Construyendo la Paz en Colombia: seguridad a cambio de armas

Construyendo la Paz en Colombia: seguridad a cambio de armas

Fecha de publicación:
03/2017
Autor:
Farid Benavides, profesor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull
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El pasado mes de diciembre, el Congreso de Colombia refrendó el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Después de un comienzo bastante accidentado, con el fracaso de la validación popular del primer acuerdo, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos renegoció algunos puntos del texto con el grupo guerrillero y lo sometió esta vez a ratificación parlamentaria. Al final, muchos puntos cambiaron, como resultado de la intención del gobierno de satisfacer los deseos de las iglesias cristianas y del partido del ex-presidente Uribe Vélez. Pese a ello, hoy en día tenemos un acuerdo de paz y es tarea del gobierno nacional, junto con las FARC, proceder a su despliegue. 

Uno de los puntos más importantes del acuerdo es el de la implementación de los compromisos adquiridos, entre ellos el de la garantía de seguridad para los guerrilleros desmovilizados y para la población civil que vive en los territorios por ellos controlados.  

En cuanto termina un conflicto armado surge el denominado dilema de la seguridad. Esto es, el dilema que tienen los actores armados previos a la desmovilización que, en un futuro próximo, ya no contarán con las armas para su protección. Con el fin de convencer a quienes negocian su desmovilización, se deben establecer mecanismos que permitan a los diferentes actores garantizar la seguridad personal de quienes no van a tomar más parte en el conflicto.  

En un conflicto armado de carácter internacional, éste no es un problema tan importante, pues al terminar la contienda los prisioneros de guerra son repatriados y cada uno de los ejércitos regresa a su país de origen. Pero en un conflicto armado de carácter no internacional, éste puede ser un problema muy serio. En estos casos, cuando se firma un acuerdo paz y los grupos rebeldes deciden desmovilizarse, solo uno de los actores entrega las armas o las aparta de la guerra, en tanto que el otro actor armado –el ejército estatal- conserva las armas y queda a cargo de mantener la seguridad dentro del territorio nacional. A partir del momento de la desmovilización, el gobierno nacional adquiere una obligación de garantizar la seguridad de los desmovilizados. De esta manera, el antiguo enemigo se convierte en el nuevo protector. 

Sabemos que esto no se da de manera espontánea y que la intervención de la comunidad internacional en este sentido resulta relevante. Por ello, en los Acuerdos de Paz se prevé la intervención de la Organización de Naciones Unidas para que establezca una fuerza de paz en Colombia, de manera que no se repitan las condiciones que hagan posible que la violencia emerja de nuevo, con todo lo que ello significa en términos de seguridad y de violaciones de los derechos humanos para las comunidades afectadas. Pero la misión de la ONU parece limitada solamente a la verificación de la entrega de las armas. Una misión tan limitada puede conducir a verificar el cumplimiento de los pactos por parte de uno de los actores, pero no necesariamente supone el cumplimiento por parte del otro. Por ello, la verificación de la entrega de las armas debe ir acompañada de garantías por parte del otro actor de establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los grupos desmovilizados. 

La historia de Colombia lamentablemente no es ejemplar en cuanto a la protección de quienes dejan la guerra. El proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC tuvo como uno de sus pasos intermedios la creación de un partido paraguas que agruparía a las diferentes fuerzas de izquierda del país. Los miembros de este partido se lanzaron a la política y poco a poco vimos cómo iban cayendo asesinados por sectores no identificados. La muerte de más de tres mil miembros de la Unión Patriótica fue calificada por las víctimas y por las autoridades judiciales colombianas como un genocidio político. Como consecuencia de este episodio, las FARC han desarrollado una desconfianza natural a las posibilidades de ejercer la política en condiciones de libertad. Y, a pesar de ello, en el proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos acordaron dejar las armas y someterse a la legalidad del Estado. 

Para garantizar el seguimiento de la implementación de los acuerdos en esta materia, se creo la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Esta Mesa debe desarrollar todas las estrategias en materia de seguridad para la implementación de los acuerdos, incluida la seguridad de los desmovilizados de las FARC. La Organización de las Naciones Unidas se ha encargado del proceso de verificación de la dejación de armas y de acompañar el cumplimiento de los Acuerdos. Pero es la Mesa la que se encarga de desarrollar todas las tareas necesarias para llevar adelante el tema de la seguridad. En ella, se sientan el Director de Seguridad Presidencial, el Director de la Unidad Nacional de Protección, un representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, y los representantes de las FARC. 

No está claro cuáles van a ser las estrategias de protección de los desmovilizados y las desmovilizadas de las FARC, ni sobre todo cómo las entidades establecidas para ello pueden lograrlo. En primer lugar, la ONU no puede limitarse a ejercer la verificación del desarme sin tener en cuenta la situación de vulnerabilidad posterior que supondrá para los miembros de las FARC. Deben poder reincorporarse a sus comunidades sin riesgos para su vida y con la posibilidad plena de ejercer la política. Un trabajo constante de lobby y de monitoreo de la situación de seguridad puede ser útil para hacer saber a las autoridades colombianas que la comunidad internacional sigue de cerca el proceso de post-conflicto de este país. 

Pero el papel principal recae sobre las autoridades colombianas, en particular la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. La continua muerte de defensores de derechos humanos deja mucho que desear sobre la labor de estas instituciones. La Mesa Técnica de Seguridad y Protección no se puede convertir en el espacio en el cual se hace un inventario semanal de las muertes que se producen como consecuencia de la desmovilización de las FARC. Se deben desarrollar estrategias que no solo supongan acciones de protección individuales, sino que el Estado colombiano debe crear entornos seguros para los desmovilizados. Solo así se puede garantizar de manera eficiente la seguridad. 

El éxito del proceso de paz depende no solo de los mecanismos de justicia transicional sino de un aspecto muy fundamental que es el establecimiento de las garantías de no repetición. Si la seguridad personal y la seguridad para participar en política no están garantizadas es mucho más probable que el conflicto colombiano se restablezca y, como ha ocurrido en el pasado, se haga aún más cruento. La comunidad internacional no es quien debe dar esa protección, pero sí puede ejercer presión y sobre todo, puede prestar la asesoría técnica necesaria para la creación de entornos seguros para los desmovilizados de las FARC, en particular, y para toda la ciudadanía de Colombia, en general.

D.L.: B-8439-2012