La cruzada de Il Cavaliere contra la inmigración irregular

Fecha de publicación:
02/2009
Autor:
Pamela Urrutia Arestizábal
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Pamela Urrutia Arestizábal
Programa Migraciones

19 de febrero de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 31

Antes de que el caso Eluana Englaro y la triste confrontación institucional propiciada por Silvio Berlusconi atrajeran la atención mundial hacia los vaivenes de la política italiana, había otro tema marcando la agenda y generando dolores de cabeza tanto en Italia como en la Unión Europea: la política de inmigración de Il Cavaliere. Las recientes iniciativas impulsadas por el gobierno italiano –en las que se ha impuesto el pulso del Ministro del Interior, Roberto Maroni, de la ultraderechista Liga del Norte- han confirmado la determinación de Roma de implementar medidas restrictivas y persecutorias que insisten en asociar inmigración con (ausencia de) orden público; irregularidad con inseguridad. Maroni lo ha dicho de la manera más clara y desconcertante posible: para luchar contra la inmigración irregular y “todo el mal que conlleva” no hace falta ser bondadosos, sino “malos”.

Las líneas generales de esta política quedaron en evidencia desde la llegada de Berlusconi al poder, el 8 de mayo de 2008 (por tercera vez en quince años). En menos de un mes, el empresario ya había puesto en marcha un paquete de medidas que en un 80% estaban dirigidas a restringir la entrada, la libre circulación y los derechos de los extranjeros residentes en Italia. Iniciativas altamente polémicas, como el “censo Maroni” a la población gitana y el proyecto de ley que planeaba convertir la inmigración en un delito castigado con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, despertaron ácidas críticas en algunos gobiernos de la Unión Europea -entre ellos español-, que no dudaron en utilizar calificativos como “racismo” y “xenofobia” para expresar su preocupación ante lo que estaba ocurriendo en Italia. El impasse, de hecho, sirvió para evidenciar las diferentes perspectivas en la lucha contra la inmigración irregular en Europa y para reforzar las tesis sobre la inexistencia de una lógica sur-occidental en la gestión de flujos migratorios (1).

En Italia, las inquietudes sobre la cuestión migratoria se reavivaron recientemente a propósito de dos asuntos: la retención de inmigrantes en Lampedusa y la tramitación del proyecto de ley de seguridad, que incorpora en un mismo paquete medidas de control para inmigrantes irregulares, vagabundos y delincuentes.

En las últimas semanas, diarios y revistas internacionales como The Economist, Der Spiegel o Newsweek han dedicado extensos reportajes a la mayor de las islas del archipiélago de Las Pelagias y no justamente por la belleza de sus calas. Con una superficie de poco más de 20 kilómetros cuadrados –unas 40 veces más pequeña que Lanzarote (2) - y una población de seis mil habitantes, esta isla italiana está más cerca de África que de Europa continental. Una distancia apenas superior a 100 kilómetros la separa de la costa de Túnez, lo que la convierte en una de las últimas fronteras que dibuja la UE frente al mundo en desarrollo. Cada año, miles de personas, muchos de ellos procedentes de zonas de conflicto como Etiopía, Eritrea o Darfur, intentan acceder a “el dorado” europeo a través de sus costas. Hasta ahora, la mayoría de ellos eran acogidos en el centro de primera asistencia de Lampedusa. Desde allí, en un lapso cercano a las 48 horas, los solicitantes de asilo -un 75% de los que arriban a Italia por vía marítima, según los datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (3) - eran trasladados a otros centros especializados y abiertos del sur de Italia, donde permanecían hasta que se decidiera sobre su condición, siguiendo un procedimiento considerado “modélico” por ACNUR. A muchos de ellos se les otorgaba estatus de refugiado, pero otros recibían órdenes de expulsión y se quedaban en Italia o se trasladaban a otros países de la Unión Europea sin documentos.

A principios de 2009, el gobierno de Berlusconi decidió cambiar este sistema de acogida mixta para obligar tanto a los inmigrantes sin papeles como a los solicitantes de asilo a quedarse en Lampedusa hasta que se decidiera sobre sus casos. Como consecuencia, a fines de enero el centro de acogida con capacidad para 850 personas estaba desbordado. Cerca de dos mil inmigrantes se encontraron hacinados en pésimas condiciones higiénicas y durmiendo a la intemperie ante la alarma de las organizaciones humanitarias, que desde siempre se han mostrado inquietas por las garantías jurídicas de los estas personas en materia de identificación, expulsión y protección de los derechos humanos. Esta situación, sumada a la idea del ministro Maroni de instalar un centro de internamiento y expulsión en una antigua base militar de la OTAN de la isla –y, por tanto, convertir a Lampedusa en algo más que una estación de tránsito- desató furiosas protestas de la población local, que preocupada por el impacto en el turismo salió a las calles para exigir que la isla no se convirtiera en una cárcel a cielo abierto, en el “Alcatraz del Mediterráneo”.

Paralelamente, el tema migratorio también sacudió las aguas a nivel legislativo, hasta el punto que la oposición asumió amargamente que “Italia ha pasado de regular la inmigración a perseguirla” (4). El Senado aprobó una normativa que prevé encarecer los permisos de residencia hasta 200 euros, condenar con hasta cuatro años de cárcel a los extranjeros con órdenes de expulsión que no abandonen el país; y una polémica enmienda que permite a los médicos denunciar a los inmigrantes irregulares que acudan a la red de salud pública. Pese a haber sacado adelante estas medidas, la tramitación general fue considerada como un revés para la política de Berlusconi, que a pesar de contar con mayoría en la Cámara Alta no logró sacar adelante dos puntos clave de su ley de seguridad. Amparándose en la votación secreta, un sector de su coalición de centro derecha bloqueó la normativa que pretendía restringir las condiciones de reagrupación familiar y la que buscaba que los inmigrantes indocumentados pudieran ser retenidos hasta 18 meses antes de su expulsión. Es decir, hasta un año y medio de privación de libertad por el hecho de no tener papeles. Finalmente, se decidió fijar un período máximo de 60 días. Por ahora, porque no se descarta que Maroni insista en su ofensiva durante la tramitación de la ley en la Cámara Baja.

La lógica impuesta por el gobierno de Berlusconi es bastante explícita. Y eso es lo que preocupa a la hora de preguntarse por el día a día de los inmigrantes indocumentados en la Italia de Berlusconi y Maroni, una Italia que según las encuestas es uno de los países más recelosos ante los inmigrantes y donde, además, instituciones y medios de comunicación tratan el fenómeno migratorio con una “dramatización exagerada” que contribuye al mantenimiento de la alarma social, según un informe de la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo tras los episodios que afectaron a la población gitana. En este sentido, es indudable que en materia de inmigración la política italiana es especialmente ruidosa, visible y ostentosa; pero en la práctica parece insertarse en una tendencia más general y progresiva a nivel europeo, orientada a la restricción y al cierre de fronteras. Prueba de ello es la polémica en torno a la recién aprobada Directiva de Retorno, que entre sus medidas más cuestionadas establece la prohibición de entrada a la UE por cinco años a los inmigrantes sin papeles sometidos a expulsión –en lo que se considera un “doble castigo”- y un internamiento máximo de 18 meses para los inmigrantes indocumentados, como en la iniciativa del gobierno italiano. El establecimiento de este plazo fue considerado por los partidarios de la normativa europea como una victoria ante los Estados que no contaban con ningún límite a la retención de sin papeles. No obstante, como advirtieron sus detractores, al intentar “promediar” las condiciones de los países miembros, se ha creado un paraguas legal que puede jugar en contra de los países más garantistas y en el cual pueden ampararse políticas como las de Berlusconi.

La gestión de la inmigración requiere políticas responsables que asuman la complejidad del fenómeno. En el ámbito de la inmigración irregular, y particularmente en el caso italiano, esto involucra abordar sus causas estructurales (5). Ello supone trabajar en una adecuada gestión de fronteras –teniendo en cuenta que los límites marítimos no son la única ni la principal vía de entrada de flujos migratorios irregulares-, pero también abordar la realidad de la economía sumergida y la necesidad de canalizar la contratación de mano de obra extranjera que tanto Italia, como la Unión Europea, seguirán necesitando para su futuro desarrollo económico y demográfico. En este escenario, por tanto, no ayuda reducir la inmigración a un problema de orden público. No ayudan los discursos populistas, menos aún en un contexto de crisis que alienta los nacionalismos y los episodios xenófobos en Italia y a lo largo de Europa. No ayuda que Maroni declare, sin complejos, que la solución es ser “malos” con los sin papeles. Como replicó un ex ministro italiano, no se puede afrontar el fenómeno de la inmigración “con la oreja puesta en las voces de las tabernas de la Baja Padania” (6).

Notas

(1) PINYOL, G. “Los recelos de Europa. La lucha contra la inmigración irregular en la encrucijada”. Opinión/Programa Migraciones/Fundación CIDOB. 23 de mayo de 2008.

(2) Lampedusa equivale aproximadamente a ¼ del territorio de Formentera, con similar población. Lanzarote, punto de llegada frecuente de inmigrantes a España, tiene una superficie de casi 850 kilómetros y una población de 135 mil habitantes.

(3) “UNHCR worried about conditions for 2,000 boat people on Italian island”. UNHCR News Stories, 23 Jan 2009.

(4) Entrevista a Anna Finocchiaro, líder del opositor Partido Demócrata (PD) en el Senado italiano. El País, 6 de febrero de 2009.

(5) FINOTELLI, C. y SCIORTINO, G. “Nuevas tendencias en las políticas de inmigración italianas: ‘cambiar algo para que nada cambie’”. ARI 23/2009. Real Instituto Elcano, 10 de febrero de 2009.

(6) El 2 de febrero, en declaraciones al diario Il Corriere Della Sera, el ex ministro del Interior y actual presidente del Comité Antimafia, Giuseppe Pisanu, declaró que el fenómeno migratorio, "que orientará los procesos económicos y sociales de la Europa del próximo siglo, no puede afrontarse con la oreja puesta en las voces de las tabernas de la Baja Padania (norte de Italia). La tolerancia cero es un eslogan afortunado que no quiere decir nada. Ese clima emotivo excita los instintos más bajos".

Pamela Urrutia Arestizábal
Programa Migraciones

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