La posible mediación de la UE

La Vanguardia - 5/10/2017

A medida que escala el conflicto entre los principales actores de Catalunya y España y ante su incapacidad de abordar el diálogo, se refuerzan los argumentos que reclaman la mediación europea.

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A medida que escala el conflicto entre los principales actores de Catalunya y España y ante su incapacidad de abordar el diálogo, se refuerzan los argumentos que reclaman la mediación  europea. La Comisión Europea ya tuvo un papel activo en Irlanda del Norte, fomentando su desarrollo socioeconómico desde el marco de la política regional de la UE tras los acuerdos de Viernes Santo. Pero este precedente no aplica a Catalunya y España, dada la lógica de acompañamiento de un acuerdo de paz bilateral y por su lógica socioeconómica, no política. En el conflicto entre Austria e Italia por la región de Tirol del Sur, la creación de una eurorregión facilitó la interlocución directa con Bruselas. Puede haber cierto paralelismo al tratarse de una región de la UE, pero este desaparece al tratarse de dos estados miembros que prefirieron europeizar el conflicto recurriendo a unos mecanismos existentes como las eurorregiones.

En Gibraltar, la Comisión se involucró enviando una misión para evaluar las denuncias de malas prácticas en las fronteras. Pero ello tampoco es aplicable a Catalunya y España, al no tratarse de una cuestión técnica de control de fronteras. Finalmente, la UE se ha involucrado en el conflicto de Chipre, aunque tampoco existe paralelismo con Catalunya, donde a diferencia del norte de Chipre, sí aplican las directivas de la UE.

En nuestro caso, estamos ante un reto sin precedentes para la mediación de la UE. Las consecuencias de un proceso de independencia unilateral y una España en crisis sistémica pondrían en tela de juicio el porvenir de una ya maltrecha UE. Es pues en el interés general de la Unión contribuir de algún modo a la resolución del conflicto.

El Gobierno catalán no acierta si circunscribe esta mediación a la salvaguarda de los artículos 2 (valores fundacionales) y 7 (sanciones en caso de su incumplimiento) del tratado de la UE. En Bruselas insisten en que España es una democracia consolidada y que ha actuado en consonancia con su marco constitucional, aunque se reconozca sottovoce el excesivo uso de la fuerza en las cargas policiales del 1 de octubre. Aun así, la Comisión evitará tomar partido como lo hace con Polonia, por mucho que su último comunicado sea una llamada de atención a Rajoy y a la unilateralidad en Catalunya.  Cualquier iniciativa desde la Comisión deberá contar con el visto bueno, explícito o implícito, de los gobiernos catalán y español. Esta podría, no obstante, promover la creación de una task force para el diálogo político entre gobiernos. Sin precondiciones de los elementos sustanciales de este diálogo, este mecanismo tendría como principal cometido alcanzar un acuerdo de cese de la confrontación actual sobre la base del cumplimiento de un compromiso de mínimos.

Evitando la lógica directa y bilateral, esta task force debería promover la participación de actores con capacidad de influencia en una solución política. Entre ellos no deberían faltar los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, miembros activos del Parlamento Europeo e incluso figuras respetadas de la sociedad civil europea. Una petición expresa del Gobierno catalán y el español, una resolución en el Parlament o el Congreso deberían ser más que suficientes para que la Comisión mueva ficha. Otros estados europeos se podrían sumar a la iniciativa, involucrando al Consejo Europeo. Como dijo Juncker en las negociaciones en Chipre, “cuando se trata de la paz, uno debe tomar riesgos. No tomar riesgos es el mayor riesgo”. La frase no puede ser más relevante ahora.  

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