El fantasma de una ‘invasión’ de migrantes, después de tres días consecutivos en los que llegaron mil personas a las costas italianas, ha sido la excusa a la que ha recurrido esta semana el gobierno de Giorgia Meloni para decretar el estado de emergencia migratoria nacional durante seis meses. “No es una medida justificada porque si bien ha habido un aumento de las llegadas por mar en los primeros tres meses de 2023, hubo flujos similares en 2015. Son datos altos, pero es una realidad estructural en Italia. Además, el año pasado no se había recuperado la movilidad internacional. Hay otros países como Alemania, que reciben más migrantes y refugiados, y no recurren al estado de emergencia”, afirma Francesco Pasetti, investigador principal del Área de Migraciones de CIDOB. “Es una medida con alto valor simbólico que tendrá consecuencias prácticas. Por un lado, responde a la politización del asunto migratorio por parte de Salvini y de Meloni. Anticipa un giro hacia posiciones más restrictivas. El siguiente paso puede ser la abolición de la protección especial que se da desde 2020. En términos prácticos permite menos controles, más recursos y rapidez ejecutiva. Puede traducirse en una vulneración de derechos”, añade Pasetti.
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