(Texto publicado en noviembre de 2019. Véase nota de actualización)

La convulsión política y social que desgarra Bolivia desde las fallidas elecciones de octubre de 2019 ha convertido en presidenta interina, de manera inopinada, a Jeanine Áñez, una poco conocida senadora de la oposición conservadora al Gobierno socialista de Evo Morales, ahora asilado en México. La subida en noviembre al Ejecutivo del Estado Plurinacional de esta dirigente del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), fuerza de derecha liberal que gobierna el departamento oriental de Santa Cruz, vino a llenar el vacío de poder abierto por la renuncia forzada de Morales, acusado por sus adversarios de deriva autoritaria y fraude electoral. Sin embargo, la asunción de la hasta entonces segunda vicepresidenta del Senado, punto de arranque de una transición que debería dar una salida pacífica a la crisis, ha estado envuelta en confusión y rodeada de dudas sobre su pulcritud constitucional. Transcurridos diez días desde la irrupción de Áñez, la situación, ensombrecida por nuevos episodios de violencia que elevaron a 38 el balance de víctimas mortales, seguía sin normalizarse. 

Para Morales y su partido, el MAS, lo sucedido es lisa y llanamente un "golpe de Estado" con visos de venganza política, más aún, clasista y racista. Para Áñez y su sector, en cambio, se trata de recuperar una institucionalidad democrática y un respeto a la Norma Suprema que bajo el anterior Gobierno eran "inexistentes". Aunque la presidencia de Áñez es solo transitoria, en teoría hasta el 22 de enero de 2020, si bien está por ver que para entonces Bolivia haya celebrado nuevas elecciones presidenciales (a las que Morales, subraya Áñez, no podrá presentarse, amén de hacer frente a sendas denuncias por "sedición" y "crímenes de lesa humanidad") y disponga de un jefe de Estado electo, sus disposiciones iniciales ya han alterado drásticamente la orientación regional del país, separado ipso facto del bloque bolivariano.

PROTAGONISTA INESPERADA DE UNA GRAVE CRISIS NACIONAL

Los prolegómenos y circunstancias del cambio de poder acontecido en la crispada y polarizada Bolivia son los siguientes. El 20 de octubre de 2019 el país celebró unas elecciones generales a las que Evo Morales, tras ser habilitado por el Tribunal Constitucional, que en 2017 había accedido a su demanda de declarar inconstitucionales o inaplicables nueve artículos de la Carta Magna y de la Ley Electoral (sentencia que, por cierto, ignoró el resultado negativo del referéndum constitucional pro-reelección de 2016), se presentaba por tercera vez consecutiva. En realidad, por cuarta vez, si se tomaba en cuenta el primer mandato de 2006-2010, iniciado bajo la vieja Constitución de 1967.

El retraso en la publicación de los resultados oficiales levantó las sospechas del principal competidor del presidente, su predecesor en el cargo (2003-2005) Carlos Mesa, candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI, una formación centrista a pesar de su nombre) y de la coalición Comunidad Ciudadana, quien rechazó los datos desfavorables del conteo preliminar y denunció un "fraude gigantesco" en su contra. Por cierto que los Demócratas de Áñez, eje de la Alianza Bolivia Dice No y partidarios de que Bolivia vuelva a ser una república nacional pero transformando las autonomías regionales en un sistema federalizado, obtuvieron un pésimo resultado: su aspirante, Óscar Ortiz, quedó cuarto con menos del 5% de los votos.

El 23 de octubre las protestas y disturbios de los partidarios de Mesa llevaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia. Al día siguiente, el Tribunal Supremo Electoral, con el 99,99% escrutado, otorgó a Morales la victoria en la primera vuelta con el 47,08% de los votos. Si bien no alcanzaba la mitad más uno de los votos, el postulante oficialista sí superaba el 40% y le sacaba una ventaja de al menos diez puntos (el 10,56%, exactamente) a su inmediato perseguidor, con lo que se ahorraba el balotaje del 15 de diciembre. En principio, Morales tenía vía libre para sumar otro ejercicio de cinco años a partir de enero de 2020, pero la furiosa reacción opositora vino a truncar ese escenario. Por de pronto, la presión de la calle e internacional obligó al mandatario, después de negarse a cualquier negociación sobre una repetición de las elecciones con el "delincuente" Mesa, a solicitar a la OEA una auditoría internacional vinculante del proceso electoral.

El 10 de noviembre, mientras el clima de rebelión antigubernamental ganaba ímpetu con la violencia de los manifestantes y los motines policiales, a los que se sumaban los signos de descontento en la cúpula militar, la OEA comunicó los hallazgos preliminares de su análisis de integridad electoral, la cual "no le era posible garantizar" ante el "cúmulo de irregularidades observadas". El informe precipitó los acontecimientos: Morales aceptó repetir las elecciones; al punto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, salió a "sugerir" al presidente que abandonara el cargo para detener la "escalada del conflicto" y permitir la "pacificación" del país; por último, Morales apareció en la televisión para anunciar que remitía su carta de renuncia a la Asamblea Legislativa, decisión con la que esperaba que Mesa, Fernando Camacho (el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz) y otros opositores dejaran de "maltratar", "perseguir" y "amenazar" a sus hermanos del MAS y al pueblo de Bolivia, víctima según él de "grupos oligárquicos que conspiran contra la democracia".

A las dimisiones de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, los cuales emprendieron una rocambolesca escapada del país hasta acogerse a la protección solidaria del Gobierno mexicano, les siguieron las renuncias en cadena de las autoridades segunda y tercera en la línea de sucesión constitucional, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ambos del MAS. El siguiente dignatario del orden de prelación, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Revilla, no se pronunció y ocultó su paradero.

La deserción general de mandos oficialistas generó una profunda incertidumbre de la que surgió la voz, entre emocionada y voluntariosa, de la opositora Áñez, desde el mes de enero vicepresidenta segunda del Senado saliente (el vicepresidente primero, Rubén Medinaceli, había dimitido al igual que sus correligionarios): ella se ofrecía para cubrir el vacío de poder, ejercer la Presidencia del Estado con carácter interino y convocar nuevas elecciones. "Lo que yo quiero es aportar, es darle una solución a esta situación tan horrible que estamos viviendo. Que quede bien claro que esto es una transición, es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes como el pueblo boliviano lo quiere", argüía la segunda vicepresidenta del Senado.

Aunque contaba con el respaldo de los partidos de la oposición y los altos mandos del Ejército y la Policía, que empezó a desplegar soldados para ayudar a atajar los saqueos y disolver las protestas que ahora protagonizaban los enfurecidos seguidores de Morales, muchos de ellos indígenas y muy mayoritarios en la populosa urbe de El Alto, Áñez se topó con el obstáculo, aparentemente insalvable, de ser investida por una Cámara de Diputados integrada en sus dos terceras partes por legisladores del MAS, quienes de hecho se negaban a sesionar. El 12 de noviembre la Cámara debía discutir la renuncia de Morales, pero la sesión fue suspendida por falta de quórum. Con todo, Áñez dio el paso de proclamarse presidenta interina con el voto favorable del tercio de diputados de los Demócratas, la Unidad Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, acto que fue rápidamente validado por el Tribunal Constitucional.

En la jornada que siguió, Áñez, ya instalada en el Palacio Quemado de La Paz y convertida en la segunda presidenta interina del país luego del registro de Lydia Gueiler en 1979-1980, tomó juramento a los miembros de su Gabinete. Uno de sus ministros, el empresario Arturo Murillo, anunció una "cacería" de líderes masistas para que la justicia les hiciera pagar por todo el "daño hecho al país". Se trataba de una retórica no chirriante con los pronunciamientos que la senadora Áñez, crítica acerba de Morales y de posturas ultracatólicas, venía realizando desde hacía años. El 15 de noviembre, mientras los choques entre campesinos cocaleros y uniformados en Sacaba, Cochabamba, dejaban siete manifestantes muertos, el nuevo Gobierno adoptó un paquete de medidas de gran calado exterior: reconoció a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, expulsó a la delegación diplomática de Nicolás Maduro, ordenó volver al personal diplomático boliviano en Caracas, canceló la misión médica cubana y anunció la ruptura inmediata con el ALBA, a la que en breve podría seguir la salida también de la UNASUR.

Nota de actualización: esta biografía fue publicada el 22/11/2019. Las previstas elecciones generales en Bolivia tuvieron lugar finalmente el 18/10/2020. La presidenta Jeanine Áñez anunció inicialmente su candidatura, pero posteriormente la retiró para favorecer las posibilidades del centro-derecha. Las elecciones fueron ganadas por el MAS y el 8/11/2022 Áñez fue sucedida en el cargo poro el presidente electo, Luis Arce. Tras retornar la formación izquierdista al Gobierno, Áñez quedó bajo el escrutinio de la justicia penal. El 12/3/2021 la ex presidenta fue detenida de manera inesperada por orden de la Fiscalía de Bolivia bajo la acusación de "terrorismo, sedición y conspiración", cargos que también recayeron en otros ex ministros y altos mandos militares y policiales. Áñez, quien se consideraba víctima de una persecución política, solicitó infructuosamente medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 10/6/2022, en el marco de la causa Golpe de Estado II, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz condenó a la ex presidenta a 10 años de prisión por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes".

Oriunda del departamento amazónico del Beni y procedente de una familia de clase media-baja, Jeanine Áñez Chávez terminó el bachillerato en 1984 y su primer trabajo fue como secretaria administrativa en una empresa. Luego se mudó a La Paz para realizar estudios superiores y en 1991 se licenció en Ciencias Jurídicas y Derecho, facultándose como abogada. Ni los despachos de la prensa boliviana ni las reseñas oficiales, por lo demás escasas y fragmentarias, mencionan el centro universitario en que Áñez se formó, ni informan de si llegó a ejercer la abogacía. Algunos medios periodísticos han citado también la posesión por la actual presidenta interina de sendas diplomaturas en Gestión Pública y Gestión Social, Derechos Humanos y Educación Superior.

Antes de debutar en la política representativa, Áñez desarrolló una carrera profesional en el mundo del periodismo televisivo. Durante años, fue presentadora de programas y directora de Total Visión, un canal regional con sede en Trinidad, la capital de Beni. Cuando las elecciones del 2 de julio de 2006 a la Asamblea Constituyente, convocadas por el nuevo Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, líder del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), para dotar a Bolivia de una nueva Carta Magna que sentase las bases legales de su proyecto de refundación estatal, Áñez concurrió en la lista de candidatos de Poder Democrático y Social (PODEMOS). Esta era un partido de corte derechista liberal creado en 2005 por el ex presidente de la República (2001-2002) Jorge Quiroga Ramírez, quien fuera hombre de confianza del fallecido general y presidente Hugo Banzer Suárez y que en las elecciones presidenciales del año anterior había contendido infructuosamente con Morales.

Tras salir elegida al igual que otros 59 compañeros del partido, convirtiéndose el PODEMOS en la segunda fuerza de la Asamblea por detrás del MAS, Áñez, asignada a la comisión para el área judicial, participó en los trabajos constituyentes, que se extendieron desde el 6 de agosto de 2006 hasta el 6 de agosto de 2007. Una vez concluido este servicio institucional (la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia no sería promulgada hasta febrero de 2009, previa ratificación del texto en referéndum), Áñez reanudó su trabajo periodístico en Total Visión.

Senadora de la oposición conservadora al Gobierno de Evo Morales
Este apartamiento de la política nacional no duró mucho. Un nuevo proceso electoral, las generales del 6 de diciembre de 2009, trajeron a Áñez de vuelta a la actividad asamblearia como miembro del Senado en representación de Beni y del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), la nueva coalición opositora organizada por el dirigente cochabambino Manfred Reyes Villa, jefe del partido Nueva Fuerza Republicana (NFR). El PPB-CN tomó el relevo al PODEMOS como la principal alternativa del centro-derecha boliviano al poderoso masismo de Morales, si bien su limitado rendimiento en las urnas, con escaso tirón en los departamentos occidentales de las cordilleras y el altiplano andinos, iba a hacer que siguiera los pasos de la extinta formación de Quiroga, produciéndose su disolución en 2013.

Áñez tomó posesión de su acta de senadora en febrero de 2010. Ya en su primer mandato en la cámara alta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la representante beniana dejó patente su oposición al oficialismo, postura que se advirtió por ejemplo en su enérgico rechazo al proyecto gubernamental de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una gran área protegida de 12.000 km² a caballo entre los departamentos de Beni y Cochabamba. En septiembre de 2011 el proyecto de la carretera fue suspendido por las protestas no de los partidos de la oposición conservadora, sino de los habitantes indígenas de Beni, cuya marcha hacia la paz, reprimida por la Policía con el resultado de un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos, obligo a Morales a rectificar.

Mediante algunos comentarios y exabruptos, Áñez se hizo notar por un catolicismo ultraconservador hostil a los cultos tradicionales de los pueblos indígenas y por su rechazo al reconocimiento como símbolo estatal de la wiphala, la bandera multicolor identificativa de los aymaras y otras etnias andinas. Supuestamente, en abril de 2013 la senadora publicó en la red social Twitter un mensaje donde decía lo siguiente: "Sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios que se vayan al altiplano o al chaco!!".

Desde diciembre de 2013 Áñez militó en el Movimiento Demócrata Social (MDS, más frecuentemente referido como los Demócratas), partido que era el fruto de un proceso de confluencia de diversas organizaciones y movimientos políticos de la oposición a Morales, y que estaba promovido principalmente por dirigentes y fuerzas del Oriente boliviano, formado por los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Áñez pasó a integrar el Comité Ejecutivo Nacional de los Demócratas, con Rubén Costas Aguilera, el influyente gobernador cruceño, al frente, y en las generales del 12 de octubre de 2014 consiguió ser reelegida en el Senado.

A estas votaciones, los Demócratas, cuya ideología conjugaba el conservadurismo liberal promercado y un autonomismo regional avanzado (hasta el punto de apostar por la transformación de los departamentos en entes federados, en paralelo a la recuperación por Bolivia de la condición de república nacional), se presentaron coaligados con el Frente de Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina, político socialdemócrata procedente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora, dando lugar a la Unidad Demócrata (UD). Áñez y 40 candidatos más de la UD ganaron el escaño en la Cámara de Diputados y el Senado, pero el MAS, como en 2009, se aseguró una mayoría de dos tercios en ambos hemiciclos. En las presidenciales, Doria fue vapuleado por Morales, candidato por tercera vez al interpretar el oficialismo y el Tribunal Constitucional que el primer mandato del antiguo campesino cocalero no contaba por haberse votado e iniciado estando en vigor el antiguo texto constitucional de 1967.

En su segundo ejercicio senatorial, Áñez estuvo asociada a los trabajos legislativos para combatir los feminicidios y la violencia contra la mujer. Sin embargo, su postura más distintiva fue el repudio radical a las maniobras de Morales para extender su presidencia, ignorando la decisión de los electores y soslayando la misma Constitución por él promulgada. La senadora consideró un abuso flagrante la candidatura del presidente en las elecciones de 2019 pese a que en el referéndum constitucional de febrero de 2016 el Gobierno había visto derrotada, con un 51,3% de votos adversos, su propuesta de enmendar la ley fundamental para permitir el tercer mandato consecutivo —el cuarto, si se contaba el ganado en 2005— de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Morales y el MAS sortearon este revés para sus planes interponiendo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de amparo de derechos políticos que invocaba el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La acción de inconstitucionalidad abstracta reclamaba que cinco artículos de la Ley del Régimen Electoral de 2010 quedaran anulados por inconstitucionales y que cuatro artículos de la Constitución Política fueran declarados inaplicables por contradecir otros puntos de la misma norma suprema y el articulado de la CADH, todo a fin de permitir la repostulación del mandatario. El Tribunal aceptó el argumento y el 28 de noviembre de 2017 resolvió que Morales y García Linera estaban habilitados para presentarse de nuevo en las elecciones de octubre de 2019; de ganarlas, el líder socialista disfrutaría de un mandado adicional de cinco años, de 2020 a 2025.

En enero de 2019, con motivo de la renovación de la Directiva del Senado para el período 2019-2020, Áñez, aferrada a la tesis de que Morales buscaba "perpetuarse en el poder" y en esos momentos secretaria de Comunicaciones de los Demócratas, resultó elegida segunda vicepresidenta de la Cámara. Para el puesto de presidente fue elegida Adriana Salvatierra Arriaza y como primer presidente Rubén Medinaceli Ortiz, ambos miembros del MAS.

Jeanine Áñez está casada en segundas nupcias con Héctor Hernando Hincapié Carvajal, un político colombiano del Partido Conservador que en 2018 candidateó sin éxito a senador en su país. La política es madre de dos hijos, Carolina y José, ambos en la veintena de edad.

(Cobertura informativa hasta 20/2/2019)