La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)

Fecha de publicación:
12/2020
Autor:
Nicolás Lynch, profesor principal de Sociología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú)
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 Fecha de recepción: 16.04.20

Fecha de aceptación: 14.09.20

Nicolás Lynch, Profesor principal de Sociología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). nlynchg@unmsm.edu.pe. ORCID: https://orcid.org/0000-0017205-7602

Cómo citar este artículo: Lynch, Nicolás. «La derecha peruana: de la hegemonía a la crisis (1990-2020)». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 117-138. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.117

Resumen: Este artículo plantea el origen y el desarrollo de la derecha peruana como una derecha neoliberal, en el período 1990-2020. En un primer momento, con el fujimorismo, se trató de una derecha autoritaria y, en un segundo momento, de una derecha que mantiene la continuidad del modelo, pero que transita a la democracia. Sin embargo, es una transición inacabada, ya que la continuidad neoliberal promueve una democracia limitada que, aunque representada por políticos, es administrada por tecnócratas. Los escándalos de corrupción de los últimos años revelan el agotamiento de este modelo. En la actualidad, por falta de una alternativa, la salida se juega entre dos facciones del neoliberalismo –los restos del fujimorismo y la procreada en democracia– que no son capaces todavía de definir la situación, lo cual podría suponer la entrada en juego de un tercer actor aún incierto.

Palabras clave: Perú, derecha, neoliberalismo, tecnócratas, crisis 

Hablar de la derecha nos lleva a tratar con el espinoso tema de la definición. Más allá de ofrecer un recorrido heurístico, aquí seleccionamos la muy conocida definición de Norberto Bobbio (1996), que concreta la derecha en contraposición a su tradicional opuesto, esto es, la izquierda. Este autor afirma que lo distintivo de la tradicional oposición es que mientras la derecha considera la desigualdad como una cuestión natural, la izquierda la ve como una construcción social, por lo que la primera no promueve su superación y la segunda, en cambio, señala la superación de la desigualdad como un objetivo fundamental de su acción.

Esta cuestión adquiere la mayor relevancia en el caso peruano –una realidad histórica y agudamente desigual–, porque el orden político posterior a la independencia de España (1821) ha naturalizado la desigualdad al convertir en moneda corriente que un pequeño grupo viva a costa de los demás (Alarco et al., 20191; Latinobarómetro, 2018). Quizás quien mejor recoja esta situación sea el historiador Mark Thurner (2006) cuando señala que lo que hoy es el Perú pasó de las dos repúblicas en la época colonial –la de los indios y la de los españoles– a una república dividida en dos con, cabe agregar, el grupo de raíz colonial dominando a los demás. En este caso, y a diferencia de otros textos sobre el mismo tema (Vergara, 2012; Meléndez, 2019), asumimos una posición normativa que trata de entender la derecha, en el contexto más amplio de la formación social peruana y de su manifestación última y actual, como una derecha neoliberal. Para ello, se caracteriza el período actual de dominio neoliberal en dictadura y democracia, y se analizan las importantes coyunturas de origen en la década de 1990, de transición frustrada en los 2000 y de crisis irresuelta en la actualidad. Ello con intención de observar las posibilidades de desenlace que se pueden dar en el corto y mediano plazo.

Si algo distingue a la derecha peruana del resto de América Latina es que ha gobernado el país sin interrupciones desde 1990. Esto significa que ha establecido una hegemonía política e ideológica en los últimos 30 años que le da la capacidad para tener vigencia hasta el día de hoy. No lo ha hecho como antaño, con una invocación general a su carácter de élite que, por diversas razones –de propiedad y/o intelecto–, tendría el derecho a mandar, sino con un programa muy claro de reorganización de la sociedad y el Estado, en contraste con la realidad anterior de crisis que busca dejar atrás. Nos referimos a la aplicación de lo que se ha venido en llamar el modelo neoliberal del Consenso de Washington o el establecimiento de la lógica del mercado para el funcionamiento del país. Esta hegemonía es la que le ha permitido mantenerse en el poder a través de sucesivas crisis en estas tres décadas y, en especial, luego del desgobierno de los últimos tres años. En este último período, ha renunciado un presidente, el resto está siendo investigado o en prisión por corrupción, e incluso uno de ellos se suicidó cuando los fiscales llamaron a su puerta para detenerlo. Además, el Parlamento elegido en 2016 para un período de cinco años fue disuelto en octubre del 2019 por reiterada actitud obstruccionista hacia el Poder Ejecutivo. A consecuencia de ello, se celebraron elecciones parlamentarias extraordinarias para elegir un Parlamento que cubriera el período que le faltaba al anterior, es decir, hasta julio de 2021. Aunque ganaron listas sin ninguna relación aparente con los partidos que generaron las anteriores crisis, tampoco se ha producido alternativa alguna hacia adelante. Esta situación parece que ha abierto una crisis de régimen sin solución a la vista.

En este contexto, ¿qué es permanente y qué es nuevo en la derecha peruana? Aquí se argumenta que lo permanente es su carácter oligárquico, colonial, racista y patrimonial, mientras que lo nuevo sería haber asumido un modelo capitalista, ligado a la globalización neoliberal, que ha proyectado las ventajas del patrimonialismo hasta límites desconocidos en la historia peruana, dándole una capacidad hegemónica poco común en las derechas de la región.

Origen de la nueva derecha en el Perú

Como apunta Carlos Alberto Adrianzén (2014), la derecha neoliberal en el Perú tiene su primera expresión ideológica en la prédica de dos intelectuales: Felipe Ortiz de Zevallos, cabeza del grupo empresarial Apoyo, y Hernando de Soto, autor del libro El Otro Sendero (1986). Sin embargo, quien la lleva a la acción política es el escritor Mario Vargas Llosa y su movimiento Libertad en la campaña electoral desarrollada entre 1985 y 1990. Si bien su plasmación como una política pública justo se lleva a cabo con el ajuste económico del Gobierno del recién electo Alberto Fujimori, a principios de agosto de 1990, quien aplicó al llegar al Gobierno exactamente lo contrario de lo que dijo en campaña. Esto se produce en un contexto mundial que tiene como mayores referentes a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan, y como precedentes adelantados en América Latina, las dictaduras militares de Augusto Pinochet en Chile y Jorge Videla en Argentina; más adelante, cuenta con seguidores civiles como los gobiernos de la concertación en Chile y el de Carlos Menem en Argentina, además de la vuelta de tuerca del régimen priísta con Carlos Salinas en México.

En el Perú, esta derecha, en su versión fujimorista, afirmó su poder casi dos años después con el autogolpe del 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori y su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, dieron un viraje autoritario y establecieron una dictadura que duró hasta la huida del presidente fuera del país y su posterior destitución en noviembre del año 2000. El ajuste económico y el golpe posterior tuvieron su corolario en una nueva Constitución, elaborada por un Congreso elegido en dictadura y ratificada por un referéndum fraudulento en octubre de 1993 (Chávez Molina, 2000). Promulgada bajo estas condiciones, esta Constitución –con su restricción de derechos, concentración del poder y capítulo económico– supuso la base para las reformas neoliberales. Este inicio autoritario es clave porque va a dar la pauta –ajuste, golpe y nueva Constitución–, primero en dictadura y luego en democracia, de los 30 años que ha vivido el país bajo el modelo neoliberal.

Ahora bien, este origen fue a la vez una ruptura con el período anterior (1962-1990), que de manera genérica podemos llamar reformista en la política peruana, e implicó una reconversión de la derecha histórica anterior a 1968. Si tomamos como referencia la relación sociedad-Estado y siguiendo las reflexiones Francisco Durand (2019), observamos que el período reformista fue un gran intento transformador para separar a las clases propietarias del aparato estatal a fin de instaurar un Estado al servicio del conjunto de la ciudadanía, lo que en pleno siglo xx se consideraba un Estado moderno (Weber, 1982). Sin embargo, de 1990 en adelante, se procedió a la captura o, mejor dicho, a la recaptura del Estado por las clases propietarias, con el gran pretexto del fracaso de los esfuerzos del período reformista por conseguir mantener las reformas implementadas en el intento de separación antedicho. En el otro extremo, este fracaso fue patente en la violencia política y su secuela terrorista, así como en la hiperinflación del período, ambos fenómenos acaecidos principalmente en la segunda mitad de la década de 1980. Así, este fracaso del reformismo es lo que le dará una legitimidad de origen a la recaptura llevada a cabo por la derecha neoliberal.

De hecho, el período reformista no fue sino el epílogo de un largo proceso de dominación oligárquica que se había ido erosionando desde 1930 y que terminó con el golpe militar del 3 de octubre de 1968 que dio inicio al Gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado (Pease, 1978; Franco, 1983). La alianza de clases que supone la dominación oligárquica es, según Sinesio López (1991), la articulación terrateniente de la oligarquía costeña dedicada a la agroexportación y el gamonalismo andino, basada en la servidumbre y coaligada como alianza social y política al capital extranjero que estaba presente a través de enclaves mineros y agrícolas. De esta forma, la derecha histórica se establece –tal como la oligarquía terrateniente en el siglo xix– como heredera de la dominación colonial española, es decir, de la explotación social y opresión racial de una pequeña minoría de ancestro europeo sobre la inmensa mayoría de la población peruana, principalmente campesina e indígena. Ello es fundamental para entender a la derecha de este país. Aníbal Quijano (2000) nos dirá en su texto sobre la colonialidad del poder que la dependencia peruana, colonial primero y neocolonial después, tiene dos aspectos: la dependencia externa del país respecto de un centro de poder mundial, por una parte, y el colonialismo interno (González Casanova, 2003 [1963]), por la otra, que organiza las jerarquías sociales a través de una clasificación racial. El colonialismo interno, como característica constitutiva, se expresa entonces en la diferenciación racial y finalmente en el racismo como norma de interacción social.

Oligarquía, colonialismo y racismo llevan a una cuarta característica constitutiva de la derecha peruana: el patrimonialismo, o la no distinción entre el bolsillo privado y el tesoro público. Julio Cotler (1978) señalaba que el patrimonialismo viene directamente del régimen colonial, cuando el rey de España consideraba al Virreinato del Perú su patrimonio personal, concediendo a sus súbditos la gracia de administrarlo. Esa característica se transmitiría al grupo criollo heredero de la administración colonial en la república peruana temprana. Alfonso Quiroz (2013), en su Historia de la corrupción en el Perú, señala la importancia del asalto a los fondos públicos en la conformación de las grandes fortunas desde un momento tan temprano como la década de 1840, cuando se produce la estafa de los bonos de la deuda interna o el reclamo falso de haberle prestado dinero y/o bienes al Ejército patriota en la guerra de la independencia. Es importante señalar este aspecto, el origen estructural de la corrupción en el patrimonialismo, como característica fundadora de la república criolla. De allí su repetición endémica en la conducta del grupo dominante hasta el día de hoy, en el que la corrupción se convierte en el azote de la democracia y en la distinción de su precariedad.

En este artículo sostenemos que, en el Perú, tanto la derecha que fundó la república criolla –que podríamos llamar la vieja oligarquía– (Lynch, 2014), como la derecha neoliberal surgida del ajuste, el golpe y la Constitución de 1993, comparten los siguientes rasgos: oligarquía, colonialidad, racismo y patrimonialismo. Empero, ¿qué distingue a la vieja oligarquía de la derecha neoliberal? Subrayamos el carácter abiertamente delictivo de la conducta política de esta última, sin legitimidad tradicional que la sustente. La vieja oligarquía todavía gozaba del imperio de la costumbre, que permitía al señor considerar las arcas públicas como su botín. Pero esto se va diluyendo con la crisis del Estado oligárquico y termina con las reformas velasquistas de la década de 1970. En el caso de la derecha neoliberal, esta característica corrupta estuvo reservada, en el período del fujimorismo, por el carácter mafioso de su actuar y la megacorrupción resultante en la década de 1990; más tarde, los escándalos de corrupción han continuado saliendo a la luz, hasta la actualidad, por lo que podemos señalar que se trata de un fenómeno sistémico y transversal de la época neoliberal y, por supuesto, sin legitimidad que lo ampare.

La derecha neoliberal como fujimorismo

A esta recaptura la hemos denominado también (Lynch, 2009), para explicar su momento fundacional, «regresión autoritaria», en contraste con lo que había significado la transición a la democracia de finales de la década de 1970 y los gobiernos reformistas tanto civiles como militares de las décadas de 1960 y 1970. En este sentido, un dato muy importante para caracterizar el establecimiento de la derecha neoliberal es su inicio autoritario. Si bien el período comienza con el triunfo electoral de Alberto Fujimori en julio de 1990, rápidamente se da un viraje autoritario con el ajuste de agosto del mismo año y el golpe de abril de 1992. Este último, precisamente, porque el Congreso de entonces rechazaba la aprobación de un paquete de decretos legislativos2 para la lucha antiterrorista que restringía los derechos de la ciudadanía. A partir del golpe se instituyó una dictadura3 que se basó en una alianza abierta con las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios nacionales y extranjeros, y los organismos financieros internacionales; con el apoyo –reticente a veces, pero apoyo, al fin y al cabo– del Gobierno de Estados Unidos, por lo que en la época se denominó un régimen cívico-militar. En estos primeros años se agregó a esta alianza el sector conservador de la Iglesia católica, cuando Juan Luis Cipriani, miembro del Opus Dei, es nombrado arzobispo de Lima y más tarde cardenal por Juan Pablo ii (Adrianzén, 2014).

Es muy importante señalar que el liderazgo de esta alianza, constituida por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, le da un giro mafioso a la situación, convirtiendo al Estado en una maquinaria delincuencial a su servicio4, violando derechos humanos, asaltando fondos públicos, repartiendo prebendas a los amigos, atacando cotidianamente la libertad de expresión, naturalizando el fraude electoral, amedrentando a sus enemigos e incluso eliminándolos. Estos hechos se evidenciarán en sucesivas comisiones investigadoras del Congreso de la República del año 2000 en adelante, serán reseñados por diversos autores (Rospigliosi, 2000; Dammert, 2001; Pease, 2003) y detallados en la sentencia contra Alberto Fujimori de la Corte Suprema del Perú por hurto de fondos públicos y homicidio calificado del año 2009.

Cabe destacar que la relación de los grandes empresarios y tecnócratas con el régimen de Fujimori y Montesinos fue distinta. Varios de los primeros, tanto nacionales como extranjeros, pasaron a tener una relación directa con la cúpula del régimen, participando en negociados corruptos, así como en la negociación de grandes contratos de obra pública y de explotación de recursos naturales5. Los tecnócratas, por su parte, sin dejar de tener relación con los grandes empresarios y sus negocios corruptos, se apropiaron de la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas, desde donde se proyectarían progresivamente en los años siguientes a los demás ministerios, primero a los ministerios productivos y luego a los sociales. Esta nueva relación entre economía y política establecida por la derecha neoliberal es lo que Francisco Durand (2010) denomina «captura del Estado» y que, por mi parte, he calificado de «capitalismo de amigotes», un sistema en el que la rentabilidad de un negocio no estaba definida por la competitividad de los factores de producción, sino por las buenas relaciones con las esferas del poder (Lynch, 2009).

Un componente clave de esta alianza de poder con los grandes empresarios y los organismos financieros internacionales es que estos no parecían tener mayor problema con el carácter mafioso del régimen. Ello se refleja en el hecho de que la Confederación de Empresarios Privados (CONFIEP), tras la caída de Fujimori y Montesinos, no hiciera público ningún comunicado autocrítico, como sí lo hizo, por ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 5 de abril de 20016. Asimismo, fue decisivo el apoyo de una coalición internacional de fuerzas que, poco a poco, iba constituyendo esta derecha neoliberal. Tanto el ajuste como el golpe, y luego la Constitución, fueron claves para los grandes empresarios y los organismos financieros internacionales. Quizás quien mejor resumió este apoyo fuera Michel Camdessus, entonces director ejecutivo del FMI, quien dijo escuchar «música celestial» cuando Fujimori fue a Washington, en junio de 1990, a comunicar el viraje neoliberal de su Gobierno. Sin embargo, en el caso de los estados el asunto fue más complejo. La reacción inicial de Estados Unidos fue de condena y solo aceptó la situación cuando se regularizó el ciclo electoral a finales de 1992 (Cotler, 2000), aunque no le importó, al igual que a otros países latinoamericanos y europeos, los constantes cambios de reglas y las denuncias de fraudes posteriores. A lo sumo, se limitaron a acompañar las denuncias de violación de los derechos humanos que hicieron algunos organismos especializados.

La contraparte de este poder autoritario y mafioso fue el clientelismo político. Fujimori y, especialmente, Montesinos desarrollaron una estrategia de clientelización de la población enfocada en los microproyectos urgentes de comunidades urbanas y rurales, principalmente en los ámbitos de la pobreza y la extrema pobreza. Tomaron como referencia para ello los resultados electorales obtenidos en distintos momentos y desarrollaron como propósito la fidelización de una base social permanente que les diera su apoyo político. Este esfuerzo clientelista fue llevado a cabo por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) y se inició en el período 1993-1995, con singular éxito en el momento y con proyección al siglo XXI7. Cabe destacar también la obsesión legalista del régimen, en particular de Vladimiro Montesinos, pero no por el afán de cumplir la ley o de establecer nuevas reglas, sino de cambiar la norma escrita cuantas veces fuera necesario para adecuarla a las necesidades políticas del régimen autoritario, sin tener escrúpulos en cuanto a los medios a utilizar para ese propósito, pero siempre teniendo un papel escrito y aprobado para referirse a él8. Al respecto, el régimen organizó un megafraude en el referéndum de ratificación constitucional de octubre de 1993 por la necesidad que tenía de una nueva Constitución (Chávez Molina, 2000). De igual forma, el Congreso –sumiso al Gobierno– destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional que se negaron a aprobar la tercera reelección presidencial de Fujimori, lo que a la postre sería el detonante de los movimientos que años después derrocarían al régimen.

Paralelamente a este tinglado político, se produjo el cambio en la hegemonía ideológica. El reformismo de la segunda mitad del siglo xx había promovido un conjunto de valores antioligárquicos, cuyos pilares se sostenían en la justicia social, la soberanía y la identidad nacionales, la importancia de la organización popular y todos los derechos que ello conllevaba, que ampliaban y multiplicaban la precaria ciudadanía anterior. A partir del ajuste económico, vía terapia de shock (Klein, 2007), los esfuerzos del régimen se dirigieron a borrar esta memoria de valores, identidades y derechos, identificándola con el terrorismo de Sendero Luminoso. Es más, en los años posteriores al golpe del 5 de abril de 1992, se persiguió a todo aquel que reivindicase dichas banderas y estableciera, aunque fuera mínimamente, algún reclamo frente a la autoridad. De esta manera, se satanizaron no solo identidades y derechos que se pudieran relacionar con la izquierda, sino a la política y a los partidos en general. Como contraparte, se desarrolló una campaña en varios frentes a favor de la iniciativa individual y la empresa privada. Esto tuvo especial incidencia en los intentos de destruir los derechos del trabajador, los cuales pasan a denominarse «sobrecostes laborales», y en el elogio a la informalidad que, según Hernando de Soto (1986), pasaría a ser el nuevo punto de partida para un empresariado popular y próspero.

Con la integración de Monseñor Juan Luis Cipriani al núcleo de poder neoliberal en su versión fujimorista, también aparecieron en el régimen autoritario los motivos del catolicismo conservador, especialmente en torno a los valores familiares, el aborto y la educación. Ello se plasmó en su influencia en el Ministerio de Educación, a través de materias tales como la educación sexual y la revisión general de los textos para los estudiantes de la educación pública, que llevaron a cabo funcionarios afines a esta visión conservadora9.

Este fue el origen de la derecha neoliberal y, en particular, de su facción fujimorista. Se trata de una derecha que hereda de la oligarquía sus características de élite, coloniales, racistas y patrimoniales, pero en la que se le agrega el autoritarismo mafioso y la burla reiterada de la ley –hasta de su propia ley– en el afán de ocultar su golpismo y aparecer como legal. Asimismo, es una derecha que se preocupa por establecer una base popular propia de carácter clientelista, por lo que mediáticamente –en especial por sus medios de comunicación afines– la han llamado «derecha popular». Esta característica, que fue fundamental en los tiempos del Gobierno de Fujimori, como base electoral y recurso de movilización en apoyo a sus políticas, va a permanecer como referencia entre los sectores populares y reaparecerá cuando el fujimorismo vuelva con fuerza a la escena política entre los años 2011 y 2019. El fujimorismo se convierte, así, en una marca de éxito electoral en la memoria de los sectores más pobres de la población.

La derecha neoliberal peruana: políticos, empresarios y tecnócratas

El otro sector de la derecha neoliberal es la formada por políticos –viejos y nuevos– y grandes empresarios nacionales y extranjeros, los cuales empiezan a tener una influencia más directa y con una agenda propia sobre el poder. A ellos se añaden los tecnócratas neoliberales o, más precisamente, como señala Jorge Domínguez (1997), los technopols, es decir, los tecnócratas convertidos –o que quieren convertirse– en políticos.

Como hemos visto, hay un antecedente intelectual importante para el neoliberalismo peruano: Hernando de Soto y su libro El Otro Sendero (1986), con el que desde un rigor cuestionable intenta proponer la posibilidad de un liberalismo popular10. Este autor es avalado por grandes empresarios y tecnócratas, que ven en él una forma de difundir el evangelio del libre mercado y, a la postre, el nuevo poder global que venían construyendo. Una prédica que adquiere importancia política con el surgimiento del movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa, que se levanta contra la fallida expropiación de la banca en 1985. Es en este momento cuando grandes empresarios y tecnócratas, aparecen en la escena asesorando, junto con diferentes personalidades de la derecha, en la confección del plan de gobierno del Frente Democrático (FREDEMO)11, con un sentido neoliberal radical de los cambios que se debían llevar a cabo (Vargas Llosa, 1993). Su presencia, sin embargo, está subordinada a las personalidades y empresarios amigos de Vargas Llosa, ligados a la clase alta y media alta de Lima, que se esfuerzan por dejar su marca –colonial y racista– en la campaña en curso. El ingreso a posiciones de gobierno recién se da con el ajuste económico de agosto de 1990, para afincarse en el poder luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Sin embargo, cabe señalar que, con el triunfo electoral de Fujimori y el posterior golpe de Estado, los líderes de los partidos tradicionales Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Acción Popular y (PPC) y Solidaridad y Democracia (SODE), así como buena parte de las personalidades que acompañaron a Vargas Llosa, incluyendo al propio escritor, se alejaron del Gobierno elegido, por estar en desacuerdo con su carácter autoritario. No pasa lo mismo con los grandes empresarios y los tecnócratas, que más bien señalan que Fujimori, especialmente en términos económicos, está cumpliendo con su programa.

Los distintos gobiernos democráticos post-Fujimori

La derecha neoliberal, ya sin Fujimori y Montesinos, continúa en democracia. Pero ¿de qué democracia se trata? Como ya se ha señalado en otros textos (Lynch, 2009 y 2014), se trata de una democracia precaria, sin democratización. Esto significa que los dos elementos de desarrollo democrático –la sociedad civil y los partidos políticos– se encuentran trabados en su desarrollo. El primer elemento –la sociedad civil–, por la brutal fragmentación a la que ha sido sometida por el modelo neoliberal, que ha dañado el mercado interno, la empresa nacional y el trabajo con derechos, haciendo muy difícil el desarrollo del tejido social y la expresión colectiva. Y, al mismo tiempo, por la importante cantidad de leyes existentes que criminalizan la protesta social hasta hacerla casi imposible. El segundo elemento –los partidos políticos–, fuertemente golpeados ya por la violencia terrorista y el ajuste económico, ven muy difícil su labor proselitista y gravemente disminuida su capacidad de representar políticamente. Esta situación ha hecho del electorado peruano un conjunto volátil, que difícilmente establece lealtad política con organización alguna, moviéndose según las ofertas de la coyuntura. A diferencia de lo que han planteado otros autores (Tanaka, 2005; Vergara, 2012), la peruana no es solo una democracia sin partidos, hecho de por sí grave, sino una democracia sin democratización, es decir, sin los motores para desarrollarse, lo que es más grave aún.

Los sucesivos gobiernos de Valentín Paniagua (2000-2001), Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016- 2018) y Martín Vizcarra (2018-2021) han ido profundizando la captura del Estado en democracia. Paniagua12 es el único que expresó algún reparo ante ello, pero sin emprender ninguna acción importante. En algún momento se pensó que podía cambiar o al menos reformar la Constitución de 1993, pero la oposición de la derecha y la falta de tiempo lo impidieron. Las claves de esta continuidad en democracia han sido dos: el mantenimiento de la Constitución írrita de 1993 y el del modelo económico. Lo que se traduce en la captura del Estado y el «capitalismo de amigotes» antes señalado, con la diferencia, frente al período anterior, de que hay un personal permanente – los tecnócratas neoliberales– y un personal eventual –curiosamente, los que se supone que mandan, los políticos elegidos–. De igual manera, los líderes y personalidades en general son mucho más importantes que los partidos políticos. Ya sean partidos con trayectoria o movimientos de ocasión, estos solo sirven como maquinarias electorales y eventuales canales de clientelismo, que se desactivan o languidecen entre una elección y otra. Sobre esta base se desarrolla la relación de los grandes empresarios y los tecnócratas en los siguientes gobiernos. Como antes, aquí también hay diferencias: en un primer momento, la relación con los grandes empresarios fue difícil porque estaban frescas las denuncias de corrupción contra ellos; sin embargo, de Alejando Toledo en adelante se puede afirmar que el panorama se compone para grandes empresarios y tecnócratas.

Alejandro Toledo apareció en escena en el momento de crisis del fujimorismo, señalando que iba a construir «el segundo piso» de las reformas neoliberales que había comenzado Fujimori y enorgulleciéndose de su calidad de independiente, ajeno a los partidos anteriores a 1990. Toledo se radicalizó por el fraude en contra suyo que realizaron Fujimori y Montesinos en las elecciones del año 2000, y se negó a presentarse a la segunda vuelta electoral. En esta coyuntura, se encontró con el movimiento antidictatorial y se convirtió en su líder, lo que le llevó a ganar las elecciones libres de 2001. Formó un primer gabinete apoyándose en este movimiento, pero rápidamente se aisló del electorado que lo llevó al triunfo y tuvo serios choques con los movimientos sociales. Su capacidad de gobierno fue reducida y, en su cuarto año en el poder, con un 8% de aprobación durante 13 meses seguidos, hubiese sido vacado de no haber sido por los poderes fácticos de la economía y la seguridad que lo sostuvieron.

Alan García, por su parte, era un político de gran recorrido, militante de un partido tradicional de la política peruana como es el Partido Aprista y con una primera experiencia de gobierno entre 1985 y 1990 que fue considerada desastrosa (Reyna, 2000). Sin embargo, en 2006 se presentó transformado, con críticas menores al modelo neoliberal y mostrando su experiencia como la llave para un buen gobierno. Se caracterizó en el poder por su represión al movimiento social y por la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De los cinco presidentes posteriores a Paniagua, fue el que más cercanía tuvo con grandes empresarios y tecnócratas. De igual manera, buscó cultivar las mejores relaciones con Estados Unidos, tomando la iniciativa en la formación de la Alianza del Pacífico, coalición de países13 de tendencia neoliberal que buscaba contrarrestar la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Ollanta Humala representó el caso de conversión más súbita y radical. Fue elegido en 2011 desde una plataforma nacionalista de izquierda y, en el curso del primer año, viró a la derecha neoliberal. Curiosamente, el nacionalismo de izquierda era una prédica que el político mantuvo desde el año 2001, cuando como oficial del Ejército peruano lideró un levantamiento en la localidad de Locumba contra Fujimori, en las postrimerías del Gobierno autoritario. Se presentó en 2006 con su plataforma radical y quedó segundo, continuando con su prédica por el país hasta ser elegido en los siguientes comicios. Antes de jurar como presidente, ya entregó varios ministerios claves a los neoliberales, entre ellos el de Economía y Finanzas y luego, progresivamente, la mayor parte del Gobierno. Su lema de campaña «la gran transformación» terminaría en el desván de los recuerdos.

Respecto a Pedro Pablo Kuczynski, este unió su calidad de gran empresario a la de tecnócrata o, más precisamente, de technopol desde sus inicios en la década de 1960, para ser elegido presidente en 2016. En su caso no podemos hablar de que fungía de otra cosa que no fuera de neoliberal, ni de que su Gobierno no tuviera ese sello. Sin embargo, llegó a la Presidencia porque logró el apoyo, en la segunda vuelta, del sector antifujimorista del electorado, principalmente de izquierda. Se rodeó desde un primer momento de un grupo de tecnócratas muy similares a él, con aspiraciones de technopols, lo que profundizó la visión externa –casi extranjera– que tenía del país, que lo llevaría finalmente a su debacle. Por último, Martín Vizcarra, el actual presidente, no ha sido elegido, sino que, como vicepresidente de Kuczynski, lo sucedió luego de las graves acusaciones de corrupción contra este, en marzo de 2018. Más allá de su lucha contra el resurgimiento fujimorista, ha demostrado ser leal al neoliberalismo y mantener la captura tecnocrática y las relaciones de privilegio con la gran empresa.

El gran ausente en esta revisión de la continuidad en democracia parece ser el propio fujimorismo, pero lo presentamos aquí por ser el único en el que, aun sin haber vuelto al Gobierno, todos los demás continuistas se han visto interpelados. En una primera etapa, hasta mediados del segundo Gobierno de Alan García, parecía ser un recuerdo más de la política peruana. Su candidata en 2006, una líder histórica de su movimiento, Martha Chávez, apenas logró el 8% de los votos. Sin embargo, de allí en adelante, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, cambió el panorama, y logró el segundo puesto, ajustadamente, en 2011, frente a un candidato claramente opuesto como es Humala. En 2016 mejoró su perfomance, quedando nuevamente a muy poco de ganar la Presidencia frente a Kuczynski. Hasta 2006, el fujimorismo había repetido las formas y contenidos de los años noventa, pero con Keiko Fujimori de líder se buscó sofisticar su aparato clientelista y aparecer como una mejor continuidad en democracia que sus rivales de derecha. Asimismo, si bien no llegó a la autocrítica abierta como movimiento de los «errores» autoritarios del pasado, señaló que estos ya no podrían repetirse en las actuales condiciones. El nuevo rostro, sin embargo, se desbarató por la actuación obstruccionista que tuvo su mayoría parlamentaria frente al Gobierno de Kuczynski y su sucesor Vizcarra, así como los casos de corrupción en que se vio envuelta la propia Keiko Fujimori y varios de sus colaboradores, regresando, luego de la disolución de la asamblea legislativa en la que ostentaba la mayoría, a una situación subordinada y de pronóstico reservado en la escena peruana.

Pero lo interesante para destacar en esta revisión, es que la propuesta neoliberal nunca se había presentado directamente en democracia hasta la candidatura de Kuczynski. Toledo fue el «cholo sano y sagrado» que debía reivindicar a las mayorías de ancestro indígena en el Perú. García provenía de un partido popular, como originalmente había sido el Partido Aprista y su prédica, y si bien más explícito en términos neoliberales, ello no se terminaría de aclarar hasta su ejercicio del Gobierno. Humala, simple y llanamente, cambió de programa y de aliados en poco tiempo, siendo aún hasta hoy un misterio el origen de su traición. Kuczynski es el que, más allá de sus simpatías o antipatías personales, nunca ocultó su programa, pero para ganar necesitó el manejo de la demanda electoral, que fue llevado a cabo de forma exitosa por parte de la derecha neoliberal. Al respecto, como ya se ha mencionado, en todo este período se ha mantenido un elenco estable de tecnócratas de la derecha neoliberal que han ocupado y se han mantenido en cargos y ministerios, como el Ministerio de Economía y Finanzas, extendiéndose con las sucesivas administraciones para defender sus intereses. Se trata de las mismas personas, o de sus protegidos, provenientes de los mismos colegios y universidades privadas que van y vuelven de acuerdo con las circunstancias. La estabilidad de este grupo tecnocrático y su importancia para el régimen político en su conjunto han sido analizadas por Eduardo Dargent (2014) y Francisco Durand (2019). Sin embargo, mientras que el primero resalta la contribución de los tecnócratas en la continuidad del modelo neoliberal, Durand hace hincapié en la estructura del poder. Esto último parece central en un régimen político donde los grandes propietarios vigilan, los tecnócratas administran y los políticos actúan tomando decisiones en un marco cada vez más estrecho.

La gran pregunta es: ¿por qué se ha mantenido esta continuidad? Alberto Vergara (2012) señala el éxito del modelo económico. Quizás esta fue la razón de la simpatía inicial de la mayoría de la población por el fujimorismo, ya que en ese momento el ajuste y la estabilización permitieron salir de la pesadilla de la hiperinflación. Sin embargo, siendo este el mantra que repiten la abrumadora mayoría de políticos, empresarios, opinadores y, por supuesto, los tecnócratas, aquí señalamos que este modelo ha sido un fracaso para la mayoría de los peruanos. Si bien en 30 años el PIB se ha multiplicado por tres, esta riqueza no ha sido repartida equitativamente. Además del índice de Gini ya señalado, existe una distancia de 20 a 1 entre los deciles primero y último de la escala de ingresos (Alarco et al., 2019), a lo que hay que añadir que, en cuanto a producción de riqueza, en uno de los años exitosos del modelo, en 2012, solo el 12% de la Población Económicamente Activa (PEA) tenía un trabajo formal (Gamero, 2013).  

Un problema de oposición política y hegemonía ideológica

La democracia peruana tiene un problema con la oposición a la derecha neoliberal. En este sentido, solo ha existido una oposición como alternativa en las elecciones de 2006, 2011 y 2016. En los dos primeros casos, se trató de la candidatura de Ollanta Humala, quien quedó segundo en 2006 y ganó en 2011; en 2016, fue la candidatura de Verónica Mendoza, que quedó tercera con casi un 20% de los votos y acabó apoyando, por menos malo, a Kuczynski frente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Aunque en todos los casos sacó mayores votaciones la candidatura de Humala, su carácter caudillista y personalista, así como la evolución posterior, nos llevan a afirmar que una candidatura más claramente independiente y alternativa –por el liderazgo desarrollado, el programa presentado y su conducta política– fue la de Verónica Mendoza. El problema es que ello ha ocurrido justo recientemente, tras un cuarto de siglo de hegemonía neoliberal. Desde los núcleos opositores, especialmente de la izquierda, ha habido un camino muy difícil por recorrer. La triple crisis de finales de la década de 1980 –con el fracaso del primer Gobierno aprista de Alan García que termina en una hiperinflación desenfrenada, la derrota del terrorismo senderista por la vía de la guerra sucia por parte de las Fuerzas Armadas y policiales, así como la división de la Izquierda Unida14– produce una hecatombe en las fuerzas de izquierda que enfrentan diezmadas la década de 1990. Así, el ajuste, el golpe y la nueva Constitución que establece la derecha neoliberal prosiguen sin oposición real alguna. Ello hace de la izquierda una fuerza política subordinada hasta el año 2016. Recién ese año se presenta una alternativa que tiene además la novedad del recambio generacional. Ya no son las mismas caras de la derrota y la resistencia, es una nueva generación portadora de otras sensibilidades que, no sin dificultades, aúnan las reivindicaciones de la antigua izquierda de la justicia social y la soberanía nacional con los derechos de los pueblos originarios, el medio ambiente y la igualdad de género.

En cuanto a la hegemonía ideológica, efectivamente, hay contenidos –transmitidos por los poderes político, económico y mediático desde la década de 1990– que subrayan la importancia de la iniciativa individual y la competencia en el mercado que permanecen en el sentido común de la población; junto con el elogio a la informalidad, que ha tomado la forma del emprendedor: persona sin recursos que se atreve a enfrentar los obstáculos de una burocracia insensible para poder tener un negocio propio para vivir. Este mensaje continúa manteniendo aparcados los valores de justicia, nación y derechos sociales, marginando a los individuos u organizaciones que osen plantearlos. Sin embargo, sí se acepta el debate sobre la igualdad de género, la destrucción del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, como cuestiones de la globalización. Ello ha permitido la alianza tácita –con matices– entre sectores progresistas y un sector de la tecnocracia neoliberal que ve en estas sensibilidades temas propios de la época y, como tales, insoslayables.

La permanencia de estos contenidos ideológicos neoliberales en la población, así como la carencia de caminos eficaces para enfrentarlos, quizás sean las mayores dificultades para plantear una alternativa al neoliberalismo en la actualidad.

Reflexiones finales: la derecha neoliberal frente a la crisis

El Perú atraviesa en la actualidad una crisis de régimen que no presenta solución a la vista, es decir, el arreglo institucional que establece el neoliberalismo para llevar adelante sus políticas en la década de 1990 y sus ajustes posteriores ya no funcionan. El escenario es el de todos los expresidentes encausados por corrupción, un Parlamento visto como una institución inservible y un poder judicial en reorganización casi permanente –más allá de las excepciones de algunos parlamentarios, jueces y fiscales probos–, lo que hace que la política y el aparato del Estado sean vistos con gran desconfianza por la población (Latinobarómetro, 2018). La gran diferencia hoy frente a años y décadas anteriores es que la corrupción ha empezado a ser menos tolerada por los ciudadanos. El dicho popular «roba, pero hace obra», que mostraba un cinismo ciudadano frente a la posibilidad de cambiar algo, parece ya no ser tan fuerte, y los escándalos –ciertamente con más espacios de contestación política– parecen importar más que en la época de la dictadura fujimorista. La corrupción, de esta manera, empieza a ser asociada con la pobreza de los servicios públicos, la falta de un Estado que vele por el interés general y, más todavía, las posibilidades de futuro como país.

El telón de fondo de esta crisis está en la economía, la menor demanda de materias primas –minerales en el caso peruano– por parte del mercado mundial, especialmente de China. Esta demanda mantuvo un alto crecimiento del PIB en los años de auge, llegando al 8% anual, mientras que en el año anterior a la pandemia había rondado el 2% y, se calcula, que con la crisis del coronavirus el país entrará en una recesión que podría llegar al -14% del PIB (INEI, 2019). Esta crisis de régimen, que se ha agudizado con la crisis de la pandemia del COVID-19, ha tenido hasta ahora su escenario más importante en una crisis en las élites. Los escándalos de corrupción han remecido al país en los últimos cuatro años: todos los expresidentes de la república de la era neoliberal –salvo Valentín Paniagua– están enjuiciados o presos por delitos relacionados con la financiación de campañas políticas y/o sobornos para la concesión de obras públicas e influencia indebida. Así, todos los gobiernos neoliberales, salvo el de transición, están manchados.

Ello ha tenido su corolario en las graves dificultades para gobernar el país. Primero, por la propia dificultad de gobernar en medio del escándalo de las denuncias, investigaciones y juicios; pero también por los graves enfrentamientos entre los poderes ejecutivo y legislativo, que han dejado el país sin un norte claro hacia donde avanzar. Este enfrentamiento ha tenido como protagonistas, en un primer momento, a la mayoría fujimorista del Congreso de la República que, aliada al Partido Aprista, trató de bloquear el Gobierno de Kuczynski primero y de Vizcarra después, para acortar su mandato y que su lideresa Keiko Fujimori tuviera una vía más rápida a la Presidencia de la República. Esto parecía concretarse cuando las serias denuncias por corrupción obligaron a Kuczynski a renunciar a la Presidencia en marzo de 2018, siendo sucedido por su vicepresidente Martín Vizcarra quien, para sorpresa de muchos, ha buscado tomar la iniciativa con un proyecto de reforma política y judicial. Esto dio algunos avances, pero finalmente se entrampó y, en el curso del enfrentamiento con el Congreso, disolvió la asamblea legislativa y convocó a elecciones extraordinarias para completar su período de sesiones. El resultado ha sido un Congreso más fragmentado y sin una orientación clara, por lo que el pronóstico de la situación es reservado.

En este contexto, desde la sociedad civil y la oposición democrática no se han desarrollado opciones consistentes de salida para la situación política. En el período 2018-2019, de enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo, se llevaron a cabo frecuentes movilizaciones ciudadanas contra el control del fujimorismo y el Partido Aprista del Congreso de la República y la oposición obstruccionista que realizaban al Gobierno de Vizcarra, aunque no alcanzaron una masividad que las convirtiera en un factor de crisis importante. Además, tampoco han tenido una expresión política clara que las sustentara ni una proyección en las elecciones legislativas complementarias. La alternativa de Verónica Mendoza y su movimiento Nuevo Perú hasta ahora no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.

Esto nos deja un conflicto entre dos facciones de la derecha neoliberal, principalmente en las alturas. Por una parte, el fujimorismo venido a menos, con una actuación política en los últimos años que, aunque con nuevas caras, es nuevamente identificado con el actuar mafioso de la década de 1990; y el Partido Aprista, otrora el gran partido nacional popular de la política peruana, devenido en una fuerza neoliberal menor y de futuro incierto. Sin embargo, el golpe del COVID-19 a la estructura de poder y el descrédito de sus antiguos representantes han hecho resurgir a los grandes propietarios como actores públicos, ya sea directamente o a través de su gremio, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), hoy especialmente locuaz ante la agudización de la crisis. Por la otra parte, a los tecnócratas que han buscado convertirse en technopols, que tuvieron su mejor expresión en Kuczynski y ahora tratan de acomodarse con Vizcarra. Si los primeros insisten en el neoliberalismo que se tramita por la vía del negocio oscuro y la prepotencia pública; los segundos prestan más atención a la etiqueta, e insisten en que controlan las bondades de un saber que les permite «hacer las cosas bien»; su opción es apelar a la opinión pública para obtener el apoyo del que carecen por no contar con bases organizadas y encontrar un nuevo rostro que les permita continuar controlando los principales resortes del poder entre bambalinas. Ninguna de las dos facciones logra articular un proyecto para el país que no sea el de la repetición de lo anterior, aunque los tecnócratas insisten en la posibilidad de remozar la propuesta económica y entroncarla con la, hoy congelada, reforma política. ¿Será eso posible? Hasta hace pocos meses hubiera afirmado que los tecnócratas harían el tránsito –al que paradójicamente se resisten, pero también anhelan– para convertirse en technopols y «salvar los muebles»15 del neoliberalismo, intentando una reconstrucción. Pero hoy, ante la incertidumbre planetaria, creo que todas las opciones para continuar el camino de esta derecha, la dictadura incluida, permanecen abiertos.

Ante este panorama, ¿qué le queda a la derecha peruana? Los sectores más ligados a los grandes propietarios, que expresan con más nitidez su condición de clase, insisten en vender su proyecto oligárquico como el único posible para el conjunto del país, y manifiestan la urgencia de volver al momento anterior de auge neoliberal para salir de los estragos actuales. Esta propuesta, sin embargo, no repara en el deterioro sufrido por la falta de legitimidad de su dominación, lo que quizás haga imposible una renovación hegemónica en los mismos términos. Así las cosas, la continuidad de unos en el poder solo estará garantizada por la debilidad de los otros, en oposición al manejo oligárquico, para desplazarlos.

Referencias bibliográficas

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Notas:

1- El análisis que hacen estos autores de las distintas correcciones al coeficiente de Gini del ingreso sitúa la medida de desigualdad en el Perú muy por encima del índice de Gini oficial que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo en estos últimos años. Como ejemplo, podemos señalar que el índice oficial se sitúa alrededor del 0,45 mientras que los corregidos alcanzan hasta el 0,7, un valor de medida pavoroso de la desigualdad.

2- Legislación de emergencia dada directamente por el Poder Ejecutivo en el Perú.

3- Hay, sin embargo, quien cuestiona esta caracterización de dictadura. Martín Tanaka (2005) señala más bien que se trataría de un autoritarismo competitivo, debido a que hay elecciones y se ponen nuevamente a funcionar, aunque bajo el control del Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial. Pero Tanaka se equivoca, tal como aquí argumentamos, ya que confunde las formalidades con el fondo de las cosas, al privilegiar el funcionamiento institucional a los fraudes, las trampas, la imposibilidad del control y la represión abierta y reiterada. Por lo que se relativiza el autoritarismo del régimen y el daño a la futura democracia.

4- El uso del término «mafioso», tal como lo definen Dammert (2001) y Pease (2013), tiene que ver con la organización de un poder paralelo y opaco, que no solo controla totalmente las instituciones, sino que usa el chantaje, el soborno y la amenaza cotidianamente. En la organización y operación de este sistema, estuvieron, además de diversos organismos sectoriales del Estado, el Servicio de Inteligencia Nacional, articulado con los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; todo ello a cargo de Vladimiro Montesinos.

5- Al respecto, Manuel Dammert (2001) señala que solo con la privatización de las empresas públicas entraron al erario 6.444 millones de dólares. A finales del 2000, el Gobierno de transición de Valentín Paniagua se encontró sin una cuenta clara de por medio y con tan solo la cantidad de 543 millones de dólares.

6-Ese día se publicó en la prensa nacional un comunicado de los militares donde hacían explícita su autocrítica por el apoyo dado al régimen autoritario. De acuerdo con una comunicación personal con el entonces asesor presidencial Alberto Adrianzén, esto sucedió por pedido expreso del presidente interino Valentín Paniagua.

7-Norbert Schady (1999) señala, en una evaluación para el Banco Mundial, la relación que existía entre el gasto efectuado –también con préstamos del propio Banco Mundial– y las simpatías políticas por el fujimorismo en la primera mitad de la década de 1990.

8- «Papelito manda» era la expresión burlona que se acuñó en la época en referencia a los resultados electorales fraudulentos que pretendía hacer pasar por buenos un jefe del organismo electoral controlado por Montesinos.

9- Como ministro de Educación del primer gabinete de un Gobierno elegido tras el régimen autoritario, tuve que desmontar el aparato que se había creado para este efecto de «lectura» de los materiales escolares. Asimismo, tuve que soportar la queja de Monseñor Cipriani al presidente Toledo por tener un ministro de Educación que no era católico sino agnóstico.

10- La tesis central de De Soto es que los pobres tienen recursos que no están valorizados en el mercado. Si, por ejemplo, les dieran títulos de propiedad por su pequeño lote de terreno urbano, podrían transarlo en el mercado y obtendrían un capital para trabajar. Pero se olvida De Soto que el capitalismo no es una utopía de pequeños propietarios en competencia permanente, sino una realidad de acumulación que marcha al monopolio y a la liquidación de la pequeña propiedad.

11- El FREDEMO fue un frente político para las elecciones de 1990 entre el movimiento Libertad de Vargas Llosa, el Partido Popular Cristiano, Acción Popular y el grupo de tecnócratas Solidaridad y Democracia (SODE).

12- Valentín Paniagua fue un político del momento anterior de la política peruana, que ocurrió como se ha señalado entre 1962 y 1990. Militó primero en la Democracia Cristiana y luego en Acción Popular. Si bien asumió las posiciones conservadoras a las que evolucionó este segundo partido, estaba marcado por el afán reformista del período que intentó separar la oligarquía del Estado.

13- Chile, Colombia, México y Perú.

14- La Izquierda Unida fue en la década de 1980 un frente de partidos de izquierda muy exitoso para la época, que logró ganar la alcaldía de Lima en 1983 y quedó segundo en las elecciones presidenciales de 1985. Lo destruyó la división interna y su incapacidad para señalar una alternativa a la crisis de finales de esa década.

15-Salvar los muebles, que refiere en su origen a salvar los muebles de una casa en un incendio, es una expresión que se usa para señalar que alguien quiere salvar lo mejor de una experiencia terminada.