Nadia Calviño Santamaría

© Comisión Europea (2019)

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Actualización: 13 julio 2020

España

Vicepresidenta (2020-) y ministra de Economía (2018-)

  • Nadia María Calviño Santamaría
  • Mandato: 7 junio 2018 - En ejercicio
  • Nacimiento: La Coruña, provincia de La Coruña, Galicia, 3 octubre 1968
  • Partido político: sin filiación
  • Profesión: Economista y funcionaria del Estado
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Presentación

Antes de convertirse en ministra de Economía de España, Nadia Calviño trabajó doce años en la alta función pública del Estado y luego estuvo otros doce, desde 2006, en la Comisión Europea, donde dirigió las áreas que conforman su especialidad: la competencia de mercado, la regulación financiera y la política presupuestaria. En junio de 2018 aterrizó directamente desde la Comisión Juncker en el nuevo Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, quien le confió la cartera de Economía y Empresa. En enero de 2020 vio confirmada y reforzada su posición en el segundo Gabinete Sánchez, de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, como titular de Asuntos Económicos y Transformación Digital, más el rango de vicepresidenta tercera. Considerada una negociadora dinámica y una tecnócrata sin filiación partidaria en un Gobierno orientado a la izquierda, Calviño ha descrito su enfoque de los temas económicos como "moderado" y "progresista", y su gestión como un ejercicio de equilibrio entre la "disciplina fiscal" y la "sensibilidad social". En julio de 2020 se postulaba para presidir el Eurogrupo, el colectivo de los 19 ministros de Finanzas del área del euro, todos los cuales, salvo ella, eran hombres.

Inmediatamente después de ser nombrada ministra, Calviño, quien habla con fluidez inglés, francés y alemán, regresó a Bruselas con motivo de las reuniones del Ecofin y el Eurogrupo. Pronto anunció una suavización de los objetivos de reducción de déficit anteriormente pactados por Madrid con la Comisión, atendiendo el compromiso electoral del Gobierno de aumentar el gasto social y en un contexto de crecimiento superior al 2% anual, por encima del promedio de la UE pero en fase de desaceleración. En 2018 España terminó con un balance negativo de sus cuentas públicas inferior al 3% del PIB (tasa del 2,5%, la tercera más elevada de la UE), y eso permitió el levantamiento del procedimiento por déficit excesivo incoado en 2009 por la Comisión, que de todas maneras siguió apremiando a España para que no se desviara de las metas.

Una vez iniciado 2020, la economía española encajó el embate durísimo de la pandemia del COVID-19, que obligó a decretar una estricta cuarentena nacional con estado de alarma de 14 semanas de duración, del 14 de marzo al 21 de junio. La hibernación del consumo, la interrupción súbita del turismo extranjero y la producción a medio gas ocasionaron una contracción histórica del PIB del 5,2% solo en el primer trimestre del año, cuando el confinamiento y los cierres apenas habían comenzado. La caída de la recaudación tributaria y el montante de las ayudas a millones de damnificados laborales y económicos -trabajadores, familias, empresas- iban a tener una fuerte repercusión en los niveles de déficit y deuda públicos, cuantificados respectivamente en el 2,8% y el 95,5% del PIB a finales del año anterior. 2020 iba a registrar una desplome económico sin precedentes, con previsiones de que la recesión alcanzara el -10,9% según la Comisión Europea, el -12,8% según el FMI y hasta el -14,4%, en caso de desencadenarse la temida segunda oleada del SARS-CoV-2, según la OCDE. La recuperación, rodeada de incertidumbre, quedaba diferida a 2021.

La ministra Calviño, buena conocedora de los detalles técnicos y la letra pequeña de la prolija documentación de la UE, expuso la tesis del Gobierno español, compartida entre otros por el italiano, de que ante a una situación excepcional de emergencia como la causada por el coronavirus la UE tenía que hacer un esfuerzo en consonancia. Es decir, dar una respuesta conjunta a las necesidades urgentes de las economías nacionales, zarandeadas en mayor o menor medida, con rapidez, creatividad y sentido comunitario, y evitando preferentemente el recurso a fondos de contingencia que, como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE, creado cuando la crisis de las deudas soberanas de la Eurozona y la secuencia de rescates nacionales), conllevasen cláusulas de condicionalidad, vigilancia y programas de ajuste estructural. Los desacuerdos con varios gobiernos del norte sobre la naturaleza y ambiciones del plan de estímulos y reconstrucción retrasaron el acuerdo de medidas a nivel europeo varias semanas, justo en el punto álgido de la pandemia en el continente.

El 25 de junio, al filo del plazo para presentar candidaturas, el presidente Sánchez hizo oficial la aspiración de Calviño a presidir el Eurogrupo. Del puesto se retiraba, no deseando optar a la reelección, el portugués Mário Centeno, cuyo mandato finalizaba el 13 de julio. El Gobierno español confiaba en que la consideración de una serie de criterios geográficos, políticos y de género decantara la elección por el Eurogrupo, prevista para el 9 de julio, en favor de Calviño, quien era de un país del sur, miembro (indirectamente) de la familia socialdemócrata y, probablemente el punto más importante a su favor dada la infrarrepresentación femenina en los puestos de más relieve, mujer. A la española, que ya en 2019 había sonado para reemplazar a la francesa Christine Lagarde como directora-gerente del FMI (el puesto se lo llevó la búlgara Kristalina Georgieva, una de sus anteriores jefas en la Comisión), le salieron dos contrincantes, sus colegas de Luxemburgo, el liberal Pierre Gramegna, y de Irlanda, el popular Paschal Donohoe; este último fue ganando apoyos y en vísperas de la elección su competición con Calviño parecía bastante igualada. Españoles eran el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell, y el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien precisamente en 2017 había intentado sin éxito suceder al holandés Jeroen Dijsselbloem al frente del Eurogrupo. La posición fue estrenada por el luxemburgués Juncker en 2005.

En su carta de motivación al Eurogrupo, Calviño proponía adoptar inversiones y reformas para "incrementar la resiliencia, el crecimiento potencial, la productividad y la competitividad, reforzar habilidades, crear trabajo y promover una transición ambiental justa y la digitalización". También, abogaba por "diseñar una senda que asegure unas finanzas públicas sostenibles y una estabilidad financiera a medio plazo".

(Texto actualizado hasta 5 julio 2020)

Biografía

Nadia Calviño Santamaría, nacida en la ciudad gallega de La Coruña en 1968, es hija de José María Calviño Iglesias, abogado vinculado a los medios de comunicación y que fuera director general del ente público Radiotelevisión Española (RTVE) entre 1982 y 1986, durante el primer Gobierno socialista de Felipe González.

La joven fue alumna del Colegio Estudio, un renombrado centro privado de Madrid, donde destacó por sus altas calificaciones y su aplicación también en las disciplinas musicales del solfeo y el piano, instrumento del que su madre era profesora. En 1991 obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y en los tres años siguientes, sacando partido de sus dominios del inglés y el francés, trabajó de intérprete y de profesora asociada en su alma máter. En 1994 aprobó las oposiciones al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, tras lo cual accedió a la plantilla técnica del Ministerio de Economía y Hacienda.

La llegada al Ejecutivo de España en 1996 del Partido Popular (PP) de José María Aznar se tradujo para Calviño en una serie de ascensos en los escalafones del Ministerio. Por de pronto, con 28 años, la funcionaria pasó a ser inspectora jefe de unidad en la Subdirección de Conductas Restrictivas de la Dirección General de Política Económica y Defensa de la Competencia. Posteriormente, en 1998, fue nombrada subdirectora de Análisis Macroeconómico y Previsión en la citada Dirección General, cuyo titular era Luis de Guindos, en tanto que el Ministerio de Economía y Hacienda lo conducía Rodrigo Rato, futuro director-gerente del FMI.

En 2000 Calviño asumió la Subdirección general de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales del Servicio de Defensa de Competencia y en 2001 la Subdirección general de Concentraciones. En mayo de 2004, luego de regresar el PSOE al Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, la economista recibió el nombramiento de directora general de Defensa de la Competencia. En este nuevo ciclo gubernamental, Calviño trabajó a las órdenes del ministro Pedro Solbes. Entre medio, en 2001, añadió a su currículum académico una licenciatura en Derecho cursada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Etapa en la Comisión Europea
En septiembre de 2006, justo después de participar en la elaboración del Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia (que creaba la Comisión Nacional de la Competencia para integrar dos órganos preexistentes, el Servicio de Defensa y el Tribunal de Defensa), Calviño abrió un prolongado paréntesis en su trayectoria de alta funcionaria económica del Estado para estrenar similar condición en la Comisión Europea. Así, pasó a ser directora general adjunta en la Dirección General de Competencia (DG COMP) y por tanto mano derecha de la comisaria de Competencia, la holandesa Neelie Kroes. El nombramiento fue notificado por la Comisión el 18 de julio. En la institución de Bruselas que presidía José Manuel Durão Barroso, la responsable española tomó a su cargo la vigilancia, control y, eventualmente, bloqueo de los procesos de fusiones y concentraciones empresariales en el ámbito de la UE, con el fin de impedir la formación de trusts, oligopolios o cárteles que vulneraran las reglas del mercado en régimen de libre competencia.

En noviembre de 2010, nueve meses después de constituirse la segunda Comisión Barroso, Calviño siguió en el Ejecutivo comunitario como directora general adjunta de Regulación Financiera dentro de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios Financieros (DG MARKT). En los años siguientes, junto con el comisario Michel Barnier, Calviño estuvo involucrada en los trabajos, bastante arduos al desarrollarse bajo la presión de la gran crisis de las deudas soberanas de la Eurozona y los sucesivos rescates financieros de los países en problemas, para la reforma del sector financiero, el proceso de unión bancaria y la conformación del mercado único digital.

Calviño plantó su siguiente jalón en la Comisión Europea el 2 de abril de 2014. Entonces, la española fue nombrada directora general de Presupuesto (DG BUDG), importante cargo del que tomó posesión el 5 de mayo, sucediendo a Hervé Jouanjean, y que la situó al frente de cinco direcciones de área y un staff de 450 funcionarios. Como jefa de esta Dirección General de la Comisión, Calviño era la responsable de armar y ejecutar la programación financiera y los presupuestos anuales de la UE, un mar de números que debían ajustarse a las perspectivas fiscales del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeos a finales de 2013.

Las nuevas perspectivas financieras a seis años vista estipulaban un techo de gasto en crecimiento sostenible, competitividad, políticas de empleo y cohesión social y territorial, entre otras partidas, equivalente al 1% de la Renta Nacional Bruta de los 28 estados miembros, es decir, algo menos del billón de euros -959.510 millones en compromisos y 908.400 millones en pagos-, lo que suponía unos presupuesto más austeros que en el anterior ejercicio. El reparto de recursos comunitarios pasaba por prolijas negociaciones de despacho en las que Calviño discutía innumerables detalles con los responsables financieros y presupuestarios de los gobiernos de los estados miembros.

La directora general siguió automáticamente en su puesto en el momento de formarse, el 1 de noviembre de 2014, la nueva Comisión Europea bajo la batuta de Jean-Claude Juncker. Institucionalmente, el cambio vino con el relevo del comisario europeo de Presupuestos y Recursos Humanos, que dejó de ser el polaco Jacek Dominik para dar entrada a la búlgara Kristalina Georgieva. Hasta ahora, esta comisaría se había llamado de Presupuestos y Programación Financiera.

Cumplida una década de servicios en la Comisión Europea, tiempo en el cual los comisarios españoles habían sido el socialista Joaquín Almunia (responsable de Asuntos Económicos y Monetarios y luego de Competencia) y más recientemente, desde 2014, el popular Miguel Arias Cañete (de Energía y Acción por el Clima), Calviño ya tenía ganada una reputación de técnica rigurosa y de negociadora tenaz, así como laboriosa y articulada en sus exposiciones públicas. Lo que más saltaba a la vista de su historial era la falta de experiencia propiamente política, algo bien poco habitual en las altas funciones de Bruselas (la comisaria Georgieva, procedente del Banco Mundial, constituía otro ejemplo de ello), pero esta era una carencia que no parecía importarle. No estaba afiliada a ninguna agrupación, si bien se la consideraba próxima al PSOE, aunque también tenía buenos contactos y gozaba de estima en el PP y el partido Ciudadanos.

No obstante, las mudanzas en la inestable política española iban a darle la oportunidad de hacer el debut en ese terreno, y volviendo sus pasos a los despachos del Gobierno que tan bien conocía de su anterior etapa subministerial.

Regreso al Gobierno de España como ministra de Economía
El 2 de junio de 2018, al día siguiente de caer en una moción de censura parlamentaria el Gobierno popular de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, fue investido nuevo presidente por el Congreso de los Diputados. El 6 de junio Sánchez presentó su lista de ministros, miembros de un Gabinete monocolor y de franca minoría, y en ella destacaba el nombre de la directora general de Presupuestos de la UE como titular de la cartera de Economía y Empresa. El departamento no incorporaba los cometidos propios de Hacienda (todo lo relativo a impuestos, presupuestos generales y las financiaciones autonómica y local, separados desde 2011 y que eran competencia de la ministra específica del área, María Jesús Montero) y suponía una reorganización del anterior Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Los ministros entrantes prestaron juramento de sus puestos el 7 de junio.

Los comentaristas señalaron que con la elección de la "eurócrata" Calviño para formular y ejecutar la política del Gobierno en materia económico-financiera y de apoyo al sector productivo con la mirada puesta en la agenda digital, Sánchez enviaba el mensaje de la voluntad de conciliar el anunciado aumento del gasto público social y el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit, pactados por Madrid con la misma institución europea de la que la nueva ministra había sido peso pesado hasta ahora. Desde 2009, el año de inicio de la Gran Recesión, finalmente superada en 2014 tras una contracción acumulada de casi el 9%, la Comisión Europea tenía abierto a España un procedimiento por déficit excesivo; el nuevo Gobierno socialista, convencido de que contaba con margen suficiente para acometer un aumento del gasto con base a las previsiones de crecimiento -de todas maneras enfriadas- y generación de ingresos, daba seguridades de que en 2018 el país terminaría con un agujero fiscal sustancialmente inferior al 3% del PIB, el tope marcado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, con lo que se libraría de su brazo correctivo.

Calviño pasaba a ser la representante de España en los distintos organismos económicos internacionales y por de pronto volvía rápidamente a Bruselas, en cuestión de días, con motivo de las cumbres del Consejo de la UE en su formato de Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) y las reuniones del Eurogrupo, formado por los ministros de Finanzas del Área del Euro. Al cabo de su segunda reunión del Eurogrupo, el 12 de julio de 2018, Calviño anunció que España elevaba del 2,2% al 2,7% la previsión de déficit público para 2018 (y del 1,3% al 1,8% la previsión para 2019) pactada por el anterior Gobierno Rajoy con el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, porque sin una suavización de las metas de estabilidad el Ejecutivo se vería obligado a "adoptar medidas de ajuste de gran magnitud", señaló.

Implícitamente, las autoridades españolas, al defender una política fiscal más orientada al capítulo social, señalaban el cambio de tono de la propia Comisión Juncker, el carácter más expansivo de su primera propuesta del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, cerrada justamente por Calviño y el comisario Günther Oettinger en vísperas del nombramiento ministerial de ella y que contemplaba partidas de gasto aumentadas a los 1,135 billones de euros.

En mayo de 2019 la ministra de Economía española fue designada presidenta de la Junta de Gobernadores del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en el curso de la reunión anual de la entidad en Sarajevo. Calviño tomaba el relevo al finlandés Jyrki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea, y ocuparía el cargo durante un año.

Nadia Calviño y su esposo, Ignacio Manrique de Lara, también economista pero en su caso profesional del sector privado, han tenido cuatro hijos.

(Cobertura informativa hasta 1/7/2019)

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Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España