Frontera sur: laboratorio de las políticas europeas

Frontera sur: laboratorio de las políticas europeas

Fecha de publicación:
03/2016
Autor:
Blanca Garcés-Mascareñas, investigadora asociada, CIDOB
Descarga

Déjà vu: las imágenes de policías turcos pegando indiscriminadamente a un grupo de personas que intentaban entrar en territorio europeo, la construcción de vallas en las fronteras de Bulgaria, Hungría, Austria o Macedonia o el intento de legalizar las llamadas “devoluciones en caliente” son un déjà vu para los que seguimos la situación en Ceuta y Melilla. La actual crisis de los refugiados pone de manifiesto lo que activistas y expertos llevan tiempo denunciando: que la frontera sur española ha funcionado como laboratorio de políticas y prácticas de control migratorio que ahora se exportan a las fronteras orientales (externas e internas) de la Unión Europea.

España ha sido un alumno aventajado en la externalización del control fronterizo. Así lo ha recordado una y otra vez el gobierno español en los últimos meses: su principal argumento ha sido que el “modelo español” debe ser “la vía a seguir” en la frontera con Turquía. Esto significa implicar a los países de origen y tránsito con una política que condicione los fondos de ayuda al desarrollo a la readmisión de inmigrantes y la colaboración policial. Desde 2006 España ha firmado acuerdos con Senegal, Mali, Gana, Camerún, Costa de Marfil, Cabo Verde, Guinea Conakry y Gambia. Pero el principal guardián de la frontera sur ha sido Marruecos: como resultado de múltiples acuerdos con España y la Unión Europea, las autoridades marroquíes han aumentado la presencia de fuerzas policiales y del ejército ante las vallas de Ceuta y Melilla, desmantelado regularmente los campamentos de inmigrantes en las proximidades de las dos ciudades autonómicas y aumentado las deportaciones hacia la frontera con Argelia.

La externalización del control fronterizo implica convertir el control migratorio en moneda de cambio: ayuda al desarrollo, tratados comerciales o liberalización de la política de visados a cambio de control fronterizo y acuerdos de readmisión. Es justamente lo que la Unión Europea está ofreciendo estos días a Turquía. A efectos prácticos, la externalización del control migratorio significa que el control fronterizo se extiende más allá de la frontera geográfica. Los flujos migratorios se controlan desde fuera y no desde dentro o, dicho en otros términos, los inmigrantes son desalojados, detenidos y deportados antes de poder llegar. Este es el papel de los Estados-tapón o Estados-guardianes. Como justificaba en 2008 el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es más fácil evitar que lleguen que deportarlos una vez están aquí. Además, es bien sabido que lo que pase más allá de la frontera escapa al control judicial así como al de la sociedad civil de nuestras supuestas democracias liberales. Es justamente así, en este “fuera” legal, como Marruecos deportó inmigrantes subsaharianos a la frontera con Argelia: sin agua ni comida, en medio del desierto y con las fuerzas argelinas a menudo disparando (supuestamente de forma disuasoria) en contra.

Pero España es un modelo no sólo de externalización del control fronterizo, también de construcción de vallas cada vez más tecnificadas y mortíferas. En Ceuta y Melilla las vallas escenifican la frontera sur europea y recuerdan con sus alambres de cuchillas qué les puede pasar a aquellos que osen saltarlas. Es justamente lo que el geógrafo Nicholas De Genova ha definido como el “espectáculo de la frontera”. En los últimos meses, este “espectáculo” se ha escenificado en la frontera europea con Turquía y en aquellas fronteras internas que Schengen parecía haber borrado. Se ha exportado el guión pero también la tecnología. Los alambres de cuchillas son también “made in Spain”. Así lo anunciaba en Septiembre de 2015 la empresa española European Security Fencing, con sede en Málaga, en un tuit promocional: "¡De aquí al resto de Europa! El 100% de de las concertinas elaboradas en Europa proceden de nuestras fábricas".

Finalmente, la legalización de prácticas irregulares de devolución en frontera es también un invento español. Las denuncias de “devoluciones en caliente” en verano de 2014 llevaron al gobierno español a legalizar, a través de una enmienda de última hora a la Ley de Seguridad Ciudadana, las deportaciones en masa en las vallas de Ceuta y Melilla. El argumento del gobierno fue que quienes todavía no han cruzado el cordón policial quedan fuera de las fronteras españolas (sic) y, en consecuencia, pueden ser rechazados sin tener acceso a la asistencia letrada y sin comprobarse si son menores o refugiados. La legalización de lo que muchos califican de ilegalidad ha sido ampliamente denunciada por los partidos de la oposición, ONGs y plataformas ciudadanas así como también por gran parte de la comunidad internacional, desde las Naciones Unidas y el Consejo de Europa hasta gobiernos de países como Austria, Canadá o los Estados Unidos.

Un año después, sin embargo, la Unión Europea parece también querer replicar la legalización de las “devoluciones en caliente” en la frontera entre Grecia y Turquía. Será más complicado: el acuerdo despierta grandes dudas legales y morales, incluso al gobierno español. Para poder legalizar la ilegalidad, la Unión Europea está dispuesta a sustituir las expulsiones sumarias por devoluciones igualmente rápidas pero que teóricamente garanticen un estudio individualizado de cada caso. Para legalizar la ilegalidad, Europa necesita también declarar a Turquía como lo que no es: un país seguro. Todo ello con el objetivo de convencer a los refugiados que no vengan. Así lo explicitaba el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebró en Bruselas el 17 de marzo de 2016: "¿Por qué un refugiado subiría a un barco y correría los mayores riesgos si desde el principio supiera que hay una gran posibilidad de ser devuelto a Turquía?”.

Estas declaraciones demuestran que no todo se ha aprendido de la experiencia en Ceuta y Melilla. Ni las vallas ni las “devoluciones en caliente” han desanimado aquellos que, tras largos meses o incluso años de viaje, están a la espera de entrar en Europa. Todo el mundo lo sabe: si son devueltos, lo volverán a intentar hasta conseguirlo. “Europa no entiende nada”, así de radical se pronunciaba Spiros Galinos, alcalde de Lesbos-Mitilene, en su reciente visita a Barcelona. Y añadía: “Europa está intentando resolver el problema pero no sabe cual es el problema. El problema son las bombas. Si se les deporta, pagaran de nuevo para volver a entrar. Europa no se da cuenta que con estas políticas está favoreciendo a los traficantes”. ¿Conclusión? Ni externalización del control fronterizo, ni vallas, ni devoluciones en caliente. Más allá de ser una vergüenza para una Europa supuestamente defensora de los derechos humanos, Ceuta y Melilla demuestran que no son la solución.

 

 D.L.: B-8439-2012