La delicada situación política, económica, energética y de seguridad que vive Moldova, peligrosamente expuesta al desbordamiento de la guerra de Ucrania y en estado de emergencia desde la invasión por Rusia de la nación vecina hace ahora un año, empujó a dimitir a la primera ministra Natalia Gavrilita el 10 de febrero de 2023. De inmediato, la presidenta de la República, Maia Sandu, nominó para encabezar el Gabinete a uno de sus colaboradores de confianza, Dorin Recean, un tecnólogo independiente con experiencia de gobierno y bregado precisamente en el área de seguridad, quien tomó posesión seis días después.
El escenario de policrisis que zarandea Moldova (34.000 km2 y 2,6 millones de habitantes) queda subsumido en estos momentos por la percepción de una amenaza del máximo calado, pues comprometería a sus instituciones democráticas y a su misma integridad estatal: es el temor de las autoridades de Chisinau, fundado en reportes de inteligencia, advertencias de gobiernos como el de Kyiv y señales inquietantes enviadas por el propio Kremlin, a que Vladímir Putin, supuestamente usando como pivotes la presencia del Ejército ruso en la región secesionista del Transdniéster y la movilización de opositores políticos moldavos, lance un violento golpe de fuerza para derrocar el Gobierno legítimo y truncar la inserción de esta antigua república ex soviética en la esfera occidental.
Entre sus prioridades, Recean ha citado la lucha contra la inflación desbocada, causa de fuerte malestar ciudadano, y la prosecución del curso estratégico hacia la integración en la UE, considerada de crítico interés nacional. Alarmada por la agresión bélica rusa contra Ucrania, Sandu, a la vez que el Gobierno de Georgia, se apresuró a reclamar oficialmente el ingreso en el bloque de los 27 el 3 de marzo de 2022, sobre las bases de la participación en la Política Europea de Vecindad, el Partenariado Oriental y el Acuerdo de Asociación que entró en vigor en 2016. En junio siguiente, el Consejo Europeo aprobó conceder a Moldova —y a Ucrania, que había hecho su solicitud el 28 de febrero— el estatus de candidato a la adhesión, proceso que pese a todas las premuras y consideraciones políticas favorables llevará mucho tiempo porque el punto de partida estructural del país, a la cola del continente en PIB por habitante y con mucho por hacer en los terrenos judicial y anticorrupción, es bastante bajo.
Ya desde las primeras semanas de la guerra en Ucrania, empezaron a amontonarse los informes sobre presuntos ataques rusos de "falsa bandera" en Transdnistria, denuncias de actividad militar hostil en la zona y los gestos inamistosos de Moscú, como la reducción de los suministros de gas por Gazprom, que amenazó con cortarlos del todo si Chisinau no abonaba sus deudas y no dejaba de "robar" gas destinado a terceros, amén de multiplicar las tarifas. En los últimos meses de 2022, Moldova empezó a sufrir apagones de luz por los bombardeos rusos contra instalaciones ucranianas y hubo de recurrir a Rumania y Eslovaquia para cubrir sus necesidades de gas y electricidad. El Gobierno Gavrilita denunció ataques de "guerra híbrida" contra la seguridad energética y los sistemas informáticos. La hipótesis de una "anexión" por Rusia de la separatista República de Transdnistria (rusófila, rusófona, soberana de facto desde la guerra civil de 1992 y lindera con el óblast ucraniano de Odesa, en el punto de mira militar del Kremlin) estaba ya sobre la mesa desde la anexión de Crimea en 2014.
Esta situación aviva en Moldova el debate sobre la incorporación del país a la OTAN, perspectiva que Sandu ha sugerido implícitamente pese a que la Constitución nacional proclama la "neutralidad permanente" del Estado y a que los dos batallones rusos apostados en el Transdniéster en "misión de pacificación" —cuya retirada Recean ha vuelto a reclamar— son un potente factor disuasorio para los aliados. Moldova ya implementó hace más de una década su Plan de Acción de Asociación Individual (IPAP), pero, al no ser aspirante oficial, permanece fuera de las siguientes dos etapas previas al ingreso en la Alianza Atlántica, a saber, el Diálogo Intensificado y el Plan de Acción de Membresía (MAP). Aquí, Moldova se aleja ostensiblemente de Suecia, Finlandia, Ucrania, Georgia y Bosnia-Herzegovina. Como alternativa y por el momento, Chisinau se apoya en los países de la UE para el suministro de ayuda militar defensiva a sus débiles Fuerzas Armadas.
En noviembre de 2022 el Ministerio de Exteriores moldavo puntualizó que la neutralidad nacional no implicaba "autoaislamiento, desmilitarización ni indiferencia" ante los sucesos internacionales, "incluida nuestra condena a la agresión rusa contra Ucrania". Es un enfoque que Recean ha subrayado tras tomar posesión de la jefatura del Gobierno: "No debemos confundir la defensa con la neutralidad. La neutralidad no nos da garantías en caso de agresión", afirma.
El inesperado cambio de Gobierno en febrero de 2023 ha estado rodeado de nuevos indicios que, creen los responsables moldavos, apuntan al "plan de desestabilización" ruso por ellos conjeturado. Así, el día 2, el ministro de Exteriores
Serguéi Lavrov señaló amenazadoramente a Sandu porque, en su "ansia por ingresar en la OTAN", la presidenta pretendía hacer de Moldova "una segunda Ucrania" y un "segundo frente" contra Rusia. El día 9, en la víspera de la dimisión de Gavrilita, el presidente ucraniano
Zelenskiy habló en Bruselas de un plan ruso para "destruir" Moldova. A la vez, el Ministerio de Defensa moldavo denunció que dos misiles de Rusia habían violado el espacio aéreo nacional y convocó al embajador de ese país para transmitirle su protesta. A continuación, los servicios de inteligencia moldavos confirmaron que también ellos habían identificado "actividades subversivas" dirigidas a "minar el Estado, desestabilizar y violentar el orden público".
El 13 de febrero, la propia Sandu acusó directamente a Moscú de urdir un "golpe de Estado" para "derrocar el orden constitucional" en Moldova y "cambiar el poder legítimo por otro ilegítimo". La presidenta, reproduciendo lo expuesto por Zelenskiy, dio detalles del presunto complot. Así, las nutridas manifestaciones de protesta que desde hace meses viene convocando el partido parlamentario de oposición radical Shor (liderado por el oligarca Ilan Shor, con planteamientos
moldovanistas, antirrumano e intensamente prorruso, cuya ilegalización el Ejecutivo ya ha llevado al Tribunal Constitucional) servirían de cortina para la infiltración de saboteadores extranjeros, en concreto ciudadanos rusos, bielorrusos, serbios y montenegrinos, con "entrenamiento militar" y "camuflados de civiles". Según Sandu, dichos "elementos externos", apoyados en "fuerzas internas y grupos criminales" como el ala extremista del Shor y el círculo del oligarca fugitivo Vladimir Plahotniuc, se dedicarían a perpetrar "acciones violentas". Días después, desde la Conferencia de Seguridad de Munich, Sandu aclaró que no había una "amenaza militar inminente" para su país.
El 21 febrero, Recean, ya investido primer ministro, aseguró que existían "múltiples escenarios de desestabilización", entre ellos uno que incluiría la toma del aeropuerto de Chisinau, tal como había advertido Zelenskiy, si bien "nuestras instituciones están preparadas para enfrentar tales desafíos", enfatizó el nuevo gobernante, quien añadió: "Pasamos por un período bastante volátil en el otoño y las instituciones estatales se las arreglaron, tenemos una experiencia bastante sólida. Hemos fortalecido nuestras capacidades y estamos preparados. Nuestro objetivo es garantizar la paz y la estabilidad, incluso en relación con el área a la izquierda del Dniéster". En la misma jornada, Putin revocó un documento de 2012 que comprometía a Rusia en la búsqueda de vías para resolver el conflicto de Transdnistria y definir el estatus de la región secesionista "con base en el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el estatus neutral de la República de Moldova".
(Texto actualizado hasta 23 febrero 2023) 
