Victor Ponta

© Unión Europea (2012)

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Actualización: 10 noviembre 2017

Rumanía

Primer ministro (2012-2015)

  • Victor-Viorel Ponta
  • Mandato: 7 mayo 2012 - 5 noviembre 2015
  • Nacimiento: Bucarest, 20 septiembre 1972
  • Partido político: Partido Social Demócrata (PSD)
  • Profesión: Jurista penalista y fiscal
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Presentación

Disfrutar de la ventaja que otorga la condición de primer ministro de Rumanía no le ha valido al socialdemócrata Victor Ponta para ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2014 a su adversario de la oposición liberal, Klaus Iohannis, con quien inicia una incierta cohabitación en el Ejecutivo. Este joven abogado penalista y fiscal anticorrupción fue reclutado para el Partido Social Demócrata (PSD, descendiente del Frente de Salvación Nacional, de cuya Revolución de 1989 se cumplen ahora 25 años) en 2002 por el entonces jefe del Gobierno, Adrian Nastase, y se hizo con las riendas de la agrupación ocho años después, al poco de romper los socialdemócratas la coalición que les unía al Partido Democrático Liberal (PD-L) del presidente de la República, Traian Basescu.

Pragmático, ambicioso y convertido en uno de los rostros señeros de la turbia cultura política, pródiga en escándalos de corrupción, artimañas partidistas y zancadillas personales, asentada en Rumanía desde la restauración democrática de 1990, Ponta trabó alianza con el Partido Nacional Liberal (PNL), dando lugar a la Unión Social Liberal (USL), en 2011. En mayo del año siguiente llegó a la jefatura del Gobierno a rebufo de los colapsos sucesivos de los Gabinetes demoliberales de Emil Boc y Mihai Razvan Ungureanu, el primero vencido por las protestas populares contra sus duros recortes anticrisis y el segundo tumbado por una moción de censura de la USL.

De inmediato, Ponta, con una patente falta de escrúpulos y sin perder el semblante sonriente, entabló un tenso duelo con el presidente Basescu, quien exigía su cuota de protagonismo en las relaciones internacionales, y se lanzó al control de las principales palancas institucionales del país, incluidas las judiciales, poniendo en cuestión el principio de la separación de poderes propia de todo Estado de derecho. El gobernante se zafó del escándalo del plagio de su tesis doctoral, pero la severa amonestación de la UE le obligó a hacer rectificaciones y tampoco pudo desembarazarse de Basescu, quien se salvó de ser destituido por el Parlamento al no alcanzar el referéndum validador la participación requerida. En las elecciones legislativas de diciembre, sin embargo, la USL arrasó y Ponta formó su segundo Gabinete recostado en una confortable mayoría parlamentaria.


Tras dejar atrás la gran crisis política de 2012, el primer ministro se concentró en su promesa de dignificar los bajos estándares de vida de la población rumana, muy castigados por las anteriores políticas de austeridad, pero sin desentenderse del diálogo crediticio con el FMI y la UE. El buen comportamiento de la economía y la retracción del déficit público dejaron margen de maniobra para subir los salarios y bajar el tipo del IVA aplicado al pan. Además, el paro oficial se mantuvo en unos niveles muy bajos (el 7%) en comparación con el que golpeaba a muchos socios europeos. Por otro lado, si bien enderezó sus relaciones con la Comisión Europea, Bucarest, por presiones de gobiernos como el de Francia, vio pospuesta sine díe su adhesión al Acuerdo de Schengen, debiendo conformarse con la desaparición (1 de enero de 2014) de las restricciones temporales a la libre circulación de trabajadores rumanos, vigentes desde el ingreso del país en la UE en 2007.

En febrero de 2014 Ponta encajó la desintegración de la USL por el portazo del PNL, pronto liderado por Iohannis y camino de fagocitar al PD-L para formar un gran partido opositor de centro-derecha, y hubo de rehacer su Gobierno con la incorporación de la formación de la minoría húngara, la UDMR. Con su inesperada derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 16 de noviembre, el dirigente rumano, políglota y deportista, afronta un escenario de debilidad que podría ponerle muy cuesta arriba lo que queda de legislatura, en principio duradera hasta 2016. Por de pronto, ya ha tenido que formar un nuevo Gabinete, el cuarto, por la marcha de los magiares de la UDMR.


(Texto actualizado hasta diciembre 2014)

Biografía

1. Criminólogo, diputado y ministro del PSD
2. Salto a la jefatura del Gobierno tras la protesta social contra la austeridad del Gobierno Boc
3. La crisis política rumana de 2012: escándalos políticos, "guerra institucional" con el presidente Basescu y triunfal validación de Ponta en las elecciones legislativas
4. Ruptura de la alianza con los liberales y derrota en las presidenciales de 2014


1. Criminólogo, diputado y ministro del PSD

Con ascendientes italiano (el apellido original de la familia paterna, originaria de Trieste, era Ponte) y albanés, y bucarestino de nacimiento, vivió la Revolución de 1989 con 17 años y terminó la escuela secundaria en el Colegio Nacional Ion Neculce cuando en el país gobernaba el Frente de Salvación Nacional (FSN) del presidente Ion Iliescu. Tras licenciarse como abogado penalista por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bucarest en 1995, el joven empezó a ejercer de fiscal en el juzgado del sector 1 de Bucarest, labor que alternó con la impartición de clases de Derecho Penal en la Universidad Rumano-Americana.

En 1998 ganó una plaza de fiscal en la sala anticorrupción de la Alta Corte de Casación y Justicia, el Tribunal Supremo de Rumanía, donde trabajó en la persecución de delitos económicos y financieros, un problema de enorme magnitud en la Rumanía democrática salida de la dictadura comunista. Desde 2000 coordinó además la oficina para la lucha contra el lavado de dinero. Aquel mismo año, según un viejo currículum oficial posteriormente enmendado con la remoción de este y otros méritos académicos, se sacó un máster en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Catania, Italia.

En 2001, sin haber cumplido todavía la treintena de edad, Ponta fue nombrado jefe del Órgano de Control del Gobierno de Rumanía con el rango de secretario de Estado. En los tres años siguientes, sirviendo a las órdenes del primer ministro Adrian Nastase, presidente del Partido Social Demócrata (PSD, heredero del extinto FSN con el eslabón intermedio del Partido de la Democracia Social de Rumanía, PDSR, existente entre 1993 y 2001), el jurista fue asimismo miembro de la Comisión Especial encargada de investigar las infracciones penales cometidas por los miembros del Ejecutivo y del Consejo de Supervisión y Orientación de la Autoridad Estatal para la Recuperación de los Activos Bancarios.

En 2002, el año en que, de acuerdo con el currículum divulgado hasta 2012 en diversos sitios web oficiales, retomó la actividad docente en la Universidad Rumano-Americana y obtuvo un segundo título de grado por el Colegio Nacional de Defensa, previamente a la consecución en 2003 de un máster en Administración Política por el Instituto Social Demócrata y del luego polémico doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Bucarest, Ponta se adhirió al PSD y a finales de año fue aupado a la jefatura de las Juventudes del partido (TSD), al tiempo que ingresaba en el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del PSD.

A comienzos de 2003 el secretario de Estado y experto penalista se vio públicamente salpicado por el primer asunto turbio de los varios que iban a jalonar su controvertida carrera política. Se trató de la acusación lanzada en su contra por la familia de Cristian Panait, un fiscal anticorrupción del Tribunal Supremo y colega profesional de Ponta que en abril de 2002 se había quitado la vida mientras se hallaba bajo serias presiones políticas de sus superiores para que parase la investigación de una red de contrabando que involucraba al entorno del oficialismo del PSD. La familia de Panait aseguró que este, muerto a causa de las gravísimas heridas producidas al arrojarse a la calle desde el tercer piso del edificio en que vivía, había cometido suicidio justo después de sostener en la misma vivienda una acalorada discusión con Ponta, supuestamente enviado por el primer ministro Nastase para que convenciera a su amigo de que colaborara en el encubrimiento del caso de contrabando.

La primera experiencia gubernamental de Ponta tocó a su fin tras las conflictivas elecciones generales del 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2004, que sacaron al PSD del poder y se lo dieron a la alianza opositora de centro-derecha Justicia y Verdad (DA), integrada por el Partido Democrático (PD) y el Partido Nacional Liberal (PNL), y cuyo programa incidía en la lucha implacable contra la corrupción y en los esfuerzos reformistas para cerrar las negociaciones de adhesión de Rumanía a la Unión Europea. En la Presidencia de la Republica, el veterano Iliescu dejó paso al líder de los demócratas, Traian Basescu, mientras que en la jefatura del Gobierno el vapuleado Nastase fue sucedido por el líder de los liberales, Calin Popescu-Tariceanu.

Ponta, cuyo último cometido en el Gobierno Nastase había sido, en calidad de ministro delegado, implementar los programas para la adopción del acervo comunitario financiados con fondos del programa Phare, estrenó la condición de parlamentario de la Cámara baja, como diputado del PSD por la circunscripción valaca de Gorj. En esta su primera legislatura, fue vicepresidente de la Organización de Juventudes Socialistas de la Comunidad Europea (ECOSY, hoy Juventudes Socialistas Europeas, YES), la rama juvenil del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), al que el PSD rumano estaba afiliado, amén de secretario de la Oficina Permanente de la Cámara de Diputados hasta 2006, cuando siguió en este buró como vicepresidente.

En diciembre de ese último año sus correligionarios le eligieron para una de las vicepresidencias del partido que desde abril de 2005 presidía el ex ministro de Exteriores Mircea Geoana, con Titus Corlatean de secretario general. Con esta promoción, Ponta fue parcialmente compensado por su fracaso en el Congreso partidario de 2005, cuando su tentativa de hacerse con la Secretaría General sucumbió a la candidatura de Miron Mitrea. Para entonces, Ponta ya tenía abierto un nuevo frente de controversia personal, al hilo de unas acusaciones que volvían a poner en tela de juicio su ética política y su proceder institucional: según un funcionario del Ministerio de Educación, el antiguo miembro de la Comisión Especial responsable de investigar las imputaciones de corrupción que llovían sobre los miembros del Gobierno del PSD había cometido prevaricación al intentar encubrir los chanchullos de Hildegard Puwak, ministra de Integración Europea de Nastase y protagonista en 2003 de un escándalo de tráfico de influencias y uso abusivo de fondos europeos que le había costado la dimisión.

Por lo demás, el diputado Ponta presenció el agitado devenir de la política nacional, que zarandeó por igual a los partidos del Gobierno y de la oposición. En el oficialismo, la alianza del PD y el PNL saltó por los aires en 2007 con la expulsión de los demócratas del Gobierno Tariceanu y un primer intento de destitución parlamentaria del presidente Basescu, un estadista propenso a la pendencia verbal y a interferir en la vida parlamentaria saltándose las normas constitucionales y la imparcialidad del cargo, que fue iniciado por los socialdemócratas con el apoyo de los liberales.

El propio PSD, ya puesto en entredicho por la catarata de imputaciones de delitos económicos, abusos de poder y nexos con tramas del crimen organizado que afectaban a muchos de sus miembros, encajó la bomba del procesamiento de Nastase, su líder hasta 2005 y del que Ponta era visto como un protegido, quien ahora presidía la Cámara de Diputados gracias a que los socialdemócratas, aunque desalojados del Ejecutivo, seguían siendo la primera fuerza del Parlamento. Sospechoso para la justicia de haber recaudado ilegalmente fondos durante la campaña electoral de 2004, en marzo de 2006 Nastase fue obligado por Geoana a renunciar a sus puestos en la dirección del PSD y como presidente del hemiciclo.

Ponta fue reelegido por Gorj en los comicios del 30 de noviembre de 2008, que produjeron un empate entre la alianza del PSD y su adlátere, el Partido Conservador (PC), y el Partido Democrático Liberal (PD-L, nuevo nombre del PD) de Basescu. Descartado de plano un entendimiento con el PNL y acuciado por la desventura económica de la Gran Recesión, el PD-L aceptó formar un inédito Gobierno de gran coalición con el izquierdista PSD; aunque opuestos en el terreno ideológico, el PD-L y el PSD compartían antepasado orgánico, el FSN salido de la Revolución que había derrocado la dictadura de Nicolae Ceausescu en 1989. La jefatura del nuevo Gabinete, inaugurado el 22 de diciembre de 2008, fue confiada al presidente del PD-L y hombre de confianza de Basescu, Emil Boc, y en su seno Ponta recibió el puesto de ministro delegado para las relaciones con el Parlamento.

La mayoría de los observadores se mostraron escépticos con la consistencia del Gobierno Boc, que, en efecto, empezó a hacer aguas al cabo de unos meses, no llegando al año de vida. Las candidaturas rivales de Basescu y Geoana para las elecciones presidenciales del 22 de noviembre (finalmente ganadas por el primero en la segunda vuelta del 6 de diciembre no sin las denuncias de fraude del perdedor) abrieron tensiones insuperables entre el PD-L y el PSD en la segunda mitad de 2009.

El 1 de octubre de 2009, en protesta por la destitución por Boc, supuestamente instigada por Basescu, del viceprimer ministro y ministro del Interior del PSD, Dan Nica, quien acababa de agitar el fantasma de un fraude electoral en favor del jefe del Estado y titular aspirante a la reelección, Ponta y los otros siete ministros socialdemócratas dieron portazo al Gobierno. Esto obligó a Boc, luego de perder una moción de censura, de fracasar la investidura parlamentaria de su sucesor designado por Basescu, Lucian Croitoru, y de arrojar la toalla un segundo designado presidencial, Liviu Negoita, a rehacer el Ejecutivo con la incorporación del partido de la minoría húngara, asentada principalmente en la región occidental de Transilvania, la Unión Democrática de Magiares de Rumanía (UDMR).

El Gobierno Boc 2 quedó constituido el 23 de diciembre en unas condiciones políticas y económicas harto precarias, con el país enchufado al programa crediticio, condicionado por supuesto, del FMI, el Banco Mundial y la UE, sin el cual la suspensión de pagos estaba asegurada. Rumanía iba a terminar el nefasto año 2009 con una contracción económica del -6,6% (frente al 7,3% positivo de 2008) y un déficit público del 9%.


2. Salto a la jefatura del Gobierno tras la protesta social contra la austeridad del Gobierno Boc

Su derrota frente a Basescu en las presidenciales de 2009 por tan solo 70.000 votos pasó factura interna a Mircea Geoana, cuyo estilo personal, serio y contenido, contrastaba poderosamente con la vivacidad y el desparpajo, asomado al populismo, de Basescu. Rápidamente, Ponta destapó sus ambiciones de liderar el PSD retando a Geoana, al que, por 856 votos contra 781, arrebató el puesto de presidente en un Congreso especial celebrado el 21 de febrero de 2010. Entre los que mostraron satisfacción por el resultado de la elección interna del PSD estuvieron el ex primer ministro Nastase, quien pese a sus líos con la justicia siguió al frente del Consejo Nacional de la agrupación (en tanto que Liviu Dragnea continuó también en la Secretaría General), y el ex presidente Iliescu, quien próximo a cumplir los 80 años seguía conservando una importante influencia en la formación que la que era artífice.

Como líder del PSD y de la oposición al Gobierno Boc, Ponta pregonó el discurso de "la Rumanía correcta", que hacía hincapié en las nociones de modernización, dinamismo y equidad social en un país exportador nato de emigrantes en busca de unas mejores condiciones de vida y lastrado por las rémoras, todavía demasiado lesivas, de la corrupción y el crimen organizado, a los que acompañaban el peso desmedido de la economía sumergida y los pobres niveles de recaudación tributaria. Antes de sobrevenir la crisis en términos macroeconómicos, Rumanía ya exhibía los niveles de renta más bajos de la UE, de la que era miembro desde 2007 pero sin participar en el espacio de Schengen, junto con la vecina Bulgaria. Se trataba, en realidad, del mismo mensaje que había difundido su predecesor, Geoana, con quien Ponta siguió polemizando. La enganchada entre ambos dirigentes iba a culminar en noviembre de 2011 con la expulsión de Geoana de los órganos de dirección del partido y su remoción de la presidencia del Senado, que ostentaba desde 2008; luego, en 2012, Ponta y Geoana iban a sellar la reconciliación.

Más que orador o visionario, Ponta dejó claro que se trataba de un hombre de acción, de acciones audaces y sin complejos. Antes de terminar 2010, el líder socialdemócrata intentó derribar al baqueteado Gobierno Boc con, nada menos, cuatro mociones de censura parlamentarias, la primera en junio, la segunda en octubre y las dos últimas en diciembre. La justificación aducida por Boc para forzar el adelanto electoral era, según él, de peso: el enorme daño social que estaba causando el paquete de recortes y austeridad, verdaderamente draconiano, adoptado por el Gobierno, el cual, como condiciones para acceder a los tramos del montante 26.000 millones de euros de socorro financiero concedido en 2009 por la UE, el FMI y el Banco Mundial, debía realizar despidos masivos en el sector público, podar los salarios de los funcionarios un 25% y achicar las pensiones y las prestaciones por desempleo un 15%. El PSD se apuntó la victoria parcial del veto por el Tribunal Constitucional del recorte de las pensiones, aunque el Gobierno, para cuadrar sus cuentas, compensó la congelación de las pensiones con la subida del tipo general del IVA del 19% al 24%.

Modulándose a la ola de indignación ciudadana por los dolorosos ajustes del Gobierno para cumplir los compromisos de estabilización financiera pactados con los proveedores de fondos, Ponta dio un importante golpe de efecto a principios de 2011 con su entendimiento parlamentario y preelectoral con el PNL, que desde 2009 dirigía Crin Antonescu. El 5 de febrero Ponta y Antonescu firmaron el protocolo que ponía en marcha la Unión Social Liberal (USL), cuyos integrantes eran el PSD y la Alianza de Centro Derecha (ACD), a su vez formada en enero anterior por el PNL y el PC de Daniel Constantin. Sus creadores presentaron a la USL como una sólida alternativa gubernamental a la coalición oficialista del PD-L, la UDMR y la Unión Nacional para el Progreso de Rumanía (UNPR), un partido creado en 2010 por varios escindidos e independientes procedentes del PSD y el PNL, el más destacado de los cuales era el ex socialdemócrata Gabriel Oprea, ministro de Defensa desde 2009 y anteriormente del Interior. El 11 de marzo la USL lanzó la enésima moción de censura parlamentaria contra el Gobierno Boc, que como las anteriores no alcanzó el número necesario de votos, 236, para prosperar.

Al comenzar 2012, la crispada situación política y social colocó a Boc contra las cuerdas y Ponta se aprestó a aprovecharse de un colapso gubernamental que, aunque no de manera inmediata, iba entregarle el poder en bandeja de plata. Vencido por la presión de las movilizaciones ciudadanas contra la austeridad, el primer ministro del PD-L presentó su dimisión irrevocable a Basescu el 6 de febrero. El presidente aceptó la renuncia al punto y nombró un primer ministro interino, el independiente, Catalin Predoiu, que ejerció solo tres días, hasta la constitución del nuevo Gabinete tripartito (PD-L, UDMR y UNPR) capitaneado por el diplomático Mihai Razvan Ungureanu, el cual prometió seguir la senda de las "reformas" emprendida por Boc.

Ponta recibió con disgusto la elección hecha por Basescu dentro de sus prerrogativas constitucionales, pero el caso era que la aritmética parlamentaria seguía favoreciendo al oficialismo. Sin embargo, esta situación duró bien poco. El 27 de abril la USL sometió a votación en la Cámara una nueva moción de censura y esta vez, por fin, Ponta consiguió tumbar al Ejecutivo de la PD-L con el respaldo de 235 diputados, cuatro más de los necesarios. Entre los que votaron en contra del Gobierno Ungureanu estuvo Sorin Frunzaverde, hasta hacía un mes uno de los más conocidos dirigentes del PD-L y ahora pasado a las filas del PNL. Indiferente a las denuncias de transfuguismo, Ponta celebró su victoria parlamentaria, que representaba "el final de un sistema abusivo que se vale de cualquier arma posible" y "el inicio de un cambio fundamental en el destino de Rumanía", y recibió, el mismo 27 de abril, el encargo de un frustrado Basescu de formar el próximo Gobierno de mayoría pero con mandato limitado, hasta las elecciones legislativas de noviembre.

El 1 de mayo Ponta tuvo lista la relación de ministros. De la veintena de puestos, ocho eran para el PNL, seis (sin contar la jefatura del Gobierno) para el PSD, uno para el PC y el resto para personalidades no afiliadas. Los liberales colocaron a Andrei Marga en Exteriores, a Daniel Chitoiu en Economía y a Corneliu Dobritoiu en Defensa, mientras que los socialdemócratas se reservaron las carteras de Interior, para Ioan Rus, y Justicia, para Titus Corlatean. El cargo de ministro de Finanzas, con rango de viceprimer ministro, fue para el independiente Florin Georgescu. En la votación parlamentaria del 7 de mayo el primer Gabinete Ponta mereció el aval de 284 diputados, tras lo cual tomó posesión.


3. La crisis política rumana de 2012: escándalos políticos, "guerra institucional" con el presidente Basescu y triunfal validación de Ponta en las elecciones legislativas

A sus 39 años el más joven primer ministro en la historia de Rumanía, Ponta se comprometió a conducir el país con "estabilidad y seriedad", propiciando una gestión del Gobierno socialmente orientada para "corregir las injusticias y los desequilibrios", pero sin ignorar los compromisos asumidos con el FMI y los donantes de fondos, al menos hasta la elaboración del presupuesto de 2013; por el momento, el déficit de las cuentas públicas, que había terminado 2011 en el 5,5%, seguía dejando un margen de maniobra muy corto al Ejecutivo.

Aunque estaba resuelto a estimular el crecimiento (la economía había avanzado el 2,3% el año pasado, pero ahora mismo el ritmo era prácticamente nulo) y la creación de empleo, Ponta empezó a desmontar algunas de las promesas populares formuladas al calor de la oposición a los gobiernos demoliberales. Así, el IVA no regresaría del 24% al 19% de manera inmediata, sino "gradualmente", quedándose en el 20% hacia 2016, siempre, eso sí, que la USL ganara las elecciones en los próximos meses. Y el flat tax del 16% sobre las rentas de trabajo y empresariales, que el PSD había propuesto sustituir por un sistema con tipos marginales progresivos, se mantendría como estaba. Ahora bien, la intención de revertir el bocado del 25% a los sueldos de los funcionarios, impuesto por el Gobierno Boc en 2010, seguía intacta, al igual que el propósito de aumentar progresivamente el salario base profesional.

En junio de 2012, a la espera de concretarse las recetas económicas y sociales de su Ejecutivo y de conocerse su impacto en la coyuntura general y en el bienestar de la castigada población rumana, Ponta se vio envuelto en un escándalo personal, en principio menor pero que alcanzó unas repercusiones insospechadas por cuanto la oposición y un sector de la opinión pública se valieron del caso para inducir el carácter mendaz del primer ministro. La barahúnda comenzó el 18 de junio, dos días antes de saltar la noticia del intento de suicidio de Adrian Nastase, recién condenado a dos años de cárcel por el delito de financiación ilegal de partido político (liberado en 2013, el ex primer ministro iba a ser vuelto a condenar en 2014, a cuatro años de prisión, por el cobro de sobornos), cuando la revista Nature, basándose en la documentación aportada por un denunciante anónimo, publicó que el gobernante había plagiado, al incluir largos pasajes literales de otros autores sin citarlos expresamente, parte de la tesis doctoral defendida en 2003 en la Universidad de Bucarest y que versaba sobre el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.

Ponta negó en redondo haberse apropiado de textos de obras ajenas para su tesis, pues citaba a los autores de los mismos "al final, como bibliografía", y acusó a Basescu de estar detrás de una maniobra de "guerra política" que, mediante "chantajes" y "calumnias", buscaría intimidarle para que no le restara protagonismo en las citas internacionales. El forcejeo institucional por este conflicto de competencias, surgido desde el primer día de Ponta en el poder, había terminado en el Tribunal Constitucional, el cual dictaminó en favor del presidente. Sin embargo, Ponta, en vísperas de su elección como vicepresidente de la Internacional Socialista, reclamaba su derecho a asistir a los Consejos Europeos en representación de Rumanía, a la vez que sacaba partido de su conexión ideológica con François Hollande, en el Elíseo desde el 15 de mayo, para relanzar las relaciones rumano-francesas.

El líder socialdemócrata consideró ridícula la demanda del PD-L de que presentara la dimisión, tal como habían hecho y exactamente por los mismos motivos, sendas acusaciones de plagio doctoral, el ministro de defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg en marzo de 2011 y el presidente húngaro Pal Schmitt hacía tan solo dos meses. A finales de junio, el Consejo Nacional para la Certificación de Títulos, Diplomas y Certificados Universitarios (CNATDCU), órgano dependiente del Ministerio de Educación, dictaminó que Ponta había cometido un "plagio de copiar y pegar", y solicitó a la Universidad de Bucarest que retirara al infractor el título de doctor.

Se dio la circunstancia de que el CNATDCU emitió su dictamen cuando el ministro interino de Educación, Liviu Pop, acababa de anunciar la suspensión de las actividades de este consejo por invasión de competencias académicas. Ponta, que en estos momentos se encontraba en el Consejo Europeo de Bruselas, se remitió a lo que tuviera que decir sobre la cuestión la Comisión Nacional de Ética, subordinada también al Ministerio de Educación. En julio, dicha instancia concluyó que no había habido plagio. Al poco, un tercer comité evaluador, este convocado por la Universidad de Bucarest, dictaminó por unanimidad lo contrario, que Ponta había plagiado al menos un tercio de su tesis. En agosto, tres particulares demandaron al primer ministro por "fraude intelectual", pero ningún fiscal quiso iniciar diligencias.

En contra de las explicaciones de Ponta jugó un hecho que no pasó desapercibido para los inquisitivos periodistas rumanos: justo después de iniciarse la controversia sobre la tesis doctoral, del currículum oficial del gobernante, publicado tanto en su web personal como en las webs del Gobierno y de la Cámara de Diputados, desaparecieron como por ensalmo las líneas de méritos académicos relativas al máster de 2000 en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Catania, la graduación de 2002 por el Colegio Nacional de Defensa y el máster de 2003 en Administración Política por el Instituto Social Demócrata. Más tarde iba a esfumarse también el propio doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Bucarest, quedando la licenciatura en Derecho de 1995 como la única titulación superior reconocida. Lejos de adecuar su proceder a un cierto compás de espera preelectoral, Ponta sorprendió con un vigoroso contraataque político que parecía destinado a controlar las principales instituciones del Estado y que provocó la severa amonestación de la UE por su cariz antidemocrático.

El 3 de julio los grupos parlamentarios de la USL hicieron valer su mayoría y destituyeron a los titulares de la Cámara de Diputados, Roberta Anastase, y el Senado, Vasile Blaga, ambos del PD-L; Blaga, de hecho, acababa de ser elegido presidente de la formación en lugar de Boc y fungía por tanto como líder de la oposición. En su lugar, el oficialismo eligió respectivamente a Valeriu Zgonea, del PSD, y a Crin Antonescu, el jefe del PNL. De paso, la USL cesó al defensor del pueblo, Gheorghe Iancu, a quien reemplazó de manera interina el socialdemócrata Valer Dorneanu. Para Ponta, tanto Blaga, quien habló de "golpe de Estado" y advirtió que Rumanía se dirigía a una "dictadura sin ley", como Iancu eran meras correas de transmisión de la voluntad del intrigante Basescu. Este contaba también con el respaldo del Tribunal Constitucional, el cual no perdió un minuto en denunciar que Ponta y el Gobierno estaban intentando cambiar la composición de la institución para amoldarla a sus designios, ataque a su independencia del que acababa de informar cumplidamente la UE. Para Ponta, sin embargo, quien sufría constantes "amenazas" e "intimidaciones" era el Gobierno.

Basescu, siempre listo para dar la batalla, explicó a las claras que el objetivo final de su archienemigo era "controlar la justicia", pero que antes Ponta intentaría apartarlo a él de la Presidencia como "etapa intermedia". Según él, esta operación se realizaría "en los próximos días". En efecto, el proceso de destitución de Basescu de acuerdo con lo dispuesto por el art. 95 de la Constitución se puso en marcha a toda velocidad. El 6 de julio el Parlamento comenzó a debatir la moción de la USL para suspender de manera inmediata al jefe del Estado por contravenir la Carta Magna, sobre la base de un pliego de acusaciones que entre otras "graves violaciones" mencionaba el abuso de poder, la usurpación de funciones y atribuciones del primer ministro, y el desprecio de su rol constitucional de mediador entre los poderes del Estado.

Sin sorpresas, la mayoría oficialista del Parlamento dio luz verde a la suspensión de Basescu durante 30 días, tiempo en el cual los rumanos tendrían que decidir en referéndum si deseaban su apartamiento definitivo del cargo o bien que reasumiera sus funciones. Basescu ya había pasado por este trance cuando su primera suspensión parlamentaria en 2007, pero entonces los electores se habían pronunciado a favor de su continuidad con un 75% de síes, aunque con una participación de solo el 44%. El 9 de julio el Tribunal Constitucional validó conforme a ley el paso dado por el Legislativo y al día siguiente las funciones de la jefatura del Estado fueron asumidas interinamente por el presidente del Senado, Antonescu.

En un intento de asegurarse el éxito de su maniobra, Ponta dispuso además un cambio legal por decreto para que el preceptivo referéndum, convocado para el 29 de julio, pudiera ratificar el despido de Basescu sin la exigencia legal de la participación superior al 50%, resultando suficiente una mayoría simple de votantes. Semejante secuencia de acontecimientos endureció las críticas externas a la inquietante actuación del Gobierno de Bucarest. Ponta insistía en que el Estado de derecho se respetaba en Rumanía, pero tuvo que viajar a Bruselas para dar las debidas explicaciones a los preocupados responsables de la UE.

El primer ministro y su titular de Justicia, Titus Corlatean, sostuvieron encuentros con el presidente del Parlamento Europeo (y colega del PSE), Martin Schulz, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, el presidente del Consejo, Herman Van Rompuy, y la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding. Esta última se mostraba especialmente alarmada por la crisis política instalada en Rumanía, y además no ocultaba su escepticismo con la preparación del país para suscribir el Acuerdo de Schengen, es decir, el levantamiento de fronteras internas y la libre circulación de personas.

En Bruselas, Ponta, manteniendo el tipo sonriente, fue severamente reconvenido por sus interlocutores europeos y escuchó amenazas de sanciones políticas -la privación del derecho de voto en el Consejo de la UE- si no daba marcha atrás en sus maniobras para menoscabar la independencia de los jueces y la institución del Defensor del Pueblo. El amonestado prometió cortésmente hacer todo lo que se le reclamaba. De vuelta en Bucarest, el gobernante, como primera retractación, declaró que la consulta popular del 29 de julio se atendría al requisito validador del 50% de participación, precisamente reafirmado ahora por el Tribunal Constitucional, pero no pudo evitar que el 18 de julio la Comisión Europea, bajo el mecanismo de cooperación y verificación de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción, emitiera un informe sumamente crítico con la situación de la política y el Estado de derecho en Rumanía tras un lustro de pertenencia a la UE. En su presentación del informe, Durão Barroso, que había entregado a Ponta una lista de "11 mandamientos" de inexcusable cumplimiento, manifestó que el país balcánico había "retrocedido desde el borde del precipicio".

A continuación, Ponta encajó el fracaso, debido a la elevada abstención, del referéndum de destitución de Basescu, quien había urgido a los rumanos a frustrar en las urnas el "putsch" parlamentario en su contra. La triquiñuela del Gobierno de mantener los colegios abiertos cuatro horas extra no dio resultado y la consulta quedó invalidada por falta de participación, la cual se quedó en el 46,2%. Sin embargo, los electores que acudieron a votar lo hicieron para pronunciarse masivamente, en un 88,7%, contra la continuidad del presidente y por tanto a favor del Gobierno. La crisis había terminado y el 28 de agosto Basescu reasumió sus funciones presidenciales.

El desenlace del referéndum de destitución tuvo consecuencias políticas en el Gobierno aún antes de emitir el Tribunal Constitucional su veredicto, en un sentido previsible, sobre la validez de la consulta. El 6 de agosto el ministro del Interior, Ioan Rus, muy quemado por la avalancha de críticas a la organización del plebiscito por su departamento y por las deficiencias detectadas en los padrones electorales, causó baja en el Gabinete y Ponta lo suplió por el también socialdemócrata Mircea Dusa. El primer ministro aprovechó para premiar a su leal ministro de Justicia, Corlatean, por su manejo de la bronca de la UE otorgándole la cartera de Exteriores, hasta ahora en manos de liberal Andrei Marga.

Basescu seguía en la Presidencia por decisión democrática de los ciudadanos, pero el último round de las hostilidades políticas libradas en 2012 entre el jefe del Estado y el jefe del Gobierno rumanos se saldó con victoria arrasadora del segundo en las elecciones legislativas del 9 de diciembre, séptimas desde la restauración democrática de hacía 22 años. Mejorando incluso los pronósticos más halagüeños, la USL, segmentada en la Alianza de Centro Izquierda (ACS) del PSD y la UNPR, y la ACD del PNL y el PC, conquistó una mayoría absoluta de 273 diputados (de los que 159 correspondían a la ACS) con el 58,6% de los votos.

Se trataba del triunfo más rotundo desde la barrida del FSN de Iliescu en 1990, con la Revolución aún fresca. Por lo que se veía, la mayoría del electorado no hacía una lectura negativa del polémico proceder de Ponta en estos últimos meses y optó por castigar con dureza al PD-L de Basescu (por más que el presidente ya no pertenecía al partido), Blaga y Boc, al que no le perdonaba sus políticas de ajuste y recortes en los cuatro años que había gobernado el país. La Alianza Rumanía Recta (ARD) que tenía como núcleo a los demoliberales no sacó más que 56 escaños en la Cámara baja, nueve más que la revelación de la jornada, el Partido Popular del excéntrico multimillonario y demagogo Dan Diaconescu.

El 19 de diciembre, entre palabras de conciliación y anuncios de estabilidad política, estabilidad que la zarandeada Rumanía necesitaba imperiosamente, y luego de recibir el preceptivo nombramiento de Basescu, quien se lo transmitió a regañadientes, Ponta presentó su segundo Gabinete, que incorporaba a los cuatro partidos de la USL. Dos días más tarde tomó posesión el nuevo Gobierno con la aquiescencia de 402 diputados. Ponta se hizo flanquear por tres viceprimeros ministros, Liviu Dragnea (PSD), Daniel Chitoiu (PNL) y Gabriel Oprea (UNPR); los dos primeros eran además los titulares de Desarrollo Regional y de Finanzas, respectivamente. Siguieron los socialdemócratas Corlatean, en Exteriores, y Dusa, quien pasó de Interior a Defensa. De Interior se hizo cargo el liberal Radu Stroe. En Justicia fue renovada la independiente Mona Pivniceru.


4. Ruptura de la alianza con los liberales y derrota en las presidenciales de 2014

Comparado con el convulso 2012, el año 2013 transcurrió con relativa suavidad en Rumanía. Ponta, reelegido presidente del PSD en el Congreso del mes de abril (sus nuevos máximos lugartenientes en la colectividad pasaron a ser Liviu Dragnea, como presidente ejecutivo, y Andrei Dolineaschi, secretario general), y Basescu establecieron un pacto de convivencia e incluso empezaron a cooperar para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones, lo que despertó los recelos del PNL.

Solo en la segunda mitad del año tuvo que hacer frente el gobernante a los problemas derivados de la protesta social contra los planes de explotación de una mina de oro por una multinacional canadiense en la localidad arqueológica de Rosia Montana, en el condado transilvano de Alba, y de la acusación judicial al viceprimer ministro Dragnea, quien de todas maneras conservó el puesto, de intentar trucar los datos de participación en el referéndum de 2012 para conseguir la destitución de Basescu. Además, estaban los habituales escándalos de corrupción, que volvían a golpear al PSD. Mucha más decepción causó a Ponta el portazo de la Comisión Europea al ingreso de Rumania (y de Bulgaria) en el área de Schengen a pesar de que técnicamente se cumplían los requisitos de seguridad establecidos.

Si la cuestión seguía bloqueada siete años después de la entrada en la UE era por la oposición política de ciertos gobiernos. Países miembros como Francia, donde había una encendida polémica sobre los problemas de integración de los gitanos rumanos, exigían a Bucarest garantías adicionales del control de sus fronteras exteriores, por las que podrían penetrar fácilmente en la UE inmigrantes de países no comunitarios, antes de permitir la libre circulación, sin pasaporte, de todos los ciudadanos rumanos, no solo trabajadores, para los que las restricciones de movimientos terminaban el 1 de enero de 2014.

Al comenzar 2014, las turbulencias volvieron a recorrer el Gobierno Ponta, y esta vez sin necesidad de atizadores externos. En enero, el ministro del Interior del PNL, Stroe, tuvo que dimitir ante el enfado de la opinión pública por la negligente operación de rescate de los pasajeros de una avioneta siniestrada en un paraje montañoso. El 6 de febrero renunció otro ministro importante del PNL, el titular de Finanzas y uno de los tres viceprimeros ministros, Chitoiu, quien adujo el deseo de poder dedicar más tiempo a las tareas de su partido. En realidad, Chitoiu se entendía mejor con Ponta que con sus conmilitones. Aunque Ponta designó para cubrir estas bajas a otros dos miembros del PNL, Klaus Iohannis en Interior y Eugen Nicolaescu en Finanzas, las malas relaciones con Crin Antonescu, progresivamente deterioradas desde que el PSD enterró el hacha de guerra con Basescu y movió piezas institucionales contra el criterio del PNL, alcanzaron un punto critico. La gota que colmó el vaso fue la negativa de Ponta a reforzar la posición del designado Iohannis con la condición de viceprimer ministro.

La implosión de la USL se materializó el 25 de febrero con el anuncio por el presidente del Senado de la retirada de los ministros liberales del Gobierno, el paso de su formación a la oposición y la demanda de dimisión del primer ministro, condición sine qua non para que el PNL permaneciera en el oficialismo. El 26 de febrero se hizo efectiva la espantada de los liberales y el 5 de marzo Ponta cubrió los huecos dejados dando entrada a la UDMR, cuyo líder, Hunor Kelemen, fue hecho viceprimer ministro y ministro de Cultura. Siguieron siendo socios del PSD la UNPR y el PC, que en noviembre anterior había deshecho la ACD con el PNL. El 4 de marzo el Gabinete Ponta 3 obtuvo la confianza de la Cámara baja por 346 votos contra 192 y al día siguiente inició su andadura. Simultáneamente, Antonescu fue apartado de la presidencia del Senado, de la que tomó posesión el ex primer ministro Tariceanu, el cual acababa de romper amarras con el PNL y ahora se declaraba independiente, aunque favorable al oficialismo.

Los partidos que le secundaban ganaron las elecciones del 25 mayo al Parlamento Europeo y el 29 de julio Ponta fue proclamado por el Consejo Nacional del PSD, congregado en Craiova, candidato a presidente de la República en las elecciones que tocaban celebrar en noviembre y que marcarían el final de la accidentada década de Basescu, a quien la Constitución no permitía el tercer mandato consecutivo. El 20 de septiembre de 2014, el día de su 42 cumpleaños, el primer ministro de Rumanía lanzó su campaña presidencial con una puesta en escena de masas y triunfalismo que para adversarios y detractores evocaba los grandiosos mítines de adhesión al régimen de la época comunista y además les parecía impropia de un país que no nadaba precisamente en la abundancia. Con su acostumbrado estilo jovial y desenvuelto, y cómodamente apoyado en la maquinaria del PSD y los recursos del Ejecutivo, Ponta trazó un balance muy positivo de sus dos años largos de Gobierno.

En este tiempo, la economía nacional había avanzado de manera notable (del 0,6% de crecimiento en 2012 se había pasado al 3,5% en 2013, tasa solo superada por Letonia, y la previsión de la Comisión Europea para este 2014 era de un 2%, valor que seguía sobresaliendo en una UE aletargada y bajo amenaza de caer en la tercera recesión desde 2008), se había creado empleo (el paro oficial ya no pasaba del 7% y seguía por debajo de la media de la UE), los trabajadores habían visto mejorar sustancialmente sus salarios y el IVA había bajado para productos básicos como el pan. Además, el Gobierno estaba manejando de manera solvente los créditos internacionales y la lucha contra el déficit de las administraciones públicas, que ya había caído por debajo del 3% del PIB y este año podría quedarse en poco más del 2%. La deuda pública, cercana al 40% del PIB, era manejable y no rebasaba tampoco el tope establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE. De hecho, salvo por la inflación, que había sido de 3,2% en el conjunto de 2013 pero que en 2014 venía comportándose mucho mejor, Rumanía cumplía los criterios coyunturales para la adopción del euro.

En estas circunstancias, el Gobierno, aseguraba Ponta, disponía de margen presupuestario para subir las pensiones en 400 leus y aumentar de nuevo el salario mínimo, desde los 900 a los 1.051 leus (al cambio, 238 euros), en 2015. De la plétora de contrincantes electorales que le salieron a Ponta, donde, además del magnate populista Dan Diaconescu y otros representantes de las nuevas generaciones, había conocidos viejos rostros de la política nacional como Calin Popescu-Tariceanu, Teodor Melescanu y los hoy marginales líderes de la extrema derecha Corneliu Vadim Tudor y Gheorghe Funar, el más destacado era Klaus Iohannis, alcalde de Sibiu, portavoz de la pequeña minoría étnica alemana y desde junio presidente del PNL. El hombre designado por Ponta para el Ministerio del Interior en febrero anterior, pero que no había llegado a asumir el puesto al producirse la ruptura de la USL, contaba con el respaldo adicional del PD-L, con el que PNL, por cierto, tenía en marcha un proceso de fusión bastante avanzado.

El líder socialdemócrata, que durante la campaña fue acusado por Basescu de haber sido un espía encubierto del Servicio de Inteligencia Exterior entre 1997 y 2001 (a lo que él respondió con la propuesta, incongruente con sus actuales ambiciones, de convocar un referéndum para restaurar la Monarquía), concurría como el candidato también del PC y la UNPR, pero no de la UDMR, que optó por presentar un postulante propio, su mismo líder, el viceprimer ministro Kelemen. La división del voto del oficialismo no parecía hacer mella en las posibilidades de Ponta, que según los sondeos de intención de voto era el seguro ganador de la primera vuelta y muy probablemente también de la segunda.

El 2 de noviembre de 2014 las encuestas no erraron y Ponta se puso en cabeza con el 40,4% de los sufragios, seguido de Iohannis con el 30,4%, Tariceanu con el 5,4%, Elena Udrea por el Partido del Movimiento Popular (PMP) con el 5,2%, la independiente Monica Macovei con el 4,4% y Dan Diaconescu con el 4%. Tariceanu se apresuró a dar públicamente su respaldo a Ponta frente a Iohannis y el primer ministro anunció que, si ganaba la segunda vuelta, nombraría a aquel para sucederle en el mando del Gobierno. El 10 de noviembre el dirigente hubo de salir al paso de la polvareda levantada por la caótica organización del voto de los rumanos en el extranjero, que tuvieron que hacer largas colas en los colegios instalados en las embajadas de sus países de residencia y muchos de los cuales ni llegaron a depositar su papeleta, dejando caer al ministro de Exteriores, Corlatean.

Seis días después se celebró la segunda vuelta de las presidenciales y, para sorpresa general, Ponta fue batido por Iohannis, proclamado presidente electo de Rumanía con el 54,4% de los votos. Toda vez que los problemas del voto de los rumanos expatriados volvieron a darse en la segunda vuelta, el sustituto de Corlatean en Exteriores, Melescanu, el recién derrotado candidato presidencial, dimitió a su vez el día 18, obligando a su superior a buscar un reemplazo de urgencia, Mihnea Motoc, el cual fue rápidamente cambiado por Bogdan Aurescu. En tan solo 14 días Rumanía tuvo tres ministros de Exteriores y un cuarto designado.

A este cúmulo de reveses para Ponta se le sumó el 13 de diciembre la marcha del Gobierno de la UDMR, desolada porque su candidato, Kelemen, había fracasado clamorosamente ante el germanófono Iohannis en varios condados transilvanos donde los magiares constituían una parte importante de la población; por esta razón, Kelemen ya había renunciado a sus puestos en el Ejecutivo el 24 de noviembre. El 14 de diciembre de 2014 Ponta constituyó su cuarto Gabinete de coalición, donde el lugar de la UDMR era ocupado por el nuevo Partido Liberal Reformador (PLR) de Tariceanu y con Oprea como único viceprimer ministro.

Aunque el Ejecutivo conservaba una mayoría absoluta de 222 diputados, la mudanza gubernamental la efectuó Ponta en unas circunstancias de debilidad interna, pues varias voces críticas empezaron a escucharse en el PSD, y también de cara al crecido PNL, que, además de conquistar la Presidencia de la República con Iohannis, acababa de absorber al PD-L con el intermedio de la Alianza Cristiana Liberal (ACL). Con la inauguración de Iohannis el 21 de diciembre, comenzaba otra etapa de cohabitación incierta en el poder ejecutivo, donde las peculiaridades del sistema de Gobierno rumano, de tipo mixto, entre parlamentario y semipresidencial, no delimitaban con precisión los ámbitos de competencias de sus dos cabezas, con el consiguiente riesgo de conflictos.

El primer ministro de Rumanía estuvo casado con Roxana Ponta entre 1998 y 2006. Antes de divorciarse, la pareja concibió un hijo. Tras obtener la nulidad de su primer matrimonio, Victor Ponta volvió a casarse con la abogada y colega del PSD Daciana Sarbu, hija del ex ministro de Agricultura Ilie Sarbu y poseedora de un destacado currículum de política representativa, como secretaria de Estado en el Ministerio de Educación e Investigación (2003-2004), diputada del Parlamento nacional (2004-2007) y diputada del Parlamento Europeo (desde 2007). En 2008 Ponta y Sarbu tuvieron una hija en común. En sus páginas web y en sus entrevistas, Ponta, que según su currículum habla el inglés, el francés, el italiano y el español, presume de su dinamismo en la vida y de sus aptitudes para el deporte, concretamente las especialidades del baloncesto (en su adolescencia jugó en el equipo juvenil del CSA Steaua de Bucarest) y el automovilismo (en 2008 compitió de copiloto en la Copa Dacia Logan).

(Cobertura informativa hasta 15/12/2014)

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