Revista CIDOB d'Afers internacionals nº 130

Gobernanza ambiental y globalización: retos de la era poscolonial

Fecha de publicación:
04/2022
Autor:
María Ochoa Sierra, profesora, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia; becaria Conacyt, investigadora predoctoral en Ciencias Sociales, El Colegio de Michoacán
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Reseña de libro:

Partzsch, Lena. Alternatives to multilateralism: new forms of social and environmental governance. The Meet Press, 2020.240 págs.

El libro de Lena Partzsch plantea el problema de la gobernanza social y ambiental en el mundo globalizado actual. La autora realiza un estudio comparado de tres casos: en el primero analiza los efectos de la regulación privada (certificación voluntaria) con relación a la certificación del algodón en Etiopía (capítulo 3); el segundo retoma el caso de la República Democrática del Congo (RDC) en el que considera el impacto de las leyes públicas (obligatorias) relacionadas con la cadena de suministro en la minería y la industria maderera (capítulo 4), y el último hace referencia a la regulación alrededor del diésel a base de aceite de palma en Indonesia y Malasia, un enfoque híbrido de regulación transnacional (pública-privada) que combina requisitos obligatorios de entidades multilaterales con certificación voluntaria estatal (capítulo 5).

El objetivo de la obra es comprender el potencial de las nuevas formas de regulación y se propone responder tres preguntas centrales: ¿Las nuevas formas de regulación aumentan el poder privado sobre los estados, y este cambio de poder apoya o socava las consideraciones ambientales y sociales? ¿Las nuevas formas de regulación ambiental y social permiten a los actores del Sur global ejercer el poder para desarrollarse de manera sostenible? ¿Las nuevas formas de regulación permiten que los procesos de poder con otros persigan normas colectivas y valores éticos?

Partzsch plantea que, si bien los actores públicos tienen injerencia en su territorio, la cadena de suministros es cada vez más dispersa y en la actividad comercial entran en juego un número mayor de actores, lo que conlleva al aumento de la acción reguladora privada y la certificación voluntaria. Así, la autora se pregunta por la relación entre gobernanza y globalización, el papel del Estado, las implicaciones ambientales y sociales en cada esquema, así como por las asimetrías Norte-Sur que los esquemas producen, sostienen o modifican. Para su análisis, retoma la categoría de poder de Parsons (1963), como esa capacidad de los agentes para hacer cosas, y la subdivide en poder sobre, con y para. El poder sobre hace alusión a la coerción y manipulación de los actores dominantes, sobre otros; el poder para es definido por la autora como empoderamiento y resistencia, y el poder con es entendido como cooperación y aprendizaje de valores compartidos. Este último sería la meta para una gobernanza transnacional.

Su análisis se basa en fuentes de investigación documental y otras propias del trabajo de campo, como la entrevista y la observación participante para exponer particularidades, beneficios y obstáculos de cada enfoque de gobernanza. Algunas de las conclusiones son las siguientes:

Las iniciativas privadas son voluntarias y no dependen de aquellas gubernamentales, por su carácter transnacional, pero afectan nichos reducidos del mercado global. En su mayoría fueron creadas en países del Norte global, lo que puede generar desventajas a productores del Sur global por los costos de certificación y dificultades de acceso a mercados subsidiados del Norte.

Las iniciativas de carácter público han generado leyes para identificar la trazabilidad de determinado bien (por ejemplo, aquellos minerales que se presume alimentan el conflicto armado en la RDC). Estas medidas se aplican de manera general y obligatoria a todos los importadores. Esta forma de regulación presenta un problema y es que se centra exclusivamente en la transparencia y la legalidad; en esa medida, el bien importado puede ser legal, pero no necesariamente producido de manera sostenible. Además, los países importadores no pueden monitorear de manera adecuada sus requerimientos fuera de sus jurisdicciones.

En los esquemas de regulación híbrida, los estados alientan la regulación privada, y el control y el monitoreo recaen en las ONG, quienes canalizan los intereses de algunos actores marginalizados en el proceso productivo y repolitizan sus demandas, pero ello supera su capacidad de acción. Si bien la labor de las ONG, de la mano de la certificación privada y la debida diligencia, socava la acción estatal, esta se fortalece en operaciones como la verificación de legalidad en donde entran en juego leyes nacionales.

Los estados y esquemas de gobernanza multilaterales son limitados frente a las exigencias de justicia ambiental y social. Partzsch resalta que, aun así, no son actores del todo egoístas en la toma de decisiones y que el Estado sigue siendo relevante pese a su retirada luego de la intervención de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, sus acciones no responden de manera acertada a la urgencia de una reforma del sistema de comercio mundial y deben articularse con otras soluciones de carácter privado.

En este momento, la regulación se encuentra fragmentada en iniciativas privadas, obligatorias e híbridas, lo que favorece la evasión selectiva; sin defender la centralización, la autora destaca de los esquemas híbridos el aprendizaje en cuanto a la implementación de normas universales frente a la mitigación climática y la conservación de la biodiversidad, pero también aspectos que han sido menos reforzados como la justicia social (condiciones de trabajo adecuadas, salarios dignos, abolición de trabajo infantil).

Las nuevas formas de regulación, aunque todavía insuficientes, abren alternativas al multilateralismo que hasta ahora permitía a los países consumidores en el Norte global eludir la oposición de los países exportadores del Sur global. Partzsch argumenta que, si la regulación de la cadena de suministro no tiene en cuenta las asimetrías Norte-Sur, se corre el riesgo de exacerbar –con las regulaciones– los efectos negativos en el Sur global, donde los países se consideran inseguros, con estados débiles, y la falta de participación de los pequeños propietarios los pone en desventaja.

Partzsch supone que algunas medidas podrían ser aplicadas a escala global, como la regulación de la legalidad de la madera comerciada y la ampliación de requisitos, aunque de manera paulatina, sin detrimento de los pequeños productores, lo que es particularmente importante en los enfoques de regulación pública. Los enfoques híbridos brindan alternativas de reciprocidad entre un sector y otro: las empresas se ven empujadas por los nuevos estándares éticos y las sanciones multilaterales, los estados avocados a adoptar medidas regulatorias para integrarse al comercio mundial, y las ONG adquieren mayor participación en la construcción de legislación al respecto, así como en su promoción y gestión en terreno. Por supuesto, lo ideal sería que los productores puedan representarse por sí mismos, especialmente aquellos que quedan por fuera de la construcción de estos estándares o quienes, una vez se retiran las ONG, no continúan el proceso.

La pandemia ha mostrado la vigencia de este libro, que deja clara la dependencia en la cadena de suministros, y los efectos de las medidas de unos pocos estados (y mercados) sobre otros. Obliga a la pregunta por un modelo económico de expansión sin límites y a la necesidad de estudiar formas de gobernanzas alternativas que efectivamente están sucediendo. 

DOI: doi.org/10.24241/rcai.2022.130.1.223