Andrés Manuel López Obrador

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Actualización: 12 julio 2018

México

Presdente electo de la República (2018)

  • Mandato: 1 diciembre 2018 - En ejercicio
  • Nacimiento: Tepetitán, Macuspana, estado de Tabasco, 13 noviembre 1953
  • Partido político: Movimiento Regeneración Nacional (MORENA); ant., del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
  • Profesión: Funcionario
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Presentación

Durante años, un liderazgo carismático que arrastra multitudes y un discurso combativo que agita las banderas sociales y escarnece a los poderes fácticos han mantenido a Andrés Manuel López Obrador en la cresta de la política mexicana, a pesar de sus fiascos electorales y sus decisiones conflictivas. En 2018, a los 64 años, AMLO, como es ampliamente conocido, realiza su tercer y acaso definitivo asalto a la Presidencia de la República, disfrutando de una amplísima ventaja en todos los sondeos y prodigando mensajes depurados de carga radical pero fieles a sus tesis programáticas de siempre.

Procedente del ala nacionalista de izquierda, de tradición juarista, del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI) anterior al cisma de 1988, funcionario próximo a las comunidades indígenas y fogueando en las luchas populares de su Tabasco natal, López Obrador atrajo los primeros focos de la tramoya nacional como enérgico fustigador de los gobiernos salinista y zedillista. En 2000 salió elegido jefe de Gobierno del DF, el gran bastión del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual presidió de 1996 a 1999. Su gestión municipal, de intenso calado social, se vio emborronada por el llamado videoescándalo, que sacó a la luz prácticas corruptas de sus lugartenientes. Aquella polvareda derivó en 2005 en un desafuero congresal que estuvo a punto de descabalgarlo de la gubernatura defeña, aunque poco después renunció voluntariamente a la misma para plantear su primer envite a la Presidencia.


En 2006 López Obrador, en el cenit de su popularidad a despecho de las acusaciones de extremista, populista y filochavista, puso en vilo a México y adquirió estrellato internacional con su furibunda denuncia de las elecciones presidenciales que, por los pelos, dieron la victoria a su contrincante conservador del oficialista Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón. Según los datos oficiales, AMLO perdió por tan solo el 0,56% de los votos. Entonces, el aspirante de la Coalición por el Bien de Todos, desoyendo los llamamientos a la responsabilidad, clamó contra el "robo" que le habían perpetrado, lanzó una multitudinaria campaña de desobediencia civil no violenta y se autoproclamó "presidente legítimo" al frente del "Gobierno alterno" de México, en lugar del "espurio" Calderón. Sin embargo, la victoria del panista fue reconocida por toda la comunidad internacional.

En 2012, al cabo de seis años de estériles movilizaciones callejeras y de desencuentros con el ala moderada del PRD que erosionaron sus opciones electorales, López Obrador, empleando un tono algo más sosegado y conciliador, intentó por segunda vez llegar a Los Pinos. Propugnaba un profundo saneamiento democrático para poner fin al "régimen neoporfirista de corrupción, impunidad y privilegios", prometía parar el "neoliberalismo creador de inequidades", garantizaba el blindaje del gigante petrolero estatal Pemex frente a cualquier proceso de privatización y ponía en solfa la "falsa alternancia" entre el PRI y el PAN, si bien fue su adversario del priísmo, Enrique Peña Nieto, quien ganó la partida. Como en 2006, el líder perredista, candidato ahora de la alianza Movimiento Progresista, proclamó fraude, concretamente la "compra" de cinco millones de votos, pero esta vez llevó su impugnación, aunque en vano, a los cauces legales y evitó convertir su rebeldía poselectoral en un nuevo episodio virulento de resistencia civil y confrontación con el poder.

En septiembre de 2012, poniendo colofón a sus desavenencias con la cúpula del partido, que le achacaba exceso de personalismo e incapacidad para el diálogo, López Obrador dio portazo a un PRD que estaba perdiendo mordiente de izquierda para liderar su propio espacio político de oposición intransigente al próximo Gobierno del PRI: el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), cuyos objetivos eran "derrocar con una revolución pacífica" al duopolio de priístas y panistas, y conseguir la "transformación democrática de México". Con MORENA, AMLO redobló su batalla contra casi todo el mundo: rehusó sumarse al Pacto por México suscrito por el PRI, el PAN y el PRD, declaró su hostilidad a las grandes reformas estructurales de Peña Nieto (en particular, la energética, la educativa y la de las telecomunicaciones) y reprobó sin cesar al Ejecutivo, tachado de corrupto, débil e incompetente a la hora de conseguir resultados en la lucha militar contra el narco, frenar el encarecimiento de la canasta básica y los combustibles, y plantar cara soberanista a los desplantes de Donald Trump.

El Proyecto 2018 del candidato presidencial de Juntos Haremos Historia, la coalición formada por MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido encuentro Social (PES), presenta en esencia los mismos lineamientos clave que en 2012, pues su autor considera que los lastres de entonces siguen intactos o bien se han agravado.

Así, el programa electoral incide en la "austeridad republicana" para reorientar los recursos públicos de los gastos corrientes a la inversión y sin subir los impuestos; la atención de las "causas sociales", combatiendo la pobreza y elevando el desarrollo humano de los colectivos vulnerables, de una violencia criminal desmedida y cuyas escalofriantes cifras son las propias de un país en guerra civil; el principio de la retirada de las Fuerzas Armadas de las misiones de seguridad interna pero sin precipitaciones, con la meta de "pacificar" México en tres años; el aumento de la oferta de gasolina autóctona para reducir las importaciones y rebajar precios; las autosuficiencias energética y alimentaria, en el caso del agro ofreciendo a los productores locales precios de garantía; la "erradicación" de la corrupción política "dando ejemplo" desde Los Pinos; y la defensa firme de los migrantes mexicanos, más en tiempos de muro fronterizo de Trump y de renegociación forzada del TLCAN, buscando con Estados Unidos unas relaciones de cooperación y buena vecindad basadas "en el respeto mutuo".

El contrincante en las urnas de José Antonio Meade por el PRI y Ricardo Anaya por el PAN y el PRD promete "ser como Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas, un hombre de nación". Él insiste en que "no tiene nada que ver con el Gobierno de Venezuela" y que su "mexicanismo" equivale a decir "ni chavismo, ni trumpismo". Su plataforma para el período de gobierno 2018-2024 sugiere una socialdemocracia pragmática que asume las nociones del libre mercado, la estabilidad macroeconómica, la disciplina presupuestaria y la flotación del peso, conjugadas, eso sí, con el rechazo a las "tendencias privatizadoras" y la "extranjerización" de sectores estratégicos, y la prioridad para la "producción nacional".

A los guiños tranquilizadores a empresarios e inversores el tabasqueño añade la promesa de, llegada la hora de acabar con la corrupción y los privilegios de los ex presidentes, "hacer justicia sin venganza ni odio" ("no voy a meter a Peña Nieto en la cárcel", asegura). Finalmente, el progresismo político y social de López Obrador se combina con un enfoque más conservador de cuestiones que atañen a la moral religiosa o tradicional como el aborto y el matrimonio homosexual, sobre los que el candidato se ha mostrado esquivo o ambiguo.


(Texto actualizado hasta julio 2018)

Biografía

1. De funcionario del PRI a cofundador del PRD
2. Presidente del partido y despegue electoral
3. Salto a la jefatura del Gobierno del DF en 2000
4. La carrera de obstáculos de las presidenciales de 2006: el videoescándalo y el desafuero en la Ciudad de México
5. Reñida liza en las urnas con el panista Calderón y rebeldía poselectoral
6. Un arduo sexenio en la oposición al Gobierno del PAN: la "Presidencia legítima"
7. Contraataque electoral en 2012 y derrota impugnada ante el priísta Peña Nieto
8. Ruptura con el perredismo, lanzamiento del partido MORENA y hostilidad a las políticas de EPN
9. Rumbo a la tercera candidatura presidencial en 2018 con el viento a favor


1. De funcionario del PRI a cofundador del PRD

Primogénito de los ocho hijos e hijas tenidos por los señores Andrés López Ramón, un campesino que se ganaba la vida como vigilante de un depósito de la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex), y Manuela Obrador González, hija de un inmigrante español oriundo de Cantabria, nació y creció en el interior rural de Tabasco antes de mudarse con su familia a la capital de este estado sureño, Villahermosa, donde los padres abrieron un comercio de telas y zapatos. Aunque no destacaba en los estudios, el muchacho se sentía atraído por la figura histórica de Benito Juárez y más tarde se inició en la lectura de filosofía marxista. Fuera de las aulas, jugaba con asiduidad al béisbol y, motivado por sus convicciones católicas, ocasionalmente ejercía de monaguillo.

En 1969, siendo un mozalbete de 15 años, Andrés Manuel encajó la muerte de su hermano un año más joven, José Ramón, a consecuencia del disparo accidental de una pistola, propiedad de don Andrés, con la que al parecer los muchachos, o bien únicamente José Ramón, estaban jugando. Andrés Manuel fue interrogado por la Policía para aclarar el incidente y despejar la sospecha de un posible homicidio involuntario. Tras esta tragedia, la familia abandonó Tabasco y, mediada una estadía en Agua Dulce, Veracruz, emprendió una nueva vida en la localidad de Palenque, en el Estado de Chiapas, no lejos de Villahermosa, donde retomaron el negocio de tenderos; años después, los López Obrador incursionaron en el ramo de la hostelería.

En 1972 Andrés Manuel se trasladó a la Ciudad de México para matricularse en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ni las biografías oficiales ni las semblanzas publicadas por la prensa mexicana dan cuenta de actividades profesionales del futuro dirigente luego de realizar la educación secundaria; el suyo es, por tanto, un perfil puramente político, el cual comenzó a dibujar como militante de base del entonces todopoderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), paradigma del partido-Estado en el siglo XX.

El bautismo de López Obrador en la política proselitista se remonta a las elecciones federales de 1976, a caballo entre las administraciones de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, cuando tomó parte en la campaña electoral del insigne poeta y pedagogo tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, quien aspiraba al escaño de senador por el estado. Algunas fuentes informan que antes de fallecer en febrero de 1977, al poco de tomar posesión de su asiento en la Cámara alta, Pellicer presentó a su discípulo a Leandro Rovirosa Wade, gobernador de Tabasco desde el primero de enero. Con tan buenos contactos, López Obrador no tardó en hacerse un hueco en la función pública de Tabasco a través del sistema de colocaciones directas del PRI. Al poco tiempo le fue encomendada la delegación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en La Chontalpa, subregión tabasqueña formada por los cinco municipios más occidentales del estado y que toma su nombre del grupo étnico chontal, así como la dirección de Estudios Sectoriales de la Secretaría de Promoción estatal. Su lugar de residencia en los cinco años siguientes fue Nacajuca.

En 1978 López Obrador empezó a fungir de delegado estatal de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (COPLAMAR). Asumiendo quehaceres como la edición de publicaciones en lengua indígena y la ejecución de programas de impulso agrícola, el joven oficial priísta tomó conciencia de primera mano de los déficits sociales endémicos en un estado particularmente rico en recursos naturales pero acuciado por la pobreza y el subdesarrollo.

Por otro lado, aunque tenía la licenciatura por la UNAM a medio cursar, López Obrador fue invitado a dar clases de Sociología y Pedagogía en la Universidad Autónoma de Tabasco. Allí inició con una de sus alumnas, Rocío Beltrán Medina, baja funcionaria de la Secretaría de Educación Pública, una relación sentimental que acabó en matrimonio en marzo de 1980. La pareja concibió tres hijos varones, José Ramón (1982), Andrés Manuel (1987) y Gonzalo Alfonso (1991).

En 1982 López Obrador se integró en el equipo de la campaña para gobernador de Enrique González Pedrero, antiguo senador y secretario general del partido, quien se encargó de que su asistente fuera nombrado director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), el equivalente estatal del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI federal. El 1 de enero de 1983 González tomó posesión del Ejecutivo de Villahermosa y entre sus primeras decisiones estuvo la de designar a su colaborador presidente del Comité Directivo Estatal del PRI tabasqueño.

Como jefe nominal del partido en Tabasco, López Obrador se puso al frente de la organización interna y, apoyándose en los comités de base, el campesinado en particular, comenzó por supervisar la gestión de los cargos municipales, para asegurarse de que este se ajustaba al programa electoral. Esta actitud celosa le granjeó de inmediato numerosas enemistades en el partido estatal, donde el tabasqueño adquirió una reputación de priísta dogmático y situado en el ala más a la izquierda. Las prontas quejas por su forma de trabajar lesionaron la relación de confianza que mantenía con González Pedrero, quien al cabo de unos meses, en noviembre de 1983, le destituyó del cargo. En 1984, tras rechazar varios puestos alternativos pero de menor rango en el PRI del estado, López Obrador optó por regresar al Distrito Federal, donde se hizo con un buen puesto funcionarial, la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor (INCO).

En 1986 López Obrador publicó el libro Los primeros pasos; Tabasco 1810-1867, un repaso histórico a su estado natal desde la independencia hasta la revolución juarista y al que en 1988 iba a seguir una segunda parte titulada Del esplendor a la sombra: la República restaurada; Tabasco 1867-1876. En 1987, transcurrida una década larga desde que inició la carrera, el funcionario egresó de la UNAM con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, apoyada en la tesis Proceso de formación del estado nacional en México, 1821-1867.

Fue también en 1987, discurriendo el penúltimo año de la Administración de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando López Obrador se unió a otros priístas del sector crítico izquierdista y nacionalista para articular la denominada Corriente Democrática del PRI, cuya principal denuncia era que el partido se había alejado, hasta el punto de pervertirlos, de los principios democráticos y de justicia social que habían alumbrado su nacimiento en 1929 como un pacto político de las diversas facciones salidas de la Revolución de 1910-1917 para poner término a las luchas sectarias que en aquel entonces continuaban martirizando el país, y repartirse los cotos de poder. Los miembros más destacados de esta facción disidente eran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del ex presidente (1934-1940) Lázaro Cárdenas del Río –otra figura de la historia nacional muy admirada por López Obrador- así como ex senador y gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, quien había sido presidente del partido entre 1975 y 1976 además de secretario (ministro) del Gobierno Federal con Echeverría y López Portillo.

A Cárdenas debió causarle muy buena impresión el trabajo social realizado por López Obrador con los indios chontales, ya que no dudó en encomendarle la organización de la Corriente Democrática en Tabasco con la mirada puesta en las elecciones federales y estatales de 1988. Los cardenistas aglutinaron fuerzas con una pléyade de pequeños partidos del centroizquierda y la izquierda, principalmente el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Popular Socialista (PPS), dando lugar a la coalición Frente Democrático Nacional (FDN).

Cárdenas se postuló a la Presidencia de la República, mientras que López Obrador lanzó el envite gubernamental en Villahermosa, rivalizando así con los candidatos designados por el oficialismo priísta, Carlos Salinas de Gortari y Salvador Neme Castillo, respectivamente. Los dos fracasaron en sus tentativas, pero revestidos de la victoria moral que entrañaba sentirse las víctimas de una estafa a la democracia. El 6 de julio Cárdenas se convertía en el gran damnificado por la caída del sistema, el más que sospechoso colapso del sistema informático de escrutinio que prologó la publicación de unos resultados finales que dieron la victoria a Salinas.

El 9 de noviembre era López Obrador el batido por Neme Castillo, que tenía de su lado a toda la maquinaria del partido, con un arrasador 81% de los votos. Como Cárdenas en la Ciudad de México, el tabasqueño puso el grito en el cielo en Villahermosa: denunció haber sido objeto de un fraude masivo y para respaldar su afirmación dio cuenta de una retahíla de irregularidades, desde la expulsión de representantes del FDN de los colegios electorales donde estaban acreditados hasta la destrucción de papeletas con su candidatura marcada. Un análisis pormenorizado de las elecciones a gobernador de Tabasco iba a aparecer en 1990 en su siguiente libro, rotundamente titulado Tabasco, víctima del fraude.

Los escandalosos comicios de 1988 aceleraron el cisma en el PRI. El 5 de mayo de 1989, bajo el liderazgo carismático de Cárdenas, y con el firme propósito de ahondar la brecha abierta en la larguísima hegemonía de una estructura política que parecía tener ya muy poco de revolucionaria y todo de institucional, era fundado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a partir de la fusión de la Corriente Democrática con algunos aliados del FDN, principalmente el Partido Mexicano Socialista (PMS), el cual tenía un importante componente ex comunista. En adelante presidente del PRD en Tabasco, López Obrador amplió su red local de simpatizantes, aunque no hasta el punto de poner en peligro la supremacía del PRI estatal.

Dos años y medio más tarde, López Obrador adquirió su primera notoriedad a nivel nacional como el cabeza del llamado éxodo por la democracia, una marcha pacífica de medio millar de paisanos de Tabasco y Veracruz que el 20 de noviembre de 1991 partió de Villahermosa para llegar, el 11 de enero de 1992, a la plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México, entre los vítores de 30.000 perredistas defeños. Los marchistas portaban la denuncia del caos que había presidido las elecciones municipales celebradas recientemente en ambos estados y que con indicios de fraude habían penalizado las candidaturas perredistas.

Al día siguiente de concluir la marcha, la Secretaría de Gobernación de la Administración salinista zanjó el conflicto poselectoral a favor de los opositores, que vieron reconocida su victoria en ayuntamientos tan significativos como Cárdenas y Nacajuca, donde se pactó la formación de sendos gobiernos de coalición PRD-PRI. Con esta protesta política y cívica, y más con otras movilizaciones reivindicativas que le siguieron, López Obrador se dio a conocer a la opinión pública nacional como un tribuno combativo y radical, que se encontraba a gusto haciendo política en la calle y que parecía preferir la relación directa con las masas populares frente al trabajo interno en los despachos de los partidos o en las instituciones del Estado para llevar a la práctica sus objetivos.


2. Presidente del partido y despegue electoral

El segundo intento de López Obrador por conquistar la Gubernatura de Tabasco también resultó infructuoso. Fue en las elecciones estatales del 20 de noviembre de 1994, en un momento particularmente tenso de la política mexicana, a rebufo del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y de los asesinatos de los dirigentes priístas Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, y cuando ya asomaban los nubarrones de una tormenta financiera que iba a descargar un mes más tarde sobre el Gobierno del por el momento presidente electo, Ernesto Zedillo Ponce de León. Candidato destapado por Salinas, Zedillo se había impuesto con comodidad en la cita electoral de agosto a Cárdenas (quien el año anterior se había desprendido de la presidencia del PRD, la cual ostentaba ahora Muñoz Ledo) y al panista Diego Fernández de Cevallos. Tres meses después, en Villahermosa, el jefe del perredismo tabasqueño perdió con el 38,7% de los votos su pulso particular con Roberto Madrazo Pintado, antiguo diputado federal y senador del PRI, receptor del 57,5% de los sufragios.

Reeditando su actitud de un sexenio atrás y anticipando el que iba a ser su proceder contestatario tras las elecciones presidenciales de doce años más tarde, López Obrador impugnó los comicios como fraudulentos, presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) un prolijo informe en el que documentaba la violación por la candidatura priísta del tope legal de los gastos de campaña, y lanzó una campaña de movilizaciones y de resistencia civil que incluyó, en abril y mayo de 1995, una segunda marcha al DF, la caravana por la democracia, seguida de la creación de una Alianza Nacional Democrática. Dicha Alianza elevó la bandera del rechazo a la segmentación de Pemex iniciada con Salinas, la cual parecía preludiar la privatización de la compañía. La preservación del monopolio estatal de los hidrocarburos era también uno de los puntos clave de la Proclama Nacional, manifiesto donde el perredista hacía una ardiente defensa de la soberanía de la nación y el pueblo en todos los ámbitos, el energético, el económico, el financiero y, por supuesto, el democrático.

Esta vez, sin embargo, López Obrador no arrancó la menor concesión a las autoridades federales. El balance de este combate desigual quedó consignado en su cuarto libro, Entre la historia y la esperanza: corrupción y lucha democrática en Tabasco, aparecido en 1996. Allí, el opositor arremetía contra Madrazo, en lo sucesivo acerbo antagonista y el primero de una lista de enemigos personales a la que también se incorporó el ex presidente Salinas, referido habitualmente por él como El Innombrable.

La gran popularidad adquirida entre las bases perredistas por López Obrador, erigido en paladín de pobres y excluidos, le catapultó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido en la elección interna celebrada en julio de 1996, después de acaudillar a los indígenas de La Chontalpa en una protesta contra la gestión de Pemex en Tabasco, y en un contexto de profundo descontento por el balance de resultados del presidente saliente, Muñoz Ledo, que en términos electorales podía calificarse de desastroso: el partido había sido derrotado por el PRI en todos los comicios estatales y seguía sin contar con un solo gobernador (mientras que la principal fuerza de la derecha, el PAN, ya gobernaba en cuatro estados). López Obrador se distinguió como el más izquierdista, a la luz de su praxis radical, de entre una terna de aspirantes que completaban el senador veracruzano Heberto Castillo Martínez, antiguo dirigente del PMS –y quien iba a fallecer meses después-, y la zacatecana Amalia García Medina, con una trayectoria también socialista y antes comunista. El 19 de julio, sin sorpresas, el tabasqueño fue proclamado presidente del partido con el 73,9% de los votos, 264.565 papeletas en términos absolutos.

El 2 de agosto de 1996 López Obrador tomaba protesta al frente del PRD lanzando mensajes de aliento y confianza de cara a las próximas citas electorales. El primer y sensacional éxito, ya que la plaza ganada, por su peso demográfico, político y económico, constituía un centro de poder solo superado por el propio Ejecutivo federal, llegó el 6 de julio de 1997: se trató de la primera elección por sufragio universal del nuevo cargo de jefe de Gobierno del DF –sustituyendo al de jefe departamental o regente capitalino, cuyo nombramiento había sido hasta entonces prerrogativa del presidente de la República-, ganado por Cárdenas con el 48,1% de los votos.

En la elección a la Asamblea Legislativa del DF el PRD dio también la campanada y obtuvo 38 de los 66 escaños en juego. Y en las votaciones a la Cámara de Diputados del Congreso, celebradas el mismo día, el partido ascendió a los 125 curules, sobrepasando al PAN y convirtiéndose en el principal beneficiario de la pérdida por el PRI de la mayoría absoluta. En los 19 meses siguientes, la presidencia partidaria de López Obrador se apuntó la conquista de otras tres entidades federadas, los gobiernos de Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur, idos respectivamente a los presidentes Ricardo Monreal Ávila (julio de 1998), Alfonso Sánchez Anaya (noviembre de 1998) y Leonel Cota Montaño (febrero de 1999).

El 10 de abril de 1999 López Obrador entregó la presidencia del CEN al diputado federal Pablo Gómez Álvarez, el cual asumió el cargo con carácter interino y la única misión de convocar una nueva elección interna del titular, después de tener que ser anulada una primera y caótica votación ante el resultado de empate técnico entre los dos pretendientes cabeceros, Amalia García y Jesús Ortega Martínez, y la denuncia de un sinfín de irregularidades y corruptelas; en otras palabras, las secciones perredistas incurrieron en el mismo proceder fraudulento que tantas veces habían echado en cara al PRI. El escándalo interno, alimentado por las imputaciones a Cárdenas y Muñoz Ledo de supuesta injerencia interesada en el proceso electoral, y en paralelo a unas nada entusiastas conversaciones con el PAN sobre la posibilidad de presentar contra el PRI un candidato unitario de la oposición en las presidenciales de 2000, emborronó la hoja de servicios de López Obrador justo cuando se despedía de la conducción partidaria para lanzar nuevos envites políticos.

La renuncia por Cárdenas el 29 de septiembre de 1999 a la jefatura del Gobierno del DF con el objeto de preparar su candidatura presidencial situó a López Obrador, no obstante detectarse ya indicios de unas frías relaciones personales entre los dos dirigentes, como el único jefe perredista capaz de mantener el tirón electoral del líder fundador, aunque antes tendría que vencer el escepticismo de muchos cuadros locales del partido a los que extrañaba que el tabasqueño, que a fin de cuentas todavía no se había estrenado en la política representativa con apoyo en un mandato electoral, pretendiera gobernar una urbe con la que no tenía especiales lazos. Además, la ley establecía un mínimo de cinco años de residencia para los candidatos a jefe de Gobierno.

Por de pronto, López Obrador publicó las conclusiones de su investigación al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), instrumento del Estado creado por la Administración Salinas con el fin de ayudar a los ahorradores afectados por situaciones de insolvencia bancaria pero que tras la debacle financiera de diciembre de 1994 se había concentrado en rescatar las pérdidas sufridas por conocidos banqueros y empresarios, inclusive mediante la conversión en deuda pública de su colosal pasivo. Para López Obrador, y así lo expuso en su nuevo libro-denuncia, Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo, la actuación del fondo era abiertamente inconstitucional y el "fraude más grande de la historia después de La Conquista".


3. Salto a la jefatura del Gobierno del DF en 2000

El 15 de noviembre de 1999, tras negociar el apoyo de las dos principales familias perredistas del DF, las apadrinadas por René Bejarano Martínez y Armando Quintero Martínez, López Obrador ganó la elección primaria del candidato a alcalde defeño con el 75,5% de los votos, dejando en la estacada a Demetrio Sodi de la Tijera, Pablo Gómez –una vez terminada su presidencia interina del partido, luego de la elección en julio de Amalia García- e Ifigenia Martínez Hernández, miembro de la cúpula fundacional del PRD.

En las elecciones federales del 2 de julio de 2000, mientras el candidato presidencial del PAN, Vicente Fox Quesada, hacía historia al batir a su adversario oficialista, Francisco Labastida Ochoa, y Cárdenas, con un muy mediocre 16% de los sufragios, se limitaba a confirmar la tercera posición registrada en 1994, López Obrador salvaba la honra del partido (que sufrió además una hecatombe en las legislativas con la pérdida de dos tercios de los diputados) imponiéndose en el DF a dos contrincantes manifiestamente menos populares, el panista Santiago Creel Miranda y el priísta Jesús Silva Herzog.

No se trató, con todo, de una victoria cómoda. Pese a gozar del respaldo del Partido del Trabajo (PT), la Convergencia por la Democracia (CD), el Partido Alianza Social (PAS) y el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) –integrantes los cinco de la Alianza por México, que tan decepcionantes resultados tuvo en las votaciones federales-, amén del candidato del Partido del Centro Democrático (PCD), Marcelo Luis Ebrard Casaubón –luego de cancelar su postulación, aunque su nombre no fue retirado de las papeletas electorales-, López Obrador se proclamó jefe de Gobierno del DF con un exiguo 34,5% de los votos, poco más de un punto de ventaja sobre su más cercano seguidor, Santiago Creel.

El 5 de diciembre de 2000 López Obrador recibió de su correligionaria Rosario Robles Berlanga el despacho de gobernante defeño e inauguró su mandato electoral de seis años, asumiendo jurisdicción sobre una población de ocho millones de personas, más que muchos países del mundo. Dos días después fallecía su padre, don Andrés López Ramón, a causa de una dolencia renal, a los 87 años de edad. Este fue el segundo de los tres decesos consecutivos de seres queridos que desolaron a López Obrador justo cuando su carrera política ascendía con brío: el 6 de mayo del presente año había perecido su también anciana madre, doña Manuela, y el 13 de enero de 2003 la muerte iba a llevarse, a los 46 años, a su esposa Rocío, que llevaba años enferma de lupus.

El lustro comprendido entre 2000 y 2005 fue un período decisivo en la trayectoria de López Obrador, pues fue entonces cuando cimentó las bases populares de un poder y una influencia a nivel nacional que iban a convertirle en uno de los políticos más insignes y controvertidos del México contemporáneo. Para sus cada vez más numerosos simpatizantes y partidarios, López Obrador era un regidor voluntarioso y esforzado, casi hiperactivo, sinceramente entregado a las causas sociales y a la mejora del bienestar de la ciudadanía, a la vez que austero, como atestiguaban su sencillo apartamento de clase media y el coche utilitario que le llevaba de casa al trabajo. Otro punto a su favor era su compromiso con la rendición regular de cuentas, la transparencia y la democracia participativa. Los posibles déficits en su preparación profesional los suplía con creces con una innata capacidad para diagnosticar certeramente los problemas y conectar con la gente. Por otro lado, sus ensayos sobre historia y actualidad política reflejaban aptitudes para la investigación y el análisis.

El dirigente perredista exudaba asimismo pugnacidad, tenacidad y astucia, unos atributos que el imaginario popular asociaba al pejelagarto, pez depredador de agua dulce de aspecto reptiliano muy común en el sudeste mexicano y particularmente en Tabasco, así que al gobernante se le quedó el mote, aplicado en sentido positivo, del Peje. Tampoco tardaría en generalizarse el apelativo de AMLO, acrónimo formado con su nombre y apellidos, hasta alcanzar uso universal. Por el contrario, para sus adversarios y detractores, en número creciente también, López Obrador era un extremista y un populista sin la cualificación necesaria para gobernar una megalópolis como el DF y que no dudaba en blandir los más censurables instrumentos de agitación y demagogia con tal de aferrarse al poder y realizar sus ambiciones, que parecían no detenerse en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México.

Orador deficiente, carente de la soltura retórica de adversarios con un currículum universitario y profesional más vistoso -y, por este motivo, constante objeto de burla desde las filas del PAN y el PRI, decididamente proclives a formar una pinza contra quien en el fondo temían-, López Obrador acertó sin embargo a modular su discurso al lenguaje que entendían las clases populares y además hizo un uso intensivo de los medios de comunicación. Sus conferencias de prensa a la temprana, por no decir intempestiva, hora de las seis de la mañana, conocidas popularmente como las mañaneras, generaban invariablemente una inusitada expectación periodística y marcaron la agenda política del país.

Los resultados de la gestión municipal del dirigente fueron el reflejo de esta valoración tan profundamente ambivalente de su persona. Por un lado, el DF conoció una vigorosa campaña de obras públicas para la mejora y ampliación de una serie de infraestructuras urbanas. Por otro lado, los mexiqueños se beneficiaron de varios programas de protección social, el más destacado de los cuales fue la Pensión Universal Alimenticia para Adultos Mayores. El Gobierno municipal se resistió a implementar el Seguro Popular, aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y basado en la aportación de cuotas por los beneficiarios, aduciendo que los defeños ya recibían de sus instituciones municipales la necesaria cobertura social y además gratuita.

Según la oposición, ejercida fundamentalmente por el PAN, el Ejecutivo encabezado de López Obrador se dedicaba a derrochar el presupuesto del DF con mano populista sin preocuparse de las deudas, que ciertamente crecieron, aunque a un ritmo sensiblemente menor que bajo anteriores gobiernos. Los efectos de la lucha contra la criminalidad, uno de los más graves problemas de la urbe, merecieron asimismo valoraciones dispares.


4. La carrera de obstáculos de las presidenciales de 2006: el videoescándalo y el desafuero en la Ciudad de México

A principios de 2004 López Obrador mantenía, a la luz de las encuestas efectuadas entre los residentes del DF, un índice de popularidad muy elevado. La gran mayoría de los mexiqueños le tenía por un regidor competente y trabajador, y aceptaba su reputación de abanderado de la decencia. La opinión pública daba por hecho que el alcalde acariciaba la candidatura perredista para las elecciones presidenciales de 2006, pero él se limitaba a repetir que su único interés residía en el buen gobierno de la Ciudad de México.

En marzo de 2004, en un momento que a muchos no les pareció casual, estalló el llamado videoescándalo, la emisión por la cadena Televisa de unas grabaciones de vídeo clandestinas que mostraban a prominentes políticos y funcionarios, la mayoría miembros del PRD y colaboradores estrechos de López Obrador, en situaciones altamente comprometedoras. La serie de filmaciones comenzó como una filtración hecha a los medios por el diputado federal panista Federico Döring Casar y tenía como principal protagonista al empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada Kurtz, en cuyas oficinas sucedían casi todas de las escenas. Ahumada se apresuró a presentar contra los implicados una denuncia por extorsión antes de darse él mismo a la fuga; poco después, el empresario sería capturado en Cuba y deportado en respuesta a un pedido de extradición de las autoridades mexicanas.

El videoescándalo convulsionó al país. Ante las cámaras desfilaban el secretario de Finanzas del Gobierno del DF, Gustavo Ponce Meléndez, René Bejarano Martínez, hasta 2002 secretario particular de López Obrador y luego coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, y Carlos Ímaz Gispert, jefe de la delegación capitalina de Tlalpan. Los tres habían sido grabados mientras se dedicaban a actividades lúdicas como jugarse a la ruleta miles de dólares en un lujoso casino de Las Vegas y a otras mucho más alarmantes, como negociar con Ahumada la compra de favores políticos o recoger de sus manos ingentes sumas de dinero, efectuando un pasmoso trasiego de fajos de billetes que terminaban en el tradicional maletín.

La divulgación mediática en formato sensacionalista de estos presuntos actos de corrupción que incluían detalles del más puro estilo mafioso golpeó con la fuerza de un terremoto al Gobierno del DF y al PRD, que tuvo que romper amarras con los involucrados, contra los que la justicia no tardó en abrir cargos por fraude y lavado de dinero, y en cursar las correspondientes órdenes de arresto y prisión provisional. Rosario Robles, presidenta del CEN entre 2002 y 2003, salió muy malparada tras escucharse el reguero de conversaciones y testimonios que la situaban como uno de los cerebros de la trama, viéndose obligada a abandonar el partido. El actual presidente, Leonel Godoy Rangel, tuvo que salir a pedir públicas disculpas a la estupefacta ciudadanía. Objetivamente, costaba imaginar que López Obrador no estuviera al corriente de los chanchullos de una persona tan allegada a él como Bejarano, quien había sido su mano derecha.

Pese a la fea turbiedad de los hechos y a la identidad de los implicados, que eran algunos de sus lugartenientes de mayor confianza, López Obrador no fue salpicado por este escándalo hasta el punto de ver peligrar su posición institucional. El regidor defeño manifestó su rechazo a las corruptelas sacadas a la luz, pero su reacción fue tardía y tibia. El énfasis lo reservó para un contraataque de tipo político, ya que puramente políticas le parecían las motivaciones del videoescándalo. En su opinión, lo que allí había era una "conspiración" para minar la popularidad de su partido y su gobierno del DF, y como supuestos conjurados señaló al ex presidente Salinas (al que calificó de "jefe de jefes", con mando tanto en el PRI como en el PAN), al ex candidato presidencial del PAN Fernández de Cevallos (el altivo Jefe Diego, con el que venía sosteniendo un tenso pique personal condenado a endurecerse) y al entorno del presidente Fox. Hasta el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas, la DEA, estaba confabulado contra él, aseguró.

La razón, el victimismo o la manía persecutoria, que todo ello le era adjudicado, de López Obrador se cargaron de fuerza a partir del 18 de mayo de 2004, en plena polvareda por el videoescándalo, cuando la PGR dio el paso de solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernante por presuntos abuso de autoridad y desacato judicial en relación con un hecho de trascendencia menor y que venía coleteando desde hacía años, un pleito sobre la expropiación de un terreno en el DF, concretamente en la delegación de Cuajimalpa. El asunto se remontaba a noviembre de 2000, cuando el Gobierno defeño, entonces encabezado por Rosario Robles, expropió la parcela para construir en parte de ella una vía de acceso a un hospital privado.

Quienes aseguraban ser los dueños del terreno en cuestión, la empresa inmobiliaria Promotora Internacional Santa Fe, habían demandado al Gobierno ante los tribunales, iniciándose un litigio por desamparo que en marzo de 2001 había dado lugar a la orden de la suspensión definitiva de las obras por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa. Luego, la empresa propietaria había vuelto a denunciar al Gobierno del DF por continuar adelante con las obras, logrando de los tribunales un rosario de autos favorables y finalmente la intervención de la PGR.

La reactivación de este caso, precisamente ahora, cuando no parecía que los coletazos del videoescándalo fueran a dañar seriamente a López Obrador, llenó de indignación al PRD. Su presidente, Leonel Godoy, acusó a la PGR de "poner en riesgo la transición democrática y la estabilidad de México", y denunció una "embestida" que buscaba "desaforar, destituir y meter en la cárcel" al Peje con el único fin de "inhabilitarlo como eventual candidato presidencial en las elecciones de 2006 e impedir que la izquierda llegue al poder".

En agosto, 200.000 perredistas se manifestaron en el Zócalo de la capital federal en apoyo de López Obrador. Si con la iniciativa de desafuero del Ministerio Público Federal el oficialismo pretendía, en verdad, torpedear la posible aspiración presidencial de López Obrador –la ley establecía que una persona con causas judiciales abiertas no podía registrar su candidatura a la jefatura del Estado-, tal artimaña podía tornarse un peligroso bumerán, ya que los sondeos de opinión perfilaron al imputado como el presidenciable con más posibilidades de ganar en las urnas. En octubre López Obrador presentó el libro Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero, que recogía y ampliaba los veinte puntos programáticos presentados en una marcha realizada el 29 de agosto.

2004 no terminó sin un nuevo sobresalto, la destitución en noviembre por el presidente Fox, de acuerdo con sus prerrogativas, del secretario de Seguridad Pública del DF, el antiguo líder del PCD Marcelo Ebrard, como responsable de un fallo de omisión de autoridad en un violento incidente registrado en la delegación capitalina de Tláhuac, en el que una turba de paisanos linchó hasta la muerte a tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que confundió con delincuentes. López Obrador protestó por la decisión presidencial, que costó el puesto también al comisionado de la PFP, pero repescó a Ebrard para su Gobierno nombrándole secretario de Desarrollo Social.

La batalla político-judicial por la defensa de su inmunidad penal, otorgada por el artículo 111 de la Constitución a las altas magistraturas del Estado, y, por ende, de su ya oficial postulación presidencial, la libró López Obrador en la primavera de 2005, al cabo de varias semanas de movilizaciones populares en las que el dirigente se comparó con Martin Luther King y dirigió su dedo acusador a Fox y Salinas. El 7 de abril AMLO encajó un primer desenlace adverso. Se trató, en realidad, de una derrota temporal, de la que a la postre emergería como triunfador. Aquel día, el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso, por 360 votos contra 127 más dos abstenciones, dio luz verde al suplicatorio de la PGR. Votaron a favor del desafuero las bancadas del PAN y el PRI (que desde las elecciones legislativas de julio de 2003 gozaba de una mayoría simple reforzada), y en contra las del PRD, el PT y la Convergencia. La mitad de los diputados del Partido Ecologista Verde de México (PVEM, aliado del PRI) y un puñado de diputados priístas también votaron en contra. La PGR ya podía requerir a un magistrado el arresto y el procesamiento penal del regidor del DF por presunto desacato de orden judicial.

Tal como había anunciado anticipándose a la decisión de los parlamentarios, López Obrador convocó un "movimiento de resistencia civil pacífica" que tuvo su epicentro en el Zócalo y que en los días siguientes movilizó a cientos de miles de personas. Mientras el protagonista de la fenomenal polémica nacional encabezaba las protestas contra el "atropello a las libertades ciudadanas" y reiteraba su disposición a ir a la cárcel sin admisión de fianza pero no a renunciar a inscribir su candidatura presidencial, la Asamblea Legislativa del DF, controlada por su partido, abrió un conflicto constitucional al reclamar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se garantizara el cumplimiento estricto de la Carta Magna en el sentido de que un servidor público no podía ser separado de su cargo hasta que un juez no le abriera proceso penal.

Para reclamar el cese inmediato del alcalde por estar ya desaforado, los diputados federales del PAN y el PRI se amparaban en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los alegatos jurídicos presentados a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para defenderse de la acusación de que era objeto los transcribió López Obrador en el que era su séptimo libro, Contra el desafuero; mi defensa jurídica, publicado este mismo 2005.

La incapacidad de la PGR para lograr que un juez incoara diligencias procesales envalentonó a López Obrador, que el 25 de abril, horas después de saborear una impresionante demostración de fuerza popular en el centro de la ciudad, regresó a su despacho oficial. El gesto de desafío irritó a la Presidencia de la República, pero Fox, temeroso del coste político de la empecinada postura de su partido, se avino a dar una salida política a la crisis. El 27 de abril el presidente aceptaba la dimisión del procurador general, Rafael Macedo de la Concha, y un día más tarde comunicó personalmente a la nación que el líder perredista podría concurrir a las elecciones; en otras palabras, López Obrador tenía asegurados sus derechos políticos. El 4 de mayo, el nuevo fiscal general, Daniel Cabeza de Vaca, informó que el Ministerio Público, pese a considerarle "probable responsable" de desacato, retiraba los cargos contra el regidor capitalino y archivaba la causa. El conflicto quedó definitivamente zanjado con una reunión de 20 minutos entre Fox y López Obrador en la residencia presidencial de Los Pinos. Tras el encuentro, los dirigentes hicieron votos porque las próximas elecciones fueran "limpias, libres y en paz".

El 29 de julio de 2005 López Obrador pidió licencia de descargo como jefe de Gobierno del DF para consagrarse a la elección primaria del PRD. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, el secretario del Gobierno, le sustituyó al frente de la entidad federada. En el cenit de su popularidad, AMLO se encontró sin rivales internos luego de la retirada del veterano Cárdenas, que aunque conservaba intacta su aureola de probidad se sentía incapaz de contender con el beligerante conmilitón tabasqueño. Las relaciones personales entre los dos dirigentes no habían hecho más que empeorar en los últimos tiempos, más a raíz del videoescándalo de 2004, cuando Cárdenas cerró filas junto con la cúpula del partido pero sin esconder su malestar. En su carta de autodescalificación dirigida al CEN, cuyo nuevo presidente era el sudcaliforniano Leonel Cota Montaño, el líder histórico del PRD censuraba la "ausencia de debate" en la precampaña electoral del partido.

El 19 de septiembre, con el PRD rendido a sus pies, por convicción o –los sectores más moderados- en asunción del que este era el deseo prácticamente unánime de las bases, López Obrador, único precandidato, fue designado candidato presidencial por el Servicio Electoral y Membresía del partido. El 10 de diciembre tuvo lugar en el Zócalo el acto de su toma de protesta, o proclamación jurada, como candidato de la coalición Por el Bien de Todos, formada por el PRD, el PT y la Convergencia. Sus máximos adversarios en la liza del 2 de julio de 2006 iban a ser Felipe Calderón Hinojosa, ex secretario de Energía con Fox, por el PAN y su detestado Roberto Madrazo por el PRI. En su discurso de protesta, López Obrador puntualizó que sus diferencias no eran con los empresarios generadores de empleo, los cuales merecían "protección y apoyo", sino con "los saqueadores y los corruptos que aprovechan los cargos públicos para hacerse ricos". Por último, el 8 de enero de 2006, el candidato cumplimentó el trámite de registrarse ante el Instituto Federal Electoral (IFE). El 19 de enero el postulante perredista arrancó su campaña en Metlatónoc, municipio de Guerrero poblado por indígenas mixtecas y considerado el más pobre del país.


5. Reñida liza en las urnas con el panista Calderón y rebeldía poselectoral

Tras salir airoso de la peripecia del desafuero, López Obrador no estaba dispuesto a dejar de librar en 2006 una campaña presidencial dura y áspera, en la que Calderón vendría a encarnar todos los abusos y trapacerías del poder panista, y, pese a sus gestos de distanciamiento del foxismo, a representar una opción completamente continuista de la línea "neoliberal" que el principal partido de la izquierda mexicana hacía remontar a los años de la Administración priísta de Miguel de la Madrid.

La militancia del PRD endilgó a Calderón el mote insultante de FeCal, que justificaba por tratarse de un acrónimo construido con las primeras letras de su nombre y apellido. Definitivamente, a la izquierda mexicana no le gustaba un aspirante del oficialismo que exudaba elitismo social y económico, y que se expresaba con articulada suficiencia. Ahora bien, aunque Calderón no era un candidato especialmente seductor y millones de mexicanos, en particular los de las clases más humildes, no encontraban motivos para votar al representante de un partido gobernante con un balance de resultados que les parecía negativo, sus posibilidades electorales cobraron ímpetu porque el radicalismo de que hacía gala López Obrador, tachado sistemáticamente de populista (el historiador Enrique Krauze fue más allá y le llamó "mesías tropical"), suscitaba aprensión y rechazo entre las clases medias y acomodadas de las grandes urbes –con la clamorosa excepción del DF, donde El Peje gozaba de un respaldo masivo- y en los estados más desarrollados del norte. Para estos electores, Calderón proyectaba seguridad, preparación y fiabilidad.

A finales de abril, después de que López Obrador rehusara participar en el primero de los dos debates televisados a los que estaban convocados los candidatos cabeceros, el panista tomó la delantera al perredista en los sondeos para luego retroceder levemente. A principios de junio, iniciada la campaña electoral propiamente dicha, los dos líderes se encontraban prácticamente empatados en las intenciones de voto, con oscilaciones en un sentido u otro que prometían la experiencia de unas elecciones extraordinariamente reñidas. El aspirante del PRD desató mucha polémica al esgrimir contra su adversario del PAN unos documentos que supuestamente implicaban a Calderón en actos de nepotismo, abuso de funciones y tráfico de influencias cuando fue director del BANOBRAS y secretario de Energía del Gobierno Federal.

Asimismo, López Obrador echó en cara al PAN y al PRI que el FOBAPROA llegara a convertirse en un instrumento de "privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas". En el último tramo de la carrera presidencial, el aparato propagandístico del PAN perjudicó indudablemente las posibilidades de López Obrador con una serie de spots en los que se fomentaba el miedo a un hombre capaz poco menos que de "hundir" al país con sus políticas económicas heterodoxas. El más difundido de estos anuncios sentenciaba con tono catastrofista: "López Obrador es un peligro para México".

El programa de la coalición Por el Bien de Todos, expresión que como lema de campaña incluyó el latiguillo primero los pobres, se situaba nítidamente en la izquierda, etiqueta ideológica que López Obrador reivindicó expresamente. Varias eran las lacras observadas en México, diagnosticaba, y su eliminación marcaba las prioridades. En primer lugar, había que poner fin al estado de "privilegios", "corrupción" y "saqueo" patrocinado desde la Administración federal. Puesto que se trataba de un andamiaje piramidal que empezaba en lo más alto, el Ejecutivo nacional, las corruptelas tendrían que ser barridas "como se barren las escaleras, de arriba para abajo". A la vez, urgía combatir el fraude y la evasión fiscal, así como recortar drásticamente los gastos corrientes, siendo el primer paso la reducción a la mitad del sueldo del presidente de la República. En cuanto a las actividades del FOBAPROA, serían investigadas por una Comisión de la Verdad.

En segundo lugar, recurriendo a los fondos ahorrados gracias a la austeridad en el Gobierno y la función pública, que solo el primer año de ejercicio podrían sumar los 100.000 millones de pesos, y a los nuevos ingresos fiscales como resultado de una recaudación más eficaz, el Gobierno del PRD impulsaría una serie de programas de desarrollo social, extendiendo los servicios públicos a áreas degradadas y atendiendo las necesidades de colectivos vulnerables como los ancianos, los parados y las madres solteras, y otros de fomento de actividades productivas, especialmente en los sectores agropecuario, turístico y de construcción de obras públicas. En cuanto al sector energético, solo experimentaría reformas en el sentido de mejorar la eficiencia de su organización empresarial y la prestación de servicios; cualquier proceso que condujera a la privatización, siquiera parcial, de Pemex quedaba completamente descartado. Además, el PRD defendía el derecho constitucional de todo trabajador a percibir un salario "justo" y "digno", aunque no especificó la cantidad.

En el ámbito exterior, AMLO reclamó la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de un capítulo de cooperación para el desarrollo y de correcciones para proteger a los productores agrícolas nacionales. También, concebía unas buenas relaciones con el imprescindible socio estadounidense, pero dando máxima prioridad al tema migratorio, asunto que no se resolvía "con muros ni con la militarización fronteriza".

Por otra parte, López Obrador no quiso hacer comentarios sobre política continental que pudieran dar pábulo a la sospecha de algún tipo de conexión con el presidente venezolano Hugo Chávez (quien por ejemplo llamaba a Fox "cachorro del imperio norteamericano"), supuestos vínculos que los medios panistas no dejaron de aventar, aunque con muy escasa convicción. En realidad, López Obrador no tenía ninguna relación personal o institucional con Chávez, al que no conocía, aseguraban dirigentes de su partido, ni siquiera por contacto telefónico. Además, el PRD veía con distanciamiento la estrategia bolivariana para América Latina impulsada por el Gobierno de Caracas, aunque sí era cierto que sectores de la militancia simpatizaban abiertamente con el modelo chavista y sus acentos socialistas y de dirigismo estatal.

El 23 de junio fue el último día habilitado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para la divulgación de encuestas. De los cinco sondeos hechos públicos ese día por periódicos y televisiones, tres otorgaban a López Obrador una ventaja sobre Calderón de entre uno y tres puntos, uno daba empate y el quinto concedía la victoria al candidato del Gobierno por dos puntos. Las cuotas de voto para cada uno se movían entre el 33% y el 36%. El tercero en discordia, Madrazo, desdibujado y sin gancho, no contaba con ninguna posibilidad.

La campaña ya había alcanzado unas altas cotas de aspereza y polarización en el sentido ideológico tradicional de izquierda contra derecha. Pero la verdadera tormenta política estaba por venir. Ya en la misma noche electoral, tras cerrarse las urnas, los dos candidatos, primero López Obrador y luego Calderón, desoyeron el llamamiento hecho por el IFE de que se abstuvieran de proclamarse ganadores hasta que no hubiera resultados oficiales. Los primeros sondeos a pie de urna reflejaban un empate en torno al 36% de los votos. Al día siguiente, 3 de julio, el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que no tenía validez legal pero que sí reflejaba con escaso margen de error el resultado de los comicios al ser sus fuentes copias de todas las actas electorales de país, otorgó a Calderón una ventaja de algo más de 400.000 votos con el 98,4% de las urnas computadas. En datos porcentuales, el panista habría sacado el 36,38% y su contrincante del PRD el 35,34%, una diferencia de solo el 1,04%.

Sin embargo, López Obrador insistió en que él manejaba otros datos que le concedían sin lugar a dudas la Presidencia y que el conteo preliminar estaba trufado de "irregularidades" y "manipulaciones". La misión de observadores de la Unión Europea terció para descartar "cualquier posibilidad de fraude". Por segunda vez, los dos candidatos se proclamaron vencedores. El 4 de julio, después de que el IFE agregara a los resultados preliminares las actas que presentaban inconsistencias, el PREP redujo la ventaja de Calderón al 0,64%.

El 5 de julio el IFE comenzó el conteo oficial en los 300 consejos distritales. Concluido el procedimiento al cabo de 30 emocionantes horas, el instituto dictaminó que Calderón era el ganador con el 35,89% de los votos, seguido por López Obrador con el 35,31% y por Madrazo con el 22,26%. Al final, la diferencia sacada por el panista al perredista se quedó en un muy exiguo 0,58%, esto es, 243.934 papeletas. En realidad, se trataba de un vuelco espectacular, ya que los primeros resultados parciales del conteo oficial habían puesto a López Obrador en cabeza con hasta un millón de votos de diferencia. Este drástico cambio de tendencia fue suficiente para que el aspirante del PRD reclamara un recuento voto a voto, ya que tenía constancia de que en alrededor de 50.000 de las 130.477 casillas o mesas electorales las papeletas computadas superaban el número de electores empadronados en cada una de ellas, algo que de ser verdad supondría un fraude de dimensiones colosales, y anunciara su decisión de impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE o TEPJF).

Ahora bien, todas las misiones de monitores electorales, entre ellas las de la OEA, la UE y la ONU, ratificaron la limpieza del proceso y la solidez de las instituciones electorales mexicanas. Algunos gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos y España, no aguardaron al fallo del TEPJF, que tenía de plazo para resolver los recursos hasta el 31 de agosto, y enviaron sus felicitaciones a Calderón. El PRD, empero, no extendió sus impugnaciones a las elecciones legislativas ni a las estatales, donde la formación izquierdista y sus socios de coalición, en adelante denominada Frente Amplio Progresista (FAP), habían logrado unos resultados francamente buenos: en el Congreso de la Unión metieron a 157 diputados (34 más que la Alianza por México formada por el PRI y el PVEM, aunque 49 menos que el PAN) y 36 senadores. Éste fue uno de los argumentos esgrimidos por los demás partidos para descalificar las reclamaciones de "fraude selectivo" hechas por López Obrador.

El 8 de julio el pretendiente de la Presidencia mexicana principió una batalla total, en las instituciones y en la calle, para "demostrar" que el ganador había sido él. El Zócalo capitalino, otra vez, dio aforo a gigantescos mítines, marchas y concentraciones en los que AMLO, con tono crecientemente radical, arengó y enardeció a sus partidarios bramando contra el "fraude a la antigüita" y el "retroceso democrático", y arremetiendo contra el IFE, Fox y Calderón, a los que llamó "ariete del partido de la derecha", "traidor a la democracia" y "pelele", respectivamente. El 16 de julio, como en el año anterior cuando el movimiento de desafuero parlamentario, el perredista convocó a sus seguidores a una "resistencia civil pacífica" a escala nacional que incluía actos de desobediencia civil y bloqueos viales.

El 5 de agosto, el TEPJF, por voto unánime de sus siete magistrados, desestimó la demanda de Por el Bien de Todos de escrutar otra vez la totalidad de los votos y optó por ordenar un recuento parcial en 11.839 casillas electorales, esto es, el 9% del total, correspondientes a 149 distritos ubicados en 26 estados. López Obrador, desoyendo las recomendaciones de moderación y sosiego que le hacían algunos colegas del partido –Cárdenas, por ejemplo, mostró a las claras su desaprobación de la campaña de protestas- y sus aliados electorales, rechazó el fallo del tribunal y llamó a intensificar los actos de resistencia contra la proclamación presidencial del "espurio" e "ilegítimo" Calderón, y para "cambiar esta realidad de injusticias y opresión". "El triunfo de la derecha es moralmente imposible", sentenció, parafraseando a Juárez, el opositor, que el 15 de agosto, subiendo otro peldaño en su desafío, e invocando el artículo 39 de la Constitución, exhortó a "todos los mexicanos, hombres y mujeres libres, conscientes y preocupados por el destino de la nación, a poner fin a la República simulada y a construir las bases de un verdadero Estado social y democrático de derecho para llevar a cabo las reformas profundas que el país necesita".

El 28 de agosto el TEPJF, una vez resueltas las 375 impugnaciones presentadas por los partidos, anunció los resultados del recuento parcial: de los aproximadamente cuatro millones de papeletas afectadas, quedaban anuladas 237.000. Las demás eran validadas por no presentar indicios de fraude. Como la supresión de votos afectaba proporcionalmente a Calderón y a López Obrador (el primero perdió 81.000 y el segundo 77.000), la condición de presidente in péctore del panista no fue alterada. Su ventaja porcentual sobre el perredista apenas se movió: pasó del 0,58% al 0,56%. La reacción de López Obrador fue furibunda: "Se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado", llegó a decir de Calderón, quien, impertérrito, continuó negociando con el PRI, el PVEM y el Partido Nueva Alianza (PANAL) el reparto de las mesas directivas de las cámaras del Congreso.

El 1 de septiembre los diputados del PRD tomaron la tribuna del Congreso para impedir que Fox leyera su informe anual, en el que tenía que haber sido el último discurso del presidente saliente ante el Legislativo. Sin embargo, el grupo parlamentario del PRD aceptó integrarse en las negociaciones legislativas con el PAN, lo que contradecía la amenaza de boicot institucional lanzada por el candidato presidencial. Llegado este punto, López Obrador solo aceptaba la victoria de su candidatura o la anulación de los comicios.

El 5 de septiembre el TEPJF validó las elecciones y declaró presidente electo a Calderón, que recibió la notificación correspondiente un día más tarde. La diferencia en favor del panista sumaba exactamente los 233.831 votos. El fallo era inapelable. Lejos de arrojar la toalla, López Obrador continuó adelante con su escalada y advirtió: "Ese atentado a la legalidad constitucional y a la vida democrática obliga a reasumir el ejercicio de la soberanía popular y abolir de una vez y para siempre el régimen de corrupción y privilegios que impera en el país. Por eso, aunque no les guste a mis adversarios, ¡al diablo con sus instituciones!".

Los siguientes –y, en opinión de un número creciente de responsables políticos y observadores, peligrosos- pasos de AMLO fueron la convocatoria por el llamado Consejo Ciudadano de la Resistencia Civil de una Convención Nacional Democrática (CND) y dotarse de un Gobierno "itinerante" o "alterno" integrado por 12 secretarios. A continuación, el 16 de septiembre, cientos de miles de ciudadanos, más de un millón según los convocantes, congregados en el Zócalo del DF en calidad de miembros de la CND aclamaron a mano alzada a López Obrador como "presidente legítimo de México". La multitudinaria asamblea popular fijó la fecha del 20 de noviembre para la toma de protesta de López Obrador, quien aprovechó para insistir en la "abolición del actual régimen de corrupción y privilegios" y anunciar "la construcción y el establecimiento de una nueva República".

El 16 de octubre, en mitad de esta vorágine, el opositor hizo un hueco a su vida privada para poner fin a tres años de viudedad contrayendo segundas nupcias con Beatriz Gutiérrez Müller, licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en Letras Iberoamericanas, quien había trabajado para él en la Dirección de Difusión del Gobierno del DF. En abril de 2007 la pareja iba a alumbrar un hijo, el cuarto del político, de nombre Jesús Ernesto.

El 20 de noviembre, siempre en la plaza del Zócalo, en un estrado engalanado con emblemas republicanos, ante una inmensa muchedumbre y tras serle colocada por la senadora Rosario Ybarra de Piedra (quien había sido elegida en la lista del PRD pero que ocupaba su escaño en representación del PT como parte de los acuerdos tripartitos signados bajo el paraguas del FAP) la preceptiva banda tricolor, López Obrador recitó la fórmula de juramento que simbolizaba una asunción de funciones carente de toda validez, más allá de la solemnidad y la fuerte carga política que rodeaban la insólita ceremonia. Junto con él, tomaron posesión los ministros "legítimos".

Los siguientes puntos en la agenda del presidente paralelo de México eran una gira personal por todo el país para dar a conocer su programa alternativo y el desarrollo de actos de protesta para boicotear la toma de posesión de Calderón el 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. Una estrategia de la que, no obstante, disentían abiertamente varios legisladores del PRD.


6. Un arduo sexenio en la oposición al Gobierno del PAN: la "Presidencia legítima"

El 1 de diciembre de 2006 el PRD materializó su amenaza e intentó reventar la inauguración de Calderón. Precedida por tres días de gran tensión en el Palacio Legislativo, escenario de un zafarrancho de agresiones físicas y verbales, con los grupos parlamentario panista y perredista disputándose el control de la tribuna y el segundo bloqueando además los accesos al edificio para forzar una falta de quórum, tuvo lugar la fugaz ceremonia, en la que el mandatario electo, en medio de una fenomenal batahola de abucheos, silbidos, vítores y aplausos, estuvo el tiempo justo para tomar protesta y recibir la banda presidencial de Fox. A continuación, Calderón se dirigió al Auditorio Nacional para pronunciar su primer discurso presidencial ante un público no hostil.

A la vez que el tumulto en el Congreso, en su cuartel general callejero, el Zócalo, López Obrador enardecía a sus partidarios con un gran mitin seguido de una imponente manifestación pacífica por el centro de la ciudad. Flanqueado por los miembros de su Gobierno paralelo, el presidente legítimo reiteró su firme voluntad de no dar tregua al Gobierno del "traidor" y "espurio" Calderón, mero "pelele" de la "pandilla de rufianes" que mandaba en México. "Nada de normalidad política hasta que no haya democracia en nuestro país", manifestó el líder opositor, quien, continuando con su costumbre de dejar cumplido testimonio documental de sus batallas políticas, ya estaba preparando su próximo libro, de título más que explícito: La mafia nos robó la Presidencia. La octava obra del autor apareció en las librerías en julio de 2007, con el comentario de portada "Solo le han quitado una pluma a nuestro gallo".

Durante 2007 y 2008 López Obrador, infatigable, continuó defendiendo la legitimidad de su causa política y arrastrando multitudes a sus mítines de masas en el DF y en sus giras maratonianas a lo largo y ancho de la República. Puesto que no tenía ningún mandato oficial ejecutivo o legislativo que le sirviera de altavoz institucional, el dirigente, para no perder protagonismo en el nuevo curso político, tenía que esforzarse al máximo en el activismo de exterior. En su ayuda salieron algunos intelectuales nacionales y el cineasta mexicano y hollywoodiense Luis Mandoki, quien el año anterior le había convertido en el actor principal de su película-documental ¿Quién es el señor López?. Ahora, en noviembre de 2007, Mandoki estrenó Fraude: México 2006, película que se apoyaba en un abundante material videográfico, aportado por ciudadanos y de archivo, para pasar revista a los principales episodios de fraude electoral en el México contemporáneo, empezando por la caída del sistema de 1988, antes de concentrarse en los sucesos de 2006.

Sin embargo, la estrategia de confrontación adoptada por AMLO, no compartida por muchos en el PRD (por otro lado, todos los cargos electos, alcaldes, diputados o gobernadores, estuvieran públicamente posicionados con él o no, desarrollaban sus funciones con normalidad), estaba condenada a perder fuelle por su propio carácter extenuante y porque la Administración calderonista quedó firmemente asentada, en lo institucional y en lo diplomático. Ningún gobierno del mundo, ni siquiera los teóricamente más afines de la América Bolivariana que liderada Venezuela, reconoció a López Obrador como presidente de México.

Por otro lado, los principales grupos de comunicación pasaron a ignorar lo que hacía y decía el perredista. Ya en 2007, López Obrador incorporó a su lucha argumentos oposicionistas que podían esgrimirse dentro de la instituciones, el Legislativo en particular, donde la bancada del FAP participaba en el curso parlamentario. El principal caballo de batalla fue la reforma del sector energético, concebida por el Gobierno del PAN para contrarrestar el declive de la renta petrolera nacional por el rápido descenso de la producción de crudo y que los altos precios internacionales únicamente conseguían maquillar.

Para López Obrador y el grueso de la izquierda mexicana, esta reforma, calificada por comentaristas políticos y económicos de tímida e insuficiente, abría las puertas a la privatización sectorial de Pemex y a la injerencia de empresas extranjeras en la gestión del patrimonio petrolero nacional. En enero de 2008 AMLO lanzó un "Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo" y en julio siguiente convocó una "consulta energética" en la que tomaron parte un millón de ciudadanos. Su ya copiosa bibliografía no podía dejar de tratar el gran debate del momento, tal que en septiembre el líder perredista lanzó a la venta el libro, el noveno de su cuenta, La gran tentación: el petróleo de México.

La discusión nacional sobre la reforma petrolera agudizó las tensiones abiertas en el PRD, donde se hizo notar el divorcio entre los lopezobradoristas y la Nueva Izquierda, corriente que poseía la mayoría de los puestos de la dirección orgánica y que copaba la estructura burocrática del partido. Conocida coloquialmente como Los Chuchos, sus principales dirigentes eran Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano Grijalva, los dos antiguos secretarios generales del partido. Nueva Izquierda representaba una línea moderada del perredismo, favorable al punto de encuentro parlamentario con el PAN en determinados temas, como la revisión de la legislación de los hidrocarburos.

El enfrentamiento interno entró en una fase de gran crudeza a raíz de la elección del 16 de marzo de 2008 del nuevo presidente del CEN, cargo del que se despedía Leonel Cota Montaño. López Obrador y Marcelo Ebrard apoyaron la candidatura de Alejandro Encinas, el que fuera jefe de Gobierno del DF en 2005-2006 y cabeza visible de la nueva corriente Izquierda Unida, mientras que el aparato del partido se alineó tras el otro aspirante principal, Jesús Ortega. Un caótico conteo parcial adjudicó la victoria a Encinas de manera provisional, pero su oponente denunció que el escrutinio había omitido injustificadamente un importante número de votos, tras lo cual se proclamó vencedor él también.

Debido a las múltiples irregularidades y mutuas acusaciones de fraude, el 19 de julio la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del partido resolvió anular la votación de marzo y ordenó al Consejo Nacional del PRD convocar a nuevas elecciones en el plazo de 30 días. Desde el 3 de mayo Guadalupe Acosta Naranjo, oficial denostado por los lopezobradoristas, fungía como presidente interino de la formación. Sin embargo, Ortega recurrió la decisión de descartar las mesas electorales bajo sospecha ante el TEPJF, es decir, la justicia electoral federal. El 12 de noviembre el TEPJF falló a favor del demandante, quien tomó protesta como presidente del PRD el 29 de noviembre.

La derrota de López Obrador y sus partidarios en la refriega interna del PRD sucedió en unas semanas a la aprobación por el Congreso, pese a las tácticas saboteadoras de los legisladores del FAP, del paquete de siete decretos-ley que entre otras novedades establecía la Comisión Nacional de Hidrocarburos como el órgano regulador de Pemex y facilitaba la renegociación de nuevos contratos de explotación, supuestamente en términos más ventajosos para las arcas del Estado. La reforma salió adelante en octubre con el voto combinado del PRI, el PAN, el PVEM y un grupo de legisladores perredistas asociados a Los Chuchos y otras corrientes del partido, cuyo aval al proyecto del Gobierno Calderón rompió la unidad de criterio en la bancada del FAP. La "movilización de resistencia civil" realizada por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo no consiguió impedir la decisiva votación en el Senado. La desunión pasó factura al PRD, que en las legislativas federales del 5 de julio de 2009 retrocedió al 12,2% de los votos y perdió 54 diputados, quedándose con solamente 72.

El 22 de noviembre de 2009, a los tres años de constituir el Gobierno Legítimo de México, que incluso se dotó de una página web como su fuera la oficial del país, López Obrador anunció la redacción de un nuevo Proyecto Alternativo de Nación. El 10 de julio de 2010 el dirigente presentó su libro número diez, La mafia que se adueñó de México… y el 2012. Eran dos aportaciones conceptuales en clave electoralista, con la mirada puesta en las presidenciales de dentro de dos años, a las que sin embargo también tenía interés en presentarse el regidor defeño, Marcelo Ebrard. Esta era una figura del PRD susceptible de captar votos en las clases medias de fuera del DF, nada propicias a AMLO, aunque tenía poco predicamento en los estratos más populares, con los que López Obrador, en cambio, conectaba muy bien. Aunque él había dicho que "el candidato de las fuerzas progresistas" debía ser el que estuviera "mejor posicionado" a finales de 2011, López Obrador se saltó el pacto personal con Ebrard y el 25 de julio de 2010, en un discurso en el Zócalo, confirmó su deseo de candidatear a la Presidencia en 2012, al tiempo que presentaba el nuevo Proyecto Alternativo de Nación.

En su alocución ante miles de seguidores, el aspirante responsabilizó al Gobierno Calderón de ser partícipe de la "descomposición social", que había llevado al país "a una de las peores crisis de su historia'', y subrayó la necesidad de cambiar la actual política económica, que estaba condenando a México al "atraso". A su entender, urgía acabar con los privilegios fiscales, inútiles para generar crecimiento, así como potenciar Pemex con fuertes inversiones en las actividades de prospección y refinado, ya que había que atajar "la terrible crisis que se avecina por la caída en la producción petrolera y la salida de divisas para importar el 40% de la gasolina que consumimos".

Según algunos observadores, López Obrador adelantó la proclamación de su envite para presionar a la dirigencia del partido, embarcada en un insólito proceso de diálogo con el PAN, su antípoda ideológica. El mismo estaba dirigido a presentar alianzas electorales en algunos estados con el único fin de pararle los pies al PRI, que desde su debacle en las federales de 2006 venía experimentando una sobresaliente recuperación. La pinza "contra natura" del PRD y el PAN acababa de arrebatarle al PRI tres de sus gobiernos emblemáticos, Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en las elecciones estatales del 4 de julio.

En el DF, el gobernador Ebrard veía con buenos ojos esta coalición táctica impulsada por el presidente del CEN, Jesús Ortega, pero López Obrador movilizó a sus huestes para que el PRD pusiera término a la misma y contendiera por su cuenta en la importante elección de julio de 2011 en el Estado de México, el más populoso de la federación, de la que debía salir el sucesor del precandidato presidencial oficioso del PRI y ahora mismo el político más popular del país, Enrique Peña Nieto. Los panistas de Edomex propusieron como candidato conjunto a Alejandro Encinas, pero los lopezobradoristas destaparon la candidatura alternativa de la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, quien ya se había postulado al cargo en los comicios de 2005. El propio Encinas, con el respaldo de López Obrador, descartó que pudiera representar al PAN en la elección mexiquense. Al final, la fórmula aliancista no prosperó por las divergencias entre los diversos colectivos políticos involucrados.

López Obrador, que en febrero anterior había solicitado su "licencia temporal" como militante del PRD en señal de protesta por las maniobras preelectorales, se congratuló de la decisión adoptada el 10 de abril de 2011 por el Consejo Nacional del partido, desde el 21 de marzo presidido por Jesús Zambrano Grijalva, de "enviar al basurero de la historia" la opción de una coalición con el PAN en el Estado de México. "No era conveniente esa alianza, sería complicar las cosas; con el propósito de que tenemos que contribuir a salvar al país, no debe darse ninguna alianza ni con el PRI ni con el PAN", explicó López Obrador, a quien le "costaba trabajo a veces hacer entender" que esos dos partidos eran "lo mismo, aunque se peleen".


7. Contraataque electoral en 2012 y derrota impugnada ante el priísta Peña Nieto

El 2 de octubre de 2011 López Obrador formalizó como asociación civil el Movimiento por la Regeneración Nacional (MORENA), plataforma que aglutinaba a más de 2.000 comités seccionales y municipales hasta ahora encuadrados en el Gobierno Legítimo. El objetivo de MORENA era "luchar por un cambio de régimen", pues "quienes se creen dueños de México quieren perpetuarse en el poder mediante la supuesta alternancia entre el PRI y el PAN". Para el perredista, los que de verdad mandaban en México conformaban un "poder oligárquico y conservador" que hundía sus raíces en las administraciones priístas de los años setenta del siglo XX y que llegaba hasta el presente como el muñidor de las administraciones panistas. "La aplicación de todos los dogmas del liberalismo se saldó con un saqueo de la nación llevado a cabo por un bandidaje oficial que acabó legalizando la rapiña y privatizando el 26% del territorio nacional", sentenciaba López Obrador.

El 15 de noviembre, coincidiendo con la publicación de un sondeo telefónico efectuado en el DF y Edomex que le atribuía una expectativa de voto del 33% frente al 49% del priísta Peña Nieto y el 18% de la panista Josefina Vázquez Mota, López Obrador se aseguró la candidatura presidencial en una especie de antesala de primarias consistente en una doble encuesta ciudadana realizada para el PRD por dos empresas de demoscopia. El otro precandidato, Ebrard, aceptó sin reservas su derrota en las encuestas de preferencia e hizo votos por la "unidad de la izquierda progresista", actitud que mereció los más cálidos elogios del ganador.

El 9 de diciembre de 2011 López Obrador se registró como precandidato ante los comités electorales del PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano (ex Convergencia), que iban a acudir a las elecciones coligados como Movimiento Progresista. El 20 de febrero de 2012 el Consejo Nacional del PRD le ratificó por unanimidad como candidato, el 16 de marzo rindió protesta bajo esa sigla en Ciudad de México y el 29 de marzo, por último, el IFE aprobó su inscripción junto con las de Peña Nieto, Vázquez Mota y Gabriel Quadri de la Torre por el PANAL. Con diez puntos menos que en 2006 en los muestreos preelectorales (su horquilla se movía por el momento entre el 20% y el 30%, claramente a la zaga del favorito, Peña Nieto, cabeza del Compromiso por México suscrito por el PRI y el PVEM, y casi siempre por detrás también de Vázquez Mota), el pretendiente perredista arrancó su segunda campaña en unas presidenciales con el tono modulado.

Aunque seguía convencido de que seis años antes le habían "robado" la Presidencia, él acudía a la lid de ahora personalmente "cambiado", "evolucionado", "sin odio ni rencores", dispuesto a "construir una república amorosa" donde "la gravedad de la situación económica y social" instalada en México se abordara desde la "justicia" y la "reconciliación" a partir de "nuevas reglas", a saber: "Nunca más se debe afincar la prosperidad de unos cuantos en la miseria de la mayoría. Nunca más la corrupción, la impunidad. Y nunca más se va a enfrentar la violencia con la violencia, olvidando las causas de la inseguridad", añadió en relación con la guerra del Estado a los cárteles del narcotráfico, con su balance estremecedor de más de 50.000 muertos desde 2006.

El llamado a la reconciliación alcanzaba a Televisa y al propio presidente saliente, Felipe Calderón, al que él ya había "perdonado" no obstante tratarse de un "corrupto" y un "deshonesto". Siguiendo con las matizaciones, el candidato prometió, en caso de llegar al poder, "limpiar al Gobierno como a las escaleras, de arriba abajo", con los instrumentos y órganos anticorrupción que hiciesen falta (las investigaciones para el esclarecimiento de los abusos incluirían el caso del FOBAPROA y a Pemex, objetos de escrutinio por sendas comisiones de la verdad) aunque, eso sí, no habría "persecución contra nadie".

La regeneración ética y moral infundía el Proyecto Alternativo de Nación, consistente en Diez puntos para el renacimiento de México, a saber: uno, Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico; dos, El Estado al servicio del pueblo y de la nación; tres, Democratizar el acceso a los medios de comunicación; cuatro, Por una ética republicana y el combate a la corrupción; cinco, Crear una nueva economía; seis, Combatir los monopolios; siete, Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia; ocho, El sector energético, palanca del desarrollo nacional; nueve, El campo y la soberanía alimentaria; y diez, Estado de Bienestar y el derecho a la felicidad .

Para López Obrador, era imperativo blindar la titularidad estatal de Pemex, poniendo "toda la producción y la transformación de los hidrocarburos al servicio exclusivo de la nación", tal como dictaba la Constitución, reglas a las que tendrían que ajustarse todos los contratos. Como medidas concretas, el decálogo perredista proponía la exploración y explotación de todas las reservas petrolíferas viables, la construcción de tres grandes refinerías para reducir las importaciones y más formación de capital humano nacional en el ramo del petróleo. Por lo que se refería a la industria eléctrica, había que detener y revertir las privatizaciones abiertas en los procesos de generación, transmisión y distribución. Igualmente, era menester impulsar las energías alternativas, renovables y respetuosas con el medio ambiente, dentro de lo que cabía llamar una "política de transición energética". El objetivo último en todos los casos era rebajar las tarifas y los precios de los productos energéticos para favorecer el desarrollo económico.

Las causas del pavoroso estado de inseguridad que sufría México eran ante todo sociales, explicaba el candidato, así que las "medidas coercitivas", por sí solas, no iban a acabar con la violencia del crimen organizado. El combate a los desmanes de los narcos empezaba por atacar las raíces de su brutal proliferación, que eran, a su entender, la injusticia social, el subdesarrollo, la exclusión y la corrupción estructurales. Como estrategia operativa, López Obrador propugnaba "moralizar" los cuerpos policiales y el funcionariado de seguridad, gangrenados por la corrupción, en particular la Policía Federal. Tan pronto como la depuración y profesionalización de la Policía Federal diera sus frutos, podría acometerse la salida gradual del Ejército de las calles, desmilitarizando así la lucha contra el narco.

En el terreno socioeconómico, el candidato ofrecía un ramillete de compromisos: obtener una tasa de crecimiento "incluyente" del 6% anual –el triple de promedio registrado en los 12 años de administraciones panistas- con la implicación conjunta de los sectores público, privado y social, una verdadera alianza por el desarrollo; generar 1,2 millones de empleos al año en todo el sexenio; erradicar el hambre y lograr la autosuficiencia alimentaria; elevar los salarios mínimos por encima de la inflación; lanzar un programa de vivienda popular; y dar cobertura pública universal en todos los niveles educativos, incluido el universitario, así como en el acceso a los servicios de salud y en las prestaciones de pensiones a todos los adultos mayores de 68 años y a todas las personas con discapacidad.

En cuanto a la política exterior, el PRD haría de la soberanía nacional la "médula" de la misma, lo que se traducía en unas relaciones comerciales y de cooperación con Estados Unidos más "equilibradas", "conscientes de las asimetrías", en el privilegio del multilateralismo, en la profundización de los tratos con las potencias emergentes (Brasil, China, India) y en el regreso a las posiciones latinoamericanistas y de "unión solidaria" con los países del Sur salidos de la descolonización.

En mayo de 2012, a un mes largo de las elecciones AMLO experimentó una subida en las encuestas, desbancó a Vázquez Mota del segundo lugar y recortó distancias de Peña Nieto, al que llegó a igualar e incluso superar en alguna ocasión. Los últimos sondeos de finales de junio subrayaron su condición de segundo con, aparentemente, escasas posibilidades de ganar al priísta.

Al comienzo de la campaña oficial, el opositor, con guiños policlasistas, se esforzó en transmitir el mensaje del "cambio tranquilo", uno que trajera "justicia", ciertamente, pero "sin venganza". De llegar a Los Pinos, en su equipo estarían figuras de primer nivel como Cuauhtémoc Cárdenas para dirigir Pemex, Marcelo Ebrard para la Secretaría de Gobernación y la escritora Elena Poniatowska Amor para la Secretaría de Cultura. En la recta final de la campaña, sin embargo, el jefe del Movimiento Progresista, al comprobar que Peña Nieto mantenía su autoridad en los sondeos, endureció el tono. Así, revivió el fantasma del fraude, rehuyó la cuestión de si aceptaría una derrota comunicada por el IFE y avisó que el 1 de julio de 2012 México tendría que escoger entre dos opciones, "o más de lo mismo, más corrupción, más pobreza y más violencia, o el cambio verdadero".

Tras cerrarse las urnas, el IFE difundió los datos de un conteo rápido que concedían la victoria a Peña Nieto con un margen comprendido entre el 37,93% y el 38,55% de la votación. López Obrador había quedado segundo con algo más del 31%. A diferencia de 2006, AMLO no se proclamó vencedor y pidió a sus partidarios esperar los tiempos que marcaba la ley. "Todavía no está dicha la última palabra. Vamos a actuar como siempre de manera responsable. Yo voy a estar a la altura de las circunstancias", manifestó el opositor al final de la jornada.

Sin embargo, el perredista no aguardó a la conclusión de los escrutinios distritales, previamente a la publicación de los resultados oficiales, para denunciar que la elección había sido "inequitativa y plagada de irregularidades"; según él, el PRI, valiéndose de su poder en los estados, había conducido una masiva operación de "compra de votos" en favor de Peña Nieto, quien además había recibido "dinero ilícito" de Estados Unidos. "Vamos a impugnar la elección porque no podemos aceptar una votación fraudulenta, no podemos aceptar una ilegalidad y la violación de la Constitución" anunció López Obrador el 3 de julio, días antes del pronunciamiento oficial del IFE. El cómputo final, dado a conocer el 8 de julio y confirmando lo adelantado por el conteo del PREP, confirmó la victoria de Peña Nieto, presidente electo de la República con el 38,2% de los sufragios. Su oponente de la izquierda había obtenido el 31,57%. En términos absolutos, la diferencia entre ambos era de 3,3 millones de papeletas.

El 12 de julio, provisto de abundante documentación supuestamente probatoria de la ilegalidad denunciada y reforzado por la protesta antifraude, paralela a la suya y autónoma, del movimiento estudiantil YoSoy123, López Obrador, muy enfadado y con apelaciones a la movilización civil aunque no a la resistencia, llevó a cabo su advertencia de impugnar ante el TEPJF la elección presidencial. El candidato solicitaba la nulidad de la votación al constatar la "compra de cinco millones de votos" y el "gasto de miles de millones de pesos en publicidad y encuestas amañadas" por parte de la campaña del PRI, todo ello con dinero público o bien de "procedencia ilícita" (léase, lavado de dinero), superando el límite de gasto permitido por la ley electoral y violando de paso el artículo 41 de la Constitución. La impugnación quedó contenida en un voluminoso documento de 639 páginas y un anexo de 49.

Su rebelión poselectoral "en defensa de la democracia y la dignidad de México" la quería ceñir el perredista a los cauces legales, sin repetir la bronca confrontación antigubernamental de seis años atrás. López Obrador llegó a expresar su convicción de que el TEPJF le daría la razón, pero el 30 de agosto el tribunal electoral desestimó los recursos presentados por el PRD por "infundados" y declaró "jurídicamente improcedente" el pedido de anulación. Ya con seguridad, Enrique Peña Nieto, alias EPN, tomaría posesión de la Presidencia de México el 1 de diciembre de 2012, trayendo de vuelta a su partido al poder federal del que había sido desalojado por el PAN de Vicente Fox en 2000.

Su lucha legal tocaba a su fin, pero López Obrador se negaba a aceptar el fallo del TEPJF. "Aunque nos sigan atacando y nos acusen de malos perdedores, de locos, de mesiánicos, de necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México", dijo en rueda de prensa. Además, evocó un escenario de "desobediencia civil por la vía pacífica", proceder que era "un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y la felicidad del pueblo".

El Movimiento Progresista había perdido la batalla por la Presidencia, pero sus candidatos, en conjunto, lo habían hecho bastante bien en los comicios al Congreso, a siete gubernaturas estatales y a ayuntamientos. En la Cámara de Diputados, el PRD y sus aliados se resarcieron de las pérdidas de 2009 y recobraron la segunda posición como bloque, tras el binomio PRI-PVEM, con 135 representantes. En la Cámara alta, la izquierda consiguió 28 de los 128 senadores. En los estados, el Movimiento Progresista perdió, a manos del PRI, el Gobierno de Chiapas, pero a cambio ganó, presentando respectivamente a Graco Ramírez-Garrido Abreu y Arturo Núñez Jiménez, los de Morelos y Tabasco: en Cuernavaca el PRD ascendió al poder tras dos gubernaturas panistas, mientras que en la patria chica de López Obrador otra de las longevas hegemonías territoriales del PRI llegó a su fin.

La apoteosis perredista aconteció en el Distrito Federal, su baluarte imbatible. Aquí, la candidatura presidencial de López Obrador mereció el respaldo del 52,9% de los votantes, mientras que el Gobierno local fue preservado con un apabullante 63,6% por Miguel Ángel Mancera Espinosa, hasta ahora Procurador General de Justicia del DF y en adelante sexto jefe de Gobierno consecutivo del PRD (en realidad, Mancera no era militante del PRD, aunque sí actuaba en su nombre). Los partidos del Movimiento Progresista ganaron aquí 14 de las 16 Jefaturas Delegacionales (municipios) y 40 de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa.


8. Ruptura con el perredismo, lanzamiento del partido MORENA y hostilidad a las políticas de EPN

El desenlace de las elecciones presidenciales de 2012 puso en evidencia el divorcio definitivo entre López Obrador y la gran mayoría de los dirigentes del PRD, disgustados por su empecinamiento en no reconocer la victoria del Peña Nieto y su campaña de movilizaciones contra los poderes fácticos. Las desavenencias venían arrastrándose como mínimo desde la crisis poselectoral de 2006, y en el tiempo transcurrido desde entonces el ex gobernante del DF venía acumulando críticas internas por quienes le achacaba exceso de personalismo, tendencia a meterse en aventuras arriesgadas e incapacidad para el diálogo. Claro que AMLO también tenía grandes reproches que hacer a muchos de sus colegas partidarios, a los que veía tibios, claudicantes y propensos a concertar tratos con el PAN, un partido de derecha.

El punto de ruptura llegó en septiembre de 2012, justo después de la sentencia del TEPJF. El día 9 López Obrador, desde su ágora favorita, el Zócalo, anunció que MORENA, la asociación-plataforma de masas puesta en marcha el año anterior, emprendía el proceso de conversión en partido político; su misión inmediata era liderar las "acciones de resistencia civil, siempre pacíficas" contra "la imposición de un presidente ilegítimo", y, más a lago plazo, "organizar, concienciar y defender al pueblo y a la nación". El objetivo fundamental no era otro que "seguir luchando por la transformación democrática de México". El undécimo libro de López Obrador, publicado por estas fechas, se titulaba No decir adiós a la esperanza.

El 20 de noviembre siguiente el Congreso Nacional de MORENA, participado por delegados de las 32 entidades federativa del país, aprobó los tres documentos básicos de la formación, la Declaración de Principios, el Programa y el Estatuto, y eligió sus órganos directivos: el Consejo Nacional, con López Obrador de presidente; y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), con Martí Batres Guadarrama, ex secretario de Desarrollo Social del DF y hasta ahora diputado federal del PRD, de presidente y Bertha Elena Luján Uranga, antigua Contralora General del DF y miembro del gremio sindical Frente Auténtico del Trabajo (FAT), de secretaria general. Entre los 204 miembros del Consejo Nacional destacaban personalidades como el escritor y periodista hispano-mexicano Paco Ignacio Taibo II, la hasta hacía poco senadora del PT Rosario Ibarra de Piedra y el neurólogo René Drucker Colín. Además de Batres, figuraban otros antiguos secretarios del Gobierno del DF, como Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum Pardo y José Agustín Ortiz Pinchetti. Ningún dirigente del PRD de ámbito federal o gobernador estatal quiso secundar a López Obrador en su nuevo proyecto partidario.

Mientras el proyecto MORENA, autodefinido como una organización política "amplia, plural, incluyente y de izquierda", tomaba cuerpo, su artífice encontró numerosas ocasiones para trompetear su rechazo tajante a las políticas de la nueva Administración del PRI. Para empezar, se negó a sumarse al Pacto por México, suscrito el 2 de diciembre de 2012, al día siguiente del cambio de mando en Los Pinos, por Peña Nieto y los presidentes de los tres partidos principales, María Cristina Díaz Salazar del PRI, Gustavo Madero Muñoz del PAN y Jesús Zambrano del PRD. El Pacto por México, presentado por sus signatarios como histórico, era un plan de consenso nacional en torno a cinco grandes ejes temáticos en aras del fortalecimiento democrático del Estado y la sociedad mexicanos.

Para MORENA, en cambio, el Pacto por México no era más que una artimaña de las élites para perpetuar el "régimen de opresión, corrupción y privilegios construido por la minoría que concentra el poder económico y político en México". A continuación, López Obrador se revolvió contra el ambicioso plantel de reformas estructurales y constitucionales que, según Peña Nieto, respondían al espíritu del Pacto y su designio modernizador. En particular, el morenista deploró las reformas aprobadas por el Congreso para los sectores de la energía, las telecomunicaciones y la educación. La reforma energética de EPN, de signo aperturista y definidora de unas nuevas directrices para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que en la práctica perdían sus regímenes de monopolio, municionó el viejo argumentario de López Obrador sobre las intenciones de los poderosos de privatizar el gigante estatal de los hidrocarburos, destruyendo así el legado del presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Peña Nieto y el PRI recalcaron una y otra vez que la reforma energética atornillaba la propiedad estatal del petróleo y el gas.

El líder de MORENA, que en diciembre de 2013, recién cumplidos los 60 años, salió con bien de un infarto agudo de miocardio que requirió la intervención quirúrgica, no cejaba en su batalla para "derrocar al PRI y al PAN con una revolución pacífica, sin violencia, para limpiar la corrupción en México". En el horizonte ya asomaban las elecciones federales de 2015, en las que se renovarían los 500 diputados del Congreso. En la misma jornada, 17 entidades federativas elegirían nueve gobernadores, 661 diputados locales (estatales) y más de un millar de ayuntamientos. El debut electoral de MORENA requería completar el proceso organizativo de acuerdo con la ley. El 9 de julio de 2014, en plena guerra verbal entre López Obrador y Zambrano sobre quién había "traicionado" y "dividido" a la izquierda mexicana, MORENA obtuvo su registro como partido político ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador y MORENA se estrenaron en las elecciones del 7 de junio de 2015 alentados por el reguero de bajas en las filas del PRD, ahora mismo presidido por Carlos Navarrete Ruiz, aunque los políticos de mayor relieve no desertaban a su bando. Así, en el último año Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Alejandro Encinas y, en fechas más recientes, Marcelo Ebrard habían dado portazo al perredismo decepcionados por la aproximación de su cúpula tanto al PRI como al PAN, pero todos ellos, o seguían como independientes, o bien preferían (como el caso de Ebrard, ido al socialdemócrata Movimiento Ciudadano) unirse a otras colectividades.

El enfrentamiento electoral PRD-MORENA adquirió en el feudo del DF, donde el moderado Miguel Ángel Mancera era gobernante, el cariz de una guerra fratricida. En el conjunto del país, los lopezobradoristas recolectaron el 8,8% de los votos y sacaron 35 diputados, quedando a remolque de los perredistas (el 11,4% y 56) y desde luego muy lejos del PAN y el PRI, con 108 y 203 representantes, respectivamente. En la capital, en cambio, MORENA capturó 20 de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa contra los 17 del PRD, aupándose como la primera fuerza del hemiciclo, así como cinco de las 16 Jefaturas Delegacionales frente a las seis ganadas por el PRD, cuatro de las cuales lo fueron formando lista común con el PT. En la liza individual de partidos, MORENA superó en votos al PRD. En el DF podía hablarse, por tanto, de victoria para López Obrador. Pero en el resto de estados MORENA cosechó unos resultados entre flojos y paupérrimos. Ni siquiera en Tabasco, el terruño de AMLO, pudieron los morenistas hacer un buen papel.


9. Rumbo a la tercera candidatura presidencial en 2018 con el viento a favor

El 20 de noviembre de 2015, en el II Congreso Nacional de MORENA López Obrador fue elegido por aclamación presidente del CEN del partido en lugar de Martí Batres, quien se hizo cargo de la sección partidaria en la Ciudad de México, mientras que Bertha Luján pasó a encabezar el Consejo Nacional y la ex senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz suplió a la anterior en la Secretaría General. AMLO ya llevaba meses indicando su intención de intentar el tercer asalto a la Presidencia de México en 2018. "La tercera es la vencida", comentó con optimismo en febrero de 2015.

Sin embargo, hasta entonces, tocaba superar exámenes como el maratón electoral del 5 de junio de 2016 en 13 estados, con 12 gubernaturas, 547 ayuntamientos y 422 escaños locales en juego, y, de nuevo, en la capital federal, que elegía Asamblea Constituyente para acometer una reforma política del DF; esta, entre otras novedades, traería el cambio de nombre de la entidad federativa, que pasaría a llamarse de manera oficial y exclusivamente Ciudad de México. La consolidación del primer puesto en el DF era importante, pero más lo era avanzar sensiblemente en los estados, pues por el momento MORENA era un partido de escasa implantación nacional, en muchos lugares, como sucedía en el norte, prácticamente nula. López Obrador estuvo en la mente de todos en estos comicios, a pesar de que no concurría a ellos. Desde su salida de la gubernatura del DF, el morenista no había desempeñado ningún mandato de elección popular.

Los resultados de las votaciones de 2016 no fueron precisamente faustos para MORENA, que, por lo que se veía, iba a depender exclusivamente del carisma y el empuje personales de su caudillo si pretendía llegar al Ejecutivo de México. En el DF, sin sorpresas, el partido izquierdista ganó la primera posición de la Constituyente con el 32,9% de los votos y 22 diputados. En cuanto a los estados, sus candidatos a gobernador quedaron sin excepción en posiciones zagueras e incluso testimoniales: fueron terceros en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Zacatecas, cuartos en Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tlaxcala, quintos en Chihuahua, Tamaulipas y Hidalgo, y sexto en Sinaloa. En numerosas circunscripciones el PRD y el PAN concurrieron de la mano, convergencia que preludiaba una candidatura presidencial conjunta.

Un balance provisional de las elecciones estatales de 2016 podía ser que el perredismo, tras la escisión de MORENA y la sangría de dirigentes y cargos electos desafectos, estaba aguantando mejor de lo previsto en las urnas. En el DF el lopezobradorismo le ganaba ciertamente en votos, pero no de manera contundente, quedándose el PRD como la segunda fuerza local.

La relación de fuerzas mejoró sustancialmente para MORENA tras las elecciones del 4 de junio de 2017 en seis estados. Uno de ellos fue el Estado de México, cuyo peso demográfico le convertía en plaza crucial de cara a las presidenciales. En este dominio clásico del priísmo la aspirante a gobernador de MORENA, Delfina Gómez Álvarez, noqueó a su adversario del PRD, Juan Manuel Zepeda Hernández, y le pisó los talones al oficialista Alfredo del Mazo Maza, candidato conjunto del PRI, el PVEM, el PANAL y el Partido Encuentro Social (PES). El 33,6% sacado por del Mazo era el porcentaje más exiguo en los anales del PRI mexiquense y los observadores destacaron que López Obrador había dado un hachazo formidable en Edomex. Con todo, Delfina Gómez no dudó en hablar de fraude en su contra.

El resultado electoral en el Estado de México empujó fuertemente hacia arriba a López Obrador, quien no se veía como un candidato presidencial "eterno": la tentativa de 2018 sería la última, prometió. La sombía situación nacional era propicia para su empresa proselitista. La gestión presidencial de Peña Nieto, constantemente atacado y ridiculizado por el izquierdista ("jefe de la banda de Los Pinos, la que más roba en México", "payaso de las cachetadas al que todos ningunean"), suscitaba un rechazo ciudadano creciente por la aparente incapacidad del Gobierno Federal para ganarle la batalla militar al narco y mejorar el clima, terrible en amplias zonas, de inseguridad (desde 2006, 200.000 personas habían sido asesinadas ya y varias miles más se encontraban desaparecidas o desplazadas, escalofriante estadística propia de un país en guerra civil). También, por la subida de la inflación y el encarecimiento de la canasta básica, amén de los precios de los combustibles y la electricidad, dos suministros esenciales que la reforma energética de 2013, supuestamente, venía a abaratar. Y sin olvidar los escándalos de corrupción que sacudían al priísmo y minaban su credibilidad.

De cara al exterior, las dificultades para EPN se multiplicaron por la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, quien colocó a su vecino sureño ante el perturbador escenario de una renegociación integral del TLCAN para proteger a los productores estadounidenses de la atribuida competencia desleal del socio mexicano y la construcción de un muro fronterizo inexpugnable para bloquear la inmigración irregular y la penetración de "hombres malos", muro que México, encima, tendría que costear de su bolsillo.

Los constantes menosprecios y exigencias de Trump para con México agudizaban la imagen de debilidad de Peña Nieto y espoleaban el mensaje nacionalista defensa firme de la "soberanía" y la "dignidad" mexicanas voceado por López Obrador. El presidenciable se declaraba listo para hablarle alto y claro a Washington, para desmontar las "mentiras" y neutralizar el "discurso de odio, persecución y racismo" de Trump. Asimismo, se mostraba partidario de que el Gobierno mexicano suspendiera la renegociación del TLCAN hasta después de las elecciones de 2018. Al contrario, el equipo de Peña Nieto quería cerrar las negociaciones en acuerdo antes de las votaciones federales.

Justamente, en junio de 2017 López Obrador anunció el lanzamiento de su último ensayo, Oye, Trump, un relato de su reciente periplo por varias ciudades de Estados Unidos "para defender a nuestros paisanos y a los migrantes del mundo ante la actitud autoritaria" del nuevo inquilino de la Casa Blanca. En el decimosexto libro del autor no faltaban las propuestas de gobierno de carácter sectorial, contenido presente también en 2018 La salida: Decadencia y renacimiento de México, publicado meses antes. Entre 2014 y 2016 el político opositor había sacado a la venta otros tres libros: Neoporfirismo. Hoy como ayer (cuya portada contraponía las efigies de Porfirio Díaz y Carlos Salinas), El poder el en trópico y Catarino Erasmo Garza Rodríguez ¿Revolucionario o Bandido?.

A lo largo de 2017 López Obrador, cabeza en todas las encuestas de intención de voto, terminó de perfilar su estrategia de cara a la gran prueba del 1 de julio de 2018. En junio, durante el III Congreso Nacional del partido, y luego del reclutamiento para MORENA de los ex presidentes perredistas Leonel Godoy y Leonel Cota (a los que en enero de 2018 iba a seguir Marcelo Ebrard, fichaje estrella de la formación izquierdista), el dirigente desestimó, por una cuestión de "valores y principios", la oferta hecha por la presidenta del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, y Miguel Ángel Mancera de acudir juntos a las elecciones federales en un frente amplio de izquierda. Entonces, AMLO descartó explícitamente cualquier alianza preelectoral con el PRD, el PRI, el PAN, el PVEM, el PANAL, el PES y el MC, por tratarse de partidos "al servicio del régimen", y solo aprobó una coalición con el PT.

En el IV Congreso Nacional Extraordinario de MORENA, el 20 de noviembre de 2017, López Obrador hizo presentación del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, documento base para un plan de Gobierno abierto al escrutinio y debate de simpatizantes y ciudadanos, los cuales eran invitados al aporte de diagnósticos, ideas y propuestas. Terminado de ajustar como Proyecto 18 y con Alfonso Romo Garza de coordinador general, el documento se estructuraba en cuatro comisiones temáticas, Economía y Desarrollo, Desarrollo Social, Política y Gobierno, y Educación, Valores, Cultura y Ciencia, y presentaba siete lineamientos generales: Legalidad y erradicación de la corrupción; Combate a la pobreza; Recuperación de la paz; Viabilidad financiera y austeridad; Equidad de género; Desarrollo sostenible y buen vivir; y Reconstrucción nacional

A continuación, MORENA, el PT de Alberto Anaya Gutiérrez y el PES de Hugo Éric Flores Cervantes formalizaron la coalición Juntos Haremos Historia, con López Obrador de precandidato presidencial conjunto. A pesar de lo asegurado en junio, el morenista accedió a compartir cancha electoral con un partido, Encuentro Social, habitualmente descrito como de derecha religiosa y, por cierto, la antítesis del socialista y estrictamente laico PT. Este entendimiento fue interpretado como una muestra del creciente pragmatismo de López Obrador y también como el reconocimiento implícito de, a título personal, una cierta proximidad ideológica al evangélico Flores en cuestiones de fe y moralidad. El líder nacional de MORENA se definía a sí mismo como cristiano "en la extensión amplia de lo que significa el cristianismo" y "seguidor de la vida y la obra de Jesucristo". Su tendencia más bien conservadora en materia de costumbres sociales la sugerían su ambigüedad o evasivas cuando se le preguntaba por su opinión sobre la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

El 12 de diciembre de 2017 López Obrador se registró como precandidato presidencial ante la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. Desde este momento, la presidencia del CEN del partido quedaba en manos de la secretaria general, Yeidckol Polevnsky. Ahora mismo, el izquierdista era el primero en las encuestas con un 30% de apoyos. El último paso oficial fue la inscripción ante el INE como candidato por la coalición tripartita Juntos Haremos Historia, el 16 de marzo de 2018. En su discurso de registro, AMLO vislumbró el advenimiento de la "cuarta transformación en la historia de México", transformación que ellos iban a lograr "sin violencia, de manera pacífica, con información y orientación, con la difusión de principios éticos, liberando a nuestros conciudadanos del miedo y la desinformación, y llamando a todas y todos a buscar la reconciliación".

El candidato se refirió también a la necesidad de un "gobierno honesto que represente a todos", de lograr "el renacimiento económico, social político y, sobre todo, moral de nuestro querido México", y de asentar "un auténtico Estado democrático de derecho". Ellos no compartían la máxima de "ni perdón ni olvido": un Gobierno de MORENA acabaría ciertamente con "la corrupción, la impunidad y los lujos en el Gobierno", pero los "integrantes del poder económico y político" del país debían de saber que "no les guardamos rencor y les aseguramos que tras su posible derrota no habrá represalias, ni persecución, ni destierro para nadie". "Declaramos enfáticamente que lo que se necesita es justicia, no venganza, no odiamos a nadie", recalcó el candidato.

En estos momentos, mediados de marzo de 2018, López Obrador superaba holgadamente a sus principales competidores, José Antonio Meade Kuribreña por la coalición oficialista Todos por México (PRI, PVEM y PANAL) y Ricardo Anaya Cortés por la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC), en los muestreos de intención de voto: su delantera oscilaba entre los 20 y los 30 puntos. Para muchos comentaristas, esta abultada ventaja del opositor era irreversible.

(Cobertura informativa hasta 16/3/2018)

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