Pedro Castillo Terrones no es exactamente un recién llegado a la política de partidos, aunque su aspiración a la Presidencia de la República en 2021 constituye su primera tentativa electoral a nivel nacional. De 51 años, casado y con tres hijos, es oriundo del Perú rural, concretamente de la provincia cajamarquina de Chota, en el norte serrano del país. En su juventud participó en las rondas civiles organizadas por los campesinos de la región para defenderse de las bandas de ladrones de ganado y el terrorismo de Sendero Luminoso. Estudió Magisterio y en 1995 se instaló profesionalmente en su provincia como maestro rural de escuela pública de primaria.

En 2002 candidateó sin éxito a la alcaldía de Anguía, pequeño municipio de Chota, en la lista de Perú Posible, la formación centrista del entonces presidente peruano, Alejandro Toledo. Castillo continuó por unos años en la sección de Perú Posible de Cajamarca, pero fue en el sindicalismo donde sus actividades cobraron relieve. En particular, llegó a la dirigencia del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción (CONARE), facción intransigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), posicionada en la izquierda radical y según la Policía estrechamente vinculada al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), a su vez afín a Sendero Luminoso.

En 2017, presidiendo el Comité de Lucha del CONARE contra la Reforma Educativa, Castillo adquirió notoriedad nacional por su liderazgo de la huelga indefinida y las marchas convocadas por los enseñantes del Ministerio de Educación en exigencia de alzas salariales y en protesta por el compromiso del entonces presidente, el liberal conservador Pedro Pablo Kuczynski, con la reformulación del estatus de los maestros y las escuelas públicas. Al final, el Gobierno consiguió desactivar el movimiento huelguístico negociando con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SUTEP una serie de beneficios laborales para los docentes a modo de complemento de la vigente Ley de la Carrera Pública Magisterial, que no se derogaba. Entonces, Castillo, identificado siempre con las reclamaciones de las bases, hubo de claudicar, pero prolongó su tono reivindicativo desde el puesto de secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP).

En octubre de 2020 Castillo fue presentado como su postulante para la elección presidencial de 2021 por Perú Libre, pequeño partido descrito a sí mismo como de "izquierda socialista", crítico con la "claudicante" izquierda tradicional y comprometido con el marxismo-leninismo y una interpretación autóctona de esta doctrina política, el mariateguismo. También, propugnaba una descentralización federalista del Estado. Fundado en origen en 2007 por el neurocirujano Vladimir Cerrón Rojas, dos veces gobernador regional de Junín, PL carecía de representación en el Congreso, si bien había sacado medio millón de votos (el 3,4%) en las legislativas extraordinarias de enero, y disponía de un puñado de alcaldes provinciales y distritales. Cerrón, secretario general de PL, hubo de renunciar a la candidatura presidencial al pesar sobre él una pena suspendida de cuatro años de prisión por un caso de corrupción, optando a cambio a la segunda Vicepresidencia de la República; la abogada Dina Boluarte Zegarra fue escogida para completar la fórmula como candidata a la primera Vicepresidencia.

En el momento de su nominación, Castillo, reiterando el mentís de la acusación recibida cuando la huelga sectorial de 2017, negó enérgicamente que tuviera lazos con el controvertido MOVADEF, habitualmente descrito como el brazo político encubierto de Sendero Luminoso. La imputación fue reiterada a lo largo de la campaña electoral por sus adversarios, que han llegado a relacionarle directamente con la organización terrorista maoísta. "Los gobernantes le mienten al pueblo y no cumplen sus promesas (…) estamos ante un Estado ciego, sordo y mudo frente a las necesidades y problemas que enfrentamos los peruanos", afirmó Castillo al ser proclamado candidato de PL, cuyo eslogan es ¡No más pobres en un país rico! Palabra de maestro.

En su Plan de Gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción y en sus mensajes de viva voz, Castillo aboga por una "economía popular con mercados" que por definición no abjura del sistema capitalista pero sí contempla escenarios de "economía mixta", partiendo del fortalecimiento del "rol regulador" del Estado. Se trata, asegura, de superar el "ciclo de desigualdad, corrupción, abandono a nuestras familias y remate de nuestras riquezas". Entre el manifiesto electoral con que PL llegó al balotaje de junio y, por otro lado, las proclamas orgánicas, los artículos del secretario general y la propia versión del Plan entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de la primera vuelta de abril se advierte un cambio de tono: si en estos el partido de Cerrón emplea una retórica donde abundan las expresiones "revolución", "contrarrevolución", "socialismo" y "capitalismo", en aquel se omiten todos esos términos y se prefiere hablar de "cambio progresivo pero profundo, verdaderamente democrático, guiado por la búsqueda de derechos y oportunidades para todos, con justicia y paz".

La primera versión del plan advoca un "Estado fuerte y con facultades", pasando del mero "Estado vigilante supervisor" al "Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector", del "Estado regulado por el mercado" al "Estado que regule el mercado". Punto añadido, tras pasar a la segunda vuelta Castillo suscribió una alianza antifujimorista con Verónika Mendoza, sexta más votada y representante de Juntos por el Perú, un partido de izquierda considerado más moderado que PL.

El Plan de Castillo y su colectividad define una serie de medidas urgentes para los primeros 100 días del "Gobierno del pueblo". Para empezar, señalan, toca "frenar de inmediato", con un Programa Nacional Perú Libre de Pandemia basado en la "evidencia científica" y el compromiso de vacunar a todos los mayores de 18 años antes de fin de año, la aciaga COVID-19, que llegó al país cuando su sistema de salud ya estaba "colapsado" tras décadas de "abandono" y "políticas privatistas". Dicho sea de paso, en enero de 2021 el candidato dio positivo en el test del coronavirus sin mayores consecuencias para su salud, si bien en abril un problema respiratorio requirió su examen médico en una clínica.

De llegar PL al Ejecutivo, avanza Castillo, el Estado incrementará sustancialmente la inversión social pero sin arriesgar el "equilibrio macroeconómico" en el medio plazo, frenará las importaciones de bienes básicos que perjudiquen la producción nacional, construirá una Red Nacional de Gasoductos para generalizar el consumo en todo el país del gas de Camisea y pondrá las bases de una "segunda reforma agraria". El candidato afirma que quiere "fomentar" la empresa privada, pues la considera esencial para la reactivación económica tras un año de histórica recesión, pero los empresarios locales y las multinacionales del sector primario tendrán que asumir un "aporte justo" a las necesidades fiscales de la sanidad y la educación, que requieren "mejorar la presión tributaria".

Según el aspirante izquierdista, las nuevas reglas sobre impuestos y regalías supondrán de hecho "nacionalizar nuestras riquezas". En la versión del Plan depositada en el JNE las menciones a la "nacionalización" y "estatización" de sectores estratégicos de la economía son bastante más explícitas. Lo mismo sucede con los monopolios y los oligopolios, que el primer documento promete "prohibir", mientras que el segundo ofrece "regular" y "revisar". Un eventual Gobierno de PL abordará también la creación de un nuevo Sistema Nacional de Pensiones que ya no cuente con las Administradoras Privadas de Fondos (AFP).

Elemento clave del Plan de PL es la convocatoria de un referéndum constituyente "con gran diálogo nacional y popular". Los peruanos, explica Castillo, serán consultados sobre si desean una nueva Constitución que reemplace a la Carta Magna de 1993, un documento "viciado en origen", "fruto de un golpe de Estado" y con "matriz colonial", el cual "prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad", arguye. Según él, la nueva Constitución habrá de reconocer expresamente derechos específicos (salud, educación, alimentación, vivienda, el buen vivir) de los peruanos, así como a los pueblos originarios del país. El aspirante ha advertido, concitando una lluvia de críticas, que la convocatoria de una Asamblea Constituyente conllevaría la "desactivación en el acto" del Tribunal Constitucional, ya que este "resuelve de espaldas al pueblo"; el tribunal que le sucediera, al igual que los altos magistrados del poder judicial, sería "elegido por mandato popular".

No olvida desgranar una batería de actuaciones en el sector educativo el maestro de profesión, quien dedica uno de sus siete ejes prioritarios al "retorno seguro" de los alumnos a las clases presenciales en tanto dure la pandemia, cuya segunda y mortífera segunda ola ya ha empezado a amainar. Ahora bien, el documento Perú al Bicentenario sin corrupción no menciona la derogación de la Ley de Reforma Magisterial, uno de los caballos de batalla de la huelga de 2017. En sus actos de campaña, Castillo se presenta tocado con un voluminoso sombrero blanco y esgrimiendo un gran lapicero de madera, el símbolo de su partido. Castillo es comparado desde los medios de comunicación con el socialista boliviano Evo Morales, otro dirigente político procedente del campo y el sindicalismo, si bien él ha hecho tantas o más alusiones a la Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI del ecuatoriano Rafael Correa, (cuyo candidato Andrés Arauz, por cierto, fue derrotado por el liberal conservador Guillermo Lasso en las elecciones presidenciales celebradas en febrero y abril en el país vecino). Asimismo, en sus pronunciamientos, ha preferido guardar una distancia de la Venezuela bolivariana.

Ahora bien, Castillo y su antagonista de la derecha, Fujimori, emplean un lenguaje común, muy conservador, en el terreno de las costumbres sociales. Aquí, el maestro, hombre de convicciones religiosas católicas, ensalza los valores tradicionales de la familia y la escuela, y deja claro su rechazo a los enfoques de género en los planes educativos, al aborto y al matrimonio o la unión civil de parejas del mismo sexo.

(Cobertura informativa hasta 1/6/2021)