Martín Torrijos Espino

© UN Photo/Paulo Filgueiras

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Actualización: 21 mayo 2019

Panamá

Presidente de la República (2004-2009)

  • Martín Erasto Torrijos Espino
  • Mandato: 1 septiembre 2004 - 1 julio 2009
  • Nacimiento: Ciudad de Panamá, 18 julio 1963
  • Partido político: Partido Revolucionario Democrático (PRD)
  • Profesión: Gerente y empresario
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Presentación

En la trayectoria política de Martín Torrijos, presidente de Panamá entre 2004 y 2009, destacan dos capítulos de profundo simbolismo para la nación del istmo; ambos evocaban la figura y el legado de su famoso padre, el general Omar Torrijos, quien fuera hombre fuerte de Panamá durante 13 años antes de perecer en un accidente aéreo en 1981. Primero, su infructuoso envite electoral en 1999 frente a la candidata opositora Mireya Moscoso, viuda del presidente derrocado en el golpe militar de 1968, fue una contienda en las urnas con trasfondo familiar que completó el primer ciclo de alternancia democrática entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la formación de centro-izquierda fundada por Torrijos padre, y los sectores liberal-conservadores del arnulfismo y el panameñismo. Luego, ya como presidente de la República, Torrijos hijo puso en marcha la ampliación del Canal de Panamá, la misma megaestructura de comunicación interoceánica que su progenitor había recuperado para la soberanía nacional en sus Tratados de 1977 con Estados Unidos, efectivos en 1999.

El presidente, que veía en la construcción del tercer juego de esclusas del Canal el "eje" del desarrollo futuro del país, consiguió que sus paisanos aprobaran este proyecto estratégico en el referéndum de 2006, pero la parte principal de la faraónica obra no arrancaría hasta después de su mandato. Gobernante de estilo tranquilo y comedido, sin estética populista ni apelaciones doctrinarias -luego muy diferente de su carismático y autoritario padre, exponente del viejo caudillismo revolucionario latinoamericano-, Torrijos pilotó Panamá en una etapa de fortísimo crecimiento económico y entre sus realizaciones figuran también la reforma de la seguridad social, la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y una reducción significativa de la pobreza. Sin embargo, el aumento de la inseguridad ciudadana, la inextinguible corrupción, las ineficiencias en los servicios públicos y el encarecimiento de la vida pusieron en bandeja la victoria de la oposición en las elecciones de 2009.


(Texto actualizado hasta enero 2019)

Biografía

1. Legatario de un apellido histórico con un estilo diferente
2. Protegido de Pérez Balladares, liderazgo del PRD y elección como presidente
3. El período presidencial 2004-2009: un mandato signado por la ampliación del Canal
4. Actividades posteriores


1. Heredero de un apellido histórico con un estilo diferente

Hijo del general Omar Efraín Torrijos Herrera y de la señora Xenia Raquel Espino Durán, su interés por la política tuvo como poderosos estímulos la figura y la obra de su célebre padre, uno de los más singulares caudillos nacionalistas de América Latina, si bien hasta pasados los 30 años no se animó a dar el salto profesional en aquel ámbito. De hecho, cabe decir que, a lo largo de su carrera, el estadista panameño ha ofrecido unos matices de comedimiento e incluso timidez que, unidos a un fondo de pensamiento francamente disímil, han marcado el contraste con el estilo político de su padre, protagonista impetuoso de unas circunstancias y una época muy diferentes.

Martín era el fruto único de la relación extraconyugal Torrijos-Espino, si bien a lo largo de su vida el general estuvo emparejado con otras tres mujeres, de las que la señora Raquel Pauzner era su esposa legal, y concibió cinco vástagos más, los hermanastros y hermanastras de Martín. Según personas allegadas a la familia, él era el "favorito" de Torrijos. En octubre de 1968 el muchacho tenía cinco años cuando su progenitor, entonces teniente coronel y el oficial de más antigüedad en el escalafón de la Guardia Nacional de Panamá, perpetró junto con otros compañeros de armas un golpe de Estado que derrocó al recién instalado presidente conservador, Arnulfo Arias Madrid, líder del movimiento panameñista, e inauguró una dictadura militar de corte nacionalista y progresista, no sujeta a un modelo ideológico claro y que intentó mantener las distancias tanto del socialismo marxista como del imperialismo capitalista.

La democracia liberal era el modelo político formal que había regido en Panamá desde la independencia de Colombia en 1903, pero la mayor parte de ese tiempo había sido utilizada a su antojo por la oligarquía terrateniente local y el capital estadounidense, poderes fácticos que decidieron elecciones y auparon a presidentes en función de sus intereses.

Torrijos se reveló como un dictador populista y popular, autoritario y demagogo a la vez que paternalista y accesible, dotado de un carisma y una energía poco comunes, y capaz de negociar un modus vivendi con Estados Unidos mientras desataba la reforma agraria y estatalizaba sectores clave de la economía. Se negaba a que le etiquetaran de derechas o de izquierdas, pero restableció las relaciones diplomáticas con la Cuba castrista y luego prestó una importante ayuda, militar y política, a los sandinistas de Nicaragua. Indiscutible hombre fuerte de la nación del istmo durante 13 años, el padre del futuro presidente de la República en realidad nunca ejerció la suprema magistratura del Estado, la misma que iba a alcanzar su hijo por medios puramente democráticos dos décadas largas después de haber muerto él.

En los cuatro primeros años de su régimen, Torrijos actuó como jefe de facto, y no de iure, de la Junta Provisional de Gobierno. En octubre de 1972, coincidiendo con la entrada en vigor de una Constitución que estableció una estructura parlamentaria bicameral con capacidad legislativa restringida y sujeta a elecciones sin el concurso de los partidos políticos (que continuaron proscritos), el general se hizo investir por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos jefe del Gobierno con poderes extraordinarios y omnímodos, al tiempo que era proclamado "líder máximo de la Revolución Panameña". A partir de octubre de 1978, coincidiendo con la transferencia de la Presidencia de la República de Demetrio Lakas a Arístides Royo, Torrijos padre continuó llevando efectivamente las riendas del país en tanto que comandante en jefe de la Guardia Nacional y líder de la Revolución.

Torrijos hijo vivió en Chitré, cabecera de la provincia de Herrera, junto con sus abuelos maternos hasta el golpe de 1968. Después, su madre lo trajo de vuelta a la capital y lo inscribió en el Instituto Pedagógico. Al cumplir los 14 años su padre lo mandó a Wisconsin, Estados Unidos, para terminar la instrucción secundaria en una casa de estudios elitista y estricta, que sometía a los alumnos a un disciplina castrense, la St. John’s Military Academy (SJMA) de Delafield. A la vez que él se matriculó unos de sus hermanastros, Omar José Torrijos Pauzner, hijo de Raquel Pauzner (madre también de Dumas y de Raquel de María), quien era casi de su misma edad.

El 7 de septiembre de 1977, pocos días después de ingresar en la SJMA, el muchacho fue testigo presencial en Washington de los históricos Tratados firmados por su padre y el presidente Jimmy Carter. Los documentos, auténticos parteaguas de la historia nacional, establecían un doble compromiso: que Estados Unidos retiraría de la Zona del Canal todas sus fuerzas militares y entregar la administración civil al Estado panameño en un proceso que debía concluir el último día de 1999, fecha en que la soberanía nacional sobre el Canal sería plena; y que en la defensa de la vía interoceánica, si bien sería competencia principal del Gobierno panameño, el Ejército estadounidense podría intervenir eventualmente, en caso de una amenaza que pusiera en peligro su funcionamiento sin restricciones para el tráfico marítimo de cualquier país y su naturaleza "neutral".

Aupado al cenit de su popularidad por un arreglo ventajoso con Washington que vino a opacar los abusos represivos y la falta de libertades de su régimen, pero también acuciado por la severa crisis económica, Torrijos decidió no presentarse candidato a la elección asamblearia del presidente de la República cuando expirase el "período especial" de seis años iniciado en 1972, de manera que la condición de presidente de paja pasó de Lakas a Royo. También en 1978, en virtud a una serie de reformas constitucionales, arrancó un proceso de retorno gradual a la democracia representativa basada en los partidos y las elecciones por sufragio directo.

En marzo de 1979 el autócrata y sus colaboradores pusieron en marcha el Partido Revolucionario Democrático (PRD) como el instrumento para la representación institucional del régimen y la organización de la base social del torrijismo, que se deseaba fuera interclasista y libre de sectarismos ideológicos, de cara a los procesos electorales en ciernes. Entonces, Martín continuaba formándose en Estados Unidos, una prolongada estadía que le permitió familiarizarse con la cultura del país norteamericano y aprender perfectamente el idioma inglés.

Reportes de la prensa panameña apuntan que en mayo de 1979, Martín, un adolescente que aún no había cumplido los 16 años, aprovechando el comienzo de las vacaciones escolares, le pidió a su padre que le permitiera ir a Nicaragua para unirse a la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que combatía a la dictadura de Anastasio Somoza y ver con sus propios ojos la guerra civil que se libraba en el país vecino. Según parece, al principio Torrijos intentó disuadirle, pero el retoño era terco y se salió con la suya. Resignado, el general se aseguró de que su hijo estuviera protegido por los voluntarios panameños que luchaban del lado del FSLN en el frente sur, y nadie mejor que su propio tío materno, Rodolfo Charro Espino, que era el lugarteniente del comandante de los brigadistas panameños, el médico y ex viceministro de Sanidad Hugo Spadafora.

Destinado a la base logística de Estelí, Martín llegó a tiempo para contemplar la huida de Somoza y la entrada victoriosa de los sandinistas en Managua en el mes de julio, y antes de volver a casa se reencontró con su padre, que había acudido a celebrar in situ el triunfo del FSLN y los brigadistas panameños. En Nicaragua, el muchacho también trabó una estrecha amistad con el célebre comandante sandinista Edén Pastora, quien dos años después iba a encontrar en la familia Torrijos hospedaje y protección cuando rompió con la Junta de Gobierno de su país y con el FSLN, tras lo cual Pastora fijó su exilio en Costa Rica y organizó una fuerza guerrillera de oposición.

El 1 de agosto de 1981, apenas unas semanas después de graduarse con el uniforme de cadete en Wisconsin, Torrijos encajó una gran desgracia familiar que al principio, durante una década, no fue determinante en su vida: la muerte de su padre en un accidente de aviación en una zona selvática del interior del país. Mientras la incertidumbre se apoderaba de Panamá, el joven, con los 18 años recién cumplidos y sin el gusanillo de la política, tomó la decisión de volver a Estados Unidos para emprender estudios superiores en la Texas Agricultural and Mechanical University (Texas A&M). En 1987 se sacó una licenciatura en Ciencias Políticas y al año siguiente obtuvo el correspondiente título en Economía.

Resuelto a hacer carrera profesional en Estados Unidos, a finales de 1988 Torrijos fue contratado como gerente administrativo por la multinacional de comida rápida McDonalds en su sede de Chicago y se puso a trabajar a la diestra de un viejo amigo de su padre, Cirilo McSween, próspero empresario panameño que regentaba la cadena de hamburgueserías en la urbe del estado de Illinois y que en todos estos años había tutelado la formación académica del joven en Estados Unidos.

Para entonces, Panamá se había sumido en una gravísima crisis política y económica, a medida que se endurecía la dictadura personalista y corrupta del general Manuel Antonio Noriega, el autoproclamado legatario del torrijismo desde su puesto de comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá (nueva denominación de la Guardia Nacional) a partir de 1983. El PRD, fraudulento ganador de las elecciones pluralistas de mayo de 1984, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se habían convertido en meros tambores de resonancia de las disposiciones arbitrarias del dictador, mientras los presidentes de paja se sucedían uno tras otro.

La animosidad entre el régimen y Estados Unidos y los contestatarios internos llegó a un punto de no retorno con motivo de la farsa electoral de mayo de 1989, celebrada en un clima de violencia e intimidación. Entonces, el candidato conjunto de la oposición, el abogado arnulfista Guillermo Endara Galimany, vio escamoteada su evidente victoria en las urnas con la anulación de los comicios, tras lo cual las fuerzas norieguistas descargaron una brutal represión. En diciembre se produjo la invasión del Ejército de Estados Unidos, que, además de provocar enormes daños humanos y materiales -lo que agravó la calamitosa situación social y económica del país- se saldó con la detención de Noriega, acusado de narcotráfico por la justicia de la superpotencia, y la instalación de Endara como presidente legítimo.

En los años de Noriega, el apellido Torrijos había continuado en el candelero político a través de una tía paterna de Martín, Berta Torrijos de Arosemena, quien fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD entre 1982 y 1985, y luego rectora de la Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS). Mientras Panamá intentaba recuperarse de los estragos padecidos de los últimos años, levantar una economía destrozada y que arraigaran las instituciones democráticas, Martín pasó un trienio más en Estados Unidos, donde sin duda se sentía a gusto. En 1990 contrajo matrimonio con Vivian Fernández Bello, hija del empresario publicitario y compositor de boleros cubano-panameño Tony Fergó, y ella misma publicista de profesión. En la década siguiente la pareja iba a tener descendencia, dos chicos, Martín Omar y Nicolás Antonio, y una chica, Daniella María.


2. Protegido de Pérez Balladares, liderazgo del PRD y elección como presidente

Los 15 años de estadía casi ininterrumpida de Torrijos en el país norteamericano tocaron a su fin en 1992, cuando, en compañía de su esposa, regresó a Panamá con la intención de quedarse. Aunque atrás dejaba un buen puesto laboral en McDonalds, Torrijos deseaba participar en la reorganización del PRD, que atravesaba una etapa francamente difícil, relegado a la oposición al Gobierno de Endara y luchando por deshacerse del pesado fardo electoral que suponía ser señalado como un cómplice clamoroso de Noriega y los militares en la ominosa década de los ochenta.

A la vez que se hacía un hueco profesional en el sector privado panameño, tomando parte en negocios de exportación agrícola y otros comerciales, y vendiendo equipos de iluminación industrial, Torrijos fue captado para el proselitismo perredista por uno de los más estrechos colaboradores que había tenido su padre, Ernesto Pérez Balladares, antiguo ministro de Hacienda y de Planificación Económica, amén de secretario general del partido que había ayudado a fundar, todo ello antes de tomar cuerpo la dictadura norieguista.

En marzo de 1991 Pérez Balladares, apodado Toro por su físico corpulento, había vuelto a tomar las riendas del PRD y ahora estaba embarcado en un proyecto de modernización doctrinal y orgánica, con un discurso aligerado de retórica nacionalista, más pragmático y economicista, y rodeándose de una cúpula directiva con nuevos rostros. Torrijos era conocido por todos por ser hijo de quien era y Pérez Balladares le apadrinó políticamente con la aparente intención de convertirlo en su delfín, si bien en ese momento la opinión pública difícilmente podía vislumbrar en aquel veinteañero de buena planta, de aspecto sutil y sonrisa difícil, no ya los rasgos de su enérgico padre, sino simplemente madera de dirigente. Comparado con Omar, líder de estampa cuartelera tocado con su característico chambergo verde y siempre dispuesto a dar ordenes sobre el terreno, Martín exudaba civilismo, discreción y suaves maneras.

Inicialmente, Torrijos se hizo cargo de las Juventudes del PRD, mientras su mentor se preparaba para la próxima liza en las urnas. Las elecciones generales del 8 de mayo de 1994 sonrieron a los perredistas: en las legislativas, el bloque tripartito por ellos encabezado, Pueblo Unido, obtuvo una mayoría relativa de escaños, mientras que en las presidenciales Pérez Balladares se proclamó vencedor sobre la candidata del gobernante Partido Arnulfista (PA) y sus aliados liberal-conservadores, Mireya Elisa Moscoso, viuda del ex presidente Arias.

Tras tomar posesión el 1 de septiembre, Pérez Balladares nombró a Torrijos viceministro de Gobierno (Interior) y Justicia, teniendo como superior inmediato al ministro Raúl Montenegro. Desde esta oficina, esencialmente burocrática y gestora, Torrijos adquirió una valiosa experiencia gubernamental que le confirió la seguridad necesaria para aspirar a metas políticas más ambiciosas, a la vez que vio realzada su notoriedad de cara a la población. Servidor fiel de Pérez Balladares, en la recta final del quinquenio respaldó al presidente en su controvertido y arriesgado proyecto de reforma constitucional para poder presentarse a la reelección en 1999.

Sin embargo, en el referéndum del 30 de agosto de 1998 la aspiración del presidente fue contundentemente rechazada por el electorado, por otra parte frustrado con las políticas económicas liberales y desreguladoras del equipo gobernante y la desatención del capítulo social, todo lo cual, unido al afloramiento de escándalos de corrupción, dibujó un panorama de lo más sombrío para el PRD en los próximos comicios generales. Descalificado y desprestigiado Pérez Balladares, la formación oficialista se lanzó frenéticamente a la búsqueda de un nuevo precandidato presidencial, que no un nuevo secretario general, ya que el jefe del Estado insistía en liderar férreamente el partido.

Se convocó así un proceso interno de elecciones primarias, inédito en el PRD. Al punto, lanzó su postulación Alfredo Oranges Bustos, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y dirigente mal avenido con el mandatario saliente. Resuelto a pararle los pies a Oranges, Pérez Balladares le lanzó un as en la persona de su protegido, que aceptó gustoso el envite. Las primarias perredistas, desarrolladas en un ambiente de nerviosismo por los malos sondeos electorales, fueron una carrera de obstáculos para Torrijos, pero la movilización en su favor de los resortes presidenciales y las invocaciones emocionales del apellido que portaba le brindaron una ventaja decisiva.

Así, el 25 de octubre de 1998 el ex viceministro, de 35 años, consiguió derrotar con un margen más holgado de lo esperado, el 57% de los votos, a Oranges y otros ocho rivales, entre los que, circunstancia harto singular, estaban su hermanastro Omar José y un primo carnal, Hugo Torrijos Richa, director de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), quien resultó tocado por un escándalo de corrupción y quedó en tercer lugar. La elección presidencial del 2 de mayo de 1999 presentaba, por tanto, el aliciente de enfrentar a los familiares directos, el huérfano Torrijos y la viuda Moscoso, de los dos grandes estadistas panameños de la segunda mitad del siglo XX. Además, quien saliera vencedor se apuntaría como gran hito de su mandato la retrocesión del Canal y las últimas Áreas Revertidas que lo rodeaban. Lógicamente, el PRD quería cerrar bajo su égida el proceso histórico que había emprendido el general Torrijos. Y nadie mejor que Martín para usufructuar este magno colofón, se pensaba en el partido.

Las pesadas alforjas transmitidas por Pérez Balladares, que incluían un elevado desempleo y cuantiosas pérdidas económicas como resultado del cierre de las bases militares estadounidenses, pudieron más que la capacidad de Torrijos para ilusionar al electorado, el cual no se dejó impresionar por las apelaciones al gastado patrioterismo torrijista y expresó a las claras su deseo de cambio. El candidato del oficialismo libró una campaña incómoda, a la defensiva, y sus amagos de distanciarse de las críticas que llovían sobre Pérez Balladares derivaron en descoordinación entre su plataforma electoral, la dirección del partido y la casa presidencial, incrementando las posibilidades de derrota.

En efecto, con el 37,6% de los sufragios, Torrijos fue batido por su adversaria arnulfista por más de siete puntos de diferencia, aunque en la votación a la Asamblea Legislativa la coalición capitaneada por el PRD, esta vez cuatripartita y bajo la etiqueta de Nueva Nación, no sólo aguantó el tipo, sino que, con 42 de los 72 escaños y el 57,7% de los votos, derrotó sin paliativos a la Unión por Panamá nucleada por el PA. Nada más anunciar el Tribunal Electoral los resultados, Torrijos notificó que reconocía su derrota, despejando de cualquier sombra la toma de posesión de Moscoso, prevista para el 1 de septiembre. Antes de producirse aquella, el 8 de agosto, Torrijos se hizo con la Secretaría General del PRD en el VI Congreso ordinario del partido, cuando Pérez Balladares se resignó a tirar la toalla. Después de 18 años, un Torrijos volvía a ser el líder indiscutible del PRD.

En los años siguientes, Torrijos se desenvolvió como un cabeza de la oposición sólido, articulado y moderadamente constructivo, reacio a las expresiones de pugnacidad y las maniobras de desgaste gratuitas, aunque muy crítico con diversos aspectos de la gestión gubernamental, en especial con los casos de presuntas irregularidades y corruptelas aventados por los medios. En situaciones puntuales, siempre a través de exigentes negociaciones políticas y sin llegar a formalizar nunca un consenso nacional de mínimos en aras de la gobernabilidad, el jefe perredista aceptó cooperar con el oficialismo –que no sólo carecía de mayoría legislativa, sino que además era pasto de las divisiones internas, con la presidenta y su predecesor, Endara, disputándose el liderazgo del PA- en la Asamblea para sacar adelante con los votos necesarios diversas disposiciones de ley consideradas fundamentales.

En agosto de 2000 el PRD y el Partido Demócrata Cristiano (PDC, luego llamado Partido Popular, PP), superando desconfianzas y rencores mutuos que se remontaban a los años de Noriega, suscribieron el Acuerdo para el Mejoramiento y la Transformación de la Asamblea (Acuerdo META), el cual fue presentado por los signatarios como una iniciativa para dar fluidez a los trabajos del Legislativo, si bien su objetivo más palmario era el reparto de los puestos de dirección del hemiciclo. Moscoso denunció el META como una estocada mortal al llamado Pacto de la Pintada, suscrito en agosto del año anterior por el PA y el PDC con la adición de otras formaciones del centroderecha.

El Acuerdo META, que de entrada supuso los saltos de Laurentino Cortizo Cohen, del Partido Solidaridad (PS), a la Presidencia de la Asamblea, de la democristiana Teresita Yaniz de Arias a la Vicepresidencia Primera y del perredista Mateo Castillero Castillo a la Vicepresidencia Segunda, fue firmado por los respectivos presidentes partidarios, el veterano Ricardo Arias Calderón –marido de Teresita Yaniz- por el PDC y Balbina Herrera Araúz por el PRD, y aunque estaba pensado para cuatro años, hasta el final de la legislatura, sólo llegó a durar dos. Entonces, en agosto de 2002, una facción disidente del PRD encabezada por el legislador Carlos Alvarado, hombre allegado a Pérez Balladares y que arrastraba una causa disciplinaria interna, adoptó con el PA por su cuenta y riesgo el llamado Pacto de Boquete, que permitió al oficialismo recobrar el control de la Asamblea, para cuya presidencia resultó elegido el mismo Alvarado.

Este revés no amilanó a Torrijos, que afrontaba con plena confianza las elecciones generales de 2004. De hecho, Alvarado, sin renunciar a su rebeldía frente al CEN, respaldó abiertamente a Torrijos de cara a la proclamación del candidato presidencial del partido. Más allá de las peleas, bastante prosaicas, por el control de ciertas palancas de poder político y del choque de ambiciones personales, en el PRD no existía una verdadera fractura que diera lugar a escisiones orgánicas e hiciera peligrar las excelentes perspectivas electorales de la colectividad. En el VII Congreso ordinario, celebrado justamente en agosto de 2002, Torrijos fue reelegido secretario general y perfiló sus propuestas de Gobierno.

Fue la ocasión para anunciar un "pacto social" destinado a combatir la pobreza, el desempleo –en torno al 14%, la corrupción y la delincuencia que espoleaba el narcotráfico, problemas los cuatro que estaban cobrando notoriedad bajo la cada vez más criticada presidencia de Moscoso, y con el acento puesto en cuestiones tales como la transparencia en la gestión de la cosa pública, los valores morales, la descentralización administrativa y la situación de la mujer y de la minoría indígena en la sociedad. El 30 de marzo de 2003, el año del centenario de la independencia, Torrijos fue elegido sin oposición candidato a la Presidencia de la República en la convención del PRD.

La plataforma programática de Torrijos recibió el nombre de Patria Nueva y, tal fue la impresión general de los medios nacionales y los observadores foráneos, abundaba en propuestas generales y propósitos tan bienintencionados como lógicos y trillados, echándose en falta soluciones novedosas e ideas originales. Cargando las tintas en el lenguaje impreciso ("proyecto de país", "agenda social", "programa integral y participativo", "modernización necesaria", "desarrollo económico con rostro humano") y prometiendo virtualmente todo lo que podía prometer, el dirigente opositor ofreció revertir la situación de deterioro general de las condiciones de vida de los panameños, meter al país por la senda del desarrollo económico y humano sostenible, y reorientar el gasto público hacia los sectores más castigados de la población, ese 40%, nada menos, de los panameños golpeado por el desempleo y las penurias severas.

Con estos posicionamientos, Torrijos hacía profesión de fe socialdemócrata (el PRD era miembro de la Internacional Socialista), pero deslizó también abundantes aspectos del credo liberal. El futuro Gobierno perredista haría compatibles los programas de generación de empleo y combate a la pobreza, basados en parte en las subvenciones y en parte en los estímulos crediticios al pequeño y mediano empresariado para la apertura de negocios y la contratación laboral, con una política económica de estabilidad y crecimiento que pusiera coto al déficit fiscal y la deuda pública total -cuales eran, junto con el paro, los aspectos más negativos del balance del quinquenio arnulfista-, avanzara en las desregulaciones y removiera obstáculos a las inversiones.

Según Torrijos, si llegaba a la Presidencia, haría lo posible para "erradicar" la pobreza combinando la "ayuda directa a los pobres" con un modelo de "desarrollo viable", respetuoso con el medio ambiente y donde a la inversión productiva le "acompañara la decencia". Toda vez que la pobreza presentaba "un rostro económico y un rostro cultural", se hacía necesario atacarla con una "estrategia de desarrollo integral", desarrollada en cuatro frentes: aumentando la productividad y la competitividad; cimentando el crecimiento del PIB, que desde el año 2002 vivía un notable auge; saneando las finanzas públicas; y mejorando los servicios del Estado-providencia, hasta asegurar la solvencia y la cobertura universal de la Caja de Seguro Social (CSS), cuya privatización quedaba descartada no obstante padecer una grave crisis financiera. El candidato, sin embargo, no explicó cómo corregiría los números rojos de la CSS.

Hilando un poco más fino, Torrijos explicó que la ejecución de dicha estrategia requeriría una profunda reforma del Estado en aras de la eficiencia y la seguridad jurídica. Los cambios afectarían al poder judicial, a la función pública y, eventualmente, a la misma Constitución de 1972. Asimismo, el Ejecutivo pisaría el acelerador en los procesos de desarme arancelario e integración comercial, allá donde Moscoso sí había cosechado éxitos inobjetables, adoptando acuerdos nuevos y desarrollando los ya firmados con los países del hemisferio y otros de interés especial de Asia, como Taiwán y Singapur. En particular, se buscaría culminar las complejas negociaciones con Estados Unidos para la entrada en servicio de un área de libre comercio bilateral, pero asegurándose de que las transformaciones que un tratado de esta envergadura generase en la estructura productiva de Panamá no lesionasen los intereses nacionales.

Por otro lado, Torrijos abordó la realización de una serie de grandes proyectos de inversión en infraestructuras consideradas fundamentales para el desarrollo económico de un país que basaba en el sector servicios tres cuartas partes de su PIB, proyectos que no habían fraguado o se habían empantanado en el quinquenio de Moscoso por falta de financiación y estudios técnicos adecuados. En primer lugar, estaba la ampliación, juzgada perentoria por los agentes económicos, del Canal mediante la construcción del tercer juego de esclusas, para dar abasto con el constante crecimiento del tráfico naval y el tamaño de los buques. La tesorería del Estado había ingresado en el último ejercicio cerca de 400 millones de dólares por el cobro de peajes y otros servicios conexos de la vía interoceánica, pero este aporte era muy inferior, por ejemplo, al servicio anual de la deuda externa (por no hablar del monto de la misma) y al volumen de las exportaciones de bienes, aun tratándose Panamá de un país que vendía muy poco al exterior.

Torrijos quería aumentar los ingresos fiscales del Canal y, en principio, era favorable a ampliar su capacidad, pero antes de emprenderse las obras, a todas luces faraónicas, deberían estudiarse cuidadosamente el gigantesco coste de las mismas, del orden de varios miles de millones de dólares, y las modalidades de la financiación, que apuntaban a un esfuerzo combinado del Estado y el capital privado, amén de los impactos en la población de la zona y el medio ambiente. No descartaba la participación de la banca multilateral y la cesión a empresas privadas de la prestación de determinados servicios, pero la última palabra la tendría el pueblo panameño, que sería consultado en referéndum cuando los partidos parlamentarios consensuasen una decisión al respecto.

El candidato del PRD contemplaba también el fomento de la prometedora industria turística, los servicios de registro de buques en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP, ex APN) y los recursos de puerto franco de la Zona Libre de Colón, en la entrada atlántica del Canal, así como la ejecución en la misma Zona Libre de otro gran proyecto acariciado desde tiempo atrás y no exento de fuertes controversias por su incierto impacto sobre el ecosistema y las denuncias de sobornos en las licitaciones, el Centro Logístico Multimodal de Transporte y Servicios Internacionales, cuyo componente más ambicioso era el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).

En cambio, Torrijos negó la viabilidad del tan traído y llevado Centro Multilateral Antidrogas (CMA), una estructura de vigilancia del narcotráfico procedente de Sudamérica reclamada por Estados Unidos desde la invasión de 1989 para suplir la desaparición de su dispositivo policial por la retrocesión del Canal. Como dando el carpetazo definitivo al asunto, Torrijos aseguró que, ciertamente, Panamá necesitaba entablar una nueva relación con Estados Unidos, pero que esta debía basarse sobre todo en el mutuo beneficio económico y no dar pábulo a unos aspectos de control y seguridad que él asociaba a un pasado periclitado.

Torrijos convirtió su plataforma Patria Nueva en una alianza donde el PRD se dio la mano con el PP (ex PDC), notorio partido de derecha y, como se apuntó arriba, otrora un enemigo jurado. Este binomio electoral, impensable hasta hacía un cuatrienio, ejemplificaba el gran trecho que la clase política panameña, sin menoscabo de sus diferencias ideológicas, había recorrido en pro de la reconciliación nacional y la superación de los viejos sectarismos.

El pacto adoptado por Torrijos y los populares estableció que la Vicepresidencia Primera de la República y la Cancillería (el Ministerio de Exteriores) serían para el empresario perredista Samuel Lewis Navarro, y la Vicepresidencia Segunda y la administración de la AMP para el sucesor de Arias Calderón al frente del PP, Rubén Arosemena Valdés. El cantante salsero y actor Rubén Blades, candidato presidencial en 1994 y miembro de la coalición Nueva Nación en las legislativas de 1999 a través de su Movimiento Papa Egoró, fue fichado también por Torrijos, que le reservó el puesto de gerente general del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), con rango de ministro de Estado.

A lo largo de la precampaña y la campaña, Torrijos fue frecuentemente interrogado por los periodistas sobre sus actividades empresariales privadas, de las que no se sabía gran cosa. Sin entrar en detalles y sin resultar muy convincente, el matrimonio Torrijos aseguró que Martín era dueño de constructoras, de negocios de alquiler de equipo pesado y de fincas rústicas, así como consultor económico de multinacionales navieras, de la comunicación y la agroexportación, entre las que mencionó la firma Panama Maritime. También, que poseía participaciones accionariales en una empresa regentada por el poco menos que su padre adoptivo, Cirilo McSween, e inversiones en bolsa que tenían "buenos rendimientos".

Finalmente, se hizo notar cómo Torrijos deseaba marcar las distancias del régimen político fundado y mandado por su padre, a quien situó en un contexto histórico específico y evocó con un tono más respetuoso que apologético. Las apelaciones sentimentales a la figura del dictador no abundaron y las declaraciones de admiración fueron escuetas y contenidas.

Ahora bien, el candidato perredista no aclaró si levantaba sus reparos a los trabajos de la Comisión de la Verdad, el panel oficial de investigación puesto en marcha por Moscoso en 2001 para sacar a la luz los abusos del poder y las violaciones de los Derechos Humanos cometidos por el Estado en el período 1968-1989. En particular, Torrijos guardó mutismo sobre si el Estado debería indemnizar a los familiares de las 110 víctimas, entre muertos y desaparecidos, de la dictadura documentadas por la Comisión. Más elocuente fue Torrijos en el anuncio de que un eventual Gobierno del PRD ordenaría una auditoria exhaustiva de la situación financiera de las agencias estatales que permitiese esclarecer la verdad sobre muchas de las denuncias de corrupción recibidas por la administración saliente.

Torrijos llegó a la recta final de la campaña encabezando las encuestas con holgura. Su principal adversario era el ex presidente Endara, candidato panameñista que concurría con el aval del PS luego de romper con el oficialismo arnulfista. Mucho más relegado en los sondeos aparecía el postulante del PA y persona de confianza de Moscoso, el ex canciller José Miguel Alemán Healy, respaldado también por el Partido Liberal Nacional (PLN) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA).

El 2 de mayo de 2004 los pronósticos se cumplieron y el pretendiente del PRD se proclamó presidente con un voluminoso 47,4% de los votos, seguido por Endara con el 30,9% y de Alemán con el 16,4%. En un distante cuarto lugar, con el 5,3%, quedó el acaudalado empresario comercial Ricardo Martinelli Berrocal, de Cambio Democrático. En los comicios a la Asamblea, la victoria del PRD fue también resonante y, con 41 escaños sobre 78, conquistó la mayoría absoluta: desde la restauración democrática, ningún partido había logrado esta cuota de poder en solitario. A esta bancada debía sumarse el solitario diputado conservado por el PP, lo que conformaba una confortable mayoría parlamentaria para el Ejecutivo en ciernes.

La jornada democrática resultó más dulce para Torrijos porque el nivel de participación, el 77%, había superado el de anteriores ediciones. Nada más conocer los datos del escrutinio, Torrijos proclamó que Panamá vivía "los últimos minutos de una pesadilla de cinco años" y que "a partir de hoy comienza una nueva etapa en nuestro país". Aquietada la euforia inicial en las filas perredistas, Torrijos se concentró en los preparativos de la mudanza gubernamental.

A finales de junio, el PRD y el PP adoptaron con el PA un pacto de colaboración para introducir una serie de enmiendas en la Constitución sobre las que Torrijos y Moscoso estaban básicamente de acuerdo, entre ellas el cambio de la denominación Asamblea Legislativa por la de Asamblea Nacional, la reducción a 71 del número de diputados y la supresión de su inmunidad parlamentaria, la eliminación de uno de los puestos de vicepresidente de la República, cambios en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la creación de la Defensoría del Pueblo, un nuevo procedimiento para acometer futuras reformas de la Carta Magna y la obligatoriedad del referéndum vinculante sobre cualquier ampliación del Canal. A tal fin, se ponía en marcha una Asamblea Constituyente Paralela integrada por 41 miembros de representación partidaria y de libre postulación designados por iniciativa popular. El paquete de 62 reformas exprés fue introducido en virtud de los actos legislativos 1 y 2 del 27 de julio.

En vísperas de la toma de posesión del 1 de septiembre, Torrijos se topó con un conflicto de política exterior, comenzado el 22 de agosto, que dañó las relaciones con Cuba y Venezuela, y que le iba a tocar resolver a él. Primero, la presidenta saliente instruyó al canciller Harmodio Arias para que trajera de vuelta a casa al embajador en Cuba y de paso exigiera al Gobierno de la isla caribeña la retirada de su embajador en Panamá. Era la doble reacción a la amenaza lanzada por La Habana de romper las relaciones diplomáticas porque, a su entender, Moscoso estaba lista para otorgar el perdón a cuatro exiliados cubano-estadounidenses encarcelados en Panamá con penas de siete y ocho años de prisión por los delitos de tenencia de explosivos y falsificación de documentos.

Cuba demandaba la extradición de los emigrados bajo la acusación de haber planificado el atentado contra Fidel Castro que los servicios de seguridad consiguieron desbaratar antes de ser perpetrado en el transcurso de la X Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de 2000 en Panamá. El más notorio de los cuatro presos, Luis Posada Carriles, veterano activista anticastrista y ex agente de la CIA, estaba buscado por la justicia cubana desde los años setenta por terrorismo y subversión, y tenía cuentas pendientes también con Venezuela.

En efecto, Moscoso terminó indultando a Posada y sus compañeros, según ella por "razones humanitarias", pues creía que la nueva administración perredista podría entregarlos a Cuba o Venezuela, donde corrían riesgo de ser ejecutados ("los habrían matado", aseguró la presidenta saliente). La reacción de las capitales concernidas fue fulminante: el 26 de agosto La Habana declaró la ruptura de las relaciones diplomáticas y al día siguiente Caracas retiró a su embajador. Torrijos, que no tenía más remedio, terció en la trifulca para criticar las decisiones de Moscoso y asegurar que tan pronto como se hiciera cargo de la Presidencia iniciaría las gestiones tendentes a restaurar las relaciones panameño-cubanas y panameño-venezolanas.

El primero de septiembre de 2004 Martín Torrijos prestó juramento de su cargo con mandato, no renovable, hasta 2009, en presencia de diez mandatarios extranjeros, entre los que no estaban ni Castro ni Hugo Chávez, quien sí había previsto su asistencia pero que la había cancelado a raíz de la decisión de Moscoso. En su discurso inaugural, Torrijos lanzó una "declaración de guerra a la corrupción y la impunidad", recordó a su padre con palabras de agradecimiento, estimó que el "lamentable" indulto de los reos cubanos había "desfigurado" la imagen internacional de Panamá y confirmó que el Ejecutivo entrante se disponía a restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y a descongelar las relaciones con Venezuela.


3. El período presidencial 2004-2009: un mandato signado por la Ampliación del Canal

En noviembre de 2004 los gobiernos panameño y cubano llegaron a un principio de acuerdo sobre la restauración de las relaciones diplomáticas. La normalización bilateral, que abría una "nueva etapa de fraternidad y entendimiento" entre los dos países, fue sellada el 20 de agosto de 2005 en La Habana por los respectivos ministros de Exteriores y ante la mirada complacida de los dos presidentes. Meses después, en noviembre, el mandatario panameño volvió a visitar la isla, desplazamiento que se repetiría en septiembre de 2006 y en enero de 2007.

En la cordialidad de Torrijos para con la Cuba de los hermanos Castro no subyacía la afinidad a las ideas comunistas, pero sí los vínculos establecidos por su padre y, no menos importante, una gratitud nacional por la Operación Milagro Panamá, el programa, lanzado en abril de 2004, por el que miles de panameños pobres con dolencias en la vista y necesitados de operación recibían en Cuba de especialistas cubanos tratamiento y cirugía oftalmológicos sin coste alguno. Con la Venezuela chavista, las relaciones volvieron igualmente a la normalidad.

La contestada reforma de la Caja de Seguro Social
En mayo de 2005 el Gobierno presentó a los actores sociales una propuesta de consenso nacional en torno a una reforma del régimen jurídico de la virtualmente quebrada CSS, cuyo déficit ascendía a los 4.000 millones de dólares, con el fin de asegurar su sostenibilidad. La intención de incrementar las cotizaciones laborales al sistema y de retrasar la edad de jubilación (de los 62 a los 65 años los hombres y de los 57 a los 62 años las mujeres) levantó una fuerte oposición en la calle, donde un frente de sindicatos, gremios profesionales y otras organizaciones sociales desarrolló una secuencia de protestas, marchas y huelgas sostenidas que se prolongó varias semanas.

En junio, Torrijos, aunque disponía de mayoría legislativa para sacar adelante la reforma en la Asamblea, dio marcha atrás con la cancelación del punto relativo a la edad obligatoria de jubilación y la suspensión de toda la reforma de la CSS. Sin embargo, el freno de las movilizaciones del Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESO) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), finalmente receptivos, no sin desconfianza, a las invocaciones al diálogo y la negociación, dio al Gobierno un margen político decisivo para volver a la carga legislativa con una versión parcialmente corregida, "mejorada" según el presidente, del proyecto original, que en realidad mantenía en pie los conceptos clave.

Así, en diciembre de 2005 Torrijos sancionó la Ley 51, texto que establecía un modelo mixto de pensiones, combinando el sistema tradicional de reparto de beneficios definidos con el nuevo de capitalización personal a través de cuentas individuales de ahorro, así como un mecanismo de retiros voluntarios hasta los 70 años y un aumento gradual de las cuotas mensuales de los asalariados a lo largo de un septenio, desde 2006 hasta 2013. Satisfecho con los resultados del diálogo nacional sobre las pensiones, Torrijos explicó que la Ley 51 alumbraba una CSS "saneada, moderna y eficiente", y garantizaba las debidas coberturas de atención sanitaria de los trabajadores y sus familias, y de una "jubilación digna y justa".

En los terrenos del desarrollo social, la lucha contra la pobreza, el fomento del empleo y la captación de inversiones, el Gobierno del PRD lanzó toda una batería de programas, campañas y nuevos organismos del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SENAPAN), el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), el Programa para el Desarrollo Comunitario para Infraestructura Pública (PRODEC), el Programa de Inversión Local (PROINLO), Red de Oportunidades (programa volcado en el rescate social de familias en situación de pobreza, adscrito al MIDES), Panamá Compra (para garantizar la transparencia y agilidad de las licitaciones públicas) y Panamá Emprende (sistema informático, administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias, para facilitar el emprendimiento de nuevos negocios).

El tercer juego de esclusas del Canal: proyecto estratégico y referéndum nacional en 2006
Con todo, el tema estrella que terminó absorbiendo el debate nacional y que escribió para la posteridad el relato de toda una presidencia fue el plan de expansión del Canal inaugurado en 1914 y revertido a la soberanía panameña en 1999 gracias a los Tratados negociados por el general Torrijos 22 años antes. El 24 de abril de 2006, con retrasos ocasionados por el frente abierto sobre la reforma de la CSS, las indispensables valuaciones técnicas, múltiples consultas a múltiples bandas y ciertas vacilaciones por parte del Gobierno, Torrijos, en un acto convocado en el Centro de Convenciones Atlapa de la capital, presentó al país la Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá mediante la Construcción del Tercer Juego de Esclusas.

El plan, diseñado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que según el presidente debía verse como un auténtico "proyecto nacional", de todos los panameños por encima de gobiernos y partidos, contemplaba aumentar la superficie marítima transitable en un 40% aproximadamente, lo que más que duplicaría la capacidad de transporte anual al alcanzar los 600 millones de toneladas (en 2005, el volumen de carga había sido de 279 millones de toneladas). El tercer juego de compuertas y sus cauces, conectados con los conductos ya existentes, permitiría el paso en sentidos opuestos de los buques de carga de nueva generación denominados Post-Panamax, capaces de movilizar más de 10.000 contenedores de 20 pies en virtud de unas dimensiones navales superiores a las máximas permitidas por las esclusas actuales, que eran 294 metros de eslora, 32 metros de manga, 12 metros de calado y 58 metros de altura. Estos cargueros gigantes sí podían pasar por el Canal de Suez.

El coste estimado de la descomunal excavación era de 5.250 millones de dólares y según el mandatario iba a ser cien por cien "autofinanciable", sin acarrear deudas al Estado ni cargar con impuestos a los ciudadanos. Cuando se definiesen todos los pormenores técnicos, la Asamblea Nacional tendría que aprobar una ley convocando a un referéndum nacional sobre la cuestión. El presidente, que afrontaba desde ya la oposición de la Coordinadora Campesina contra los Embalses (CCE), otras organizaciones sociales y algunos sectores políticos escépticos con la oportunidad de semejante empresa y su verdadera necesidad para el país, prometió que no habría desalojos de campesinos ni inundaciones de tierras cultivables u otras con valor ecológico.

Si no se producían retrasos, la magna obra podría comenzar en 2007 y el tercer juego de esclusas podría estar inaugurado en 2014, en el centenario de la vía interoceánica. Para Torrijos, los panameños estaban ante "un momento trascendental, una encrucijada histórica y un desafío formidable". "Si no se afronta el desafío de ampliar el Canal surgirán inevitablemente otras rutas que compitan con Panamá", añadió el mandatario, haciendo una implícita alusión a la hipotética entrada en servicio en el futuro de un canal interoceánico más al norte, en Nicaragua. Se esperaba que en 2006 las tarifas de tránsito del Canal dejaran una facturación de 1.400 millones de dólares y beneficios netos para el Estado por valor de 560 millones. Cuando las nuevas compuertas estuvieran operativas y con los peajes incrementados, estas ganancias, sostenían las autoridades, serían mucho mayores, por no hablar de la creación masiva de empleo, primero por las obras y luego por el funcionamiento de las instalaciones permanentes.

La labor pedagógica del Gobierno para explicar los grandes beneficios que a su entender tendría la ampliación, los trabajos legislativos y la controversia nacional marcaron la cuenta atrás para el histórico referéndum. El 14 de julio la Asamblea aprobó los términos de la consulta, que fue convocada para el 22 de octubre. Ese día, los panameños estaban llamados a pronunciarse sobre la siguiente pregunta: "¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panama?". Para Torrijos, esta era "tal vez la decisión más importante que le toque tomar a esta generación", la cual tenía que ser consciente de que la Ampliación daba a Panama la oportunidad de ingresar en el "primer mundo".

El pueblo panameño había rechazado en 1992 la abolición legal del Ejército propuesta por el presidente Endara y en 1998 había dicho no también a la posibilidad de la reelección presidencial planteada por el presidente Pérez Balladares. Pero en 2006, al igual que en 1977 Torrijos padre había obtenido la aprobación de los Tratados con Estados Unidos, Torrijos hijo consiguió el aval popular para la Ampliación: a favor de la misma se pronunció el 76,86% de los votantes. Eso sí, la participación fue muy baja, del 43,3%, dado ilustrativo de que el proyecto, en realidad, no había logrado entusiasmar a la población.

El 3 de septiembre de 2007, días antes de cumplirse el trigésimo aniversario de los Acuerdos Torrijos-Carter, el mandatario panameño, acompañado de varios colegas de la región y del anciano ex presidente de Estados Unidos, inauguró de manera simbólica las obras con una detonación de 14 toneladas de explosivos en el Cerro Paraíso. Sin embargo, la trabajosa obtención de fondos en el mercado financiero internacional, que el Gobierno y la ACP querían que cubrieran la mitad del total de los costes previstos -la otra mitad se sufragarían con los ingresos propios del Canal-, la serie de contratas de las obras preliminares como los cauces de acceso a las nuevas esclusas y, por supuesto, todo el proceso de licitación internacional de la construcción del tercer juego de compuertas propiamente dicha obligaron a retrasar la gran excavación, que no arrancaría bajo el Gobierno Torrijos.

El 8 de julio de 2009, una semana después de dejar Torrijos la Presidencia de la República, la ACP adjudicó la apetitosa macrocontrata al Grupo Unidos por el Canal (GUPC), consorcio internacional encabezado por la compañía española Sacyr Vallehermoso, S.A. y conformado también por la italiana Impregilo S.p.A., la belga Jan De Nul N.V. y la panameña Constructora Urbana, S.A. (CUSA). El Estado panameño se decantó por este licitador y descartó las ofertas de los otros dos consorcios presentados al concurso (el integrado por la empresa de ingeniería estadounidense Bechtel y las corporaciones japonesas Mitsubishi y Taisei, y el de las españolas ACS, Acciona y FCC, la alemana Hochtief y la mexicana ICA) en razón de su precio mucho más ventajoso, 3.120 millones de dólares de presupuesto, y la calidad de su plan, que recibió la máxima puntuación técnica.

Boom económico y el tortuoso TPC con Estados Unidos
La Administración Torrijos echó a andar en 2004 cuando la economía panameña avanzaba a un ritmo superior al 7% anual, y la vorágine desatada por el plan de expansión del Canal hizo posible sin duda que ese crecimiento fuera incluso mayor. En 2007 el PIB aumentó un extraordinario 11,2% y en 2008, el año del crash de Lehman Brothers en Estados Unidos, encadenó otro 10%. Indefectiblemente, en 2009 la economía nacional iba a acusar los efectos de la Gran Recesión global, abatida de manera señalada sobre los países ricos de la OCDE, pero aquí el desplome, gracias al elevado punto de partida, no iba a dejar cifras negativas. Más que nunca, la economía panameña era dinamizada por los sectores logísticos orientados al comercio mundial (transporte y almacenamiento de mercancías) y los servicios financieros, a los que se sumaban la fiebre de la construcción y un fuerte repunte también del turismo, sector en boca de todos por su formidable potencial y solo explotado en parte.

Ahora bien, el grueso de los beneficios de esta bonanza los embolsaba el sector privado. Comparativamente, el Estado ingresaba mucho menos, aunque, entre la recaudación extra y una contención del gasto digna de la corriente liberal, el Gobierno pudo eliminar el déficit de la balanza fiscal. Por otra parte, como era de esperar, la galopada sostenida de la economía generaba inflación.

La Ampliación del Canal era para Torrijos la dinamo del deseado despegue de Panamá, que era el quinto país más desarrollado de América Latina (por detrás de Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica) y que ya estaba haciendo claros progresos en la reducción de la pobreza. Independiente de aquel gran proyecto estratégico pero de recorrido paralelo era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, denominado Tratado de Promoción Comercial (TPC). El 19 de diciembre de 2006, tras dos años y ocho meses de discusiones, las partes dieron carpetazo oficial a las negociaciones y el acuerdo fue firmado el 28 de junio de 2007 en la sede de la OEA en Washington por el ministro panameño de Comercio e Industria, Alejandro Ferrer, y la secretaria estadounidense de Comercio, Susan Schwab.

Los diputados panameños fueron rápidos en ratificar el TPC, un extremadamente prolijo documento de 1.200 páginas que en casa contestaban actores sociales como el FRENADESO, ya el 11 de julio de 2007, pero la aprobación por el Congreso de Washington quedó en suspenso debido a la elección en septiembre siguiente como presidente anual de la Asamblea Nacional de Pedro Miguel González Pinzón, un político del PRD al que la justicia federal de Estados Unidos imputaba el homicidio en 1992 de un sargento del Ejército de aquel país. La Secretaría de Estado de la Administración Bush no maquilló su enojo por la elección de González y muchos congresistas dejaron claro que en estas circunstancias el TPC era inadmisible. Discretamente, para no dar la sensación de que Panamá cedía a las presiones de una potencia extranjera y revocaba una decisión soberana de política interior, Torrijos solicitó a González que no buscara la reelección como titular de la Asamblea en 2008.

Lo cierto era que en Panamá, sobre esta cuestión, las sensibilidades estaban a flor de piel desde que en enero de 2006 Torrijos encajara la dimisión de su ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo, quien había renunciado al puesto con la queja de que Estados Unidos demandaba la admisión de carne bovina y avícola importada no sometida a los exigentes controles sanitarios panameños, y con las únicas garantías de las certificaciones de inspección de origen, esto es, las emitidas por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, Cortizo recordó al presidente que al iniciarse las negociaciones sobre el TPC Estados Unidos había acordado con Panamá que las mismas discurrirían de conformidad con las normas y leyes vigentes en Panamá, y que cumplirían con el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Superando este obstáculo puramente político, aún restaban algunos flecos de carácter técnico, de manera que el TPC no fue ratificado por la otra parte todavía y no pudo entrar en vigor durante el mandato de Torrijos. En otro orden de cosas, Panamá fue la sede en julio de 2005 de la IV Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).


4. Actividades posteriores

Torrijos y sus ministros se afanaron en desgranar los logros de cinco años de gobierno en la recta final del ejercicio. Las elecciones generales tocaban el 3 de mayo de 2009 y para las presidenciales el oficialismo presentó a Balbina Herrera, la ministra de Vivienda hasta marzo de 2008, momento en que esta ingeniera agrónoma con un pasado norieguista muy criticado por sus adversarios gozaba de unos altos niveles de aprobación.

Sin embargo, en el electorado pesó la impresión de que Panamá, tras las fanfarrias en torno al Canal, no pasaba precisamente por un momento envidiable. Había un considerable malestar y se acusaba al Gobierno de de haber fracasado estrepitosamente en capítulos tan importantes como el freno a la criminalidad común, que estaba alcanzado unas cotas muy preocupantes, la mejora de la educación y la lucha contra el fraude y la corrupción, por no hablar de los desbarajustes y escándalos en el transporte público y la sanidad. La pobreza total podría haber disminuido, pero la inflación castigaba el poder adquisitivo de la gran mayoría de los panameños.

De manera que el ganador de las presidenciales fue el principal aspirante de la oposición, Ricardo Martinelli, abanderado del partido Cambio Democrático y de la Alianza por el Cambio, donde concurrían también el Partido Panameñista (ex Partido Arnulfista), el MOLIRENA y otras fuerzas del centro-derecha. En los comicios a la Asamblea, la coalición Un País para Todos del PRD, el Partido Popular y el Partido Liberal fue igualmente batida.

El 1 de julio de 2009 Torrijos transfirió el poder a Martinelli. En la víspera, el mandatario saliente, quien se iba con la cabeza alta, le dijo a la Asamblea en su último informe de gestión que, aun sin pretender describir un Panamá "idealizado y sin problemas", su Gobierno ciertamente había "sentado las bases para construir un país diferente" y que la Ampliación del Canal constituía "el eje sobre el cual gire nuestro desarrollo futuro". Martinelli tendría varios frentes que atender, pero al menos heredaba el Gobierno "con una hoja de ruta, un camino trazado".

Tras dejar la Presidencia, Torrijos, a sus 46 años aún un hombre no mayor, siguió en el primer plano de la actualidad política como líder de la oposición panameña en tanto que secretario general del PRD, hasta que el 18 de octubre de 2009 la cúpula del partido eligió para el puesto a Mitchell Doens Ambrosio, ministro de Trabajo con el ex presidente Pérez Balladares.

En los años siguientes, Torrijos estuvo dedicado a los trabajos de la Internacional Socialista, de cuyo Comité para América Latina y el Caribe era presidente (ya había sido dos veces vicepresidente de la formación transnacional), y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COOPAL), en la que ejercía de vicepresidente. Además, pertenecía a consejos directivos y consultivos internacionales de una serie de organismos y asociaciones tanto públicos como privados, sin faltar membresías en grupos tan conocidos como el Club de Madrid. En añadidura, se involucró en los procesos de observación electoral conducidos por el Centro Carter y la OEA. Otro compromiso señalado fue la implicación en el esfuerzo internacional para la reconstrucción de Haití tras el catastrófico terremoto de 2010. En 2016 el ex gobernante panameño medió en la crisis política de Venezuela.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2019)

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