1. Alto oficial del Ejército con influjo en el Ejecutivo nacional
2. Salto a la política formal con el Partido Patriota
3. De la experiencia de la GANA en 2003 a la tentativa presidencial de 2007
4. Triunfo en la elección de 2011 bajo el agobio de la violencia
5. El debate regional sobre las drogas, la militarización de la lucha contra la delincuencia y las repercusiones del juicio a Ríos Montt
6. El gran escándalo de corrupción de La Línea: el desmoronamiento de un Gobierno por etapas
7. Desafuero, dimisión y encarcelamiento de Otto Pérez Molina


1. Alto oficial del Ejército con influjo en el Ejecutivo nacional
Hijo del matrimonio entre Jaime Pérez Marroquín y Victoria Isabel Molina, y el menor de tres hermanos, su educación primaria transcurrió en el Instituto Normal Casa Central y la secundaria, mediado un año formativo en El Salvador entre 1965 y 1966, en la Escuela Politécnica, sita también en la Ciudad de Guatemala. Fue en este centro donde arrancó, a los 15 años de edad, un compromiso con la milicia de más de tres décadas de duración. En 1971 el cadete contrajo matrimonio con Rosa María Leal Flores, una joven de 17 años que iba abrirse camino profesional en los campos de la enseñanza infantil y la psicología clínica; la pareja concibió dos hijos, Otto Fernando, en 1972, y Lisseth, en 1973.

El mismo año de su segunda paternidad, Pérez recibió la graduación como caballero cadete y a continuación ingresó en el Ejército de Guatemala. En aquella época, durante la presidencia del general Carlos Manuel Arana Osorio, la institución armada, impregnada de una ideología nacionalista de derechas, ya detentaba directamente el poder político del país centroamericano mientras combatía la subversión de los movimientos guerrilleros marxistas. El oficial desarrolló su hoja de servicios, pues, en un sombrío contexto político, crecientemente violento y dictatorial, caracterizado por las farsas electorales, la persecución de las opciones políticas de izquierdas o simplemente moderadas, y las violaciones masivas de los Derechos Humanos, especialmente en las zonas rurales con mayoría de población indígena.

Sus servicios estrictamente castrenses se conjugaron con un adiestramiento técnico de alto nivel y una sólida capacitación académica, como correspondía a un joven oficial con ganas de ascender en la profesión. Al igual que otros muchos uniformados de su generación procedentes de países latinoamericanos en la órbita de Estados Unidos en la era de la Guerra Fría, Pérez pasó por la célebre Escuela de las Américas, en la Zona del Canal de Panamá, donde aprendió tácticas de contrainsurgencia e inteligencia militar. Fue también alumno del Inter-American Defense College (IADC, situado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos), en Washington, D.C., donde se instruyó en Defensa Continental. A lo largo de los años, Pérez se preocupó de enriquecer su currículo con formación superior no relacionada con el servicio de armas. Así, ya en la década de los noventa, cursó estudios empresariales en la INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) Business School de Alajuela, Costa Rica, donde realizó el Programa de Alta Gerencia (PAG), y en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) de Ciudad de Guatemala, donde egresó cum laude con un máster en Relaciones Internacionales.

Fragmentaria y escasa es la información facilitada por la prensa de Guatemala, cuanto más por él mismo, sobre las acciones de campaña de Pérez en los años de la lucha contra las guerrillas, que en 1982 pasaron a coordinarse bajo la sombrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). A caballo entre las décadas de los setenta y los ochenta, el oficial, primero con el rango de teniente, después como capitán y más tarde como mayor, estuvo destacado en unidades que operaron en los departamentos de El Petén, San Marcos y Quiché. Asimismo, recibió entrenamiento como paracaidista y fue instructor de soldados kaibiles, los comandos y fuerzas de élite del Ejército guatemalteco, en el Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales de Guatemala, más conocido como Escuela Kaibil, que entonces tenía su sede en Melchor de Mencos, El Petén. En aquella época, tal como revelan algunas fotografías y vídeos en los que aparece con boina roja y guerrera de camuflaje, Pérez lucía una poblada barba negra, seña estética bastante insólita en la oficialidad del Ejército guatemalteco y más propia de los guerrilleros del bando contrario.

A lo largo de su etapa de dirigente político con aspiraciones presidenciales, Pérez fue insistentemente señalado por sus detractores como uno de tantos militares implicados en violaciones de los Derechos Humanos e incluso en la comisión de masacres de paisanos, de tan escalofriante cotidianidad en la fase más dura de una guerra civil de 36 años de duración (entre 1960 y 1996) y cuyo estremecedor balance se sitúa en unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas y campesinos. El interesado rechazó, lógicamente, estas acusaciones y aseguró que las operaciones en las que había participado las "prioridades" fueron en todo momento organizar la seguridad en la retaguardia del frente y "rescatar" a la población civil "obligada a colaborar con la guerrilla", por encima de las misiones de combate propiamente dichas. Pérez no sólo reiteró que los hombres de las unidades bajo su mando hubiesen recibido siempre órdenes estrictas de cumplir su misión de acuerdo con la ley y respetando a los civiles; también, reivindicó un rol importante como miembro de la oficialidad del Ejército que había ayudado, en determinados momentos críticos, a poner freno a la dictadura en Guatemala.

En primer lugar, en agosto de 1983, ostentando los galones de mayor, Pérez secundó el golpe de Estado del ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, el cual depuso al presidente y general Efraín Ríos Montt, un militar de fe evangélica aupado al poder el año anterior por la vía golpista también y que no había dudado en ejecutar las amenazas más delirantes de su discurso mesiánico, mitad político, mitad religioso. En su corta ejecutoria, Ríos Montt había propiciado un dramático recrudecimiento de la campaña contrainsurgente, traducido en el asesinato de decenas de miles de personas en matanzas indiscriminadas y en los operativos de tierra quemada. El general Mejía, al que Pérez respaldó, permitió el retorno de una frágil institucionalidad democrática civil en enero de 1986, pero hasta entonces su dictadura estuvo igualmente tachonada de violaciones humanitarias a gran escala. Entre medio, en 1987, Pérez, ya con el rango de coronel, se convirtió en el jefe del Estado Mayor personal del general Héctor Alejandro Gramajo Morales cuando este alto oficial fue nombrado ministro de Defensa.

En julio de 2011, en una entrevista para el periódico digital Plaza Pública, el entonces candidato presidencial defendió a su antigua institución, el Ejército, de las imputaciones de cometer la gran mayoría de las muertes violentas producidas en los años del conflicto interno y llamó la atención sobre la cuota de autoría guerrillera de las mismas. Además, negó que en Guatemala se hubiera producido un genocidio, tal como establecen la ONU y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), pues, a su entender, ni siquiera las atrocidades perpetradas en 1982-1983 podían enmarcarse en un supuesto plan de exterminio sistemático de población "por razones de etnia o religión". "Eso no sucedió", explicaba Pérez, entre otras razones porque buena parte de la tropa militar estaba compuesta por indígenas mayas.

Otto Pérez Molina y el Serranazo de 1993
La faceta de Pérez como valedor de la democracia no se manifestó claramente hasta mayo de 1993, cuando, sin vacilaciones, rehusó acatar el autogolpe autoritario del presidente civil, Jorge Antonio Serrano Elías, que dos años atrás le había confiado un puesto clave del alto mando militar, la poderosa Dirección de Inteligencia (D-2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). De tenebrosa reputación entre los numerosísimos guatemaltecos que por sus ideas o sus actividades habían estado en el punto de mira de la violencia estatal y paraestatal, la D-2 era una de las secciones del aparato castrense más asociadas a la represión en tiempos de guerra interna así como a las turbias conexiones entre el Ejército y el crimen organizado.

Luego de anunciar Serrano, con el pretexto de librar una lucha más eficaz contra la corrupción y el narcotráfico, la suspensión de la Constitución y la clausura del Congreso y la Corte Suprema, el alto mando militar se dividió sobre lo que correspondía hacer: mientras que los generales José Domingo García Samayoa, ministro de Defensa, Jorge Roberto Perussina Rivera, jefe del EMDN, y Francisco Ortega Menaldo, jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), optaron por un respaldo tácito al golpe condicionado a la evolución de los acontecimientos (García Samayoa fue menos cauto e hizo una pronta proclama de cierre de filas tras el mandatario), el coronel Pérez Molina y el general Mario René Enríquez Morales, subalternos suyos en el escalafón, se opusieron desde el primer momento a la maniobra presidencial.

El desacato de Pérez sintonizó con el sentir de la sociedad civil, cuyos diferentes actores y colectivos, desde el movimiento indígena y las ONG humanitarias al grueso de la patronal, pasando por los partidos políticos y la Iglesia Católica, en una muestra de unidad sin precedentes, clamaron contra la quiebra del orden constitucional. Es más, el director de la Inteligencia militar se convirtió en el enlace entre el Ejército y un poder fáctico en auge llamado a ejercer una importantísima influencia en el devenir nacional, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Para el llamado nuevo empresariado guatemalteco, con una mentalidad inversora y contratadora que le diferenciaba del terrateniente tradicional, la unánime condena internacional al Serranazo, empezando por Estados Unidos y la OEA, era un desastre que debía medirse en términos de incidencia en los negocios.

Las presiones de la facción "constitucionalista" de Pérez en coordinación con el CACIF operaron en dos tiempos. Primero, consiguió que el grupo de García Samayoa diera por desahuciado a Serrano, que sin este valimiento no tuvo más remedio que renunciar al cargo y huir a El Salvador el primero de junio. Sin embargo, la crisis no quedó zanjada entonces porque los tres generales citados concibieron una solución que, aunque sobre el papel era constitucional, concitó el rechazo frontal de los partidos y la patronal por presentar un cariz de conchabanza reaccionaria: que el Congreso invistiese al vicepresidente de la República, Gustavo Adolfo Espina Salguero, personalidad de perfil notoriamente derechista.

El 2 de junio el pulso que se libraba en la cúpula castrense pareció inclinarse del lado del triunvirato de generales duros al emitirse la orden de destitución del jefe de la D-2, acusado de deslealtad por reunirse con el sector privado sin el consentimiento de sus superiores. Pérez eludió un posible arresto poniéndose a buen recaudo. En la jornada siguiente, el Congreso, liderado por la Unión del Centro Nacional (UCN) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), rechazó la investidura de Espina, que también fue inhabilitado por la Corte de Constitucionalidad. Con Pérez oculto por seguridad, adquirió un protagonismo decisivo el subjefe del EMDN, el general Enríquez, quien consensuó con el CACIF y los partidos mayoritarios una salida satisfactoria para todos. La misma consistió en llevar a la Presidencia al procurador general de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, un servidor del Estado políticamente independiente y que gozaba de prestigio.

Roles con los presidentes de León Carpio y Arzú: la transición militar
El 5 de junio de 1993 el poder legislativo aceptó la renuncia de Espina, declaró vacante la Presidencia e invistió a de León titular de la misma para completar el mandato de Serrano. Lo primero que hizo el nuevo jefe del Estado fue acometer una reestructuración del alto mando militar que supuso la promoción de unos oficiales aparentemente más comprometidos con el apoliticismo, el sometimiento al Estado de derecho y la obediencia a la autoridad civil, que era lo que se esperaba de unos soldados profesionales. Aquí entraban en escena Pérez y Enríquez, que vieron recompensada su reciente actuación: el coronel relevó a Ortega como jefe del EMP y el general hizo lo propio en el Ministerio de Defensa con Perussina, relevo temporal de García Samayoa, el cual causó baja en el Ejército (en las semanas que duró el ministerio de Perussina, Enríquez fungió de jefe del EMDN).

Convertirse en el encargado de la protección personal del presidente, en un momento de persistente inseguridad por la reaparición de los escuadrones de la muerte de extrema derecha (cuya víctima más notoria fue, a principios de julio, el dos veces candidato presidencial y líder de la UCN, Jorge Carpio Nicolle, a la sazón primo del presidente), era una prueba elocuente de confianza del estadista en el militar. Nueve años después, desde su exilio panameño y a rebufo de una demanda de extradición para ser juzgado por múltiples delitos políticos y económicos, Serrano iba a justificar su acción de 1993 porque, y esas fueron sus palabras, había tenido que hacer frente a una "conspiración" de "poderosos e influyentes personajes del sector privado" confabulados con la Inteligencia Militar comandada por Pérez.

Pérez mantuvo su ascendiente en la Inteligencia del EMDN desde el momento en que su sucesor en la D-2, el coronel Mario Alfredo Mérida González, poco después viceministro de Gobernación, era un íntimo lugarteniente. Más relevante fue su inclusión en el equipo de representantes del Estado que desde 1990 conducía unas tortuosas conversaciones de paz con la URNG. Llamó la atención que el responsable del EMP se incorporara a la mesa negociadora justo cuando disminuía el papel del Ejército en el proceso. Sin embargo, el coronel traía una cierta aureola de militar razonable y realista, capaz de hacer análisis y de adecuarse a los nuevos tiempos. La impresión era que Pérez, si bien había participado en las operaciones contrainsurgentes que buscaron liquidar a las guerrillas en medio de horripilantes crímenes de lesa humanidad, había asumido la lógica de la paz porque sobre el terreno la batalla estaba completamente ganada por las Fuerzas Armadas y porque el ensañamiento por simple aversión ideológica carecía de sentido una vez extinta la Guerra Fría; además, en las vecinas Nicaragua y El Salvador los conflictos guerrilla-Estado ya estaban enterrados y se avanzaba en las dinámicas de reconciliación nacional.

Mientras negociaba cara a cara con sus todavía enemigos oficiales, Pérez no dejó de maniobrar en la trastienda para favorecer el reciclaje de un Ejército que en América no tenía parangón en cuanto a reputación de brutalidad y salvajismo. En esta línea, abogó, incluso en público, porque se pusiera fin a la impunidad en relación con la comisión de delitos lucrativos en el seno de las Fuerzas Armadas. También, se mostró conforme con la paulatina asunción por el Estado civil de áreas y parcelas de poder –como las cuestiones de inteligencia- en detrimento del Ejército. Sin embargo, la verdadera reforma militar no fue abordada por la presidencia de de León.

Pérez simultaneó los cometidos de jefe del EMP y representante presidencial en la Comisión de Paz (Copaz) hasta el final del mandato de de León en enero de 1996. El ganador de las elecciones de noviembre de 1995 y enero de 1996, Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, un representante de la derecha liberal y proempresarial, le retuvo a su lado en la Copaz y dispuso su subida en la jerarquía de la institución armada. Así, Pérez, una vez relevado en la jefatura del EMP, fue nombrado Inspector General del Ejército y añadió la insignia de general de brigada. El ascenso fue en virtud de un nuevo reglamento interno impulsado por el propio Pérez, todo indica que para favorecer a sus compañeros de promoción (la de 1966, denominada El Sindicato por el fuerte espíritu de camaradería, casi corporativo, que conservaban sus miembros) y con la mirada puesta también en sí mismo, y que entre otros cambios supuso la reducción de la carrera militar de 33 a 30 años y la disminución de cinco a cuatro los años requeridos para que un coronel pudiera llegar a general.

El momento cumbre en la trayectoria del militar Pérez, fundamental para su posterior desembarco en la política, tuvo lugar el 29 de diciembre de 1996, después de firmar con la guerrilla varios de los acuerdos de paz sectoriales. Ese día, vestido con su uniforme de gala, el general fue una de las autoridades que rubricó en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala y ante una nutrida representación internacional el Acuerdo de Paz Firme y Duradera y el Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz. Bajo la mirada atenta de un exultante Arzú, firmaron los acuerdos finales los comandantes de la URNG y por parte del Gobierno lo hicieron los cuatro miembros de la Copaz, a saber, Pérez, el antiguo guerrillero Gustavo Porras Castejón, la economista Raquel Zelaya Rosales y el ex ministro de Finanzas Richard Aitkenhead Castillo.

Después de esta ceremonia histórica la estrella ascendente de Pérez palideció. Enterado del alcance de los negocios de contrabando en los que estaban metidas importantes instancias del Ejército, Arzú mandó a retiro a varios generales supuestamente involucrados en prácticas irregulares. El Periódico de Guatemala, que investigó estos entresijos, informó en su momento que el entorno del EMP –ahora, este órgano debía ser abolido en cumplimiento de los Acuerdos de Paz- de la época del general Ortega había salido especialmente malparado y que el escándalo había salpicado al círculo de Pérez, cuyo nombre fue intencionadamente sugerido por ciertos adversarios internos del Ejército. La intriga terminó pasando factura al oficial que había recomendado a de León Carpio, sin éxito, lo que ahora Arzú no vaciló en hacer: depurar a altos oficiales con los historiales manchados. Como resultado, Pérez abandonó la Inspección General del Ejército y fue enviado a la Junta Interamericana de Defensa, foro de asesoramiento militar en la esfera de la OEA. Durante dos años, entre 1998 y 2000, el general guatemalteco estuvo asignado a esta entidad con sede en Washington.


2. Salto a la política formal con el Partido Patriota
Tras ganar las elecciones de diciembre de 1999, el sucesor de Arzú desde enero de 2000, Alfonso Antonio Portillo Cabrera, del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se planteó ofrecer a Pérez el Ministerio de Defensa con la misión de profundizar la reforma militar (el nuevo mandatario pretendía suprimir el EMP, desacreditado sin remedio tras la implicación de sus responsables en el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi Conedera, y transferir competencias de inteligencia a la esfera civil, tal como reclamaba la opinión pública), pero el fichaje, que habría sido muy sonado, fue frustrado por el fundador y líder del partido vencedor, quien no era otro que Ríos Montt. Según la prensa del momento, el ex dictador vetó la presencia en el Gobierno de su factótum y sustituto –la ley le impedía postularse él mismo a la Presidencia- de un general por el que sentía un vivo aborrecimiento.

Puesto que la nueva Administración no iba a asignarle ninguna función ni en las Fuerzas Armadas ni en el servicio civil del Estado, Pérez, a punto de entrar en la cincuentena de edad y sin haber completado los 30 años de carrera en la oficialidad del Ejército, tomó la decisión de darse de baja del mismo y colgar el uniforme para llevar a la práctica un proyecto personal que venía acariciando desde hacía tiempo: entrar en la política profesional al frente de su propia agrupación. En reconocimiento a los servicios prestados, el Ejército le distinguió con la Cruz del Mérito Militar, la más alta condecoración castrense.

La gran fluidez del sistema de partidos guatemalteco, donde desde la restauración democrática de 1986 ninguna formación había conseguido imponerse de manera clara y duradera (la primacía parlamentaria cambiaba en cada legislatura y sus poseedores sucesivos habían sido la DCG, la UCN, el FRG, el PAN de Arzú y ahora el FRG otra vez), facilitaba las irrupciones de proyectos políticos nuevos, casi siempre de corte personalista, aunque supusieran tener que competir duramente por una cuota de votos en el amplio espectro del centro-derecha, sobrerrepresentado en el Congreso. Pérez era un completo neófito en estas lides, pero aportaba una sobrada experiencia en el mando, familiaridad con el manejo de asuntos sensibles del Estado y sus propios diagnósticos sobre la situación y las necesidades del país, amén de una agenda elitista de contactos privados, los imprescindibles canales de financiación y, por supuesto, mucha ambición y confianza en sí mismo. Su gran hándicap podía ser el currículum militar, que presentaba problemas legales desde ya mismo y que podía generar lógicas suspicacias y rechazos en una sociedad donde la memoria de las barbaridades perpetradas por el Ejército a lo largo de décadas de contienda interna estaba bien fresca.

O quizá no tanto. Al eferregista Ríos Montt, arrastrar un historial de crímenes de guerra abrumador como pocos (sólo restaba que un tribunal aceptara las pruebas acusatorias) no le había impedido granjearse una insólita popularidad, como evidenciaban sus sonoros éxitos electorales, a golpe de mensajes populistas. En estos momentos, en 2000, el antiguo dictador era –por segunda vez- el presidente del Congreso, el jefe de hecho del partido en el Gobierno y, a los ojos de muchos guatemaltecos, el verdadero hombre fuerte del país, aunque a partir de ahora iba a tener que lidiar con una serie de causas judiciales. El caso de Ríos Montt constituía un ejemplo insuperable de la impunidad imperante en la Guatemala democrática. El antiguo oficial de kaibiles, que no era comparable a su viejo comandante en jefe y contra el que no había ninguna denuncia penal, debería tenerlo, en teoría, mucho más fácil que él a la hora de neutralizar acusaciones o de blanquear pasajes oscuros en su hoja de servicios.

El proyecto político del general retirado empezó a sustanciarse a finales de 2000 con la formación de un comité organizativo del Partido Patriota (PP), el cual integró entre otros al economista Pavel Vinicio Centeno López, al politólogo Carlos Valentín Gramajo Maldonado, al ex ucenista (y sobreviviente del atentado contra Jorge Carpio) Mario Arturo López Arrivillaga y al empresario Christian Michael Ross Acevedo. Como parte de la campaña promocional, Pérez hizo regulares sus comentarios políticos críticos con el Gobierno de Portillo, diana de un vendaval de acusaciones de negligencia y corrupción, a través de una columna del periódico Prensa Libre.

Los trabajos preparatorios cristalizaron el 24 de febrero de 2001 con la presentación en un acto público del PP, opción que según su conductor se encargaría de sacar a Guatemala "del túnel de oscuridad en que se encuentra". La puesta de largo de los patriotas no fue impedida por un bárbaro ataque contra la familia Pérez que milagrosamente no terminó en tragedia: tres días atrás, unos desconocidos provistos de armas automáticas y cubiertos con pasamontañas habían disparado en dos zonas de la Ciudad de Guatemala contra Rosa Leal de Pérez y Lisseth Pérez de Solórzano; fueron dos acciones separadas pero casi simultáneas, con unos minutos de diferencia entre sí, lo que difícilmente podía ser casual aun en plena ola de crímenes comunes. La esposa del político salió indemne (aunque una mujer que conducía su vehículo junto al de ella sí fue alcanzada por una ráfaga de disparos y murió al estrellarse al volante), pero la hija resultó gravemente herida por cinco impactos de bala y terminó en el hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El esposo y padre fue bastante explícito sobre los posibles autores de los tiroteos: "Estamos abiertos a todas las hipótesis y no descartamos la posibilidad de que gente cercana al Gobierno esté involucrada, por el temor que causa estar haciendo tan mal las cosas", manifestó. El móvil político adquiría más verosimilitud porque el cuarto miembro de la familia, el hijo Otto Fernando, teniente del Ejército, ya había sido objeto de un ataque calcado a los de ahora en noviembre de 2000 cuando se desplazaba en coche por Ciudad San Cristóbal junto con su mujer Luisa María, que resultó herida leve, y su hija de ocho meses. Aunque indignado, Pérez prefirió no abonarse a la especie de que estas agresiones eran "represalias" ordenadas por el entorno presidencial a raíz de ser amonestado confidencialmente por Portillo, quien en 2000 le habría acusado de estar "desestabilizando" a su Gobierno. En marzo, la esposa, los hijos, sus respectivos cónyuges y los dos nietos de Pérez, por seguridad, se trasladaron a vivir a Estados Unidos, donde permanecieron una larga temporada (Otto Fernando se colocó en la Agregaduría Militar en Washington, pero se vio acosado por el Gobierno guatemalteco y pidió asilo político en Estados Unidos).

El 13 de junio de 2002 el PP, al poco de ser acusado su líder por Portillo de promover contra él "varios intentos de golpes de Estado" (y nada menos que en contubernio con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico de Guatemala, y el ex ministro de Defensa coronel Juan de Dios Estrada Velázquez, aunque el presidente se vio obligado a desdecirse a las primeras de cambio), obtuvo la inscripción ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con Pérez de secretario general. El 10 de noviembre siguiente, el PP, en cumplimiento con lo señalado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, celebró su I Asamblea Nacional para elegir a su Comité Ejecutivo y su Consejo Político. Pérez fue confirmado en la Secretaría General y el doctor Alejandro Giammattei Falla fue nombrado secretario adjunto.

Aunque en el PP confluían políticos y profesionales adscritos a diversas corrientes de pensamiento (Carlos Gramajo, por ejemplo, procedía de la socialdemocracia), su orientación en conjunto era claramente conservadora. Exhibiendo un puño alzado y cerrado –y girado al perfil, para evitar confusiones con la iconografía comunista- y el color naranja, el PP se presentaba como una formación de ideología "liberal" guiada por los principios de la "libertad", el "constitucionalismo", la "unidad del Estado", la "solidaridad", la "búsqueda de consensos" y el "amor a la patria", sentimiento este que iba de la mano de la "reconciliación nacional" y la "cultura de paz".

Para los observadores, el PP era un partido de derecha sin aditamentos, pero mostraba ciertos matices que le diferenciaban, en el fondo además de en la forma, de las fuerzas mayoritarias del momento y como él ubicadas en esa parte del espectro, cuales eran el FRG y el PAN. Mientras que el grupo de Ríos Montt y Portillo hacía gala de una retórica populista-religiosa y cortejaba el voto de indígenas, campesinos y pobres con ataques a las élites blancas, y el de Arzú representaba el pragmatismo, la moderación y el impulso prioritario a los negocios, Pérez y sus colegas se ajustaban más a una derecha convencional asociable a los postulados tradicionales de patria, ley y orden. Ahora bien, en el PP no había señales de extremismo y su talante era totalmente democrático, luego en modo alguno podía considerársele una reencarnación de los extintos partidos de la derecha dura promilitar (MLN, PID, CAO y otros). Además, su vocación era convertirse en una fuerza política policlasista.

En los años siguientes, los patriotas de Pérez iban a confirmarse como un partido serio que nunca instigaría las bajas pasiones de sus militantes si las cosas no le salían como querían (cual era la propensión del FRG) y que hacía hincapié en el componente social de la economía de mercado y en la responsabilidad del Estado como proveedor de servicios públicos y garante del desarrollo humano (luego a diferencia del PAN, neoliberal sin disimulos).


3. De la experiencia de la GANA en 2003 a la tentativa presidencial de 2007
La próxima elección nacional tocaba en noviembre de 2003, pero Pérez no podía candidatear a la Presidencia porque el artículo 186 de la Constitución prohibía optar al cargo a los ex miembros del Ejército en una situación de retiro inferior al lustro. En su caso, el general llevaría entonces tan sólo tres años licenciado. El PP barajó en un principio postular al conocido periodista de la CNN Harris Whitbeck Piñol, quien se había movido en el entorno del FRG, pero finalmente decidió concurrir a las elecciones como socio de la Gran Alianza Nacional (GANA), una coalición de centro-derecha forjada por el empresario y ex alcalde capitalino Óscar Rafael Berger Perdomo, antigua mano derecha de Arzú y el candidato del PAN batido por Portillo en 1999.

En la GANA, Pérez y los patriotas compartieron empresa electoral con otras dos formaciones conservadoras, el Movimiento Reformador (MR) de Alfredo Skinner-Klée Arenales y Jorge Briz Abularach, y el Partido Solidaridad Nacional (PSN), grupúsculo que animaba el ingeniero Jorge Francisco Gallardo Flores. El objetivo inmediato era cerrarle el paso al recalcitrante Ríos Montt, quien, saliéndose con la suya en su particular batalla judicial, pudo inscribir la candidatura luego de serle vetada en 1990 y 1995. La automarginación del PAN de la coalición dividió también los respaldos del nuevo empresariado urbano, aunque la oligarquía terrateniente tradicional apostó decididamente por los aliancistas. La GANA proclamó a su artífice, Berger, candidato a presidente de la República, al ex ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Stein Barillas candidato a vicepresidente y a Pérez cabeza de la lista nacional al Congreso.

El 9 de noviembre Berger consiguió deshacerse del caudillo eferregista y en la segunda vuelta del 28 de diciembre se impuso también al empresario textil Álvaro Colom Caballeros, aspirante de la coalición de centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En las legislativas, GANA quedó en primer lugar y metió 47 representantes en el Congreso, de los que una decena correspondieron al PP. El secretario general del partido estuvo de vuelta en el ámbito del Ejecutivo nacional como Comisionado Presidencial para la Seguridad y la Defensa. Se trataba de un cargo adscrito a la oficina de Berger y no suplantaba al ministro de Defensa, a la sazón el general César Augusto Méndez Pinelo. El cometido fundamental de Pérez era impulsar la lucha del Estado contra el crimen organizado, que desde el final de la guerra civil venía experimentando un auge verdaderamente preocupante, y sus ramificaciones mafiosas en las Fuerzas Armadas, donde seguían abundando los elementos dedicados al narcotráfico y el contrabando.

El nuevo curso político se vio sobresaltado a mediados de mayo de 2004, cuando Pérez sólo llevaba cuatro meses en el cargo. Irritado al enterarse de que Berger había sostenido una reunión clandestina con Ríos Montt –no obstante haber en su contra una orden de arresto domiciliario- para pedirle el apoyo del FRG al plan fiscal del Gobierno, el comisionado no se lo pensó dos veces y el 17 de mayo presentó la dimisión irrevocable. La constatación de un pacto entre el presidente y el jefe de una agrupación corrupta que en el pasado cuatrienio se había dedicado a saquear las arcas del Estado desde los despachos del poder empujó al PP fuera de la GANA y provocó también la retirada del apoyo parlamentario al oficialismo por parte del PAN y la UNE.

Pérez continuó en la brecha política desde su curul en el Congreso, donde lideró un grupo parlamentario recrecido con la captación de tránsfugas de otras bancadas. Hasta el final de la legislatura, el PP practicó una oposición matizada por el respaldo al Gobierno en algunas votaciones, pero en todo momento criticó su falta de nervio en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Su labor legislativa se concentró en las normas relacionadas con las áreas que mejor conocía. Así, fue ponente de las siguientes iniciativas de ley: para otorgar un beneficio pecuniario a los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil que funcionaron durante los años del conflicto armado (2004); de la Dirección General de Inteligencia Civil (2005); para Prevenir, Controlar y Erradicar las Pandillas Juveniles, Agrupaciones Ilícitas y Delincuencia Organizada (2005); para Prevenir y Combatir el Crimen Organizado y la Delincuencia (2006); y de reformas de la Ley Contra la Narcoactividad (2006).

De manera simultánea, el dirigente fue preparando su candidatura presidencial en las elecciones de 2007, la cual ya no topaba con impedimentos constitucionales. El PP lanzó una ruidosa campaña proselitista para aumentar el número de afiliados y definió una estrategia plasmada en los documentos programáticos Sendero Patriota y Vuelo del Quetzal. El 29 de abril de 2007 la Asamblea Nacional Extraordinaria del PP nominó a su secretario general candidato a la jefatura del Estado. El compañero de plancha para el puesto de vicepresidente era una influyente personalidad del sector privado, Ricardo Castillo Sinibaldi, varias veces presidente del CACIF y desde 1970 al frente del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA).

Sin sorpresas, Pérez planteó una oferta electoral dominada por el problema, muy acuciante a estas alturas, de la delincuencia organizada, el pandillismo y el tráfico de todo tipo de productos ilícitos. Para hacerle frente, el postulante patriota, entre expresiones de devoción católica a Dios, proponía aumentar el gasto militar y policial, poner 10.000 agentes más a patrullar las calles, recuperar para el Estado los territorios al margen de la ley y restablecer la pena de muerte para los delitos de sangre más graves. Asimismo, el opositor llevaba meses denunciando la existencia de dos escuadrones de la muerte parapoliciales dedicados a la llamada "limpieza social", es decir, las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes comunes.

El fácil eslogan, que era exactamente el icono de partido, de la mano dura contra estas alarmantes plagas señoreó los mítines y los spots televisivos del PP. Ahora bien, la mano dura era para el presidenciable una actitud y una forma de gobierno, no sólo firmeza en la lucha contra el crimen. Así, con mano dura prometía atajar la evasión de impuestos, impedir el regionalismo autogestionario de algunas comunidades mayas y reorganizar la sanidad pública en aras de su eficiencia. El aspirante patriota se consolidó en las encuestas como un seguro disputador de la segunda vuelta y entabló un duelo particular con la gran esperanza de la izquierda moderada, opción ideológica que desde el golpe reaccionario de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz Guzmán había estado excluida del poder, la mayor parte de ese tiempo por la fuerza: se trataba de Álvaro Colom, quien volvía a intentarlo con un programa de aires socialdemócratas.

La aspereza dominó la dialéctica entre los dos candidatos, arrastrando el proceso electoral a la polarización clásica derecha-izquierda. Colom arrojó sombras de sospecha sobre el pasado militar de su adversario y vinculó los desmanes del pistolerismo político a lo largo de la campaña y con anterioridad a la misma (varias decenas de candidatos y cargos asesinados, muchos de ellos de la UNE) a grupos del crimen organizado apoyados por ex oficiales del Ejército vinculados a su vez a la antigua Inteligencia Militar. Pérez refutó estas insinuaciones reivindicando su trayectoria marcial, a la que debía su capacidad de "liderazgo, rectitud y lealtad", y puso el dedo en la llaga de los recientes escándalos sufridos por la UNE, apuros judiciales inclusive, por su presunta financiación ilegal y la presunta infiltración en sus cuadros de reconocidos elementos corruptos y mafiosos. El general retirado acusó al Colom de dirigirle una "campaña negra" para manchar su reputación y el antiguo funcionario del Estado echó en cara a Pérez que con tanta invocación de la mano dura lo único que hacía era estimular la violencia.

En cuanto a las fuentes de financiación del candidato patriota, al que parecía no faltarle dinero, en 2010 iba a saberse, gracias a las filtraciones a Internet por la organización Wikileaks, que entre sus aportadores de fondos figuraban las "cuatro familias más ricas de Guatemala", a saber, los Castillo, los Novella, los Herrera y el magnate Dionisio Gutiérrez Mayorga. Es lo que le reveló Pérez en persona al embajador de Estados Unidos, el cual principalmente quería saber qué había de verdad sobre las atribuidas relaciones entre el PP y los Mendoza, una conocida familia de mafiosos guatemaltecos activa en el narco. En relación con este espinoso punto, Pérez sólo reconoció unos contactos limitados, en 2003, con uno de los hermanos Mendoza, el "menos malo" del clan, se decía en el cable diplomático.

El 9 de septiembre de 2007 Pérez se aseguró el paso a la segunda vuelta con el 23,5% de los sufragios, 4,7% puntos menos que Colom. En las elecciones al Congreso, el PP no lo hizo tan bien y con 30 escaños hubo de conformarse con la tercera posición por detrás de la UNE y la GANA, que se había presentado a las urnas reformulada y achicada. Saltó a la vista que los patriotas basaban su pujanza en la succión del voto derechista del FRG y no a costa del partido del desgastado Gobierno Berger, que presentó como candidato a Alejandro Giammattei, el antiguo número dos del PP. El representante de los riosmonttistas, Luis Armando Rabbé Tejada, se hundió al quinto lugar.

Al comenzar la segunda y definitiva campaña electoral, Pérez asumió la condición de favorito. Según todos los observadores, Colom perdía fuelle por su imagen de hombre blando y tuvo grandes dificultades para contrarrestar el enérgico discurso anticrimen del viejo experto en contrainsurgencia. Pero en la recta final, el socialdemócrata consiguió la remontada al sacarse de la faltriquera un plan para obtener resultados tangibles en los primeros 100 días de gobierno, plan que copió la promesa de su contrincante de expulsar al hampa de sus feudos. En la víspera de la segunda vuelta del 4 de noviembre, Pérez seguía en cabeza con unos pocos puntos de ventaja, insuficientes para vaticinar la victoria. De hecho, la situación podía considerarse un empate técnico. Además, se esperaba una alta abstención y la cifra de indecisos era también elevada.

Al final, Pérez, con el 47,2% de los votos, perdió el envite. Los patriotas protagonizaron un registro electoral insólito: vieron escapárseles la Presidencia pese a ganar, y de calle (con 19 puntos porcentuales y 139.000 votos de ventaja), en Guatemala capital, circunscripción que concentraba el 24% del padrón electoral. Un análisis preliminar apuntó que en el criterio de numerosos votantes había terminado pesando no tanto la oferta de Colom como el rechazo al "retorno de los militares" al poder, por más que Pérez fuera un civil con un proyecto legítimo y democrático. En un gesto positivo para la democracia guatemalteca, Pérez hizo gala de buen perdedor al anunciar una "oposición constructiva" para seguir adelante con "la guerra contra la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la pobreza".


4. Triunfo en la elección de 2011 bajo el agobio de la violencia
Pérez comenzó a preparar su siguiente asalto electoral, el de las presidenciales de 2011, tan pronto como arrancó el nuevo curso político. Mientras practicaba la oposición al Gobierno Colom, se dedicó a recorrer todas las ciudades y municipios del país para explicar sus propuestas alternativas. El gran error de las elecciones de 2007 había sido librar una campaña basada de manera casi monotemática en la seguridad, así que el PP se esforzó en diseñar una oferta programática más variada, que incorporase abundantes contenidos de economía y sociedad.

En mayo de 2009, en mitad de la polvareda nacional levantada por la divulgación del video póstumo del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano en el que este acusaba directamente a Colom de estar detrás del asesinato que sabía le aguardaba, el líder opositor convocó una rueda de prensa para denunciar la existencia de un complot contra su vida en el que estarían implicados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Según Pérez, policías "corruptos" de Quetzaltenango habían contratado sicarios para matarles a él y a su mano derecha, la profesora y periodista Íngrid Roxana Baldetti Elías, jefa del grupo parlamentario patriota y desde el 7 de junio siguiente secretaria general del partido. El denunciante, sin evocar de manera expresa los atentados contra su esposa e hijos en 2000 y 2001, añadió que ya había un detenido en relación con el caso y que la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaban informadas de los hechos.

El 27 de marzo de 2011, en una multitudinaria Asamblea Nacional, el PP oficializó el binomio electoral formado por el líder, Pérez, y la secretaria general, Baldetti. El 1 de junio el tándem presidencial dio a conocer la Agenda del Cambio 2012-2016, que definía cinco "ejes estratégicos" desglosados a su vez en "25 propósitos de gobierno". El primero de dichos ejes era Seguridad Democrática y Justicia, que recogía las propuestas en materia de lucha contra el crimen ya expuestas en la campaña de 2007 (salvo la pena de muerte, que Pérez, al parecer, ya no consideraba una medida "disuasoria"), pero incorporándoles las dimensiones del fortalecimiento institucional, para poner coto a la impunidad, pues sólo un ínfimo porcentaje de los delitos de sangre llegaba a juicio, y de la cooperación regional centroamericana, para hacer de Guatemala el país líder en este frente, pues las mafias del narcotráfico y el pandillismo de las maras eran unos fenómenos abiertamente transfronterizos. Así, el Estado guatemalteco se había visto incapaz de contener la invasión del cartel de la droga mexicano de Los Zetas, dueño ya de extensas zonas de los departamentos norteños de Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango.

Los siguientes ejes de la Agenda del Cambio eran: Desarrollo Económico Competitivo, que incidía en la "mejora del clima de negocios" para atraer inversión nacional y extranjera generadora de empleos, y hacer realidad así el "potencial de crecimiento económico sostenido" de un 4% o un 5% anual; Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo, a fin de que todos los guatemaltecos lograran acceso a los servicios básicos en un marco de "desarrollo sostenible y sustentable"; Inclusión Social, a través de una serie de estrategias integrales encabezada por una de "cero hambre"; y Desarrollo Rural Sostenible, para que el bienestar alcanzara a los guatemaltecos del campo, tradicionalmente marginado. Si al PP se le daba la oportunidad de aplicar este programa, Guatemala se convertiría en un país "seguro, próspero y solidario". Además, el presidenciable no tuvo ambages en tomar prestada terminología izquierdista al hablar de la "Revolución Patriota" en ciernes. En cuanto al famoso eslogan de 2007, fue recuperado, pero con unos aditamentos que lo enriquecían y refinaban: la nueva divisa del PP pasó a ser Mano dura, cabeza y corazón. "Mano dura no es represión, sino un compromiso con el fin de la violencia", explicó Pérez al diario español El Mundo.

Llegado junio, Pérez disfrutaba en las encuestas de una considerable ventaja sobre la candidata del oficialismo, Sandra Torres Casanova, quien en abril anterior se había divorciado de Colom sólo para poder sortear la disposición constitucional que prohíbe a los familiares y parientes del presidente de turno postularse al cargo. El escándalo fue mayúsculo y a finales de mes el TSE, argumentado "fraude de ley", denegó la inscripción a la ex primera dama (la UNE apeló, pero en agosto la Corte de Constitucionalidad apartó definitivamente a Torres de la contienda electoral). Exonerado de competir con Torres, Pérez vio ante sí un panorama fausto porque los demás postulantes aparecían a mucha mayor distancia. Los mejor situados entre ellos, el abogado y empresario Manuel Antonio Baldizón Méndez y el académico de ciencias José Eduardo Suger Cofiño, cabezas respectivamente de los partidos nuevos LIDER (populista) y CREO (derecha), no superaban la barrera del 10%.

A principios de julio, la expectativa de voto del ex general excedía el 40%, con todo, un porcentaje insuficiente para proclamarse presidente en la primera vuelta. El 5 de ese mes, tres activistas pro Derechos Humanos estadounidenses presentaron al relator especial de las Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, una Carta de Alegato en la que denunciaban que Pérez había estado "directamente involucrado en el uso sistemático de tortura y en actos de genocidio durante el conflicto interno en Guatemala". En concreto, se pedía una investigación contra el ex militar por la tortura dosificada, con el fin de arrancarle información sobre sus compañeros en armas, y la desaparición última de un comandante guerrillero capturado, Efraín Bamaca Velásquez (quien era además esposo de Jennifer Harbury, una de las denunciantes), entre 1992 y 1993, cuando Pérez dirigía la D-2.

El informe iba acompañado de una grabación filmada en septiembre de 1982 en la que aparecía el entonces mayor de kaibiles, con su uniforme de campaña y rodeado de soldados, hablando con el periodista estadounidense Allan Nairn en el Convento de Nebaj, en el llamado triángulo Ixil de Quiché, escenario de algunas de las peores masacres campesinas durante la presidencia de Ríos Montt. A sus pies, fotografiados por la reportera Jean Marie Simon, se tendían los cadáveres de tres presos con signos de haber sufrido una brutal violencia. Aunque barbado y tras el alias de Mayor Tito , en el fragmento de película, correspondiente a un documental finlandés sobre la guerra civil guatemalteca, Pérez era claramente identificable por el tono de su voz y sus rasgos faciales,

Al hilo de esta información, los detractores del candidato reavivaron la polémica suscitada en 2007 por la mención de Pérez como posible implicado en otro caso comprometedor, el del asesinato de monseñor Gerardi en 1998. Así, el general aparecía citado varias veces por el periodista estadounidense de origen guatemalteco Francisco Goldman en su obra The Art of Political Murder: Who Killed the Bishop?, libro de investigación publicado aquel año que barajaba una serie de sospechosos del magnicidio además de los oficiales del EMP ya juzgados y condenados. Como en las elecciones de 2007, Pérez negó de manera tajante haber violado Derechos Humanos durante su etapa en el Ejército e hinchó pecho recordando su contribución a los Acuerdos de Paz: "En el Ejército había resistencia a terminar la guerra (…) Afortunadamente logré convencerlos y hoy recibo el reconocimiento de muchos que me llaman el general de la paz", afirmó.

En apariencia, estas polémicas no supusieron una merma significativa del volumen de apoyos de Pérez, pero la descalificación de Sandra Torres, que, cosa insólita, dejó al oficialismo sin representante en la liza presidencial, dio alas a las candidaturas, hasta entonces marginales, de Baldizón y Suger, en particular la del primero, que subió espectacularmente. Como resultado, el 11 de septiembre de 2011 Pérez, con un 36% de votos, se encontró con que su rival para la segunda vuelta era el acaudalado dirigente de LIDER. El 6 de noviembre, por último, Pérez ganó la partida con el 53,7% de los votos.

En las legislativas, el PP se convirtió en la primera fuerza del Congreso con una mayoría simple de 56 escaños, ocho más que la lista conjunta de la UNE y la GANA. Así las cosas, el próximo Ejecutivo patriota iba a tener que pactar apoyos legislativos a más de una banda, pues le faltaban 23 curules para la mayoría absoluta y sólo el bloque combinado de uneístas y ganistas superaba esa cuota. De acuerdo con el TSE, la participación había sido del 60,8%, cifra récord en una segunda vuelta electoral. Por otro lado, el hijo tocayo de Pérez, Otto Fernando, ingresado también en la carrera política en las filas del PP, resultó elegido alcalde de Mixco, municipio del departamento de Guatemala prácticamente fusionado ya con la capital, con la que formaba área metropolitana; con más de 700.000 habitantes, Mixco era de hecho el tercer municipio más poblado del país.

En sus primeras palabras para los periodistas, el presidente electo se declaró "contento", "emocionado" y "motivado" por la respuesta de los guatemaltecos: "No los voy a defraudar, haré mi mayor esfuerzo para lograr lo que prometimos, para logra la paz y la seguridad que el país tanto necesita", manifestó. Días después de la elección, el jefe del Estado entrante comunicó la intervención directa a partir del año siguiente de las unidades de élite del Ejército, los kaibiles y los paracaidistas, en la lucha contra el narcotráfico. El anuncio, que ponía a Guatemala en la senda iniciada por México en 2006 -y con más que dudosos resultados en el país norteamericano-, fue hecho a la salida de una reunión con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser.

El 14 de enero de 2012 Otto Pérez Molina prestó juramento del cargo de presidente de Guatemala con un mandato de cuatro años. A la toma de posesión en el Domo Polideportivo de la capital asistieron los mandatarios de México, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haití, Surinam y, fuera del continente americano, Georgia. En su discurso inaugural, el presidente subrayó que heredaba un país "en crisis", infectado de "desorden y corrupción" y "muy cerca de un quiebre económico y moral", con una "infraestructura abandonada, destruida, y una deuda flotante sin precedentes". Este deplorable estado de cosas, continuó diciendo, era debido "al desorden administrativo, financiero y al manejo de programas dirigidos al interior, pero que se tradujeron en un manejo clientelista y populista, en lugar de llegar a romper el círculo de la pobreza".

En cuanto al final de la confrontación y la superación de los estigmas de la guerra civil, sus palabras fueron: "Le pido a Dios que nos conceda la sabiduría de promover con ahínco la reconciliación verdadera, que nos de las fuerzas para atender los rezagos y las injusticias, reparar el tejido social". Su deseo: "Ser capaces de perdonarnos realmente entre todos y ser capaces de ver hacia delante para construir una sociedad y una cultura de paz, con pleno respeto a los Derechos Humanos; sueño con que la mía sea la última generación de la guerra y la primera generación de la paz en Guatemala". En una curiosa digresión, el flamante mandatario enmarcó este "esfuerzo de cambio" en la "dimensión superior y más profunda de un cambio de época a nivel mundial" tal como lo hicieron notar "los antepasados mayas" en su calendario de la cuenta larga, cuyo b'ak'tun actual (unidad temporal equivalente aproximadamente a 400 años) terminaba el 21 de diciembre de 2012.

Sobre la alocución presidencial del 14 de enero flotó la conmoción por el doble asesinato a tiros, perpetrado en la víspera por sicarios encapuchados en una calle de la capital, del congresista electo Óscar Valentín Leal Caal, ex gobernador de Alta Verapaz y ex alcalde de San Juan Chamelco, y de su hermano Erick. El propio Pérez Molina, en sus últimas palabras como mandatario electo, había indicado que Leal, miembro del partido LIDER (Libertad Democrática Renovada) de Baldizón, estaba recibiendo "muchas presiones" por su intención de pasarse a las filas del PP.

El traspaso de poderes quedó completo con la entrada en funciones del nuevo Gobierno. En él, destacaban las presencias de dos altos oficiales del Ejército, el uno retirado y el otro en activo, para las carteras clave: el ex teniente coronel Héctor Mauricio López Bonilla se hacía cargo de la Gobernación y Ulises Noé Anzueto Girón, recién ascendido a General, de la Defensa. Ambos debían ultimar sendos planes estratégicos para movilizar eficazmente a las fuerzas bajo su mando en la recuperación del territorio nacional disputado por las mafias del narco, en especial los envalentonados Zetas. En dicha campaña, que se prometía harto complicada, las inteligencias civil y militar iban a ser determinantes, aseguró Pérez, cuyo primer movimiento fue acudir a la Brigada Militar Mariscal Zavala para demandar al alto mando castrense su leal implicación en esta lucha. A fin de "neutralizar a los grupos armados ilegales", el Gobierno pondría en marcha dos nuevos cuerpos especiales del Ejército destinados a luchar contra "la inseguridad en el país y en las zonas fronterizas".


5. El debate regional sobre las drogas, la militarización de la lucha contra la delincuencia y las repercusiones del juicio a Ríos Montt
Tras posesionarse de su despacho de la Casa Presidencial, Pérez empezó a mover fichas para, tal como había prometido en la campaña electoral, estimular el debate regional sobre la despenalización y regulación del trasiego de drogas ilícitas en América Central, a fin de conseguir una reducción del consumo, concentrado en Estados Unidos, y disminuir así los suculentos beneficios que este negocio proporcionaba al crimen organizado, lacra que, entre tanto, iba a ser combatida por el Estado con todos los medios a su alcance, incluidos los militares. El nuevo líder guatemalteco encontró de entrada el respaldo, al poco enfriado y finalmente retirado, de su colega de El Salvador, Mauricio Funes, quien había llegado al poder en el país vecino en 2009 como el candidato de la antigua guerrilla izquierdista local, el FMLN.

Sin amilanarse por el rechazo tajante de Estados Unidos a su iniciativa, la cual, según Washington, de plasmarse, "supondría una amenaza para la salud y la seguridad públicas", Pérez consiguió despertar el interés de los líderes de México, Colombia, Costa Rica y otros países latinoamericanos, que se comprometieron a analizar colectivamente la cuestión. Precedida por la reunión conjunta de los mandatarios centroamericanos con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Tegucigalpa, las polémicas propuestas guatemaltecas ocuparon el orden del día de una cumbre especial celebrada en Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el 24 de marzo de 2012. Pérez pretendía alcanzar aquí un consenso regional sobre su propuesta de agenda y acudir así con una postura común a las discusiones sobre el tema en la VI Cumbre de las Américas que iba a tener lugar en abril en Cartagena de Indias, Colombia.

A la reunión, convocada por Pérez bajo el nombre de Nuevas rutas contra el narcotráfico, solo asistieron los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Panamá, Ricardo Martinelli. La invitación fue declinada sin dar explicaciones claras por el salvadoreño Funes, el hondureño Porfirio Lobo y el nicaragüense Daniel Ortega, triple ausencia que fue vista como un embarazoso desaire al organizador y que dejó en evidencia la influencia determinante de Estados Unidos en la zona. Saliendo al paso de los titulares periodísticos que hablaban de "fracaso" sin paliativos, Pérez se aferró al hecho de que los ocho países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) "estuvieron presentes a través de delegaciones de alto nivel" y estudiaron detenidamente su plan.

Pérez participó en la cumbre continental, la de Cartagena de Indias, que, bajo el liderazgo del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, puso sobre la mesa la sugerencia a Estados Unidos por un grupo de países latinoamericanos abiertos a las fórmulas de despenalización parcial y regulación de sustancias estupefacientes de que se exploraran "nuevos enfoques" en la lucha contra el narcotráfico, pues la guerra antidrogas con medios militares, que ya duraba tres décadas, no estaba teniendo los resultados apetecidos. Santos, Pérez y otros dirigentes reclamaban a la Administración Obama una estrategia antidrogas radicalmente diferente de la actual, ya que la persecución a ultranza, lejos de reducirlos, estaba incrementando los niveles de violencia en las sociedades de origen y tránsito de los narcóticos, algo que Guatemala, país clave en el corredor centroamericano del narcotráfico entre la región andina y México, sufría en sus carnes como el que más.

Sin embargo, la Cumbre de las Américas, debido a múltiples diferencias, ni siquiera pudo alumbrar una declaración conjunta, ni sobre este ni sobre cualquier otro punto. La proposición de Pérez en materia de narcotráfico quedó sobre la mesa, pero asediada de reticencias, lo que dificultaba su concreción. En la XXXIX Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada en Tegucigalpa poco después, en junio de 2012, la cuestión quedó completamente al margen del Plan de Acción adoptado por los mandatarios, el cual incluía acciones coordinadas en una serie de "pilares de integración" ya definidos por el SICA, a saber, los de Seguridad Democrática, Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales y Cambio Climático, Integración Social, Integración Económica y Fortalecimiento Institucional.

Con todo, el asunto de las "nuevas alternativas" para enfrentar el problema de los narcóticos sí captó la atención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que dos años después, en mayo de 2014, celebró en La Antigua su I Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas, a la que asistieron las más altas autoridades de los estados miembros en la materia. A posteriori, Pérez consiguió que la OEA considerara también sus ideas. La 43ª Asamblea General de la organización, reunida en Antigua Guatemala en junio de 2013, aprobó la Declaración por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas, que instaba a la "búsqueda de soluciones efectivas de manera coordinada" y alentando "el abordaje de nuevos enfoques basado en el conocimiento y la evidencia científica". Aunque el dirigente guatemalteco no consiguió que el texto de la declaración recogiera la posibilidad de despenalizar algunas drogas, expresó su satisfacción porque la Asamblea "se atreviera a buscar un cambio de paradigma".

Tras el fiasco diplomático del principio de su mandato, Pérez, mientras su Administración afrontaba los primeros escándalos que sacaban a la luz el grado de impunidad y corrupción que gangrenaban miembros fundamentales del cuerpo del Estado (como el de la detención, en marzo, de Marlene Blanco Lapola, ex directora de la PNC y viceministra de Apoyo Comunitario en el Gobierno de Álvaro Colom, acusada de unos delitos de asociación ilícita y ejecución extrajudicial por su presunta implicación en una serie de operaciones clandestinas de "limpieza social" en 2009, que supusieron la ejecución de tres personas, y en la proliferación de una estructura criminal paralela en la PNC), se concentró en aplicar su estrategia de mano dura, cabeza y corazón para reducir las cifras de la criminalidad, cuyo elemento más contundente, e inquietante para muchos guatemaltecos, era el despliegue de tropas del Ejército en los puntos calientes. De entrada, los kaibiles se disponían a tomar posiciones a lo largo de la frontera con México para impedir que los cárteles del otro lado siguieran operando a sus anchas en el territorio nacional.

El nuevo esquema de seguridad ciudadana, por el que soldados y agentes de la PNC participarían en dispositivos conjuntos de patrullaje e intervención, fue lanzado por Pérez el 21 de mayo de 2012 en el Palacio Nacional de la Cultura con motivo de la firma por los presidentes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, del llamado Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia, pacto que se adecuaba al concepto regional de la seguridad democrática. Según el gobernante, los objetivos del Plan, que incorporaba, en el terreno legal, un abanico de reformas del sistema judicial y el Código Procesal Penal, así como, en el ámbito social, inversiones públicas para corregir determinadas situaciones de subdesarrollo humano que favorecían el desarraigo y la captación por la delincuencia, eran prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos por el crimen organizado, las maras y los malhechores comunes, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, fortalecer las instituciones, recuperar la presencia del Estado en los sitios donde este había reculado y mejorar el clima general de seguridad. La Presidencia aspiraba a que en el Pacto se implicaran todos los actores del arco político y sectores relevantes de la sociedad civil, no solo las principales instituciones del Estado.

Entre sus objetivos específicos, el Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia perseguía "promover una cultura de paz como recurso privilegiado para tratar los conflictos en la sociedad y desterrar la violencia, la agresión y la intolerancia". Sin embargo, voces de la opinión pública se preguntaron cómo casaba esta declaración de principios con el despliegue recurrente de unidades del ejército en escenarios de conflicto social (como el agravado, con profusión de disturbios y violencias, en abril y mayo de de 2012 en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a raíz del proyecto de instalación de una planta hidroeléctrica) al socaire de los sucesivos estados de sitio y prevención, instrumentos de excepcionalidad constitucional que el Gobierno podía decretar para atajar graves alteraciones del orden público. La conflictividad social amagó con hacerse la tónica del mandato de Pérez, quien al asumir el poder ya heredó el estado de alarma vigente en El Petén y que ciertamente vio malograda su previsión, formulada horas antes de tomar posesión del cargo, de "devolver la tranquilidad al país en seis meses".

A comienzos de julio, una protesta de estudiantes de magisterio rebelados contra el plan de reforma educativa que extendería su ciclo formativo obligatorio de los tres a los cinco años, incluyendo la universidad, degeneró en violentas refriegas con la Policía antidisturbios en la Ciudad de Guatemala. Nada menos que dos ministros del Gobierno, los titulares de Educación, Cynthia del Águila Mendizábal, que fue retenida por exaltados en un recinto cultural (y que tuvo que ser rescatada por la fuerza pública bajo una lluvia de gases lacrimógenos), y de Gobernación, Mauricio López, quien resultó herido al impactarle un objeto contundente lanzado por los manifestantes mientras supervisaba la actuación de sus hombres sobre el terreno, sufrieron en sus carnes las iras de los estudiantes.

Pero la agitación social más preocupante del primer tramo del mandato presidencial fue la protagonizada por los paisanos de Totonicapán, movilizados contra la subida del precio de la electricidad y otras medidas desreguladoras del Gobierno. En octubre de 2012, el bloqueo por miles de manifestantes de la Carretera Interamericana a su paso por el departamento derivó en un enfrentamiento entre militares y pobladores en el que seis campesinos indígenas resultaron muertos. Aunque Pérez, antes de rendirse a las evidencias, negó inicialmente esta versión de los hechos, las víctimas se produjeron al abrir fuego un grupo de soldados, los cuales fueron posteriormente detenidos, con su coronel al mando a la cabeza, acusados de cometer asesinatos extrajudiciales. La matanza de Totonicapán, condenada por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge de León Duque, y por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala, dejó al Gobierno Pérez en una situación delicada a los nueve meses de instalarse.

El 7 de enero de 2013, coincidiendo con el anuncio de la clausura del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ, creado por el presidente Serrano en 1991 para contribuir al desarrollo integral de las comunidades rurales pero últimamente completamente desacreditado por haberse convertido en un auténtico nido de corrupción), Pérez aceptó las renuncias de sus ministros de Exteriores, Harold Caballeros, concurrentemente pastor evangelista y líder del partido liberal Visión con Valores (VIVA), y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Efraín Medina Guerra, miembro igualmente de la citada formación. Ese mismo mes, el asesinato por pistoleros sin identificar del alcalde de Jutiapa, Carlos Enrique Castillo Medrano (y cuyo hermano, el congresista Manuel de Jesús Castillo Medrano, cumplía una larga condena de prisión por el asesinato de tres políticos salvadoreños), engordó la ya ingente lista de cargos públicos abatidos por sicarios y ensombreció el triunfalista balance de resultados trazado por Pérez en su informe del primer año de Gobierno. El mandatario destacó el "descenso histórico" de las cifras de la inseguridad en 2012, con las caídas de las muertes violentas en un 9% (al registrarse 526 homicidios menos que en 2011), de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en más de cuatro puntos (del 38,6% al 34,2%), de los femicidios en un 11% y de los secuestros en un 33% .

En la primavera de 2013 la presidencia de Pérez se vio salpicada de manera desagradable por el desarrollo del juicio contra Efraín Ríos Montt, motivo constante de crispación, por los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en el triángulo Ixil bajo su férula dictatorial. El 4 de abril un testigo protegido de la acusación y que declaraba por videoconferencia, el ex mecánico del cuerpo de ingenieros del Ejército Hugo Ramiro Leonardo Reyes, señaló al actual jefe del Estado como el oficial del destacamento de Nebaj que, bajo el pseudónimo de Tito Arias, impartía las órdenes de ejecutar las matanzas de población civil y arrasar las cosechas de los campesinos mayas en la zona de operaciones contrainsurgentes.

Cuando el 10 de mayo el tribunal que lo juzgaba condenó a Ríos Montt a una pena de 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, Pérez, entre reiteraciones de que él era "respetuoso" con las decisiones de las instancias judiciales y de que no había injerencia alguna de los poderes del Estado en el proceso penal contra el ex dictador, el cual no debía "parcializarse", expresó su preocupación por la "situación delicada" que esta sentencia creaba. "Cuando estamos llamando a que vengan a invertir a Guatemala, lamentablemente esto no es una buena noticia internacionalmente", se quejó el mandatario. Entrevistado por la cadena CNN, Pérez fue preguntado si seguía creyendo que en Guatemala no había habido un genocidio, a lo que el antiguo general respondió que la negativa expresada en su momento la "volvía a repetir ahora", teniendo presente que el fallo judicial de ahora era de primera instancia y "no estaba en firme". El entrevistador, Fernando del Rincón, le recordó a continuación las declaraciones incriminatorias del testigo protegido en el juicio contra Ríos Montt así como ciertas palabras que el hoy presidente tuvo para el periodista Allan Nairn en su reportaje televisivo de 1982, donde el entonces Mayor Tito había afirmado desapasionadamente que "todas las familias están con la guerrilla". Pérez, visiblemente molesto, echó en cara al periodista de la CNN que no hiciera más que "repetir falsedades que dijo un testigo falso" y "sacar frases de contexto".

A cabo de unos días, la CNN volvió a la carga con una entrevista al propio Allan Nairn, quien confirmó lo dicho en 1982 por Pérez y de paso aseguró que la secuencia de decisiones judiciales, iniciada el 18 de abril, sobre la suspensión y el reinicio del juicio contra Ríos Montt había respondido a "presiones directas" del Gobierno, para evitar una posible extensión de la causa criminal al presidente de la República a raíz de las revelaciones del testigo de la fiscalía. El siguiente episodio de esta desabrida peripecia judicial con efectos políticos fue, el 20 de mayo, la anulación por la Corte de Constitucionalidad de la sentencia contra Ríos Montt, al aceptar un recurso de amparo presentado por la defensa del general aduciendo errores de procedimiento. En esta ocasión, Pérez, escarmentado por la reciente tolvanera mediática, guardó mutismo.


6. El gran escándalo de corrupción de La Línea: el desmoronamiento de un Gobierno por etapas
Las repercusiones de la batalla judicial de Ríos Montt, la presencia de militares haciendo funciones policiales en localidades donde había conflictos sociales y la publicación por ONG como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de nuevos datos que reflejaban una inversión alarmante de la tendencia bajista en el volumen de homicidios, extorsiones y otros delitos recogida en los informes del Gobierno tendieron a opacar el activismo presidencial en diversos terrenos. Pérez y sus ministros no se cansaban de recordar que el Ejecutivo estaba empeñado en una serie de actuaciones para transformar el país, englobadas por la denominada Agenda del Cambio 2012-2016.

Además del Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia, estaban el Pacto Hambre Cero, para cubrir las necesidades nutricionales de niños de municipios rurales cuyos padres careciesen de recursos, de manera que pudieran reducirse sustancialmente los casos de hambre crónica (estructural) y atenderse los de hambre estacional (coyuntural), y el Pacto Fiscal y de Competitividad, que sustanciaban la Ley para el Fortalecimiento Institucional, Transparencia y Calidad del Gasto Público, la Ley Antievasión II y la Ley de Actualización Tributaria. Esta última norma, aprobada por el Congreso en febrero de 2012, era objeto de una especial polémica por múltiples motivos. Por ejemplo, para algunos expertos y observadores, la Ley de Actualización Tributaria se quedaba corta para corregir las inequidades del sistema fiscal y era poco realista con el enorme desequilibrio existente entre las necesidades de gastos, en concreto los sociales, y las capacidades recaudatorias del fisco, más bien raquíticas. De hecho, varios artículos de la Ley de Actualización Tributaria, así como de la Ley Antievasión II, fueron objeto de recursos de inconstitucionalidad presentados desde instancias empresariales y partidistas.

Por otro lado, el Gobierno creó, el 25 de enero de 2012 y en sucesión del anterior Consejo de Cohesión Social, el Ministerio de Desarrollo Social como el ente encargado de formular y aplicar los diversos programas sectoriales ya existentes (Bono Seguro, Bolsa Segura y Comedores Solidarios), así como los nuevos instituidos por la Administración Pérez (Hambre Cero, Comedores Móviles y Super Tortilla).

Septiembre de 2014 fue un mes trufado de sucesos inquietantes para el presidente. Primero saltó la noticia de la detención en su propia vivienda de nada menos que el director del Sistema Penitenciario, Edgar Josué Camargo, acusado de asesinato, cohecho pasivo y lavado de dinero. El alto funcionario fue apresado dentro de un operativo de la PNC y el Ministerio Público montado a instancias de la fiscalía especial la CICIG y que se saldó con un rosario de allanamientos y capturas de presuntos delincuentes. A los pocos días, el ex capitán del Ejército Byron Lima Oliva, condenado a 20 años de prisión por el asesinato del obispo Gerardi y ahora acusado de haber constituido desde su celda de reo todo "un poder paralelo", acusó al ministro de Gobernación, Mauricio López, de ser él la persona al frente de la red criminal descubierta en las prisiones y dedicada a extorsionar a los reclusos y traficar con drogas.

El mes se cerró con la decisión por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de castigar al partido del Gobierno, el PP, con un período de suspensión de hasta seis meses por su insistencia en realizar un acto proselitista meses antes de la convocatoria por el propio TSE de la campaña para las elecciones generales de septiembre de 2015. En concreto, se trató de la proclamación, el día 21, del hasta ahora ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejando Sinibaldi Aparicio, como precandidato presidencial del PP y aspirante a suceder a Pérez con el beneplácito de la cúpula patriota. La violación de la normativa electoral era más flagrante porque el acto había estado encabezado por la vicepresidenta de la República y secretaria general de la formación, Roxana Baldetti, a la que la Constitución obligaba a guardar neutralidad política. A estas alturas de su mandato, Pérez ya estaba concitando un diluvio de críticas por sus aparentes maniobras, en conchabanza con el partido LIDER, para colocar a magistrados afines al oficialismo en la Corte Suprema de Justicia y por su decisión de no extender el mandato de la CICIG más allá de 2015. La lucha contra la impunidad en Guatemala, denunciaban sectores de la oposición política y la sociedad civil, pasaba por un momento crítico, como sugería también la decisión por la Corte de Constitucionalidad de no permitir la renovación en el cargo de la fiscal general Claudia Paz y Paz, impulsora preclara del proceso a Ríos Montt.

Sin embargo, la polvareda de corrupción que alcanzó proporciones de huracán y que terminó llevándose por delante a las dos cabezas del poder ejecutivo en Guatemala meses antes de concluir sus mandatos electorales se gestó en el Servicio Aduanero de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El escándalo emergió el 16 de abril de 2015, día en que la CICIG anunció el descubrimiento de una gigantesca red de contrabando en las fronteras nacionales por la que funcionarios del Servicio Aduanero y de la SAT falsificaban documentación de mercancías importadas y se embolsaban ingentes cantidades de dinero, hasta más de dos millones de quetzales a la semana, en sobornos pagados por empresarios a cambio de unas tasas por aranceles más bajas de las estipulados por la ley, con el consiguiente fraude al erario público. El cerebro de la trama, conocida en adelante como La Línea, sería, según el CICIG, el secretario privado de la vicepresidenta Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, capitán retirado del Ejército. Este fue inmediatamente cesado por su jefa, a la que acompañaba en un viaje oficial en Corea del Sur, y sin pérdida de tiempo puso los pies en polvorosa.

La reacción popular ante estas noticias fue fulminante, forzando una cadena de dimisiones que comenzó con la de Claudia Méndez Asencio, la intendente de Aduanas. Ya el 25 de abril alrededor de 20.000 personas, convocadas por cabeceras de la prensa escrita y desde las redes sociales de Internet, acudieron a manifestarse pacíficamente en la Plaza de la Constitución de la capital del país para exigir las renuncias tanto de Baldetti como de Pérez, y que se hiciera pública la lista de cientos de empresarios que habrían utilizado los servicios delictivos de La Línea y que, supuestamente, no salía a la luz por presiones de la poderosa patronal privada, la CACIF. El 27 de abril, con Juan Carlos Monzón a la fuga y la vicepresidenta Baldetti, en el punto de mira desde hacía tiempo por su vida opulenta, en la cuerda floja, Pérez, a través de un mensaje oficial y con tono asertivo, intentó aplacar a la población con un llamado a la calma y la paz social, la confirmación de que la CICIG continuaría operando en el país con "profesionalismo e imparcialidad" y el anuncio de una profunda reestructuración de la SAT para atajar situaciones "indignantes" y "vergonzosas" como la que ahora mismo soliviantaba a los guatemaltecos, cuyos responsables tendrían que "enfrentar todo el peso de la ley con el debido proceso". Por el momento, el curso institucional seguía adelante y el 2 de mayo el TSE convocó elecciones generales para el 6 de septiembre de 2015.

Las animosas palabras del presidente no tuvieron ningún efecto lenitivo. El 6 de mayo la CACIF, que se incluyó a sí misma en el "clamor ciudadano por la lucha contra la corrupción y una exigencia de transparencia", reclamó la renuncia inmediata de Baldetti y amenazó con un paro patronal. El mismo día, la Corte Suprema dio luz verde al Congreso para, si lo consideraba necesario, iniciar el proceso de antejuicio contra la vicepresidenta, cuyo puesto le brindaba fuero e inmunidad, si bien, por el momento, no había cargos contra ella. Al constatar que las élites económicas y los poderes fácticos tradicionales la daban por desahuciada, y que incluso la habían escogido como un chivo expiatorio para concentrar en ella la ira popular con la intención de que esta no se desbordara y terminara reclamando las cabezas de otras personalidades sospechosas de manejos corruptos, Baldetti dimitió el 8 de mayo a través de una carta hecha llegar al Congreso. Este aceptó la renuncia y Pérez presentó al Legislativo hasta tres ternas de candidatos para cubrir el puesto ejecutivo vacante. El 14 de mayo, coincidiendo con la salida del Gobierno del ministro de Energía y Minas, Erick Archilla Dehesa, acosado por ocho peticiones de antejuicio político por presuntos lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, el Congreso se decantó por el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, ex diputado, ex ministro de Exteriores y antiguo embajador Alejandro Maldonado Aguirre, quien juró el cargo de vicepresidente el mismo día.

La caída de Baldetti no hizo más que galvanizar las movilizaciones de repudio en las calles, que empezaron a adquirir un cariz multitudinario y que entonaron las consignas de la dimisión y el procesamiento de Pérez, acusado por la gente de estar complicado con La Línea, además de exigir el fin del "expolio" sufrido por el Estado a manos de los políticos, depuraciones a fondo en todas las ramas del poder público y reformas legislativas democratizadoras. El mandatario tenía la firme intención de agotar su mandato el 14 de enero de 2016, cuando traspasaría la banda presidencial al ganador de las elecciones de septiembre, con eventual segunda vuelta en octubre. Tal como estaban las cosas, el nuevo candidato oficial del PP, el abogado, economista y periodista Mario David García Velásquez, sustituto de Alejandro Sinibaldi -quien había renunciado a su postulación el 19 de abril en protesta por la situación política-, no tenía ninguna posibilidad frente a sus contrincantes de la oposición más destacados, quienes eran Manuel Baldizón por LIDER, el humorista Jimmy Morales Cabrera por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y la ex primera dama Sandra Torres Casanova por la UNE.

El 20 de mayo el país se despertó con un nuevo caso de corrupción a gran escala, destapado por la CICIG y el Ministerio Público, que agudizó la indignación popular: la trama criminal afectaba esta vez al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuya directiva al completo fue detenida por haber concedido a una empresa mexicana, Farmacéutica Pisa, vía sobornos un contrato para los tratamientos de hemodiálisis de los pacientes afiliados al organismo estatal, los cuales habían recibido luego una atención negligente, hasta el punto de, en muchos casos, agravarse su dolencia y producirse varios fallecimientos por peritonitis. Entre los apresados estaba el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez López, quien hasta su nombramiento para ese cargo en abril de 2013 se había desempeñado como secretario privado de Pérez Molina, y el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Roberto Suárez Guerra, en su calidad de asesor económico del anterior.

Sumaba y seguía, y al día siguiente llegó la noticia de la renuncia, solicitada por el presidente, del ministro de Gobernación, López Bonilla. El considerado la mano derecha de Pérez abandonaba el Gabinete para ayudar a disipar cualquier sombra de sospecha sobre su gestión, en la picota por presuntas irregularidades en una serie de contratos y compras realizados por el Ministerio. Tener que prescindir de uno de sus máximos colaboradores gubernamentales y partidistas, a cuya baja se encadenaron, por petición expresa del mandatario también, las de otros seis servidores gubernamentales, entre ellos la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez Kelly, y el recién nombrado titular de Energía y Minas, Edwin Rodas Solares, dejó a Pérez en una situación de máxima debilidad. Tanta, que las pesquisas judiciales, demandadas a voz en grito desde la calle, comenzaron a centrarse en él.

El acorralamiento institucional de Pérez Molina se activó el 10 de junio. Fue entonces cuando la Corte Suprema de Justicia, repitiendo el proceder seguido con la vicepresidenta de la República, aceptó a trámite una denuncia por corrupción presentada contra el presidente el 22 de mayo por el diputado Amílcar Pop Ac, miembro de Winaq, el partido indigenista de izquierda fundado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. En concreto, la demanda de Pop contemplaba los delitos de incumplimiento de deberes, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y estafa, en relación con los casos del fraude fiscal aduanero a través de la SAT y la contrata por el IGSS de la Farmacéutica Pisa. Ahora, el Congreso podía comenzar un proceso de antejuicio para retirar la inmunidad al presidente y permitir su procesamiento por la justicia ordinaria, si es que encontraba fundada la acusación contenida en la denuncia. La cuestión quedó en manos de una Comisión Pesquisidora de la Cámara.

Mientras apenas transcurría un día en que no se reportara una nueva detención o diligencia judicial por presunta corrupción contra algún funcionario o congresista -en particular los de LIDER, cuyo propio candidato presidencial, Baldizón, encajó una solicitud de antejuicio parlamentario-, Pérez se aprestó a detener la acción emprendida en su contra. Primero formuló alegatos de defensa de las acusaciones de Pop y luego presentó dos solicitudes de amparo a la Corte de Constitucionalidad. El 1 de julio el mandatario cosechó una derrota, la revocación por la Corte de Constitucionalidad del amparo provisional que había otorgado a su abogada, Karen Fischer, y el 13 de agosto se apuntó una victoria, a la postre fútil, el fracaso, gracias a la abstención de los diputados de su partido, del intento de retirarle la inmunidad por parte del sector hostil del Congreso. El antejuicio promovido por Amílcar Pop había encallado, pero un segundo antejuicio estaba a punto de materializarse.

El 21 de agosto, al tiempo que Baldetti era detenida por asociación ilícita, fraude aduanero y cohecho pasivo, la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público solicitaron a la Corte Suprema un nuevo proceso de antejuicio contra Pérez por su implicación en La Línea, con presunta comisión de los mismos delitos que se imputaban a su ex vicepresidenta. Las instituciones precisaron que, a la luz de la documentación incautada en los allanamientos, podía colegirse que los jefes de la estructura criminal desmantelada en las aduanas del país habían sido Pérez y Baldetti, y no Monzón, quien seguía prófugo y en paradero desconocido, si no muerto, como empezaba ya a sospecharse. En concreto, la CICIG y la FECI adjudicaban a Pérez el embolsamiento del 61% de los beneficios obtenidos por la red de sobornos y contrabando.

En la noche del 23 de agosto, saliendo al paso de la tremenda presión ambiental que ejercían los ciudadanos con su enérgica movilización sostenida, la multiplicación de las demandas de dimisión desde diversos colectivos de la sociedad civil (los últimos, la Iglesia Católica y, hecho muy significativo, la CACIF) y la cascada de renuncias en el Gobierno (solo ministros, en el plazo de 24 horas dejaron sus puestos Sergio de la Torre Gimeno en Economía, Cynthia del Águila en Educación, Sebastián Marcucci Ruiz en Agricultura y Luis Enrique Monterroso en Salud Pública), Pérez, con oratoria porfiada, se dirigió a sus compatriotas por la televisión para "rechazar categóricamente" los "señalamientos graves" contra su persona hechos por la CICIG y el Ministerio Público, que pretendían "vincularle" con La Línea y, lo que era más, le situaban como "la cabeza de la estructura". El presidente confirmó que no pensaba renunciar y que "daría la cara" y "demostraría frente a la institucionalidad que en ley corresponde mediante el debido proceso" que él "no había sido parte y mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo de Guatemala". Ahora bien, reconocía que personas nombradas por él y "funcionarios y autoridades inescrupulosos" habían cometido graves hechos de corrupción, lo que le obligaba "a pedir una disculpa pública y a pedir perdón" a los ciudadanos. De paso, en alusión a los empresarios de la CACIF, afirmó que había "dos líneas", la que "recibía" los sobornos en las aduanas y la que los "pagaba", aunque esta última todavía "no había aparecido". De paso, deploró el "embate político y mediático" contra él y, esta vez en referencia a la CICIG, denunció la existencia de una "estrategia intervencionista" que tenía por objetivo "dictarnos qué o no hacer y quebrantar la democracia".

El combativo alegato de inocencia pronunciado por Pérez fue brutalmente impugnado al día siguiente por la fiscal general Thelma Aldana Hernández de López, la cual informó que en una de las escuchas telefónicas reproducidas durante la declaración de la acusada Baldetti podía escucharse la voz del mandatario en un sentido que daba a entender que estaba detrás de La Línea. "Tenemos la voz del presidente en las escuchas (...) Existe bastante material probatorio; lo que inicialmente era una duda se fue confirmando en el transcurso de la investigación (...) Con mucha pena, con preocupación, nostalgia y decepción, veo que está involucrado en el caso La Línea, manifestó rotunda Aldana. Mas todavía, la FECI tenía sólidos indicios de que los tentáculos de La Línea alcanzaban a otras personalidades del oficialismo, como Erick Archila, Alejandro Sinibaldi y Mauricio López Bonilla, todos los cuales eran mencionados en las grabaciones telefónicas. La nueva jornada convulsa en noticias terminó con las dimisiones de los ministros de Finanzas Públicas, Dorval Carías, y de Comunicaciones, Víctor Corado.

El mecanismo político-judicial que tenía a Pérez contra las cuerdas avanzaba con rapidez. El 25 de agosto la Corte Suprema avaló que el Congreso celebrara un juicio político contra el jefe del Estado. Un día después, la Procuraduría General de la Nación, encabezada por María Eugenia Villagrán de León, "recomendó" al presidente que renunciara al cargo "con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación". Un mensaje en términos casi idénticos dirigió el jefe de la Contraloría General de Cuentas, Carlos Mencos Morales, quien también exhortó a Pérez a que dimitiera sin dilación "en aras de mantener la paz social y ante las demandas de los distintos sectores de la población, para evitar mayores incidentes sociales con consecuencias insospechables". También el 26 de agosto, Roxana Baldetti recibió la orden de traslado a un centro penitenciario femenino en régimen de prisión preventiva. A mayor abundamiento, en un nuevo golpe al presidente, su hijo y el alcalde patriota de Mixco, Otto Pérez Leal, fue despojado de su inmunidad por una sala de apelaciones penal tras ser acusado por un abogado de desobediencia, incumplimiento de pago, malversación de fondos y otros delitos.


7. Desafuero, dimisión y encarcelamiento de Otto Pérez Molina
El 27 de agosto más de 100.000 guatemaltecos, en una concentración en la capital como no se conocía desde la Revolución de 1944, el movimiento cívico-militar que derrocó el régimen totalitario del general Federico Ponce Vaides, sucesor del dictador Jorge Ubico Castañeda, e inauguró los llamados Diez Años de Primavera en la historia de Guatemala, observaron un paro nacional y vocearon con más estruendo que nunca los lemas "renuncia ya" y "fuera ya". Muchos de los asistentes expresaron además la demanda de que se postergaran las elecciones generales. En el Congreso, dos representantes del PP, otros dos de LIDER y un quinto del partido de centro-izquierda Encuentro por Guatemala integraron la Comisión Pesquisidora del antejuicio que iba a decidir la suerte del estadista. El 28 de agosto el jefe del Estado, en palabras para una emisora de radio local, volvió a hacer caso omiso de la exigencia generalizada de dimisión. "No podemos romper las leyes del país, aquí deben de haber elecciones (…) yo estoy aquí; no voy a darle la espalda al pueblo de Guatemala, no voy a esconderme… No tengo nada que esconder", declaró Pérez a los micrófonos. Sin embargo, el mandatario vivía sus últimos días en el poder.

El 29 de agosto la Comisión Pesquisidora consideró "necesaria" y "recomendó" al pleno del Congreso la retirada de la inmunidad al presidente para que este fuera "puesto a disposición de la justicia común". Pérez, a través de su defensa, interpuso otros dos recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Todavía el 31 de agosto el presidente rechazó por enésima vez la posibilidad de dimitir, pues él "no había recibido un centavo de esa estructura fraudulenta que estuvo robándose el dinero", y reiteró su intención de afrontar el proceso desde su cargo. "Es una situación humillante la que me ha tocado vivir. Jamás pensé en vivir una situación como esta (...) En las circunstancias que se están viviendo en el país creí que era lo más conveniente afrontar el debido proceso", aseguró.

El golpe de gracia a las esperanzas continuistas de Pérez lo dio el 1 de septiembre el Congreso de la República. Por 132 votos a favor, que eran los de todos los congresistas presentes en el plenario, si faltar los del PP, y ninguno en contra, el hemiciclo aprobó retirar la inmunidad al jefe del Estado. Pérez había perdido su antejuicio. De paso, el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, instructor del sumario de La Línea y que ya había ordenado la captura de Baldetti, dictó contra el mandatario una orden de arraigo que le impedía abandonar el territorio nacional. En la jornada siguiente, 2 de septiembre, el juez Gálvez, atendiendo la petición cursada por la Fiscalía General, emitió una orden de captura del todavía presidente por sospechoso de la comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Momentos antes, la Corte de Constitucionalidad había rechazado los dos recursos de amparo.

A las 19 horas del miércoles, 2 de septiembre de 2015, Pérez firmó en la Casa Presidencial una carta de renuncia donde explicaba que: "En la situación actual, y teniendo por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal (...) Con los principios y valores en los cuales me he formado, enfrentaré con la conciencia tranquila los procesos que correspondan. Hoy más que nunca, mi compromiso con el pueblo de Guatemala es someterme con toda entereza, mediante el debido proceso, al imperio de la ley y desvirtuar los señalamientos que hoy se me hacen". El documento de cese voluntario fue remitido al Congreso y doblada ya la medianoche, en la primera hora de la madrugada del jueves, la correspondiente nota de prensa fue facilitada a los medios de comunicación. Avanzado el 3 de septiembre, el ex presidente acató el mandato judicial y se presentó a declarar en la Torre de Tribunales. El juez Gálvez, tras escuchar en vista pública los argumentos de la defensa y de la fiscalía del Ministerio Público y la CICIG, dictó encarcelamiento provisional. Una vez conocidos los cargos que se le imputaban, Pérez fue trasladado al Cuartel de Matamoros, donde pasó su primera noche en prisión. El auto de procesamiento formal del acusado se esperaba para los próximos días.

Entre tanto, Guatemala ya disponía de un nuevo presidente, el hasta ahora vicepresidente Alejandro Maldonado, quien, una vez aceptada por los legisladoras la renuncia del anterior titular, prestó juramento del cargo para completar el mandato constitucional que vencía el 14 de enero de 2016. Semejante vorágine de acontecimientos tuvo el efecto de eclipsar un tanto las elecciones generales que Guatemala celebraba al cabo de tres días, el 6 de septiembre.

(Cobertura informativa hasta 4/9/2015)