Anna Ayuso, investigadora sénior de CIDOB para América Latina, analiza la situación política en Perú: “La mayor parte de los que salen a la calle piden una convocatoria de elecciones, pero también reformas constitucionales porque parece muy difícil que en las condiciones actuales pueda surgir un Congreso diferente o muy diferente al que hay en estos momentos. El gobierno de Boluarte es muy débil, con medio país en estado de emergencia, y ya ha tenido que reemplazar al Primer Ministro y a dos ministros a causa de las protestas. En realidad, la única salida son unas elecciones, el problema es cuándo y cómo. Al nombrarla para el cargo de presidenta, el Congreso propuso adelantar las elecciones a 2024 en lugar de 2026, que era cuando estaban previstas, pero lo que piden los manifestantes es que sean antes, en 2023. Pero eso solo puede decidirlo el Congreso y los actuales integrantes no podrían ser reelectos por mandato constitucional. Boluarte, que fue elegida por la izquierda, se apoya para mantenerse en los partidos de la derecha y, a pesar de pedir perdón por la violencia policial, esta ha continuado, incluyendo el último desalojo violento de la universidad. Si Boluarte dimite, asumiría la presidencia el actual Presidente del Congreso, José Williams Zapata, un exmilitar que es de extrema derecha. De hecho, hay ya quien pide que haya una moción de censura contra él para que, en caso de que dimita Boluarte, no sea él quien asuma el cargo. Hay muchos que defienden la necesidad de que se haga una reforma política antes de las elecciones sin pedir directamente la dimisión de Boluarte, pero eso es muy difícil que lo pueda hacer el actual Congreso. Por eso, muchas de las protestas reclaman que haya una Asamblea Constituyente, que sean unas elecciones para una Asamblea que cambie la constitución y, sobre todo, que haga una reforma política que permita que el Congreso pueda bloquear las decisiones del ejecutivo, que haya una mayor gobernabilidad. La presidenta actual tiene muy poco margen de maniobra. Ella ni puede disolver el Congreso ni puede adelantar las elecciones, tiene que ser el propio Congreso quien lo haga. Su dimisión probablemente no arreglaría nada, pero quizás calmaría a los manifestantes y permitiría que se construyeran nuevos consensos en el Congreso para que se realizaran unas nuevas elecciones con ciertas garantías. En estos momentos la situación es de impasse y, probablemente, las protestas no se terminarán hasta que no haya una respuesta política adecuada a las demandas de la población”.
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