Busan 2011: una agenda incompleta

Busan 2011: una agenda incompleta

Fecha de publicación:
11/2011
Autor:
Iñigo Macias, Investigador Principal, CIDOB
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Iñigo Macias,
Investigador Principal, CIDOB

28 de noviembre de 2011 / Opinión CIDOB, nº 134 /E-ISSN 2014-0843

El debate sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo ha adquirido cada vez más centralidad en la agenda de la cooperación a partir de los foros celebrados en París y Accra años atrás. Ante la celebración de un nuevo foro en Busan (Corea del Sur) del 29 de noviembre al 1 de diciembre, las expectativas son muchas, pero la gran diversidad de intereses que se reunirán, junto a la falta de mecanismos efectivos para hacer cumplir los compromisos adquiridos, hace preveer que la declaración resultante apenas vaya más allá de un acuerdo de mínimos cargado de buenas intenciones que contenten a todos los presentes. Avanzar en la efectividad de la ayuda requiere de compromisos fiscalizables más allá de la declaración de voluntad política, y de una cooperación que fomente la rendición de cuentas dentro de los países receptores (y no entre estos y los países donantes). Por ello, mejorar los resultados de la lucha contra la pobreza requiere considerar formas de relación bilateral diferentes de la ayuda oficial al desarrollo, promoviendo una mayor coherencia entre todas ellas.

Aunque tan sólo han transcurrido tres años desde la última reunión celebrada en Accra, el mundo y la tradicional correlación de fuerzas que ha caracterizado estos foros de decisión internacional han cambiado mucho. Los países ricos de entonces ya no lo son tanto, y su día a día está monopolizado por sangrantes debates sobre cómo hacer frente a una crisis económica que pone en entredicho la sostenibilidad del modelo de crecimiento seguido hasta ahora. Además de ocupar estos vacíos de poder, potencias emergentes como China, Brasil, Indonesia, India o Turquía han aprovechado esta oportunidad para tratar de tú a tú a las potencias tradicionales, y promover en los países más pobres modelos de desarrollo alternativos y formas diferentes de partenariado.

A nivel práctico, el peso creciente de estos países en la cooperación internacional, junto a la aparición durante las últimas dos décadas de otros muchos actores con objetivos propios (nuevos organismos y agencias multilaterales, fundaciones y ONGs internacionales, grandes corporaciones, municipios y autoridades locales y regionales,…), ha fragmentado extraordinariamente la industria de la cooperación. El resultado: proyectos de ayuda cada vez más numerosos pero de cuantía cada vez menor; aumentando la volatilidad, la imprevisibilidad y la segmentación. Consecuentemente, y a pesar de que la ayuda tiene un positivo impacto a nivel local y a corto plazo (como así lo atestiguan, por ejemplo, los avances en el acceso a la educación y la sanidad infantil) su impacto a nivel nacional y a medio plazo, no resulta tan claro. Después de tanto tiempo, todavía son muchos los países en desarrollo incapaces de valerse por sí mismos a la hora de financiar muchos de los servicios sociales básicos.

Conscientes de las enormes complejidades inherentes al proceso de desarrollo, y tras más de dos billones de dólares gastados durante medio siglo, los principales donantes, agrupados en el selecto club del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, iniciaron una serie de encuentros para mejorar la forma cómo la cooperación estaba siendo desplegada. Primero en París y luego en Accra, países donantes y receptores (a los que se fueron sumando el resto de actores) formularon un “contrato” en el que se comprometían a una serie de principios lógicos que facilitasen un mayor impacto. Se distribuyeron responsabilidades y objetivos y se estableció una batería de indicadores para evaluar su consecución.

Seis años después de la primera reunión en la capital francesa, se presentará en Busan el informe de evaluación, pero los resultados son decepcionantes. De los 13 objetivos establecidos, sólo se ha alcanzado uno: el relacionado con una mayor coordinación entre donantes para reforzar las capacidades del país receptor. En el resto ha habido avances, sí, pero lejos de lo marcado en 2005. A la hora de repartir responsabilidades, el informe destaca la falta de cumplimiento por parte de los países donantes, lo que viene a reforzar la idea de que resulta necesario vincular estos objetivos a nivel internacional con mecanismos que induzcan su cumplimiento, más allá de la expresión de voluntad política. En este punto, Busan no parece que vaya a ir mucho más allá de la reprimenda pública por los incumplimientos de los países ricos. Cabría esperar incluso, como suele suceder, que se convoque a una próxima reunión para dentro de tres años, donde volver a evaluar el avance. Ninguna consecuencia.

Más allá de la falta de mecanismos para hacer creíbles estos acuerdos, la agenda de Busan parece no dar la importancia requerida a otros dos elementos de suma trascendencia. El primero hace referencia a la coherencia de políticas, es decir, al grado de alineamiento que existe entre las diferentes políticas con la que los países donantes articulan sus relaciones con los países receptores. De nada sirve apoyar, a través de la cooperación, políticas educativas universales en los países pobres si luego no se facilita la entrada de sus productos a nuestros mercados. Así pues, Busan debería promover una evaluación del impacto que a medio plazo están teniendo las restrictivas políticas comerciales, migratorias, financieras y de seguridad que los países ricos promueven en los foros internacionales.

El segundo elemento se refiere a las distorsiones asociadas a la cooperación. Las diferentes iniciativas financiadas por la ayuda deberían promover una mayor rendición de cuentas en el interior de los países receptores; entre los ciudadanos y sus gobernantes. Sólo de esta manera la ayuda actuará como un inductor del cambio y la transformación interna. Para ello, en la medida de lo posible, los gobiernos receptores deberían definir y gestionar el uso de estos recursos internacionales; y los ciudadanos, beneficiarios últimos de estas políticas, deberían ser los encargados de evaluar y fiscalizar este uso. En este ámbito, se deben poner en práctica nuevas modalidades de financiación condicionadas a la consecución de resultados establecidos de común acuerdo y revisados por terceras partes.

Al fin y al cabo, la historia de los países hoy avanzados demuestra que las probabilidades de éxito de una sociedad aumentan conforme existe una mayor vinculación y corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados. Más allá de los buenos propósitos, el acuerdo que se signe en Busan debe significar un avance claro y rotundo en esta dirección.

Iñigo Macias,
Investigador Principal, CIDOB

Iñigo Macías Aymar