Anuario Internacional CIDOB 2020

Salvar vidas en el Mediterráneo

Data de publicació:
07/2020
Autor:
Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior y coordinadora de investigación, CIDOB
Descàrrega

En poco más de 5 años el Mediterráneo ha cambiado. Ya no quedan operaciones de rescate, y los cuerpos públicos de salvamento marítimo han quedado severamente limitados. También han ido desapareciendo las organizaciones de la sociedad civil, que ya no tienen permiso para salir a salvar vidas. Solo quedan los barcos mercantes, ante el dilema de hacer la vista gorda o responder a la obligación de rescatar. Quedan también las guardias costeras de los países del sur del Mediterráneo, formadas y financiadas por la Unión Europea y sus estados miembros. En este contexto, Frontex también va tomando posiciones, con más recursos y más presencia para frenar la llegada de migrantes y refugiados. ¿Qué ha pasado?

Todo empezó con un naufragio el 3 de octubre del 2013 cerca de la isla de Lampedusa, en el que 366 personas murieron ahogadas. La entonces comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, denunció que esta no es la Europa que queremos.

El Gobierno italiano respondió con la puesta en marcha de la Operación Mare Nostrum, que en poco más de un año salvó más de 170.000 personas. Un año después, la UE se negó a europeizarla, alegando que tendría un efecto llamada para los futuros emigrantes. El resultado fue la Operación Tritón, con muchos menos recursos y centrada fundamentalmente en el control de fronteras.

Pero el 18 de abril del 2015 una segunda tragedia volvió a sacudir Europa: un pesquero con más de 800 personas a bordo volcó en el canal de Sicilia. Sobrevivieron 28 personas y se recuperaron 24 cuerpos. Entonces Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, reconoció que acabar con la Operación Mare Nostrum había sido un error con un alto coste en vidas humanas. En consecuencia, anunció que se triplicaría el presupuesto. Pero el resultado más directo de ese episodio fue la puesta en marcha de la Operación Sophia, que también tenía como objetivo “salvar vidas” pero esta vez no en modo de “búsqueda y rescate” sino de “lucha y combate contra los traficantes”.

En poco menos de dos años, se producía así un triple giro. Primero, la protección ya no se garantizaba a través del rescate y desembarco en las costas italianas, sino evitando la salida de los migrantes desde las costas del norte de África. Es lo que se ha calificado de “rescate preventivo”. Segundo, el objetivo ya no fueron los migrantes, sino los barcos que los transportaban. Tercero, a nivel discursivo, la culpa pasó a ser de los traficantes. El argumento era que destruyendo sus barcos se salvaba a los migrantes de caer en la esclavitud. Cuanto más inhumano y salvaje se presentaba a los traficantes, más humana y falta de responsabilidad pasaba a ser vista la frontera europea. Se salvaba así la disyuntiva entre humanitarismo y securitización: controlar las fronteras y luchar contra los traficantes era la mejor manera de salvar vidas.

Desde el 2018 hay un doble giro. Por un lado, se han externalizado los rescates a las guardias costeras de los países del Sur. Así, a lo largo del 2018 y 2019 salvamento marítimo en la frontera sur española ha sufrido recortes de presupuesto, la avería prolongada de los radares de búsqueda y deficiencias estructurales de personal. A menor capacidad de salvamento de los países del Norte, mayores competencias y recursos de los del Sur. En el 2018 Libia recuperó su zona SAR (Search and Rescue Region) y su guardia costera recibió entrenamiento y financiación por parte de la UE. Rescatados desde el Sur, los migrantes son devueltos al Sur. Esto es justamente lo que busca la externalización del rescate.

Por otro lado, hemos asistido a la progresiva criminalización de las ONGs de rescate. Se las acusa de “favorecer la inmigración clandestina” y de “colaborar con los traficantes”. Las oenegés también han sido perseguidas por no colaborar con la guardia costera libia. Es una cuestión de competencias y ahora las competencias son suyas. El objetivo de estas acusaciones es expulsar a las ONGs del Mediterráneo, que llegaron con la Operación Mare Nostrum, para asistir o trabajar bajo la coordinación de las autoridades italianas. La progresiva retirada del Gobierno italiano primero y de la UE después hizo que en el 2015 las ONG realizaran un 14% de los rescates en la ruta central del Mediterráneo, y, en el 2017, el 40%. Con su criminalización, desde el 2019 apenas quedan ONGs en el Mediterráneo. El mar ha quedado desierto. Como decíamos al principio, solo quedan los barcos mercantes, las guardias costeras del sur y Frontex.

AUTORA


  • Blanca Garcés Mascareñas

    Blanca GARCÉS MASCAREÑAS

    Investigadora sènior i coordinadora de recerca

    @blancagarcesmas

PUBLICACIONS RELACIONADES