Pervez Musharraf

© Comunidades Europeas (2006)

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Actualización: 22 septiembre 2016

Pakistán

Presidente de la República (2001-2008) y jefe del Gobierno militar (1999-2002)

  • Mandato: 20 junio 2001 - 18 agosto 2008
  • Nacimiento: Delhi, India, 11 agosto 1943
  • Partido político: sin filiación
  • Profesión: Militar
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Biografía

1. Militar apolítico y secularizado
2. Regateo con el Gobierno civil por las esferas de poder
3. La opción golpista para zanjar la crisis nacional
4. Condescendencia exterior y planes de restitución
5. En el ojo del huracán tras los ataques del 11 de septiembre
6. Cólera islamista por el paso al bando antitalibán
7. Tambores de guerra con India
8. Retorno al parlamentarismo civil y reserva de poder presidencial


1. Militar apolítico y secularizado

Segundo de tres hermanos, nació en la capital de la hoy República de India, donde estaba establecida su familia, musulmana y de clase social alta. Tras la partición de la colonia británica en 1947 y el nacimiento de Pakistán, los Musharraf, como otros muchos millones de musulmanes e hindúes que protagonizaron el doble éxodo desde un país al otro, optaron por el Estado dirigido por Mohammad Ali Jinnah y se establecieron en Karachi. El joven Musharraf pasó varios años de su infancia, entre 1949 y 1956, en Turquía, donde su padre, diplomático de carrera, estaba destinado. Allí recibió el primer tramo de su educación escolar anglófona, luego completada en colegios privados católicos en Pakistán, como el de San Patricio, en Karachi y el de Forman, en Lahore.

En 1961 ingresó en la Academia Militar de Pakistán y en 1964, tras graduarse como suboficial, fue destinado a un regimiento de artillería autopropulsada. En él fue movilizado durante la segunda guerra indo-pakistaní, en 1965, que tuvo por escenario el territorio de Cachemira (dividido en dos zonas nacionales desde el alto el fuego de 1949), sirviendo en los sectores de Khem Karan y Sialkot y siendo condecorado al valor. Finalizada la contienda, que no alteró el statu quo del antiguo principado autónomo, solicitó su traslado al Grupo Especial de Comandos del Ejército, donde sirvió siete años más. En 1971 participó en la nueva guerra con India precipitada por la secesión de Bangladesh, hasta entonces Pakistán Oriental, como comandante de compañía en un batallón de comandos.

Considerado un oficial altamente profesional en un Ejército formado en los patrones británicos (un apoliticismo castrense que en Pakistán no está reñido con intromisiones fulminantes, siempre aliñadas con justificaciones patrióticas, en la vida política, si la institución considera que el poder civil pone en peligro el orden establecido con sus disputas partidistas), en los años siguientes Musharraf enriqueció su hoja de servicios con sucesivos ascensos en el escalafón, a pesar de no pertenecer a la élite punjabí que predomina en los altos mandos. Fue secretario de sección adjunto en el Estado Mayor del Ejército y miembro de las directivas de la Escuela de Mandos del Estado Mayor de Quetta y de la Escuela de Defensa Nacional, luego de graduarse en ambos centros. Asimismo, asistió en Gran Bretaña a un curso de capacitación impartido por el Real Colegio de Estudios de la Defensa.

Con el rango de coronel, estuvo al mando de varios regimientos de artillería autopropulsada, en 1991 fue elevado a general de brigada de infantería, en 1993 sirvió como director de Operaciones Militares en el Cuartel General del Ejército y en 1995 recibió el galón de teniente general y el mando de un prestigioso cuerpo de élite del Ejército. Su intachable historial alcanzó la cima el 7 de octubre de 1998, cuando el Gobierno de Mian Mohammad Nawaz Sharif le promovió a jefe del Estado Mayor del Ejército con el grado de general de división, sustituyendo al influyente general Jehangir Karamat. El 9 de abril de 1999 Musharraf añadió a sus funciones la presidencia de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Según los testimonios, conocidos tras su irrupción en la vida pública, de mandos militares de otros países y periodistas locales que le trataron, Musharraf era un alto oficial secularizado, familiarizado con la cultura occidental y cristiana, crítico con el extremismo religioso y desvinculado de los intentos de islamizar el Estado comenzados bajo la dictadura del presidente-general Mohammad Zia ul-Haq a finales de los años setenta.


2. Regateo con el Gobierno civil por las esferas de poder

El hecho de que Nawaz Sharif escogiese a Musharraf para sustituir a Karamat, dimitido en protesta por la conducción de la cuestión cachemir, pareció constituir una imposición sin precedentes del poder civil, considerando el perfil moderado del promocionado. Desde 1997, los ejércitos de Pakistán e India venían sosteniendo numerosos duelos artilleros en la línea de demarcación de Cachemira, un fenómeno esporádico aunque recurrente desde la última guerra abierta entre los dos países en 1971. A partir de 1998, con el incremento del apoyo de Islamabad a los separatistas musulmanes que luchan por la unión a Pakistán del sector indio de Cachemira, y la escalada nuclear (detonación por Pakistán en el subsuelo de Chagai Hills, Beluchistán, de seis ingenios el 28 y el 30 de mayo, en respuesta a los cinco tests efectuados por India en Pokhrán, Rajasthán, el 11 y el 13 de mayo, que fue justificada por Nawaz Sharif para restablecer el equilibrio estratégico) activada por el nuevo Gobierno nacionalista de Delhi, la situación adquirió visos de alta peligrosidad.

La crisis militar que comenzó con India el 29 de mayo de 1999, cuando el Ejército de este país lanzó una ofensiva contra los separatistas en la región de Kargil y entró en choque con las tropas pakistaníes en la Línea de Control que funciona como la frontera internacionalmente reconocida, marcó un punto de no retorno en las tensas relaciones de Nawaz Sharif con los generales, que sumaron el unilateralismo en Cachemira, de inquietantes derivaciones para el prestigio del Ejército pakistaní, a su plantel de quejas y demandas. Esta sensación de derrota se extendió cuando Nawaz Sharif transigió frente a las presiones de Estados Unidos y el 11 de julio ordenó la retirada de los guerrilleros musulmanes, muchos de los cuales habían penetrado desde Pakistán, del dividido estado en las estribaciones del Himalaya.

Ahora bien, el descontento incrementado de Musharraf y sus generales obedecía fundamentalmente a la dirección política de la crisis cachemir por el primer ministro, que les marginaba de su dimensión estratégica, más que a un aventurerismo irresponsable del poder civil de turno, toda vez que ellos dirigían las operaciones encubiertas de apoyo a los milicianos islámicos y el propio Musharraf figuraba como un halcón en todo lo referente a India. Según algunos observadores, sectores del Ejército sí verían con alarma la condescendencia con el régimen ultraintegrista afgano de los talibán. Conquistadores de Kabul en septiembre de 1996 y del 90% del país tres años después, los talibán habían surgido a finales de 1994 en las escuelas coránicas regidas por los partidos extremistas de la escuela sunní deobandi y florecidas por cientos en las provincias pakistaníes de Beluchistán y de la Frontera del Noroeste (NWFP). Constituían un movimiento religioso-militar altamente fanatizado, su base étnica era casi exclusivamente pashtún y pretendían establecer una suerte de teocracia sectaria en todo Afganistán.

El Servicio de Inteligencia militar pakistaní, el ISI, los había financiado y armado profusamente desde el primer momento en la convicción de que un poder islamista pashtún que controlara Kabul y las principales ciudades y vías de comunicación afganas resultaba vital para los intereses estratégicos y comerciales de Pakistán, indispuesto en mayor o menor grado con varios estados de la región. Así, los talibán aseguraron de buena gana los campamentos de instrucción de combatientes en Cachemira, que acogían a miles de extremistas pakistaníes y de otros países musulmanes, y, pese a su acusada etnicidad, no hicieron planteamientos irredentistas de unión de todos los pashtunes (en torno al 42% de los 21 millones de afganos y el 20% de los 140 millones de pakistaníes), motivo de serios quebraderos de cabeza para Islamabad hasta la instalación del régimen comunista en Kabul en 1978. Oficialmente, el Gobierno pakistaní siempre había negado que tuviera que ver algo con los éxitos de los talibán.

Pero los severos mullah y sus estudiantes-soldados no eran unos peones que se dejasen teleguiar, perseguían sus propios objetivos en Afganistán y ello les convertía en una amenaza para un amplio número de países. Con su violento radicalismo antishií y su negativa a negociar un alto el fuego con el Frente Unido o Alianza del Norte, integrada por los partidos de mayoría tadzhika, uzbeka y hazara, y capitaneada por el ex presidente islámico Burhanuddin Rabbani y el mítico comandante mujahid Ahmad Shah Masud, los talibán estaban poniendo en peligro las siempre complicadas relaciones con Irán, rival por las áreas de influencia en Afganistán. Con India en zafarrancho de combate permanente al este y Rusia y sus aliados ex soviéticos mal encarados al norte, Islamabad no podía permitirse una crisis con su potente vecino occidental.


3. La opción golpista para zanjar la crisis nacional

Así estaban las cosas cuando el 12 de octubre de 1999 Sharif destituyó de improviso a Musharraf como jefe del Estado Mayor mientras este se disponía retornar a Pakistán de una visita oficial en Sri Lanka. Aunque andaba escaso de combustible, el piloto del avión, ocupado en total por 198 personas, recibió la orden de no aterrizar en territorio pakistaní. Este intento, un tanto burdo, del Gobierno de Sharif de deshacerse de Musharraf tuvo un contraefecto fulminante: desde el aparato, el general ordenó al Ejército que asumiera el control de todos los puntos estratégicos del país y tomara "bajo custodia" a Sharif y al teniente-general Ziauddin, nombrado para sustituirle en la jefatura del Estado Mayor. Horas después Musharraf anunció por la televisión su toma del poder para "salvar al país de la ruina y prevenirlo de futuras desestabilizaciones", presentando la intervención del Ejército como un "último recurso" frente a los males que lo afligían.

Sin detallar los propósitos ni la duración prevista del régimen recién inaugurado, en los días siguientes Musharraf fue despejando incógnitas a una opinión pública que acogió de buen talante, casi con alivio, la quiebra del orden constitucional, según se desprendía de la nula resistencia planteada por la militancia de la Liga Musulmana de Pakistán (PML) de Sharif y otros partidos vinculados al Gobierno. La ex primera ministra y líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Benazir Bhutto, que estaba exiliada en Gran Bretaña y que recientemente había sido condenada por corrupción en Pakistán, no ocultó su satisfacción por la caída de su acérrimo adversario político.

El día 15 Musharraf cerró el Majlis-l-Shura o Asamblea Nacional, suspendió la Constitución, destituyó a los gobernadores provinciales y declaró el estado de emergencia en vez de la más drástica ley marcial. Asimismo e autoinvistió "jefe del poder ejecutivo" y presidente de un Consejo de Seguridad Nacional (NSC) cívico-militar, cuyos siete miembros fueron nombrados el 25 de octubre. Éstos eran tres uniformados, los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y cuatro civiles: Mohammad Yaqoob, gobernador del Banco Estatal (SBP) desde 1993; Attiya Inayatullah, una experta en cuestiones de planificación familiar reconocida internacionalmente y que había trabajado para la UNESCO; Imtiaz Ahmad Sahibzada, antiguo funcionario de la administración federal y en la NWFP; y, Sayed Sharifuddin Pirzada, ministro de Asuntos Exteriores en los años sesenta y luego fiscal general de la República, hecho ahora por Musharraf su asesor principal. Sahibzada y Pirzada eran antiguos colaboradores del ex presidente Zia y su conservadurismo era conocido..

En lugar de designar un gabinete al completo, Musharraf conformó el Ejecutivo con la adición de tres ministros con cartera: en Exteriores, Abdul Sattar, que ya fuera titular del puesto en 1993, cuando hizo gala de una actitud intransigente hacia India, y vinculado al partido extraparlamentario derechista Teherik-e-Insaf; en Finanzas, Shaukat Aziz, alto ejecutivo bancario del Citigroup, cuya primera misión, a desarrollar conjuntamente con Yaqoob, era obtener del FMI una línea de crédito de contingencia y el reescalonamiento de la asfixiante deuda externa; y para la Fiscalía General -equivalente al ministerio de Justicia-, Aziz Munshi. Como podía verse, Musharraf se reservó plenos poderes en lo tocante a la defensa y la seguridad interior. Por lo demás, el presidente Rafiq Tarar, una figura de mínima relevancia colocada a instancias de Sharif tras lograr la dimisión de Farooq Leghari en diciembre de 1997, permaneció como jefe del Estado con carácter puramente nominal, y por de pronto se limitó a estampar su firma a los nombramientos citados. Para dirigir las provincias fueron nombrados unos gobiernos compuestos principalmente por tecnócratas y universitarios.

El NSC había sido precisamente la institución de emergencia que había solicitado el general Karamat, a fin de resolver el marasmo económico y atajar los signos de caos que menudeaban en la sociedad, azotada por violencias de todo signo (terrorismo islamista, luchas inter e intraconfesionales, bandidismo), el deterioro de las instituciones republicanas y las pendencias partidistas. En esta línea regeneracionista, Musharraf, quien continuó como jefe del Estado Mayor y de su Junta de Jefes, anunció medidas radicales anticorrupción, como la congelación e investigación de las cuentas bancarias de los políticos sospechosos de enriquecimiento indebido o de evasión fiscal.

También se desató una purga de altos funcionarios asociados a prácticas ilícitas. Por supuesto, el principal destinatario de estas medidas era Sharif, cuya eliminación política se deseaba a toda costa al señalársele, con sus maniobras para consolidarse en el poder, como el máximo responsable del desgobierno y el desorden reinantes en el momento del golpe. Hallado culpable de los cargos de terrorismo y piratería área -en referencia a su intento de impedir el aterrizaje del avión de Musharraf, considerado un acto criminal-, y de otro de corrupción, el ex primer ministro fue condenado a dos cadena perpetuas y 14 años de cárcel en sendos juicios concluidos en abril y en julio de 2000, si bien en diciembre Musharraf le concedió el exilio en Arabia Saudí a cambio de la confiscación de propiedades particulares por valor de ocho millones de dólares y la exclusión de la política por diez años.

Este conjunto de disposiciones sugería que Musharraf, si bien había prometido traer "una democracia real tan pronto como fuera posible", permanecería algunos años en el poder. Los analistas previeron un bienio, como mínimo. Según este análisis, a diferencia de los anteriores dictadores militares Mohammad Ayub Khan (1958-1969) y Zia ul-Haq (1977-1988), Musharraf no ambicionaría el poder unipersonal ni pretendería fundar una nueva institucionalidad previos colgamiento del uniforme y presentación como candidato civil a unas elecciones presidenciales. La aparente vocación de interinidad de Musharraf se enmarcaba en un descrédito general de la clase gobernante, muy sujeta a los linajes familiares y los clientelismos territoriales -tan predispuestos a las prácticas corruptas-, erosión democrática que, empero, la intromisión castrense amenazaba con acelerar.


4. Condescendencia exterior y planes de restitución

La reacción internacional ante el golpe, particularmente enojoso por producirse en un país importante (las asonadas triunfantes de los últimos años habían sucedido en países de interés estratégico menor en África subsahariana), fue contundente en los primeros momentos: la Commonwealth suspendió de pertenencia a Pakistán (18 de octubre) y Europa, Asia oriental y Estados Unidos hicieron lo propio con su ayuda al desarrollo. Washington, no obstante, matizó la exigencia del inmediato retorno al orden constitucional con la negativa a restablecer las sanciones económicas que estuvieron vigentes hasta el 2 de diciembre de 1998 como castigo por las pruebas nucleares, pese a que el 11 de junio del mismo año Sharif había anunciado una moratoria. Otras sanciones económicas de Estados Unidos seguirían en vigor, así como la suspensión de la cooperación militar decretada en 1990.

Más aún, desde el punto de vista estratégico, a Washington le parecía que el golpe de Musharraf encerraba un certificado de control castrense sobre el controvertido programa nuclear (tutela nunca antes puesta en entredicho), y, de paso, iba a aportar orden y previsibilidad a la actuación exterior de Pakistán. De hecho, Musharraf se esmeró en tranquilizar a los países occidentales, mientras que a India le ofreció una rama de olivo consistente en la "desescalada militar unilateral" previa a unas negociaciones sin condiciones de partida. Efectivamente, el 18 de octubre el Ejército pakistaní empezó a replegarse de la Línea de Control, pero Nueva Delhi condicionó cualquier encuentro en la cumbre para resolver la inveterada disputa a la desaparición de la insurgencia en la Cachemira india.

El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, incluyó a Pakistán en su minigira indostánica (cosa que, por ejemplo, no hizo en su gira africana de 1998 con Nigeria, entonces también bajo la bota militar) el 25 de marzo de 2000, en la primera visita de un mandatario de ese país desde 1969, si bien no despachó personalmente con Musharraf. Dos días antes de llegar Clinton a Islamabad, el general publicó el primer cronograma electoral: entre diciembre y mayo de 2001 se celebrarían comicios municipales, sólo abiertos a candidatos no partidistas, en julio de 2001 a los gobiernos provinciales y más tarde, sin concretar fecha, a la Asamblea Nacional. Antes, tendría que ponerse al día el censo electoral, que con sus dos décadas de antigüedad se había prestado a todo tipo de manipulaciones y distorsiones.

Musharraf aseguró entonces que lo que se proponía era una "transferencia de poder, sin precedentes, desde la clase dirigente a la mayoría de la población". El 12 de mayo de 2000, el Tribunal Supremo legitimó el golpe al conceder al NSC un plazo de tres años y tres meses, empezando a contar desde el 12 de octubre de 1999, para celebrar elecciones generales y restaurar la democracia. Cumpliendo el calendario, el 31 de diciembre de 2000 tuvieron lugar elecciones en 18 distritos locales y el 21 de marzo de 2001 en otros 20 más, pero la prohibición de las listas partidarias no impidió que los candidatos ligados a los viejos partidos y las estructuras tradicionales se hicieran con la mayoría de los puestos, malogrando la pretensión del general de renovar la dirigencia en este nivel del poder.

Por otro lado, el 15 de diciembre de 1999 Musharraf presentó un programa de relanzamiento de la economía en la línea de lo demandado por el FMI, que preveía el desarrollo de la agricultura y la pequeña industria, la introducción de sendos impuestos a las rentas agrícolas y el consumo, privatizaciones de empresas del Estado para obtener ingresos con que afrontar el coste de la deuda externa e inversiones sociales, en un país con un 35% de población pobre, en detrimento del presupuesto militar. El activismo de Musharraf no se ponía en entredicho, pero sus reformas no dieron el rápido resultado que esperaba la población, provocando desencanto y malestar. A mediados de 2001, la servidumbre de la deuda externa (36.000 millones de dólares), el déficit fiscal, la debilidad de la rupia, el incumplimiento de las previsiones de ingresos por las privatizaciones y la penuria de las inversiones foráneas posponían sine díe el despegue de una producción nacional que era aportada en un 40% por la boyante economía sumergida, basada en el contrabando y el tráfico de armas y drogas, en su mayoría con destino u origen en el turbulento Afganistán.

El 20 de junio de 2001 Musharraf añadió a sus jefaturas del Gobierno y el Ejército el puesto de presidente de la República, desplazando al políticamente irrelevante Tarar. La decisión, del todo inesperada, levantó protestas en la clase política y la judicatura, pero los analistas la ligaron a su próxima reunión en Agra con el primer ministro indio Atal Bihari Vajpayee, ante el que desearía presentarse reforzado en su autoridad política y legitimidad institucional, alejando la consideración de mero dictador militar.

La cumbre indo-pakistaní del 15 de julio de 2001 en Agra, celebrada al socaire del majestuoso Taj Mahal y primera desde la conducida por Vajpayee y Sharif en Lahore en febrero de 1999, destacó por el intercambio de gestos amistosos y los deseos de superación de los agudos desencuentros bilaterales, pero la cuestión de Cachemira se mostró tan intratable como siempre. El análisis de lo que allí sucedía era radicalmente diferente: para Vajpayee, los separatistas musulmanes que combatían en el sector indio no eran otra cosa que "terroristas", pero para Musharraf se trataban de "luchadores de la libertad", a los que su país, aseguró, sólo brindaba "apoyo moral y diplomático". Musharraf se encontró de vuelta en Islamabad sin ningún acuerdo sustancial bajo el brazo, dando nueva argumentación a los crecientemente contestatarios partidos religiosos, que ya habían conseguido parar los proyectos de reforma de la legislación consuetudinaria y que de día en día caldeaban el ambiente con proclamas antiindias. Las fuerzas de seguridad se vieron también incapaces para detener la espiral de masacres sectarias, en las que la minoría shií llevó la peor parte.


5. En el ojo del huracán tras los ataques del 11 de septiembre

El 14 de agosto de 2001, en el 54º aniversario de la independencia, Musharraf salió al paso del malestar general con un discurso a la nación en el que precisó que las elecciones generales y la transferencia del poder a los civiles tendrían lugar en octubre de 2002, cumpliéndose tres años desde el golpe. Omitió certificar si iba a permitir a los partidos presentarse a los comicios y aseguró que las amenazas para Pakistán provenían desde dentro, y eran tres: el desasosiego económico, la intolerancia y el extremismo, los cuales tachó de "termitas" que estaban carcomiendo el país. Conforme a este diagnóstico, anunció la inmediata ilegalización de dos organizaciones integristas relacionadas con el terrorismo interconfesional, el sunní Ejército de Jhangvi (Lashkar-e-Jhangvi, LeJ) y los shiíes Guardianes del Profeta en Pakistán (Sipah-e-Mohammadi Pakistan, SMP), emanaciones armadas respectivamente de los partidos Guardianes de los Compañeros del Profeta en Pakistán (Sipah-e-Shahaba Pakistan, SSP) y Movimiento por la Ley Shií en Pakistán (Tehrik-e-Jafria Pakistan, TJP).

Pero el 11 de septiembre se produjeron los históricos ataques terroristas contra Nueva York y Washington y, de la noche a la mañana, Pakistán y su presidente se vieron confrontados ante una situación crítica, que no era sino la consecuencia de la política fatal de estímulo y subvención del universo islamista más radical en esta parte del planeta, del que los talibán no eran más que la constelación más conspicua, en aras de los intereses estratégicos en Afganistán y Cachemira. Estados Unidos responsabilizó de la hecatombe terrorista a la organización islamista transnacional Al Qaeda que dirigía el multimillonario saudí Osama bin Laden, y la declaración de guerra implícita se hizo extensiva al régimen talibán afgano que le daba cobijo y, más aún, con el que había establecido una extraña simbiosis. Se avecinaba una masiva y fulminante campaña militar contra Afganistán y Musharraf fue emplazado por Washington a alinearse sin equívocos con la coalición internacional que comenzó a fraguar, recordándole que su país tenía una alta responsabilidad en el triunfo del extremismo en Afganistán.

Musharraf, que tenía a un hermano y a uno de sus dos hijos viviendo en Estados Unidos, condenó el "bárbaro y atroz acto de terrorismo" y manifestó que su país siempre había estado en el lado contrario a manifestaciones de esa naturaleza. Omitiendo de momento cualquier referencia a los talibán o Al Qaeda, el militar empezó a hacer encajes de bolillos para salir de su tremendamente embarazosa posición ante Estados Unidos, pero sin tirar por la borda toda una arquitectura de seguridad que durante años había dictado las políticas de defensa, la diplomacia y hasta el juego político partidista. Colocado entre la espada y la pared, Musharraf recibió presiones desde todas partes para que rompiera las relaciones diplomáticas con el régimen de Kabul, además de por Pakistán sólo reconocido por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que en casa, las simpatías proafganas de la gran mayoría de la población trazaron una línea a la ofrecida colaboración con Estados Unidos y sus aliados cuyo traspaso prenunciaba peligros incalculables.

Musharraf intentó desactivar la crisis a toda costa. El 17 de septiembre ordenó al Ejército el cierre de los 1.400 km de frontera con Afganistán con la intención tanto de parar la oleada de refugiados afganos como de estrangular el trasiego de armas y militantes de una parte a otra (sin mucho éxito, desde luego), y envió a Kandahar una delegación de alto nivel encabezada por el jefe del ISI, general Mahmood Ahmed, para convencer al supremo líder talibán, el enigmático mullah Mohammad Omar, de que si bin Laden no era entregado a los norteamericanos antes de tres días se adentrarían por el camino de la catástrofe. Pero Omar no se dejó impresionar y exigió pruebas irrefutables de la autoría de su "huésped", malogrando la advertencia-ultimátum de Islamabad.

El bofetón a Musharraf indicó que el intransigente régimen talibán se decantaba por la huida hacia delante, uniendo su suerte a la de Al Qaeda. Habría, pues, guerra, y fue el momento de sacar a colación las advertencias lanzadas en los últimos años por analistas y especialistas en la política regional, como el prestigioso periodista pakistaní Ahmed Rashid, sobre que el país aparentemente vencedor en 1996 con la toma por los talibán de Kabul podría pagar caro su éxito. El precio del cambio de régimen en el país vecino había sido, según Rashid, la "talibanización" de Pakistán, entendiéndose por tal la propagación de la "cultura del kaláshnikov", las drogas, el contrabando y el fundamentalismo religioso, que estaba disolviendo de hecho extensos tramos de la frontera afgana lindante con las semiautónomas Áreas Tribales Federalmente Administradas (FATA), donde el Estado pakistaní, pese a lo que declaraba el nombre de la entidad, ejercía una autoridad más bien nominal.

El hecho era que desde la toma del poder por los talibán en Afganistán, la economía sumergida y las redes ilegales habían ganado fuerza en Pakistán, traduciéndose en una brutal pérdida de ingresos en concepto de impuestos y tasas de aduanas. Peor aún, estos comentaristas señalaron que la propia estabilidad del Gobierno pakistaní corría un riesgo fatal si crecía el arraigo social de las fuerzas político-religiosas que él mismo había fomentado en el país vecino.


6. Cólera islamista por el paso al bando antitalibán

El anuncio por Musharraf de la cooperación con Estados Unidos en la caza de bin Laden desató la furia de los pequeños pero estridentes partidos integristas protalibán, que no sólo hicieron un héroe del terrorista saudí, sino que predicaron abiertamente una nueva jihad, ahora contra Estados Unidos, en Afganistán y el traslado de la revolución talibán a Pakistán. En las elecciones de 1997 sólo había conseguido representación parlamentaria, dos escaños, una de estas fuerzas -y considerada entre las menos radicales-, la Asociación de Ulema de Pakistán (Jamiat e-Ulema-e-Pakistan, JUP).

Su virulenta protesta encontraba un terreno absolutamente abonado, pues el ciudadano medio estaba resentido con Estados Unidos por la que consideraba una actitud proindia en la reciente tarascada nuclear y en la cuestión cachemir, y por su apoyo a Israel en el conflicto palestino. También, pesaba el impacto del ajuste económico decretado por el Gobierno para cumplir con las exigencias del FMI, como la supresión de los subsidios al consumo y el incremento de la presión fiscal. Así, Karachi, Lahore, Peshawar y Rawalpindi fueron escenario de medianas manifestaciones convocadas por las facciones de la Asociación de Ulema Islámicos (Jamiat Ulema-e-Islam, JUI) y los ya citados SSP, escisión sañudamente antishií de los anteriores aunque siguieran colaborando codo con codo.

Estas formaciones mantenían lazos con organizaciones paramilitares que combatían en Cachemira y que tenían campamentos de instrucción en Afganistán, principalmente el Ejército de Mahoma (Jaish-e-Mohammad, JeM) y el Movimiento de los Mujahidín (Harakat ul-Mujahidin, HuM), el cual cambió en 1997 su nombre original de Movimiento de los Partidarios (Harakat ul-Ansar, HuA) para desviar la calificación de terrorista por Estados Unidos. Tras alguna vacilación, también se sumó a las protestas el mayor partido político sunní, la Asociación Islámica (Jamaat-e-Islami, JeI), histórico exponente del islamismo pakistaní y ajeno al deobandismo.

El 23 de septiembre, para remover las reticencias de su vital aliado de circunstancias y para permitirle ofrecer a su disgustada opinión pública los frutos de la exigida colaboración, y mientras los disturbios islamistas ganaban intensidad y empezaban a causar víctimas mortales, el Gobierno de Estados Unidos levantó a Pakistán las sanciones que quedaban del régimen impuesto en junio de 1998, las más punitivas, pues embargaban las ventas de suministros militares, los sistemas informáticos de alta tecnología, las licencias industriales y los créditos bilaterales. Washington también anuló su veto a la asistencia financiera multilateral, en especial las ayudas programadas por el FMI, y si bien mantuvo en vigor las sanciones aplicadas precisamente con motivo del golpe de Musharraf, éstas tenían, según los especialistas, un alcance más bien simbólico.

El 30 de septiembre Musharraf manifestó a la BBC su convencimiento de que los talibán tenían "los días contados" y que el enfrentamiento bélico era "inevitable". También admitió haber garantizado a Estados Unidos compartir la información de sus servicios de inteligencia, el uso del espacio aéreo y un amplio apoyo logístico, aunque puntualizó que su país no serviría de punto de partido para acciones bélicas contra Afganistán. Al día siguiente, el primer ministro británico Tony Blair recaló en Islamabad para felicitarle por la "elección adecuada" de Pakistán, que iba a "fortalecer sus relaciones con el resto del mundo". Y el 4 de octubre el general hizo su desmarque más ostensible del régimen de Kabul al anunciar que, tras haber examinado el material facilitado por Estados Unidos, hallaba pruebas más que suficientes para llevar a bin Laden ante un tribunal internacional, con lo que de paso daba implícitamente luz verde al derrocamiento de los talibán.

Este era el espaldarazo a la legitimidad (y a las urgentes necesidades financieras) de su gobierno que Musharraf había buscado desde hacía dos años, y marcó el viraje en la actitud pakistaní ante la crisis, que entró en su anunciada fase bélica el 7 de octubre con el bombardeo sostenido de objetivos del poder talibán y de la red de Al Qaeda desde unidades navales en el Índico y desde la base británica en la isla de Diego García. Las imágenes de las destrucciones y las víctimas civiles difundidas por las televisiones, el agolpamiento de refugiados en la frontera y la constatación del dispositivo militar estadounidense en los cielos y el suelo de Pakistán, agravaron las tensiones internas y confirieron nuevos ímpetus a las manifestaciones islamistas. Musharraf reconoció que había un cierto número de tropas estadounidenses en determinados puntos de Beluchistán, precisando que sólo tenían autorización "para realizar misiones de recuperación y rescate", pero no estaba dispuesto a que los llamamientos de los líderes extremistas a la jihad, a ocupar las instalaciones militares que acogían a personal de Estados Unidos y a derrocarlo a él por "traidor" al Islam, envenenaran el clima en las calles hasta poner al país al borde de la guerra civil.

En los días posteriores al comienzo de la guerra, Musharraf ordenó congelar las cuentas bancarias de dirigentes talibán y de Al Qaeda en acatamiento de las sanciones impuestas por la ONU, depuró en la cúpula del Ejército y el ISI a los mandos cercanos a los islamistas y responsables de la política protalibán (con el general Mahmood Ahmed a la cabeza) y desplegó a 200.000 hombres, entre soldados, policías y guardafronteras, para imponer el orden. El 16 de octubre informó a Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, que la cooperación pakistaní iba a durar "lo que durase la campaña". También, hasta el final de la etapa más peligrosa de la crisis mandó detener a los principales cabecillas de las revueltas: el maulana Azam Tariq, líder de los SSP (el 8 de octubre); el maulana Sami ul-Haq, al frente de una escisión del JUI, presidente de la alianza de partidos protalibán Consejo para la Defensa de Afganistán y amigo personal del mulla Omar (el 8 de octubre); el qazi Hussain Ahmed, líder del JeI (el 3 de noviembre); y, el maulana Fazal ur-Rehman, líder de la facción principal del JUI (el 7 de noviembre, tras practicársele dos arrestos).

Todas estas medidas fueron aceptadas como males menores por el grueso de la población, que asistía con gran inquietud a la falta de resultados en la guerra pero que consideraba razonable la advertencia a la nación hecha por Musharraf de que el país se lo jugaba literalmente el todo por el todo si hacía una "elección equivocada" y daba la ventaja estratégica a India, cuyo gobierno estaba intentado sacar grandes réditos políticos y diplomáticos presentándose como otra víctima del terrorismo islamista de naturaleza afgano-pakistaní. También, directores de medios de comunicación, dirigentes religiosos moderados, líderes de los partidos agrupados en la Alianza para la Restauración de la Democracia (ARD), presidida por el veterano político demócrata Nawabzada Nasrullah Khan, y otros representantes de la sociedad civil fueron exhortados por Musharraf a cerrar filas con el Gobierno y a alzar su voz en el espacio público copado por la derecha islamista.

Musharraf apoyaba ya un gobierno de transición multipartito en Afganistán y abrió comunicación con el entorno del ex rey Zahir Shah, exiliado en Roma desde 1973, que con el respaldo de la ONU venía trabajando por el arranque de un proceso de paz y reconciliación interafgano sin descartar la inclusión de elementos moderados de los talibán. Pero Pakistán seguía considerando vital para su seguridad nacional la instalación de un régimen amigo y fiable en Kabul, así que se opuso con vehemencia a la toma de la capital exclusivamente por el Frente Unido, que tenía buenos motivos para albergar resentimiento y hostilidad contra Islamabad.

A Estados Unidos se le planteó el dilema de prolongar indefinidamente la guerra a la espera de una revuelta en el sur pashtún (donde los numerosos jefes tribales y señores de la guerra daban más pábulo a sus rencillas que a la alianza contra los talibán) o precipitar el colapso del régimen del mullah Omar antes de las nieves invernales y el mes sagrado del Ramadán barriendo desde el aire sus defensas al norte de Kabul y dejando expedito el avance del Frente Unido. Finalmente, las fuerzas tadzhikas y uzbekas actuaron por su cuenta y el 13 de noviembre, tras liberar el tercio norte del país con inusitada celeridad, tomaron la codiciada capital afgana, un objetivo de valor más político que militar.

La entrada en Kabul de las tropas del Jamiat-e-Islami, el partido de Rabbani (a quien, por lo demás, la ONU seguía reconociendo como el presidente de Afganistán) supuso un jarro de agua fría para Musharraf justo cuando agotaba una gira de una semana (que coincidió exactamente en el tiempo con la ofensiva relámpago del Frente Unido) por Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Irán, y Turquía. A sus anfitriones, y en especial al presidente George W. Bush en su entrevista del día 10 en Nueva York, reiteró que el arsenal nuclear de su país se hallaba bajo perfecto control, y les advirtió contra un caótico vacío de poder y la repetición en la capital afgana de las luchas entre los mujahidín tras derrocar al régimen comunista de Najibullah en abril de 1992.

La súbita evicción de Kabul, donde finalmente no hubo revanchas sangrientas, y el progresivo arrinconamiento de los talibán en sus bastiones en las provincias sureñas de Kandahar, Helmand y Zabol, resultaron, de hecho, providenciales para el autócrata pakistaní, pues desinflaron la protesta islamista, que seguía poniendo las cosas extremadamente difíciles al poder pese a las medidas represivas. Igualmente, dejaron sin sentido los alistamientos de miles de simpatizantes de los talibán y bin Laden. Estos exaltados voluntarios jihadistas venían librando un tenso pulso con las fuerzas de seguridad para cruzar la frontera afgana, aunque unos miles más sí consiguieron burlar los controles con la complicidad de las tribus, cuando no de su propio gobierno, que quería facilitar una válvula de escape al descontento, aunque las autoridades talibán estimaron que ninguna utilidad podían prestar estas improvisadas brigadas, verdadera carne de cañón. Los analistas indicaron que los islamistas fracasaron en su propósito de movilizar a la población, pero que el Gobierno de Musharraf tampoco acertó a capitalizar ese rédito.

El derrumbe talibán aceleró por otra parte la celebración en Petersberg, Bonn, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Afganistán del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en la que las cuatro delegaciones afganas acordaron instalar desde el 22 de diciembre una Administración Interina, multiétnica y multipartita como primera etapa hasta la celebración de elecciones generales en 30 meses. En los prolegómenos de la histórica reunión, Islamabad hizo lo posible por malograr un compromiso que, suponía, iba a conceder un poder excesivo al Frente Unido. Cuando vio que nada podía oponer, apostó por el notable religioso y político Sayed Ahmad Gailani, líder de la iniciativa pashtún de oposición a los talibán Asamblea de Peshawar, para presidir la Administración Interina, pero el designado fue, con el parabién de Estados Unidos, Hamid Karzai, jefe del clan popalzai de la tribu pashtún durrani y también exiliado en Pakistán, pero protagonista de una oposición antitalibán no atenta con los intereses del país vecino y por cuenta del ex rey Zahir.

Tras este segundo tropiezo diplomático, Musharraf no pudo más que insistir en la desmilitarización de Kabul y en el rápido despliegue de una nutrida fuerza de seguridad internacional. A remolque de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, Pakistán no clausuró la embajada talibán en Islamabad hasta el 22 de noviembre, y justo un mes después se resignó a inaugurar con el Gobierno de Karzai la nueva era en las relaciones afgano-pakistaníes, en las que ya no iban a tener cabida manipulaciones y tutelas. Entretanto, bin Laden y Omar seguían eludiendo su captura. Al primero se le situó sin pruebas fehacientes en algún lugar de Pakistán, protegido por tribus pashtunes, pero Musharraf se apresuró a rebatir tan alarmante perspectiva dándole por muerto, bien en los bombardeos aéreos contra los refugios de Al Qaeda en las montañas de Tora Bora, en la provincia afgana de Nangarhar, bien víctima de una afección renal.

Ahora bien, el 8 de enero de 2002 Musharraf autorizó a las tropas estadounidenses la persecución en territorio pakistaní de miembros de Al Qaeda o talibán dados a la fuga. Además, el Ejército pakistaní empezó a vigilar en serio los intentos de infiltración y a deportar a dirigentes talibán a Afganistán, donde a su vez fueron transferidos al Ejército estadounidense.


7. Tambores de guerra con India

El presidente pakistaní no tuvo más remedio que revisar la política afgana porque corría el riesgo, intolerable, de quedar marginado de los trasiegos diplomáticos y el reparto de los dividendos de la paz. Pero el vasallaje de Afganistán siempre se había visto como una solución para dotar de "profundidad estratégica" al Ejército en la sempiterna pugna con India por Cachemira, que continuaba siendo el gran tabú en los tratos internacionales de Pakistán.

Las relaciones con India se adentraron en una nueva etapa de recriminaciones y amenazas a partir del 11 de septiembre, y el 13 de diciembre se pusieron al rojo vivo con el sangriento asalto al Parlamento de Nueva Delhi por un comando suicida provisto de armas automáticas y explosivos, que dejó un saldo de 13 muertos, entre ellos los cinco agresores. El primer ministro Vajpayee imputó el atentado al JeM y a otro grupo separatista cachemir especializado en las prácticas terroristas, el Ejército de los Puros (Lashkar e-Taiba, LeT), los dos más que sospechosos de contar con la asistencia del omnipresente ISI, argumentando que el modus operandi era el típico de esas organizaciones y que algunos de los primeros detenidos en relación con el suceso eran de nacionalidad pakistaní. Vajpayee afirmó también que India había "alcanzado el límite de la paciencia" con Pakistán, al que exigió acciones drásticas y decisivas contra el terrorismo de emanación cachemir. Musharraf condenó con contundencia el atentado y replicó que su país estaba "también contra el terrorismo, en cualquier parte del mundo", aunque advirtió contra cualquier "respuesta precipitada" por parte de Nueva Delhi.

Pero los gobiernos mundiales, sensibilizados desde el 11 de septiembre, tendieron a dar crédito a las tesis indias, obligando a Musharraf a adoptar medidas de apaciguamiento sin dejar de responder en consonancia a las encolerizadas incriminaciones y a la movilización de tropas, aviones y misiles ordenada por Vajpayee. Como Estados Unidos había ganado la guerra en Afganistán (aunque el objetivo principal, la captura de las cúpulas de Al Qaeda y los talibán, seguía inconcluso) , ya no se sentía obligado a emplazar con tanta cautela a Pakistán. El 24 de diciembre, mientras la Línea de Control de Cachemira se llenaba de soldados y armas pesadas en un frenesí prebélico, Musharraf decidió congelar las cuentas bancarias de dos organizaciones acusadas de vínculos con Al Qaeda por Estados Unidos, el LeT y la ONG islámica Umma Rameer-e-Nau. En los días previos y posteriores, las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de militantes de estos movimientos, así como del JeM (incluido su cabecilla, el maulana Azhar Masood) y los SSP.

El 27 de diciembre India impuso sanciones diplomáticas y aéreas a Pakistán en indicación de que las últimas medidas represivas de Musharraf le parecían insuficientes, pero el 1 de enero de 2002 ambos países renovaron el pacto de no atacar las respectivas instalaciones nucleares militares, facilitando un cierto relajamiento de la crisis. La segunda ola de presiones internacionales sobre el país centroasiático en las primeras semanas de 2002 colocaron ante una encrucijada a Musharraf, urgido a tomar una decisión, dolorosa fuera cual fuera, sobre qué hacer con el estigma de Cachemira, fibra ultrasensible en el cuerpo nacional de Pakistán pero causa última de una cascada de calamidades humanas, políticas, económicas y diplomáticas que estaban hipotecando el futuro de un Estado sin democracia y con una identidad pendiente de definir.

La mayoría de los observadores estaban convencidos de que Musharraf tenía la sincera voluntad de embarcarse en una actuación compartida con India y Estados Unidos para eliminar las manifestaciones violentas de los diversos extremismos islámicos en Pakistán, aunque paulatinamente y evitando el ataque frontal a unas fuerzas que podrían iniciar el alzamiento armado contra el Gobierno o, incluso, intentar asesinarle a él, repitiendo el caso del egipcio Anwar as-Sadat en 1981.

Esa actitud del general se desprendió de su discurso antiterrorista en la XI Cumbre de la Asociación de Asia del Sur para la Cooperación Regional (SAARC), celebrada en Katmandú entre el 4 y el 6 de enero de 2002, donde, en un gesto inesperado y que fue aplaudido por los líderes presentes, se levantó para estrechar la mano a Vajpayee, como oferta de amistad. El 12 de enero Musharraf emitió su alocución nacional más contundente sobre el particular, declarando "prohibidos todos los grupos integristas que cometen actos terroristas en nombre de Cachemira" y citando expresamente como ilegales al LeT, el JeM, los SSP, el TJP y el Tanzim Nifaz-e-Shariat-e-Mohammadi (TNSM). Asimismo, anunció registros y controles sobre las escuelas coránicas radicales y advirtió a los líderes religiosos que no interfiriesen en la disputa con India.

Pero la tregua con Nueva Delhi resultó efímera. Después de su histórica visita del 2 de abril a Kabul, devolución de la realizada por Karzai a Islamabad el 8 de febrero y que indagó en el nuevo curso de las relaciones afgano-pakistaníes con la cuestión antiterrorista como punto cardinal, Musharraf se topó, el 18 de mayo, con la expulsión de su embajador en la capital india como reacción a una nueva serie de ataques en Cachemira y al cabo de dos días de fuertes intercambios artilleros a lo largo de la Línea de Control.

El 25 de mayo el dictador ordenó disparar un misil tierra-tierra de la clase Hataf 5-Ghauri con un alcance de 1.500 km y capacidad de portar cabezas nucleares, prueba a la que siguieron otras. Esta demostración de fuerza pakistaní a modo de disuasión mereció reacciones sumamente negativas en la comunidad internacional, desde Washington a Bruselas pasando por Moscú, que contempló, entre irritada y decepcionada, cómo Musharraf se embarcaba en otra partida de un juego con India altamente arriesgado y temerario, y volvía a dejar en el alero concesiones imprescindibles para ahuyentar el espectro prebélico de la crisis como la detención del flujo de militantes a la Cachemira india y el desmantelamiento de campamentos en la Cachemira pakistaní.

Musharraf no convenció a nadie cuando presentó los lanzamientos de misiles balísticos como "pruebas de la capacidad nuclear" de Pakistán y que no pretendía impresionar a los indios. Además, en un discurso a la nación declaró que su país no quería la guerra, pero que estaba preparado para ella si fuera necesario y que respondería a un ataque indio con todos los medios a su alcance, una incidencia en los tonos sombríos que cuestionó esa pregonada voluntad de paz y entendimiento. En esta situación, la posibilidad de que Pakistán, país signatario y ratificatorio de las convenciones que prohiben la fabricación y tenencia de armas químicas y bacteriológicas, se aviniera a adherirse a los tratados de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) de 1968 y de Prohibición Total de Pruebas Nucleares (CTBT) de 1996, se presentaba tan lejana como siempre, una doble negativa que se sumaba al boicot a la Corte Penal Internacional de La Haya y al Tratado de Prohibición de Minas Anti-Personal de 1997 (dicho sea de paso, que este estatus de Pakistán en relación con los seis instrumentos internacionales era exactamente el mismo que el de India).

De nuevo, tras la tempestad, se impuso un cierto sosiego en esta interminable secuencia de flujos y reflujos. Con motivo de la I Cumbre de la Conferencia de Interacción y Creación de Medidas de Confianza en Asia (CICA) el 4 de junio de 2002 en Almaty, Kazajstán, a la que asistieron 16 mandatarios regionales, Musharraf fue receptivo al ofrecimiento de mediación del presidente ruso Vladímir Putin y aseguró estar dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones con Vajpayee, también asistente a la cumbre.

Aún en el ámbito internacional, el 30 de mayo anterior Musharraf se reunió en Islamabad con Karzai y con el presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov, para firmar un memorándum sobre la factibilidad de la construcción de un gasoducto capaz de transportar el gas del gigantesco yacimiento turkmeno de Dauletabad-Donmez hasta el océano Índico atravesando los otros dos países. Esta vía, grata a Estados Unidos porque obvia el corredor de Irán y alternativa a la red de oleoductos occidentales de los que sacan partido Rusia, Azerbaidzhán y Turquía, fue acariciada por las autoridades pakistaníes y turkmenas a finales de los años noventa, pero la radicalización belicista del régimen talibán, fatalmente enemistado con Estados Unidos, malogró el proyecto.


8. Retorno al parlamentarismo civil y reserva de poder presidencial

El agotamiento a principios de 2002 de la revuelta islamista, no así del terrorismo protalibán y del entorno de Al Qaeda, como atestiguaron los atentados con coche bomba en Karachi el 8 de mayo y el 14 de junio (respectivamente, contra un autobús, en el que perecieron 11 expertos navales franceses y tres pakistaníes, y contra el consulado de Estados Unidos, donde fueron asesinados otra decena de pakistaníes), permitió a Musharraf retomar con brío el enunciado de la agenda política nacional, ignorando desdeñosamente el coro de críticas a sus planes de instaurar una "democracia real" en la que los líderes electos en las urnas iban a tener que someterse a un sistema de "controles y equilibrios".

No conforme con dictar las reglas del juego del futuro sistema parlamentario, Musharraf anunció su intención de permanecer en el poder hasta mucho después de la reposición formal de la democracia, provocando otro alud de airadas protestas. El 30 de abril de 2002 un referéndum confirmó su estadía en la Presidencia y de paso la prolongación de la misma hasta 2007, maniobra de legitimación que quedó falseada por las evidentes muestras de fraude, la manipulación de las cifras de participación y el boicot practicado por la ARD, que reunía a 15 partidos opositores, inclusive el PPP, el sector de la PML leal a Sharif y las formaciones islamistas moderadas y radicales.

El 21 de agosto Musharraf acrecentó la cólera de los opositores con su decreto de la Legal Framework Order (LFO), un paquete de 29 complementos y correcciones unilaterales, enmiendas de hecho, pese a carecer por el momento de la imprescindible sanción parlamentaria, a la Constitución de 1973. Explicando que Pakistán estaba transitando desde una "dictadura democrática" (imposible binomio que hizo enarcar las cejas de los jurisperitos constitucionalistas) a una "democracia elegida y sostenible", el autócrata dispuso una serie de cambios que alteraron drásticamente el equilibrio de poderes del sistema parlamentario, reforzando extraordinariamente la cabeza del poder ejecutivo en detrimento del poder legislativo, a la par que oficializando el papel interventor del generalato en las altas decisiones políticas.

En lo sucesivo, el presidente de la República iba a poder disolver la Asamblea Nacional y su supervisión sobre la labor del Gobierno iba a estar garantizada en tanto que presidente del NSC cívico-militar, elevado ahora a la condición de órgano estatal supraparlamentario y expandido a los 13 miembros, reforzando el componente civil. Contrariamente a lo especulado, Musharraf no se arrogó la capacidad de destituir al primer ministro elegido por la Asamblea y a los ministros del Gabinete, aunque el poder de cerrar la cámara legislativa seguido de la convocatoria de elecciones anticipadas venía a producir lo mismo con carácter automático.

En realidad, Musharraf se limitaba a restaurar el marco de la Octava Enmienda dictada por Zia en 1985, la cual facultaba al presidente para disolver la Asamblea a su discreción. Después de haber sido ejercitada cuatro veces en doce años, la Octava Enmienda fue invalidada por la Decimotercera Enmienda introducida en abril de 1997 a iniciativa del Gobierno de Nawaz Sharif. Ahora, el general reconoció que el futuro Parlamento electo podría revocar la LFO, pero, con tono disuasorio, consideró esa eventualidad "conflictiva" con él y el NSC. De hecho, Musharraf quería que el próximo poder legislativo consagrara el marco de la LFO insertándolo en la Constitución en forma de enmiendas.

De modo que Musharraf sí terminó por crear una institucionalidad a su gusto y conveniencia, además de barrer de la escena, desde el mismo día del golpe de Estado, a los líderes políticos del antiguo sistema, vetados de participar en el nuevo curso político, y de aposentarse en el poder con el uniforme militar puesto en calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Los sectores damnificados hablaron de parlamentarismo desvirtuado y de democracia de fachada. Ciertamente, a primera vista, las reformas impuestas por Musharraf prefiguraban en Pakistán un sistema representativo funcional de democracia limitada. La vigilancia de los militares con amparo constitucional se antojaba similar al modelo establecido por los generales de Turquía en 1982, dos años después de hacerse directamente con el poder también por la vía golpista.

En esta tesitura, a las esperadas elecciones legislativas del 10 de octubre de 2002 se llegó con la sensación de estar todo atado y bien atado por Musharraf, que coronó sus planes con éxito indiscutible. La lista más votada fue la del Partido Popular de Pakistán-Parlamentarios (PPPP), nombre circunstancial del PPP controlado por Bhutto desde su exilio británico, seguida, a mínima distancia, por la Liga Musulmana de Pakistán-Quaid-e-Azam (PML-Q), que reunía al ala cooperante con el régimen de Musharraf y que, por tanto, encarnaba una fractura sin aparente marcha atrás en la formación de Sharif. Al tercer lugar se encaramó el Consejo Unido para la Acción en Pakistán (Mottahida Majlis-e-Amal Pakistan, MMA), coalición de seis partidos integristas encabezada por el maulana Fazal ur-Rehman, los cuales vieron así rentabilizadas sus algaradas de 2001.

Los observadores de la Unión Europea acusaron a las autoridades electorales de manipular el escrutinio en favor de la PML-Q, y la percepción de una distorsión de las preferencias del electorado se reforzó días más tardes con la adjudicación definitiva de las cuotas de diputados, inclusive los 60 reservados a mujeres y los 10 para las minorías étnicas y religiosas, en función de los resultados obtenidos por cada partido en la elección directa. Tras esta operación, la PML-Q se erigió claramente en la primera fuerza de la Asamblea con 118 de los 342 legisladores. Puesto que ninguno de los bloques había obtenido una mayoría rotunda, se entablaron negociaciones a varias bandas para la formación de un gobierno de coalición. En un primer momento pareció prosperar la fórmula del PPPP y el MMA, pero su importante convergencia táctica, la oposición a Musharraf, no fue suficiente para superar las grandes diferencias de fondo (los laicos de Bhutto no cuestionaban la política exterior prooccidental del Musharraf, mientras que los confesionales de Fazal eran menos exigentes con la salvaguardia del parlamentarismo civil como sistema de Gobierno).

La fórmula del MMA y la PLM-Q tampoco prosperó porque Fazal puso como condición recibir la jefatura del Gobierno, una perspectiva inaceptable para Musharraf, ya que el nombramiento de quien demandaba la salida de los soldados estadounidenses y el establecimiento de un Estado cerradamente islámico en Pakistán habría alarmado a los interlocutores internacionales y a los operadores económicos. Finalmente, salió a flote la opción de un gobierno de la PLM-Q en solitario, presidido por su secretario general, Mir Zafarullah Khan Jamali, un dirigente conservador beluchi que no había boicoteado el referéndum de abril, y con el respaldo parlamentario, bastante precario, de los grupos Alianza Nacional y Movimiento Nacional Federal (Mottahida Qaumi Movement, MQM), amén de un puñado de diputados electos en las listas del PPPP que desertaron nada más constituirse el hemiciclo, y algunos independientes.

En su sesión inaugural del 16 de noviembre, la flamante Asamblea Nacional tomó juramento a Musharraf como presidente constitucional con un mandato quinquenal. El 21 de noviembre Jamali fue investido primer ministro con 172 votos frente a los 86 obtenidos por Fazal y los 70 del postulante del PPPP, Shah Mahmood Quereshi, y dos días después prestó juramento ante Musharraf. Con este acto final, Musharraf hizo entrega de, teóricamente, la primacía del poder ejecutivo a su primer ministro. Sin embargo, no cabe duda de que el general se ha reservado las decisiones de calado estratégico, empezando por todo lo relacionado con Cachemira, el conflicto con India y la contribución a la Operación Libertad Duradera de Estados Unidos (facilidades confirmadas en las instalaciones militares de Jacobabad, Pasni, Dalbandin y Shamsi) contra las diezmadas, que no erradicadas, huestes talibán y de Al Qaeda.

Según su biografía oficial, el general Musharraf habla otros idiomas locales de Pakistán además del urdú, así como el turco, que aprendió en sus años de crianza en ese país europeo. También está descrito como un deportista ávido, que practica en sus ratos libres el squash, el bádminton y el golf, así como especialidades acuáticas como la canoa y la vela.

(Cobertura informativa hasta 24/6/2003)