La frontera descarada

Fecha de publicación:
09/2020
Autor:
Blanca Garcés, investigadora sénior, CIDOB
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El estado griego ha dejado de buscar subterfugios. Están saliendo a la luz pruebas irrefutables de devoluciones en caliente extremadamente brutales. Ante la disyuntiva sobre qué es primero, si el derecho a la vida o el derecho de los estados a defender sus propias fronteras, la balanza parece decantarse hacia lo último. 

Este artículo se publicó previamente en el diario ARA. 

Decenas de refugiados han sido abandonados en el mar en tiendas flotantes a la espera de que los guardacostas turcos les devolvieran a Turquía. Incumpliendo lo que exige el derecho internacional, no habían tenido acceso a los procedimientos de asilo. Fueron embarcados y abandonados a la deriva aprovechando la noche y a manos de encapuchados. Estas son las últimas prácticas ilegales de un estado griego que ha perdido la vergüenza. La frontera, con toda su brutalidad e impunidad, se ha descarado definitivamente. 

El pacto entre los estados miembros de la Unión Europea y Turquía (firmado en marzo de 2016) ya demostró las dificultades del retorno. Si bien uno de sus objetivos principales era devolver a toda persona que atravesara irregularmente la frontera, en la práctica las cifras de retornados han sido siempre limitadas. El retorno no es fácil cuando el derecho nacional e internacional, así como los tribunales que hay detrás, limitan la capacidad de los estados de hacer y deshacer. De ahí que desde entonces la estrategia se centrara sobre todo en evitar las llegadas. 

La manera más efectiva de hacerlo es externalizando el control fronterizo, es decir, que los países vecinos (en este caso Turquía) controlen las fronteras por nosotros. Estas políticas se han traducido en el despliegue de fuerzas policiales y militares, en deportaciones masivas lejos de la frontera, en la implicación de los gobiernos de origen y tránsito en la llamada “lucha contra los traficantes” y, más recientemente, en la delegación del salvamento marítimo en los países vecinos para facilitar el retorno de las pateras. La larga historia de acuerdos de España con países africanos pone en evidencia que esto sí que funciona. Funciona porque es más fácil evitar que lleguen que devolverlos. Y porque más allá de la frontera parece que todo vale: la impunidad con que estos estados pueden detener, deportar e incluso asesinar hace que sean más eficaces. 

A la externalización del control fronterizo se ha sumado también la internalización de espacios de excepción. Desde 2015, los campos de refugiados de las islas griegas se han convertido en agujeros negros de derechos fundamentales. Los medios de comunicación y las principales organizaciones locales e internacionales lo han denunciado sistemáticamente: desde hacinamiento, temperaturas invernales sin agua caliente ni calefacción (quién no recuerda las tiendas bajo la nieve) y falta de higiene a nutrición limitada, asistencia médica inadecuada y altos grados de inseguridad. En los últimos dos años, estas condiciones han empeorado por el repunte en el número de llegadas y los criterios cada vez más restrictivos a la hora de transferir a los más vulnerables hacia el continente. No es un problema de incapacidad y recursos. Turquía tiene campos de refugiados en mejores condiciones. Es una miseria programada que busca tener un efecto disuasorio sobre los que todavía podrían estar por llegar. 

Tanto la externalización del control fronterizo como la internalización de los espacios de excepción buscan reducir las llegadas diluyendo la responsabilidad. En un caso, porque los perpetuadores (que no los instigadores y financiadores) son países terceros. En el otro, porque las condiciones en los campos de refugiados siempre se pueden atribuir a incapacidad, ineficiencia o falta de recursos. Desde este año, sin embargo, el estado griego ha dejado de buscar subterfugios. Se ha quitado la máscara, actúa a cara descubierta. En febrero, el ejército heleno respondía brutalmente contra las personas que intentaban cruzar la frontera en la zona del río Evros. Semanas después, Atenas suspendía el derecho de asilo. Sin la solicitud de asilo como posibilidad, los migrantes se vuelven “objetos” fácilmente “detenibles” y “deportables”. El miedo a la pandemia permitió también justificar lo que era injustificable: desde el cierre de los campos de refugiados a la retirada de las ONGs de ayuda humanitaria. Finalmente, estos días están saliendo a la luz pruebas irrefutables de devoluciones en caliente extremadamente brutales. 

Cinco años después de la mal llamada “crisis de los refugiados”, la vulneración de derechos fundamentales no parece hacer dudar a nadie. Ante la disyuntiva sobre qué es primero, si el derecho a la vida (y a una vida digna) o el derecho de los estados a defender sus propias fronteras, la balanza parece decantarse hacia lo último. Es igual cuantos informes denuncien no solo lo que es moralmente reprobable sino directamente ilegal. Parece que a los estados les de igual, tal debe ser su sentimiento de impunidad. Ya no hace falta disimular. La iliberalidad de las llamadas democracias liberales es ya una evidencia incontestable.

Palabras clave: control fronterizo, UE, refugiados, derecho internacional, asilo, Grecia, externalización

 

 

E-ISSN: 2013-4428
D.L.: B-8439-2012

AUTORA


  • Blanca Garcés Mascareñas

    Blanca GARCÉS MASCAREÑAS

    Investigadora senior y coordinadora de investigación

    @blancagarcesmas