Tabaré Vázquez Rosas

© UN Photo/Evan Schneider

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Actualización: 21 noviembre 2016

Uruguay

Presidente de la República (2005-2010, 2015-)

  • Tabaré Ramón Vázquez Rosas
  • Mandato: 1 marzo 2015 - En ejercicio
  • Nacimiento: Montevideo, 17 enero 1940
  • Partido político: Frente Amplio
  • Profesión: Médico oncólogo
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Presentación

Tabaré Vázquez se convirtió en 2005 en el primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, poniendo fin a 170 años de condominio exclusivo de los partidos Nacional (o Blanco) y Colorado, de tendencia conservadora. Tras su paso por la alcaldía de Montevideo y al tercer intento, este médico oncólogo de militancia socialista y miembro de logia masónica ganó las elecciones de 2004 como el candidato de Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP-FA-NM), vasto conglomerado del centro-izquierda uruguayo de cuyos principales polos, el frenteamplista y el encuentrista, era asimismo presidente, en el primer caso en sucesión del histórico dirigente opositor Líber Seregni.

En su primer período de Gobierno, Vázquez aplicó un programa de corte socialdemócrata y pragmático concebido para sanar las muy graves lesiones que la debacle monetaria y bancaria de 2002, cuando la Administración colorada de Jorge Batlle, había causado al nivel de desarrollo humano de la pequeña y antes próspera República Oriental. Sus planes de Emergencia Social y de Equidad, el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud y una reforma tributaria de tipo progresivo y vocación distributiva basada en el impuesto sobre la renta fueron los pilares de una gestión eficaz que consiguió reducir de manera ostensible las cotas de pobreza y exclusión social. El esfuerzo interventor del Estado acertó a preservar la estabilidad financiera y el diálogo crediticio con el FMI al resguardo del vigoroso crecimiento económico (tasa media del 6% en todo el quinquenio) y la creación de empleo (paro ligeramente por encima del 6%).

Por otro lado, la "política activa" de Vázquez en materia de Derechos Humanos estuvo encaminada a esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar (1973-1985) y a impulsar el enjuiciamiento penal, con resultado de sentencias de prisión, de las figuras más destacadas del régimen de facto, pero sin llegar a derogar la polémica Ley de Caducidad de 1986, una amnistía de hecho: aunque terminó diciendo que dicha norma era inconstitucional, el mandatario optó por negar el amparo por la misma a crímenes de naturaleza política, desapariciones forzadas con resultado de homicidio, cometidos en los años de la dictadura por civiles, por mandos –y no meramente funcionarios- militares o bien, la mayoría, fuera del territorio nacional. Ahora bien, en el debate social sobre la despenalización del aborto, cuya ley llegó a vetar en 2008 aduciendo motivos de conciencia, Vázquez decepcionó a los sectores izquierdistas de su propio campo.


Con su triunfo en la costa este del Río de la Plata en 2005, Vázquez vino a enriquecer el llamado "eje progresista sudamericano", dentro del cual esperaba dinamizar el alicaído MERCOSUR, profundizando con los socios vecinos los intercambios comerciales a los que las grandes turbulencias financieras regionales de 1999-2002 habían pasado factura. Vázquez se entendió bien con Brasil (además de con Venezuela y Cuba), pero no con la Argentina de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que pusieron el grito en el cielo por la enorme planta papelera que Uruguay estaba construyendo en su orilla del río homónimo y con la que esperaba disparar sus exportaciones de celulosa. La denuncia de Buenos Aires, centrada en la naturaleza potencialmente contaminante de esta industria, lo que violaría el Estatuto de la frontera fluvial, extremo que Montevideo negaba en redondo, llevó a las relaciones uruguayo-argentinas a un insólito estado de máxima tensión, dinamitando con ello cualquier expectativa de relanzar el MERCOSUR.

En 2010 Vázquez traspasó la banda presidencial a José Mujica, antiguo guerrillero tupamaro y colega del Frente con quien a veces no sintonizaba muy bien. En 2014 su formación volvió a confiarle la candidatura presidencial para las elecciones de ese año, a las que acudía con su aureola de gobernante serio, moderado y competente, premiada en los sondeos, intacta. Entre otras medidas, propugna una rebaja de la carga tributaria global, el control de la inflación, mejoras educativas, el desarrollo de la vivienda social, un plan de seguridad ciudadana y un sistema nacional de competitividad. Según él, el tercer Gobierno del Frente Amplio, para el período 2015-2020, se caracterizará por "la austeridad republicana, la transparencia y el compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos", para "prolongar el ciclo virtuoso de crecimiento con mayor cohesión social". Su objetivo básico es "reafirmar lo que se ha logrado y avanzar en lo que falta", pues "Uruguay no se detiene". Confirmando los pronósticos, Vázquez ha ganado la primera vuelta electoral del 26 de octubre con el 47,8% de los votos y es favorito para imponerse también en la segunda del 30 de noviembre, donde se enfrenta al blanco Luis Alberto Lacalle Pou.

(Texto actualizado hasta noviembre 2014)

Biografía

1. Un médico oncólogo y dirigente futbolístico tardíamente atraído por la política
2. Filiación al socialismo uruguayo en la recta final de la dictadura militar; la historia del Frente Amplio
3. De la Intendencia de Montevideo a las dos primeras tentativas presidenciales
4. Triunfo en las elecciones de 2004 sobre blancos y colorados con un programa socialdemócrata
5. Formación del primer Gobierno de la izquierda en Uruguay
6. El quinquenio presidencial 2005-2010: reparación del tejido social con estabilidad macroeconómica
7. El veto a la ley del aborto, la persecución de los crímenes de la dictadura y la controversia de la Ley de Caducidad
8. Cruda pelea con Argentina por las plantas de celulosa
9. Nueva postulación por el Frente para suceder a José Mujica en 2015


1. Un médico oncólogo tardíamente atraído por la política

Tabaré Vázquez Rosas, primer presidente de la izquierda en Uruguay, procede de una familia de clase trabajadora y activa en las luchas sindicales y políticas. Cuarto de cinco hermanos, su padre se ganaba la vida como modesto funcionario de la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP), la gran empresa estatal que ostentaba el triple monopolio de la comercialización y refinado de petróleo y derivados, la producción de cemento y la producción de bebidas alcohólicas. Héctor Vázquez era también enlace sindical en la ANCAP, y su participación en la agitación laboral de 1951, en tiempos de presidente Andrés Martínez Trueba, le acarreó el despido e incluso un período de prisión.

Los Vázquez vivían en La Teja, barriada popular montevideana de marcada personalidad, y su humildad económica se vio complicada por un historial de dolencias cancerosas que años más tarde iban a llevar a la tumba a los dos progenitores y a una hermana mayor, como su madre, doña Elena Rosas, víctima del cáncer de mama. Los males físicos que aquejaban a sus familiares y el ejemplo aleccionador del doctor de cabecera que les atendía indujeron a Tabaré a hacerse profesional de la medicina en la rama de oncología.

El muchacho se instruyó en la Escuela Yugoslavia, el Liceo Francisco Bauzá y el Liceo Cerro. Quería entrar en la universidad y para ello antes tenía que tomar clases preparatorias, pero al acabar la secundaria, la necesidad de aportar ingresos económicos al núcleo familiar, que atravesaba una etapa de estrechez, interrumpió los estudios y se puso a trabajar. El paréntesis laboral duró cuatro años, tiempo en el cual Vázquez desempeñó los trabajos más diversos: mozo de almacén, aprendiz de carpintería, vendedor de periódicos, vidriero, y, por último, administrativo y auxiliar de laboratorio en una empresa de vinos y licores. En 1961 emprendió los dos años de formación preuniversitaria en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) y en 1963 pudo al fin matricularse en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. En el segundo año de carrera el estudiante para médico contrajo matrimonio con María Auxiliadora Delgado San Martín, una operaria de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, tres años mayor que él y vecina de La Teja. Entre 1966 y 1970 la pareja iba a concebir tres retoños varones, Álvaro, Javier e Ignacio, y a adoptar un cuarto, Fabián Barbosa.

El paso de Tabaré por la Universidad de la República coincidió con el progresivo deterioro de la situación política en Uruguay. Entre finales de los años sesenta y principios de los setenta el pequeño país del Cono Sur conoció el agotamiento del sistema de Gobierno colegiado instaurado por el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN, o Blanco) en 1952, la vuelta a los ejecutivos unipersonales, controlados por los colorados y con una deriva autoritaria, el recrudecimiento de la violencia subversiva del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), que pasó a librar acciones de guerrilla urbana contra el Estado, y los contragolpes represivos de las Fuerzas Armadas, cada vez menos respetuosas con las garantías constitucionales. A diferencia de su hermano menor, Jorge Luis, que también hizo la carrera médica en la rama de enfermería, Vázquez se mantuvo alejado de la efervescencia política que recorría las aulas, concentrándose en su preparación como facultativo y desarrollando actividades extraacadémicas en el deporte universitario.

Ansioso por dispensar servicios médicos a sus paisanos del vecindario de La Teja e influenciado por el trabajo social en el barrio de la comunidad salesiana, en 1965 puso en marcha junto con varios compañeros de promoción una policlínica y un comedor popular. Los instalaron en los locales del Club Arbolito, una peña recreativa juvenil que había ayudado a fundar en 1958 y que brindaba un lugar de encuentro a los aficionados al fútbol y las chirigotas carnavaleras. En 1969 Vázquez finalizó la titulación y se puso a ejercer como médico certificador de la Jefatura de Policía de Montevideo, labor que desempeñó hasta 1971. En 1972, el año en que su hermano Jorge Luis, al socaire del "estado de guerra interno" declarado por la Asamblea General, fue detenido y encarcelado por sus actividades políticas izquierdistas contrarias al Gobierno colorado de Juan María Bordaberry Arocena (iba a pasar en prisión nada menos que doce años, hasta la restauración de la democracia), Tabaré obtuvo la graduación como especialista en Oncología y Radioterapia, tras lo cual fue contratado por la Clínica Barcia.

Entre tanto, el Estado de derecho agonizaba en Uruguay. El pandemónium de violencia política que atizaban los tupamaros y los militares desembocó en los sucesos de junio de 1973, cuando el presidente Bordaberry se avino a hacer de comparsa en un verdadero golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, usurpación que la continuidad del político colorado en la jefatura del Estado y sus decretos de suspensión del poder legislativo y de instauración del Gobierno de facto no lograron disimular. La quiebra del orden constitucional en una de las democracias más arraigadas del continente no alteró la trayectoria privada de Vázquez, que siguió plenamente dedicado a su vocación. En 1976, coincidiendo con la destitución, forzada por los militares, de Bordaberry y su sustitución por un completo presidente de paja, el blanco Aparicio Méndez Manfredini, el médico obtuvo del Gobierno francés una beca que le permitió perfeccionar sus conocimientos en el Instituto Gustave Roussy de Paris, centro pionero a nivel mundial en la investigación de tratamientos contra el cáncer.

Sin abandonar el ejercicio de la medicina, Vázquez incursionó en la faceta gerencial de su otra gran pasión, el fútbol, de suerte que en 1978 se convirtió en vicepresidente del Club Atlético Progreso, equipo montevideano del que era hincha. En el plazo de un año se encaramó a la presidencia del club, función que desempeñó durante casi una década y que fue enaltecida por una racha de éxitos: en 1980, después de 34 años jugando en categorías bajas, el Progreso volvió a la Primera División, en 1985 ganó el Torneo Competencia y en 1989 se adjudicó el campeonato de la Liga Nacional. Generando un poderoso contraste, cada vez que salía del césped y se ponía la bata blanca, el nervioso y vociferante directivo futbolístico daba paso al oncólogo sosegado y retraído. Desde finales de la década de los setenta Vázquez ejerció en el Hospital de Casa de Galicia y el Hospital Británico, y en 1981 ganó por concurso-oposición la dirección del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología del Uruguay (INDO), centro dependiente del Ministerio de Salud Pública.

Algo más tarde se integró también en la plantilla de profesionales del recién creado Centro de Diagnóstico Mamario (Cendima) de la Asociación Española, cuya dirección iba a asumir diez años después simultáneamente a su cometido en el INDO. Corrían los primeros años ochenta y la República Oriental fundada en 1830 padecía los estragos del régimen militar, responsable de aproximadamente 300 muertos y desaparecido, miles de presos políticos, torturas generalizadas en los centros de detención y decenas de miles de exiliados, todo en un país de menos de tres millones de habitantes. Siempre atento a los últimos avances en su especialidad, el futuro mandatario asistió a numerosos congresos de oncología en Estados Unidos, Francia, Brasil, Argentina Japón, Israel y otros países, y publicó trabajos y artículos en varias revistas científicas médicas. En 1986 recibió el despacho de docente titular en el área de Radioterapia del Departamento de Oncología de la Facultad de Medicina y de paso abrió su propio gabinete clínico, el Centro de Oncología y Radioterapia (COR), en lo que hasta entonces había sido la Clínica Barcia, la cual adquirió con aportaciones de capital societario reunido con dos colegas de profesión.


2. Filiación al socialismo uruguayo en la recta final de la dictadura militar; la historia del Frente Amplio

Ejemplo de ingreso tardío en la política, hacia 1983, cuando el presidente y general Gregorio Álvarez Armellino manejaba un cronograma de transición al Gobierno constitucional civil y se las veía y deseaba para convencer a la cada vez más contestataria oposición interna de que la etapa más tenebrosa de la dictadura había quedado atrás, Vázquez se acercó al Partido Socialista del Uruguay (PSU). Esta una formación de orígenes marxistas, fundada en 1910 por Emilio Frugoni, y, como el resto de agrupaciones de la izquierda, había sido marginada del juego político uruguayo durante décadas. Ahora, bajo el Gobierno militar de facto, sufría persecución y no gozaba de la relativa tolerancia que la dictadura dispensaba al PC, el PN y los católicos conservadores de la Unión Cívica (UC), por lo que sus miembros debían conducirse en la clandestinidad. En estos momentos, el compromiso político asumido por Vázquez entrañaba, como mínimo, ciertos riesgos.

El PSU había sido uno de los cinco partidos de izquierda ilegalizados en diciembre de 1967 por el entonces presidente colorado, Jorge Pacheco Areco. Pero más tarde se las había arreglado para burlar parcialmente su proscripción uniéndose al Partido Comunista del Uruguay (PCU) de Rodney Arismendi, el Partido Demócrata Cristiano del Uruguay (PDC), disidentes del PC y el PN, trotskistas y otros grupúsculos de tendencia progresista bajo la bandera del Frente Amplio, coalición que con un sólido respaldo de activistas sociales y sindicalistas independientes se constituyó el 5 de febrero de 1971. El líder indiscutible del Frente era el general retirado Líber Seregni Mosquera, presentado a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 1971, en las que con el 18,3% de los sufragios fue el tercer candidato más votado a título individual, por detrás del colorado Bordaberry y del líder blanco Wilson Ferreira Aldunate, receptor del 26,4%.

Sin embargo, al regir la llamada Ley de Lemas, según la cual se llevaba la Presidencia el candidato (sublema) más votado de la sigla partidaria (lema) que más papeletas sumara –de acuerdo con este singular sistema, los votos colorado y blanco se fragmentaban en las presidenciales-, fue Bordaberry quien se llevó la proclamación, aunque con graves sospechas de fraude en el escrutinio. Los frenteamplistas consiguieron meter 18 escaños en la Cámara de Diputados, su primera representación a nivel nacional. El Frente Amplio siguió moviéndose por una línea de rechazo al imperialismo y la oligarquía, y de defensa de la participación popular en los procesos políticos, el intervencionismo estatal, la reforma agraria y la nacionalización de la banca privada, a la vez que sus elementos más a la izquierda mantenían relaciones con el MLN-T, pese al carácter claramente terrorista de parte de las actividades de la organización tupamara.

Tras el golpe de Estado de 1973, el Frente fue proscrito y muchos de sus dirigentes, con Seregni a la cabeza, terminaron en prisión. Los primeros años del Gobierno de facto fueron extremadamente duros para los frenteamplistas, que padecieron en carne propia la obsesión de la cúpula castrense por extirpar toda manifestación izquierdista de la vida nacional. Vázquez tenía de siempre simpatías izquierdistas, pero su negativa a involucrarse en el activismo político le permitió surcar indemne esta peligrosa etapa. Se afilió al PSU en torno a 1983, año álgido de las protestas cívicas contra la dictadura, y pronto se hizo notar entre los cuadros superiores del partido.

Seregni fue excarcelado en marzo de 1984, pero no se le permitió disputar las elecciones presidenciales del 25 de noviembre de 1984, cuya convocatoria fue arrancada al general Álvarez en virtud del denominado Pacto del Club Naval, suscrito el 3 de agosto anterior por el régimen, el PC, la UC y el mismo Frente Amplio (el PN boicoteó las conversaciones en protesta por la detención de su líder histórico, Ferreira, nada más retornar del exilio). El sustituto de Seregni, Juan José Crottogini, cosechó el 21,3% de los votos, mientras que en los comicios legislativos la cuota representativa creció hasta los 21 escaños. El ganador de las presidenciales, Julio María Sanguinetti Coirolo, del PC, personificó la restauración de la democracia el 1 de marzo de 1985.

Progresivamente atraído por la actividad política, Vázquez, con 47 años de edad, ingresó en el Comité Central del PSU en diciembre de 1987 por decisión del 39º Congreso del partido, ocupando la Secretaría General Reinaldo Gargano Ostuni. En cuanto al Frente Amplio, la desaparición del elemento aglutinante, la lucha contra la dictadura, puso al descubierto las contradicciones internas de una coalición que daba cobijo a ideologías dispares. Como resultado de las divisiones entre los sectores socialistas-comunistas y centristas, el Frente sufrió la doble escisión del PDC y el que entonces era su integrante más potente al aportar 11 de los 21 diputados, el Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP, antes llamado Lista 99 y Movimiento por el Gobierno del Pueblo, MPG, una defección del coloradismo liderada por Hugo Batalla). PDC y PGP se unieron a los católicos de la UC para dar vida a la alianza Nuevo Espacio (NE).

Supliendo en parte la pérdida de efectivos por su ala derecha, el Frente se reforzó por su ala izquierda con las incorporaciones del MLN-T, ya reconvertido en un partido democrático civil, el Movimiento 26 de Marzo (M-26), el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Movimiento Grito de Asencio (MIGDA). Estas recomposiciones partidarias sucedieron unos meses antes de las elecciones generales del 26 de noviembre de 1989, que supusieron el bautizo en las urnas de Vázquez, con resultado triunfal. El oncólogo socialista, gracias a los éxitos deportivos del Club Atlético Progreso, se había convertido en todo un personaje en las barriadas populares de Montevideo, pero también traía una fama de excelente gestor.

Con estos dos activos personales, el Frente, que un principio le había reservado para las listas a la Cámara de Senadores, decidió otorgarle a Vázquez la candidatura al puesto electivo de intendente o alcalde capitalino, una oficina de mucho poder e influencia en Uruguay toda vez que la urbe rioplatense concentraba más de la tercera parte (la mitad, considerando el área metropolitana) de la población y el 45% del PIB uruguayos. Hasta la fecha, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), con su desmedido aparato burocrático, había sido el principal coto del clientelismo y el tráfico de influencias cultivados por los dos grandes partidos tradicionales. Lejos de pasarle factura, los abandonos del PDC y el PGP vinieron a consolidar al Frente, que ahora ofrecía al electorado un perfil izquierdista mucho más nítido, restando fundamento al temor de que el desembarco en el movimiento-coalición de los antiguos guerrilleros tupamaros pudiera ahuyentar a los electores de orientación ideológica moderada.

En las presidenciales y legislativas, el Frente repitió casi al milímetro los resultados de cinco años atrás, con el mismo número de escaños, 21, y el mismo porcentaje para Seregni, segundo tras el blanco Luis Alberto Lacalle Herrera, quien a título individual percibió un escaso 22,6% de los votos y que con todo se proclamó presidente, pero por delante de los colorados Jorge Luis Batlle Ibáñez y Jorge Pacheco Areco. El grito de victoria en las generales de 1989 lo profirieron los frenteamplistas gracias a Vázquez, que con el 33,6% de los votos se llevó la Intendencia y dio al Frente su primera plaza de poder ejecutivo.


3. De la Intendencia de Montevideo a las dos primeras tentativas presidenciales

Inaugurado el 15 de febrero de 1990 con un mandato de cinco años, Vázquez dirigió el consistorio montevideano con prodigalidad y sentido reformista. Acometió una importante descentralización administrativa basada en la figura del Centro Comunal Zonal, de los que se crearon 18, transparentó los procesos decisorios, elevó los salarios de los funcionarios y gastó mucho en las partidas sociales, pero al precio de cubrir de deudas el erario municipal. Desde la oposición, el PN no dudó en tachar de manirrota y populista esta gestión. Mientras en la IMM Vázquez gastaba a manos llenas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, desde la Residencia Presidencial Suárez y Reyes, Lacalle ejecutaba políticas neoliberales, con ajuste financiero, desregulación normativa, librecambismo comercial y privatizaciones. La prensa uruguaya llegó a hablar de una incómoda "cohabitación" entre dos regidores que ofrecían a sus gobernados unos modelos sociales y económicos diametralmente opuestos.

De cara a las elecciones generales de 1994, el Frente abrió un debate interno del que salió una declaración sobre la necesidad de abrirse a la colaboración con partidos no propiamente de izquierda pero igualmente interesados en ofrecer al electorado una sólida alternativa de progreso, capaz de quebrar el bipartidismo tradicional, aunque no hegemónico ya, sí aún predominante. Vázquez, que no jugó exactamente un papel principal en la formulación de las nuevas estrategias de la coalición y que se encontraba enfrentado a Danilo Astori Saragosa, jefe de la facción frenteamplista Asamblea Uruguay, compañero de fórmula de Seregni en las presidenciales de 1989 y el delfín oficioso del veterano líder, acogió entusiásticamente la idea, con lo que él mismo se escoró a posiciones más moderadas.

Las conversaciones con sectores del PN, el PGP, el PDC y la facción colorada Foro Batllista llegaron a buen puerto y el 15 agosto de 1994 los distintos cabezas de facción pusieron en marcha la coalición electoral Encuentro Progresista (EP). Vázquez, dotado de un raro carisma donde convivían los gestos taciturnos, los bandazos de discurso y la conexión personal con el ciudadano de a pie, era desde el mes anterior el candidato presidencial del Frente, postulación en la que había conseguido imponerse a Astori, y ahora pasó a serlo también del Encuentro Progresista.

Una vez cesado como intendente de Montevideo para concentrarse en la campaña de las presidenciales (su reemplazo en la alcaldía fue su tocayo y conmilitón Tabaré González), Vázquez esgrimió un plantel de propuestas de tipo socialdemócrata en su sentido más clásico, con prioridad para las políticas activas de empleo, la inversión pública en los servicios sociales, la supresión de las bolsas de pobreza, el aumento de la presión fiscal a los grandes propietarios y la descentralización participativa y geográfica. El oncólogo quería marcar las distancias del mayor o menor continuismo que propugnaban blancos y colorados, y confiaba en el advenimiento de una nueva era política en Uruguay, dejando atrás un modelo económico, el neoliberal, que él consideraba desacreditado y periclitado.

Parte de esta predicción se cumplió el 27 de noviembre de 1994, cuando Vázquez protagonizó también el segundo hito electoral de los frenteamplistas al alzarse, con el 30,6% de los sufragios, como el candidato más votado en la liza individual de aspirantes presidenciales. Su compañero de fórmula para el puesto de vicepresidente era el senador democristiano Rodolfo Nin Novoa, quien había recorrido el primer tramo de su trayectoria política en las filas del PN. No obstante, seguía operando la Ley de Lemas, de manera que las sumas de los sufragios obtenidos por los tres postulantes colorados (en este orden, Sanguinetti, Batlle y Pacheco) y los tres nacionalistas (Alberto César Volonté Berro, Juan Andrés Ramírez y Carlos Julio Pereyra) relegaron al EP-FA en el cómputo final a la tercera posición. Los márgenes, eso sí, eran mínimos: Julio María Sanguinetti ganó su segunda presidencia con el 32,3% de las papeletas, mientras que él en solitario sólo había capturado el 24,7%.

Aunque no ganada por la izquierda, la votación presidencial de 1994 alumbró una compartimentación electoral del PC, el PN y el EP-FA casi a partes iguales, pudiéndose hablar ya de un tripartidismo equilibrado que dejaba expedito el camino a una alternancia completa de Gobierno. La nueva balanza de fuerzas se apreció más nítidamente en las legislativas, donde la coalición progresista se hizo con 31 diputados y 9 senadores, colocándose al mismo nivel de representación que sus dos contrincantes tradicionales. En añadidura, el Frente revalidó el control de la IMM con su candidato Mariano Arana Sánchez, senador de Vertiente Artiguista, que mereció la confianza del 44% de los votantes montevideanos. La lectura que hizo Vázquez de las elecciones de 1994 fue que había que perseverar y profundizar en la estrategia de diálogo con los partidos, tendencias y personalidades que aunque no hacían profesión de fe izquierdista disentían ampliamente de las facciones predominantes en las estructuras orgánicas del PC y el PN. En diciembre de 1994, este decidido impulso del EP-FA hacia el centro-izquierda con la incorporación de nuevos socios tuvo como mejor aval la decisión por los encuentristas de elegir a Vázquez presidente de la coalición. Seregni seguía siendo el líder del Frente.

A principios de 1996, la reforma constitucional promovida por Sanguinetti para suprimir la casi centenaria Ley de Lemas e instaurar, como en otros países del entorno, la candidatura presidencial única por partido y el sistema de doble vuelta electoral para las situaciones en que ningún postulante alcanzara la mayoría absoluta del 50% mas uno de los votos, sembró el divisionismo en una coalición que tenía que hacer un permanente encaje de bolillos para dar satisfacción a sus numerosos integrantes. Seregni venía negociando las modificaciones constitucionales con el PC y el PN, y en principio estaba de acuerdo con los cambios propuestos en el sistema electoral. Pero Vázquez emitió su opinión contraria, al parecerle que la izquierda uruguaya perdía más que ganaba con la introducción de la balotaje y la desaparición de los sublemas, concebidos en su momento para adaptar el sistema electoral a la estructura en corrientes de los partidos tradicionales.

Las tesis del dirigente socialista se impusieron en el grupo parlamentario del EP-FA, no dejando a Seregni, quien iba a fallecer en julio de 2004 a los 87 años, otra salida que la dimisión "indeclinable y definitiva" como presidente del Frente el 5 de febrero de 1996, justo en el día del vigesimoquinto aniversario de la coalición. Astori y la Asamblea Uruguay, favorables también a enterrar la Ley de Lemas, hubieron de someterse a la disciplina del colectivo. A raíz de esa grave trifulca, Vázquez se apartó del Secretariado Ejecutivo, el órgano de dirección colegiada del Frente, aunque esta espantada, no extraña en un hombre que tendía a alternar los ramalazos de timidez con las manifestaciones de brusquedad e intransigencia en las disputas internas, fue temporal: el 22 de diciembre de 1996, en el III Congreso Ordinario de la coalición, el presidente encuentrista se convirtió también en el presidente de los frenteamplistas. La conversión de Vázquez en el máximo líder de la izquierda uruguaya tuvo lugar dos semanas después del referéndum nacional que, contrariando las consignas negativas lanzadas por el Frente, dio luz verde, aunque por los pelos, al paquete de reformas constitucionales impulsado por el Gobierno del PC.

El 13 de septiembre de 1997 Vázquez volvió a turbar a los suyos con el anuncio de que dimitía como presidente del Frente con efecto inmediato. La razón aducida fue la violación de la disciplina de voto por el edil frenteamplista Jorge Zabalza Waksman, ex guerrillero tupamaro del Movimiento de Participación Popular (MPP, marchamo político activado por el MLN-T), quien frustró en la Junta Departamental, u órgano legislativo, de Montevideo la iniciativa de la Intendencia de conceder a un grupo empresarial privado la administración de un importante hotel-casino de la capital, hasta entonces en manos del consistorio. La enésima disensión interna ponía sobre el tapete las insalvables diferencias ideológicas entre la mayoría izquierdista moderada y una minoría de personalidades radicales, fieles a una concepción socialista prístina o abiertamente marxista.

Vázquez puso como condiciones para revocar su renuncia a la "autoexclusión" de aquellos miembros del Frente que no acataran las resoluciones de los órganos ejecutivos y a la potenciación del proyecto encuentrista. Una vez satisfechas sus demandas, Vázquez, a quien las encuestas situaban como el político mejor valorado del país, fue ratificado por aclamación como timonel del Frente por el III Congreso Extraordinario del movimiento en noviembre de 1998. En esta ocasión, Astori aceptó no arrojar el guante a su inveterado rival a cambio de tener vía libre para disputarle la candidatura presidencial en las primarias del 25 de abril de 1999, abiertas a todo ciudadano previamente registrado. Llegado ese momento, el socialista se impuso con más rotundidad de lo esperado: recibió el 82,4% de los votos. El 26 de junio siguiente, la Convención Nacional del EP-FA proclamó a Vázquez su candidato presidencial.

En aquellos momentos, el Frente se ofrecía a la opinión pública uruguaya como un batiburrillo de siglas que a pesar del trajín de incorporaciones, defecciones, fusiones, absorciones o escisiones mantenía un equilibrio bastante razonable. La veintena de partidos y movimientos que le daban vida se organizaban en sectores o bien se desenvolvían individualmente.

En el Frente de 1999 funcionaban cuatro grandes agrupaciones internas: la Corriente de Izquierda, polo radical minoritario, reunía al MPP, el M-26, el PST, la Corriente de Unidad Frenteamplista (CUF), el Movimiento 20 de Mayo (M-20) y la Unión Popular (UP); la ya citada Vertiente Artiguista consistía en la Izquierda Democrática Independiente (IDI) y Artiguismo y Unidad (AU); la comunista Democracia Avanzada 1001, grupo al que daban vida el PCU y el Frente Izquierdista de Liberación (FIDEL); finalmente, operaba Espacio 90, fruto de un pacto entre el PSU de Vázquez, la Corriente Popular (CP) y el Movimiento Socialista (MS). Además, estaban la Asamblea Uruguay de Astori, la Izquierda Abierta (IA), el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), el Movimiento Popular Frenteamplista (MPF) y el Movimiento Pregón (MP). El componente más importante era con mucho la Asamblea Uruguay, que aportaba 17 de los 31 diputados, seguido de Espacio 90, que poseía siete escaños.

A las elecciones generales de octubre de 1999 Vázquez llegó como el favorito para encabezar la primera vuelta, aunque él mismo era consciente de que la balotaje le perjudicaba. El Frente no había hecho sino crecer electoralmente desde su fundación, y otro empujón ahora se daba por descontado, pero esta pujanza no garantizaba el triunfo final en las presidenciales. Por lo demás, las vicisitudes de Vázquez y los frenteamplistas eran análogas a las de otro ilustre socialista sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), en el vecino Brasil. Allí, el carismático dirigente petista llevaba perdidos tres envites presidenciales consecutivos (1989, 1994 y 1998) y, de manera más acusada que Vázquez en Uruguay, suscitaba aprensiones en importantes sectores de las clases medias y altas por su tradicional discurso de izquierdas, hostil a las dinámicas del libre mercado y el gran capital, y a la escasa progresividad de los impuestos directos.

Pero Lula ya estaba madurando una estrategia de victoria segura en 2002, que pasaba por abrazar el máximo de pragmatismo y moderación para mitigar miedos infundados, sin renegar de una serie de objetivos fundamentales de justicia social que conformaban los manifiestos de su partido y de un ramillete de formaciones cercanas susceptibles de firmar alianzas con él. Aunque el caso uruguayo no era especular (ni los problemas ni la estructura socioeconómica del país eran los mismos, ni el EP-FA se parecía al PT, un partido unitario, en muchos aspectos) del brasileño, los paralelismos de coyuntura eran evidentes. Obviamente, Vázquez estaba muy interesado en la experiencia de las izquierdas brasileñas, de cuya victoria final iba a tomar buena nota. Sin embargo, ahora, en Uruguay, que vivía tiempos de incertidumbre económica, una parte del electorado que en otras circunstancias habría apostado por el cambio seguramente iba a decidir que era mejor continuar con lo conocido, no fuera a ser que una alternativa de izquierdas, al efectuar tal vez un brusco volantazo en las políticas del Gobierno, generara peligrosas turbulencias financieras o monetarias.

En 1999 el dirigente socialista retomó las propuestas de la campaña de 1994 e hizo hincapié en la responsabilidad del Ejecutivo para insuflar oxígeno a una economía en franca recesión como consecuencia de la profunda devaluación del real brasileño en el mes enero. El final del tipo de cambio fijo del real y su paridad con el dólar estaba hundiendo las exportaciones agropecuarias uruguayas en el ámbito del MERCOSUR e inundando el mercado nacional de productos del país vecino a precio de ganga. Con el efecto samba procedente de Brasil golpeando en las puertas de casa, Vázquez intentó transmitir un tono de responsabilidad financiera, asegurando que la llegada del Frente al poder no tenía porqué generar movimientos de pánico como fugas de capitales.

En un almuerzo con dirigentes de la patronal uruguaya, Vázquez afirmó que las propuestas de su movimiento no eran ni "una expresión de nostalgia socialista" ni suponían "una amenaza para los inversores y empresarios", sino que apuntaban a la recuperación de los niveles de competitividad en los sectores agropecuario e industrial, y a la ejecución de reformas estructurales. La coalición opositora incluso contemplaba recortar algunos gravámenes sobre el sector productivo, como el impuesto a las rentas de capital, amén del IVA. Eso sí, en caso de conquistar la Presidencia, puntualizaba Vázquez, no demoraría la activación de un plan social de emergencia y autorizaría aumentos salariales en consonancia con la productividad de las empresas. Además, protegería las manufacturas locales con mecanismos arancelarios excepcionales ya permitidos por el propio MERCOSUR.

En la recta final de la campaña electoral, el candidato advirtió que un Gobierno del Frente no aplicaría recetas "impuestas por las agencias internacionales de crédito", si bien haría honor a las obligaciones deudoras contraídas por el Estado. Sacando punta al lenguaje, indicó que las políticas pensadas por el EP-FA eran "gradualistas" y "progresistas, no socialistas", y que ellos no traían "aventuras ni soluciones mágicas". El 31 de octubre de 1999 la boleta Vázquez-Nin rompió el techo electoral de su grupo y se puso en cabeza con el 38,5% de los sufragios, seguida por las del colorado Batlle con el 31,3% y el ex presidente nacionalista Lacalle con el 21,3%. Deseando inyectar entusiasmo, Vázquez presentó su victoria provisional como un paso adelante en la "revolución cautelosa" que se vivía en el Cono Sur, luego de años de gobiernos liberales. Sin embargo, al final sucedió lo que el EP-FA estaba temiendo en privado: un trasvase masivo del voto útil conservador del electorado blanco al candidato del oficialismo colorado, a fin de bloquear al aspirante de una izquierda que todavía despertaba muchos recelos.

Como resultado, el 28 de noviembre Vázquez ascendió levemente al 44% de los votos, mientras que Batlle se proclamó presidente con el 51,6%. Eso sí, el EP-FA venció inapelablemente en las legislativas, con 40 diputados y 12 senadores. El 14 de mayo de 2000, la segunda vuelta de las elecciones municipales constituyó un epílogo de lo más alentador: Mariano Arana volvió a triunfar en Montevideo, esta vez con el 52% de los sufragios, y el EP-FA registró importantes subidas en los demás departamentos del país.


4. Triunfo en las elecciones de 2004 sobre colorados y blancos con un programa socialdemócrata

Vázquez y los suyos se tomaron con filosofía la derrota en las presidenciales de 1999, de la que extrajeron valiosas enseñanzas. De inmediato, se pusieron manos a la obra para asegurarse de que en la siguiente ocasión, las elecciones de 2004, la victoria no volviera a escapárseles de las manos. Por de pronto, era menester ensanchar la base de apoyos, lo que exigía un cierto corrimiento al centro e integrar en una estructura más organizada a los sectores de la izquierda moderada que venían yendo por libre. Con ese fin, Vázquez trabajó intensamente en los terrenos político, buscando nuevos socios para el encuentrismo, y social, cortejando individualmente a electores que hasta entonces habían votado colorado o blanco. El dirigente se volcó en este doble activismo, recorriendo el país de cabo a rabo para reunirse personalmente con la gente y negociando la entrada en el Encuentro Progresista del partido socialdemócrata Nuevo Espacio, muchos de cuyos miembros habían sido frenteamplistas (procedían del PGP) y que en las pasadas elecciones había tenido una cuota electoral del 4%. En añadidura, Nuevo Espacio compartía membresía con el PSU en la Internacional Socialista.

La incorporación del Nuevo Espacio que presidía el senador Rafael Michelini Delle demandaba construir un ámbito específico, la Nueva Mayoría (NM), expresión que apelaba al cambio político en Uruguay, a una auténtica alternancia, sin incidir en los aspectos ideológicos de esa mudanza histórica. Quedó definida por tanto la más vasta coalición en la historia electoral uruguaya (y de todo el continente), el EP-FA-NM, cuya acta fundacional fue firmada el 19 de diciembre de 2002 por Vázquez, Michelini, el vicepresidente del Encuentro Progresista, Nin Novoa, el vicepresidente del Frente Amplio, Jorge Luis Brovetto Cruz, y el secretario general del Nuevo Espacio, Edgardo Carvalho Silveira. Para entonces, el Frente ya había avanzado las líneas maestras de su plan de acción política. En septiembre de 2001, el IV Congreso Ordinario, al tiempo que reelegía a Vázquez como presidente del movimiento-coalición, proclamó su Compromiso por el cambio para el nuevo siglo, documento que reafirmaba las metas de la "solidaridad" y la "justicia" sociales en un mundo marcado por una "nueva fase del capitalismo global" y la "liberalización absoluta de las economías", conformando "una opción ideológica que no compartimos".

Las críticas de Vázquez al neoliberalismo, tachado por él de "madre de todas las desgracias de los pueblos de América Latina", se vieron vindicadas con la gravísima crisis económica y financiera que se abatió sobre el país austral, la peor de su historia contemporánea, en la primavera y el verano de 2002. Contagiado por la debacle monetaria en Argentina y dañado también por la persistente debilidad financiera en Brasil, el peso uruguayo fue presa de la especulación en los mercados de divisas, obligando al Banco Central a vender cientos de millones de sus reservas en dólares para atajar la devaluación de la moneda nacional. En junio, ante lo infructuoso de sus esfuerzos, la autoridad monetaria decidió liberalizar el tipo de cambio, dejando al peso en flotación. El rebote de los precios provocó saqueos de supermercados y disturbios en Montevideo, reproduciendo a una escala menor lo sucedido en Argentina en diciembre del año anterior. A finales de julio, ante la retirada masiva de depósitos por los ahorradores, el Gobierno decretó el feriado bancario con carácter temporal.

La tormenta, que amenazó con aniquilar el sistema financiero uruguayo, pudo ser domeñada gracias a una ayuda urgente del FMI, concedida a instancias del Gobierno de Estados Unidos, pero 2002, uno de los años más infaustos en la historia de Uruguay, terminó con una contracción económica brutal, de casi el 11% del PIB (era el cuarto año consecutivo de recesión), una inflación anual del 26%, una tasa de paro disparada al 17% y un porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza, el 31%, que duplicaba la marca estimada hacía tan solo un lustro. La República Oriental evitó el colapso financiero en 2002, pero sus tejidos productivo y social estaban hechos jirones.

Con la popularidad de Batlle y el coloradismo por los suelos, Vázquez y sus huestes valoraron como un anticipo de lo que se avecinaba en las generales de 2004 el resultado del referéndum vinculante del 7 de diciembre de 2003. Con un 63% de síes, los uruguayos aprobaron derogar la ley de supresión de los monopolios de la ANCAP sobre la comercialización y el refinado de petróleo crudo, y sobre la exportación de derivados del petróleo, liberalización que había sido aprobada por la Asamblea General justo hacía dos años y que habría supuesto la participación de compañías privadas en el negocio del hidrocarburo.

El 21 de diciembre de 2003, el IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio, por tercera vez consecutiva, designó a Vázquez candidato presidencial y a Nin Novoa su compañero de fórmula. La candidatura fue formalizada en la elección interna celebrada por el EP-FA-NM el 27 de junio de 2004. Un ciclo de seminarios denominado La transición responsable y el programa El Gobierno del cambio desgranaron la oferta electoral del EP-FA-NM, organizada en siete ejes.

Así, el eje Uruguay social proclamaba el propósito de "atacar las causas de la pobreza estructural" y contenía un Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES). El mismo incluía actuaciones vigorosas para subsanar los déficits alimenticios en zonas deprimidas, la meta de brindar a la castigada población una cobertura sanitaria universal y la dotación de más recursos a la educación pública. El eje Encuentro con los empresarios significaba "generar un ambiente propicio para la actividad empresarial", buscando la estabilidad macroeconómica, avanzando en la desdolarización de la economía, "no aumentando", sino "redistribuyendo", la presión fiscal, fomentando la inversión pública en los sectores productivos y disminuyendo las tarifas de los servicios públicos.

El eje Uruguay productivo pasaba por aplicar un Plan de Emergencia de Empleo y Salarios que integrara medidas tales como inversiones en obras públicas, subsidios a la oferta laboral, ventajas fiscales para las pequeñas empresas o descuentos a los patronos en las aportaciones a la Seguridad Social de sus asalariados, acompañado de una ley de negociación colectiva y de programas específicos de desarrollo en los sectores agropecuario y agroindustrial. El Uruguay innovador vislumbraba un "diseño institucional favorable a la innovación" tecnológica y científica, a realizar por un Plan Estratégico ad hoc.

Luego estaba el eje Uruguay democrático, que perseguía la descentralización, transparencia y apertura de los poderes públicos a la sociedad civil. Los instrumentos para conseguirlo serían un Plan Estratégico de Fomento de la Participación Ciudadana, una Ley Básica de Participación Institucional, un Consejo Ciudadano de Seguimiento de los Compromisos de Gobierno, y diversos mecanismos de control y auditoria de las instituciones y los partidos. El Uruguay integrado se refería a una política exterior donde la mayor prioridad fuera el "inexcusable relanzamiento" del MERCOSUR "como sistema de integración y plataforma de inserción de la región en el mundo". Finalmente, el eje Uruguay cultural contemplaba la gestión de la multiculturalidad, de nuevo, "en clave de integración regional".

En este programa electoral, era ostensible la intención de revertir la tendencia iniciada por el Gobierno de Batlle, a fin de escapar de las turbulencias económicas, de confiar en las relaciones bilaterales con Estados Unidos en detrimento de la cooperación multilateral en el ámbito MERCOSUR y del diálogo particular con la Argentina del peronista Néstor Kirchner y el Brasil del petista Lula, dos presidentes con los que Vázquez, dada la proximidad ideológica, esperaba sintonizar muy bien, al igual que con el socialista chileno Ricardo Lagos. Si el frenteamplista ganaba en las urnas, Uruguay pasaría a integrar lo que los comentaristas empezaban llamar el "eje progresista sudamericano", un alineamiento fáctico que defendía las dinámicas de integración autóctonas, más ambiciosas y atentas a las especificidades culturales regionales, frente al proyecto, patrocinado por Estados Unidos y meramente librecambista, del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

El 31 de octubre de 2004 los uruguayos acudieron a votar con el habitualmente mínimo nivel de abstención; mientras, en las filas del EP-FA-NM imperaba la euforia por la convicción de que la victoria era segura. En efecto, Vázquez se proclamó presidente sin tener que acudir a la segunda vuelta prevista para el 28 de noviembre con el 50,7% de los votos, superando ampliamente al blanco Jorge Washington Larrañaga Fraga, que recogió el 34,1%, y al colorado Guillermo Eduardo Stirling Soto, que sólo obtuvo el 10,3%. En las legislativas, los resultados fueron también próvidos, al obtener la coalición centro-izquierdista 53 de los 99 diputados y 17 de los 31 senadores, esto es, la mayoría absoluta en las dos cámaras de la Asamblea. El MPP, en un salto sensacional, se convirtió en la primera fuerza legislativa y de hecho acaparó más de la mitad de todos los votos frenteamplistas. En la misma jornada se celebró un plebiscito, convocado por iniciativa popular y respaldado matizadamente por el EP-FA-NM y el PN, sobre una reforma constitucional que otorgase al Estado el monopolio de los servicios de saneamiento y suministro de agua potable, siendo el resultado de la consulta favorable a este cambio.

El mandatario electo prometió un cambio que "sacudirá las raíces de los árboles", en un país que, pese a haber recuperado el empuje económico (2004 iba a cerrar con una espectacular tasa de crecimiento del PIB del 12,3%, que obedecía al excelente comportamiento de las exportaciones pecuarias (lana ovina, carne y cuero vacunos, lácteos) y agrícolas (soja, pasta de celulosa, arroz), en un contexto de bonanza regional y de debilidad del dólar frente al euro), estabilizado la moneda y dejado atrás sus apuros de liquidez, cargaba con una deuda bruta acumulada de 13.500 millones de dólares y con un desempleo, del 13%, todavía elevado.

Hasta la toma de posesión el 1 de marzo de 2005, Vázquez y sus lugartenientes recordaron su decisión de acometer acciones sociales urgentes en los primeros días de gobierno, empezando por el PANES, e insistieron en transmitir mensajes de tranquilidad y estabilidad a los agentes económicos, los cuales recibieron seguridades de que continuarían las negociaciones con el FMI para el reescalonamiento del servicio de la deuda. También, manifestaron su voluntad de revisar la política gubernamental en relación con las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por el Estado durante el régimen cívico-militar de 1973-1985, pero en el marco, se suponía que muy restrictivo, de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 y ratificada por el referéndum derogatorio de 1989 bajo el primer Gobierno de Sanguinetti.

A primera vista, de este enfoque se infería que seguirían sin emprenderse acciones penales contra los funcionarios militares y policiales autores de crímenes por móviles políticos, quienes estaban protegidos por una amnistía de hecho, pero sí se investigaría el paradero de los secuestrados desaparecidos, oficialmente 38, y podrían establecerse pruebas forenses mediante pesquisas in situ, lo que precisaría de la colaboración de las Fuerzas Armadas. Es más, el esclarecimiento por el Poder Ejecutivo de las denuncias llegadas a los jueces sobre desapariciones de ciudadanos uruguayos con trasfondo político estaba previsto por el artículo 4º de la propia Ley de Caducidad, que hasta ahora ningún Gobierno había cumplido cabalmente.

En abril de 2003, la Comisión para la Paz, nombrada en 2000 por el presidente Batlle, había publicado un informe final que pretendía dar un carpetazo concluyente a la dolorosa cuestión de los crímenes de la dictadura, pero lo que consiguió fue indignar a los familiares y las ONG: 26 de los desaparecidos denunciados estaban, en efecto, muertos; tras ser torturados en los centros detención y/o asesinados, sus cuerpos habían sido incinerados en hornos crematorios y las cenizas resultantes, dispersadas. Vázquez explicó que el resarcimiento de los familiares de las víctimas se haría también mediante compensaciones económicas, indemnizaciones que beneficiarían igualmente a aquellos miembros del estamento militar que hubiesen visto perjudicada su situación en los años del Gobierno de facto.


5. Formación del primer Gobierno de la izquierda en Uruguay

El 1 de marzo de 2005 Vázquez prestó juramento de su puesto ("juro trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo uruguayo", añadió a la fórmula oral por la que se comprometía a guardar fidelidad a la Constitución) en el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea General, en una emotiva ceremonia a la que asistieron siete presidentes latinoamericanos, sin faltar Lula, Kirchner, Lagos y el venezolano Hugo Chávez, así como una nutrida representación española.

En sus dos discurso de inauguración, mediados por la declaración de fidelidad constitucional, el primero dentro del hemiciclo y el segundo, ya investido presidente, en la explanada del Palacio Legislativo, el mandatario anunció el comienzo de una nueva etapa de la historia nacional en la que el Gobierno de Uruguay, de acuerdo con los ejes del programa electoral de los partidos que lo sustentaban, pondría los medios para la construcción de un país "social", "productivo", "innovador", "democrático" e "integrado". El Plan de Emergencia Social, una reforma tributaria de tipo progresivo, la protección del trabajo como valor social, el principio de austeridad, la "lucha frontal" contra la corrupción, la promoción de una "política activa" en materia de Derechos Humanos y la investigación de los crímenes de la dictadura dando cumplimiento al artículo 4º de la Ley de Caducidad, el "firme rechazo" a todo tipo de terrorismo, la honra de los compromisos financieros internacionales (aunque "no toleraremos injerencias externas en nuestros asuntos internos", avisó) y el compromiso con un MERCOSUR "ampliado, redimensionado y fortalecido", eran algunas de las intenciones prioritarias y señas de identidad del Ejecutivo entrante, indicó Vázquez.

"No seremos arbitrarios, pero tampoco seremos neutrales. No se puede ser neutral ni se puede ser indiferente ante la pobreza, ante el desamparo, la desigualdad, la violencia, la corrupción, la intolerancia. Este Gobierno tiene señas de identidad nítidas e indelebles. Y desde ellas vamos a gobernar para la sociedad, y ello pasa por algo que se llama profundizar, ensanchar, alargar la democracia y la participación ciudadana en el ejercicio de este Gobierno nacional que debe ser de todos los uruguayos", afirmó el presidente debutante. Él, continuaba explicando Vázquez, iba a ser el jefe de un "Gobierno de cambios", cambios que de entrada resultaban "necesarios" ("porque aquí hubo un proyecto de país que se derrumbó sobre los más débiles, y un estilo de gobierno al cual también la historia le pasó por arriba") y "posibles" ("trabajaremos con la mirada en la utopía y los pies en la realidad"), y que además tendrían que ser "responsables", "continuados", "progresivos", "con sentido de nación" y "con la gente como centro y norte".

La histórica secuencia de transferencia de poderes prosiguió con el traslado de Vázquez al Edificio Independencia, o Palacio Estévez, para recibir la banda presidencial de manos de Batlle. A continuación, ya de noche, con la banda al hombro, el nuevo jefe del Estado se dio un festivo baño de masas y pronunció su segundo discurso de la jornada frente al Palacio Legislativo. Vázquez, de quien se decía que ostentaba el grado de maestro en la logia masónica José Artigas, en la que habría ingresado en 1988 (la información, publicada por la prensa local en vísperas de las elecciones, no fue desmentida por el interesado), alineó un Gabinete heterogéneo, como correspondía a la pluralidad de la coalición del centro-izquierda, donde se daban cita líderes partidistas, tecnócratas, empresarios, antiguos guerrilleros tupamaros y personas de confianza por encima de las etiquetas políticas.

El reparto de puestos testimonió el esfuerzo por dar contento a todos los integrantes importantes del EP-FA-NM. Los trece ministerios y la cincuentena de subsecretarías, direcciones generales y jefaturas de área se distribuyeron entre el personal del MPP, el PSU, la Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, el Nuevo Espacio, el PCU, el PVP y la Alianza Progresista (motora del vértice encuentrista de la coalición, formada por los democristianos del vicepresidente Nin Novoa y los ex comunistas de la Confluencia Frenteamplista, CONFA). Algunos cargos fueron confiados a personalidades independientes. A título individual, destacaban las presencias de los socialistas Reinaldo Gargano, el actual presidente del PSU, situado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Enrique Díaz Chávez, titular de la cartera de Interior, y Azucena Berrutti, encargada de la Defensa y primera mujer responsable del estamento militar, en un país donde el machismo institucional y político seguía siendo de los más acusados del continente.

Por parte del MPP descollaba en el Gabinete su veterano líder, José Mujica Cordano, un histórico de la guerrilla tupamara y que como presidente de la Asamblea General acababa de dirigir la investidura presidencial de Vázquez. Mujica obtuvo de su colega socialista el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Danilo Astori, quien mantenía con Mujica unas relaciones no precisamente cordiales y encarnaba el ala centrista de la coalición, se quedó con el decisivo Ministerio de Economía y Finanzas, todo un mensaje del izquierdista Vázquez para tranquilizar a los mercados y a los acreedores de deuda. El artiaguista Mariano Arana recibió el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, mientras que Jorge Brovetto, presidente del Frente Amplio en sustitución de Vázquez desde el mes de octubre, tomó la cartera de Educación y Cultura.


6. El quinquenio presidencial 2005-2010: reparación del tejido social con estabilidad macroeconómica

Tras instalar su Gabinete, Vázquez, dentro del paquete de primeras medidas del Consejo de Ministros, echó a andar el plan PANES, cuya coordinación e implementación encomendó a un ministerio creado a tal efecto, el de Desarrollo Social (MIDES), con la comunista Ana Marina Arismendi Dubinsky de titular. Concebido como un plan de emergencia transitorio, por un período de dos años, para mitigar el devastador impacto que la crisis de 2002 había tenido en la población y reparar los desgarrones más serios del lienzo social, el PANES constaba de siete programas sectoriales, a saber: el Plan Alimentario Nacional (PAN), el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), el Programa de Ingreso Ciudadano (PIC), el Programa Educación en Contextos Críticos, el Programa Empleo Transitorio, el Programa Asentamientos Precarios y Pensiones, y el Programa Alojamiento a las Personas en Situación de Calle.

Con los fines de cubrir las necesidades básicas de los sectores sociales más vulnerables y de rescatar de la pobreza extrema y la indigencia a decenas, si no cientos, de miles de uruguayos, el Ejecutivo contemplaba tanto inversiones en infraestructuras y servicios públicos como transferencias monetarias directas, condicionadas y monitorizadas, a las familias en situación de penuria acuciante. El conjunto de actuaciones recogidas por el PANES fue adoptado como Ley Nº 17.869 por la Cámara de Representantes el 12 de mayo de 2005, cuatro días después de apuntarse el EP-FA-NM importantes victorias en las elecciones departamentales y municipales: la coalición del centro-izquierda ganó en 8 de los 19 departamentos y el MPP de Mujica colocó al nuevo intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich. Dicho sea de paso, en noviembre de este mismo año, 2005, el Nuevo Espacio y todos los grupos que componían el Encuentro Progresista resolvieron ingresar en el Frente Amplio. Dejó de hablarse, por tanto, de la tripleta de siglas EP-FA-NM para referirse a la coalición oficialista, en adelante simplemente el Frente Amplio, con Jorge Brovetto de presidente.

Transcurridos los dos años de su aplicación, el Gobierno proclamó el exitoso cumplimiento de los objetivos del PANES y el PIC, que habían beneficiado a 91.000 hogares y a casi 400.000 personas de todas las franjas de edad. Las inversiones del Gobierno en esta partida ascendían, al cambio, a los 228 millones de dólares. Para continuar con los esfuerzos de inclusión social e incidir en la estructura de las desigualdades más allá de la respuesta coyuntural, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales elaboró el Plan de Equidad, que fue presentado por el Gabinete Social del Ejecutivo el 9 de abril de 2007.

El nuevo plan, en vigor el 1 de enero de 2008 previa aprobación por los diputados de los instrumentos legales necesarios, mantenía la estrategia de intervenciones específicas (rentas familiares, alimentación, trabajo, educación, sanidad, vivienda, etc) de su predecesor, pero la hacía extensible a un segmento mucho mayor de la población, unas 900.000 personas, de las que la mitad eran menores. Como novedad, desaparecía el Ingreso Ciudadano y en su lugar se modificaba el sistema de Asignaciones Familiares por hijos. También obtenían un importante refuerzo de sus magros ingresos los ancianos con pensiones de jubilación (sistema de Asistencia a la Vejez) en situación de pobreza.

La reforma tributaria con fiscalidad progresiva, considerada por Vázquez una pieza clave para reducir las inequidades sociales en la distribución de los ingresos así como el gran proyecto del ministro Astori, por lo demás un frenteamplista apegado al conservadurismo fiscal, era otro de los pilares del programa electoral del EP-FA-NM, aunque su puesta en marcha se demoró dos años. Con todo, Uruguay Avanza, que así se bautizó al nuevo esquema impositivo aplicado a los sueldos, fue considerada la primera gran reforma de signo izquierdista activada por el Gobierno Vázquez. En un continente donde la mayoría de los ingresos tributarios procedían de recaudaciones indirectas (de los impuestos al consumo, fundamentalmente), el nuevo sistema fiscal uruguayo centrado en las rentas de trabajo y de carácter progresivo mereció que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) lo elogiase como "el mejor de la región" por su capacidad para distribuir más equitativamente la renta nacional y reducir las desigualdades económicas de la población. Para sus críticos, empero, el peso de la reforma recaía sobre los hombros de las clases medias, cuyos salarios eran más bien humildes, y no en los grandes propietarios y las fortunas del país.

El 1 de julio de 2007, en virtud de la Ley Nº 18.083, aprobada por la Cámara de Representantes el 19 de diciembre de 2006, ratificada por el Poder Ejecutivo una semana después y publicada el 18 de enero de 2007, comenzó a regir en Uruguay el Nuevo Sistema Tributario (NST), que entre otras innovaciones suprimía el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP), creaba en su lugar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con tipos de retención del 10% al 25% para las rentas de trabajo y del 3% al 12% para las rentas de capital, y reducía el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) del 30% al 25%.

Una importante polémica generó otro tributo directo nuevo y de aplicación anual, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que gravaba las pensiones por jubilación e invalidez a partir de determinado nivel de ingresos, 170.400 pesos anuales o 14.200 mensuales. El IASS fue la solución de recambio adoptada por el Gobierno luego de derogar el IRPF para todos los ciudadanos pasivos con el fin de eliminar claras situaciones de desigualdad contributiva, pero provocó las iras de la oposición blanca y colorada, que insistió en la inconstitucionalidad de este impuesto especial a los pensionistas. En julio de 2009 la Suprema Corte de Justicia dio la razón al Gobierno con el fallo de que el IASS se ajustaba a la ley suprema y era compatible con el IRPF.

Junto con el PANES, el Plan de Equidad y el NST, la Administración Vázquez lanzó también: el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), cuyos propósitos eran asegurar la cobertura universal, la plena accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de salud, evitar las situaciones de inequidad en las prestaciones sanitarias y brindar una atención integral a los usuarios; el programa de fomento del empleo Uruguay Trabaja; el Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (Plan CEIBAL); las Escuelas a Tiempo Completo; el plan de alfabetización de adultos En el país de Varela: Yo, si puedo; el Plan Cardales, para llevar las nuevas tecnologías de comunicaciones a todos los hogares; y los Consejos de Salarios. Además, el Gobierno declaró iniciada la Transformación Democrática del Estado (TDE), proceso que perseguía la descentralización administrativa, la participación ciudadana y la modernización de la gestión estatal.

En la recta final del quinquenio presidencial de Vázquez, el Gobierno, el Frente Amplio y multitud de organismos dibujaron una situación social y económica francamente positiva en Uruguay: la economía, impulsada tanto por la demanda interna que generaban el consumo, la inversión pública y la inversión privada como por el sector exterior, había crecido una media del 6% anual y en 2010 se esperaba alcanzar la sobresaliente tasa del 8,5%; la inflación se encontraba estabilizada en torno al 7%, el techo fijado por el programa monetario del Gobierno; el déficit fiscal total había disminuido y de hecho había superávit primario, es decir, descontando del balance fiscal los pagos de la deuda; en cuanto a la deuda pública, si bien había crecido en términos absolutos, se había reducido con respecto al PIB.


7. El veto a la ley del aborto, la persecución de los crímenes de la dictadura y la controversia de la Ley de Caducidad

No obstante sus ideas socialistas, y contrariamente a la opinión de la mayoría de los legisladores del Frente Amplio y de, según un sondeo, el 60% de la población, Vázquez, por una cuestión de conciencia, estaba en contra de la legalización del aborto en Uruguay. El 13 de noviembre de 2008, el presidente, tal como había avisado y haciendo uso de su prerrogativa constitucional, vetó la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, aprobada dos días antes por el Senado por una mayoría de 17 votos contra 13. La norma, fustigada por la Iglesia Católica, el PN, el PC y los grupos pro-vida, despenalizaba parcialmente el aborto al admitir la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación y en los supuestos de riesgo para la vida de la madre y penurias económicas.

Hasta ahora regía la ley de 1938, que prohibía taxativamente la práctica del aborto e imponía penas de prisión para las madres y los médicos abortistas. Ahora bien, las condenas podían ser aliviadas o eximidas por un juez considerando como circunstancias atenuantes el riesgo para la madre, los casos de violación, las razones de "angustia económica" y la salvaguardia "del propio honor", y teniendo en cuenta el consentimiento o no por la mujer de la interrupción de su embarazo. La "indeclinable" decisión de Vázquez de vetar la ley sobre el aborto provocó una enorme decepción en los movimiento sociales laicos progresistas y puso en jaque las relaciones del jefe del Estado con los socios del Frente, especialmente el MPP, justo después de la distensión que había supuesto su declaración tajante de que no buscaría la reelección presidencial en 2009, escenario que precisaba de una reforma constitucional y que ahora mismo perseguía una campaña de recogida de firmas a instancias de un sector del frenteamplismo. El MPP acariciaba la candidatura presidencial para Mujica, pero Vázquez apostaba ahora por Astori.

En el propio partido del mandatario, el PSU, tampoco se entendió esta actuación institucional. El 24 de noviembre Vázquez, en una carta dirigida al Comité Central de la colectividad, cursó solicitud de baja en el PSU tras 25 años de militancia, desafiliación que achacó exclusivamente a las diferencias que sobre el aborto mantenía con la dirección socialista, siendo Eduardo Fernández Farías el secretario general. En adelante, mencionaba Vázquez en su misiva, él seguiría viviendo la "pasión" por las causas del socialismo como un "socialista sin carnet".

Con todo, no fue la controversia sobre el aborto la cuestión doméstica que mayor repercusión mediática alcanzó a lo largo del lustro presidencial de Vázquez. Ese protagonismo recayó en la nueva política del Gobierno en materia de Derechos Humanos, que, con un alcance mucho mayor del anunciado durante la campaña electoral y en los discursos inaugurales, supuso una auténtica revisión histórica, con habilitación de la justicia y principio del castigo a los culpables. Después de todo, pese a la vigencia de la Ley de Caducidad, en realidad incompatible con el derecho de la Organización de Estados Americanos (OEA), los crímenes de la dictadura dejaron de ser impunes en Uruguay.

Así, el Gobierno del Frente se propuso no sólo desentrañar los delitos de lesa humanidad cometidos en los años del régimen de facto, poniendo para ello en marcha, con la colaboración renuente de parte de las Fuerzas Armadas, los operativos forenses y periciales de búsqueda y exhumación de los restos de las víctimas desaparecidas a las que oficialmente no se les había reconocido la condición de detenidos. También, procuró promover la acción de la justicia para encausar, juzgar y, llegado el caso, condenar a los autores de estos mismos hechos, tanto militares como civiles, fueran materiales o intelectuales. Para sortear los efectos de amnistía de la Ley de Caducidad, que Vázquez, al menos por el momento, quería dejar intacta porque así lo había querido el electorado uruguayo en el plebiscito de 1989, el Ejecutivo primero barajó aprobar una ley interpretativa de la norma que permitiese juzgar algunos casos en los que hubiesen participado civiles o que estuvieran fuera de los márgenes temporales de la dictadura.

Esta fórmula presentaba considerables incertidumbres jurídicas amén de claras limitaciones, así que en octubre de 2005 Vázquez optó por un atajo más eficaz, cuando no obvio: considerar caso por caso y declararlos no cubiertos por la Ley de Caducidad si se referían a delitos ocurridos fuera del territorio uruguayo, o bien presuntamente cometidos por mandos militares y policiales, o bien cometidos por civiles. Precisamente, el artículo 3º de la Ley de Caducidad establecía que el Poder Ejecutivo debía considerar si los crímenes contra la humanidad investigados a raíz de las correspondientes denuncias interpuestas ante el sistema judicial entraban o no en el artículo 1º, es decir, si regía para ellos la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. La amnistía contenida en el artículo 1º sólo afectaba a los "funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto". El texto era explícito en este punto, y su lectura literal dejaba claro que los mismos mandos, susceptibles de ser acusados de autores intelectuales de los delitos, quedaban al margen de la norma.

Haciendo, pues, un uso sistemático y estricto de la propia Ley de Caducidad, que ofrecía más maneras de eludir sus efectos de indulto de las que se había querido ver en mucho tiempo, Vázquez, a partir del 31 de octubre de 2005, declaró no amparados por la norma una cincuentena de casos de traslados clandestinos y desapariciones forzosas de ciudadanos uruguayos con probable o probado resultado de muerte violenta. Estos crímenes se habían producido en Argentina dentro del operativo represivo transnacional conocido como la Operación Cóndor, y entre ellos figuraba el del famoso periodista y político colorado Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976. De hecho, Vázquez, en su discurso inaugural del primero de marzo de 2005, ya había adelantando su intención de desvincular de la Ley de Caducidad los casos de Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y María Claudia García de Gelma.

Además, un puñado de casos sustraídos por el Ejecutivo a la caducidad habían tenido lugar en territorio uruguayo, pero su autoría cabía imputarla a mandos uniformados, no meros funcionarios subordinados, o a civiles. Todas estas exclusiones de la Ley de Caducidad permitieron iniciar una serie de procesos criminales, con resultado de órdenes de cárcel preventiva y duras sentencias condenatorias. Particular relieve revistieron los procesos abiertos a los ancianos ex presidentes Goyo Álvarez y Juan María Bordaberry, los dos octogenarios y con achaques de salud. Al cabo de una compleja peripecia judicial, Álvarez fue condenado en octubre de 2009 a 25 años de prisión por "homicidio especialmente agravado" de 37 opositores entre 1977 y 1978, cuando era el jefe del Ejército, y por un delito de "lesa humanidad". En cuanto a Bordaberry, en febrero de 2010, año y medio antes de fallecer, le cayó una condena a 30 años de prisión por "atentado contra la Constitución" y como coautor de nueve delitos de desaparición forzada y dos de homicidio especialmente agravados.

Mientras impulsaba la acción de la justicia en el marco de la legislación vigente, Vázquez encajó la iniciativa de familiares de detenidos desaparecidos, el sindicato PIT-CNT, la central estudiantil FEUU y sectores críticos del Frente Amplio (como el PCU, el PVP y el Nuevo Espacio) de lanzar una campaña nacional de recogida de firmas para conseguir la anulación, al menos parcial, de la Ley de Caducidad por no ser compatible con el derecho internacional. En diciembre de 2007 las presiones sobre el mandatario aumentaron al decidir el V Congreso Ordinario del Frente Amplio, bautizado con el sobrenombre de Compañero General Líber Seregni, respaldar la campaña de colecta de firmas para invalidar la Ley de Caducidad. El apoyo era expuesto en el documento programático El Uruguay Democrático.

Vázquez era sensible al sentir de estos sectores y en febrero de 2009, en un giro histórico, pese a sus reiteradas promesas de respetar la amnistía de 1986, declaró que la Ley de Caducidad era "inconstitucional" y anunció que así se lo hacía saber a la Corte Suprema de Justicia. Según el Ejecutivo, la norma violaba el artículo 8º de la Constitución de Uruguay, que decía que "todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sin la de los talentos o las virtudes". Dos meses después, en abril de 2009, los promotores de la campaña popular contra la Ley de Caducidad presentaron 340.000 rúbricas, 90.000 más de las requeridas por la ley. Ahora, ya se podía convocar un referéndum de iniciativa popular para que el Poder Legislativo aprobara una enmienda constitucional que anulase los cuatro primeros artículos de la denostada "ley de impunidad".

El plebiscito fue convocado para el 25 de octubre de 2009, haciéndolo coincidir con las elecciones generales. Más tarde, el 19 de octubre, la Corte Suprema, en un fallo unánime relativo al caso concreto de la militante comunista Nibia Sabalsagaray (asesinada en 1974) que daba respuesta al recurso presentado por la fiscal nacional de lo penal Mirtha Guianze, declaró que la Ley de Caducidad era inconstitucional en sus artículos 1º, 3º y 4º, siendo el argumento de los cinco magistrados de la Corte que la norma transgredía los principios de la separación de poderes y la soberanía nacional, consagrados ambos por la Carta Magna. Seis días después, al tiempo que otorgaban la Presidencia de la República al candidato del oficialismo, Pepe Mujica, los electores uruguayos se pronunciaron sobre la enmienda constitucional que invalidaría parcialmente la Ley de Caducidad. Los votos favorable a la medida sólo rozaron el 48%, cuando se necesitaba más del 50% para proclamar la victoria del . En consecuencia, no habría reforma anuladora y la Ley de Caducidad permanecía intacta.


8. Cruda pelea con Argentina por las plantas de celulosa

En el debut presidencial de marzo de 2005 Vázquez no ocultaba su ilusión con un relanzamiento del diálogo comercial con Brasil y Argentina, donde gobernaban dirigentes ideológicamente afines, y, como resultado de este presumible nuevo entendimiento entre presidentes, con la recuperación por el MERCOSUR del espíritu cooperador e integracionista que había alumbrado su nacimiento en 1991 y que había hecho de él el más avanzado bloque subregional del continente americano.

De entrada, nada más asumir la Presidencia el 1 de marzo, Vázquez selló con Hugo Chávez un ventajoso paquete comercial de intercambio de bienes energéticos venezolanos, que los charrúas podrían adquirir a bajo precio y con créditos blandos, por productos agropecuarios uruguayos. Al mismo tiempo, Uruguay decidía restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas por Batlle en abril de 2002. Con Néstor Kirchner, el flamante mandatario suscribió un acuerdo sobre migraciones y Derechos Humanos por el que Buenos Aires aportaría a Montevideo valiosa información relativa a los ciudadanos uruguayos desaparecidos bajo la dictadura militar implantada en el país vecino en 1976. Con Lula, el 3 de marzo en Paysandú, Vázquez inauguró la ampliación de una planta cervecera. La primera salida al exterior del presidente Vázquez fue, en abril, a Brasilia, donde discutió con el "compañero y amigo" Lula un amplio abanico de compromisos sobre inversiones energéticas, cooperación económica e integración comercial.

En diciembre de 2005 Chávez presenció con enorme satisfacción la adopción por la XXIX Cumbre del MERCOSUR, celebrada en Montevideo, del Acuerdo Marco de Adhesión de Venezuela al bloque como quinto miembro de pleno derecho. De paso, tomó nota de cómo Vázquez se interesaba (junto con Bolivia y Paraguay) por el segundo eje del anillo energético de interconexión gasífera planeado por Caracas, Brasilia y Buenos Aires. Por si fuera poco, Vázquez entonaba una música internacional especialmente grata al líder bolivariano: el rechazo a la adopción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con Estados Unidos. En septiembre de 2006 el mandatario, a pesar de su creciente frustración por las "enormes asimetrías" del MERCOSUR –en mayo anterior había amenazado con dejar esta unión aduanera si surgieran "condiciones que nos impidieran avanzar en este trabajo de una nueva inserción de Uruguay en el mundo"-, declaró que el Gobierno uruguayo desistía de firmar el TLC, para el que Washington exigía un trámite rápido, el llamado fast track, y que a cambio se intentaría avanzar en la adopción de un instrumento menos ambicioso, el Tratado Marco de Inversiones y Negocios (TIFA), el cual iba a ser efectivamente suscrito en enero de 2007.

Ahora bien, en el Frente Amplio no todos opinaban igual. El ministro Astori y sectores pragmáticos del PSU y el MPP sí veían con buenos ojos el TLC, urgido por otra parte desde las filas opositoras de blancos y colorados, al que veían como una necesaria compensación de las limitaciones del MERCOSUR, siempre que se negociara bien. En marzo de 2007 el presidente George Bush recaló en Montevideo, parada de una gira regional, y lo único que encontró fueron las palabras corteses de sus anfitriones y los encendidos abucheos de la extrema izquierda, que salió a protestar a la calle. Definitivamente, Vázquez se sentía a gusto en las interlocuciones con Lula y Chávez. Pero con Kirchner, el vecino de al lado, la química empezó a resentirse. El estancamiento del MERCOSUR como motor del desarrollo comercial de sus integrantes puso el telón de fondo a una disputa bilateral muy concreta entre Uruguay y Argentina que en un principio podía parecer menor pero que terminó alcanzando dimensiones de desmedida gravedad, una situación insólita, si no incomprensible, al tratarse las partes de dos naciones hermanas y económicamente imbricadas.

La trifulca entre Montevideo y Buenos Aires se declaró en 2005 a raíz de los planes, aprobados por la primera en 2003, de instalar en su lado del río Uruguay sendas plantas procesadoras de celulosa, extraída de eucaliptos uruguayos, de las empresas finlandesa Botnia y española ENCE. Se trataba de dos proyectos estratégicos que permitirían a Uruguay incrementar significativamente sus exportaciones de pasta para papel. La enorme planta de Botnia, que preveía producir un millón de toneladas anuales de pasta de celulosa con una inversión de 1.800 millones de dólares, la mayor en la historia de Uruguay, comenzó a construirse en abril de 2005 en Fray Bentos, la capital del departamento de Río Negro y en la orilla opuesta al municipio argentino de Gualeguaychú, un pujante reclamo turístico de la provincia de Entre Ríos, cuyos habitantes veían con alarma las consecuencias que esta industria contaminante podría tener para el ecosistema fluvial y el entorno natural, pese a las garantías dadas por los uruguayos.

El proyecto de las papeleras, en particular la de Botnia en Fray Bentos, desató un enérgico movimiento social de rechazo en Argentina y los activistas ambientalistas de Entre Ríos, a los que se unieron militantes uruguayos de la misma causa, cortaron el puente internacional Libertador General San Martín durante largos períodos de tiempo, causando grandes perjuicios comerciales a Uruguay. Vázquez justificó la prosecución del proyecto de las plantas porque se trataba de "un hecho consumado que recibimos del Gobierno anterior", pero no tenía inconveniente en que se realizaran los oportunos estudios de impacto ambiental. El problema adquirió la categoría de conflicto diplomático al fracasar la labor del Grupo Técnico Bilateral de Alto Nivel (GTAN), acordado por Vázquez y Kirchner en su reunión de mayo de 2005 en Buenos Aires y cuyo mandato era de 180 días. Al comenzar 2006, Vázquez elevó el tono de la discusión con declaraciones públicas que invitaban al cierre de filas nacionalista ("a este Gobierno y a este pueblo no los van a parlotear", advirtió). La línea de diálogo particular abierto con Kirchner el 11 de marzo en Chile, aprovechando la asistencia conjunta a la toma de posesión presidencial de Michelle Bachelet, naufragó al cabo de unas semanas.

En mayo de 2006, los gobiernos, invocando sus respectivos e irreconciliables estudios de impacto ambiental, llevaron su diferendo al arbitraje internacional: Uruguay solicitó un laudo de controversia al MERCOSUR, demandando a su socio por incumplir el Tratado de Asunción de 1991 sobre la garantía del libre tránsito de bienes y servicios, mientras que Argentina denunció al vecino ante el Tribunal Internacional de Justicia, reclamando que se paralizaran los trabajos de construcción de las papeleras por "peligro inminente de contaminación fluvial", con el consiguiente perjuicio para los habitantes de Gualeguaychú, y porque, a su entender, Uruguay había violado el Estatuto de 1975, que imponía a las partes la notificación previa de cualquier uso del caudal del río Uruguay.

Uruguay ganó los dos envites, el segundo de ellos de manera provisional, en 2006: el 13 de julio el Tribunal de La Haya rechazó la demanda argentina de que se suspendieran las obras con carácter cautelar y el 6 de septiembre el Tribunal Arbitral del MERCOSUR dio la razón a Montevideo en su queja comercial. Ahora bien, este doble revés no disuadió a Kirchner, que venía negándose a disolver a los bloqueadores del puente San Martín (en una segunda demanda al Tribunal de La Haya, esta vez presentada por Uruguay, la República Oriental vio desestimada en enero de 2007 su solicitud de medidas cautelares contra Argentina por los cortes del tránsito) y asumiendo el mensaje ecologista de las protestas.

De hecho, el conflicto se deslizó por una escalada dialéctica que llegó a su apogeo en noviembre de 2007, cuando Botnia concluyó la construcción de su planta de celulosa en Fray Bentos y sin más demora la puso en funcionamiento siguiendo la orden expresa de Vázquez. La decisión presidencial fue tachada de "agresión" por un encolerizado Kirchner, quien recriminó a Vázquez en la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago. La cancelación por ENCE del otro proyecto de planta de celulosa pasó casi desapercibida en el fragor de la pendencia abierta en las orillas de Fray Bentos y Gualeguaychú. El discurso endurecido de la parte argentina presentó algún viso de distensión luego de que en diciembre de 2007 tomara el mando de la Casa Rosada en Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner, esposa de Néstor. Sin embargo, las iniciales palabras posibilistas de la nueva presidenta no se tradujeron en hechos.

En el otro lado, Vázquez tampoco daba su brazo a torcer y aprovechaba cualquier ocasión diplomática para aguijonear a Argentina a fin de que levantara el bloqueo por los piquetes del puente internacional San Martín. En octubre de 2008 el mandatario uruguayo no vaciló en "vetar" a Kirchner, ahora ex presidente, para el puesto de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), llegando a amenazar con sacar a Uruguay de la organización si Argentina insistía en sostener esa candidatura. Hasta el final del mandato presidencial de Vázquez, en marzo de 2010, el conflicto quedó empantanado, a la espera del veredicto del Tribunal Internacional de Justicia sobre el punto de la demanda argentina de 2006 relativo a la presunta violación del Estatuto binacional del Río Uruguay. En 2011 el político iba a revelar que el enfrentamiento con Argentina por culpa de la papelera de Botnia había sido "muy serio" y que él, como presidente, llegó a plantearse "todos los escenarios", incluida la posibilidad de un "conflicto bélico", por lo que llamó a Bush para conocer la disposición de Estados Unidos a prestarle ayuda en caso de necesidad.


9. Nueva postulación por el Frente para suceder a José Mujica en 2015

(Epígrafe en previsión)

(Texto actualizado hasta 1/3/2010)

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Opinión CIDOB -"Elecciones en Uruguay: mismos colores, nuevo Gobierno, mayores desafíos" (Santiago Villar, 10/12/2014)