Keiko Fujimori Higuchi

© Congreso de la República del Perú/Flickr

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Update: 31 May 2021

Perú

Candidata presidencial (2011, 2016, 2021)

  • Keiko Sofía Fujimori Higuchi
  • Birth: Lima, Departamento de Lima, 25 may 1975
  • Political party: Fuerza Popular (ex Fuerza 2011); anteriormente, de la Alianza por el Futuro
  • Profession: Administradora de empresas
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En 2021, por tercera vez en su azarosa carrera política y a los 46 años, Keiko Fujimori busca la Presidencia de la República del Perú mientras afronta, en libertad condicional, su juicio por presunto lavado de dinero. Las encuestas para la segunda vuelta sitúan a la candidata derechista casi igualada a su adversario de izquierda, Pedro Castillo, quien se puso en cabeza el 11 de abril. Entonces, Castillo sacó el 18,9% de los votos y Fujimori el 13,4%, cuota que palidece frente al 39,9% obtenido por ella –estérilmente, a la postre- en la primera vuelta de 2016. Los proponedores de dos modelos opuestos de país se enfrentan ahora en el balotaje del 6 de junio, una confrontación altamente polarizada. El ganador inaugurará su mandato el 28 de julio, cerrando así un período constitucional extremadamente turbulento: solo en el capítulo institucional, en estos cinco años, el país andino ha tenido cuatro presidentes.

La primogénita del ex presidente (1990-2000) Alberto Fujimori remonta su precoz adiestramiento político a sus años como influyente primera dama del Perú, puesto en el que reemplazó a su divorciada madre, Susana Higuchi. El veto en 2005 a la candidatura presidencial de su progenitor, entonces exiliado en Chile y reclamado por la justicia peruana, proyectó al liderazgo del reorganizado movimiento fujimorista a Keiko, que en las elecciones de 2006 salió elegida congresista en la lista de la Alianza por el Futuro. Durante el Gobierno aprista de Alan García, al que prestó apoyo parlamentario, esta joven legisladora de estirpe nipona tuvo una doble dedicación: defender la honorabilidad y el legado de su padre, hasta 2020 cinco veces juzgado y condenado, luego de su extradición en 2007, a un total de 52 años de cárcel por múltiples delitos de corrupción y de lesa humanidad; y construir un nuevo partido, Fuerza 2011, con el que postularse a las elecciones presidenciales que el país andino celebraba ese año.

Figura polarizadora, su mensaje para las elecciones de 2011, tildado de populista de derechas, se centró en la evocación de las realizaciones macroeconómicas y antiterroristas de los años noventa, y en las promesas de mano dura con la delincuencia y de reducción de la pobreza, según sintetizaba su eslogan de "seguridad y oportunidades". Siempre fuerte en las encuestas, Fujimori consiguió pasar a la segunda vuelta a remolque del nacionalista radical Ollanta Humala, con quien compartía electorado base, el de las clases humildes. De cara a esta confrontación, consciente del temor, incluso la animadversión, que ella despertaba en muchos peruanos que no olvidaban los abusos y crímenes del régimen de El Chino, y que percibían en su plataforma un peligro autoritario, optó por reconocer los "delitos" y los "errores" cometidos por el Gobierno de su padre hoy preso. "Excesos" que sin embargo había que achacar más bien a los subalternos del estadista y que de todas maneras habían sido menores que los "aciertos", recordando además que ella se había opuesto a su presentación al tercer mandato presidencial en 2000, génesis que fue de su caída, así como a la continuidad de su asesor de inteligencia, el archicorrupto Vladimiro Montesinos. Este discurso ambivalente convenció solo a medias y el balotaje fue ganado de manera ajustada por Humala.

En 2013 Keiko Fujimori vio desestimada por Humala una petición de "indulto humanitario" para su padre y luego confirmó su segunda candidatura presidencial en 2016 por cuenta de Fuerza Popular (FP), enésima denominación orgánica de un fujimorismo pródigo en recomposiciones y capaz de retener una importante cuota de poder en el Congreso. La opción K compartía con el viejo fujimorismo el nulo interés en las definiciones ideológicas, la primacía del personalismo del líder y los gestos populistas mezclados con pragmatismo, aunque aspiraba a ser aceptada como un proyecto de país reformista, responsable y con sensibilidad social, manteniendo, eso sí, el modelo de libre mercado generador de bonanza económica y cuyas bases fueron plantadas por Alberto Fujimori. Una "transformación", insistía el programa electoral de FP, que "trajo el crecimiento y la paz social".

Pese a la escenografía de la simpatía, el paulatino desmarque de la figura de su padre (ahora, descartaba la posibilidad de un indulto presidencial y subrayaba los "graves errores políticos" cometidos como mandatario) a ciertos toques progresistas, la abanderada de Fuerza Popular seguía siendo una política controversial que concitaba unos altos niveles de rechazo. Lo que no le impedía señorear los sondeos de intención de voto, de manera ininterrumpida desde hacía más de un año. Su Plan Perú, poco original y sin propuestas de impacto, hacía hincapié en el fortalecimiento del Estado de derecho desde una perspectiva jurídica integral y con acciones contundentes anticorrupción, una implicación testimonial de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad común, una reforma estructural del sistema de salud, la participación del sector privado en los programas sociales, más desarrollo en infraestructuras y el impulso de un crecimiento económico "con inclusión". La candidata incluso dejó consignado por escrito su "respeto irrestricto del orden democrático y los Derechos Humanos". En el cenit de su tirón proselitista, Fujimori estuvo a punto de lograrlo en 2016: en la primera vuelta tomó la delantera con un potente 39,9% de los sufragios, pero en la segunda vuelta, blanco del voto transversal anti-Keiko, fue derrotada con una diferencia de tan solo 41.000 papeletas por Pedro Pablo Kuczynski , del centro-derecha liberal. Como compensación, FP, que ya desde 2015 disponía de la mayor bancada parlamentaria, ganó una mayoría absoluta de 73 congresistas.

En el lustro que siguió, Fujimori fue una de los protagonistas de la gran crisis política que se abatió sobre el Perú, pródiga en convulsiones institucionales, escándalos y actuaciones penales que acabaron arrollando a nada menos que seis presidentes, antiguos o en activo, y que le tocaron de lleno a ella misma. A finales de 2017 FP intentó descabalgar a Kuczynski mediante un proceso de vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral", movimiento que fracasó por la disidencia del propio hermano de la lideresa opositora, Kenji Fujimori, jefe del ala dura del fujimorismo, el llamado albertismo. Nada más zafarse de este primer intento de destitución por el Congreso, Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori un indulto "humanitario" que suscitó repudio general y que fue rechazado por la propia hija del reo. En marzo de 2018 FP reveló los escandalosos Kenjivideos, probatorios del pacto secreto entre Kuczynski y Kenji Fujimori, y que sellaron la suerte del presidente, dimitido para no exponerse a perder un segundo proceso de vacancia.

A partir de este momento, las cosas empezaron a irle mal a Keiko Fujimori. El cisma del sector de su hermano despojó a su partido de la mayoría absoluta, debilitando su oposición parlamentaria al nuevo presidente Martín Vizcarra . Peor para ella, la investigación fiscal del presunto aporte a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 de fuertes sumas de dinero por la constructora brasileña Odebrecht y el grupo financiero nacional Credicorp derivaron en tres períodos de detención provisional, a la espera de sustanciarse las acusaciones para ser llevada a juicio por lavado de activos. Fujimori ingresó en prisión preliminar en octubre de 2018 y, tras un peloteo de apelaciones, fallos y órdenes judiciales, recobró la libertad en mayo de 2020, pero eso no significaba su exoneración. En todo este tiempo, la política vio derrumbarse sus cotas de simpatía e intención de voto en los sondeos. El castigo del electorado se expresó a las claras en los comicios extraordinarios de enero de 2020, que mandaron a FP del primer al quinto puesto en la tabla de votos.

En septiembre siguiente, FP, resignado a ser por el momento un grupo más en un Congreso fragmentado, auxilió inesperadamente a Vizcarra, metido en un áspero pulso con los legisladores, en su primer proceso de vacancia, pero solo dos meses después fue instrumental para el éxito del segundo proceso de destitución. Luego, vinieron la presidencia efímera de Manuel Merino , las jornadas de violencia en la represión de las protestas civiles y, poniendo un punto y aparte a tres años de lo más tumultuosos, la investidura de Francisco Sagasti, con los mandatos de concluir el período de Gobierno iniciado en 2016 y organizar las elecciones generales de 2021. El apaciguamiento ambiental favoreció a Fujimori, que experimentó una lenta recuperación en las encuestas aunque sin triunfalismos, en medio de una gran incertidumbre por la ausencia de un candidato presidencial que sobresaliese. Así, todavía una semana antes de la cita con las urnas la ya tres veces postulante a la Presidencia se situaba virtualmente empatada en la horquilla del 10-15% con cuatro contrincantes: Hernando de Soto del partido liberal conservador Avanza País; Verónika Mendoza de la coalición izquierdista Juntos por el Perú; Rafael López Aliaga del muy derechista Renovación Nacional; y Yonhy Lescano del también conservador Acción Popular. El izquierdista radical Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre y hombre procedente de las luchas sindicales, aparecía rezagado, pero en los últimos días hizo una remontada espectacular, hasta el punto de ganar la elección del 11 de abril.

En su apuesta electoral de 2021, Fujimori, que permanece en libertad vigilada y para la que la Fiscalía del caso Lava Jato ya ha solicitado la pena de 30 años de reclusión por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y obstrucción a la justicia, invoca de nuevo con vigor el legado de su padre en la economía, la seguridad y el marco legal, esto es, la Constitución de 1993. A diferencia del "distanciamiento político" producido en 2016, hoy hay de nuevo un "acercamiento" a su padre convicto, reconoce, hasta el punto de que, si llega al poder, no dudará en firmar su indulto.

El liberalismo de mercado, los programas sociales (dos aspectos que FP fusiona en los conceptos de "economía social de mercado" y "economía popular solidaria") y el ajuste fiscal, así como el tradicionalismo social (el fujimorismo se declara pro-vida en los temas del aborto y la eutanasia, y descarta el matrimonio o la unión civil de parejas del mismo sexo), tienen cabida en el Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional presentado por Keiko. El documento exhorta a escoger entre dos modelos históricos para el Perú, a saber: uno "con políticas que trajeron pobreza, inseguridad y caos"; o bien el implantado en la década de los noventa, cuando "se impulsaron políticas que trajeron crecimiento, orden y prosperidad". El segundo modelo, sentencia FP, es vital para el país que en 2020 registró por efecto de la COVID-19 una contracción del PIB del 11,1%, la peor recesión anual en tres décadas y de hecho la primera desde 1998 (gobernando, por cierto, Alberto Fujimori).

El Plan de Rescate ofrecido por Fujimori establece dos "pilares estratégicos". El primer pilar, dedicado a la reactivación económica, la generación de empleo, el emprendimiento privado y los sectores productivos, plantea compromisos a corto y a medio plazo. Las actuaciones inmediatas son medidas de emergencia económica, tres concretamente: la "reducción significativa de la pobreza" en el marco de la generación de empleo formal y productivo; el "aumento de las tasas de empleo y del trabajo formal digno" en el contexto de un crecimiento del PIB del 6% anual; y la "consolidación fiscal eliminando el gasto superfluo". Los compromisos a medio plazo son reformas, que afectarían al sistema tributario, el sistema de pensiones, el sistema financiero y la estructura del Estado. El segundo pilar estratégico se centra en el control de la pandemia y una reforma integral del sistema de salud. Además, Fujimori formula 11 ejes temáticos, referentes al orden público y la seguridad ciudadana, las luchas contra la corrupción y la pobreza, los servicios públicos, la política exterior y otras cuestiones.

(Texto actualizado hasta junio 2021)

Biography

1. Los años de iniciación en la vida pública como primera dama del Perú
2. Una carrera política a la sombra del padre
3. Vindicación del legado fujimorista y ambición presidencial
4. La opción populista de derecha para suceder a Alan García
5. El dilema electoral de 2011: Keiko o Humala
6. Nuevo intento de ser presidenta en 2016: liza con PPK y el Plan Perú
7. Papel en el escándalo de los Kenjivideos y prisiones preventivas como sospechosa de corrupción


1. Los años de iniciación en la vida pública como primera dama del Perú

La hija mayor del presidente del Perú (1990-2000) Alberto Fujimori y de la congresista de la República (2000-2006) Susana Higuchi, descendientes ambos de inmigrantes japoneses, recibió la educación escolar en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta, casa de estudios privada regentada por esta congregación católica en Lima, al igual que sus hermanos menores, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. En 1992, el año en que su padre, un ingeniero y profesor de Ciencias convertido en el portento electoral de 1990 al frente del partido Cambio 90, dio un autogolpe de Estado para ajustar la Constitución y las instituciones a su proyecto político –de signo autoritario- y económico –ultraliberal-, Keiko concluyó la secundaria y en 1993 partió a Estados Unidos para emprender la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook (SUNYSB).

La irrupción de la joven en el escenario público nacional se produjo en 1994, a la temprana edad de 19 años y en unas circunstancias de drama familiar. Se trató de la ruptura definitiva, con el mayor de los escándalos, entre el presidente y la primera dama, los cuales ya llevaban un tiempo separados y tirándose los tratos a la cabeza, peripecia conyugal que venía siendo la comidilla de la prensa y los medios locales. En agosto de aquel año, tras múltiples imputaciones de prácticas corruptas a su marido y recién frustrada por la ley su ambición de disputarle la Presidencia en las elecciones de 1995 (a las que Fujimori acudía en busca de la reelección tras hacer aprobar una Constitución a su medida en 1993) al frente de su propio proyecto político, Susana Higuchi llevó al clímax la tormenta marital al denunciar ante los tribunales a varios miembros del Gobierno del que todavía era su esposo como presuntos corruptos. Más aún, la primera dama acusó al jefe del Estado de ser un "tirano" que la tenía "encerrada" en el Palacio de Gobierno, le había infligido "violencia física y moral", y le "impedía" ver a sus hijos.

La reacción de Fujimori fue, como todas las protagonizadas en su quehacer político antes y después de esta trifulca familiar, expeditiva: apartar a su esposa, tildada de paso de "desleal" e "inestable", de toda función pública vinculada a la jurisdicción presidencial. Así, Higuchi fue despojada de la presidencia de la Fundación por los Niños del Perú, una entidad caritativa, y de la posición, simbólica pero privilegiada, de primera dama del país. Sin dudarlo, Fujimori entregó ambos cometidos a su hija Keiko, quien en la pelea matrimonial había tomado partido por él.

El 23 de agosto de 1994 Keiko Fujimori estrenó la condición, inusual al tratarse de la hija y no de la esposa del mandatario (aunque había precedentes en América Latina, como el de Zulema Menem, hija de Carlos Menem, en Argentina), de primera dama del Perú. La función conllevaba una apretada agenda oficial, nacional e internacional, a la diestra del presidente o a título individual. Su debut en el segundo ámbito se produjo a lo grande, con motivo de la I Cumbre de las Américas en Miami, en diciembre de 1994. Mientras el padre conferenciaba con los colegas del hemisferio y posaba para los retratos de grupo, ella tomaba parte en las actividades y actos protocolarios programados para las primeras damas, codeándose como igual con mujeres que podían ser sus madres o sus abuelas, y que estaban familiarizadas con tales eventos. En casa, en marzo de 1996, la joven añadió a sus funciones la presidencia de la Fundación Peruana Cardioinfantil, desde la cual recaudó fondos para el tratamiento quirúrgico de niños con problemas del corazón.

En 1997, con los padres ya divorciados y Fujimori firmemente asido al poder en el tercer año de su segundo mandato y en el cenit de popularidad, Keiko concluyó sus estudios empresariales en la Universidad de Boston, que le otorgó el título de Bachelor of Science in Business Administration. En los tres años siguientes, ella siguió cumpliendo fielmente las tareas asignadas a su puesto y acompañando a su padre en diversos viajes por el extranjero y a las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos. Por su cuenta, representó a Perú en las VIII y IX Conferencias de Primeras Damas, Esposas y Representantes de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, celebradas respectivamente en Santiago de Chile en septiembre de 1998 y en Ottawa en octubre de 1999. También, asistió a la Cumbre Regional de la Infancia para América Latina y el Caribe, en Cartagena de Indias en marzo de 1998.

Ahora bien, la veinteañera no estaba del todo de acuerdo con la gestión de su progenitor, cuyos éxitos en la extinción de la hiperinflación, la estabilización de la economía y el acorralamiento del terrorismo de las guerrillas de extrema izquierda Sendero Luminoso y MRTA no resultaron suficientes para opacar la proliferación de los casos de violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y paramilitares, y de tramas corruptas urdidas en las cúpulas política y castrense, desmanes impunes que un reguero de denuncias de la oposición parlamentaria se encargó de divulgar. Las discrepancias entre padre e hija afloraron en el último y más polémico tramo de la presidencia de Fujimori, cuando el mandatario vio desmoronarse su crédito ante la mayoría de la población. En la hoja oficial de vida divulgada con motivo de su postulación presidencial en 2011, Keiko recalcaba este capítulo de diferencias con el presidente.

Por ejemplo, el 28 de julio 1998 la primera dama dio la campanada al sumar su rúbrica a la recogida de firmas auspiciada por el movimiento civil antifujimorista Foro Democrático y por los partidos del Bloque Parlamentario de Oposición Democrática, cuyo objeto era llevar al Congreso una iniciativa de referéndum para que el pueblo se pronunciara sobre la pretensión de Fujimori, valiéndose de la polémica Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, de presentarse al tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2000.

El gesto de Keiko tuvo una especial repercusión porque se produjo justo antes de expirar el plazo de la campaña opositora contra la Ley de Interpretación Auténtica, y porque lo escenificó delante de las cámaras de los periodistas en las escaleras del Congreso, en presencia de dos contentísimas congresistas de la oposición, Lourdes Flores Pérez y Anel Townsend Díez-Canseco, y a escasos minutos de entrar su padre en el hemiciclo para pronunciar un discurso. "Como hija preferiría que mi papá ya descanse, pero como ciudadana creo que el país lo necesita", declaró Keiko para justificar la inclusión de su nombre en una planilla nacional que ya reunía 1.440.000 signaturas. Sin embargo, llegado el momento de la reelección en abril de 2000 (el Congreso ignoró olímpicamente la petición popular de referéndum), Keiko no dejó de asistir a su padre en su maratoniana campaña a lo largo y ancho del país.

La disconformidad de Keiko, a estas alturas una persona de la mayor influencia en el círculo íntimo de colaboradores y asesores del presidente, volvió a manifestarse después de la reelección de Fujimori en la segunda vuelta del 28 de mayo, la cual disputó en solitario porque su contendiente, el economista Alejandro Toledo Manrique, se decantó por el boicot en protesta por el fraude sufrido en la primera vuelta.

El 14 de septiembre de 2000 el país fue convulsionado por el escándalo de los Vladivideos, la divulgación por el congresista Fernando Olivera Vega (con cuyo partido, el Frente Independiente Moralizador, Susana Higuchi acababa de ganar el acta de congresista) de unas filmaciones en las que podía verse al ubicuo y maquiavélico asesor presidencial del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos Torres, sobornando a parlamentarios de la oposición, dinero en mano y en su despacho oficial. Informaciones periodísticas ulteriores señalaron a Keiko como uno de los asesores de palacio que había recomendado encarecidamente a Fujimori que fuera sensible al clamor de la opinión pública y rompiera toda relación con el nefasto Montesinos.

Sin ostentar cargo institucional alguno, el asesor de inteligencia estaba considerado la segunda persona más poderosa del país y desde luego era la figura más detestada del régimen por su asociación con todos y cada uno de los aspectos tenebrosos de la administración fujimorista, ya fuera la corrupción a gran escala, las connivencias entre sectores del Estado y las mafias del narcotráfico, el chantaje o amenaza de las voces disidentes o el asesinato y desaparición de estudiantes de izquierda y simpatizantes de las organizaciones subversivas. Plegándose a las exhortaciones de su hija y también de su hermano Santiago, el presidente, el 16 de septiembre, anunció a la nación la "desactivación" del SIN y la próxima convocatoria de nuevas elecciones generales, a las que él no se presentaría.

Lo que sucedió a continuación marcó el futuro político y personal del padre y de la hija, pero en unos sentidos bien diferentes. Evadido al extranjero, retornado y vuelto a escapar clandestinamente, el escurridizo Montesinos puso en ridículo a Fujimori, que montó una teatral operativo de búsqueda y captura, y que probablemente temía la revelación por el fugitivo de alguna información altamente comprometedora para su persona. La oposición, crecida, arrancó al desconcertado oficialismo una serie de concesiones políticas, entre ellas la derogación de la reelección presidencial inmediata y la fijación del 8 de abril de 2001 como la fecha en que tendrían lugar las elecciones adelantadas. Entre tanto, el grupo parlamentario fujimorista, Perú 2000, coalición formada por los partidos Cambio 90 y Nueva Mayoría, el Movimiento Independiente Vamos Vecino y el Frente Independiente Perú 2000, se desintegraba.

La situación de Fujimori era insostenible y el 20 de noviembre, desde Japón, optó por terminar abruptamente su mandato enviando por fax una carta de dimisión al Congreso, el cual, en lugar de aceptar la misiva, destituyó al remitente por "incapacidad moral". Al día siguiente, mientras el Congreso intentaba cubrir la vacancia institucional con la investidura del titular de la cámara, Valentín Paniagua Corazao, del partido Acción Popular (AP), para concluir el mandato constitucional, Keiko abandonó el Palacio de Gobierno y se mudó a la casa de una tía paterna, Juana Fujimori, donde vivía también su abuela Mutsue. Su madre congresista le ofreció venirse a vivir con ella, pero ella prefirió el regazo de la familia del padre.


2. Una carrera política a la sombra del padre

A principios de agosto de 2001, mientras Perú estrenaba la Administración de Alejandro Toledo, ganador de las elecciones presidenciales de abril y junio, Keiko viajó a Tokyo para reencontrarse con su padre, quien obtuvo de las autoridades niponas el permiso para quedarse allí todo el tiempo que quisiera puesto que disponía de la doble nacionalidad. El Gobierno japonés se negó a atender la demanda de extradición planteada por las autoridades peruanas, que querían procesar a Fujimori por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, asociación para delinquir, fraude fiscal, abuso de autoridad y homicidio calificado.

Las salpicaduras del proceso al régimen fuji-montesinista
Mientras el ex presidente aprovechaba la seguridad de su autoexilio para arremeter contra Montesinos y anunciar su próximo regreso a Perú, pero no antes de cesar la "persecución política" emprendida en su contra, la ex primera dama anduvo muy ocupada intentando limpiar una serie de máculas achacadas a su trayectoria. En enero de 2001 hubo de comparecer ante la Comisión Waisman del Congreso que indagaba en las cuentas de Fujimori y Montesinos, los cuales afrontaban sendas acusaciones penales por corrupción. La hija del primero se vio involucrada porque la comisión de investigación del poder legislativo halló consistentes indicios de irregularidades en el pago de sus estudios universitarios, así como los de sus hermanos, que pudo haberse hecho con dinero no declarado al fisco. En las vistas, Keiko insistió en el origen perfectamente lícito de dicha financiación; según ella, sus clases en Nueva York y Boston habían sido costeadas íntegramente con recursos familiares, en particular los obtenidos por la venta de un valioso inmueble propiedad de su padre.

En julio siguiente, mientras Keiko seguía lidiando con la investigación del Congreso, Montesinos, una vez capturado en Venezuela y deportado a Perú, aseguró a sus interrogadores que los estudios en Estados Unidos de los cuatro chicos Fujimori habían sido sufragados con fondos del SIN, esto es, con dinero público. Esta imputación del insidioso Montesinos, experto en difamaciones y extorsiones, no trascendió en su momento. Sí lo fue, en cambio, otra realizada días antes, a finales de junio, en el curso de sus declaraciones a los fiscales. En esta ocasión, el antiguo asesor de inteligencia acusó a Keiko de, nada menos, ser la persona que había sustraído el explosivo vídeo donde se mostraba la compra por Montesinos del congresista opositor Luis Alberto Kouri Buchamar; según el reo, que no explicó como habría podido acceder ella a un material que se suponía a buen recaudo en los archivos del SIN, la hija del mandatario había entregado la cinta a su madre, quien a su vez se la había pasado a su jefe de filas, Olivera. Esta versión fue tajantemente desmentida por Olivera, Higuchi y la propia Keiko, quien aseguró de paso sentirse amenazada por su acusador y hasta temer por su vida.

En 2002, una vez concluidas sin derivaciones penales las comparecencias parlamentarias por el asunto de la financiación de sus estudios, Keiko marchó a Nueva York con la idea de ampliar su formación empresarial en la Universidad de Columbia a fin de abrirse camino en los negocios privados. En casa ya era accionista de Summit Products, una sociedad anónima dedicada a la exportación de productos naturistas y de aromaterapia cultivados en Perú. La aventura norteamericana tenía también algo de evasión: le permitió tomar distancia de las crudas reverberaciones parentales, que siguieron generando titulares para el chisme, la polémica y la consternación.

Así, Fujimori padre, reo en rebeldía por delitos de lesa humanidad, siguió haciendo apología de su persona y de su obra desde Japón, pero a sabiendas de que si ponía un pie en Perú sería detenido en el acto y llevado a juicio; además, pesaba sobre él una inhabilitación del Congreso para el desempeño de cargos públicos hasta 2011. Todo ello, empero, no disuadió al ex presidente de poner en marcha una nueva plataforma política con la promesa de presentarse a las elecciones de 2006. En cuanto a la congresista Higuchi, acudió a la televisión para relatar el horrible calvario sufrido entre 1992 y 2000, ocho años en los que, de acuerdo con su testimonio, fue reiteradamente vejada y torturada en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) por los esbirros de quien hasta 2006 había sido su marido.

Entre tanto, Keiko se dispuso a fundar su propia familia alejada de la política. En Nueva York conoció a Mark Vito Villanella, ciudadano estadounidense de ascendencia italiana nacido en 1976 y con quien contrajo matrimonio por el rito católico en el distrito residencial limeño de Miraflores el 3 de julio de 2004. La "boda del año", profusamente comentada por los medios, fue oficiada por el cardenal arzobispo de Lima y primado del Perú, Juan Luis Cipriani Thorne, miembro del Opus Dei, y congregó a muchos antiguos responsables políticos de la década fujimorista. No faltaron a la ceremonia la madre, que hizo de madrina, y los hermanos de la novia (Hiro fue su padrino), mientras que el padre, a través de su programa de radio La hora del Chino, emitido por sus partidarios en casa con participaciones suyas vía telefónica, transmitió sus mejores deseos a la pareja y de paso su "inmensa pena" por no haber podido "llevar al altar" a su primogénita. El matrimonio Villanella-Fujimori iba a estrenar la paternidad en 2007 con el nacimiento de Kyara Sofía, a la que en 2009 iba a seguir otra niña, Kaori Marcela.

El caso fue que Keiko se vistió de blanco nueve días después de ser acusada por la fiscal provincial penal de Lima, Martha Salinas Zavala, de haberse apropiado en 1998 de una donación de ropa de la organización benéfica de Estados Unidos World Vision destinada a los damnificados por el fenómeno climatológico de El Niño. La magistrada solicitó la apertura de un proceso por el delito de usurpación de funciones en agravio del Estado y una pena de cinco años de prisión, amén de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante dos años y el pago de una reparación civil de 5.000 soles. Según la fiscal, Keiko se había atribuido funciones que no le competían cuando facilitó el paso por la aduana de tres cargamentos de ropa enviados por la ONG estadounidense.

Entonces, Keiko guardó silencio, pero Fujimori salió en defensa de su hija, a la que presentó como la víctima de un "atropello", una "despiadada persecución política" y un "regalo de bodas siniestro" por parte del Gobierno de Alejandro Toledo, quien fuera su más férreo opositor en la década precedente. El disgusto de la recién casada tocó a su fin en septiembre del mismo año, al levantarle un juez penal de Lima los cargos por falta de evidencias. Menos fortuna tuvieron sus tíos Rosa, Juana y Pedro Fujimori, instalados en Japón y Estados Unidos, contra los que en marzo de 2005 un juez dictó sendas órdenes de arresto por el presunto robo de 21 millones de dólares procedentes de donaciones caritativas japonesas. Keiko regresó a Nueva York junto con su flamante esposo para cursar un MBA en la Universidad de Columbia y atender sus inversiones empresariales. En apariencia, no tenía intención de afincarse profesionalmente en Perú.

Heredera del fujimorismo y elección al Congreso por la Alianza por el Futuro
La situación cambió drásticamente el 6 de noviembre de 2005. Aquel día, Fujimori, materializando la advertencia pregonada hasta la saciedad en sus cinco años de exilio y al poco de confirmar su aspiración presidencial de cara a las elecciones de 2006, aterrizó por sorpresa y con aires mitineros en Santiago de Chile, el país que acababa de conceder a su hija la Orden Bernardo O'Higgings en reconocimiento a la labor pediátrica desarrollada por la Fundación Peruana Cardioinfantil. Los agentes de la Interpol no tardaron en aprehenderle y el detenido quedó bajo custodia de la autoridad judicial chilena, que instó a su homóloga peruana a plantear una demanda formal de extradición en el marco de la veintena de procesos abiertos contra el ex mandatario, entrega que el Gobierno Toledo quería que se produjera sin demora.

El 11 de noviembre, mientras la Fiscalía de la Nación facilitaba a la Corte Suprema peruana los expedientes necesarios para sustentar ante Chile la solicitud de extradición, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dictaminó que Fujimori no podía ser candidato presidencial al estar inhabilitado por el Congreso, prohibición que el Tribunal Constitucional había ratificado en marzo anterior. Semanas después, Keiko se encontró con que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaraba nula la resolución del tribunal de la Corte Superior de Lima que había archivado la denuncia contra ella por la supuesta apropiación de ropa donada.

A continuación, el 8 de diciembre, el JNE negó la inscripción a la Alianza Sí Cumple, coalición electoral lanzada por Fujimori el 21 de octubre anterior y con él de jefe. La alianza tenía tres integrantes: el partido Sí Cumple, fundado por Fujimori en julio de 2003 e inscrito provisionalmente ante el JNE en marzo de 2004 merced a unos simples cambio de nombre y reescritura estatutaria del Movimiento Independiente Vamos Vecino, creado también por él en 1998; Cambio 90, cuyo conductor ahora era Andrés Reggiardo Sayán; y Nueva Mayoría, liderada por Martha Chávez Cossio de Ocampo, ex presidenta del Congreso y uno de los pesos pesados del oficialismo durante la década en el poder. Los tres partidos habían obtenido su reinscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE entre enero y marzo de 2005.

La Alianza Sí Cumple era el resultado de un arduo trabajo de recomposición del bloque fujimorista, que había acudido fragmentado y desmoralizado a las elecciones generales de abril de 2001, cuando en conjunto sólo retuvo cuatro escaños congresuales y su candidato a la Presidencia, el ex ministro de Economía Carlos Alberto Boloña Behr, por Solución Popular -alianza formada por Vamos Vecino y Con Fuerza Perú-, quedó en un remoto quinto lugar con el 1,7% de los votos. Pero ahora, el JNE estaba resuelto a cortarle las alas a Fujimori y su nuevo frente electoral. Sin pérdida de tiempo, el 10 de diciembre, el binomio Cambio 90-Nueva Mayoría constituyó la Alianza por el Futuro, cuya sigla, AF, coincidía con las iniciales del jefe histórico. La Alianza por el Futuro solicitó su inscripción ante el JNE poniendo como presidente nominal a una persona que en teoría no debía plantear ningún problema jurídico: Keiko Fujimori, quien a sus 30 años entraba en la política representativa a bombo y platillo. Ella estaba lista para batallar en los órganos electorales y en las urnas, defendiendo la aspiración presidencial de su padre y presentándose ella misma como candidata aliancista al Congreso, así que, acompañada de su marido, puso término a su estancia en Estados Unidos.

El 6 de enero de 2006 Keiko obtuvo la inscripción de la Alianza por el Futuro en el ROP, pero el segundo intento de registrar la candidatura presidencial de su padre, por Sí Cumple, fue desestimado cuatro días más tarde. El fujimorismo aliancista activó entonces su "plan B", la fórmula de Martha Chávez, quien formó una plancha presidencial en la que se hizo flanquear por Santiago Fujimori, candidato a la primera Vicepresidencia. En cuanto a Keiko, fue escogida para encabezar la lista al Congreso, seguida por la veterana Martha Hildebrandt Pérez-Treviño. Sí Cumple, que preservó a Fujimori como su presidente orgánico, decidió no vincularse a la Alianza por el Futuro y ni siquiera presentó candidatos al Congreso.

El dúo femenino Chávez-Fujimori no tuvo ambages en conceder todo el protagonismo de la propaganda electoral al antiguo jefe del Estado, que entre tanto, desde Chile, veía estrechársele el cerco judicial. Las encuestas decían que Keiko era un personaje popular. No mentían: el 9 de abril de 2006 la aspirante al escaño, en efecto, salió elegida congresista por Lima con 603.000 votos, más del doble de los sufragios obtenidos por pesos pesados de la política nacional como Mercedes Cabanillas Bustamante, del Partido Aprista Peruano, y Carlos Bruce Montes de Oca, ministro de Vivienda con Toledo y uno de los líderes de su partido, Perú Posible (PP). De hecho, Fujimori fue el candidato del Congreso elegido con más votos.

Para el fujimorismo, el triunfo arrollador de Keiko en la capital fue el único consuelo de una jornada en conjunto decepcionante: la Alianza sólo metió otros 12 representantes en el Congreso, mientras que en las presidenciales, Chávez, con una cuota del 7,4%, quedó en un distante cuarto puesto, por detrás de la conservadora Lourdes Flores por la Unidad Nacional, el ex presidente Alan García Pérez por el aprismo y el nacionalista radical Ollanta Humala Tasso por la Unión por el Perú (UPP). Luego, el 4 de junio, Humala y García disputaron la segunda vuelta, que fue ganada por el segundo.


3. Vindicación del legado fujimorista y ambición presidencial

Al debutar como congresista opositora, Fujimori adoptó un tono bastante moderado en la dialéctica con el oficialismo aprista; es más, dio a entender que estaba abierta a cooperar con determinadas políticas del Gobierno, que se encontraba en franca minoría en el Congreso. En los meses y años siguientes, su labor legislativa fue harto discreta, al disfrutar de dilatados períodos de licencia con motivo de su doble maternidad o aduciendo viajes al extranjero y obligaciones representativas, ausencias que aprovechó para concluir sus estudios empresariales en la Universidad de Columbia. A lo largo de la legislatura, fue titular sucesivamente de las comisiones ordinarias de Mujer y Desarrollo Social, Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Comercio Exterior y Turismo, Presupuesto y Cuenta General de la República, y Vivienda y Construcción.

Uno y otro aspectos, la discutible oposición a García, al que la bancada fujimorista prestaba soporte parlamentario en varios procesos legislativos, y la escasa actividad parlamentaria, quedaron supeditados a la ejecución de dos grandes estrategias, la una de dimensión familiar y la otra más personal. Por un lado, la defensa, a capa y espada, de la inocencia de su padre; por otro lado, en un segundo tiempo, la presentación de unas intenciones presidenciales propias con la mirada puesta en las elecciones de 2011. Para entonces, ella ya habría cumplido la edad mínima, los 35 años, que prescribía la Constitución para poder postularse al cargo. En realidad, Keiko no distinguió entre una y otra empresas, fusionadas en una única campaña electoralista cuando la ambición presidencial se hizo explícita. Entre tanto, el presidente García se beneficiaba del apoyo del fujimorismo a su política económica, alejada de la socialdemocracia proclamada por su partido y más bien adherida los principios liberales conservadores. Por otra parte, la fallida reforma del Código Penal para reintroducir la pena de muerte para los convictos de terrorismo fue vista como un pacto tácito contra natura, ya que García había sido perseguido encarnizadamente por Fujimori a raíz del autogolpe de 1992.

La portaestandarte del fujimorismo fue siempre clara y contundente durante la peripecia judicial del ex presidente. En septiembre de 2007 Keiko organizó unas nutridas movilizaciones de bienvenida y apoyo a su padre, extraditado finalmente por Chile en relación con siete de los trece casos incluidos en el sumario, cinco por actos de corrupción y los otros dos por violaciones de los Derechos Humanos. Ese mes, ella expresó a los medios su confianza en el desenlace absolutorio de los juicios que se avecinaban porque la fiscalía carecía de "evidencias concretas" contra el acusado. "Si la gente creyera que mi padre es culpable, ningún peruano habría votado por mí", afirmó Keiko, cuya tesis era simple: Alberto Fujimori no había estado al corriente de ninguna de las fechorías cometidas por Montesinos, los generales de su círculo y los ministros y funcionarios corruptos de aquella Administración, los cuales habían obrado a sus espaldas y con flagrante deslealtad.

En diciembre de 2007 Keiko y dos de sus hermanos escucharon en la sala del tribunal especial de la Corte Suprema en Lima el primero de los veredictos contra su padre, de culpabilidad del delito de usurpación de funciones en el allanamiento de la residencia particular de Montesinos cuando el escándalo-crisis de 2000, por lo que el ex presidente era condenado a seis años de prisión. "Muy molesta" por la "injusta" sentencia, la hija mayor comentó que, visto lo sucedido, a la "persecución política" había que sumarle la "persecución judicial", y que la justicia peruana ya "no inspiraba confianza". En junio del siguiente año, preguntada sobre si indultaría a su padre de tener la oportunidad, la congresista aseguró que "llegado el momento, y si es que yo fuera presidente de la República, a mí no me temblará la mano de dar la amnistía a ninguna persona que yo crea que es inocente, como de castigar a quienes sean criminales".

Para entonces, Keiko llevaba varios meses mencionando la posibilidad de candidatear a la suprema magistratura en 2011. El proyecto proselitista, de hecho, ya estaba en marcha, aunque por el momento sin cargar las tintas en la congresista. El 13 de enero de 2008 ella anunció la creación de Fuerza 2011, partido nuevo que ejemplificaba la promesa del fujimorismo de no quedarse "de brazos cruzados" ante el enjuiciamiento de El Chino, quien podía contar con un respaldo político redoblado. Se intentaría que en 2011 el candidato presidencial fuera Alberto, pero de impedírselo la ley, Keiko, muy probablemente, asumiría el reto. La pretensión de reunificar las organizaciones fujimoristas, dispersas de nuevo tras la cancelación de la inscripción, en agosto de 2006, de la Alianza por el Futuro (aunque en el Congreso seguía funcionando el Grupo Parlamentario Fujimorista) quedó, empero, en el tintero, ya que tanto Cambio 90 como Nueva Mayoría, amén de Sí Cumple, prefirieron conservar su independencia orgánica y su personería jurídica. Luego Fuerza 2011, que escogió el naranja como color emblemático, fue desde el principio un partido de y para Keiko.

En abril de 2009, días después de obtener su yerno Mark Villanella la nacionalidad peruana, la organización por la hija de una manifestación de apoyo a la que acudieron 10.000 personas "agradecidas por todo lo que hizo en sus diez años de gobierno" no salvó a Fujimori de recibir una segunda y severa condena, a 25 años de cárcel, en el juicio por el asesinato de 25 personas en las conocidas como masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas dentro de los operativos de la lucha antiterrorista. La autoría material de estos asesinatos múltiples había que adjudicarla a la unidad paramilitar Grupo Colina, pero el "autor mediato", estableció la Corte Suprema en su sentencia, no era otro que el entonces presidente de la República.

Nuevamente, Keiko, a estas alturas definida como "precandidata" presidencial, arremetió contra un fallo "lleno de odio y venganza" que era la "crónica de una condena anunciada". Desde este momento, anunció a sus enardecidos seguidores, el fujimorismo libraba una "cruzada por la libertad" del "mejor presidente que ha tenido este país", aquel cuya política antiterrorista "salvó al Perú" y "nos enseñó a vivir en paz". La campaña, mitad de protesta, mitad de búsqueda del voto, incluía la aceleración del proceso de recogida de las 145.000 firmas necesarias para inscribir ante el JNE a Fuerza 2011, cuya fundación formal tuvo lugar el 22 de julio. Jaime Yoshiyama Tanaka, varias veces ministro con Fujimori, promotor de Nueva Mayoría y ex presidente del Congreso Constituyente Democrático, secundaba a Keiko como secretario general de la formación. En estos momentos, a rebufo de la segunda sentencia, un 70% de los peruanos, revelaba un estudio demoscópico, creía que el ex presidente era culpable de los crímenes cometidos bajo su Gobierno, frente a un 27% que estaba convencido de su inocencia. Ahora bien, su hija encabezaba los sondeos preelectorales con un volumen de apoyos de entre el 19% y el 21%, seguida de cerca o empatada con el alcalde limeño Luis Castañeda Lossio, del partido Solidaridad Nacional, y distanciada del ex presidente Toledo y el nacionalista Humala.

En 2009, la acumulación por el padre de sentencias condenatorias con penas de prisión (en julio le cayeron siete años y seis meses por "peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado", y en septiembre siguiente otros seis años por cuatro delitos relacionados con el espionaje telefónico, la compra de medios de comunicación y el soborno a congresistas) municionó el discurso reivindicativo y por momentos populista de Fujimori Higuchi, que subrayaba la autonomía de su opción política de diversas maneras: comentando con condescendencia la propuesta de una "alianza democrática" hecha por Toledo a los dirigentes del centro-derecha liberal Luis Castañeda, Lourdes Flores y Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien fuera su primer ministro y ministro de Economía; rechazando la sugerencia de un "frente anticorrupción" suprapartidista planteada por Humala; o negando categóricamente las informaciones que apuntaban a la existencia de algún tipo de acuerdo, a tenor de la asistencia del fujimorismo al aprismo en el Congreso, entre ella y el presidente García, cuya hostilidad a Humala era más que manifiesta.


4. La opción populista de derecha para suceder a Alan García

El 9 de marzo de 2010, una vez presentado el número de firmas requerido (de acuerdo con sus responsables, la campaña recolectó un millón de rúbricas, 854.000 más de las necesarias), el ROP admitió a registro a Fuerza 2011 y el 19 de mayo siguiente su fundadora hizo el lanzamiento oficial del partido ante un auditorio limeño de 4.000 personas. En agosto, la fiscal de la Nación, Gladyz Echaíz Llanos, decidió reabrir la vieja investigación sobre el financiamiento de los estudios universitarios en Estados Unidos. La indagación se anunciaba parsimoniosa y no iba a tener ninguna incidencia en la campaña presidencial de Fujimori, quien el 7 de diciembre, con los 35 años cumplidos, oficializó su candidatura durante un mitin en el populoso barrio de Huaycán, uno de los más pobres de la periferia de Lima. Sus compañeros de plancha iban a ser el recién cesado ministro de Defensa con García, Rafael Rey Rey, candidato a la primera Vicepresidencia, y Jaime Yoshiyama, candidato a la segunda Vicepresidencia. Rey pertenecía al partido conservador Renovación Nacional, que acudía a las elecciones aliado con Fuerza 2011 no obstante haber formado parte, hasta 2006, de la Unidad Nacional de Lourdes Flores. Ahora mismo, Keiko veía ligeramente erosionada su buena situación en las encuestas por las subidas de Toledo, de Perú Posible, y Humala, del Partido Nacionalista Peruano (PNP).

Fue también en diciembre cuando Keiko se enredó en un cruce de recriminaciones con Montesinos, que acababa de acumular una nueva condena de prisión, a 25 años esta vez, por su implicación en las matanzas del Grupo Colina. La pelotera verbal comenzó cuando Montesinos, desde su celda en la Base Naval del Callao, hizo trascender una sutil amenaza a Yoshiyama, el cual, con motivo de la presentación de su candidatura, se había desmarcado del régimen político del que había sido destacado miembro. Irónica, Fujimori comentó entonces que las pullas del antiguo asesor contra su plataforma presidencial sólo eran fruto del "aburrimiento" que debía estar sintiendo en prisión. No se hizo esperar la réplica del reo, quien, a través de la cuenta de su abogada en la red social Facebook, respondió: "Yo estoy preso, pero no estoy aburrido (...) Aburrido me sentía cuando tenía que cumplir los encargos que su papi me hacía cuando ella vivía en Boston".

Fujimori declaró que no quería entrar en una confrontación y que no caería en las "provocaciones" del que fuera brazo derecho de su padre. Sin embargo, en febrero de 2011, sus comentarios elogiosos para con el empresario Eudocio Martínez y su familia, donantes de fondos para la campaña electoral de 2006 y en estos momentos investigados por presunto tráfico de drogas, sobre que se trataban de "personas inocentes extorsionadas" por Montesinos, pusieron en bandeja la réplica zaheridora del aludido. El reo lanzó la siguiente amenaza a Fujimori: "Si no se rectifica de las mentiras que ha inventado sobre la extorsión a la familia Martínez y continúa difamándome con sus bravatas, que se atenga a las consecuencias, pues ahora sí me olvidaré de la lealtad a su padre". El 1 de marzo la lideresa de Fuerza 2011 quiso zanjar la polémica con esta declaración: "El señor Montesinos traicionó a mi padre y traicionó al Perú, yo no voy a entrar a debatir con ese señor; mi trabajo y mi labor como candidata presidencial es dar a conocer mi plan de gobierno, mi debate será con los candidatos presidenciales".

Fujimori arrancó la colorista campaña de las presidenciales de 2011 haciendo gala de una jovialidad y una versatilidad que recordaban vivamente las capacidades escénicas y proselitistas de su padre, experto en el guiño folclórico para cada lugar y ocasión. Keiko no tenía problemas en fundirse en abrazos con la gente, vestirse con las indumentarias de los paisanos, comer los platos típicos del lugar o ponerse a bailar sobre el entarimado. Vista con diversos grados de recelo y ojeriza en las clases medias y pudientes, la candidata tenía su cantera de votos en las clases populares. Y en ese caladero probaba fortuna también un formidable competidor: Ollanta Humala, el líder del PNP, quien concurría por la coalición de izquierdas Gana Perú y se esforzaba en sacudirse de la imagen de radical antisistema e impredecible, cultivada en su etapa de militar de ideología etnocacerista sublevado contra el régimen fujimorista y luego en su primera tentativa presidencial, cuando coqueteó con el venezolano Hugo Chávez y su socialismo bolivariano.

En su esquemático Plan de Gobierno 2011-2016, titulado Por un Perú con orden y seguridad, que crece más y comparte. El crecimiento en democracia, Fujimori planteaba una serie de "ideas-fuerza" cuyo epítome vendría a ser el eslogan de campaña seguridad y oportunidades. El documento programático se configuraba como un mero catálogo de enunciados concisos, carente de cualquier tipo de análisis o explicación. La primera de estas ideas-fuerza, Seguridad ciudadana para un Perú sin violencia, aunaba la narrativa clásica de la mano dura con la delincuencia común y el crimen organizado, y fórmulas de inclusión, reinserción y prevención social que redujeran los riesgos de la comisión de delitos. En el apartado sobre "mecanismos de coerción y control", Fuerza 2011 hablaba de "leyes fuertes" y del "aumento de penas para delitos específicos", sin entrar en detalles. Sin embargo, en sus pronunciamientos de campaña, Fujimori, en la línea de la proposición de ley presentada por su bancada en el Congreso, abogó por endurecer el Código Penal para aplicar la pena capital a los violadores de menores de edad y a los autores de asaltos violentos con resultado de muerte.

Las propuestas socioeconómicas estaban contenidas en las ideas-fuerza dos, Creación de empleo de calidad, y tres, Reducción de la pobreza, la cual exponía, generalizando al máximo, diversas actuaciones asistenciales en los terrenos educativo, sanitario, nutricional y de infraestructuras básicas. Ni de sus palabras ni de sus escritos se desprendía que Fujimori pusiera en cuestión la validez del sistema económico vigente, que era liberal de mercado con acentos en las facilidades al sector privado, la vigilancia de las cuentas públicas y el comercio internacional abierto, el cual había generado un gran crecimiento pero también descuidado la distribución de los beneficios, con la consiguiente insatisfacción social. Para ella, el esquema a seguir era el instaurado por su padre, muy ortodoxo en el terreno macroeconómico, pero con el complemento de unos programas de promoción social. Aquí, el contraste con Humala era considerable, ya que el candidato nacionalista preconizaba una "economía nacional de mercado" de tintes socialdemócratas que diera un mayor protagonismo al Estado, lo que implicaba pasar página "al modelo neoliberal" implantado en 1990.

En su cuarta idea-fuerza, Gobierno eficiente, Keiko mencionaba casi como una mención obligada una "ofensiva contra la corrupción", así como un "Plan de Desarrollo Nacional". El Plan de Gobierno omitía completamente las cuestiones de política exterior, aunque un apartado especial abordaba los derechos y condiciones de los compatriotas que vivían y trabajaban en el extranjero.


5. El dilema electoral de 2011: Keiko o Humala

Multitud de comentaristas calificaron la opción de Fujimori hija de "populista" y claramente de derechas. La voz alertadora del más prestigioso de los intelectuales peruanos, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa (y candidato del establishment liberal-conservador arrollado por Fujimori padre en las elecciones de 1990), tuvo amplia difusión durante la campaña. El novelista se refirió al izquierdista Humala como un "gran peligro" para el país porque sus políticas intervencionistas podían dañar el comercio y las inversiones, pero dejó bien patente su animadversión por el fujimorismo al advertir contra el "escenario catastrófico" que supondría el ascenso a la Presidencia de Keiko, heredera de un movimiento que era básicamente "autoritarismo y corrupción". Vargas Llosa se reafirmó en lo dicho en 2009 sobre que plantear el dilema o Humala o Fujimori sería "como elegir entre el sida y el cáncer terminal".

La aspirante de Fuerza 2011 salió bastante airosa de los tres debates, el 3 de marzo, el 13 de marzo y el 3 de abril, con sus contrincantes en los estudios de la televisión. En cuanto a los sondeos, desde enero se mantuvo casi siempre en el segundo lugar, hasta mediados de marzo hombro con hombro con Castañeda, primero por detrás de Toledo y luego a la zaga de Humala, quien arrebató el primer puesto al ex presidente coincidiendo con el desfallecimiento de Castañeda, de cuya Alianza Solidaridad Nacional era miembro Cambio 90, y la subida de Kuczynski, por la Alianza por el Gran Cambio. En la recta final de la campaña para la cita electoral del 10 de abril Fujimori se consolidó en torno al 22% de intención de voto, casi diez puntos menos que su adversario nacionalista, cuya progresión fue vertiginosa, aunque no a costa de las posibilidades de Fujimori. La liza electoral se presentaba bastante reñida y todo el mundo daba por sentado que el 5 de junio había un balotaje porque Humala, pese a su fulgurante avance, no iba alcanzar ni de lejos el 50% de los votos.

La votación del 10 de abril de 2011 produjo unos resultados casi idénticos a los pronosticados: Humala se ponía en cabeza con el 31,7% de los sufragios y pasaba a disputar la segunda vuelta con Fujimori, receptora del 23,5%. Kuczynski, Toledo y Castañeda, que representaban la franja moderada del centro-derecha, quedaron apeados. El candidato de la izquierda dibujó un mapa electoral muy parecido al de la primera vuelta de 2006, al ser el más votado en 120 de las 195 provincias y en particular en las meridionales de amplia población indígena, donde su dominio era abrumador. En el área metropolitana de Lima y Callao, residencia del 28% del electorado, se impuso el liberal Kuczynski, mientras que Fujimori lo hizo en el departamento de Lima y en varios de la costa y el noroeste. Toledo solo pudo imponerse en el departamento amazónico de Loreto, tan vasto geográficamente como poco poblado. El 5 de junio los peruanos tendrían que escoger entre unos candidatos que los politólogos situaban en ambos extremos del espectro, a la izquierda y a la derecha, y que ofrecían unas biografías personales y familiares regadas de pasajes oscuros.

Las expresiones "disyuntiva", "dilema" y "encrucijada" fueron empleadas sistemáticamente para referirse al duelo Keiko-Ollanta, cuyo virtual empate iban a dirimir los ocho millones de peruanos, en particular las desconcertadas clases medias urbanas de orientación centrista, que no les habían votado y que ahora debían decidir cuál de los dos les producía menos aprensión. Quién era, en suma, el "mal menor" para el país. El voto se anticipaba más en un sentido de frenar que de impulsar: en las papeletas, muchos iban a marcar el casillero de uno sólo para impedir la victoria del otro, no porque aquel les produjera simpatía. Así, todo lo que envolvía al fujimorismo, lo pretérito y lo presente, suscitaba el más vivo rechazo en muchísimos electores, mientras que de Humala no se olvidaban su pasado, aún no lejano, de militar conspirador, ultranacionalista y etnicista, sus procesos como acusado de gravísimos delitos humanitarios y su analogía chavista en las elecciones de 2006. Ahora mismo, lo que más inquietaba era su posible aventurerismo en la gestión de la economía, dando rienda suelta a un intervencionismo estatista que podía poner en peligro las inversiones y el crecimiento. De ganar Humala la Presidencia, estaba por ver qué alianzas parlamentarias suscribiría, toda vez que la coalición Gana Perú que capitaneaba el PNP había ganado, en efecto, en las elecciones al Congreso, pero únicamente con 47 escaños, 19 por debajo de la mayoría absoluta.

Los temores que levantaba Fujimori, cuya formación se había aupado al segundo lugar del Congreso con 37 bancas (una de ellas, ganada en Lima con un fuerte caudal de votos, era la del hermano cinco años menor de Keiko, Kenji Gerardo, agrónomo de formación y dueño de una empresa de seguridad privada), eran como mínimo igual de intensos, aunque de una índole bien distinta. De ella, a diferencia del nacionalista, no se esperaba ninguna revisión del modelo de libre mercado, si bien el programa de Fuerza 2011 hacía hincapié en la asistencia social, pero sus manifiestos, que reivindicaban los logros del régimen de su padre en el saneamiento de una economía enferma y la neutralización de Sendero Luminoso, daban pábulo a alarmantes advertencias sobre la instalación de un Gobierno neofujimorista capaz de arrastrar al país a una nueva noche de corrupción, autoritarismo e impunidad. Se asistió a la extraña situación de dos candidatos antagónicos acusados de radicales y peligrosos que debían insistir una y otra vez en el carácter constructivo, moderado y conciliador de sus plataformas, y refutar las detracciones que les llovían: la una, que tuviera intenciones de indultar a su padre reo por cuadruplicado (juró "por Dios" que jamás haría tal cosa), de ser tolerante con la corrupción o de injerirse en las líneas editoriales de los periódicos; el otro, que fuera a arriscar la bonanza económica con políticas filobolivarianas.

En esta batalla por ahuyentar los miedos fue Humala el que resultó más convincente cuando llegó a hablar de "concesiones" por su parte y hasta de "no salir del modelo económico". Para no quedarse atrás en la carrera de los mentíses, Fujimori tuvo el gesto de "pedir perdón" por los "errores", los "excesos" y los "delitos" cometidos bajo el Gobierno de su padre, al cual, por vez primera, calificó de "autoritario", sin llegar a haber sido nunca, puntualizó, "una dictadura". En un ejercicio de sincretismo programático bastante extravagante, arguyó que sus políticas pragmáticas aunarían el concepto de la seguridad del colombiano Álvaro Uribe y el compromiso social del brasileño Lula da Silva, dos presidentes de la región que virtualmente no tenían nada en común.

El siempre elocuente Vargas Llosa contribuyó a inclinar la balanza del lado del antiguo teniente coronel porque tras la elección del 10 de abril se apresuró a posicionarse contra Fujimori: si en la primera vuelta él había votado por Toledo, revelaba el literato, en la segunda lo haría por Humala, aunque "sin alegría y con muchos temores", ya que el nacionalista le parecía "Chávez con un lenguaje ligeramente abrasileñado". Esto le inquietaba, pero mucho peor encontraba la alternativa, pues Keiko en la Presidencia significaría "abrir las cárceles para que todos los ladrones, asesinos y torturadores, empezando por su padre y el siniestro Montesinos, salgan a la calle a sacar la lengua a todos los que han defendido la democracia en Perú". Siguiendo con las dicotomías límite, lo que Perú se jugaba el 5 de junio era nada menos que "el suicidio o el milagro". El milagro lo esperaba Vargas Llosa de Humala, del que confiaba que hiciera honor a su nuevo discurso dirigido al centro. Y el suicidio sería votar a Fujimori, pues tal cosa "equivaldría a legitimar la peor dictadura que hemos padecido a lo largo de nuestra historia".

Humala agradeció el respaldo "crítico y exigente" de Vargas Llosa, al que se sumó el de Toledo. El ex presidente iba a votar por el postulante de Gana Perú porque no quería "regresar al pasado oscuro de los noventa". Fujimori, en cambio, con habilidad, se aseguró los apoyos de Kuczynski, con quien firmó un "Pacto por el Perú" alusivo a la superación de la pobreza y la protección de los ahorradores, del ex alcalde limeño Castañeda y de otro candidato eliminado en la primera vuelta, Juliana Reymer del Partido Fuerza Nacional, amén del favoritismo descarado de los poderes empresariales y financieros, los principales grupos de comunicación privados y sectores de la Iglesia Católica. En cuanto, al aprismo, que llegó a las elecciones sin un candidato propio, se dividió sobre la cuestión: la cúpula partidaria, al igual que el presidente García (este, que temía el comienzo de una persecución político-judicial si Humala llegaba a la Presidencia, de manera casi explícita), deslizó sus preferencias por Fujimori, pero las bases tendieron a inclinarse por Humala. Mercedes Aráoz Fernández, la ex ministra independiente que en enero anterior se había apeado por propia voluntad de la carrera electoral siendo la representante del APRA, se sumó a los adherentes a Fujimori. Algunos observadores mostraron su convicción de que había una "alianza de facto" y un "pacto de impunidad" entre el Gobierno aprista saliente y el fujimorismo.

Humala inició la campaña de la segunda vuelta destacado en los sondeos, pero Fujimori no tardó en remontar su desventaja y al comenzar la segunda semana de mayo ya se puso por delante. El 29 de mayo los contrincantes midieron sus fuerzas en un debate televisado que convirtieron en una recia batalla de recriminaciones. Humala intentó vincular la plataforma y las propuestas de la "congresista Fujimori" a algunos de los peores episodios del Gobierno de su padre, como la corrupción masiva y la campaña de esterilizaciones de mujeres, que afectó a 300.000 peruanas, en su mayoría indígenas pobres de la región andina, víctimas de esta intervención médica contra su voluntad o sin su conocimiento. "Su política de lucha contra la pobreza era eliminar a los pobres", dijo Humala refiriéndose a Alejandro Aguinaga Recuenco, ministro de Salud en 1999-2000 y actualmente congresista de Fuerza 2011.

Keiko no se quedó atrás y sacó a colación los crímenes contra paisanos civiles cometidos por el Ejército, cuyo jefe supremo era precisamente Fujimori padre, al amparo de la guerra sucia antisenderista en los años noventa y por los que Humala había estado procesado. También, ironizó sobre los cambios de última hora en los planes de gobierno económico del "comandante Humala". Los comentaristas no tuvieron muy claro quién había ganado el debate, aunque el 2 de junio, a tres días del balotaje, dos encuestas volvieron a situar a Humala en cabeza, bien que por la mínima, con el 50,5% y el 51,8% de intención de voto. En su último mitin, arropada por Kuczynski, Castañeda, Aráoz y otras figuras identificadas con las clases medias y altas, Fujimori gastó sus últimos cartuchos contra Humala poniéndole de títere de Chávez.

El 5 de junio, jornada de fiesta democrática que fue empañada por el ataque en la víspera por Sendero Luminoso, residual pero con cierta capacidad de causar daño al Estado, contra una patrulla militar en Cuzco con el resultado de cinco soldados asesinados, Humala resultó el ganador de las llamadas "elecciones del miedo" con el 51,5% de los votos, de acuerdo con el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Fujimori había visto frustrado su envite por tres puntos porcentuales, en términos absolutos 447.000 papeletas. Tras conocer los resultados, en un ejercicio de fair play, la perdedora fue rápida en felicitar a su rival y en mostrarle su disposición a "comenzar un diálogo" que ayudara a que Perú "no se detenga".


6. Nuevo intento de ser presidenta en 2016: liza con PPK y el Plan Perú

Keiko Fujimori y su movimiento, catapultados a la jefatura de la oposición peruana, superaron con prontitud la decepción electoral de 2011 y se pusieron manos a la obra para intentarlo de nuevo en la edición de 2016. La estrategia pasaba, para empezar, por un proceso de revisión partidaria que el 29 de julio de 2012 desembocó en la conversión de Fuerza 2011 en Fuerza Popular (FP). En opinión de su líder, se trataba de acuñar un nombre para el partido que "pudiera perdurar en el tiempo", dejando de evocar la fracasada liza electoral del año anterior y haciendo olvidar la sopa de denominaciones empleada por el fujimorismo desde 1990, a saber: Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000, Solución Popular, Sí Cumple, Alianza por el Futuro, Grupo Parlamentario Fujimorista y últimamente Fuerza 2011. El cambio de nombre fue básicamente un retoque cosmético que mantenía y realzaba el logotipo de la letra k blanca sobre un círculo naranja inserto en un cuadrado negro. La K, naturalmente, de Keiko, lo que subrayaba el componente personalista de este nuevo fujimorismo, al igual que el primer fujimorismo había estado al servicio del padre. Fuerza Popular no se molestó en presentar una declaración de principios ideológicos y se limitó a redactar el Estatuto orgánico que el ROP del JNE le exigía para su inscripción legal.

La ideología subyacente en FP seguía siendo, por tanto, el fujimorismo, ismo que nunca había tenido de una definición clara y que para el común de los observadores nacionales e internacionales aglutinaba las políticas económicas liberales de ajuste fiscal y estabilidad financiera, la mano dura en materia de seguridad, el pragmatismo en la búsqueda de resultados y el populismo, un populismo que ahora podía tener más de escénico que de discursivo, pues tampoco se abusaba de las promesas grandilocuentes. De manera sutil, Keiko, la candidata que en 2011 había hecho apología de los "aciertos" del régimen de su padre, fue abriendo más distancias de la experiencia de gobierno de la década 1990-2000, aunque no descuidó sus deberes como hija.

En octubre de 2012 la opositora y sus tres hermanos presentaron ante el Ministerio de Justicia una solicitud de "indulto humanitario" para Alberto Fujimori, quien a sus 74 años sufría un cuadro grave de dolencias somáticas y psicológicas, entre ellas unos procesos precancerosos recurrentes en la boca que venían requiriendo repetidas intervenciones quirúrgicas, pero que también hacía frente a nuevos juicios por graves delitos penados con prisión. Por el momento, Fujimori cumplía su condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad en una casa con jardín y huerto situada en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional. Según informes periodísticos, al "preso de oro" no le faltaban privilegios ni comodidades, incluso lujos inconcebibles en una instalación penitenciaria.

La petición de "indulto humanitario hecho con criterio médico" y dirigido a ser resuelto "con criterio humano" pasó directamente a la mesa del despacho de Humala, quien en junio de 2013, tras varios meses de consideración, denegó la medida de gracia presidencial para el ex presidente contra el que había capitaneado una asonada golpista siendo oficial del Ejército en 2000. El jefe del Estado amparó su negativa en el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, que determinó que la enfermedad bucal del prisionero no era de naturaleza "terminal", "incurable" o "degenerativa", y que Fujimori tampoco arrastraba un "trastorno mental incurable".

Alberto Fujimori recibió en enero de 2015 su quinta condena judicial, a ocho años de prisión como culpable del desvío de fondos públicos para que el SIN comprara la línea editorial de diarios sensacionalistas de cara a su reelección en 2000. Con esta sentencia condenatoria, las penas de cárcel impuestas por los tribunales al ex presidente sumaban los 52 años. Ese mismo mes, el reguero de deserciones y transfuguismos que venía minando a Gana Perú convirtió a Fuerza Popular en la agrupación con más escaños en el Congreso. Su bancada, de 35 miembros, uno más que la del Gobierno, con Héctor Becerril Rodríguez, congresista por Amazonas, de portavoz y Kenji Fujimori representando a Lima, se había mostrado mucho más cohesionada y disciplinada que los bloques articulados en torno a las postulaciones presidenciales de Humala, Toledo y Kuczynski, ya deshechos.

A estas alturas del curso político, Keiko, pese a la merma de visibilidad que a priori podía suponer carecer del mandato legislativo (actualmente, su única actividad profesional reconocida era la presidencia de una ONG llamada Oportunidades-Instituto para el Desarrollo), se encontraba en estado de gracia preelectoral. Todas las encuestas de intención de voto realizadas a lo largo de 2015 la colocaron en el primer lugar con más de un 30% de apoyos, tendencia que se sostuvo intacta e incluso se reforzó en el arranque de 2016. Al iniciarse el año electoral, sus principales perseguidores eran tres contrincantes del centro-derecha moderado: el siempre sólido Pedro Pablo Kuczynski, aliado circunstancial de ella entre las dos primeras vueltas electorales de 2011 y que esta vez concurría al frente de su propia colectividad, Peruanos Por el Kambio (PPK); el economista Julio Guzmán Cáceres, de Todos por el Perú (TPP), un candidato que empezó siendo marginal pero que justamente ahora, en enero, causó sensación con su vertiginosa subida; y el empresario César Acuña Peralta, ex alcalde de Trujillo y luego gobernador de La Libertad, de la Alianza por el Progreso (APP), que en 2011 había formado parte de la Alianza por el Gran Cambio de PPK.

El ex presidente aprista Alan García, tercero durante meses, fue perdiendo fuelle, mientras que para el también ex presidente Toledo, para Alfredo Barnechea García por AP y para Verónika Mendoza Frisch por el izquierdista Frente Amplio las expectativas eran nimias. Aún peor le iba al pretendiente del oficialismo, el antiguo general Daniel Urresti Elera, hasta hacía poco ministro del Interior y con un juicio penal abierto, lanzado a la liza con el beneplácito de la poderosa presidenta del PNP y primera dama del Perú, Nadine Heredia, el cual ni siquiera aparecía en la mayoría de los muestreos.

En noviembre de 2015 Fujimori padre, en una entrevista conseguida sin autorización por el diario chileno El Mercurio, señaló que su hija era sin duda "la presidenta que necesita Perú", para añadir que confiaba en obtener la libertad "antes de que Keiko acceda a la Presidencia, a través de un fallo judicial que corrija las irregularidades cometidas en los juicios". Las declaraciones del ex presidente resultaban más bien inoportunas para la citada, quien procuró que las circunstancias y los antecedentes de su padre, a diferencia de la tentativa electoral de 2011, no mediatizaran su campaña y pusieran en riesgo su condición de favorita. En diciembre, en un acto celebrado en el distrito limeño de Comas y en el que inesperadamente se dejó ver su madre Susana Higuchi, Keiko presentó su plancha presidencial, conformada por el ex ministro de Agricultura José Chlimper Ackerman y el ex gobernador de Junín Vladimiro Huaroc Portocarrero, candidatos respectivamente a la Primera y la Segunda Vicepresidencias de la República.

El siguiente paso fue, el 10 de enero de 2016, inscribir su candidatura ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, trámite técnico que Fujimori envolvió de propaganda proselitista porque lo aprovechó para presentar su Plan Perú, concebido para dar respuesta a las "demandas sociales" de los ciudadanos. El Plan de Gobierno de FP para el quinquenio 2016-2021 constaba de seis "bloques" o "pilares" de sabor reformista y partía de un diagnóstico pertinazmente positivo del período de Gobierno 1990-2000, década en la que, sobre todo a partir de la Constitución de 1993 "y las reformas hechas a su amparo", Perú había vivido una "transformación" que hizo posibles la "bonanza económica" y la "paz social" experimentadas después. El crecimiento había tenido "impactos positivos en la población", como atestiguaban las cifras de la reducción de la pobreza.

Pero, por desgracia, "la acción deficiente del Estado" había producido en estos años, en alusión implícita a los quinquenios de Toledo, García y Humala, "un desarrollo claramente desigual en los diferentes sectores de la sociedad peruana" con escenarios persistentes de "pobreza multi-dimensional", por lo que, seguía aseverando el documento, no podía sostenerse que el modelo, actualmente, fuera "un éxito". Perú adolecía de un grave déficit de instituciones "eficientes", "inclusivas" y "abiertas". Curiosamente, el capítulo introductorio Nuestra visión del Perú, donde se hacía balance de los últimos 25 años de historia y se comparaban los períodos principiados por las constituciones de 1979 y 1993 poniendo el acento elogioso en el segundo, constaba en el Plan de Gobierno depositado en el JNE, pero no en la versión abreviada publicada en la web de la candidata; parte de sus valoraciones se mencionaban en el bloque cuarto del Plan.

El primer bloque programático, sobre Derechos fundamentales y dignidad de las personas, invocaba la "protección efectiva de los Derechos Humanos", la aplicación cabal del Plan Integral de Reparaciones, la "erradicación de la impunidad" y, en un sentido más amplio, "el cumplimiento del rol del Estado en la defensa de los derechos relacionados con el acceso a la justicia, a un medio ambiente sano y sostenible, a una vida digna, a la igualdad y a la no discriminación". Se citaban actuaciones concretas para evitar conflictos sociales, prevenir el feminicidio, avanzar hacia la igualdad de género, proteger a la infancia e integrar a las personas con minusvalías. Para asegurar el éxito de todos estos objetivos, resultaba imprescindible una profunda reforma del sistema de justicia, capacitándolo para atender debidamente las necesidades de las justicias "constitucional" y "social". Fujimori mencionó además su intención de poner en marcha una Procuraduría General de la República orientada a combatir la corrupción, así como de reforzar la capacidad fiscalizadora de la Contraloría General sobre las instituciones y organismos del Estado.

El segundo bloque, Oportunidades y acceso a los servicios, desarrollaba las propuestas estructurales para ampliar la cobertura y la calidad de los sistemas y programas públicos de salud, educación y desarrollo social, permitiendo una mayor participación del sector privado en los mismos. En el bloque sobre Gobernabilidad y Seguridad ciudadana, los fujimoristas se comprometían a "prevenir y atacar" la corrupción, que era "generalizada" e iba "en aumento", a gestionar el gasto público con eficiencia y a fortalecer los mecanismos de transparencia, y prometían también "recuperar un país seguro donde vivamos con paz y sin miedo". Con ese fin, como una más en una batería de medidas para mejorar la respuesta del Estado frente a los delitos comunes y el crimen organizado, sugerían una implicación limitada de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad dando apoyo a las fuerzas policiales. Fuera del programa, Fujimori precisó que a la Marina de Guerra se le podía asignar la protección del Puerto del Callao y a unidades del Ejército la vigilancia de los exteriores de las penitenciarías del Estado.

Los bloques cuarto, sobre Economía, competitividad y empleo, y quinto, sobre Desarrollo regional e infraestructura, daban cuenta de las ideas de FP para "impulsar el crecimiento económico con inclusión" y lanzar un "boom de inversiones en infraestructuras productivas y sociales" (redes viales, telecomunicaciones, electrificación, agua, saneamiento, vivienda) echando mano de parte de los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, operación que no expondría al país a "ningún riesgo financiero" porque "el ratio deuda/PBI esta en límites muy razonables". Asimismo, se darían grandes facilidades fiscales y crediticias a las pymes y se mejorarían las condiciones laborales. El sexto y último bloque quedaba reservado a la explotación industrial de los recursos naturales, el turismo y la protección del medio ambiente.

Por otro lado, el proceso de alejamiento de Fujimori de su ascendiente paterno se acentuó al descartar la candidata la concesión de un indulto presidencial para el famoso reo si ella llegaba la jefatura del Estado, tanto más porque "durante el Gobierno de mi padre se cometieron delitos, y en su caso, como presidente de la República, cometió el grave error político de permitir que esto ocurriera". Ello no era óbice para seguir trabajando desde el plano familiar con los abogados y conseguir la anulación de las condenas en los tribunales, alegando la no imparcialidad de los juicios realizados, donde no se habrían presentado evidencias de la responsabilidad del ex presidente en los hechos de los que se le acusó. Es decir, se trataba de ganar la exoneración para Fujimori por fallos procesales, no porque fuera un perseguido inocente. Además, la postulante de FP estaba totalmente de acuerdo con que el Estado pagara reparaciones económicas a las mujeres víctimas de las esterilizaciones en los años noventa, y prometía profundizar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), creada en 2001 por la Administración Toledo para esclarecer y reparar las violaciones de los Derechos Humanos cometidas al socaire de la guerra contra la subversión.

Otros puntos comentados en actos de campaña y en declaraciones a los medios fueron su posición favorable a la implantación de la pena de muerte para los violadores de niños menores de siete años y a las uniones civiles de parejas del mismo sexo, pero sin derecho a la adopción. Además, manifestó que los macroproyectos Conga y Tía María para la expansión de las minerías el cobre y el oro no eran viables.

El Plan Perú reservaba un espacio minúsculo a las cuestiones de política exterior, despachadas con un párrafo en el documento. El fujimorismo se limitaba a expresar su respaldo pleno a los procesos de integración política y económica de Perú en diferentes bloques regionales e internacionales en las dos últimas décadas, incluidos todos los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales. Un Gobierno de FP profundizaría estos procesos, en especial las participaciones en la Alianza del Pacífico y la APEC. En añadidura, se emplearía a fondo para aplicar la Carta Democrática de la OEA y obtener a membresía en la OCDE, el club de los países desarrollados.

Fujimori llegó al final de la campaña con pose triunfal. La caída el 9 de marzo de las candidaturas de Guzmán y Acuña, excluidos por el JNE por la comisión de distintas irregularidades, no insufló oxígeno apreciable a Kuczynski (la desaparición de esta opciones moderadas benefició más bien al acciopopulista Barnechea y a la frenteamplista Mendoza), mientras que la abanderada de FP seguía subiendo en los sondeos. Los ex presidentes García y Toledo no podían aspirar más que a unos resultados testimoniales. En cuanto al aspirante del oficialismo, Urresti, fue retirado el 11 de marzo por su propio partido, el PNP, que de hecho canceló todas sus candidaturas.

El 5 de abril, en el aniversario del autogolpe de 1992, decenas de miles de personas se manifestaron en la limeña Plaza San Martín coreando las consignas de "Keiko no va" y "Fujimori nunca más". La multitudinaria expresión de repudio popular era, sin embargo, engañosa sobre el grado de desconfianza que FP inspiraba al conjunto del electorado. Por otro lado, medios políticos y periodísticos hostiles a Fujimori dieron altavoz a acusaciones, desestimadas por el JNE y el Jurado Electoral Especial (JEE) por falta de pruebas concluyentes, sobre presuntos actos ilegales de entrega de dinero con fines proselitistas por personas próximas a la candidata. En la víspera de la manifestación contra ella en la capital, Fujimori firmó ante las cámaras un "compromiso de honor por el Perú" que proclamaba su "respeto irrestricto del orden democrático y los Derechos Humanos".

Las encuestas se cumplieron y el 10 de abril de 2016 Fujimori y Kuczynski recibieron vía libre para disputar el balotaje del 5 de junio con la primera sacándole al segundo casi 19 puntos de ventaja, el 39,86% frente al 21,05%. Fujimori fue la más votada en 17 de los 25 departamentos, incluido el de Lima. En las elecciones al Congreso, el triunfo de FP fue más contundente aún al hacerse con 73 escaños, es decir, mayoría absoluta. Después de 16 años, el fujimorismo volvía a ser el primer grupo parlamentario, y con un nivel de fuerza desconocido desde las elecciones de 1995, cuando el fujimorato estaba en su apogeo. El PPK debutó en el Legislativo con 18 congresistas, dos menos que el Frente Amplio de Verónika Mendoza -inesperados conquistadores del tercer puesto-, un rendimiento discreto que auguraba complicaciones parlamentarias para el Ejecutivo en caso de terminar haciéndose con el mismo el antiguo primer ministro. "Perú quiere la reconciliación y no quiere más peleas", dijo Fujimori en su primer discurso tras conocer los resultados.

Comenzó entonces la fase más competitiva y beligerante de las elecciones presidenciales peruanas. Kuczynski, quien ya contaba con la preferencia de Mario Vargas Llosa, necesitaba un elenco de respaldos y adhesiones desde prácticamente todo el arco político que iba desde la derecha liberal hasta la izquierda socialdemócrata, y que incluía las posiciones más nítidamente antifujimoristas. Si no conseguía articular este frente de apoyo meramente táctico, solo para cerrar el paso a una aspirante que concitaba en las izquierdas más rechazo que el que pudiera despertar él, la victoria de Keiko, sin duda la figura política más potente del país por méritos propios, sería inevitable. Con diversos matices, Kuczynski consiguió los respaldos de la AP de Barnechea, el PP de Toledo, el TPP de Guzmán, la APP de Acuña, el Partido Popular Cristiano y, de manera crucial, el Frente Amplio de de Mendoza, a la que él había dedicado gruesas palabras durante la campaña.

Ahora, Mendoza y Kuczynski coincidían en alertar a los electores de la "amenaza para la democracia" que representaba una candidata rodeada de "gente corrupta" y con "nexos con el narcotráfico", tanto que Perú bien podía convertirse en un "narcoestado", si no en la "dictadura" que su padre había instaurado con el fujigolpe de 1992. Así de explícito se mostró Kuczynski en el último e intenso debate televisado, caracterizado por el peloteo de acusaciones y pullas ("tú no has cambiado, pelona, eres la misma", le espetó PPK a su adversaria; "la historia nos ha demostrado que los gobernantes de escritorio fracasan", repuso ella), el 29 de mayo y de nuevo en la clausura de su campaña el 1 de junio. La imputación de narcotráfico, tachada de "guerra sucia" por Fujimori, tomaba como base lo dicho en un reportaje de la cadena estadounidense Univisión y el canal nacional América Televisión por un ex piloto peruano que aseguraba haber trabajado para la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. En el reportaje, difundido el 15 de mayo, el entrevistado aseguraba tener constancia a través de grabaciones de que la DEA había investigado al empresario y congresista Joaquín Ramírez Gamarra, considerado el mayor financista de FP, por el lavado de 15 millones de dólares entregados en efectivo por Keiko cuando la campaña presidencial de 2011. Sin embargo, la propia DEA salió a desmentir tal investigación y a aclarar que no sabía nada del caso.

Al operar el cierre general de filas contra Fujimori, diana del antivoto, Kuczynski tenía todas las de ganar. Así sucedió el 5 de junio, pero realmente por los pelos: con el 49,88% y 8.555.880 votos, la candidata se quedó sin la Presidencia por tan solo 0,24 puntos porcentuales y 41.057 votos. Un fujimorista destacado que no votó por Keiko fue su propio hermano, el congresista Kenji Fujimori. Reelegido en su escaño limeño y de nuevo con el mayor número de sufragios de todo el país, el todavía miembro de FP representaba el ala dura albertista, refractaria a cualquier autocrítica, del movimiento político iniciado en 1990.

Hasta el 10 de junio, pocas horas antes de la entrega por la ONPE de los resultados definitivos, Fujimori no concedió su derrota frente a Kuczynski. "Aceptamos democráticamente los resultados (...) Seremos una oposición responsable que pensará siempre en el futuro del país, teniendo como línea matriz representar el sentir de los más de 8 millones y medio que votaron por nuestro plan de gobierno", manifestó la lideresa de FP. Pero Fujimori no estaba con ánimo conciliador; para ella, PPK había ganado las elecciones gracias a la ayuda de los "promotores del odio" y el "poder político del Gobierno saliente, poder económico y poder mediático".


7. Papel en el escándalo de los Kenjivideos y prisiones preventivas como sospechosa de corrupción

Keiko Fujimori se convirtió en uno de los protagonistas de la gran crisis política nacional, saturada de acciones judiciales anticorrupción y de convulsiones institucionales, que se inició a finales de 2017 y se prolongó hasta 2020.

Por de pronto, desde su primer día como jefe del Estado, el 28 de julio de 2016, Kuczynski encajó la oposición intransigente de FP. En diciembre de 2017 el país andino se enteró de que una de las empresas privadas del ahora presidente aparecía entre las firmas presuntamente implicadas en la trama internacional de sobornos pagados por la compañía constructora brasileña Odebrecht. Las turbias ramificaciones del caso Lava Jato ya estaban afectado con distintos niveles de judicialización penal a los ex presidentes García, Toledo y Humala. La propia Keiko se vio seriamente salpicada a finales de agosto de 2017 al abrirle la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos una tercera investigación, luego de las abiertas en octubre de 2015 (por la Fiscalía Provincial Penal de Lima) y en marzo de 2016, las cuales no habían llegado a conclusiones resolutivas. El Ministerio Público validó el procedimiento incoado ahora a partir de una anotación en la agenda del teléfono móvil del empresario Marcelo Odebrecht, quien había registrado un aporte económico para la campaña presidencial de 2011 de la entonces candidata. Con esta sucinta mención, la Fiscalía creía tener delante un indicio de delito cometido por Fujimori.

Sin embargo, en estos momentos, la tormenta política se cernía sobre PPK. A la luz de lo revelado, Fujimori y otros cabezas opositores conminaron al mandatario a renunciar por las buenas, so pena de destitución por "permanente incapacidad moral". Kuczynski se mantuvo firme en su negativa a dimitir y el 21 de diciembre se salvó por poco del despido congresual al no alcanzar la petición de vacancia la preceptiva mayoría de dos tercios: se necesitaba el respaldo de 87 diputados y votaron a favor 79. Para el fracaso de la moción resultó decisiva la postura contraria del grupo disidente del fujimorismo animado por Kenji Fujimori, quien al igual que su hermana estaba siendo investigado por lavado de activos. Este y otros nueve congresistas de FP desacataron la consigna de Keiko y optaron por abstenerse en la votación.

La llamada "crisis presidencial" tomó un vericueto explosivo el 24 de diciembre, día en que Kuczynski salió a anunciar que, en respuesta a la solicitud hecha por el interesado y por su hijo Kenji, procedía a concederle el indulto humanitario al ex presidente convicto Alberto Fujimori, de 79 años. El Ejecutivo había tomado esta decisión considerando el parte médico del preso cumplidor de condena, al que se le había diagnosticado una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable". La impactante medida de gracia de Kuczynski, quien desde antes de su elección en 2016 había asegurado en múltiples ocasiones que no amnistiaría a Fujimori, provocó un formidable escándalo político y social que abrió grietas en el Gobierno y reactivó las maniobras opositoras para desalojarle mediante un segundo proceso de vacancia.

Lo sucedido precipitó asimismo el cisma orgánico en el fujimorismo. Keiko, explícitamente contraria al indulto de su padre, ordenó la apertura de un proceso disciplinario de expulsión contra su hermano y los demás congresistas díscolos, los cuales respondieron dando el portazo a Fuerza Popular. En enero de 2018 Kenji Fujimori presentó a su grupo de leales como los Avengers. La ruptura hizo perder a Fuerza Popular la mayoría absoluta ganada en las elecciones 2016, si bien siguió siendo con diferencia la primera fuerza del Congreso.

En cuanto a PPK, su suerte quedó echada el 20 de marzo de 2018, día en que Fuerza Popular difundió unas secuencias de video donde podían verse a Kenji Fujimori y dos congresistas afines, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, negociar con el congresista de FP Moisés Mamani Colquehuanca, como si le hablaran en nombre del oficialismo, ciertos privilegios dinerarios del Gobierno central para obras en su departamento, Puno, a cambio de votar en contra del segundo pedido de vacancia presidencial, programado para el día 22. Las grabaciones fueron facilitadas por el propio Mamani, un legislador leal a Keiko, así que la impresión general fue que la lideresa de FP era la urdidora de esta operación para tumbar a Kuczynski. Aquel mismo día, los Avengers comunicaron que constituían una bancada fujimorista independiente de nombre Cambio 21, con la aspiración de obtener el registro como partido político y llevando a Alberto Fujimori de presidente.

Lo mostrado en los videos constituía en apariencia un flagrante intento de compra de votos en favor de Kuczynski (quien se cobraría así los dividendos políticos de su "indulto de Navidad"), el cual, no sin un intento postrero de resistencia y sin dejar de defender su honorabilidad, acabó mandando la carta de renuncia al Congreso en la jornada posterior a la difusión de los ya bautizados como Kenjivideos, el 21 de marzo. Dos días después, el 23 de marzo, el Congreso aceptó la dimisión de Kuczynski y tomó juramento al hasta entonces vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo, para completar el mandato constitucional de cinco años que expiraba el 28 de julio de 2021.

Entre la oposición al presidente Vizcarra y los problemas judiciales
Fujimori deseó al nuevo presidente "éxito" en su gestión temporal, pero, al igual que le había sucedido a Kuczynski, Vizcarra se topó con la oposición dura de Fuerza Popular, el cual seguía controlando las palancas legislativas. En julio de 2018 Fujimori repudió el plan anunciado por Vizcarra de celebrar a finales de año un referéndum de enmienda constitucional. Los peruanos serían preguntados en las urnas sobre la transformación del Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma de la financiación de las organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas y la reinstauración del Congreso bicameral. El referéndum sobre las cuatro propuestas de Vizcarra fue programado para el 9 de diciembre de 2018, pero antes Fujimori tuvo que hacer frente a un drástico empeoramiento de su causa judicial abierta en el marco del macrocaso Lava Jato.

El 10 de octubre la dirigente opositora, cuando acudía a declarar ante el tribunal que llevaba la investigación preparatoria de su caso, fue puesta bajo arresto preventivo de 10 días a petición del fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, que apreciaba sólidos indicios de delito en la recepción no declarada de dinero de la compañía Odebrecht para financiar la campaña presidencial de 2011. Otras 19 personas fueron cautelarmente detenidas también, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. A estas alturas del caso, tanto Marcelo Odebrecht, primer ejecutivo de la empresa brasileña cuando se produjeron los supuestos pagos, como su director representante en Perú, el ingeniero Jorge Barata, habían reconocido a la Fiscalía peruana que la firma aportó fuertes sumas de dinero a la campaña de Keiko. Se barajaba una cantidad de 1,2 millones de dólares. Fujimori tachó su orden de prisión provisional, emitida por el juez instructor Richard Concepción Carhuancho, de "persecución política sin pruebas", y de "atropello" al debido proceso y a su presunción de inocencia. Su abogada, Giuliana Loza, habló de "resolución arbitraria y abusiva". El esposo de Fujimori, Mark Vito, también investigado, continuó en libertad.

El 18 de octubre de 2018 la política, descrita por el fiscal Pérez como organizadora y jefa de una "organización criminal" en el seno de su propio partido, llamado entonces Fuerza 2011, quedó libre tras serle admitido su recurso por la Segunda Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional, que aprobó por unanimidad revocar la detención preliminar del día 10. Sin embargo, el 31 de octubre Fujimori fue detenida otra vez por orden del juez Concepción, que dispuso para ella una prisión preventiva de 36 meses por cargos no juzgados de lavado de activos y para impedir que la imputada interfiriera en las indagaciones preprocesales. El magistrado declaró fundado el reiterado requerimiento del fiscal Pérez y ordenó el internamiento de la sospechosa en el penal para mujeres de Chorrillos. La ex primera dama y dos veces candidata presidencial lloró en el tribunal al conocer el nuevo fallo adverso.

La tercera candidatura presidencial de Fujimori en 2021 corría serio peligro. El 4 de enero de 2019 la Segunda Sala de Apelaciones Nacional declaró infundada la nueva apelación de Fujimori y ordenó que la lideresa de Fuerza Popular continuara en prisión preventiva. A los pocos días, el juez Concepción fue recusado por dudas sobre su imparcialidad a instancias de una sala superior, que declaró fundada una petición en su contra presentada por Jaime Yoshiyama, ahora mismo prófugo en Estados Unidos. Sin embargo, este auto no afectó la situación particular de Fujimori hija, cuyos abogados volvieron a la carga para obtener su liberación. En cuanto a Fujimori padre, fue transferido el 23 de enero al penal de Barbadillo para terminar de cumplir su sentencia de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de ser dado de alta de la Clínica Centenario y de ver anulado por la Corte Suprema, en octubre de 2018, el indulto concedido por Kuczynski

La batalla legal de Keiko Fujimori se prolongó durante todo 2019. Desde febrero, la Corte Suprema tuvo sobre la mesa un recurso de casación que quedó empantanado varios meses. En septiembre la Corte ratificó la prisión preventiva de Fujimori, aunque con una reducción del período de privación de libertad de 36 a 18 meses; salvo ulterior decisión judicial favorable, la dirigente permanecería presa en Chorrillos hasta el 30 de abril de 2020. A los pocos días, la detenida hubo de ser trasladada a una clínica de la capital por problemas coronarios. El 25 de noviembre de 2019, al poco de publicar la prensa que Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, había inyectado 3,65 millones de dólares a la campaña presidencial de Fuerza 2011 "para enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela", el Tribunal Constitucional concedió a Fujimori un recurso de hábeas corpus presentado en su nombre por su hermana Sachi. Al aceptar el hábeas corpus, el Constitucional no se pronunciaba sobre el tema de fondo, la imputabilidad de Keiko, pero sí establecía la nulidad de su prisión preventiva. Esta fue hecha efectiva el 29 de noviembre, cuando la dirigente salió de Chorrillos y se reencontró con su marido, que había protagonizado una huelga de hambre, y una muchedumbre de incondicionales, en medio de un gran barullo.

Fujimori recobró la libertad a tiempo para conducir a su partido en la campaña para las elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020, comicios de carácter extraordinario convocados a raíz de decidir el presidente Vizcarra la disolución del Congreso el 30 de septiembre de 2019 en medio de su choque con el Legislativo sobre la reforma del método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Dicho sea de paso, esta orden de disolución le había costado a Vizcarra una declaración de incapacidad temporal y suspensión en el cargo, lanzada por FP y otros grupos parlamentarios. No obstante, el 14 de enero el Tribunal Constitucional zanjó que el presidente no se había excedido en sus competencias y había actuado dentro de la ley, poniendo fin al proceso de incapacitación y suspensión por el Congreso.

Enero de 2020 fue un mes amargo para Fujimori. Primero, el día 26, FP, el partido más poderoso de Perú desde hacía un lustro, sufrió una auténtica debacle y se derrumbó hasta el 7,3% de los votos, pasando de los 73 escaños sacados en 2016 a tan solo una quincena. Esta cuota exigua le ponía al nivel del Frente Popular Agrícola (Frepap), y por debajo de la APP y la vencedora, AP. En voto popular, el fujimorismo, duramente castigado por su papel en el escándalo de los Kenjivideos y por las revelaciones sobre la financiación electoral ilícita de Keiko, se situó por detrás también de Podemos Perú, la derecha promilitar de José Luna Gálvez y el ex humalista Daniel Urresti, y del centroizquierdista Partido Morado de Julio Guzmán, dos partidos nuevos. Al naufragio en las urnas, que cercenaba drásticamente la influencia política de Fuerza Popular, le siguió, solo dos días después, la orden del juez de la Sala Penal Nacional Víctor Zúñiga Urday de reposición del mandato de prisión preventiva contra la lideresa, contra la que existía la "sospecha grave de lavado de activos".

Fujimori, visiblemente apesadumbrada, no tuvo más remedio que regresar a Chorrillos. Allí continuó tres meses más, hasta que el 30 de abril de 2020 la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado revocó definitivamente la medida cautelar previa al juicio oral. El 5 de mayo, finalmente, Fujimori volvió a su casa bajo una fianza de 20.000 dólares. Simplemente estaba liberada y con movimientos restringidos (incluso no podía convivir con su marido, coinvestigado en la misma causa), en absoluto exonerada.

(Cobertura informativa hasta 1/5/2020)

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