El 26 de octubre del 2001 el gobierno de Rabat llamó a consultas al embajador marroquí en España, Abdeslam Al Baraka, y a través de su portavoz hizo saber que "un cierto número de actitudes y de posiciones españolas que conciernen a Marruecos
había justificado la llamada a consultas, de una duración indeterminada" del embajador, para "recapitular" acerca de los acontecimientos que habían marcado las relaciones bilaterales en el período precedente (El País, 28.10.01). El gobierno del
PP no disimuló su sorpresa ante la decisión marroquí. Afirmó desconocer sus razones y expresó su esperanza en un pronto
retorno del embajador. "España no ha hecho nada mal. Al contrario, España siempre hace lo que debe" afirmó sin modestia
el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en Luxemburgo, al recibir la noticia. El presidente José María Aznar manifestó su incredulidad señalando que "si el gobierno de Marruecos quiere explicar algún motivo, será su responsabilidad, porque el gobierno español no tiene nada que decir".