1. Un veterano servidor del Estado y dirigente político desde posiciones conservadoras
Alejandro Maldonado Aguirre se formó en la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), de la que egresó con la licenciatura en Ciencias Jurídicas. El joven activó una triple carrera profesional en el mundo del derecho, como abogado y notario, en la academia, como docente de varias disciplinas de Humanidades, y en la política, donde se adhirió a las corrientes de la derecha guatemalteca. En 1956, con 20 años, fungió brevemente de concejal en Ciudad de Guatemala, en tiempos de la alcaldía de Julio Obiols Gómez. Una década más tarde, siendo ya militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), formación promilitar de ideario fervientemente anticomunista, y al hilo de unas prácticas de auxiliar en las Cátedras de Criminología y Derecho Penal de la USAC, sirvió en el Congreso de la República como diputado de la oposición al Gobierno del presidente Julio César Méndez Montenegro, del Partido Revolucionario (PR).

En 1970 el general Carlos Manuel Arana Osorio, candidato conjunto del MLN y de un partido de similares posiciones ultraderechistas, el Institucional Democrático (PID), ganó la Presidencia e inauguró un régimen pseudodemocrático de pluralismo restringido y elecciones manipuladas que supuso la institucionalización del poder político del Ejército, el combate sin cuartel a la subversión de izquierdas y la represión sistemática de cualquier reivindicación social de signo progresista, en consonancia con los intereses de las élites político-económicas que regentaban el país. Como parte de las cuotas de poder pactadas por el MLN y el PID, Maldonado, que acababa de hacerse con una cátedra de Sociología en la Universidad Rafael Landívar (URL), fue seleccionado para ocuparse del Ministerio de Educación a las órdenes de Arana.

Al concluir en 1974 el mandato de Arana y arrancar la Administración de su sucesor, el general Kjell Eugenio Laugerud García, aupado igualmente por la alianza MLN-PID, Maldonado fue transferido al cuerpo diplomático y recibió el cargo destacado de representante de Guatemala ante la sede central de la ONU en Nueva York. Esta misión con rango de embajador se truncó en 1976, al parecer por decisión del líder del MLN y de paso vicepresidente de la República, Mario Sandoval Alarcón, que no aprobaba el giro a la moderación ideológica de Maldonado, como testimoniaban sus contactos con la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) que dirigía Marco Vinicio Cerezo Arévalo. El funcionario del Estado terminó siendo expulsado del MLN por Sandoval, pero en 1978 fue devuelto a su anterior puesto de embajador ante la ONU, esta vez en la sede europea de Ginebra, por el nuevo Gobierno del presidente y general Fernando Romeo Lucas García, ganador fraudulento de unas elecciones en las que era el candidato de una coalición derechista de la que el MLN ya no formaba parte.

En 1980 Maldonado cesó en el servicio exterior y se dedicó a organizar el Partido Nacional Renovador (PNR) junto con otros escindidos del MLN que deploraban el extremismo de su caudillo, Sandoval, obsesionado con extirpar el comunismo de Guatemala recurriendo para ello a toda la violencia que hiciera falta. Asimismo, retomó sus labores de profesorado en las áreas de Historia Contemporánea, Organizaciones Internacionales y Política Internacional en la URL y en la Universidad Francisco Marroquín (UFM), cátedras a las que luego iba a añadir la de Derecho Internacional Público (1983). Situado en la "derecha civilizada", el PNR entabló con la DCG de Cerezo, más orientada al centro, un diálogo de cooperación no exento de riesgos, incluidos los físicos. Los democristianos, nada sospechosos de radicalismo, estaban siendo sometidos por los escuadrones de la muerte de extrema derecha a una auténtica campaña de exterminio, simplemente por exponer opiniones reformistas y progresistas. Las conversaciones entre Maldonado y Cerezo cristalizaron en la Unión Nacional Opositora (UNO), que decidió presentarse a las elecciones generales del 7 de marzo 1982 con el primero de candidato a la Presidencia.

Las votaciones iban a tener lugar en un ambiente de enorme tensión por el recrudecimiento de la ofensiva de las guerrillas y de las brutalidades represivas del Ejército y los grupos paramilitares que actuaban con la cobertura del Estado. Además, sobre ellas sobrevolaba el espectro de un fraude a gran escala, como así fue. En las presidenciales, Maldonado, con el 22,7% de los votos, quedó situado en tercer lugar por detrás de su antiguo jefe político, Sandoval, y del supuesto ganador, el general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa con Lucas y candidato conjunto del PID, el PR y el Frente de Unidad Nacional (FUN), agrupados los tres en el Frente Democrático Popular (FDP). Además, a la UNO le fue francamente mal en las legislativas y únicamente metió dos congresistas. El único logro de la coalición opositora fue la elección de su postulante a la Alcaldía de Guatemala, el empresario Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen.

Confrontados con unos resultados electorales que no podían creerse, Maldonado y Cerezo lanzaron una campaña de protestas callejeras exigiendo la anulación de la mascarada electoral. Sin embargo, Guevara no llegó a tomar posesión de su cargo electo porque el 23 de marzo se produjo el golpe de Estado de los oficiales mandados por el general José Efraín Ríos Montt, quien se proclamo presidente de la República y jefe de un Gobierno de facto. Pese a la dictadura militar pura y dura implantada por Ríos Montt, el PNR y la DCG, en los primeros momentos, se avinieron a respaldarlo porque el mesiánico general empleaba un discurso de lucha no solo contra las guerrillas izquierdistas, sino también contra la corrupción y las injusticias sociales de la casta oligárquica.


2. Sucesión de altos cargos en los años de la democracia
Una vez derrocado Ríos Montt en el nuevo golpe castrense de agosto de 1983, el nuevo hombre fuerte del país, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, puso en marcha una transición democrática de la que Maldonado fue partícipe. Así, en julio de 1984 el ex embajador resultó elegido para un asiento de la Asamblea Nacional Constituyente, donde luego presidió la Comisión de Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En dichas votaciones, el PNR ganó cinco asambleístas. Maldonado volvió a candidatear a presidente en las elecciones del 3 de noviembre de 1985, de las que debía salir el primer mandatario democrático tras muchos años de gobiernos autoritarios y dictatoriales. Con el 3,1% de los sufragios, él quedó en un discretísimo séptimo lugar, mientras que su partido, abocado a la irrelevancia, colocó a un solitario representante en el Congreso.

El ganador a doble vuelta de las presidenciales fue el democristiano Cerezo, quien al tomar posesión del cargo en enero de 1986 recuperó a su viejo compañero de lides políticas para el servicio estatal en calidad de magistrado de la Corte de Constitucionalidad, la institución encargada de vigilar por el recto cumplimiento de la flamante Carta Magna. Tres años después, en enero de 1989, Maldonado fue elegido presidente de la Corte, función que desempeñó durante un año.

El jurista concluyó su mandato en la Corte de Constitucionalidad en enero de 1991, meses después de recibir una cátedra de Derecho de Integración en la USAC. Entonces, el nuevo presidente de la República, Jorge Antonio Serrano Elías, repescó al antiguo embajador en la ONU para conducir esa alta misión diplomática en la legación guatemalteca en Washington. En esos momentos, Maldonado vio finiquitado un capítulo de su vida en la política activa al quedar extinguida la personería jurídica de su partido, que con el 0,7% de los votos sacados en las elecciones generales de noviembre de 1990 no reunió el porcentaje mínimo exigido por la ley para seguir existiendo. El cargo de embajador en Estados Unidos, potencia que seguía ejerciendo una estrecha supervisión sobre la nación centroamericana por la arraigada geopolítica regional, le duró a Maldonado hasta 1995, cuando el entonces presidente, Ramiro de León Carpio, que tenía en gran estima su valía diplomática, le sentó en su Gabinete como ministro de Relaciones Exteriores en sustitución de Marithza Ruiz de Vielman.

De nuevo, el cambio de Administración presidencial, en esta ocasión con Álvaro Arzú de mandatario entrante, trajo una mudanza profesional en la trayectoria de Maldonado, que a estas alturas ya destacaba por su densidad y riqueza. El 14 de enero de 1996 el catedrático dejó paso en la Cancillería a Eduardo Stein Barillas e inició su segundo ejercicio de cinco años como vocal de la Corte de Constitucionalidad, que iba por su tercera magistratura. Como presidente de la Corte entre 1997 y 1998, Maldonado recibió críticas desde sectores de la sociedad civil por su aparente obstaculización del progreso de las investigaciones judiciales del asesinato de monseñor Juan José Gerardi Conedera, obispo auxiliar de Guatemala y director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), magnicidio tras el que estaban altos mandos del Ejército.

A partir de 2001 Maldonado estuvo libre para reactivar su vertiente política en las filas del Partido Unionista (PU), la nueva agrupación de centro-derecha montada por Arzú luego de ceder la banda presidencial al factótum de Ríos Montt, Alfonso Antonio Portillo Cabrera, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y de perder el control de su primer partido, el de Avanzada Nacional (PAN), desgarrado por un conflicto interno. En los comicios de noviembre de 2003, los cuales llevaron a la Presidencia al ex panista Óscar Rafael Berger Perdomo, el PU consiguió 7 diputados, entre ellos Maldonado, que el 14 de enero del año siguiente arrancó su mandato en el Legislativo, en tanto que Arzú lo hacía en la alcaldía de Guatemala.

El unionista fue el vicepresidente primero de la Cámara entre enero de 2005 y enero de 2006, momento en que dejó el hemiciclo para estrenar su tercer cometido como magistrado vocal de la Corte de Constitucionalidad, de entrada presidiendo la institución, por un año. De nuevo, Maldonado fue identificado como un magistrado de la Corte poco comprometido con el esclarecimiento del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Guatemala al posicionarse en contra de la extradición de Ríos Montt a España, a cuya Audiencia Nacional la Corte negó la competencia de juzgar extrajudicialmente a ciudadanos guatemaltecos.


3. Vicepresidente de la República con Pérez Molina y salto a la jefatura del Estado en el marco del escándalo de La Línea
En enero de 2011, durante el Gobierno de Álvaro Colom Caballeros, Maldonado inició su cuarto período de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. En enero de 2012 la jefatura del Estado pasó al general retirado de orientación derechista Otto Fernando Pérez Molina.

El 20 de mayo de 2013 el jurista volvió a dejar claro su escepticismo con el enjuiciamiento de Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad al ser uno de los tres miembros de la Corte de Constitucionalidad, junto con el presidente de la misma, Héctor Pérez Aguilera, y Roberto Molina Barreto, que votó por la anulación de la sentencia condenatoria del ex dictador, emitida diez días antes, con el argumento de que el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo no había resuelto una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura por el abogado defensor del acusado. Los dos magistrados de la Corte que se opusieron a la anulación de la sentencia por este error de procedimiento fueron Mauro Chacón Corado y Gloria Porras Escobar, pero su criterio no prevaleció.

Al año siguiente, Maldonado se pronunció por no renovar en la Fiscalía General a Claudia Paz y Paz, impulsora del proceso penal a Ríos Montt y una alta funcionaria del Estado incómoda para el Gobierno. Asimismo, recibió fuertes críticas desde medios de la oposición al presidente Pérez por haber avalado la elección de magistrados para la Corte Suprema de justicia que habían sido señalados por tráfico de influencias por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la misma Embajada de Estados Unidos.

En abril de 2015, faltando menos de un año para la conclusión de su mandato, a la Administración Pérez le estalló un descomunal escándalo político de corrupción, el caso llamado La Línea, el descubrimiento de una sofisticada trama de sobornos, contrabando y fraude fiscal al Estado perpetrados en las aduanas nacionales por un número elevado de funcionarios y empresarios importadores, cuyos tentáculos alcanzaban a las más altas instancias del Ejecutivo, con la consiguiente indignación de la opinión pública. Esta sacudida histórica del sistema democrático guatemalteco, producida a raíz de las pesquisas y diligencias de la CICIG y el Ministerio Público, tuvo unas implicaciones políticas de envergadura que para Maldonado se tradujeron en dos promociones institucionales consecutivas, la segunda como consecuencia previsible de la primera, la cual, a su vez, fue inesperada.

Primero, el 8 de mayo, se produjo la dimisión de la vicepresidenta de la República, Íngrid Roxana Baldetti Elías, que afrontaba un antejuicio político del Congreso como sospechosa de dirigir La Línea. Pérez, sometido a fortísimas presiones, aceptó la renuncia y el 11 de mayo presentó al Congreso una terna de candidatos para cubrir el puesto ejecutivo vacante. Los propuestos eran el ministro de Trabajo, Carlos Contreras Solórzano, la comisionada presidencial para Reforma Policial, Adela Camacho de Torrebiarte, y el comisionado para el Desarrollo Rural Integral, Adrián Zapata Romero. Esta terna no convenció a los legisladores y Pérez hubo de presentarles una segunda en la que el aspirante problemático, Contreras, era reemplazado por Oliverio García Rodas, diputado del partido del Gobierno, el Patriota (PP). Toda vez que tampoco este remiendo fue del gusto de la Cámara, Pérez ofreció una tercera terna compuesta por Camacho, Zapata y Maldonado, quien no era miembro del PP ni de ningún otro partido, si bien sus posiciones conservadoras eran de sobra conocidas.

El 14 de mayo, por 115 votos a favor, básicamente los del PP y el partido de centro-derecha Libertad Democrática Renovada (LIDER), 14 en contra y 29 ausentes, el magistrado constitucional, a los 79 años, resultó elegido vicepresidente de la República. Se hizo notar la postura de rechazo de los congresistas del centro-izquierda agrupados en las bancadas de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE, el partido del ex presidente Colom) y los más pequeños Encuentro por Guatemala (EG), URNG-Maíz y Winaq. Acto seguido, Maldonado prestó juramento para completar el período constitucional que vencía el 14 de enero de 2016.

El desempeño de Maldonado como vicepresidente de Guatemala fue breve. El 2 de septiembre de 2015, confrontado con la retirada por el Legislativo de su inmunidad para ser procesado por la justicia ordinaria por unos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, y con la orden de captura emitida en su contra por el juez al frente del caso La Línea a petición de la Fiscalía General, Pérez Molina remitió al Congreso una carta en la que comunicaba su renuncia, la cual fue aceptada. Al día siguiente, 3 de septiembre, mientras Pérez, ya preso, comparecía ante el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar para dársele lectura de los cargos que había en su contra y seguidamente era encarcelado en el Cuartel de Matamoros en régimen de prisión preventiva, Maldonado, de acuerdo con lo establecido por los artículos 165 y 189 de la Constitución (que contemplaban este reemplazo en caso de renuncia y "falta absoluta" del presidente en ejercicio), fue investido por el Congreso nuevo jefe del Estado con los votos de los 118 legisladores, sobre 158, presentes en la sesión.

Una vez juramentado por el presidente de la Cámara, Luis Armando Rabbé Tejada, Maldonado, con tono pausado y solemne, dirigió una alocución en la que presentó los acontecimientos vividos en los últimos meses y "semanas de lucha" como un parteaguas de la historia contemporánea de Guatemala, en un sentido de ruptura con los "esquemas descompuestos que lastimaron la sensibilidad pública" y que habían llevado a la nación a un "proceso de deterioro progresivo", y de fortalecimiento democrático. En las actuales circunstancias, se imponía la concordia entre los responsables políticos y la ciudadanía movilizada, cuyas demandas de regeneración debían ser entendidas por aquellos.

El mandatario tuvo palabras especiales para los "jóvenes y activistas sociales" que se habían echado a la calle para exigir la marcha de Pérez y un cambio profundo en el país. Aquellos no podían "dar por finalizada su tarea (...) Esta generación que se alzó con los símbolos de la paz en la mano no puede ni debe estancarse en las rutinas, ni acomodarse a sistemas que sin vigilancia ni cautela puedan recaer en el proceso de su descomposición", exhortó. Pero, con un aviso: "Debemos cuidar, a pesar de ese desagrado colectivo, de que la inconformidad pudiera degenerar en expresiones de odio, porque el odio no es un derecho". Asimismo, Maldonado transmitió su preocupación por la crisis financiera del erario público y se comprometió a dirigir un Gobierno "transitorio de ejemplaridad", que en su corto ejercicio dejase "un legado de honestidad y desvelo".

En su primera conferencia de prensa luego de asumir el cargo, Maldonado indicó que donaría sus gastos de representación a los asilos de ancianos, pidió a todos los miembros del Gobierno, "sin prejuicio de nadie", que pusieran a disposición sus cargos y anunció que la terna que se disponía a presentar al Congreso para la elección del vicepresidente estaba integrada por personas "irreprochables". Las figuras propuestas eran el abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, el odontólogo, ex rector de la USAC y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala Juan Alfonso Fuentes Soria, e Irma Raquel Zelaya Rosales, economista vinculada a la Administración Arzú y actualmente secretaria ejecutiva de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).

El 6 de septiembre tuvieron lugar las elecciones generales; en las presidenciales, los candidatos mejor situados eran Manuel Baldizón Méndez por LIDER, el humorista Jimmy Morales Cabrera por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y la ex primera dama Sandra Torres Casanova por la UNE. Por el momento, se ignoraba cuándo elegiría el Congreso al vicepresidente de la República a partir de la terna presentada por Maldonado.

Alejandro Maldonado es autor de varios libros de contenido jurídico, entre los que se citan: La dinámica del delito (1965); El delito y el arte: invitación a la criminología (1973); La teoría del orden público en el derecho internacional privado (1973); Las Constituciones de Guatemala (1984); Repertorio de jurisprudencia constitucional y reflexiones constitucionales (obra colectiva, 1992); Bolívar, el acierto del estadista y el fracaso del político (1996); Reflexiones constitucionales (1997); Nuestra Constitución (2001); y Testigo de los testigos (2004).

(Cobertura informativa hasta 6/9/2015)