Al iniciar un análisis de la política exterior española en 1997, el autor se encuentra, al menos, ante dos dificultades. La primera es la falta de una frontera, siquiera imprecisa, entre los asuntos internos y aquellos que, sin asomo de dudas, pudieran calificarse de exteriores. Es ésta, según todos los especialistas, una de las características de nuestro tiempo, pero no por conocida, menos perturbadora. La mera enumeración de los asuntos que, de una manera u otra, pasaron a formar parte de la agenda exterior de España durante 1997 es interminable. Ya que no sólo hemos de abordar asuntos propios de la política exterior, como la reforma del Tratado de la Unión Europea, o de la política de defensa, como la integración en la nueva estructura de mandos de la OTAN; sino que también nos encontramos con asuntos tan propios del ministerio del Interior como la emigración, el asilo o la lucha antiterrorista; tan domésticos como el carbón, el plátano o el olivo; y tan exclusivos de la nunca tan añorada soberanía estatal, como el déficit, la deuda, la inflación o los tipos de interés.