Una de las paradojas que pone en evidencia la pandemia de Covid-19 es la situación de millones de inmigrantes en situación irregular cuyo trabajo es tan imprescindible como invisible. En Estados Unidos, se calcula que representan el 2% de los trabajadores en la construcción, el 10% en los hoteles y el 8% en la industria alimentaria. Con las políticas de confinamiento, muchos de ellos se han quedado sin empleo de un día para otro y, en tanto que indocumentados, sin prestación social que les permita sobrevivir hasta la vuelta. Malviven de lo poco que puedan haber ahorrado y de las redes ciudadanas de ayuda mutua.  

Mientras que a muchos se los ha despedido sin más, otros siguen al pie del cañón al ser su trabajo más imprescindible que nunca. Me refiero a los que trabajan en los sectores agrícola, socio-sanitario y de los cuidados. Se calcula que de las 800.000 personas que trabajan en los campos de California, el 60% son indocumentados. En España este porcentaje es mucho menor, pero no menos relevante. Su presencia es también fundamental en el cuidado de la gente mayor, tanto en residencias como directamente en los domicilios como trabajadoras domésticas. Nuestra seguridad (alimentaria, familiar) depende de que sigan saliendo a trabajar, aunque a ellos nadie les asegure nada. 

Ante esta gran paradoja, hay dos opciones. La primera, que es la de Estados Unidos, es blindar su trabajo asegurando que no va a haber redadas policiales. De hecho, por más que se normalice y radicalice el discurso anti-inmigración en EE.UU., son poco usuales los controles de extranjería en los sitios de trabajo. Éste es el acuerdo al que se llegó con los empresarios hace mucho tiempo. La economía es lo primero. Lo que ha cambiado con el Covid-19 es que este acuerdo se ha hecho ahora explícito. La segunda opción, que es la de Portugal, es reconocer su trabajo y facilitar su inclusión en el sistema sanitario regularizando su situación administrativa; es decir, dándoles papeles. 

¿Por qué España debería seguir los pasos de Portugal? La primera razón que se ha esgrimido es de tipo utilitarista, defendiendo la regularización de aquellos perfiles necesarios en el actual contexto de crisis sanitaria, confinamiento general y cierre de fronteras. En esta dirección, el Gobierno español ha facilitado las autorizaciones de trabajo y la homologación de títulos (siempre demasiado lenta) de inmigrantes con perfil sanitario. En vistas a cubrir las demandas de temporeros en las campañas agrícolas de este año, también se ha previsto la contratación de trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en estos meses o de jóvenes extranjeros (entre los 18 y 21 años) en situación regular pero sin autorización de trabajo. 

Si bien estas medidas ya contemplan la necesidad de flexibilizar los trámites, no incluyen la regularización de los miles de trabajadores en situación irregular que trabajan cada año de provincia en provincia en las múltiples campañas de recogida de frutas y verduras. No es ningún secreto que, al igual que en California, ellos representan también una parte substancial (precarizada y mal pagada) de lo que es un sector no sólo fundamental para la economía española, sino ahora también clave para asegurar el abastecimiento alimentario en tiempos de confinamiento. En este sentido, la pandemia de Covid-19 y la necesidad de cubrir una demanda que hasta ahora estaba parcialmente cubierta por temporeros extranjeros representa una oportunidad para reconocer y regularizar su trabajo y, en consecuencia, asegurar unas mínimas condiciones laborales y salariales en todo el sector. 

La segunda razón para la regularización es de tipo socio-sanitario. En el contexto de emergencia sanitaria mundial, las entidades sociales reclaman que se garanticen los derechos de todas las personas. La regularización de los inmigrantes en situación irregular no sólo aseguraría su acceso a la sanidad (no siempre garantizado en la práctica), sino también su inclusión en el paquete de medidas de protección social que está elaborando el Gobierno. Pero no se trata únicamente de derechos. Sólo desde la inclusión de la totalidad de la población podemos llevar a cabo políticas de salud pública e inclusión social. Dicho en otras palabras, a diferencia de lo que propugna la extrema derecha, nuestra seguridad depende de sus derechos. 

Relacionado con lo anterior, pero con una perspectiva más amplia, la tercera razón para la regularización es de tipo gubernamental. Todo Gobierno se encuentra ante la disyuntiva de excluir y expulsar a aquellos cuya presencia no está autorizada por el Estado u optar por su reconocimiento formal e inclusión social. Estudios de políticas comparadas demuestran que, independientemente de la retórica política, lo segundo a menudo acaba prevaleciendo sobre lo primero. La razón es simple: abrazar al conjunto de la población es la condición ‘sine qua non’ para administrar, registrar, tasar y predecir, que es la base para asegurar la gobernabilidad. Así, la regularización acaba siendo a menudo el precio a pagar para asegurar la eficiencia de las políticas públicas. Esto resulta todavía más imperativo y urgente en momentos de crisis. 

Pero, más allá de la regularización de los inmigrantes en situación irregular, es también fundamental evitar su recaída en la irregularidad. Si algo ha caracterizado el modelo español es justamente la pérdida sistemática del permiso de residencia por parte de aquellos que no pudieron demostrar suficientes ingresos o un mínimo periodo de empleo y, por tanto, de cotización en la Seguridad Social. Las regularizaciones en España no se entienden sin estas otras políticas que irregularizan; especialmente en periodos de crisis económica, cuando estos requisitos son más difíciles de cumplir. El Gobierno ya está actuando en esta dirección: por ejemplo, no condicionando la renovación del permiso de residencia de los jóvenes ex tutelados a unos ingresos mínimos demostrables. Pero hay más camino por hacer. Esto también puede ser visto como una oportunidad. Si no, seguiremos irregularizando y regularizando en un escapada hacia delante sin fin. 

Blanca Garcés, investigadora senior de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs)