El año 2001 ha confirmado determinadas tendencias que ya se habían manifestado al inicio del segundo Gobierno presidido por José María Aznar. En este sentido, la característica más destacada no ha sido la innovación, sino la continuidad de planes ya existentes diseñados para adquirir mayor protagonismo en el mundo y para dar mayor énfasis a los aspectos económicos de las relaciones exteriores (Sánchez Mateos, 2001). Al no acompañarse de un incremento de los recursos correspondientes, era evidente que esta pretensión de desarrollar una agenda más ambiciosa en el ámbito de la política exterior y de seguridad, pondría a los responsables políticos españoles ante algunas decisiones muy difíciles. De hecho, el Gobierno se enfrentó, en mayor medida que nunca, a situaciones en las que diferentes objetivos políticos sencillamente no podían conciliarse, y por lo tanto, al final, algunos objetivos quedaron inevitablemente subordinados ante la primacía de otros. Por supuesto, la priorización no es ajena a la política exterior y suele ser la única solución posible cuando los recursos no son suficientes. Sin embargo, en el caso de España, los dilemas se intensificaron debido a la ambición internacional de los gobernantes del país.