“Lo que hay detrás de esta decisión de Italia es una falta de planificación y una forma de eludir su responsabilidad ante un fenómeno estructural y una realidad histórica. Tanto de este gobierno como de los anteriores”, expone Francesco Pasetti, investigador principal del Área de Migraciones de CIDOB. “Declarar el estado de emergencia tiene un componente simbólico y político importante, porque aumenta la carga dramática sobre las llegadas y sobre las personas migrantes en general”, añade el experto. “Hubo otro estado de emergencia por razones migratorias en 2011, tras las primaveras árabes. Pero no tuvo consecuencias positivas en la gestión de retornos y se saldó con una mala gestión de los fondos y casos de corrupción con este dinero”, recuerda. Italia ha recibido en lo que va de año a 31.000 personas migrantes, 3.000 de ellas en los últimos cinco días. Sin embargo, no es la situación más complicada a la que se ha tenido que enfrentar el país, sostiene Pasetti. Según este investigador, los números son similares a los de 2017, cuando llegaron casi 120.000 migrantes de forma irregular, y los años previos fueron muchos más intensos. “Si ampliamos la mirada no vemos una variación tan sustancial como para declarar una emergencia”, concluye.
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