CIDOB Report nº 10

El deterioro de la seguridad alimentaria global y urbana en el contexto post-Ucrania

Fecha de publicación:
07/2023
Autor:
Ana García Juanatey, profesora del CEI International Affairs; coordinadora ejecutiva del “Máster en Sostenibilidad. Medio ambiente, sociedad y economía”, UB
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Durante los últimos años, ha habido un deterioro de la situación de la seguridad alimentaria mundial y su impacto específico en las ciudades.  Sobre esta cuestión, este artículo destaca la necesidad de poner en marcha medidas urgentes para asegurar el acceso a los alimentos de las personas vulnerables en el ámbito urbano. Asimismo, en un contexto caracterizado por la inestabilidad climática y geopolítica, apunta a la necesidad de reflexionar sobre los riesgos crecientes que afrontan los sistemas alimentarios urbanos. 

En los últimos dos años, la conjunción de varios factores –entre ellos, los crecientes impactos del cambio climático en los sistemas agrícolas, las disrupciones provocadas por la pandemia de la COVID-19 y la guerra de Ucrania– ha generado una tormenta perfecta que ha desencadenado una rápida subida del precio de los alimentos, lo que ha empujado a millones de habitantes urbanos a la pobreza y al hambre. En consecuencia, se está consolidando claramente una tendencia de empeoramiento global de la seguridad alimentaria, observada desde 2014, que afecta tanto a los contextos rurales como a los urbanos, donde las personas más pobres son especialmente vulnerables a las subidas de los precios de los alimentos. Ante esta situación, los estados y las ciudades deben urgentemente poner en marcha medidas para hacerle frente, destinadas tanto a garantizar el acceso a los alimentos de las personas más vulnerables como a mejorar su resiliencia frente a las disrupciones de los sistemas alimentarios.   

Un contexto preocupante: las causas del deterioro de la seguridad alimentaria global

A pesar de la mejora general de la seguridad alimentaria mundial en la primera década del siglo xxi, desde 2014 hay una clara inversión de esta tendencia: cada año aumenta el número de personas que sufren desnutrición, ya sea severa o moderada. Esta situación, además, empeoró considerablemente en el 2021 cuando, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2022), alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo (casi un 30% de toda la población mundial) se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que supone un incremento de casi un 10% desde 2019.

Las razones detrás de esta tendencia al alza son complejas y apuntan a varios factores, algunos más de carácter estructural y otros más de carácter coyuntural. Para empezar, actualmente el principal problema estructural que está impactando negativamente el funcionamiento de los sistemas alimentarios es probablemente el cambio medioambiental global en el que nuestro planeta está inmerso, consecuencia de fenómenos de gran complejidad como el cambio climático, la alteración de los ciclos de fósforo y nitrógeno o la pérdida de biodiversidad (Rockström et al., 2020). En el caso del cambio climático, sus impactos en los sistemas alimentarios son ya palpables y afectan especialmente a países con situaciones de inseguridad alimentaria. Por ejemplo, la sucesión de catástrofes climáticas a lo largo de 2022 empeoró la ya frágil situación alimentaria de países como India y Pakistán. En el caso de la India, una fuerte sequía en la primavera de 2022 redujo las cosechas, agravando la situación de inseguridad alimentaria de millones de personas. En el de Pakistán, como consecuencia de las inundaciones que afectaron a un tercio del territorio del país, el número de personas hambrientas aumentó en casi millón y medio.

Por otro lado, desde el año 2020, se han desencadenado dos crisis de carácter coyuntural que están afectando profundamente a la situación de la seguridad alimentaria global: la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. En relación con la primera, las repercusiones económicas de la pandemia, así como las medidas adoptadas para hacerle frente, incrementaron los precios de los alimentos (FAO, 2022), por lo que ha aumentado el coste de acceder a una dieta saludable en todo el mundo. Por su parte, la guerra en Ucrania ha contribuido también a la tendencia alcista de los precios de los alimentos, situación que ya se percibía a finales de 2021, principalmente por la contribución del conflicto a restringir temporalmente la oferta de cereales y por favorecer al aumento de los precios internacionales de la energía. Esto se refleja en los precios de insumos cruciales para la producción de alimentos, como los combustibles necesarios para su producción y transporte, así como los fertilizantes inorgánicos, producidos en su mayor parte con gas natural.  

Como consecuencia de estos fenómenos, los precios mundiales de los alimentos se han disparado, alcanzando en la primera mitad de 2022 su punto más álgido en una década, lo que ha llevado a millones de personas a la pobreza y el hambre. Según el índice de precios de los alimentos de la FAO, el precio del maíz aumentó en un 47% y el del trigo un 42% en 2022, con respecto al año anterior. Estas subidas han afectado a las personas y hogares de manera muy diferente según las circunstancias, teniendo un impacto fatal en las personas que dedican un porcentaje mayor de su salario a la compra de alimentos. En efecto, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) avisaban ya a finales de 2022 de que la inseguridad alimentaria aguda generada por esta alza de precios empeoraría sustancialmente a lo largo de 2023 en al menos 19 países, siendo los casos más preocupantes los de Afganistán, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. 

La dimensión urbana de la seguridad alimentaria

Esta crisis de aumento del precio de los alimentos tiene, además, una fuerte dimensión urbana, ya que afecta a las posibilidades de los habitantes de las ciudades de acceder a la comida disponible.  Según la definición acuñada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, para que exista una situación de seguridad alimentaria no solo tiene que haber disponibilidad suficiente de alimentos de calidad adecuada, sino que estos alimentos deben de ser accesibles para la totalidad de la población en todo momento. Siguiendo esta definición, los contextos urbanos –que se suelen caracterizar por disfrutar de abundancia y variedad de alimentos–, más que la disponibilidad, tienen como problema principal el acceso: es decir, que una parte de la población no pueda permitirse comprar la cantidad suficiente de alimentos adecuados, sanos y nutritivos, principalmente a causa de sus precios.

Por tanto, aunque según los informes de la FAO la mayor parte de las personas que sufren hambre en el mundo se encuentran en las zonas rurales de los países más pobres, el hambre en las ciudades es también una realidad muy extendida, que presenta, además, algunas características particulares relacionadas con las realidades de la vida urbana. Por ejemplo, muchos hogares urbanos pobres dependen de empleos precarios en el sector informal, por lo que son más vulnerables a las crisis económicas (Ruel et al., 2017). Asimismo, en las ciudades, la población infantil está expuesta a riesgos específicos, ya que es más probable que sus madres o cuidadores principales trabajen fuera de casa durante largas jornadas, lo que, combinado con la falta de redes de cuidado familiar o institucional, puede afectar la calidad de su cuidado y nutrición (ibídem).  

Por todo ello, en un momento en que la mayor parte de la población mundial vive en las ciudades, en los últimos años ha aumentado la conciencia sobre la importancia de prestar atención a la seguridad alimentaria en contextos urbanos, ya sea en relación con el acceso económico como con el acceso físico a los alimentos (Sonnino, 2016). En los relativo al acceso económico, las subidas de precios de los alimentos pueden poner contra las cuerdas a las personas pobres que viven en zonas urbanas, puesto que dependen totalmente del mercado para su alimentación, cuyos gastos a menudo representan un alto porcentaje de sus ingresos (entre el 50% y el 75%). Respecto al acceso físico, ha aumentado la preocupación por la dependencia de las ciudades de la importación de alimentos.

En efecto, históricamente los sistemas alimentarios siempre han tenido una fuerte dimensión local, ya que la provisión de alimentos dependía de la disponibilidad de tierra alrededor de los núcleos urbanos. Sin embargo, hoy en día, y tras la generalización del uso de los combustibles fósiles en todas las etapas de producción, distribución y consumo de alimentos, estos sistemas han perdido cada vez más conexión con las condiciones biofísicas regionales. Por aportar un dato ilustrativo: la cantidad de comida transportada a las ciudades se ha multiplicado hasta por diez en los últimos 30 años (Rosenzweig et al., 2018). En consecuencia, las ciudades globales obtienen sus alimentos de lugares muy lejanos, que llegan siguiendo complejas cadenas de distribución, tan rápidas y eficientes desde el punto de vista económico, como vulnerables a las disrupciones, como se ha visto tanto con la pandemia como con la reciente guerra en Ucrania.

En este sentido, las disrupciones provocadas por la invasión rusa de Ucrania en la zona del Mar Negro han desencadenado problemas de inseguridad alimentaria en varias ciudades, en particular de Oriente Medio y África. Por ese mar transitan al menos el 12% de las calorías alimentarias mundiales (Harvey, 2022), incluidos el aceite de girasol, el maíz y otros cultivos como el trigo. Además, el 40% del trigo que pasa por esta zona concreta tiene como destino Oriente Medio y África, regiones con grandes urbes muy dependientes de la importación de este cereal. Así pues, las subidas de los precios del pan en ciudades como El Cairo a lo largo de 2022 hicieron temer una repetición de las revueltas ya vistas en 2010 (Butler, 2022). Por tanto, tanto la pandemia como la guerra en Ucrania han puesto encima de la mesa las vulnerabilidades de los sistemas globales de suministro de bienes básicos, así como la necesidad de las grandes urbes de repensar su dependencia de un sistema global tan frágil. 

Medidas para paliar la inseguridad alimentaria y aumentar la resiliencia urbana

Como reacción a esta realidad, y en el contexto del cambio climático, en la actualidad las ciudades están repensando su seguridad alimentaria y poniendo en marcha medidas concretas, orientadas principalmente a acortar las cadenas de distribución y a reconectar los sistemas alimentarios con su entorno. Según el informe «El Futuro que no queremos» (2018), publicado por la red de grandes urbes comprometidas con la lucha contra el cambio climático C40, entre las medidas que pueden poner en marcha las ciudades para aumentar su resiliencia y su seguridad alimentaria destacan las siguientes: aumentar la producción de alimentos en la ciudad, proveer de espacios e infraestructuras para que los productores cercanos puedan vender sus productos, utilizar su capacidad de compra pública de alimentos para apoyar estas redes de suministro regionales, así como poner en marcha iniciativas para reducir el despilfarro de alimentos. Asimismo, las ciudades pueden hacer mucho por mejorar la nutrición de sus habitantes especialmente vulnerables, como la población infantil. Según UNICEF, las transferencias en efectivo o a través de vales canjeables por alimentos a las familias, así como los programas de alimentación escolar son medidas eficaces que las ciudades pueden poner en marcha, aunque recomienda que esas medidas de protección social aseguren el acceso de la infancia a dietas saludables, nutritivas y diversas. 

No obstante, existen límites en la acción de las ciudades ante estos retos, ya que muchas veces la necesidad de importación de alimentos es muy superior a la capacidad del territorio o el entorno urbano de proveerlos. Igualmente, en lo que respecta a apoyar a sus habitantes en situaciones de inseguridad alimentaria, a menudo son los estados los que tienen mayor capacidad de respuesta. En este sentido, tanto la evidencia académica (Tarasuk, 2017) como la FAO (2022) han demostrado que las políticas estatales de protección social, en particular las transferencias directas de dinero que aseguren un ingreso mínimo vital, son clave para proteger a la población vulnerable en situaciones de emergencia. Igualmente, la ayuda internacional, que debe llegar tanto a contextos urbanos como rurales, sigue siendo fundamental para apoyar a países en situaciones especialmente vulnerables, como Afganistán, Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. 

Referencias bibliográficas 

Butler, Sarah. «Egypt fixes price of bread as Ukraine war hits wheat supply». The Guardian (21 de marzo de 2022) 

Harvey, Fiona. «Ukraine war piles pressure on global food system already in crisis». The Guardian (9 de marzo de 2022) 

Rockström, J.; Edenhofer, O.; Gaertner, J.; DeClerck, F. «Planet-proofing the global food system».Nature Food, vol. 1, n.º. 1 (2020) p. 3-5. 

Ruel, Marie T.; Garrett, James. L. y Sivan, Yosef. «Food security and nutrition: Growing cities, new challenges». IFPRI book chapters, 2017, p. 24-33. 

Sonnino, Roberta. «The new geography of food security: exploring the potential of urban food strategies». The Geographical Journal, vol. 182, n.º 2 (2016), p. 190-200.   

Tarasuk, Valerie. Implications of a basic income guarantee for household food insecurity. Thunder Bay: Northern Policy Institute, 2017. 

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