Las elecciones presidenciales de 2019 en Túnez, adelantadas por el fallecimiento del nonagenario Béji Caïd Essebsi, fueron ganadas por un candidato de características radicalmente atípicas: Kaïs Saïed, jurista independiente de 61 años de ascética presencia, con cero experiencia en política, ajeno a todos los partidos y sin una estructura proselitista al uso. Su opción contracorriente mereció el respaldo de la población, particularmente una juventud que le votó en masa, profundamente desencantada tras ocho años de democracia –y genuina, como testimoniaba esta insólita alternancia- pero sin mejoras en el nivel de vida ni perspectivas de futuro. Menos de dos años después, en julio de 2021, con el país sumido en una gravísima crisis de múltiples caras, Saïed se arrogó plenos poderes ejecutivos. El movimiento fue presentado tanto como un acto patriótico de emergencia, por la incapacidad del Gobierno, la Asamblea y los partidos políticos para enfrentar el vendaval de problemas que afligía a Túnez, como un virtual autogolpe de Estado que hacía una lectura discutible de los escenarios de excepcionalidad marcados por la Constitución.

Experto en derecho constitucional muy crítico con el marco legal y la clase política surgidos de la Revolución de 2011, en 2019 Saïed rompió moldes por su extrema sobriedad formal, su nulo carisma convencional y un discurso monótonamente ético que estaban en las antípodas del populismo vocinglero. Un perfil a priori poco atractivo para el elector medio, pero que, al proyectarle como un hombre de absoluta rectitud moral, transparente y alérgico a la corrupción, le convirtió en la sensación de la campaña, tal que el 15 de septiembre se colocó al frente de un pelotón de 26 competidores con el 18,4% de los votos. Los resultados de la primera vuelta fueron entre malos y desastrosos para todos los candidatos de los partidos tradicionales e identificados con el poder. Entre los vapuleados por los electores estuvieron el primer ministro en ejercicio, Youssef Chahed (quien quedó en quinto lugar), su ministro de Defensa (cuarto), el representante del partido islamista Ennahda (tercero) y dos ex primeros ministros, Mehdi Jomaa (duodécimo) y Hamadi Jebali (vigésimo), amén de un ex presidente, Moncef Marzouki (undécimo). Finalmente, en la segunda vuelta del 13 de octubre Saïed aplastó con el 72,7% de los sufragios al magnate televisivo Nabil Karoui, otro pretendiente del Palacio de Cartago presentado como outsider pero con un estilo y unos antecedentes bien distintos. Acusado de delitos económicos, Karoui fue liberado de la prisión preventiva cuatro días antes del balotaje.

El programa de Kaïs Saïed, minimalista y explicado únicamente en entrevistas, se limitaba a una reforma de la Carta Magna en aras de la "reorganización político-administrativa" del país. El postulante propugnaba una transferencia de competencias desde los municipios a las regiones que produjera resultados de gestión, satisficiera las demandas socioeconómicas de los tunecinos y de paso descalabrara la corrupción que medraba en las corporaciones locales. Según el profesor, aspirante a un alto cargo que compartía el poder ejecutivo republicano con el jefe del Gobierno conforme al modelo mixto consagrado por la Constitución de 2014, él, en las condiciones actuales de Túnez, sí podía "aceptar las reglas del juego", pero desde luego "no el sistema". Por eso, luego describió su victoria en las urnas como una "nueva revolución". Saïed abogaba por un rupturismo ordenado, constitucional, aunque sus puntos de vista sociales eran muy conservadores, incluso retrógrados en algunos puntos; por ejemplo, era favorable a reactivar la pena de muerte.

El 23 de octubre de 2019 Saïed inauguró su mandato de cinco años sin ningún aparato político detrás. A falta de intermediarios o portavoces, su comunicación con el pueblo sería directa. Sin grupos de apoyo en las instituciones, su proyecto político no tenía más valedores que las masas afines. Desde el primer día se advirtió su mala sintonía con el primer partido de la atomizada, pero decisiva, Asamblea de Representantes, el islamista Ennahda de Rachid Ghannouchi, ganador con mayoría simple de los comicios del 6 de octubre, y en no menor medida con la siguiente fuerza en escaños, el centrista liberal Qalb Tounes de Nabil Karoui. La acrimonia del presidente, teórico de un esquema institucional de comités populares elegidos al margen de partidos e ideologías pero que solo podría implantarse con el voto de dos tercios del Parlamento, sintonizaba plenamente con la desafección de los tunecinos hacia las élites establecidas.

Ahora bien, Saïed, el legalista, debía amoldar sus movimientos a las normas parlamentarias. En noviembre designó primer ministro al hombre propuesto por el Ennahda, Habib Jemli. El próximo Gobierno tendría que atender las reclamaciones de la gente, angustiada por la falta de trabajo y la carestía de la vida, y a la vez cumplir los requerimientos del FMI, que ayudaba al Estado a financiar su desmedido déficit presupuestario a cambio de ajustes y reformas liberales. En enero de 2020 Saïed se topó con su primera crisis al negarle a Jemli el voto de confianza la Asamblea, fraccionada en extremo e incapaz, al parecer, de contribuir a la gobernabilidad del país. En febrero, el presidente, exprimiendo sus prerrogativas constitucionales, deshizo el bloqueo político nombrando discrecionalmente a un primer ministro en la persona de Elyes Fajfaj, miembro del partido socialdemócrata Ettakatol y receptor del 0,34% de los votos en las elecciones presidenciales. No sin llegar Saïed a amenazar a los diputados con disolver la Asamblea (presidida por Ghannouchi) y convocar nuevos comicios de persistir la obstrucción parlamentaria, Fajfaj fue investido para dirigir un Gabinete mayoritario de siete partidos, el Ennahda incluido.

Poco después sobrevino la pandemia del SARS-CoV-2, cuyo primer embate Túnez aguanto bien en términos sanitarios. Pero los partidos, el Ennahda en particular, se encargaron de agravar su desprestigio regateándole apoyos al primer ministro y lanzándose ataques entre sí. Señalado por la Instancia Nacional de la Lucha contra la Corrupción (INLUCC) en un posible caso de conflicto de intereses y amenazado con una moción de censura por los islamistas, Fajfaj presentó la dimisión el 15 de julio de 2020. Saïed, enfadado, urgió a los diputados a remar unidos para "salvar al Estado del colapso y el caos", en medio de una histórica contracción del PIB, que iba a rozar el 9% para el conjunto de 2020, y a las puertas de un preocupante rebrote de la COVID-19. El emplazamiento presidencial a los partidos para que propusieran un candidato a primer ministro cayó en saco roto y el 25 de julio el jefe del Estado, de nuevo, optó por designar a un oficial de su personal elección, el no afiliado ministro del Interior Hichem Mechichi. La naturaleza apartidista del Gabinete Mechichi, compuesto íntegramente por técnicos independientes, puso de manifiesto el divorcio total entre Saïed y la Asamblea, la cual, a regañadientes, se avino a emitir su preceptivo voto de aprobación a comienzos de septiembre.

El Gobierno Mechichi, símbolo de unas instituciones enfrentadas, no pudo o no supo frenar la deriva desastrosa que Túnez experimentaba en los terrenos económico, financiero, laboral y, ya también, sanitario. La destrucción de miles de empleos por el coronavirus, la caída en picado del turismo y la falta de inversiones públicas agudizaba las penurias de los ciudadanos, alimentando una agitación y unas protestas sociales que de paso paralizaron la industria hidrocarburífera de la región de Tataouine. En octubre, el rápido incremento de los contagios víricos y de los fallecidos obligó a las autoridades a decretar nuevamente el confinamiento de la población, esta vez reforzado con un toque de queda nocturno. Túnez llegó al décimo aniversario de la inmolación de Mohamed Bouazizi, el detonante de la Revolución que derrocó la dictadura benalista y de toda la Primavera Árabe, en circunstancias calamitosas.

Al empezar 2021, serios disturbios protagonizados por jóvenes en paro y con consignas insurreccionales dieron lugar a arrestos masivos. En un intento de desviar el foco de la ira popular, el Gobierno y la Asamblea se echaron mutuamente las culpas por el marasmo nacional. En mayo, el endurecimiento de las restricciones para tratar de controlar la agresiva tercera ola del coronavirus echó más leña al fuego. El 7 de julio el pequeño país magrebí registró un pico de casi 10.000 diagnósticos positivos en 24 horas; la letalidad se asomaba a la cota de los 200 decesos diarios. El oxígeno escaseaba en algunos hospitales y las vacunas eran de todo punto insuficientes. El Gobierno de tecnócratas, acribillado por las denuncias de mala gestión pandémica e ignorado por Saïed, que empezó a anunciar medidas sanitarias al margen del Ministerio y a solicitar el socorro internacional para Túnez, parecía sentenciado.

El 25 de julio de 2021, con la calle hirviendo de protestas, el presidente tunecino decidió intervenir con un paso al frente, protagonizando un movimiento autocrático de legalidad más que cuestionable aunque vitoreado por los manifestantes. Con su solemnidad típica pero más enérgico y enfático que de costumbre, el mandatario, invocando el artículo 80 de la Constitución y arropado por los altos mandos militares y policiales, anunció la destitución del primer ministro Mechichi, quien tendría un sucesor en breve, y la suspensión de la Asamblea por 30 días. También fue cesado el ministro de Defensa y, días después, el de Finanzas. Cierto número de altos funcionarios fue igualmente despedido.

(Texto actualizado hasta agosto 2021.)

El jurista neófito en política que dio la campanada en las elecciones presidenciales tunecinas de 2019 ofrece un currículum tan sucinto como monofacético. Casado con la magistrada judicial Ichraf Chebil, padre de tres hijos y procedente de una familia con inclinaciones intelectuales y de profesionales liberales, Kaïs Saïed se licenció por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Túnez y luego adquirió una especialidad jurídica en la rama constitucional. Durante más de tres décadas ha practicado el derecho no desde la abogacía o la judicatura, sino como docente, académico y consultor.

Además de sus clases en la Universidad de Túnez, Saïed dirigió el Departamento de Derecho General de la Universidad de Sousse. Fuera de las aulas fue secretario general y vicepresidente de la Asociación Tunecina de Derecho Constitucional, y como experto legal prestó servicios a la Secretaría General de la Liga Árabe y al Instituto Árabe de los Derechos del Hombre. Reseñas de la prensa francesa mencionan que participó, sin precisar en qué medida, en la Revolución tunecina de 2011, el histórico levantamiento popular que derrocó el régimen dictatorial del presidente Zine El Abidine Ben Alí y encendió la llama de la Primavera Árabe en toda la región.

Posteriormente, Saïed, quien en realidad no tenía la plaza de titular docente en la Universidad sino que daba clases como profesor asistente, se unió al comité de jurisperitos encargado de asistir a la Asamblea Nacional Constituyente en la redacción de la nueva Carta Magna, adoptada en enero de 2014. Sin embargo, antes de completarse los trabajos constituyentes Saïed abandonó dicho panel decepcionado, porque no se escucharan sus opiniones sobre la necesidad de constitucionalizar la descentralización del Estado tunecino. En 2013 dio portazo también a la invitación, formulada por el Gobierno de coalición que encabezaba el partido islamista Ennahda, de presidir la Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE), un órgano decisivo para garantizar la limpieza de las dos votaciones de 2014, las legislativas de octubre y las presidenciales de noviembre, llamadas a culminar la transición política.

Su presencia regular en los canales de televisión, donde vertía opiniones marcadamente críticas sobre aspectos del ropaje legal del nuevo Túnez democrático, los escollos con que topaba la actividad parlamentaria y la situación política general del país, rica en conflictos y tensiones a pesar del éxito del proceso de transición, confirió una notable visibilidad pública a Saïed. El jurista asombraba a los televidentes por su imagen extremadamente sobria, como de hombre riguroso y ascético, y su hablar pausado y monocorde, que se valía de un relamido árabe clásico para dirigir dardos bien afilados contra la clase política sin alterar la flexión vocal. Una proyección mediática sui géneris que iba a permitir a Saïed irrumpir de manera fulgurante en la competición política nacional, a los 61 años de edad, con nula experiencia en ese terreno y sin ningún capital financiero ni estructura proselitista en que apoyarse.

Candidato presidencial outsider con un discurso legalista
Túnez tenía previsto celebrar elecciones presidenciales en noviembre de 2019. A lo largo de 2018 no se despejó la incógnita de si a las mismas iba a presentarse de nuevo el veteranísimo (92 años) mandatario elegido en la edición de 2014, Béji Caïd Essebsi, quien fuera primer ministro en el crítico primer año de la transición democrática y fundador del partido centrista laico Nidaa Tounes (Llamada de Túnez).

El 26 de octubre de 2018 Saïed, en una entrevista para el semanario francés Jeune Afrique, desveló que había decidido presentarse a las elecciones presidenciales como candidato independiente, sin el aval o respaldo de ningún partido. Lo hacía impulsado por un "profundo sentido del deber", como una suerte de "obligación" moral que se imponía, en "respuesta a las constantes solicitudes de los jóvenes"; estos, al igual que él, estaban profundamente desapegados de unas capas rectoras juzgadas incompetente y venales, aferradas a sus privilegios e insensibles a las demandas sociales.

En concreto, Saïed se veía a sí mismo como el presidente de la República que, dentro de su restringido rango de atribuciones ejecutivas, propiciaría una revisión de la Constitución en aras de una "completa reorganización político-administrativa de la pirámide de poder". La misma supondría transferir poder político desde los consejos locales a las regiones, las cuales dispondrían de unos consejos que serían los responsables de refundir y aprobar los proyectos de desarrollo elaborados por los entes municipales, a fin de asegurar su verdadera utilidad pública y evitar que respondieran únicamente a intereses corporativos locales. Como medidas de "autocontrol" frente a la "corrupción y los excesos", el mandato representativo de los consejeros locales tendría que ser revocable y el mandato delegado de los consejeros regionales, alterno. En este marco de "democracia directa" los partidos políticos y el mismo Parlamento nacional, la Asamblea de Representantes del Pueblo, tendrían poco o nada que decir. En diciembre de 2018 el profesor confirmó a los medios nacionales que estaba en la carrera presidencial y desde ese momento su candidatura creció velozmente en los sondeos de intención de voto.

En abril de 2019, cuando Saïed rozaba el 20% en las encuestas, pisándole los talones al favorito del momento, el primer ministro desde 2016, Youssef Chahed, y rebasando ampliamente a un desfondado Essebsi, el anciano presidente de la República comunicó que, a sus 92 años, renunciaba a optar al segundo mandato y que dejaba el camino libre a otro aspirante del oficialismo. Este, recomendaba Essebsi, debía ser el 49 años más joven Chahed, a pesar de que el primer ministro acababa de romper con Nidaa Tounes, donde se sentía marginado y perseguido, y formado su propio partido político, con similar ideario neo-bourguibista y de nombre Tahya Tounes (Viva Túnez).

Las elecciones tocaban el 17 de noviembre, después de las elecciones legislativas del 6 de octubre, pero el ocaso vital de Essebsi obligó a adelantarlas. A finales de junio el presidente tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una grave afección que las autoridades no especificaron. Aunque circularon noticias de su defunción, el paciente superó su estado crítico y llegó a recibir el alta médica. Sin embargo, el 24 de julio Essebsi ingresó de nuevo en el hospital y un día después falleció. Entonces, se activaron las previsiones constitucionales por vacancia en la Presidencia de la República: el presidente de la Asamblea de Representantes, Muhammad Ennaceur, de Nidaa Tounes, asumió como presidente interino y las votaciones para elegir al nuevo titular fueron trasladadas al 15 de septiembre.

Saïed iba a medirse en las urnas con, nada menos, 25 contrincantes presidenciales, entre independientes y candidatos de partidos. En la lista figuraban, además de Chahed, dos antiguos primeros ministros, el islamista disidente Hamadi Jebali (2011-2013) y el centrista liberal Mehdi Jomaa (2014-2015). También concurrían el predecesor de Essebsi en la Presidencia (2011-2014), el socialdemócrata Moncef Marzouki, así como el actual ministro de Defensa, Abdelkrim Zbidi, figura independiente pero sostenida por Nidaa Tounes, cuyas riendas llevaba ahora el hijo del difunto líder fundador, Hafedh Caïd Essebsi. Sin embargo, salvo Zbidi, ninguno de estos candidatos tenía pegada electoral, irrelevancia en la que amagaba con hundirse el propio Chahed.

El jurista pasó a encabezar los sondeos a la par que, entablando una fluctuante pugna por la condición de favorito, el otro postulante estrella de la campaña: el próspero empresario de televisión y publicidad Nabil Karoui, conductor del partido centrista Qalb Tounes (Corazón de Túnez), metido en serios líos con la justicia por unos presuntos delitos fiscales y hombre con unas maneras y unos mensajes completamente distintos de los del rígido experto constitucionalista.

La campaña desarrollada por Saïed fue de lo más extraña para tratarse de un candidato puntero: tras decir que los 10.000 dinares de depósito requeridos por la ISIE para inscribir su candidatura los había recaudado en el seno de su familia, el profesor rehusó convocar mítines, dejarse ver actos proselitistas, aparecer en las redes sociales o simplemente dotarse de una oficina de campaña. Ni siquiera publicó un programa o manifiesto por escrito. Además, no se apartó un ápice de su estilo monótono y de su discurso legalista, donde apenas sobraban palabras para otras cuestiones que no fueran el Estado de derecho, el cumplimiento estricto de la ley, la probidad de los funcionarios públicos y la eficacia gestora. Sin ninguna concesión al populismo y las promesas fáciles, Saïed tocó las importantísimas cuestiones sociales y económicas tan solo de soslayo, de una manera muy indirecta, concluyendo que la gente podría empezar a ver resultados en esos terrenos si la lucha contra la corrupción "moral y financiera" se hacía con energía y seriedad, y si su original reforma administrativa se llevaba a cabo. Asimismo, él sería un presidente austero que no viviría en la sede y residencia oficial del jefe del Estado, el Palacio de Cartago.

Por otra parte, Saïed, indagado por los periodistas, se reveló como un hombre profundamente conservador en materia social, incluso retrógrado. Así, se manifestó a favor de aplicar la pena de muerte -en la práctica suspendida desde 1981-, achacó los debates recurrentes en la sociedad tunecina sobre la despenalización de las relaciones homosexuales a intromisiones "extranjeras" y, mencionando aquí la confesionalidad islámica del Estado y la tradición coránica, dejó claro su rechazo a la equiparación de los derechos de herencia entre hombres y mujeres. Días antes de las elecciones, entrevistado de nuevo por Jeune Afrique, el candidato reiteró su posición heterodoxa afirmando que él podía ciertamente "aceptar las reglas del juego, pero no el sistema".

En la elección presidencial del 15 de septiembre de 2019 Saïed, con el 18,4% de los votos, se puso provisionalmente en cabeza; con él pasaba a la segunda vuelta Nabil Karoui, receptor del 15,6% y que, en otra circunstancia anómala que subrayaba la excepcionalidad de las votaciones tunecinas, se encontraba en prisión desde el 23 de agosto, a la espera de conocer el veredicto judicial por las acusaciones de fraude tributario y blanqueo de capitales que pesaban en su contra. Los aspirantes tercero, cuarto y quinto más votados fueron respectivamente Abdelfattah Mourou por el islamista Ennahda, el ministro de Defensa Zbidi y el primer ministro Chahed. Los antiguos estadistas Marzouki (Al Irada), Jomaa (Al Badil Ettounsi) y Jebali (independiente) tuvieron sendos registros meramente testimoniales. La única mujer candidata, la empresaria y anterior ministra de Turismo Selma Elloumi Rekik, del partido neo-bourguibista Al Amal (Esperanza), terminó vigésimo tercera con el 0,15% de los votos. Con su impasibilidad habitual, Saïed declaró: "Mi victoria conlleva una gran responsabilidad de convertir la frustración en esperanza. Es una nueva etapa en la historia de Túnez, es como una nueva revolución". Pocos días después, el 19 de septiembre, llegó la noticia de la muerte, en su exilio saudí y a los 83 años, del derrocado ex presidente Ben Alí.

Hasta la segunda vuelta presidencial del 13 de octubre tuvieron lugar los comicios legislativos, en los que el Ennahda, recobrando la primacía perdida en las votaciones de 2014 pero con un volumen de apoyos mucho menor, se hizo con una endeble mayoría simple de 52 diputados. El Nidaa Tounes, privado del liderazgo de Essebsi, se derrumbó desde los 86 a los tres escaños. Segundo fue, con 38 diputados, el Qalb Tounes de Karoui, quien por cierto recobró la libertad provisional tres días después, a tiempo para librar sin ataduras su duelo particular con Saïed. Sin embargo, las elecciones ya estaban sentenciadas, y con un veredicto de lo más contundente: el profesor batió al empresario con el 72,7% de los votos. En su primera conferencia de prensa, el triunfador dio las gracias a quienes le habían votado, "sobre todo los jóvenes", y proclamó: "Hoy abrimos una nueva página en la historia de Túnez (…) El objetivo es recuperar la confianza entre gobernantes y gobernados". Karoui asumió sin demora su derrota, aunque aseguró que los resultados habrían sido "diferentes" de haber podido realizar su campaña en circunstancias normales, fuera de prisión. La participación de la segunda vuelta fue cuantificada por la ISIE en el 55%, ligeramente por encima de la de la primera vuelta. En las legislativas, la abstención había sido 13 puntos mayor.

El 23 de octubre Saïed prestó juramento de su cargo con un mandato inicial de cinco años.

(Cobertura informativa hasta 23/10/2019)