Permanentemente confinados: el impacto de la COVID-19 en la población refugiada palestina

Fecha de publicación:
12/2021
Autor:
Òscar Monterde Mateo, profesor asociado, Universitat de Barcelona
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Este artículo analiza el impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 en la población refugiada palestina que se encuentra en las distintas áreas de operaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), poniendo el foco en los campamentos de refugiados y en cómo la pandemia ha agudizado su situación de aislamiento, exclusión y desprotección. Con ello, este estudio pretende trazar unas líneas de análisis comparado sobre algunas cuestiones claves de los efectos de la COVID-19 en las poblaciones de refugiados de larga duración: el impacto en los campamentos permanentes y espacios suburbializados, la superposición de situaciones de emergencia prolongada, así como las deficiencias acumuladas en los sistemas de protección y acogida en entornos de conflicto armado y de exclusión. 

Entre 1947 y 1949, más de 750.000 personas que vivían en la Palestina del mandato británico fueron expulsadas de sus hogares y unos 500 pueblos fueron completamente destruidos por parte del movimiento sionista y del nuevo Estado de Israel (Sanbar, 1984; Khalidi, 1992). Las subsiguientes expulsiones y el incumplimiento reiterado del derecho al retorno de los refugiados palestinos reconocido en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 194 (iii)1 han convertido a la población refugiada palestina en el mayor y más duradero grupo de refugiados del mundo desde la Segunda Guerra Mundial y en el grupo de personas apátridas más numeroso del mundo. La cuestión de los refugiados palestinos ha sido uno de los debates historiográficos más importantes de las últimas décadas2. La narrativa oficial israelí para justificar esta situación se ha ido desmoronando con las aportaciones que corroboraron la historiografía palestina y la nueva historiografía israelí –que explican el origen forzoso de los desplazamientos de la población palestina– y con contribuciones de significativo calado que muestran que estos se ejecutaron mayoritariamente de forma intencionada y planificada en lo que se puede llamar un proceso de limpieza étnica (Pappé, 2011).

Hoy, de los cerca de 13 millones de personas que conforman la población total de palestinos en el mundo, 8,7 millones son desplazados forzosos3, de ellos, 5,7 millones están registrados como refugiados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) de los cuales 1,7 millones siguen viviendo en los 58 campamentos situados en las cinco áreas de operaciones de la agencia –Gaza, Cisjordania, incluida Jerusalén Este, Líbano, Siria y Jordania–; otros viven en las ciudades y pueblos de los territorios y países de acogida nombrados, y otros con el tiempo se han desplazado a otros países de Oriente Medio o fuera de la región (UNRWA, 2020a). Aunque la situación de los refugiados es muy diversa, su condición sigue marcando la realidad del conjunto de la diáspora palestina. Así, la cuestión de los refugiados palestinos demuestra cómo la expulsión y la desposesión de los palestinos no fue un fenómeno puntual, sino un hecho marcado por sucesivos desplazamientos forzosos que se han prolongado a lo largo del tiempo a través de un sistema de ocupación, colonización y limpieza étnica sobre el territorio histórico de Palestina (Pappé, 2011).

La condición de refugiado sigue marcando el estatus jurídico de los refugiados palestinos en los territorios y países de acogida, tanto en aquellos donde tienen reconocida su ciudadanía –como en Jordania–, donde su estatus es equiparable al de sus ciudadanos, como en aquellos –como en el Líbano– donde no tienen reconocidos sus derechos más allá de los reconocidos a otra población extranjera. Así, las deficiencias en sus condiciones de acogida, asilo, y protección marcan su estatus social en los países de acogida y los hace extremamente vulnerables a las consecuencias de la situación de conflictividad política, económica y social a la que está sometida el conjunto de la región (Albanese y Takkenberg, 2020). Los conflictos armados o las crisis políticas han significado una amenaza continuada en el reconocimiento de la población refugiada y en el desarrollo de una vida digna en dichos países. Los cambios abruptos de su estatus y condición en el Egipto post-19784, en Kuwait tras la ocupación iraquí en 1990, en Irak después de la invasión estadounidense en 2003, o en Siria tras el estallido de la guerra en 2011, demuestran que la población refugiada palestina tiene muy pocas garantías y vive en una situación de desprotección, en la que el derecho internacional ha sido ignorado a la hora de trazar marcos de protección y solución para los refugiados palestinos (Refugee Survey Quarterly, 2009).

La mayoría de la población refugiada de Palestina en Oriente Medio ha permanecido bajo un sistema de acogida que se ha prolongado a lo largo de más de 70 años. Tras la expulsión de 1948 fueron las organizaciones internacionales humanitarias las que se ocuparon de suministrar tiendas, alimentos, mantas y ropa a la población refugiada, que quedó bajo una situación de emergencia que se ha perpetuado ante la negativa de Israel de aceptar el derecho al retorno reconocido por Naciones Unidas (Segura y Monterde, 2018). Ante la situación de emergencia, Naciones Unidas creó la UNRWA5 con el objetivo de asumir las tareas de asistencia que habían promovido hasta el momento las organizaciones internacionales, pero también –como la «W» de Works de sus siglas define– se pensó como un instrumento de desarrollo regional para dar trabajo y promover el bienestar de los refugiados en los territorios y países de acogida. Sin embargo, con solo un mandato de asistencia, la UNRWA quedó desprovista de un mandato de protección, lo que dejó un vacío en las garantías de protección de los refugiados palestinos y el cumplimiento del derecho al retorno (Albanese y Takkenberg, 2020). Así, las tiendas pasaron a convertirse en construcciones de cemento y los campamentos se consolidaron como estructuras más permanentes, aunque sin planificación ni provisión de los recursos básicos. Los campamentos de tiendas se convirtieron en barrios y ciudades suburbiales densamente poblados, construidos en los alrededores de las ciudades de los países de acogida. Setenta años después, la gran mayoría de los campamentos de refugiados son barrios o ciudades sin trama urbana planificada y con deficiencias importantes en los suministros y servicios básicos (Berg, 2014).

Asimismo, la UNRWA asumió los programas de educación y salud, convirtiéndoles en el principal pilar de la agencia a partir de los años sesenta del siglo pasado. De esta forma, se fue desarrollando como un instrumento de la comunidad internacional de asistencia y desarrollo (Monterde, 2021). Con escasos recursos y con una situación financiera muy precaria, la UNRWA combina estrategias de asistencia y desarrollo humano y, en determinados contextos, una serie de estrategias de observación y protección de los derechos humanos de los refugiados palestinos (Hanafi et al., 2014). Además, desarrolla programas de mejora de los campamentos que busca mejores infraestructuras, viviendas y trama urbana, así como instrumentos de financiación de proyectos de autoempleo y de inversión mediante microcréditos para ofrecer mejoras económicas y salidas laborales a los refugiados. La agencia ha asumido, así, indirectamente a lo largo de la historia, y al margen del derecho internacional y del reconocimiento del derecho al retorno, un proceso de asentamiento informal de la población refugiada en los territorios y países de acogida, que no asumieron los costes, ni ofrecen todos los derechos básicos de asilo y protección a la población refugiada. La acción de la UNRWA ha tenido, por lo tanto,  un enorme impacto político que define el contexto económico, social y ambiental en el que los refugiados palestinos trabajan, juegan, comen, aman, luchan y viven (Qato, 2020). En este contexto, la pandemia de la COVID-19 ha puesto al descubierto los factores y dinámicas de desprotección de los refugiados palestinos y a la UNRWA ante un nuevo reto: hacer frente, en una situación de crisis financiera sin precedentes –causada por la retirada de los fondos de los Estados Unidos de la etapa Trump–, a una nueva crisis, esta vez sanitaria, económica y humana a escala regional, que se añade a la compleja situación que ya vive la población refugiada palestina en sus áreas de operaciones.

Este artículo analiza, desde una perspectiva comparada, el impacto económico y social de la COVID-19 en la población refugiada palestina en las distintas áreas de operaciones de la UNRWA. Pone el foco en su impacto en los campamentos de refugiados y en cómo ha agudizado su situación de aislamiento, exclusión y desprotección. El análisis y la comparativa se lleva a cabo a partir de los informes sectoriales y territoriales de las Naciones Unidas, los informes y las distintas llamadas de emergencia de la UNRWA, así como los comunicados de prensa y las declaraciones realizadas por la agencia y sus responsables sectoriales y territoriales y otros informes monográficos de organizaciones de defensa de los derechos humanos6 que ofrecen información detallada sobre las condiciones de vida de la población refugiada palestina. Con ello, este estudio pretende trazar unas líneas de análisis comparado sobre algunas cuestiones claves de los efectos de la COVID-19 en las poblaciones de refugiados de larga duración: el impacto en los campamentos permanentes y espacios suburbializados, la superposición de situaciones de emergencia prolongadas, así como las deficiencias acumuladas en los sistemas de protección y acogida en entornos de conflicto armado y de exclusión.

La COVID-19 y los refugiados palestinos en Oriente Medio

«La COVID-19 ha desencadenado una crisis generalizada en materia de salud pública y pobreza en la región». Así resumía el comisionado general de la UNRWA en agosto de 2020 el impacto generado por la pandemia en las cinco áreas de operaciones de la agencia (AGNU, 2020: 4).

La COVID-19 se señala, de esta forma, como un nuevo factor de alcance global que se añade a las emergencias en las que ya se encontraba la población refugiada en la región (Refugee International, 2020). En primer lugar, la amenaza a la salud –entendida no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar social y el buen estado físico y mental de la población– se agrava debido a, por un lado, los múltiples factores de riesgo que vive la población refugiada –enfermedades, problemas de salubridad, aglomeraciones y precariedad– y, del otro, los déficits del sistema de salud proporcionado por las organizaciones internacionales o los límites al acceso al sistema sanitario en los territorios y países de acogida. En segundo lugar, la pandemia es una crisis económica y social. A causa de las medidas impuestas por la pandemia, muchos refugiados palestinos han perdido el trabajo o los medios de subsistencia, especialmente los jornaleros o los numerosos refugiados que trabajan en el mercado informal. En el caso de los empleados de la UNRWA, la crisis financiera en la que está inmersa la organización ha conllevado recortes y, en algunos casos, la suspensión de sueldos. En el terreno educativo, la interrupción de clases y el cierre de escuelas han dejado a miles de alumnos con restricciones importantes al acceso a la educación básica. Y, finalmente, si la pandemia ha provocado una recesión a escala global, esta ha sido especialmente severa entre los refugiados palestinos. El impacto de la pandemia ha afectado así también a la condición de refugiado, marcando una nueva crisis en el asilo y la protección. Asimismo, la condición de refugiado de larga duración agrava no solo el acceso a los servicios básicos y a los ya muy tensionados sistemas de asistencia y desarrollo, sino que además amenaza los derechos humanos básicos y la vida de la población refugiada en un contexto regional sometido a sucesivas crisis y conflictos de largo alcance.

No obstante, ante esta nueva situación, la UNRWA ha desarrollado una rápida respuesta, movilizando recursos e infraestructuras desde el primer momento para mantener los servicios esenciales, los programas de salud, educación y servicios sociales, así como reforzar los programas de emergencia. Por lo tanto, una vez más, la UNRWA ha actuado como un instrumento humanitario de la comunidad internacional, activando y reforzando programas de asistencia y emergencia, complementados y superados a menudo por la capacidad de las iniciativas de autoorganización desarrolladas por los propios refugiados (Fiddian-Qasmiyeh, 2020). Aunque el impacto de la pandemia sobre los refugiados palestinos está estrechamente relacionado con las condiciones políticas, económicas y sociales de los territorios y países de acogida, la condición de refugiado de larga duración dibuja elementos y trayectorias comunes. 

Jordania: estabilidad y precariedad

En Jordania hay más de dos millones de refugiados palestinos registrados por la UNRWA, de los que el 18% –unos 370.000– vive dentro de los diez campamentos distribuidos por todo el país. Mayoritariamente joven, la población refugiada en Jordania tiene reconocida la ciudadanía y, la mayoría, garantizado el acceso al sistema público de salud en condiciones similares a los ciudadanos jordanos, a excepción de los aproximadamente 158.000 refugiados huidos de Gaza, y algunos de Cisjordania, en 1967 que, sin la nacionalidad jordana, se les restringió el acceso a los servicios públicos y se les impuso otras restricciones legales (AGNU, 2020). Hoy reciben el trato de residentes provisionales, todo ello ha contribuido a mermar sus condiciones de vida7.

Al gozar de una estabilidad política excepcional en la región, el país sigue acogiendo numerosos refugiados de Siria e Irak que le suponen un coste muy elevado en gastos en educación y salud. Desde 2011, Jordania acoge más de 17.000 refugiados palestinos de Siria, una cifra estancada por su política de cierre de la frontera en 2013. Una parte de ellos no tiene residencia legal en el país y no puede acceder a los servicios y derechos básicos, inclusive el derecho al trabajo, a los registros civiles y a los servicios destinados a la población refugiada siria, lo que significa una grave vulneración de las condiciones de asilo y protección.

El impacto del número de contagios al inicio de la pandemia de la COVID-19 fue leve entre los refugiados palestinos en Jordania: los primeros casos de infectados confirmados se detectaron a principios de abril de 2020 y fueron muy pocos (UNRWA, 2020e). A finales de ese año, si el total de casos acumulados de COVID-19 en todo el país era de 286.356 y las muertes ascendían a 3.729, entre los refugiados palestinos se contaron 800 contagiados y solo tres muertes (UNRWA, 2021a). Sin embargo, los casos se incrementaron en marzo de 2021, aunque luego se produjo un nuevo descenso. Para el verano de 2021, según los datos que tenía la UNRWA los contagios acumulados entre los refugiados palestinos eran de 1.345 casos y el número de muertes ascendía a 12 personas (UNRWA, 2021c)8.

Las medidas aplicadas por el Gobierno jordano para contener la pandemia fueron limitar progresivamente los movimientos de la población y controlar el acceso a los servicios de salud. Pero estas restricciones y el cierre prolongado deterioraron las condiciones de vida –incluida la seguridad alimentaria– de los refugiados más vulnerables. En un estudio realizado por la UNRWA en junio de 2020, el 64% de la población encuestada expresaba su preocupación por no tener suficiente comida en la última semana por la falta de dinero para comprarla (57%), por no tener reservas de alimentos en casa (21%) y/o por el posible aumento de los precios de los productos básicos (16%). Estos resultados muestran que la inaccesibilidad a los productos alimentarios se debe más a un factor económico (falta de dinero) que físico (cierre de tiendas, distancia, escasez de suministros). La falta de poder adquisitivo y de reservas de alimentos en el hogar hizo aumentar la vulnerabilidad de la mayoría de los hogares. Asimismo, las implicaciones de las medidas como el toque de queda y los cierres se dejaron sentir más entre la población refugiada más vulnerable, en especial entre aquellos que no tienen acceso a los servicios de salud estatales y/o al mercado laboral. De hecho, la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población encuestada (80,8%) era la UNRWA, el 33,1% depende del trabajo casual, el 10,1% depende de salarios con ingresos regulares, el 10,5% depende de la familia y los amigos, y el resto de otras fuentes de ingresos (UNRWA, 2020c). Ello demuestra cómo la condición de refugiado palestino sigue siendo un factor importante en el desarrollo de la vida de esta población en Jordania y cómo los efectos de la pandemia han aumentado la vulnerabilidad de su condición política y social.

Aunque en Jordania el avance de la vacunación ha sido un poco más rápido que en otros países del entorno, exceptuando Israel, en septiembre de 2021 solo un 30% de su población había recibido la pauta completa. Las dificultades del país en adquirir y avanzar en los programas de vacunación, a pesar de las ayudas recibidas a través del sistema internacional de ayudas a la vacunación COVAX, han perpetuado y ahondado aún más la precariedad entre los refugiados palestinos, cuya pauta de vacunación va por detrás del conjunto de la población (Bellizzi et al., 2021).

En este contexto, la UNRWA ha implementado servicios a domicilio, movilizado recursos y ayudas para los refugiados palestinos y colaborado activamente en el proceso de vacunación. 

Líbano: aislamiento y marginación

La cuestión de los refugiados palestinos en el Líbano tiene una larga historia de implicaciones políticas y sociales. Hay 452.669 refugiados registrados por la UNRWA (2019), pero las estimaciones apuntan que en 2010 vivían en el Líbano unos 280.000, de los cuales más del 50% en 12 campamentos de refugiados palestinos (Chaaban et al., 2010). Asimismo, el Líbano acoge aún hoy 29.145 refugiados palestinos de Siria9, cuyos costes de asistencia recaen en la UNRWA.  

Los refugiados palestinos en el Líbano no tienen un reconocimiento comparable al que tienen en Jordania o en Siria antes de la guerra, sino que son equiparados a los residentes extranjeros y existen disposiciones que les limitan el acceso a los servicios públicos, además de seguir teniendo prohibido el acceso a más de 39 profesiones dentro del país (Hanafi, 2014). En 2019, el ministro de Trabajo decidió lanzar una campaña contra los trabajadores ilegales e incluir a los refugiados sirios y palestinos en la ley que obliga a la población extranjera a obtener permisos de trabajo, una decisión que les ha dificultado aún más el acceso al empleo y condenado a la desprotección laboral y al trabajo irregular (AGNU, 2020) Los refugiados palestinos figuran así entre las comunidades más vulnerables y marginadas del país. Su acceso a la atención sanitaria solo es posible vía el sector privado, que tiene unas tarifas muy elevadas e inaccesibles, o las organizaciones internacionales, como la UNRWA, que gestiona 28 centros de salud de atención primaria (UNRWA, 2021c). Debido a esta situación, la UNRWA llegó a un acuerdo con los hospitales de la Medialuna Roja del Líbano para garantizar la igualdad de los refugiados palestinos en el acceso a la atención sanitaria secundaria, después de que los hospitales libaneses negaran el ingreso de los refugiados palestinos (ibídem, 2021d)

Los primeros casos de COVID-19 entre los refugiados palestinos se detectaron en marzo de 2020, y de los más de 1.000 casos confirmados a finales de mayo en el conjunto del país, solo siete eran refugiados palestinos (ibídem, 2020e). Pero la evolución de casos confirmados se fue incrementando a partir de agosto y, a finales de año, había 169.472 casos acumulados y 1.379 muertes, de los cuales 3.614 y 141, respectivamente, eran refugiados palestinos. A principios de 2021 los casos de coronavirus siguieron aumentado (ibídem, 2021a): en febrero se llegó a 5.800 contagiados y 200 muertes acumuladas entre los refugiados palestinos en el Líbano. Esta cifra triplica la tasa de mortalidad por COVID-19 del conjunto del país, que es ligeramente superior al 1% (Azhari, 2021).  

Como medida de contención, el Líbano decretó en abril de 2020 un cierre general y un toque de queda entre las siete de la tarde y las cinco de la mañana. A partir de septiembre, impuso cierres a numerosas localidades y áreas del país (UNRWA, 2021a). Los efectos de la pandemia han acabado de mermar una economía que, ya en 2019, se encontraba en una situación de crisis financiera, una devaluación monetaria y un incremento de los precios de los productos básicos, lo que ha ido empobreciendo cada día más al conjunto de la población libanesa. La explosión en el puerto de Beirut en agosto de 2020 agravó la difícil situación política, económica y social del país, causando una inestabilidad que ha provocado una disminución continua de las oportunidades de trabajo, especialmente para los palestinos. Se calcula que el 90% de los refugiados palestinos en el Líbano han perdido el trabajo como consecuencia de la pandemia. La UNRWA atiende hoy a más de 250.000 refugiados palestinos que no tienen garantizado el acceso a comida y a suministros básicos. Según esta organización, esta población tiene tres veces más probabilidades de morir de COVID-19 que el conjunto de la población libanesa.

La condición de refugiado palestino en el Líbano define las dificultades de la población refugiada palestina para acceder a tratamientos y vacunas. Las tasas de vacunación del Líbano son aún muy bajas –a finales de octubre de 2021 solo el 22% de la población tiene la pauta completa– y Human Rights Watch (2021) ha denunciado que migrantes y refugiados, incluidos los palestinos, han quedado atrás en el proceso de vacunación. La falta de información, el aislamiento o el pago de tasas son métodos de exclusión que ha sufrido esta población.

Las medidas tomadas por la UNRWA en respuesta a esta situación han ido destinadas a garantizar que los servicios esenciales sigan estando disponibles. Se han activado los programas de educación a distancia y se han proporcionado instalaciones de cuarentena o aislamiento para los casos positivos y los enfermos; también se han ampliado los programas de ayuda y se ha proporcionado asistencia a unos 300.000 refugiados palestinos y otras personas elegibles para mitigar su vulnerabilidad (UNRWA, 2021a). 

Siria: refugiados y desplazados bajo la destrucción

La situación de los refugiados palestinos en Siria ha sufrido de forma intensiva las consecuencias de los diez años de guerra en este país. Los enfrentamientos en todo el territorio continúan y los riesgos derivados del conflicto siguen siendo la principal causa del deterioro acelerado de las condiciones de vida del conjunto de la población. Antes de la guerra, los refugiados palestinos tenían reconocida la residencia permanente y derechos similares a los ciudadanos sirios. Pero la guerra ha sido devastadora. Según la UNRWA, más de 180.000 refugiados palestinos de los cerca de 570.000 registrados en Siria (UNRWA, 2019) han visto sus hogares destruidos o gravemente dañados y muchos de ellos han tenido que huir a Jordania, Líbano o Egipto, entre otros países. Hoy permanecen en el país unos 438.000, el 40% de los cuales bajo la condición de desplazados internos con severos problemas de vivienda y enfrentándose, como el resto de ciudadanos, a un desempleo generalizado, la pérdida de activos, la escasez de combustible y electricidad, así como a un fuerte aumento de los precios de los productos básicos (UNRWA, 2021f).

Los primeros casos de coronavirus en Siria se detectaron en abril de 2020 y, a finales de mayo, los casos confirmados superaban por muy poco el centenar de personas, produciéndose un aumento a partir de agosto. A finales de año el número de casos acumulado era de 10.932 y el de muertes 669, de los cuales 98 y 6, respectivamente, eran de refugiados palestinos. Las capacidades de propagación de la pandemia se han mostrado menores en Siria que en otros países del entorno, ya que el aislamiento en la movilidad internacional y las dificultades en la movilidad interna que provoca el conflicto son limitaciones importantes; aunque las dificultades para detectar casos de infectados y realizar seguimientos han conducido a un conocimiento incierto sobre el alcance real de la pandemia. Con todo, Siria no se ha librado de las consecuencias devastadoras de la pandemia: una nueva devaluación de la moneda y un aumento del precio de la vivienda han empeorado aún más la situación, en un contexto donde los servicios sociales están muy mermados o son inexistentes en algunas zonas a causa del conflicto. Esta situación ha afectado especialmente a la población más vulnerable, entre la que se encuentran los refugiados palestinos. En septiembre de 2020, el 91% de sus hogares se encontraban en una situación de pobreza absoluta (UNRWA, 2020d).

Para hacer frente a la pandemia, se han impuesto severas restricciones a la movilidad, que han provocado el cierre continuado de los campamentos de refugiados. Ya antes de la pandemia, la destrucción de los campamentos por la guerra había dejado a miles de personas sin hogar, que hoy permanecen hacinadas entre sus ruinas o en construcciones muy precarias e inestables. En este contexto, con escasez de suministros básicos, es imposible atender a los enfermos y poner las medidas de control, aislamiento y distancia social que reduzcan o detengan la propagación del virus y, en Siria, el mayor impacto del coronavirus se ha producido en los mecanismos y sistemas de asistencia a los refugiados y desplazados internos. Muchas familias no han podido recibir ayuda durante la pandemia. Además, la UNRWA sigue teniendo muchas dificultades para dar asistencia a los refugiados palestinos que se encuentran en zonas donde el conflicto ha seguido activo –en el noroeste de Idlib– o donde la tensión entre el Gobierno y los grupos armados no estatales deriva en choques violentos –principalmente en la provincia de Dera’a– (UNRWA, 2021e). En resumen, la pandemia ha agravado una situación de crisis humanitaria de amplio alcance que golpea la población siria desde hace diez años. 

Gaza: bloqueo y encarcelamiento

Tras 14 años de bloqueo israelí por tierra, mar y aire, Gaza vive inmersa en una crisis humanitaria sin precedentes. En la Franja de Gaza, el 70% de la población es refugiada . De los aproximadamente dos millones de personas que viven en la franja, 1,4 millones son refugiados palestinos, y el 43% de ellos vive en los ocho campamentos de refugiados de la zona. El bloqueo impuesto por el Gobierno israelí desde 2007 y las continuadas destrucciones perpetradas por su Ejército en 2008, 2012 y 2014, dejaron las infraestructuras, los servicios, los medios de subsistencia y refugio de la zona totalmente deteriorados, por lo que hoy el 80% de la población depende de la ayuda internacional. El aislamiento de la franja es aún mayor debido a las restricciones impuestas por Egipto desde la caída de Morsi en verano de 2013 en el cruce fronterizo de Rafah. A causa del bloqueo y la destrucción, sufre severas restricciones en el suministro eléctrico (solo dispone de una media de entre 7 y 14 horas de electricidad al día), con un acceso al agua potable muy limitado. En 2019, más del 90% del agua suministrada a los hogares no era apta para el consumo y los niveles de contaminación de los flujos de aguas residuales vertidos al mar siguen estando dos veces por encima de la norma recomendada por la OMS (OCHA, 2021b). En ese año, la franja tenía una tasa de desempleo de más del 40% de la población, una situación que ha devenido estructural y que ha hundido las esperanzas de la población palestina, especialmente la población joven, que es mayoritaria (AGNU, 2020).

El 23 de mayo de 2020 se detectó el primer muerto en la franja debido a la COVID-19. A principios de 2021 la franja acumulaba más de 58.000 casos y más de 550 muertes. La tasa de letalidad en el conjunto de los territorios palestinos ocupados era del 1,1%, una cifra superior a la de Israel (0,7%) pero inferior a la de Jordania (1,2%) o a la de Egipto (5,9%). En diciembre de 2020 el número de casos acumulados entre los refugiados palestinos en Gaza era de más de 13.000 y 112 muertos (UNRWA, 2021b), y en verano de 2021 estos ascendieron a más de 40.000 y 575, respectivamente (ibídem, 2021c). Los límites al acceso a la salud han provocado e incrementado las muertes en el territorio, y el bloqueo ha afectado críticamente a la provisión de suministros médicos, especialmente a la población refugiada; ha obstruido la importación de equipos de protección personal y la provisión de respiradores (Abu-Sittah, 2020). Según la OMS, en mayo de 2020, solo había 87 ventiladores disponibles en Gaza para los aproximadamente dos millones de habitantes.

Asimismo, la pandemia ha agravado aún más si cabe la ya muy deteriorada situación humanitaria de la franja de Gaza. El bloqueo impide la entrada de medicamentos y otros bienes necesarios. Los ataques a los pescadores y las incursiones por parte del Ejército israelí continúan siendo las amenazas principales para la población. En mayo de 2021, en medio de la situación de pandemia, Israel bombardeó de nuevo masivamente la franja de Gaza, destruyendo infraestructuras y numerosos edificios públicos y privados. Ante esta situación, la UNRWA ha continuado proporcionando asistencia alimentaria a más de un millón de refugiados palestinos. Las distribuciones de alimentos se realizaron mediante la entrega a domicilio, para evitar el hacinamiento en los centros de distribución. A través del programa de creación de empleo de la agencia, 5.524 refugiados, incluyendo 1.949 mujeres, se beneficiaron de oportunidades de trabajo a corto plazo, y se garantizó la continuidad de los programas de educación a distancia, pero sin apoyo de material complementario (UNRWA, 2020b). 

Cisjordania: desposesión, ocupación y control

En Cisjordania, con una población de 3,3 millones de habitantes, viven 858.000 refugiados palestinos registrados, de los cuales aproximadamente una cuarta parte vive en los 19 campamentos oficiales de la UNRWA. La ocupación israelí sigue marcando la vida de los palestinos. El uso de la fuerza del Ejército israelí, los desplazamientos forzados y las amenazas de expulsión, la desposesión de tierras y bienes, la presencia y expansión de los asentamientos israelíes, las restricciones a la libertad de movimiento y el riesgo de detención son las principales amenazas que debe afrontar el conjunto de la población palestina en Cisjordania (UNRWA, 2020b). Asimismo, la ocupación, el muro y el cierre de Cisjordania siguen siendo los principales motivos de deterioro de sus condiciones de vida; unas condiciones que afectan particularmente a los refugiados. En 2019, la tasa global de desempleo llegó al 13%, mientras que el desempleo de quienes vivían en los campamentos ascendía al 17%, lo que demuestran el aumento de la pobreza e inseguridad alimentaria en los hogares de los refugiados (AGNU, 2020).

Como en el resto de la región, los primeros casos de COVID-19 en Cisjordania se detectaron en marzo de 2020. En ese momento, se decretó por primera vez el estado de emergencia y la imposición del toque de queda en el conjunto del territorio. Los casos empezaron a aumentar de forma exponencial a partir de agosto y septiembre. En diciembre, ya había más de 148.000 casos confirmados y más de 1.400 muertes en el conjunto de los territorios ocupados; de los cuales, 17.000 y 153, respectivamente, eran de refugiados palestinos (WHO, 2021). La situación se fue incrementando en los meses siguientes: en verano de 2021, los casos acumulados en Cisjordania eran casi 235.000 y 2.700 muertes, de los cuales 35.113 y 248, respectivamente, eran de refugiados palestinos (UNRWA, 2021c).

Los casos de contagios se incrementaron entre los trabajadores palestinos que cruzaban a Israel para trabajar y a los que las autoridades israelíes se negaron a realizar test o a atender a los que mostraban síntomas. La Autoridad Nacional Palestina (ANP) tuvo así que afrontar las medidas sanitarias no solo sin las ayudas mínimas por parte de Israel, que una vez más no asumió sus responsabilidades con la población bajo territorio ocupado como establece el derecho internacional, sino que continuó desarrollando y amplificando la violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina. En el mismo año 2020, a pesar de la situación de emergencia provocada por la pandemia, Israel demolió en Cisjordania 851 infraestructuras y forzó el desplazamiento de 1.001 personas (OCHA, 2021a). Y en los primeros meses de 2021, lo hizo con casi 200 propiedades palestinas, forzando el desplazamiento de 285 personas (ibídem, 2021a).

Las dificultades de acceso a la atención sanitaria, principalmente por la fragmentación geográfica y los límites en la libertad de movimiento, es uno de los retos más importantes a los que se debe enfrentar la población de la zona (Qato, 2020). Concretamente, desde el inicio de la pandemia, más de 40 unidades familiares de refugiados han tenido dificultades de acceso a los servicios básicos de salud (UNRWA, 2020b). En Cisjordania, donde la mayoría de los refugiados vive fuera de los campamentos, garantizar el acceso a los servicios de salud es una cuestión fundamental para entender este contexto. El conjunto de los territorios ocupados vive bajo lo que se ha denominado «una comorbilidad de carácter político, porque a la crisis sanitaria global, se añade la vulnerabilidad cronificada producida por la ocupación» (Barrañeda, 2020; Harawi, 2020). La población palestina en los territorios ocupados se ha visto excluida asimismo de las campañas masivas de vacunación por parte de Israel. El proceso de vacunación en Palestina es mucho más lento que el de los países de la región y en septiembre de 2021 la tasa de población con la pauta completa no llegaba al 10% (WHO, 2021). Las dificultades de acceso se añaden al bloqueo y a la intervención de las vacunas que llegan mediante el sistema de cooperación internacional. La potencia ocupante, como ordena el iv Convenio de Ginebra, no ha garantizado que los palestinos bajo ocupación en Cisjordania y Gaza tengan en un futuro próximo acceso a las vacunas disponibles, una vulneración más al derecho internacional humanitario (OHCHR, 2021). Aunque la ANP ha iniciado campañas de vacunación, el acceso a las vacunas, así como al material sanitario, está constantemente limitado y controlado por el régimen israelí. La comparativa es clara: en Israel la tasa de vacunación en agosto de 2021 era del 62,7% de la población con la pauta completa, y el propio Estado israelí exporta vacunas a otros países.  

La situación de los refugiados palestinos se ha visto así condicionada de distintas formas en cada uno de los territorios y países de acogida. Los contagios son más tardíos y han crecido de manera más intensa a partir de la segunda ola que se empezó a notar desde agosto de 2020, cuando la crisis sanitaria global impactó con contundencia. La población refugiada palestina ha sufrido de forma más intensa la crisis sanitaria y ha visto agravadas sus frágiles condiciones económicas. Ello se ha añadido a la precariedad en la que viven en Jordania, a su marginación o aislamiento en el Líbano o a las crisis humanitarias que sufren por los conflictos armados en Siria y las políticas de ocupación y apartheid en los territorios ocupados por Israel. En los campamentos de refugiados, además, se pueden identificar dentro de estas particularidades territoriales, dinámicas comunes que agravan las condiciones socioeconómicas de la población y donde la pandemia profundiza la situación de desprotección y vulneración de sus derechos. 

Una perspectiva comparada regional: los campamentos de refugiados palestinos

En los campamentos de refugiados de la región vive una parte importante de la población refugiada palestina –es también donde se encuentran aquellos en peor situación socioeconómica–, por lo que los efectos de la pandemia se pueden estudiar bien y de forma comparativa a fin de trazar elementos comunes y definir la situación de los refugiados palestinos, extraer reflexiones sobre el impacto de la pandemia en los refugiados de larga duración, así como algunas lecciones sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

Como ya se ha descrito al inicio, los campamentos de refugiados se formaron en un proceso de temporalidad e improvisación que los conformó como espacios suburbializados, es decir, espacios que de por sí sufren carencias importantes de movilidad y de acceso a los servicios básicos. Los límites de los derechos fundamentales en la población refugiada se hacen más evidentes en los campamentos, donde el control y el cierre por parte de las autoridades del país de acogida es mucho más severo. Los campamentos acogen así a la población refugiada más vulnerable, con menos oportunidades y más dependiente. La crisis provocada por la COVID-19 ha agravado aún más y puesto en evidencia la situación en la que vive esta población, a la que podríamos describir como permanentemente confinada. 

Los campamentos: espacios suburbializados

Los campamentos de refugiados palestinos son, por lo general, espacios con una alta densidad de población. El hacinamiento y la falta de espacio vital son las características más comunes, especialmente en Gaza y en el Líbano. El proceso de construcción de viviendas, sin trama ni planificación, dio lugar a una falta general de espacio recreativo y social. En muchos casos, los residentes han tenido que añadir pisos adicionales a sus refugios para acomodar a sus familias, algunas veces sin un diseño adecuado; por lo que muchos viven en condiciones muy deficientes. Casos paradigmáticos son el campamento de Jabalia en Gaza, donde en la actualidad viven casi 113.990 refugiados registrados, en una superficie de solo 1,4 kilómetros cuadrados; o el campamento de Ein El Hilweh en el Líbano, donde hay más de 60.000 refugiados palestinos registrados por la UNRWA y otras 20.000 personas más en un área de 1,5 km2.

Los campamentos de refugiados sufren en su mayoría carencias y problemas importantes en la red eléctrica, problemas con los sistemas de alcantarillado y deficiencias severas en el suministro de agua. Esto provoca que, en algunos campamentos, haya escasez de agua, especialmente durante los meses de verano. En Gaza, donde las infraestructuras de suministro de agua y electricidad han sido sistemáticamente destruidas por el Ejército israelí, el suministro es de agua contaminada y los campamentos subsisten con pocas horas de electricidad al día. Finalmente, la gestión de los residuos es también uno de los mayores problemas de estos espacios suburbializados. Especialmente grave es en el Líbano, en campamentos como el de Ein El Hilweh, donde la limitación por parte del Gobierno libanés de un volumen de salida de residuos del campamento menor del que se genera crea graves problemas de gestión de residuos y salubridad. 

La pandemia: una emergencia multisectorial superpuesta

La situación de salud en los campamentos de refugiados ya era calificada de grave antes de la pandemia. Las malas condiciones de salubridad generan brotes de enfermedades derivados del consumo de agua contaminada y de la situación de hacinamiento. La alta capacidad de transmisión y contagio del coronavirus tiene generalmente efectos mucho más adversos en zonas densamente pobladas y con carencias importantes en las infraestructuras de salubridad y saneamiento, como es el caso de los campamentos de refugiados. Las deterioradas infraestructuras de agua, saneamiento e higiene han contribuido además a acelerar los contagios y las tasas de mortalidad, casi siempre mayores entre la población refugiada y especialmente en aquella que vive en los campamentos. Muchos de los fallecidos padecían enfermedades cardíacas o pulmonares que pudieron verse agravadas por las condiciones de los campamentos de refugiados (UNRWA, 2021a).

Al respecto, la UNRWA ha desarrollado tareas de desinfección, especialmente en aquellos territorios o países donde los propios campamentos han sido excluidos de las campañas estatales de desinfección (ibídem). En cualquier caso, las estrategias para frenar los contagios han sido difíciles: mantener la distancia social en entornos tan hacinados es prácticamente imposible, igual que llevar a cabo confinamientos o aislamientos individuales en refugios donde viven diversas unidades familiares. Por ello, la UNRWA ha habilitado infraestructuras y locales de aislamiento para intentar contener los contagios, pero aun así la tarea resulta casi siempre imposible. En relación con los servicios de salud, su disponibilidad y acceso es siempre una de las mayores problemáticas ante una pandemia. En este sentido, a pesar de los centros de salud de los que dispone la UNRWA, los campamentos carecen de infraestructura para atender los casos de gravedad. Además, los límites a la movilidad han hecho mucho más difícil hacer llegar la asistencia sanitaria o que los mismos refugiados puedan acceder a ella. En Siria, por ejemplo, donde la situación es especialmente más difícil debido al conflicto, algunos campamentos de refugiados palestinos se han visto totalmente abandonados y desprovistos de asistencia humanitaria.

Pero los efectos sobre el sostenimiento de vida de los refugiados palestinos son, seguramente, el impacto de mayor envergadura. En los campamentos se hacina la población más vulnerable. Numerosas familias se han quedado sin medios de subsistencia y los casos de dificultades de acceso a alimentos es especialmente grave, de manera que se ha multiplicado el riesgo de caer en una situación de inseguridad alimentaria aguda. La situación se superpone a las ya muy difíciles condiciones en las que viven los refugiados palestinos en el conjunto de la región. Los efectos sobre la educación son también más adversos en los campamentos. Las limitaciones de acceso a Internet y a equipos de computación son mucho mayores que entre los refugiados palestinos fuera de los campamentos.

De esta forma, la pandemia es una nueva emergencia de carácter multisectorial superpuesta a una situación de emergencia permanente y prolongada en la que viven los refugiados palestinos, especialmente en los campamentos de refugiados. 

Segregación y encarcelamiento

Los campamentos de refugiados son infraestructuras no solamente suburbializadas, sino que están sometidas a un fuerte proceso de segregación y aislamiento. Las medidas impuestas para frenar el avance de la pandemia han ahondado aún más dicho proceso. Así, las dificultades de acceder a los campamentos se han intensificado: en algunos campamentos del Líbano o de Jordania son necesarios permisos de las autoridades del país para entrar. En el Líbano, los campamentos sufren desde hace tiempo un proceso de cierre, control y asilamiento por parte de las autoridades del país (ARDD, 2020b). Desde el inicio de la pandemia, organizaciones humanitarias han tenido dificultades para acceder a ellos y proporcionar ayudas de primera necesidad. En Siria, algunos campamentos de refugiados han estado sometidos durante largos períodos a un cierre absoluto, impidiendo la llegada de la ayuda humanitaria; en otros, situados en las zonas rebeldes, las dificultades de acceso por parte de la UNRWA y los humanitarios han hecho que la entrada sea casi imposible. En Cisjordania, el Ejército israelí impone en numerosas ocasiones controles militares entre los campamentos de refugiados y los pueblos o los centros de las ciudades, limitando la libertad de movimiento de la población y el acceso de los refugiados palestinos a los servicios básicos fuera de los campamentos. En el caso, por ejemplo, del campamento de Shu’fat en Jerusalén Este, las políticas de anexión han impedido que llegara la ayuda humanitaria y los servicios de salud de la ANP, la UNRWA y las organizaciones humanitarias (Tarir y Hawar, 2020). Además, las incursiones israelíes en los campamentos de refugiados no solo no se han detenido, sino que se han incrementado desde el inicio de la pandemia. El Ejército israelí ha destruido infraestructuras médicas y confiscado material sanitario en Cisjordania y en la franja de Gaza, donde el bloqueo que afecta al conjunto de la población, además, tiene efectos especialmente graves en los campamentos donde la necesidad de materiales para la reparación, construcción y mejora de las infraestructuras es aún mayor (ARDD, 2020b).

Los refugiados palestinos están sometidos, por lo tanto, a un procedimiento de asentamiento forzado, siendo excluidos de los derechos básicos y amenazados ante las crisis políticas, económicas y sociales en los países de acogida. Los campamentos de refugiados se han convertido así en espacios altamente vulnerables, controlados y segregados. Hoy en día, los campamentos de refugiados son espacios de control y encarcelamiento donde se vulneran los derechos humanos básicos de la población refugiada, como el derecho a la vida y a la salud. 

Conclusiones

La pandemia de la COVID-19 ha significado para los refugiados palestinos una nueva crisis humanitaria de gran alcance que se añade a una situación de emergencia producida por la situación económica política y social en la que están inmersos. Las consecuencias de la pandemia han profundizado así una serie de tendencias que ya se venían configurando en el pasado.

En el caso de las personas refugiadas palestinas, la perpetuación de la condición de refugiado limita sus derechos humanos básicos a la vida y a la salud. Los límites impuestos al acceso a los servicios básicos, como la salud o la educación, deterioran aún más sus condiciones de vida. El análisis de la situación de la pandemia en la región nos demuestra que esta crisis global tiene efectos particulares tanto entre los refugiados palestinos como, sobre todo, en los campamentos de refugiados, de tal manera que esta población se encuentra hoy bajo los efectos superpuestos de diversas crisis políticas, económicas y sociales que impactan con más intensidad debido a su condición de refugiado. Podríamos decir, siguiendo los análisis realizados por Hawari (2020) y Barrañeda (2020), respecto a la condición de la población palestina en los territorios ocupados, que los refugiados palestinos sufren en toda la región una situación de comorbilidad política. La crisis sanitaria global se añade así a una situación de vulnerabilidad cronificada por su condición de refugiado. Una situación que tiene su máxima expresión en los campamentos de refugiados, donde la condición de refugiado se territorializa en un espacio determinado. En estos espacios la pandemia ha agravado las dinámicas de cierre y aislamiento, sumiendo cada vez más a su población refugiada a una situación de confinamiento permanente.

Finalmente, la pandemia ha puesto en evidencia las deficiencias acumuladas en los sistemas de protección y acogida en entornos de conflicto y/o crisis económica y política en la que viven la mayoría de los refugiados de Palestina. A pesar de la ágil respuesta de la UNRWA, su escasa financiación limita cada vez más su capacidad de ofrecer medidas de asistencia y desarrollo para mitigar el impacto de la vulneración de los derechos de los refugiados palestinos. Los programas de mejora de las condiciones de vida en los campamentos son muy limitados y no revierten el grado de deterioro y depauperación, ni evitan que se conviertan en víctimas y objetivos de ataques y destrucción. Esta dinámica es especialmente aguda en los territorios ocupados, que viven en su totalidad un proceso de fragmentación y aislamiento generalizado del territorio y de severas prácticas de apartheid contra la población palestina. La población refugiada palestina no cuenta con instrumentos efectivos de protección. En este contexto, la crisis de financiación de la UNRWA pone de relieve la necesidad de dotar de más recursos a los instrumentos de asistencia y ampliar sus competencias para la protección de los derechos humanos de acuerdo con las demás agencias y principios de protección de Naciones Unidas.

La situación de desprotección de los refugiados palestinos nos demuestra cómo la pandemia agrava y amenaza los sistemas de protección y añade nuevas vulnerabilidades superpuestas en los refugiados de larga duración. Los confinamientos y las políticas de cierre pueden derivar en situaciones de encarcelamiento y límites en el acceso a servicios y a asistencia básica. La vulneración continuada de los derechos humanos en el contexto de crisis superpuestas demuestra la importancia de fortalecer los instrumentos de protección de los refugiados de larga duración basados en el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y reafirma la necesidad de buscar y construir las soluciones dentro de dichos marcos. 

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Notas:

1- Véase A/RES/194(iii) (en línea) resolución 194 (iii) https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/194(III)

2- Sobre el debate historiográfico de la cuestión de los refugiados de Palestina, véanse: Morris (2004); Pappé (2011); Khalidi (1992); Sanbar (1984); Shlaim (2011); Abu Sitta (2000).

3- Son los 6,8 millones de refugiados de 1948 y sus descendientes, una cifra que incluye, en concreto, los 5,5 millones de refugiados palestinos registrados por la UNRWA, y otros 1,16 millones de refugiados que también fueron desplazados en 1948, pero que no cumplen los requisitos o no se registraron para recibir asistencia de la UNRWA; 1,24 millones de refugiados palestinos de 1967 y sus descendientes; 415.876 palestinos desplazados internamente dentro de la Línea Verde y 344.599 desplazados internos en el territorio palestino ocupado (TPO) (Badil, 2020).

4- Después del tratado de paz egipcio-israelí se les negaron los derechos que antes les otorgaba el Estado egipcio, así como sus derechos como refugiados (El-Abed, 2009)

5- Las siglas en inglés corresponden a: United Nations Relief and Works Agency.

6- Véanse los siguientes informes: Badil (2020); Refugee International (2021); Human Rights Watch (2021); Arab Renaissance for Democracy and Development (2020).

7- Jordania, quiso limitar al máximo la llegada de nuevos refugiados debido a las crecientes tensiones con los dirigentes de los grupos palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) creada en 1964.

8- Dichas cifras las recoge la UNRWA con carácter provisional y no oficial por lo que podrían ser más. El total de casos en Jordania en verano de 2021 era de 854.758 casos acumulados y 10.976 muertes (UNRWA, 2021c).

10- Los refugiados palestinos de Siria empezaron a llegar tras el estallido de la guerra en 2011. En los últimos años la cifra ha ido descendiendo, aunque muchos permanecen ahí tras perder sus casas y sustento de vida en Siria.

Palabras clave: Oriente Medio, refugiados palestinos, UNRWA, pandemia, COVID-19, protección, campos de refugiados, exclusión

Òscar Monterde Mateo. Profesor asociado, Universitat de Barcelona. oscarmonterde@ub.edu. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7641-8660

Cómo citar este artículo: Monterde Mateo, Òscar. «Permanentemente confinados: el impacto de la COVID-19 en la población refugiada palestina». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 129 (diciembre de 2021), p. 107-130. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.107