Blanca Garcés Mascareñas, investigadora senior del área de migraciones de CIDOB, analiza la criminalización de las ONGs de rescate marítimo a raíz del último decreto del gobierno de Giorgia Meloni en Italia: “La cuestión de la corresponsabilidad es el talón de Aquiles de las políticas migratorias y de asilo europeas. Y ahí yo diría que es el único punto donde Meloni, y los distintos representantes del gobierno italiano previamente, en parte tienen algo de razón, en el sentido de que no hay esta corresponsabilidad y la responsabilidad de estas llegadas por la frontera sur recae especialmente en los primeros países de llegada, y eso viene institucionalizado, instaurado, por el propio sistema de Dublin, que hace responsables a estos primeros países de llegada de cualquier solicitud de asilo. Y de ahí que, por ejemplo, este decreto busque también que las solicitudes de asilo se realicen en el propio barco de rescate con el argumento – muy difícil de poner en la práctica, jurídicamente hablando – de que la solicitud de asilo recaiga en el país de la bandera del barco de rescate. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales y que explicaría la pregunta sobre por qué este decreto pone el foco en estos buques cuando solo representan el 15% de las acciones de rescate: por un lado, para criminalizar la acción de las ONGs y, por otro lado, para entrar en esta discusión sobre la corresponsabilidad entre los Estados Miembro de la UE”.
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