generado una serie de conflictos entre diferentes actores como comunidades, organizaciones civiles, gobiernos, tribunales, empresas-inversionistas, etc., a diferentes escalas –local, nacional, internacional–.

La complejidad de los conflictos socioambientales, la manera como se (re)configuran los actores y sus intereses en el tiempo, así como las metodologías para su estudio, son temas que analiza a profundidad la obra Toda ecología es política: las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos de la investigadora Gabriela Merlinsky. Este libro, compuesto por cinco capítulos, hace un repaso detallado de este tema por conceptos tradicionales de ecología política como justicia ambiental, zonas de sacrificio o lenguajes de valoración, entre muchos otros, que han marcado la construcción de la investigación sobre la materia en América Latina. Además de explicar con un lenguaje accesible las discusiones teóricas, la autora ejemplifica los conceptos presentando diversos casos de conflictos ambientales en la región donde encuentran sentido y significado.

En correspondencia con el carácter divulgativo de la obra, la propuesta analítica de Merlinsky marca un posicionamiento «desde abajo», del lado de las comunidades afectadas, en resistencia a la implementación de proyectos extractivos en sus territorios, teniendo presente que estas deben tener parte importante en cualquier decisión que afecte sus formas de vida y de relacionamiento tradicional con su entorno, medio ambiente, recursos y territorio. Ello es fundamental, considerando la trayectoria histórica que por mucho tiempo ha imperado, en la que los lenguajes de valoración «desde arriba» han legitimado los emprendimientos extractivos, con discursos oficiales sustentados en la retórica del «desarrollo y los recursos naturales», e impuestos por organismos internacionales y gobiernos nacionales inclinados a un modelo de desarrollo extractivista. Dichos proyectos se caracterizan por desacreditar o menospreciar el conocimiento tradicional y la experiencia e interacción de los locales con su entorno, permitiendo el acaparamiento de grandes extensiones de tierra, contaminación de recursos hídricos, desplazamiento, afectación de salud de poblaciones enteras, entre otras consecuencias, con total impunidad y sin tener en cuenta a las comunidades.

En ese sentido, la propuesta que presenta Gabriela Merlinsky considera el conflicto como un «analizador social» a través del cual es posible explicar y comprender cómo se transforman las relaciones sociales, con sus prácticas, significados, instituciones y conocimientos a partir de la observación de las dinámicas del conflicto ambiental a través del tiempo. A través del estudio de las dinámicas del conflicto en casos de una gran variedad como los del Río Matanza-Riachuelos en Argentina, Cajamarca en Perú, Tepoztlán en México y Cochabamba en Bolivia, entre otros, se interesa por mostrar de qué manera el desarrollo de los conflictos ha logrado cambios en diferentes ámbitos: jurídicos, territoriales, políticos e institucionales, transformando el «espacio político», enriquecido con nuevos significados y valoraciones ambientales, donde los actores logran componer un «mundo en común a partir de articular diferentes entidades y relaciones».

Como lo indica la autora, el libro busca sensibilizar a un público amplio y no especializado acerca del valor de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y donde la vida no es negociable. A diferencia de los estudios que destacan la victimización de las comunidades, la autora resalta la manera en que las comunidades han logrado hacer escuchar su voz y, en ocasiones, ganar un lugar de decisión en medio de condiciones adversas y asimetrías de poder.

Los capítulos finales están centrados en analizar las dinámicas que relacionan la justicia ambiental con la desigualdad social, donde se demuestra cómo el peso de las afectaciones de los daños ambientales lo reciben mayoritariamente mujeres, grupos sociales de baja renta, comunidades campesinas y grupos indígenas. Así, Merlinsky discute la importancia de las categorías de justicia situadas, localizadas en estos casos «desde abajo» que permiten detectar escenarios de desigualdades que no pueden ser tolerados, en contraposición a las teorías de justicia abstractas, universales y trascendentes, y proponiendo una «reflexividad ecopolítica» que marque el rumbo de los cambios por venir.

Por las razones expuestas anteriormente, considero pertinente la invitación a la reflexión que propone el texto, a la revisión de conflictos socioambientales en diferentes contextos de América Latina a partir de los argumentos y lentes metodológicos que propone la autora en su libro, teniendo como prioridad la voz de las comunidades que conocen, habitan y se relacionan con su territorio.

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.221