Asia Central y Meridional: las dinámicas domésticas y regionales se aceleran

Fecha de publicación:
04/2017
Autor:
Nicolás De Pedro, investigador principal, CIDOB e Igor G. Barbero, periodista especializado en el Sur de Asia
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En Asia Central y Meridional el ritmo de los acontecimientos parece acelerarse. En India, la alta tasa de crecimiento insufla optimismo a Nueva Delhi y los observadores externos de la economía india. Sin embargo, las expectativas depositadas en que el Gobierno Modi impulsaría reformas estructurales se desinflan. De hecho, la noticia económica que atrajo más atención fue la desmonetización anunciada por sorpresa en noviembre. Esta medida generó un caos considerable y queda por ver si se obtiene alguno de los resultados esperados en materia de lucha contra el fraude fiscal, la corrupción y contra la financiación del terrorismo. Por otro lado, el creciente peso en la agenda del Gobierno de Modi de cuestiones identitarias y relacionadas con la agenda del nacionalismo hindú resulta inquietante. Pakistán completó en 2016 un paso más en el proceso reciente de consolidación de la democracia en sus instituciones con el relevo, tras solo un mandato, del jefe del Ejército más popular de las últimas décadas y siguió reduciendo los latigazos de la violencia insurgente. El curso quedó, sin embargo, marcado también por nuevas sombras de corrupción sobre el primer ministro, Nawaz Sharif, que amenazan con desestabilizar la nación. Por su parte, Bangladesh, tras un inédito auge del extremismo islámico el año anterior, tocó fondo en 2016. Se produjeron graves atentados terroristas que conmocionaron a la nación y pusieron al país en el mapa mundial del yihadismo. La intensificación de la violencia empujó finalmente al Gobierno, centrado hasta ese momento en noquear a sus adversarios políticos, a lanzar una ofensiva nacional contra grupos locales inspirados en actores globales como Estado Islámico (EI) y Al Qaeda.

En Asia Central el ritmo de los acontecimientos también parece acelerarse, pero queda por ver si se trata de una quiebra estructural o de una mera sucesión de coyunturas disruptivas. La gran noticia del año fue, sin lugar a dudas, el fallecimiento de Islam Karímov, presidente de Uzbekistán desde las postrimerías de la Unión Soviética. La gestión de su entierro y funeral fue tan opaca como su régimen. La sucesión ha sido, hasta el momento, suave, y no ha deparado grandes sorpresas, pero se mantienen las incertidumbres sobre el país. En claro contraste con esta calma, o al menos apariencia de tal, Kazajstán vivió sobresaltado por la situación económica, una oleada de protestas y diversos incidentes violentos. Turkmenistán mantiene su hermetismo, pero algunos indicios sugieren un deterioro significativo de la situación económica y la vulnerabilidad de su frontera con Afganistán, lo que genera inquietud en otros vecinos. En Tayikistán, Emomalí Rajmón continúa con la consolidación de un régimen autoritario y patrimonial, eliminando los tenues restos de oposición y contestación. Mientras que en Kirguistán la agenda se mueve ya con la vista puesta en las elecciones presidenciales, a celebrar en noviembre de 2017.

India: el segundo año de la era Modi ¿más hindutiva y menos modinomics?

Los vientos macroeconómicos siguen siendo soplando favorablemente para India y el Gobierno encabezado por Narendra Modi. Con una tasa de crecimiento del 7,5%, India se aupó en 2016 a la posición de economía más dinámica de entre las grandes del mundo. Lo que ha permitido al Gobierno de Nueva Delhi mantener su buena imagen internacional y la impresión de que la agenda de Modi es, fundamentalmente, económica y reformista –los modinomics que liberarán todo el potencial indio–. Sin embargo, este segundo año de mandato ha puesto de manifiesto la creciente atención del Gobierno Modi por los aspectos relacionados con la agenda del nacionalismo hindú y la aparente posposición de la esperada transformación socioeconómica estructural de India. Ni lo uno ni lo otro resulta aún definitivo. Pero la mayor visibilidad y repercusión pública de las actividades de la ultranacionalista Rastriya Swayamsevak Sangh (Asociación de Voluntarios Nacionales) resultan inquietantes. De las dos almas del Bharatiya Janata Party (Partido del Pueblo de India), una más orientada al nacionalismo hindú y otra más enfocada a los negocios, parece imponerse la primera. Las iniciativas más agresivas y claramente hinduizantes como la ghar wapsi (destinada a la “reconversión” de musulmanes y cristianos) o campañas de protección de la vaca (que suelen desencadenar episodios violentos) han dado paso a otras más difusas como la adopción sistemática en la retórica oficial del lema “Bharat Mata (Ki Jai)” o lo que es lo mismo, “victoria para la madre India”. Un paso, aparentemente, más inocuo, pero que sitúan la transformación cultural en clave hindutva (nacionalista hindú) como eje fundamental de la acción del Gobierno del BJP. En todo ello, lo que está en disputa es la concepción de la nación india y, por extensión, la definición de la ciudadanía. De ahí que se haya puesto de nuevo el foco en los libros de textos –en algún caso llegando al extremo de eliminar toda referencia a Jawaharlal Nehru, histórico primer ministro de India y figura vilipendiada por el nacionalismo hindú– o en la movilización de la diáspora india. Y lo que está en juego es, fundamentalmente, la idea de la India secular, esto es, la India pluralista, sincrética y abierta.

En la noche del 8 de noviembre, el primer ministro Narendra Modi realizó una intervención por sorpresa en la televisión estatal para anunciar que en apenas cuatro horas los billetes de 500 y 1.000 rupias dejarían de ser de curso legal. Dos datos bastan para comprender el alcance de esta desmonetización: el 86% de las reservas de efectivo de India estaban en uno de esos billetes y se trata de un país en el que el 90% de las transacciones se producen en efectivo. India ya ha vivido procesos de desmonetización antes (en 1946 y 1978), pero la dimensión y dinamismo actual de su economía no tienen precedentes.

En los días posteriores, se sucedieron las largas colas frente a bancos y cajeros automáticos desabastecidos de los nuevos billetes de 500 y 2.000 rupias, lo que provocó caos e incluso fallecimientos por razones médicas. En algunos casos, pacientes que no disponían ni de efectivo ni de otros medios de pago, simplemente no fueron atendidos en los hospitales.

A pesar de iniciativas gubernamentales anteriores como el plan Jan-DhanYojana, destinado a favorecer la incorporación al sistema bancario de todas las familias indias, se estima que, al menos, un 20% de la población (unos 230 millones de personas) carece aún de una cuenta bancaria. Entre los sectores más afectados por esta súbita desmonetización se encuentran el agrícola, y el del pequeño comercio y actividades informales. Es decir, los sectores que ocupan a los segmentos más vulnerables de la población.

Con esta medida, el Gobierno persigue acabar con el flujo de dinero negro para luchar contra la evasión fiscal y la corrupción y limpiar el sistema de billetes falsos (para luchar contra la amenaza terrorista). Con relación a la corrupción y al dinero negro, y hasta que produzca la esperada implementación del Goods and Services Tax (GST), con la que pretende crear un verdadero mercado nacional indio con un impuesto similar al IVA europeo que conllevaría la eliminación de impuestos de escala estatal y una racionalización del sistema fiscal, cabe indicar que el 75% de las donaciones que reciben los partidos políticos es en efectivo y procedente de fuentes sin identificar. Las cruciales elecciones en Uttar Pradesh y Punjab, a celebrar en febrero y marzo de 2017, serán un buen escenario para evaluar el impacto de esta medida. En cuanto a la lucha contra el terrorismo, y dado que los nuevos billetes son más seguros y menos vulnerables a la falsificación, el Gobierno confía en que resulte imposible para Pakistán financiar las actividades insurgentes anti-indias con moneda falsa, como se sospecha que ha venido haciendo en las últimas décadas.

Precisamente, es en materia de política exterior y en lo relacionado con Pakistán donde Modi, además de un mayor ímpetu y dinamismo, está introduciendo novedades significativas. La más relevante es el replanteamiento del esquema de relación con Pakistán. El intento de deshielo y normalización lanzado por Modi durante su ceremonia de inauguración a finales de mayo de 2014 no ha producido los resultados deseados. Los atentados cometidos en India por terroristas radicados en Pakistán y el diálogo y respaldo de Islamabad a la agitación en Cachemira han impulsado este replanteamiento profundo gestado de enero a septiembre.

El 2 de enero, un grupo de hombres armados que vestían uniformes indios atacaron la zona residencial de la base aérea de Pathankok, en el Punjab indio. Las fuerzas de seguridad necesitaron cuatro días para poner fin al incidente, que ocasionó la muerte de siete soldados indios y heridas a otros veintidós. Seis de los terroristas murieron durante la operación. De acuerdo con el gobierno indio, se trataba de militantes del grupo terrorista Jaish-e-Mohammad (JeM). El JeM –responsable de ataques muy graves a principios de siglo, incluyendo el asalto al Parlamento de Nueva Delhi en diciembre de 2001– fue reactivado en 2014 por su líder Masood Azhar, quien recibe protección del gobierno pakistaní.

El 19 de septiembre se produjo otro ataque contra una base militar india. En esta ocasión, en Uri, una localidad de la Cachemira india muy próxima a la frontera pakistaní. Un grupo armado, presumiblemente formado por militantes del JeM, cruzó la frontera para cometer el ataque. El saldo de víctimas indias fue mayor, ya que murieron dieciocho soldados. Cuatro de los terroristas fueron abatidos. A diferencia de lo sucedido en Pathankok nueve meses antes, la respuesta de las fuerzas indias fue más rápida, eficaz y coordinada. Pero la gran novedad se produjo diez días más tarde, cuando el ejército indio condujo, por vez primera, una acción de represalia contra un campamento terrorista situado más allá de la Línea de Control (frontera indo-pakistaní en Cachemira). No se ha filtrado demasiada información sobre este episodio que las autoridades indias calificaron de “exitosa intervención quirúrgica”.

La operación de las fuerzas armadas indias causó estupefacción en Islamabad quien, por vez primera en décadas, pareció no llevar la iniciativa en esta disputa. En India, generó entusiasmo en muchos sectores hastiados de la falta de resultados de la tradicional prudencia estratégica de Nueva Delhi frente a la reiterada y sólidamente documentada utilización del terrorismo contra India por parte de Pakistán. Sin embargo, también hubo voces de alarma y críticas de otras fuerzas políticas indias, que ven con preocupación la evidente determinación de Modi por acabar con la amenaza terrorista a cualquier precio, lo que podría incluir una escalada bélica. En agosto Modi ya había dado muestras de su voluntad por superar la histórica contención india –si se excluye la guerra de liberación de Bangladesh en 1971– para no inmiscuirse en asuntos internos pakistaníes. Así, y como respuesta a la persistente intromisión pakistaní en Cachemira, durante su discurso del día de la independencia Modi aludió a la convulsa y estratégica provincia pakistaní de Baluchistán. La audacia de Modi puede propiciar la superación de un impasse de décadas, pero el riesgo de una escalada militar que desemboque en un conflicto nuclear asoma en el horizonte del subcontinente.

Pakistán: la corrupción reapareció en medio de una consolidación democrática y la reducción de la violencia

En un país con una historia trufada de golpes militares, donde los mandos castrenses han gobernado a veces con puño de hierro en torno a la mitad de las siete décadas de época independiente de Pakistán, los acontecimientos registrados en el último lustro han arqueado las cejas de muchos observadores. A finales de noviembre de 2016, el jefe del Ejército, Raheel Sharif, delegó el famoso bastón en manos del general Qamar Javed Bajwa y se convirtió así en el primer jefe que en los últimos cuatro lustros abandona el cargo en el plazo constitucional establecido, de tres años.

El general Raheel Sharif había sido nombrado en 2013 por su homónimo, el actual primer ministro Nawaz Sharif, en un momento de horas bajas para la institución militar, tras la dictadura de Musharraf y el mandato del general Ashfaq Pervez Kiyani, que vivió la humillación de que tropas estadounidenses se infiltraran en 2011 en Pakistán para matar al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Raheel se consagró en una suerte de héroe nacional gracias a su mano dura, empujado por el éxito de operaciones contra los grupos extremistas en la zonas tribales y en la ciudad de Karachi, capital económica.

La operación militar, iniciada en 2014, ha debilitado el músculo de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), el movimiento aglutinador de las facciones talibanes pakistaníes y responsable de gran parte de la ola de violencia que ha causado más de 60.000 muertos desde el 11-S. Según el recuento del Portal de Terrorismo del Sur de Asia a finales de noviembre de 2016, en el ejercicio habían fallecido 1.720 personas en incidentes violentos, de los que cerca de 600 eran civiles. Los datos globales representan una bajada de más del 50% respecto al curso anterior, que ya había sido aplaudido como una gran mejoría, y en torno a un tercio de civiles fallecidos menos. Lejos queda aquel año negro de 2009, con cerca de 12.000 víctimas mortales.

Pese a todo, Pakistán volvió a atravesar varios momentos críticos en distintas fases del año, con brutales atentados con decenas de víctimas mortales contra los conocidos como “objetivos blandos”. Hubo ataques contra una universidad en la ciudad noroccidental de Charsada, que revivió la masacre ocurrida en diciembre de 2014 en una escuela de la cercana Peshawar, punto de inflexión en el cambio de la estrategia antiterrorista; contra un parque infantil en la oriental Lahore y contra abogados de luto en un hospital en la occidental Quetta y una academia de cadetes policiales en esa misma urbe.

Estas acciones, reivindicadas a menudo por una escisión radical del TTP y también por simpatizantes de Estado Islámico, subrayaron la fragilidad de la lenta estabilización de Pakistán, en un contexto regional complejo de cíclicas crisis con la vecina India por incursiones transfronterizas de insurgentes y con un Afganistán sumido en el caos tras la retirada en 2014 de las tropas extranjeras, donde los talibanes cada vez tienen mayor control de territorio. Ante esta volatilidad permanente sorprendió la amistosa transición de poder en la cúpula del Ejército, que da solidez a otra que ocurrió en 2013 entre mandatarios civiles, con el primer cambio entre dos gobiernos elegidos en las urnas tras la finalización de la legislatura sin interrupción. El traspaso se produjo entonces entre el Partido Popular del Pakistán (PPP) de la dinastía política Bhutto y la Liga Muslmana-N de Nawaz Sharif.

Sin embargo, ningún analista pondría todavía la mano en el fuego para asegurar que el fortalecimiento de la democracia en Pakistán es estructural. De hecho, 2016 recuperó los viejos fantasmas que han tumbado a muchos de los gobiernos civiles en el país: la corrupción. En primavera, el primer ministro se vio envuelto en un escándalo, tras publicarse las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá. Según los documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, tres de los cuatro hijos de Nawaz Sharif crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de las cuales controlan propiedades en Londres.

La revelación envalentonó a la oposición, liderada por la exestrella de críquet Imrán Khan, líder de Pakistan Tehreeke-Insaf (PTI), que había perdido fuelle tras haber lanzado movilizaciones de protesta en 2014 que tuvieron mucha intensidad y bloquearon durante meses Islamabad, pero que se acabaron desinflando en 2015. En agosto de 2016, Khan lanzó una campaña de protestas pidiendo la dimisión del primer ministro con el pretexto de que no se había alcanzado un acuerdo para investigar las sociedades en paraísos fiscales de la familia del mandatario. En noviembre, el Tribunal Supremo de Pakistán cogió el toro por los cuernos y ordenó que la comisión de investigación respondiese ante un tribunal de cinco jueces. Este paso tranquilizó los ánimos del partido de Khan, cuyos seguidores habían mantenido choques con las fuerzas de seguridad.

Bangladesh: del hundimiento nacional por el azote del yihadismo internacional a un lento renacimiento

El momento más crítico del año se vivió entre la noche del 1 y la mañana del 2 de julio. Un comando de cinco yihadistas leales a EI asaltaron con machetes, rifles automáticos y granadas un restaurante de lujo en el barrio diplomático de la capital. El asalto duró once horas, hasta que efectivos del Ejército irrumpieron con tanquetas en el recinto matando a todos los terroristas. Para entonces, los yihadistas habían torturado y asesinado a 22 personas, la mayoría rehenes extranjeros de nacionalidades italiana y japonesa. Los terroristas dejaron escapar a algunos bangladeshíes que fueron capaces de recitar pasajes del Corán.

El ataque contra Holey Artisan Bakery-O’Kitchen, un restaurante de cocina mediterránea frecuentado por la flor y nata bangladeshí y expatriados, marcó un antes y un después. El país de 160 millones de habitantes y mayoría musulmana había gozado de una etiqueta de moderado en el plano religioso a pesar de los habituales episodios de violencia política. Sin embargo, en los últimos tiempos llovía sobre mojado.

Entre abril y el asalto al restaurante se habían registrado más de una decena de asesinatos selectivos, generalmente a machetazos, de fieles de minorías religiosas (hindúes, cristianos, budistas), profesores universitarios y activistas homosexuales. Y en total, desde 2013, unas 70 personas habían fallecido en unos 40 atentados de corte islamista en el país, contribuyendo a instaurar una capa de miedo en amplias secciones de la sociedad.

Solo el asesinato en junio en la segunda ciudad del país, Chittagong, de la esposa de un alto mando policial llevó al Gobierno de la secular Liga Awami a empezar a asumir la seriedad del problema. Tras ello, la policía lanzó una macrooperación antiyihadista que se saldó con más de 11.000 detenidos en una semana, entre acusaciones de que el operativo estuvo más orientado en seguir acorralando a los principales adversarios políticos: el Partido Nacionalista (BNP) de la ex primera ministra Khaleda Zia y el islamista Jamaat-e-Islami (JI), ambos fuera del Parlamento nacional.

La prueba de que esa fue una operación más bien cosmética es que poco después Bangladesh tocó fondo, con el mencionado ataque de Holey y un asalto posterior de otro comando, vinculado con los yihadistas de Dacca, contra la principal congregación religiosa del país, abortado por las fuerzas de seguridad sin que llegara a mayores. Estos acontecimientos sí terminaron cristalizando el cambio de actitud. Las alarmas sonaron en un país que veía amenazada la bonanza de uno de sus principales motores económicos: la industria textil, del que Bangladesh es el segundo exportador mundial con más de 25.000 millones de dólares de ventas anuales. El Gobierno reaccionó contundentemente, aunque continuó negando credibilidad a las marcas yihadistas trasnacionales atribuyendo todas las acciones a grupos extremistas locales.

Entre julio y agosto las noticias de la desarticulación de comandos, de yihadistas abatidos en “fuegos cruzados” y las filtraciones a la prensa fueron una constante. A finales de agosto, la policía anunció la muerte del yihadista más buscado, Tamim Chaudhry, supuesto cerebro de la masacre en el restaurante Holey y considerado el hombre fuerte de Estado Islámico en Bangladesh.

Si bien los atentados cesaron, a mitad de 2016 unas tres decenas de activistas homosexuales y pensadores laicos ya habían abandonado Bangladesh bajo protección rumbo a otros países, sobre todo occidentales. El mismo camino siguieron muchos trabajadores expatriados.

Una suerte de estrés postraumático y toda clase de teorías conspirativas acompañaron a Bangladesh en la segunda parte del año, sensaciones exacerbadas por el hecho de descubrir que algunos de los yihadistas que pusieron en jaque al Estado no eran estudiantes de familias pobres formados en las escuelas coránicas (madrasas) que han florecido en los últimos años, sino jóvenes de clase media-alta educados en las mejores universidades nacionales y extranjeras.

A pesar de la crisis de seguridad, el Gobierno de Hasina siguió comprometido en llevar adelante los juicios para depurar responsabilidades por crímenes cometidos durante la guerra de independencia de 1971, que fueron la gran promesa de la primera ministra, Sheikh Hasina, para regresar al poder en 2008 y que, según algunos analistas, han contribuido a aumentar la tensión en círculos islamistas. Más de medio centenar de personas han sido sentenciadas desde 2010 en diferentes instancias de este proceso de revisión de la memoria histórica, criticado de poco justo por organizaciones defensoras de los derechos humanos y por el que han sido ejecutados cinco destacados miembros de la cúpula de Jamaat-e-Islami (JI) y un sexto del BNP.

En mayo de 2016 murió en la horca Motiur Rahman Nizami, presidente de JI, formación que en el conflicto se alineó con el régimen de Pakistán, del que Bangladesh era en esos momentos la región oriental.Y en septiembre el gobierno de Dacca ejecutó a otro peso pesado de los islamistas, Mir Quasem Alí.

Entretanto, la Liga Awami aprovechó para continuar consolidando su hegemonía sembrando acusaciones de todo tipo contra sus oponentes. Esta guerra dialéctica fue replicada en los tribunales, que no solo aceptaron numerosas demandas a trámite por corrupción, violencia o sedición contra altos cargos políticos sino también contra editores y periodistas de medios vinculados a la oposición o situados en la peligrosa equidistancia.

Con los principales municipios y ciudades bajo su control y sin oposición real en el Parlamento, el partido de Hasina alargó sus tentáculos a nuevas instituciones en la primavera de 2016 al imponerse en unos comicios a consejos rurales celebrados en fases y que devinieron los más sangrientos de la historia independiente del país, con más de 130 muertos y 10.000 heridos.

Asia Central: el tempo regional se acelera…

Islam Karímov, presidente eterno de Uzbekistán, falleció oficialmente el 2 de septiembre.Aunque es probable que el fatal desenlace se produjera unos días antes. La noticia se daba por segura en círculos diplomáticos varios días antes del anuncio oficial. Esta opacidad se interpretó como un resultado de los movimientos entre bambalinas del poder para gestionar la transferencia de poder hacia Shavkat Mirziyóyev, longevo primer ministro con Karímov. Las elecciones presidenciales se celebraron el 4 de diciembre, pero Mirziyóyev ya había sido nombrado presidente en funciones el 8 septiembre. Este nombramiento –que contravenía la constitución uzbeka– dejaba pocas dudas sobre el resultado de unas elecciones en las que obtuvo, finalmente, más del 88% de los votos.

Los primeros meses de Mirziyóyev –conocido por su mano dura– también han seguido el guion previsto. Es decir, una línea continuista hacia el interior, salpicada con algunos gestos pero con escasa apertura. La nueva presidencia sí ha entrañado algunos cambios en la política exterior uzbeka. Por un lado,Tashkent ha impulsado un cierto deshielo y búsqueda de soluciones dialogadas con Tayikistán y Kirguistán a cuenta de los proyectos hidrológicos de ambos, significativamente la presa tayika de Rogún y los persistentes problemas derivados de la pobre gestión fronteriza en el valle de Ferganá.

De igual forma,Tashkent –acuciado por la situación económica– busca con mayor ahínco inversión exterior y se ha mostrado, por ello, más receptivo a fortalecer los vínculos con Moscú, Beijing, otras potencias asiáticas y ya veremos si Washington y Bruselas. De momento, los resultados obtenidos son magros. Uzbekistán mantiene su autonomía estratégica en lo relativo a la geopolítica regional, pero se mantienen las incertidumbres sobre las bases de su aparente estabilidad.

Kazajstán se vio sacudido por una oleada de protestas frente al intento del gobierno kazajo por reformar la ley del suelo agrícola. El gobierno de Astana insistía en que no sería así, pero los manifestantes interpretaron esta reforma como un primer paso para una creciente implantación china en el agro kazajo. Desde Atyrau, en el oeste del país, las manifestaciones se han extendido por otras ciudades del Kazajstán profundo como Aktobe, Semey, Aktau, Skymkent, Kyzylordá, Zhanaozén, Oral y, aunque minoritarias, también se reprodujeron en las dos capitales, Astaná y Almaty.

Además de los temores atávicos frente a una potencial colonización china, estas manifestaciones eran un reflejo de un malestar social potencialmente explosivo y que plantea un escenario muy complejo para el gobierno kazajo; lo que explica su nerviosismo y vaivenes.Así, por ejemplo, el presidente Nazarbáyev pasó de alertar frente a un posible escenario ucraniano en Kazajstán orquestado por “provocadores” a mostrarse comprensivo con el malestar de los manifestantes. La crisis económica es el principal combustible de este malestar social. El derrumbe de los precios del petróleo ha afectado severamente las perspectivas de la economía kazaja y la solvencia del tengué, divisa local; lo que se traduce en un duro aumento del coste de la vida para los ciudadanos kazajos.

Para afrontar estas turbulencias económicas, Astaná anunció dos grandes medidas: un nuevo plan de desarrollo nacional y elecciones parlamentarias anticipadas. Pero ni lo uno ni lo otro parece que vayan a ofrecer grandes resultados. Las elecciones parlamentarias, de hecho, reprodujeron de forma calcada la composición del parlamento anterior y difícilmente serán, como insistían las autoridades kazajas, un paso “decisivo en la modernización política y social”. Lo que sí ha conseguido el Gobierno es despejar el panorama electoral hasta la próxima década, ya que el presidente Nazarbáyev había renovado mandato el año anterior, recibiendo más del 98% de los votos.

El plan nacional de desarrollo, denominado “Un camino al sueño kazajo”, incluye privatizaciones de grandes empresas públicas de referencia como la petrolera KazMunayGaz, la minera Tau-Ken Samruk, la aerolínea Air Astana, la atómica Kazatomprom o el monopolio ferroviario Temir Zholy. Sin duda, un paso necesario para atraer inversión extranjera más allá del upstream petrolero e incrementar la competitividad del país. Pero este plan se suma a otros previos parecidos y de escasos resultados, lo cual explica cierto escepticismo. De hecho, según revelaron algunos medio locales, el Gobierno sólo ofrecerá participación en empresas lastradas por las deudas (KazMunayGaz, por ejemplo, acumula una de 18.000 millones de dólares) y planea crear nuevos holdings con las que estén saneadas.

El otro gran acontecimiento del año en Kazajstán, fue el incidente armado ocurrido en junio en la ciudad de Aktobe en el que un grupo de unos veinte individuos asaltó una armería y posteriormente atacó un cuartel del ejército. La información facilitada sobre este episodio es escasa y en algunos casos contradictoria, ya que las mismas autoridades hablaron tanto de atentado terrorista como de criminalidad común (asociada a la crisis económica).

Este incidente se suma a otros ocurridos en la región, significativamente el atentado contra la embajada de China en Bishkek ocurrido a finales de agosto cuando un suicida se lanzó contra el complejo en un coche cargado de explosivos. Se trataba de un uigur llegado de Xinjiang, pero con vínculos con insurgentes uigures combatiendo en Siria. El atentado, pese a su magnitud y espectacularidad, no causó más víctimas mortales que el propio terrorista, aunque tres trabajadores kirguises resultaron heridos. Lo que sí provocó este atentado fue un considerable aumento de la preocupación con relación al posible retorno de los yihadistas centroasiáticos en Siria –entre 2.500 y 4.000 individuos según las fuentes– y los intentos del autodenominado Estado Islámico (EI) por consolidar su presencia en Afganistán.

Los combatientes centroasiáticos en Siria son muchos de ellos migrantes radicalizados en Rusia. Su voluntad para retornar y capacidad para galvanizar una insurgencia en Asia Central resulta incierta, pero la atención dedicada por el EI genera inquietud en la región. El ruso, que sigue siendo la lengua franca en Asia Central, es la tercera más usada por el EI en su material propagandístico, solo por detrás del árabe y el inglés. La organización publica en ruso la revista Istok y ha creado Furat Media, una plataforma de propaganda exclusivamente en ruso. Además, en los últimos dos años han proliferado los vídeos de ejecuciones del EI protagonizadas por menores de origen centroasiático empleando lenguas locales (kazajo, uzbeko y kirguís). Algunos de los menores que aparecen en los vídeos deben rondar los 10-12 años, lo que ha aumentado el impacto psicológico de estos vídeos execrables. El número total de menores centroasiáticos en Siria se estima en unos 600. El temor frente al fenómeno del salafismo yihadista está detrás de la creciente cooperación militar y actividad diplomática rusa y china en Tayikistán. La progresiva disminución de la presencia militar occidental en Afganistán explica su menor interés en este asunto, pero también su predisposición a obviar las derivas autoritarias en la región, adoptando un enfoque que prioriza la estabilidad a corto plazo sobre cualquier otra consideración.

Palabras clave: Asia; India; Orden Internacional; Pakistán; Seguridad; terrorismo